En el plano estatal, no se ha cerrado el ciclo institucional de progreso, con la persistencia de un significativo campo sociopolítico a la izquierda del Partido Socialista, que condiciona las políticas públicas —más justicia social y democratización— y la representación político-institucional, con la superación del bipartidismo y la configuración de mayor pluralidad representativa.

El ciclo de progreso no se ha cerrado

Habría que distinguir dos ámbitos en cuanto a su carácter y su origen. Por una parte, el ciclo propiamente social, que comienza en 2010 y está representado por el movimiento 15M, con ese lustro hasta 2014 de un amplio y diverso proceso de protesta social progresista, incluida la sindical y las distintas mareas sectoriales. Tiene ya su reflejo electoral en las elecciones generales de 2011, con la desafección de más de cuatro millones de votos del Partido Socialista, mayoritariamente hacia la abstención de izquierdas con orfandad representativa, y con la paradoja de la mayoría absoluta del PP y su gobierno regresivo.

Pero se puede decir que, en esos momentos, ya se constituyó la base sociopolítica de seis millones de votantes con una experiencia crítica, social y democrática, y diferenciada de la socialdemocracia. Por otra parte, está el ámbito político-electoral-institucional, distinguiendo el nivel gubernamental, con mayor representatividad, y el autonómico-local, con menor implantación, aunque con la particularidad del éxito de los ayuntamientos del cambio en 2015. Los resultados del ámbito europeo están en una zona intermedia.

Así, se define el distinto marco temporal de los dos ámbitos: el ciclo progresista en lo social comienza en 2010/11, no en el 2014/15/16, que es cuando se expresa directamente en el campo electoral alternativo al bipartidismo, con una nueva articulación política y el reajuste representativo en la izquierda, con el surgimiento de Podemos y sus convergencia y aliados; es en 2018/2020 cuando culmina el cambio institucional gubernamental —moción de censura y constitución del gobierno de coalición—.

Por otro lado, hay que distinguir el plano estatal de las elecciones generales (con el reto de qué gobernabilidad y orientación reformadora se adopta), y el territorial (incluido el procés), con mayor peso del arraigo local. Existe, desde el comienzo, un comportamiento electoral dual que expresa un distinto nivel de aceptación de la representación institucional. Así, respecto de sus votantes en las elecciones generales, se produce un desplazamiento en el ámbito autonómico de entre dos y tres millones de votantes de Unidas Podemos —o Podemos + Izquierda Unida y sus aliados, y luego Sumar— hacia el PSOE y la izquierda nacionalista. O sea, había una base social intermedia que va perdiendo Unidas Podemos y que Sumar no es capaz de retener y que se evidencia, cada vez más, en el 23J, a pesar de las candidaturas conjuntas y, sobre todo, en las elecciones gallegas y vascas, con candidaturas separadas.

Aunque esas bases sociopolíticas se pueden considerar en gran medida, por sus características, de izquierda social transformadora. Son condicionantes frente al continuismo socioeconómico y el centrismo político de la dirección socialista. Tienen un componente confederal o plurinacional, no independentista, y aunque una parte haya votado a esa izquierda nacionalista (BNG y EH-Bildu, y menos a ERC), especialmente en los comicios autonómicos, son un factor de refuerzo de su orientación social que deben cumplir para evitar su distanciamiento.

Los apoyos parlamentarios progresistas o de izquierda del Gobierno de coalición han disminuido; ha sido imprescindible para la investidura de Sánchez el apoyo de Junts per Catalunya que, aparte de su agenda independentista, tiene una estrategia neoliberal en materia socioeconómica. Por ello, será más difícil implementar las necesarias reformas progresistas, sociales, económicas y fiscales. La duración de la gobernabilidad está por ver tras las elecciones catalanas; es difícil una alianza neoliberal de Junts per Catalunya con las derechas españolas, pero sí es posible su amenaza de elecciones anticipadas.

Por otra parte, en el seno del Gobierno de coalición, Sumar ya está teniendo que diferenciarse de algunos aspectos respecto del ala socialista. Creo que todavía no hay una suficiente comprensión del carácter doble del pragmatismo sanchista, sus tendencias centristas y continuistas y sus objetivos hegemonistas respecto del espacio a su izquierda. En ese sentido, sería imprescindible mayor firmeza y coherencia en el programa de reformas sociales y democráticas, en un marco de mayor activación cívica y refuerzo unitario de todo el espacio alternativo, en vez de la dinámica seguidista hacia el PSOE y de división con Podemos.

O sea, el objetivo de Sumar del ensanchamiento representativo mediante la moderación política y la exclusión de Podemos (visto más como lastre que como activo), con la confianza de la benevolencia mediática por ello, está fracasando. Y se nota la dificultad para condicionar al PSOE y sus políticas continuistas o contraproducentes, sin una presión social conjunta. Todavía no es tarde para la rectificación por parte de la dirigencia de Sumar, y hay algunos indicios de expresión pública de discrepancias en el Gobierno, aunque sin puentes de diálogo con Podemos. Su proceso constitutivo hasta el otoño busca la legitimación de su actual diseño, pero las evidencias de sus dificultades exigen un replanteamiento global de su estrategia, más incisiva y unitaria.

Todavía no es tarde para la recomposición de la izquierda transformadora, en la perspectiva de las próximas elecciones generales de 2027 (o anticipadas), que serán decisivas para la supervivencia de todo el espacio como actor determinante del proceso de cambio de progreso en España. O, dicho de otra manera, de cierre de este ciclo de exigencia reformadora, social y democratizadora, y vuelta a la normalización bipartidista, con el riesgo de la victoria involucionista de las derechas y, en el menos malo de los casos, con la continuidad de la prevalencia gubernamental socialista con su pretensión de mayor autonomía en su gestión centrista respecto de su izquierda y el bloque nacionalista.

Pero, se habría agotado la gran relevancia del impulso reformador y democrático de estos quince años, en espera de un nuevo recomienzo de la activación cívica y la articulación partidaria. La radiografía de las elecciones europeas del 9 de junio nos dará pistas sobre esa trayectoria en España y también en la Unión Europea.

La moderación política no asegura el ensanchamiento electoral

El programa acordado del Gobierno de coalición se puede considerar positivo, con pequeñas mejoras sociales, aunque en los temas llamados de Estado es más ambiguo; es decir, se deja la responsabilidad y autonomía al PSOE para su ejecución…, y es donde se están produciendo importantes fracturas: política exterior —Palestina, Ucrania, Sahara…—, Defensa —gasto militar, OTAN—, Interior —ley mordaza, inmigración…—, o política macroeconómica y fiscal.

Por tanto, no solo se limitan las mejoras sociales, sin nuevos presupuestos generales, sino que hay nubarrones europeos de austeridad fiscal y, sobre todo, geopolíticos con mayor incorporación al bloque otanista, todavía más militarista y belicista. Al mismo tiempo, se están estancando la aplicación de leyes como la de la vivienda o las medidas preventivas del ‘solo sí es sí’, aparte de la prórroga presupuestaria.

En ese contexto, la operación Sumar está fracasando en cuanto a las expectativas de ensanchamiento electoral a través de la moderación política y la correspondiente recomposición de la dirigencia y el liderazgo más amable, así como por su incapacidad para articular la colaboración del conjunto de grupos políticos, con la integración democrática y plural de Podemos. Aparte de sus efectos en su credibilidad política y su cohesión interna, exige una reflexión para reorientar su estrategia y, sobre todo, implementar un proceso articulatorio más unitario.

Todavía se puede decir que no es irreversible la tendencia hacia la irrelevancia de todo el espacio alternativo, con el desplazamiento del grueso de su electorado hacia el PSOE y la izquierda nacionalista (o la abstención). De seguir esa dinámica, se puede llegar hasta un volumen similar al de la Izquierda Unida de primeros años noventa, con poco más de dos millones y medio de votos, en torno al 10%, y una veintena de escaños…, incluso menos.

Se terminaría el periodo excepcional de la formación de ese amplio espacio sociopolítico transformador de casi tres lustros, tras el proceso de indignación cívica iniciado en 2010 y más tarde electoral e institucional por el cambio de progreso. Ello constituiría ese cierre, tan querido por los poderes fácticos, del ciclo sociopolítico progresista con un peso determinante de la izquierda del Partido Socialista, cuya fuerza social transformadora y su representación institucional quedaría en una posición muy secundaria.

Se puede mantener el bloque nacionalista periférico, particularmente sus izquierdas, como otro condicionante de la democratización y plurinacionalidad del Estado y de freno a la involución conservadora y centralizadora.

Pero el nuevo equilibrio, deseado por la dirección socialista para la próxima legislatura, con una posición más subordinada de su izquierda y con su mayor capacidad hegemónica y un nuevo bipartidismo, algo corregido, favorecería el bloqueo de la reforma social de progreso. Supondría, siempre que no ganen las derechas en la próxima legislatura, una adaptación del Partido Socialista al continuismo socioeconómico y político dominante en la Unión Europea. Se abre, pues, un auténtico desafío estratégico para la izquierda alternativa sobre el cambio social y democrático, base de su identidad política.

La formación de un electorado transformador

Existe una base social de izquierdas moderada (o de centroizquierda), que quiere reformas progresistas pero limitadas. Constituye una corriente intermedia entre la izquierda alternativa y la socialdemocracia socioliberal. Cuando ésta es incapaz de implementar esos avances democráticos y sociales o, aún peor, cuando aplica estrategias regresivas y prepotentes, esa base social se distancia de ella. En ese caso, si existe una alternativa con suficiente credibilidad transformadora, desplazan su apoyo hacia esa representación político-institucional más transformadora.

La cuestión fundamental es, además de esas condiciones sociohistóricas o estructurales, la formación y consolidación de esas mareas sociopolíticas a través de una experiencia masiva de participación cívica en la defensa de sus intereses y demandas socioeconómicos y democráticos, así como la calidad de la articulación social y, específicamente, partidaria de su representación política e institucional.

Todo ello explica, por una parte, la fluctuación de las corrientes o campos sociopolíticos y su expresión electoral (mareas u olas), y, por otra parte, a un ritmo y condicionamientos diferentes, con otros componentes organizativos, teóricos y éticos y, sobre todo, cómo se articulan, de forma unitaria y plural, los sectores más activos y su organización partidaria (el grupo surfista), así como su capacidad de vinculación y orientación entre los dos planos.

Respecto de las tendencias socioelectorales hay que precisar otra cuestión, ya adelantada: la existencia de una importante corriente no consolidada para las elecciones autonómica y locales (que más tarde se amplificará el 28M), respecto de las elecciones generales. Existe un voto dual; en las generales de 2015 —entre Podemos e Izquierda Unida— se llegó a seis millones, pero en las autonómicas no llegaron a cuatro; o sea, la izquierda transformadora tenía más credibilidad para influir en la gobernabilidad estatal y menos para la autonómica, con la excepción de los grandes ayuntamientos del cambio.

En los ciclos de 2015 y 2019, ya había más de dos millones que no votaban a Unidas Podemos —o Podemos e Izquierda Unida y sus convergencias— en los comicios autonómicos; y se confirmó en 2023. O sea, había y hay un sector intermedio que fluctúa, que puede ser considerado transformador (aunque vote socialista o izquierda nacionalista) y que podría ser recuperable para la izquierda del PSOE, como indicaban las primeras expectativas del frente amplio en torno a un Sumar unitario y democrático y transformador, aunque no se han cumplido. Su capacidad de remontada de este declive es una de las principales incertidumbres para el futuro inmediato.

Según los estudios demoscópicos, entre Sumar y Podemos todavía podrían mantener, para unas elecciones generales, unos dos millones y medio de votos de personas de izquierda social transformadora, de los tres millones conseguidos el 23J, siempre que acierten con frenar su declive, su división y reinicien una remontada representativa. Según el CIS, en las próximas elecciones al parlamento europeo, con una mayor abstención y entre ambas candidaturas de Sumar y Podemos, alcanzarían los dos millones de votos.

Sin embargo, el PSOE (y la izquierda nacionalista) persiste en la absorción de parte de ese electorado alternativo, menos consistente por esa fragilidad política y articulatoria. Pero no es descartable la posibilidad de cierta recuperación de esa base social y su reflejo electoral e institucional; depende de las dinámicas sociopolíticas y la capacidad de las dirigencias alternativas.

[Fuente: Rebelión]