El ruido político propiciado por la campaña electoral permanente impide no sólo el debate sobre los temas importantes que afectan a la vida cotidiana de las personas, sino siquiera tener noticia de los conflictos sociales en curso en los que aquellos están en juego. Llama la atención, a ese respecto, la huelga indefinida que mantienen desde el 5 de febrero los trabajadores de la planta de Acerinox en Los Barrios (Cádiz), tras un año de negociación de su nuevo convenio y más de 20 reuniones sin ningún acuerdo. Está en juego la revisión salarial y la prima de producción, pero lo que centraliza el conflicto es la flexibilidad laboral que la empresa pretende imponer, con un 10 % de distribución irregular de la jornada durante 21 días/año, la disponibilidad obligatoria de la plantilla si ésta no se consigue voluntariamente y un precio por la hora extra trabajada por debajo del actual (un resumen en Efe, 19 de abril). La plantilla rechaza la propuesta precisamente por los efectos que tendría sobre la conciliación de las más de 1.800 personas que emplea el centro (el 95% varones). Por su parte, la empresa cotizada no ha mostrado hasta ahora intención de negociar, demandando a los trabajadores por huelga abusiva, acusándolos de «promover la violencia» (Noticias de la Villa, 4 de abril) y amenazando con el cierre patronal.

En su defensa, el consejero delegado de la empresa entonaba el estribillo habitual: «La flexibilidad es clave, pues todos sabemos cómo se encuentra la industria en Europa y la competitividad que nos viene de otros mercados» (El Economista, 15 de abril). Sin embargo, en su Informe de resultados de 2023 publicado en febrero 2024, Acerinox declaraba haber reducido su deuda en 99 millones (p.2) y destinado 150 millones al dividendo, un 20% más que en 2022 (p.21), con buenas perspectivas de crecimiento confirmadas por la oferta sobre «Haynes International, empresa estadounidense líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de aleaciones de alto rendimiento tecnológicamente avanzadas, con gran presencia en el sector aeroespacial» (p.4).

No tiene desperdicio la intervención del portavoz del comité de huelga en la junta de accionistas: «Esa flexibilidad que nos pide la empresa es una pérdida de esa conciliación familiar, así se lo hemos dicho a la empresa y lo seguiremos haciendo» (lavozdelsur.es, 22 de abril). Más allá de una nueva demostración de la necesidad de conflictos colectivos sostenidos para doblegar a las patronales, la huelga de los trabajadores de Acerinox es un ejemplo perfecto de la necesidad de no desgajar las políticas de género de las luchas de clase. Muestra cómo los avances legislativos en materia de conciliación pueden quedar en la práctica neutralizados por medidas draconianas impuestas por las empresas, y los accionistas ante los que responden, en interés de la mal llamada competitividad.