Acaba de celebrarse, el pasado 23 de marzo, la primera Asamblea fundacional de Sumar, con la aprobación de sus ponencias política y organizativa por cerca del 83% del total de las escasas personas inscritas (8.179) que han participado telemáticamente en esas votaciones, poco más de la décima parte de las 70.000 que dice la organización que están vinculadas. En particular, se ha aprobado la composición del Grupo de Coordinación y se ha refrendado la lista encabezada por Yolanda Díaz por 6.671 personas (81,5%), quedando avalada como coordinadora general de la formación. Esas bajas cifras chocan con la masiva participación en procesos similares de Podemos, en concreto de unas 53.000 personas en la elección de Ione Belarra como secretaria general (en 2021) y de las 36.000 en las recientes primarias para las elecciones europeas, en las que se ha elegido a Irene Montero. Y son similares a otros procesos, como los de Izquierda Unida.

Estrictamente, esta Asamblea ha sentado las bases del llamado ‘Movimiento Sumar’, el grupo político o movimiento ciudadano promovido por Yolanda Díaz, que aparte de definir el marco político y orgánico, se reserva el 70% (80 representantes) de ese grupo directivo que, con el añadido posterior del 30% de representantes de los distintos partidos políticos, elegirá su Ejecutiva. El proceso culminará en una segunda Asamblea constituyente en otoño, con la correspondiente articulación territorial y el encaje entre las diversas fuerzas políticas, vertebrando a Sumar como organización política, más allá del acuerdo previo como coalición electoral para las pasadas elecciones generales del 23 de julio, ahora sin la incorporación de Podemos.

Por tanto, estamos ante tres niveles orgánicos, en una relación compleja y confusa por su igual denominación: Movimiento Sumar, como grupo hegemónico; Sumar como articulación política unitaria a la que se suman otras agrupaciones políticas (particularmente, Izquierda Unida, Catalunya en Comú, Más Madrid, Equo-Verdes y Contigo Navarra) en una posición subalterna, y Sumar coalición electoral, en la que se añaden varias formaciones que siguen en el grupo parlamentario como aliados (Compromís, Mes Mallorca, Chunta Aragonesista y Dragó canario), pero sin vincularse con esa conformación partidaria de Sumar (y, algunos de ellos, sin participar en la lista conjunta para las elecciones europeas). Además, hay que señalar el distanciamiento con Podemos, su salida forzada del grupo parlamentario y su apuesta política autónoma, más crítica y transformadora, para intentar refrendarla en las elecciones europeas y asegurar un papel político más significativo que el adjudicado.

En este ensayo, tras esta pequeña descripción inicial, explico, en primer lugar, el contexto político con las características del sanchismo para enmarcar su alianza con Sumar. En segundo lugar, señalo el estancamiento del espacio alternativo y la necesidad de su remontada representativa, con la duda, en tercer lugar, de su capacidad para afrontar los desafíos estratégicos. Finalmente, analizo la idea de que la democracia será social, participativa y solidaria, o no será, con la evaluación de los valores ideológicos, progresistas y combinados, de libertad, igualdad y solidaridad.

El pragmatismo del sanchismo y los reequilibrios de poder

El sanchismo es una variante socialdemócrata confrontada con las derechas, con una aceptación de la realidad de la pluralidad política, la imposibilidad inmediata del bipartidismo y la necesidad de acuerdos con su izquierda y los grupos nacionalistas. No obstante, tiene cierto vacío teórico, común a la socialdemocracia europea y su modelo socioliberal o de tercera vía, y un carácter ambivalente de su estrategia política, dependiente de sus vínculos con el poder establecido y el mantenimiento de una base representativa relevante.

Su caracterización está definida por su prioridad de gestionar el poder institucional con un pragmatismo realista en cada coyuntura y con el objetivo de garantizar y ampliar su hegemonía. Pero ello significa que son relativos el proyecto de país, las convicciones reformadoras progresistas, las estrategias duraderas a largo plazo y las alianzas necesarias para caminar en todo ello. Es sintomática la argumentación para defender la iniciativa de la amnistía y sus acuerdos con Junts per Catalunya, tras la evidente insuficiencia de sus apoyos parlamentarios y la convergencia con sus socios de investidura: ‘Hay que hacer de la necesidad virtud’. O sea, lo decisivo es el control inmediato del poder gubernamental, y las políticas y los acuerdos, aun en ese marco antedicho, están subordinados a ese imperioso objetivo.

Pero, para lo que nos interesa en esta reflexión, la alianza gubernamental con Sumar y la ejecución del acuerdo programático firmado, también son dependientes de ese criterio de necesidad imperiosa; se acepta y se aprovecha su potencialidad, pero no tienen consistencia estratégica, teórica o ética, nítidamente progresista o de izquierda consecuente. Son instrumentales para su acción política que está subordinada al motor unilateral de la acumulación de su poder institucional (y representativo), con esa impronta de cierto socioliberalismo democrático o inclinación centrista. Las prioridades las marca la necesidad, no solo representativa sino, sobre todo, derivada de su estatus de poder institucional y estabilidad gestora amparados, al menos, en parte relevante del poder establecido, económico, internacional y de la burocracia estatal y europea.

Significa que su compromiso por un Gobierno de coalición progresista, en su doble componente de plural y compartido y con orientación democrática y de progreso, es provisional. Nace de la necesidad de este ciclo sociopolítico, con un amplio campo social y electoral crítico por la justicia social y la democracia, incómodo para garantizar una supuesta normalización política que acabe con este ciclo que ha impuesto esa necesidad. Es decir, la ilusión de un nuevo bipartidismo, con una socialdemocracia como referencia predominante, con mayor autonomía o exclusividad en su gestión gubernamental o, en todo caso, con apaños parlamentarios y geometría variable.

Podríamos admitir la legitimidad de esos objetivos, siempre que se utilicen mecanismos democráticos y se desechen ventajas ilegítimas de poder, cosa que no suelen cumplir las derechas. El problema es la deriva hacia la instrumentalización de todo tipo de recursos en la pugna política, con ventajas añadidas por el poder establecido y la pérdida de calidad de la participación democrática de la propia sociedad, muy condicionada por los medios. Es cuando se hace pertinente el temor, por ejemplo, de la dirigencia de Sumar y de los grupos nacionalistas, y no digamos de Podemos, ante esa pretensión de la prepotencia socialista para gobernar solos y marginar los condicionantes de esos grupos políticos y lo que representan en términos democráticos y de demandas sociales y plurinacionales.

En definitiva, dada la crudeza de la oposición de las derechas y la envergadura de los problemas sociales y económicos de fondo, a medio plazo —la siguiente legislatura y la próxima década— parece difícil descartar la necesidad de un bloque político y social, democrático y plurinacional, siendo ilusa la vuelta al bipartidismo con el hegemonismo exclusivista socialista en el campo progresista.

O sea, el sanchismo, al que tanto ataca las derechas, precisamente por su relación y su dependencia de esos otros dos sectores, necesita sus apoyos… reconvertidos en virtuosos. Lo que se ventila, aparte de evitar la involución derechista, es la modificación de los equilibrios entre esas tres patas progresistas: la socialista, la nacionalista y la izquierda transformadora. Ese espacio alternativo debe valorar su consistencia, su recomposición interna entre Sumar y Podemos y su orientación política, aunque se puede considerar hoy el sector institucionalmente más débil. Así, el plan socialista consiste en recuperar terreno electoral y ampliar su propia autonomía respecto del resto de fuerzas progresistas, achicando el espacio político a su izquierda y reduciendo su influencia institucional y sociopolítica… a un ritmo y con unas condiciones que no pongan en peligro la mayoría representativa del conjunto.

En esta etapa es adecuada esa percepción de estos equilibrios de poder para mantener un gobierno progresista para la próxima legislatura, haya o no haya adelantamiento electoral. Pero, sobre todo, es realista contemplar el objetivo socialista de gobernar en solitario y, por tanto, de modificar esa realidad plural y de dependencia política y su consiguiente necesidad negociadora y transaccional. O sea, en el fondo, el freno a su hegemonismo irrefrenable y el continuismo socioeconómico y político depende de la consistencia y amplitud de un espacio democrático, plurinacional y reformador a su izquierda que persista en el cambio de progreso.

Las dificultades de Sumar

En un libro reciente, Izquierda transformadora, he realizado un análisis de la formación y las características de este conglomerado de la izquierda alternativa o espacio del cambio de progreso, así como las causas de su declive representativo: la ofensiva descalificadora de los poderes fácticos y las derechas; la renovación y reorientación socialista que ha recuperado parte de ese espacio, y sus propias deficiencias y limitaciones, que es el reto que se pretendía afrontar con la recomposición de su liderazgo.

Aun con sus significativos avances en reformas sociolaborales y derechos democráticos derivados de su acción institucional desde el Gobierno de coalición, primero como Unidas Podemos y luego, de forma incipiente, como Sumar, se va imponiendo una realidad: sus dificultades para aumentar su influencia política y su legitimidad pública, que queda reflejada en el retraimiento de sus expectativas electorales y, sobre todo, en los problemas articulatorios del conjunto de este conglomerado.

De momento, considerando la experiencia de estos meses, la situación no es muy estimulante: desde las elecciones locales del 28M y las generales del 23J, hasta la dureza de los resultados de las recientes gallegas y el panorama poco alentador de las encuestas sobre las inmediatas vascas y, en menor medida, catalanas; y serán decisivos los resultados de las europeas, así como su impacto en la división y/o legitimidad entre Sumar y Podemos y sus dificultades articulatorias.

Se ha visto frustrada o, por lo menos, estancada la expectativa y la ilusión anterior de un significativo ensanchamiento electoral, incluido desde un electorado nuevo o abstencionista y una parte de la base anterior de UP, desplazada hacia el Partido Socialista (o la izquierda nacionalista). Éste ha experimentado un aumento representativo y, a efectos comparativos y de reequilibrio de fuerzas, ha conseguido mayor distancia con esta izquierda plurinacional. Con el aval de sus mayores recursos institucionales y mediáticos y de ventajas adicionales por su vinculación con los poderes establecidos supone una ampliación de su hegemonía institucional, más influencia en la acción política y gubernamental y mayor legitimidad cívica.

La lección es clara. Aunque la dirección socialista admita la necesidad de la coalición de gobierno, su apuesta es seguir incrementando su espacio electoral por la izquierda con el trasvase continuado y significativo de partes relevantes de los anteriores votantes de UP (y sus convergencias) y hoy de Sumar (y sus aliados). Es la trayectoria en la que se incardina los forcejeos políticos y mediáticos entre ambas agrupaciones por afirmar su respectivo protagonismo, marcar perfil propio y asegurar su electorado, siempre con la condición de frenar a las derechas y contener a los grupos nacionalistas.

Por tanto, en este último proceso del espacio alternativo se ha producido un reequilibrio de la dirigencia del conjunto, con la primacía del núcleo dirigente en torno a Yolanda Díaz y su orientación más moderada, amable y dialogadora frente a la actitud más exigente, crítica y confrontativa de Podemos. No obstante, esa recomposición del liderazgo y su reorientación discursiva y estratégica más moderada no ha permitido conseguir a la dirigencia de Sumar dos objetivos centrales que fundamentaban la legitimidad de toda la operación renovadora y sustitutiva de Unidas Podemos. Por un lado, incrementar su peso representativo y de influencia para condicionar más y mejor el proceso reformador del país. Por otro lado, unificar y fortalecer el propio espacio sociopolítico y partidario, agrupando y dando coherencia al conjunto de esa corriente confederal, superando, en primer lugar, la división con Podemos, y consiguiendo un estatus social e institucional con credibilidad transformadora.

En todo caso, se puede avanzar una constatación: no hay una remontada de las fuerzas del cambio y en particular de Sumar, como alternativa dominante que pretendía asegurarla con su nueva oferta política y de liderazgo. Ello explica el relativo desconcierto y desánimo respecto de las expectativas previas. Supone, al menos, las dudas sobre la eficacia de sus pasos dados y abre el dilema sobre sus planes inmediatos y su trayectoria hasta el otoño con su Asamblea constituyente. Y, por otro lado, se deberá complementar con el balance por Podemos del alcance de su plan de fortalecimiento y su capacidad de supervivencia como actor significativo.

Será ocasión para someter a debate el correspondiente reajuste la orientación política y la articulación organizativa que debiera culminar en un proceso constitutivo amplio y unitario entre todas las partes implicadas, más allá del previsto para el otoño, y que hoy está en sus inicios y con un inconveniente fundamental: la polarización de los relatos de legitimación de las decisiones de ambos grupos dirigentes, en un difícil contexto de estancamiento (o declive) representativo.

La consecuencia es que, a pesar de los deseos expresos de Sumar, el ¡Vamos a más!, y el discurso optimista sobre su papel, no se han terminado de legitimar públicamente esos cambios de orientación, articulación y liderazgo; el escaso entusiasmo participativo es un síntoma de ello. El proceso de escucha y el movimiento ciudadano, como procesos de legitimación del nuevo espacio electoral, quedan relativizados. Incluso se notan indicios de desgaste de la confianza social respecto de su capacidad unitaria y reformadora —los resultados gallegos y, previsiblemente los vascos, han sido un jarro de agua fría en ese sentido.

Cabe recordar que en los procesos electorales autonómicos el espacio del cambio, desde 2015 y 2019, siempre ha obtenido menores resultados (casi un 40% menos) que en las elecciones generales; o sea, en ese ámbito tenían menor atractivo y credibilidad transformadora, cosa que se reafirmó el 28M, sacando lecturas interesadas respecto del 23J, y que ahora se reproduce la diferencia entre los dos marcos, agudizada por la división, en los comicios gallegos y vascos.

Los últimos Barómetros de CIS indican un descenso pronunciado del prestigio cívico del liderazgo de Yolanda Díaz. Y todo ello, aparte del aparato mediático de las derechas, los voceros pro-socialistas se encargan de resaltarlo. Y no vale el consuelo de que a Podemos, con un fuerte proceso de acoso mediático y judicial y de aislamiento político, les vaya peor y tengan un futuro incierto, pendiente de la pugna representativa de las elecciones europeas.

En definitiva, junto con ese estancamiento en el declive representativo global y los límites reformadores de la acción institucional, impuestos algunos por el propio presidente del Ejecutivo, Sumar sí ha avanzado en su otro objetivo general: la recomposición de ese espacio alternativo. Se está consolidando, con diversas grietas y dificultades, el núcleo dirigente encabezado por Yolanda Díaz —de tradición neolaborista y de Nueva Izquierda—, con su despliegue institucional y mediático. Se ha culminado la sustitución de la primacía de la dirigencia anterior de Podemos —un populismo de izquierda—. En este caso, están abordando su readecuación para tener una mayor iniciativa política con un papel representativo significativo (más de la cuarta parte de ese espacio), pero minoritario según las encuestas (0,7 millones de votos frente a 2,5 del conjunto de Sumar), con fuerte aislamiento mediático y político y cierta incertidumbre sobre su futuro.

Así, se ha desarrollado en torno a Sumar y su movimiento ciudadano un reagrupamiento político de las alianzas basadas en los Comunes —sobre todo el eurocomunismo verde de ICV— y Más País/Más Madrid —el populismo transversal errejonista—, así como con una Izquierda Unida incómoda por su estatus subordinado. Por tanto, se ha producido el reemplazo en la dirigencia, las responsabilidades institucionales y la orientación de la estrategia y la gestión política del espacio, más moderada, posibilista y colaboradora con el PSOE. Sin embargo, ese giro orgánico, gestor y discursivo no ha permitido llegar a la aspiración inicial de unificar el conjunto del conglomerado a la izquierda del Partido Socialista y, sobre todo, asegurar su ampliación representativa y política, con la suficiente credibilidad transformadora y legitimidad pública.

¿Serán capaces de afrontar los desafíos estratégicos?

Estamos en un proceso de transición en la conformación y recomposición de la izquierda transformadora. Todavía no hay certezas claras. Planteo la reflexión en términos de duda: ¿Serán capaces las dirigencias alternativas de afrontar los desafíos estratégicos y unitarios?

No entro en el detalle de las tensiones y agravios internos en las formaciones progresistas ni en el contexto externo de la polarización política con las derechas, los resultados de las distintas elecciones previstas, especialmente las europeas, y las perspectivas de continuidad (o no) de la legislatura, aspectos suficientemente debatidos y especulados en los medios y redes sociales.

Doy por supuesto que la conciencia pública sobre la importancia de varios aspectos que cruzan las condiciones vitales, las incertidumbres populares y las prioridades mayoritarias de la sociedad: la persistencia —a pesar de alguna mejora relativa— de la gravedad de los problemas socioeconómicos y la desigualdad social, así como las insuficiencias de los servicios públicos —en particular la sanidad y la educación públicas—, la habitabilidad y la protección social junto con el deterioro de la capacidad adquisitiva de las capas populares (todavía hoy y descontando la inflación no se ha llegado al nivel de renta real de los hogares de 2007); la crisis medioambiental, así como de la reproducción social y de los cuidados junto con la violencia machista y la desigualdad de género; el creciente belicismo y los conflictos geopolíticos, incluida la amplia deslegitimación de las élites occidentales en el Sur global por su inoperancia ante el genocidio palestino; la articulación de la plurinacionalidad tras la aprobación de la amnistía, junto con la crisis territorial y la democratización del Estado, y las tendencias autoritarias, xenófobas y antidemocráticas, con el riesgo de involución ultraderechista.

Sirva esta sintética reseña de la realidad socioeconómica, geoestratégica e institucional como referencia para enmarcar la esfera sociocultural y de la representación política que, a veces, aparecen en los estudios sociales excesivamente autónomas o al margen de la situación social de fondo. Por un lado, la subjetividad ciudadana de malestar difuso y emplazamiento a las élites políticas para su respuesta, con una fuerte polarización de bloques, sobre todo políticos y mediáticos; pero cada vez más con fuerte segregación social, territorial y de género, incertidumbre medioambiental y un nacionalismo supremacista, excluyente y racista, todo ello en un difícil marco europeo y macroeconómico y con la instrumentalización derechista. Por otro lado, la capacidad gestora y de liderazgo de las izquierdas, en particular, de las dos fuerzas del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, con su corresponsabilidad y su competencia.

Sobre esto ya he hablado antes: la interacción entre las dos dinámicas partidarias, la socialista y la transformadora, de necesaria colaboración y obligada diferenciación; la primera más incisiva y preponderante, la segunda más subalterna y dividida. Ambas atienden a sus expectativas y planes respectivos sobre la configuración de sus espacios electorales, su estatus de poder institucional y la legitimidad social de sus opciones estratégicas. En ese contexto interactivo, me voy a detener, sin obviar sus dificultades, en la conveniencia de la conformación de una cooperación amplia de este conglomerado alternativo, en conexión con el interrogante del título: ¿serán capaces sus dirigentes de hacer frente a los desafíos estratégicos?

A un plan inicial de la dirigencia de Podemos de abordar una renovación del liderazgo (con cierto continuismo de la orientación política y su primacía orgánica) ha seguido el plan más drástico de reorientación política moderada y cambio de la primacía dirigente, que es lo que, con amplio apoyo mediático e institucional, se ha impuesto con la constitución de Sumar y la ruptura final con un Podemos en situación defensiva.

Persisten los retos estratégicos y cooperativos del conjunto de esta izquierda transformadora para frenar su deterioro político y apostar por una recomposición unitaria y plural, en torno a una dinámica política reformadora y democratizadora de país. Todavía es pronto para calificar todo el proceso de estos dos/tres años como fallido para renovar y fortalecer las opciones de progreso y valorar como irreversible su declive político y su división, junto con el avance representativo socialista (y las izquierdas nacionalistas), y su posible consecuencia de una próxima victoria de las derechas.

En la peor de las hipótesis existiría un agotamiento del impulso reformador por la justicia social y la democracia real que inició esta etapa hace casi tres lustros, con el deseado cierre del ciclo de progreso sustantivo por parte del poder establecido, la recomposición bipartidista (corregida) y el riesgo de victoria futura de la involución derechista.

No obstante, para evaluar las potencialidades del espacio del cambio, además de considerar la trayectoria y la experiencia de esas bases sociales —de hasta seis millones de personas— de la izquierda transformadora, destaco aquí la responsabilidad y las limitaciones de sus capas dirigentes y, en particular, sus prácticas antipluralistas. El problema principal no es de carácter ideológico, aunque haya profundas diferencias. Sus implicaciones prácticas pueden ser significativas; la pugna cultural es necesaria. Tampoco es de carácter programático general, como objetivos reformadores más o menos retóricos, en lo que también existen discordancias. Es también insuficiente un análisis psicológico de los egos y liderazgos.

Es más adecuado, desde el punto de vista sociológico, hablar de los diferentes intereses corporativos y aspiraciones de estatus de las estructuras coordinativas y su conexión con sus bases sociales, con sus rasgos socioculturales y su función participativa. Así, es verdad que existe una pugna representativa, legitimadora y de poder por parte de las élites alternativas, pero hay que analizarlas en conexión con los intereses sociales, el respaldo popular y la configuración de su estatus en el poder institucional que manifiestan.

Lo central son las prácticas políticas —institucionales y sociopolíticas o contrahegemónicas— que implican a las mayorías sociales, y no solo en aspectos cotidianos y concretos sino también en los mecanismos mediadores y gestores de la acción política, es decir, en el propio Estado, sus funciones y su regulación democrática, así como, en general, los poderes establecidos y entre los principales agentes colectivos.

El centrismo socioliberal y el antipluralismo no son la solución

La cuestión fundamental para una agrupación política es su carácter político-estratégico y de articulación democrática de los distintos niveles y relaciones orgánicos, como sujetos colectivos. Ambos aspectos son los más relevantes y están interrelacionados. En la izquierda alternativa ha habido poco debate argumentado y mucha retórica descalificatoria, incluido las metáforas utilizadas, sobre todo dirigidas a la actitud respecto al Partido Socialista: el ‘ruido’ como exceso discursivo de diferenciación gratuita, o, al contrario, el seguidismo o adaptación a las políticas socialistas.

No entro en las polémicas concretas, solamente citar la gran discrepancia estratégica que inauguró en el año 2016 la gran división entre el errejonismo y el pablismo en el primer Podemos y que todavía empaña las diferencias políticas desde la Asamblea de Vistalegre II. Me refiero a la actitud ante la propuesta de un Gobierno continuista de PSOE/Ciudadanos, rechazado por la mayoría de la dirección y la base militante de Podemos, cuando había condiciones numéricas parlamentarias para conformar un gobierno de coalición progresista e iniciar el cambio institucional de progreso. Sin embargo, la voluntad política socialista tardó tres años y tres elecciones generales, hasta 2019, en abrirse a esa opción.

Por un lado, seguía manteniéndose la mayoría representativa democrática y plurinacional respecto de las derechas. Pero, por otro lado, habían cambiado los equilibrios en el campo progresista en favor del Partido Socialista, con menores riesgos para un cambio relevante. Así, se paliaba el susto entre los poderes fácticos por la posibilidad del sorpasso alternativo en la izquierda o, al menos, una influencia institucional sustancial contra lo que se habían conjurado todos los poderes del Estado. Desde casi la paridad representativa entre Partido Socialista y Unidas Podemos y sus aliados, tras esos cuatro años de ofensiva contra estos últimos, con el inicio de su desgaste y declive y la gradual preponderancia socialista, se formó el nuevo Gobierno de coalición progresista, con un acuerdo programático y estratégico razonable, incluido los grupos nacionalistas.

No obstante, a pesar del acuerdo estratégico de fondo, la incomodidad socialista con una posición más exigente y crítica, en particular de Podemos, y la persistencia de una base social transformadora significativa, la dinámica del Gobierno de coalición progresista no frenaba, sino que motivaba, la continuación de la descalificación y el aislamiento político-mediático de la trayectoria alternativa y, en especial, del liderazgo podemita. Pero, ante unas derechas y poderes fácticos tan reaccionarios, regresivos y autoritarios, incluso una gestión gubernamental relativamente moderada —si dejamos al margen el procés catalán que no protagonizaba— tampoco era suficiente para estabilizar el peso de las fuerzas del cambio o evitar la continuada presión fáctica para la reducción de su influencia y representatividad.

Es decir, en esa etapa de gobernabilidad compartida se mantenían discrepancias secundarias, pero para el poder establecido permanecía el foco estratégico a eliminar: el condicionamiento reformador y democrático que había que reducir, disminuyendo la influencia y representatividad de las fuerzas del cambio de progreso, especialmente con posición de poder institucional. No es solo el acoso judicial y mediático y el desprestigio deslegitimador hacia los dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias o Irene Montero, y a su partido político como principal referente, sino también a liderazgos institucionales relevantes como Ada Colau o Mónica Oltra, que apostaban por reformas sustantivas frente a las derechas y ciertas estructuras de poder, y en paridad con los socialistas, que solían mirar hacia otro lado.

El objetivo de los poderosos es siempre la renuncia de las izquierdas (y movimientos sociales y democráticos) al cambio de progreso, en las diferentes esferas, la garantía de moderación de su discurso y las demandas sociales y democráticas… Su plan es la ‘normalización’ política tras el ciclo de protesta social e indignación cívica del lustro 2010/2014, reconvertido después en un potente espacio sociopolítico y electoral alternativo diferenciado de la socialdemocracia.

Ese era el dilema estratégico fundamental en esta etapa histórica: continuismo o cambio de progreso; reducción y/o moderación de la izquierda transformadora, social y política, o renovación y refuerzo, junto con la consolidación del bloque democrático y plurinacional. Y llegamos hasta el intento doble de renovación política y organizativa y sus límites, objeto fundamental de esta valoración.

El fiasco político y democrático del centrismo

La moderación política, el diálogo social o el consenso institucional siempre se intentan legitimar como la estrategia fundamental y necesaria para incrementar el apoyo social y electoral y, por tanto, aumentar la capacidad de gestión institucional. Una de las experiencias más relevantes ha sido el giro de la socialdemocracia hacia la tercera vía —británica— o el nuevo centro alemán —en los años noventa—, precedido por el felipismo socialista en los años ochenta. Fue paralelo a la conversión del eurocomunismo italiano hacia esa socialdemocracia socioliberal, o, en otro sentido, el espacio centrista liderado por el francés Macron. En su conjunto, refleja los límites transformadores y democráticos de lo que actualmente se llama transversalidad centrista, que junto con el diálogo y el consenso con su derecha practica la deslegitimación y el aislamiento de su izquierda.

No hace falta glosar el fracaso político y representativo que ha tenido esa estrategia centrista desde la tradición de las izquierdas democráticas, que se desecha, hacia el neoliberalismo —o al liberalismo a secas—, particularmente con el descrédito socialista por su gestión regresiva de la crisis socioeconómica a partir de 2008/2010, que también tuvo impacto en la importante desafección hacia el socialismo español, y factor clave que explica el ascenso de la izquierda transformadora en esos años. Hasta que el segundo sanchismo supuso cierto giro hacia la izquierda y la confrontación con las derechas, que le ha permitido su resurgimiento. O sea, la evidencia histórica y sociopolítica cuestiona esa teoría: derechización no es sinónimo de mayor legitimidad social progresista, en muchos casos es más desafección política; el oportunismo posibilista tiene más que ver con la adaptación en relación con el poder establecido y las estructuras de desigualdad, que con la vinculación realista respecto la conciencia mayoritaria de la sociedad y las demandas populares, así como con las condiciones transformadoras reales.

Además, esa tendencia socioliberal y centrista, con el desplazamiento desde los valores convencionales de las izquierdas democráticas, trajo consigo otra estrategia problemática: la prioridad de su pugna política por el aislamiento del llamado izquierdismo europeo (los movimientos sociales y la nueva izquierda de los años sesenta y setenta que todavía perviven, se refuerzan y se renuevan, como el feminismo), en vez de combatir al adversario principal, los poderosos y el orden neoliberal y reaccionario. Y, al mismo tiempo, refuerzan el autoritarismo antipluralista y el carácter segregador en los grupos sociales y políticos y respecto de los derechos civiles o el racismo y la inmigración. Se enlaza una dinámica antipluralista contraria a la justicia social y la democracia que, a veces, termina por coincidir con las derechas reaccionarias.

Por tanto, ante los debates sobre cuestiones estratégicas, aparte de contar con la experiencia histórica y las reflexiones teóricas, conviene atenerse a un análisis concreto del contexto, sus características y su conveniencia con un talante abierto, realista, reflexivo y argumentado para llegar a acuerdos que favorezcan la unidad de acción práctica y la regulación de los desacuerdos, pactando la pluralidad discursiva correspondiente.

Más allá de las pugnas ideológicas y de poder

Desde mi punto de vista, las discrepancias políticas actuales tampoco deberían hacer incompatible la perspectiva de una colaboración más estrecha que pudiese culminar, al menos, en un acuerdo político amplio para el siguiente ciclo electoral, descartando, de momento, una estructuración voluntarista hacia un frente amplio de mayor integración política. El punto sensible es la articulación orgánica de los distintos órganos dirigentes, estatales y territoriales, con sus respectivos intereses, más o menos corporativos, particularmente en los territorios con una implantación significativa de una de las fuerzas aliadas —Catalunya en Común, Compromís, Más Madrid, Izquierda Unida (en Andalucía), etc.— y que ha supuesto una readecuación de los equilibrios con la representación prevista del hegemónico Movimiento Sumar a nivel estatal, pero débil en su arraigo local.

Así, es imprescindible la amplia participación deliberativa y decisoria y la negociación de los mecanismos democráticos que garanticen la objetividad representativa de cada cual y la convivencia de sensibilidades y de mayorías y minorías, y distinguir ámbitos, equilibrios y procedimientos democráticos, incluido en las elecciones europeas. Es un auténtico reto, de la dirigencia y la identidad de las diferentes bases partidarias, avanzar en una cultura de respeto de la diversidad y la articulación del pluralismo tras un proyecto común de progreso, aun con variedad de interpretaciones, discursos y prácticas concretas, y sin apropiarse ilegítimamente del patrimonio colectivo.

No obstante, por ahora, y hasta que no se asiente la experiencia sociopolítica y electoral de los próximos meses, los obstáculos unitarios son insalvables. Prima la reafirmación en las opciones estratégicas particulares y la competitividad legitimadora de los liderazgos respectivos; no hay lugar para la suficiente aproximación hacia intereses compartidos frente a los retos sociopolíticos y el resto de los actores, o para la búsqueda de posiciones comunes o intermedias que generen acción compartida y puentes de confianza.

El problema es de carácter estratégico o, si se quiere, político-democrático. Se trata de la percepción antagónica de la dinámica política y sus liderazgos respectivos, así como su incompatibilidad práctica. Lo podemos resumir en la expresión ‘Podemos resta, no suma’; su conclusión operativa es: Podemos sobra, hay que destruirlo o debilitarlo… absorbiendo —sin reconocerlo— su base social, con parte de su estructura, y sus anteriores aportaciones transformadoras. Por supuesto, se producen reacciones defensivas con componentes sectarios que enturbian el abordaje democrático del conflicto.

Pero lo que interesa resaltar aquí es que, en ese marco excluyente, no cabe la colaboración y la unidad —más allá de aspectos colaterales o el objetivo genérico de salvaguardar la gobernabilidad progresista—; prima la competencia y la pugna cainita por acumular la fuerza y la representatividad que demuestren la justeza comparativa de cada proyecto y el estatus de su representación y militancia. ¿Hasta cuándo y en qué condiciones? La realidad empírica y sociohistórica tendrá la palabra, aunque la pugna por su interpretación será muy aguda. Los grandes aprendizajes y correcciones se pueden hacer tras la constatación de importantes errores… aunque se puede seguir reincidiendo en el error infravalorando su carácter destructivo, ético y político. Es decir, las evidencias tendrán que ser muy claras para adecuar las respuestas y reajustar los discursos, con la esperanza de mejorar la calidad democrática y moral de las élites dirigentes, además de su capacidad política y teórica.

El discurso optimista no siempre motiva, ni prepara

La hipótesis de la tendencia ascendente de Sumar, hasta acercarse a la representatividad y el papel político socialistas (junto con la liquidación de Podemos) no parece realista, aunque tenga un carácter performativo; en todo caso, dejaría un reguero de resentimiento en una parte significativa de esa izquierda por las ventajas relativas de aprovechar de forma indebida los recursos fácticos del poder establecido para deslegitimar a Podemos (y otros dirigentes incómodos o fuerzas subsidiarias) para inclinar la balanza de la composición plural de la dirigencia de la izquierda transformadora hacia el ala más moderada y antipluralista; o sea, sin que los resultados representativos sean legítimos y democráticos, con procedimientos participativos objetivos y consensuados. Ello conlleva una regresión en un elemento fundamental: el déficit de la cultura democrática y de respeto al pluralismo, no solo como procedimiento sino como valoración sustantiva entre las fuerzas progresistas de contar en positivo —sumando— con la aportación y la representatividad de cada cual y regulando el tratamiento de los desacuerdos y las minorías.

La hipótesis aquí dibujada es el estancamiento representativo y de influencia de la izquierda transformadora, con un importante impacto en la reducción de escaños parlamentarios, agudizado por su división y el deterioro asimétrico de la legitimidad de sus liderazgos. Así, en la reciente encuesta de 40dB (8/04/2024), desde el porcentaje del 12,31% conseguido en las elecciones generales del 23J por Sumar —con sus aliados e incluido Podemos—, ahora pasa al 8,2%, más de cuatro puntos menos, mientras Podemos, presentándose en solitario, consigue el 2,9%, o sea, en una proporción de uno a tres; del total de ese electorado alternativo del 23J casi un tercio (31%) opta por Podemos y algo menos de la mitad (49%) votaría por Sumar (y sus aliados).

Además de su confirmación analítica, este panorama exige un reajuste, sobre todo, de la actitud democrática, unitaria y pluralista para deliberar y decidir sobre la orientación política y la conformación de sus equilibrios internos y sus dirigencias. Es una base mínima de respeto, reconocimiento y confianza para dialogar y establecer pautas comunes de colaboración y poder dar otro paso consensuado hacia un acuerdo más global, con vistas a las próximas elecciones generales y más allá.

La fotografía electoral de las europeas proporcionará algunos indicios detallados de la realidad representativa. Junto con la experiencia reciente y el conjunto del contexto de este próximo verano y otoño, proporcionará elementos para encarar la reflexión crítica y, en su caso, la reorientación más inclusiva y respetuosa de la conformación de esta izquierda transformadora.

Por tanto, para avanzar en la respuesta a ese interrogante, habrá que esperar a la trayectoria práctica de los próximos meses, el panorama tras las elecciones europeas, los próximos presupuestos generales y el perfil de la legislatura, así como los reajustes constituyentes de este conglomerado alternativo en este periodo hasta finales de año, y comprobar si se confirman estas tendencias y las capacidades articuladoras y participativas de los sectores más activos e influyentes y los dirigentes alternativos.

Por ello, me parece más apropiado señalar el problema como duda y, al mismo tiempo, como emplazamiento para superarlo: ¿serán capaces el conjunto de estas fuerzas en torno a Sumar, e incluido Podemos y, en particular, sus élites directivas, de afrontar sus desafíos estratégicos y organizativos, ampliar su espacio representativo y consolidar una dinámica democratizadora y de progreso? Y, paralelamente, ¿serán capaces de favorecer los vínculos con las izquierdas nacionalistas y el propio Partido Socialista, desde su doble identidad social y confederal/plurinacional, como argamasa para el conjunto del bloque democrático? Lo dejo abierto, recordando lo que tengo escrito en el libro Izquierda transformadora: la solución, de venir, vendrá por el impulso de abajo y, en parte, de fuera de los liderazgos actuales.

Reformas sustantivas y pluralismo

Expongo, finalmente, varios apuntes complementarios de carácter político-democrático como aproximación a la respuesta.

Por una parte, sería imprescindible una firme estrategia reformadora sustantiva, diferenciada y más democratizadora e igualitaria que la de la socialdemocracia que responda a las demandas sociales y el refuerzo de ese espacio transformador. Por otra parte, siendo conscientes de la relación de fuerzas reales, es necesario promover alianzas amplias entre las izquierdas y consensos básicos de un bloque democrático, social y político, para evitar el ascenso autoritario y regresivo de las derechas. Supone la combinación de la cooperación y la unidad de acción junto con la autonomía política con un perfil propio, sin dejarse llevar por el seguidismo a la fuerza dominante, el Partido Socialista, ni por el corto interés partidista. Difícil equilibrio para garantizar el avance social y democrático, desechando la prepotencia antipluralista y el simple ruido comunicativo de exclusivo interés partidista.

Como valores y gestión de conflictos y desacuerdos se tienen que interrelacionar el talante unitario y el respeto al pluralismo. Dicho en otro plano, hay que desterrar la cultura anti pluralista y sectaria, con sus prácticas hegemonistas, burocráticas, fanáticas y autoritarias; lo cual ha sido habitual entre las izquierdas y fuerzas progresistas, con un estilo corporativo específico, durante más de dos siglos. La ley de hierro de la oligarquía de los partidos políticos se acentúa en momentos de crisis política y reajustes partidarios y de liderazgos, con unas bases sociales desamparadas y desconcertadas, por lo que es imprescindible una profundización de la cultura, los talantes y los procedimientos democráticos de los grupos políticos con la reafirmación de su función mediadora y representativa de los intereses y demandas populares.

En ese sentido, podemos añadir un rasgo fundamental a la idea de que la democracia será social y participativa o no será: la gestión democrática de la pluralidad partidista e ideológica y, en general, de los movimientos y grupos sociales, con su diversidad sociocultural e identitaria. Permite incrementar la calidad democrática y ética de las élites políticas e incrementar la confianza popular en la política y los políticos, al menos, los progresistas. Para todo ello es necesario el refuerzo de la activación cívica, cuya ola más relevante ha sido el feminismo, con la participación pública y un talante unitario y pluralista, que fortalezca el avance reformador de progreso, la inserción social por abajo, la vinculación con la diversidad territorial y, por tanto, la integración y articulación política de todo el espacio alternativo confederal.

La democracia será social, participativa y solidaria, o no será

La democracia es la mejor forma de gobierno de los asuntos públicos, teniendo en cuenta la opinión del pueblo en un marco de libertades políticas y civiles. La gestión política y la función mediadora y representativa de los partidos políticos es imprescindible ante la complejidad y diversidad de la sociedad. Este sistema básico (liberal), sustentado en el Estado de derecho y con elecciones libres, está en peligro, no solo a nivel general sino en los propios países europeos, en los que se están reforzando tendencias autoritarias y antidemocráticas, con la instrumentalización generalizada de los medios de comunicación.

La democratización, como proceso participativo de la propia sociedad civil ante la prepotente capacidad decisoria de las oligarquías y el poder establecido, es fundamental. Ante la experiencia contradictoria de las últimas décadas de la aplicación institucional de políticas regresivas y autoritarias, con poco respeto al contrato social y político con las mayorías sociales, se ha producido cierta desafección popular por la política y los políticos. Se muestran las insuficiencias del simple formalismo institucional liberal si no va acompañado de dos características fundamentales. Por una parte, su carácter social o igualitario, como contenido imprescindible para satisfacer las necesidades públicas y refuerzo del Estado de bienestar y los sistemas de protección social y regulación pública. Por otra parte, su dinámica participativa y de profundización democrática frente a los poderes oligárquicos no sometidos a regulación pública. Los dos aspectos, el social y el participativo-democrático, tienen un gran déficit en la construcción de la Unión Europea que, precisamente por ello, se resiente de su legitimidad.

En ese sentido, es insuficiente que la pugna ideológica frente a las derechas se restrinja a la libertad, como plantea la ponencia política de Sumar. Es fundamental no solo la disputa cultural sino, sobre todo, las transformaciones institucionales y estructurales que faciliten la libertad real de la gente y la emancipación respecto de las subordinaciones de todo tipo, es decir, la eliminación de las dinámicas de dominación.

No obstante, siguiendo la mejor tradición de las izquierdas democráticas y fuerzas progresistas, desde la revolución francesa y el republicanismo cívico, la política transformadora debe incorporar y combinar otros dos ejes fundamentales, la igualdad y la solidaridad.

Así, la igualdad social, no solo retórica o formal en el plano jurídico o de los derechos, sigue siendo fundamental respecto del conjunto de estructuras sociales, económicas y políticas con profundas situaciones de desigualdad. La lucha contra la desigualdad es un patrimonio de las izquierdas durante estos dos siglos, y es imprescindible para avanzar en la igualdad de oportunidades y condiciones igualitarias, individuales y colectivas, en particular entre los grupos subalternos, con fuertes y gravosas desigualdades existentes de clase, de sexo/género o étnico-culturales, de raza u origen nacional…

Igualmente necesaria es la solidaridad (o comunalidad, mejor que fraternidad por su sesgo masculino), considerada como proceso de cooperación social, incluido en los propios mecanismos protectores del Estado de bienestar, y apoyo comunitario. Es doblemente relevante en las actuales dinámicas de individualismo y desprotección pública, con la exigencia del reparto solidario de las tareas reproductivas y de cuidados, junto con su colectivización. Sigue siendo un elemento fundamental del feminismo, el ecologismo, el sindicalismo y la solidaridad internacional, así como con componentes de identificación sociocultural y sentido de pertenencia de clase o de grupo nacional. Se basa en el doble papel del ser humano, su carácter individual y social, con lo que la interacción humana, además de necesaria, debe seguir unos criterios éticos, con unos derechos humanos y sociales que refuercen la sociabilidad, la cohesión y la integración social.

En definitiva, los tres valores tienen características propias, pero, sobre todo, tienen una interacción entre ellos para que se apliquen de forma combinada y con las prioridades adecuadas en cada momento y circunstancia. Desde la perspectiva emancipadora, tienen plena vigencia ideológica, y hay que readecuar y fortalecer su implementación en estas sociedades con fuertes tendencias dominadoras, segmentadoras e insolidarias. Es la mejor forma de reforzar la democracia social, participativa y solidaria y avanzar en el bien común.