En 1975 Lucila Aragó fue detenida y conducida a la Dirección General de Seguridad de Valencia. Allí fue torturada por agentes de la Brigada Político Social durante nueve días, pese a que el tope para la privación de libertad era de cinco. Pertenecía al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP. La acusaban de terrorismo. En el mismo edificio donde hoy está la Jefatura Superior de Policía, y que no luce ninguna placa en recuerdo, Lucila sufrió interrogatorios continuados, patadas en las piernas, puñetazos en la espalda. A veces los policías hacían “el corro”, y se iban pasando su cuerpo de unos a otros a empujones. Otras la tumbaban sobre una silla apoyada en la zona lumbar para que permaneciera de manera horizontal. En esa dificultosa posición le pegaban golpes en la planta de los pies.

El pasado 16 de marzo de 2024 llegaba a Buenos Aires (Argentina) para declarar por primera vez en un juzgado por el maltrato sufrido. Ha tenido que esperar 49 años y recorrer 10.000 kilómetros. Pero siente satisfacción. Confiesa que hasta 2010, cuando un grupo de víctimas del franquismo se coaligaron en CEAQUA para poner una querella al otro lado del charco, no se dio cuenta que era una de ellas. Y ya solo el “darse cuenta” es un paso muy importante para acabar con el muro de impunidad, explica a El Salto. “Tras declarar he sentido una mezcla entre pesadilla, horror y vergüenza porque esto permaneciera en el lado oscuro, y además tengo un sentimiento contradictorio porque dada la situación en Argentina no sabemos cuál va a ser el recorrido de la querella, los compañeros allí están preocupados”, explica.

Entre el 16 y el 24 de mayo una delegación de CEAQUA, la coordinadora de organizaciones que impulsó una querella contra el franquismo en Argentina, se ha personado en los juzgados de Buenos Aires para ser atendida por la jueza María Servini, quien lleva la instrucción de la causa. 16 víctimas y peritos han vuelto para demostrar que el caso de Lucila Aragó no fue un caso aislado, y que durante el franquismo y la transición se cometió violencia sistémica contra un sector de la población, y por tanto, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

“Mi sensación es que la jueza Servini tiene mucha disposición pero está teniendo muchas dificultades por falta de colaboración del Estado español”, expresa Gabriela López Neira coordinadora del Centro Sira, quien ha acudido a Argentina como psicóloga y perito forense. En el viaje han constatado que gobierno y jueces bloquean tanto la información que solicita la jueza argentina como las rogativas para que las víctimas declaren en suelo español. “Estamos muy lejos de Argentina, donde tienen 1.200 militares condenados. Ellos también tenían una ley de amnistía que revocaron y una narrativa clara de que no se puede equiparar la violencia ejercida por el poder de la ejercida por los grupos que luchaban contra la dictadura”, explica López.

Tortura sistematizada

Desde su organización y empezando en 2017 se han realizado las evaluaciones periciales de 26 casos de torturas, abriendo 26 protocolos de Estambul, como se conoce a estos informes. Realizando un análisis de los datos recabados, asegura que fueron a Argentina a defender que los métodos utilizados son sistemáticos y no varían entre el 70 y el 78.

Así, todas las personas refieren condiciones de detención inhumanas, restricción de acceso al agua, a la alimentación. Además, todos se enfrentaron a la violencia física como un instrumento para debilitar a la persona usando golpes generalizados con distintos objetos y métodos específicos. “Descata la zalanga, un método de tortura que consiste en dar golpes con una vara en el nervio que recorre el pie. El 52% decían que era una práctica recurrente. Este método deja secuelas crónicas, las víctimas 40 años más tarde tienen dificultades cuando caminan algo de tiempo o necesitan llevar calzado especial”, explica López. El 74% asegura que sufrió además otro tipo de tortura: la tortura por posición, que consiste en obligar a la víctima a pasar largos periodos de tiempo en posturas incómodas, como sujetando un papel en la pared con los dedos o de rodillas sobre garbanzos. “Hay una tortura específica que es el pato: un ejercicio extenuante que consiste en hacer al detenido que camine acuclillado y con las manos debajo de las piernas”. También se usaban los métodos de asfixia en seco con una bolsa o en la bañera. “Se usaba también el teléfono: te golpean con ambas manos en los oídos lo que podía provocar el estallido del tímpano”, describe la perito.

Un dato que llama la atención, y del que poco se habla, avisa la psicóloga, es que un 40% refiere haber sufrido violencia de carácter sexual, que incluye la desnudez forzada o tocamientos. Y, más allá de lo físico está la violencia psicológica. “El 80% sufrió una manipulación del afecto; los verdugos intentaban generar vínculos con las víctimas, lo que es bastante desconcertante. Un 90% de las víctimas dicen que sufrieron actos humillantes y un 70% actos que generaban vergüenza. En un 80% de los casos había amenazas, incluso contra sus familiares. Un 50% sufrieron simulación de muerte, les apuntaban con una pistola o simulaban que les iban a tirar por la ventana”, describe la coordinadora del Centro Sira.

Procesar a Martín Villa

Torturas que se alargaron en el tiempo, hasta pasada la transición, ya que la policía armada no se reforma hasta el 78, tal y como explica José Babiano, perito integrante de la comitiva de CEAQUA y miembro de la Fundación 1º de Mayo. Babiano realizó el viaje para entregar un detallado informe sobre el contexto, una manera de impulsar la querella que se encontraba estancada.

En 2015 Servini pidió la extradición de hasta 20 miembros de la represión franquista pero España lo bloqueó. De hecho, la propia jueza tuvo que volar hasta España en 2020 para tomar declaración al único encausado que ha accedido y que permanece con vida: el exministro de Relaciones Sindicales Martín Villa. Sin embargo, y tras los esfuerzos de la jueza, la Cámara Federal de Apelaciones de Argentina impidió que Villa fuera procesado. Solicitaron a Servini más información de contexto para comprobar que la actuación del exministro se sitúa en un contexto de represión sistémica contra un lado de la población. Martín Villa se encontraba en el mando cuando una huelga obrera en Vitoria acabó con tres muertos el 3 de marzo de 1976. O cuando Teófilo del Valle fue asesinado durante una huelga del calzado en Elda el 26 de febrero de ese mismo año. Villa reconoció los crímenes y habla de “errores policiales”. La delegación que ha acudido a Argentina ha dejado informes que demuestran que no son casos aislados y que la represión del tardofranquismo continúo hasta 1978 bajo los mismos métodos, una vez muerto Franco.

“Cuando Martín Villa declara dice que esos crímenes existieron, pero que son cosas puntuales, errores de la policía, que han prescrito. El argumento de los abogados de la querella es que el contexto era de represión continua contra las actividades de la oposición con pautas heredadas del franquismo. Tras la muerte de Franco continuaba la práctica de la tortura y la represión de cualquier manifestación pública usando armas de fuego. El 1 de mayo de 1977 los sindicatos, que habían sido legalizados en abril, hicieron una convocatoria unitaria y fue prohibida. La intervención policial en Madrid dio lugar a 150 heridos. El ejercer un derecho que ya estaba reconocido se convirtió en una ensalada de golpes”, ejemplifica Babiano, cuyo testimonio ya había sido solicitado por el juzgado argentino en septiembre del año pasado, en el Estado español. Desde CEAQUA denuncian que las trabas tanto de la Cancillería Argentina como de los juzgados españoles lo imposibilitaron.

Durante este viaje se ha presentado como prueba documental el Informe sobre la Tortura en el País Vasco del Instituto de Criminología de la UPV impulsada por el Gobierno Vasco, así como testimonios y pruebas de los hechos de los Sanfermines del 78 donde murió asesinado Germán Gonzáles. Y se han depositado informes sobre otros crímenes cometidos durante la dictadura más allá de las torturas: las desapariciones forzadas, para lo que han declarado como expertos peritos Miguel Mezquida, director arqueólogo y Javier Iglesias antropólogo forense del equipo de Arqueoantro, así como Daniel Galán en representación de la Plataforma de familiares del cementerio de Paterna y Manuel Sánchez, integrante de la asociación Todos los niños robados son también mis niños.

Más de 100 querellas

“La experiencia ha sido muy buena, hemos aprendido mucho de cómo está la situación allí en tema memoria y lo que han conseguido que es muchísimo. Tengo la sensación de que nuestro viaje ha servido y va a servir para relanzar la querella”. Rosa García Alcón atiende a El Salto horas después de volver a España. Como Lucila Aragó está satisfecha, ha podido declarar ante un juzgado 50 años después de ser torturada por la Brigada Político Social en la Dirección de Seguridad de Madrid, hoy sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. También como Aragó, García ha visto que su querella en España se enfrentaba al archivo en los juzgados, en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Constitucional. Exactamente el mismo camino que han seguido más de un centenar de denuncias realizadas en el Estado en paralelo a la querella argentina.

“Mi querella como las otras tantas han terminado el curso en España. La mía está ya ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU”, expresa. Algo de esperanza tenía depositada en la nueva Ley de Memoria Democrática. Pero confiesa que este deseo ha caído en saco roto y así se lo han transmitido a la jueza Servini. “La nueva ley no ha supuesto una variación en los tribunales porque siguen sin admitir querellas y se siguen usando los mismos argumentos: la ley de amnistía, el principio de legalidad —en el momento de los hechos delictivos no estaba tipificado en el ordenamiento español el crimen de lesa humanidad— y la prescripción de los delitos. Le hicimos ver que seguimos en una situación parecida y que necesitábamos seguir manteniendo la querella argentina porque en la actualidad es la única querella que hay en el mundo investigando los crímenes del franquismo y de la transición”, explica García.

Rosa García fue torturada a manos del temido policía Antonio Pacheco, conocido como Billy el Niño, quien estuvo procesado en esta querella y se pidió su extradición, antes de fallecer por coronavirus. “Me recibió a golpes. Como yo era muy pequeña, al mínimo golpe me caía al suelo y él me levantaba de los pelos”. “Zorra”, “guarra”, “puta”, escupía desde su boca, tal y como explica García, presidenta de La Comuna, asociación de presos del franquismo. Hasta siete días estuvo así antes de entrar en prisión.

“Era 1975, han pasado 49 años y es la primera vez que declaro en sede judicial. Me siento aliviada de que me escuchen y por lo menos que comprueben que lo que yo cuento le pasó a muchísimas personas, no es algo extraordinario y no se nos ha escuchado, se nos ha obligado a mantener silencio. Han decidido que olvidemos cosas que no puedes olvidar. Yo di el paso en su momento y es necesario. Yo soy de esperanzas, de toda la vida. Soy positiva y cualquier paso que demos en favor de conseguir justicia será siempre un avance”, concluye.

[Fuente: El Salto]