Los tractores siguen bloqueando las carreteras, se anuncian nuevas movilizaciones y los problemas que el sector del campo ha puesto encima de la mesa empiezan a copar el centro del debate político y de los medios de comunicación. Entre las exigencias de unos y otros, y entre las que la extrema derecha quiere cooptar y aprovechar en su propio beneficio, se cuela una que es una vieja conocida entre muchos activistas y organizaciones sociales que no tenían por qué formar parte del campo: los tratados de libre comercio.

Como una de sus principales exigencias, las tres asociaciones de agricultores Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), han reclamado que se paralicen por completo las negociaciones de uno de los grandes acuerdos que están encima de la mesa, el acuerdo Mercosur con la Unión Europea, que eliminaría barreras y abriría más todavía el comercio con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. También piden la “no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda”, que está pendiente de su último trámite de ratificación por parte del Parlamento de Nueva Zelanda y que, según han explicado a El Salto desde COAG, “abre las puertas a que se importe carne y leche desde el otro lado del planeta”. Además, también exigen que “se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia”, todos ellos firmados por la UE en los últimos años.

Esas proclamas no son nuevas, aunque sea cuando los agricultores han paralizado las carreteras cuando han saltado al debate público. Desde los movimientos sociales y las campañas contra los tratados de libre comercio se lleva alertando de que estos acuerdos comerciales iban a tener unas consecuencias devastadoras sobre el campo, la ganadería, las economías que se sustentan sobre dichos sectores, en el planeta y sobre nuestros propios cuerpos. La campaña contra el tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos, el conocido como el TTIP, fue eje vertebrador de cientos de movimientos sociales, agricultores, ganaderos y defensores ecologistas y de los derechos humanos de toda Europa. Aquel tratado se consiguió congelar tras la victoria de Trump, pero otros como el acuerdo con Canadá, el CETA, y los que se han firmado en los siguientes años y que ahora las organizaciones de agricultores piden que se paralicen y renegocien. De aquellos acuerdos de libre comercio, estas protestas.

La Organización Mundial del Comercio en la raíz de todo

Para encontrar las raíces de los problemas que ahora florecen en forma de descontento del campo hace falta apuntar al comienzo del establecimiento de las normas del comercio internacional en esta última era globalizadora. Andoni García, miembro de la ejecutiva de COAG y del comité coordinador de Vía Campesina Europa, señala el comienzo en la PAC de 1992, “la cual se adaptó a las negociaciones de la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)”, lo que más tarde se acabó convirtiendo en la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Ahí empieza la influencia de la globalización y de la OMC sobre la política agraria europea”. Desde ahí, explica García, se empiezan a bajar o eliminar los aranceles, así como otras herramientas que protegían a los agricultores como los precios indicativos de la producción. “Se decide que se tiene que eliminar las regulaciones para facilitar el comercio internacional, así como las ayudas directas”.

En Vía Campesina lo tienen claro y así lo plasman en uno de sus comunicados: “La OMC se ha convertido en un espacio donde prevalece la Regla del Poder, con unos pocos países desarrollados determinando el curso del comercio mundial”. Pero “cuando esa OMC descarrila y no avanza -dice García- es cuando se empiezan a impulsar estos tipos de acuerdos de libre comercio bilaterales”, donde la UE ha tenido un papel fundamental.

No se juega con las mismas reglas

La principal oposición a este tipo de tratados siempre ha puesto en el centro las diferencias reguladoras entre los dos lados del acuerdo. La UE ha desarrollado unas legislaciones y controles mucho más avanzados que la de otros países del sur global o que la de países con perspectivas reguladoras mucho más liberales como Estados Unidos o Canadá. La explicación sencilla podría resumirse en que la mayoría de estos tratados intentan igualar las regulaciones en una negociación que casi siempre acaba siendo a la baja, en lo que eufemísticamente se ha llamado “cooperación reguladora”.

“Los tratados han ido mucho más allá del tema arancelario, han ido al asunto regulatorio”, explica Lucía Bárcena, del Transnational Institute y participante de la campaña contra los tratados de libre comercio. “Los estándares y controles que existen en Europa para ciertos productos agrícolas son obstáculos y es ahí donde entra esta cooperación reguladora que busca eliminarlos”, añade. Según la investigadora, esas rebajas en la regulación han llevado a una liberalización donde se ha permitido que llegue hasta nuestros supermercados y platos productos que antes no se permitían o que siguen procesos de control y calidad mucho más laxos.

En cuanto a los controles o la ausencia de ellos, “la cosa va mucho más lejos”, dice el representante de COAG. “En los acuerdos de libre comercio y los de la OMC obligan a que el país receptor, en este caso la UE, acepte como válidas los controles que se hacen en los países de origen de esas producciones y las certificaciones que hacen las empresas, con más o menos controles públicos”. Por si fuera poco, también prohíben que las administraciones públicas hagan controles sistemáticos en las fronteras. Es decir, como receptores se tienen que fiar de las certificaciones de empresas privadas de otros países y, además, “las normas que tiene ese comercio internacional no son las mismas que las que tenemos que cumplir dentro de la UE”, lamenta García.

Otra de las grandes diferencias en cuanto a los controles, y por lo tanto los costes y tiempos, en los que incurren los agricultores de los dos lados de uno de estos acuerdos puede ser el sistema de control de daños. “Europa se basa en el sistema de garantía, es decir, me tienes que demostrar que cumples las reglas fitosanitarias y hacer controles en toda la cadena del producto”, dice Javier Guzmán, director de la organización Justicia Alimentaria, la cual lleva años señalando los problemas que iban a causar estos tratados que hoy estallan en forma de protestas y de un sector agrícola en serios apuros. En cambio, en Estados Unidos y otros países e un sistema de riesgo: “Yo lo vendo y si pasa algo, pues lo paro. Además, el que tiene que demostrar que ese algo ha ocurrido y ha sido por culpa del producto es el Estado que lo recibe”, explica. Pone uno de los ejemplos que fue más sonado cuando se batallaba contra el TTIP: el pollo clorado. “En Europa la producción de pollo necesita hacer controles en toda la cadena, es bastante garantista, pero en Estados Unidos no se hacen controles durante el proceso, cuando llega al final de la cadena se lavan con cloro para limpiar las bacterias y es entonces cuando hacen el único control. Cuando firmas un tratado de libre comercio con un país que haga eso, estás aceptando que el pollo clorado llegue a tu plato”.

Si no existen las mismas reglas, “entonces se produce una competencia desleal”, dice Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA. Son conscientes de que en el tema de las diferencias laborales como el salario no pueden exigir mucho, pero sí que cuestiona que “si la política de la PAC está muy enfocada a cuidar del medioambiente, tal y como la sociedad europea nos reclama, por lo menos no se deberían utilizar productos fitosanitarios que en Europa no están permitidos y que a esos países se les exija que cuiden el planeta igual que se nos exige a nosotros”. Aunque dice que hay cientos de ejemplos, explica uno muy visual y sencillo: “Hay productos que para producirlos se está deforestando la Amazona y se están exportando a Europa, cuando aquí se nos exige que cuidemos el medioambiente, lo que es un ejercicio de cinismo increíble”.

La agricultura como moneda de cambio

La UE se cimentó sobre el comercio. Desde entonces, las instituciones del Viejo Continente han sido las principales impulsoras de este tipo de tratados para fomentar la eliminación de barreras comerciales y aumentar las exportaciones y el comercio para aprovechar las ventajas tecnológicas e industriales que tuvo en su momento y que poco a poco van desapareciendo con el impulso tecnológico de los países asiáticos. “Europa ha sido el motor de todo este tinglado de los tratados de libre comercio, los más beligerantes e impulsores en todo el mundo de estos acuerdos”, dice Javier Guzmán, añadiendo que “algunos han salido bien y otros, mal”.

Hace mucho que Europa decidió ser una potencia exportadora de servicios y de otro tipo de productos de mayor valor añadido. Pero, para que te abran los mercados a tus empresas y productos mediante estos acuerdos comerciales, hay que dar algo a cambio. El mercado europeo sigue siendo un caramelo para aquellos países y sus empresas que han apostado por convertirse en potencias agroexportadoras y que ven en el continente uno de los principales mercados por población y niveles de renta. Un win-win para las grandes empresas y sectores poderosos con ejércitos de lobbies acechando Bruselas, pero no tanto para los pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

“La UE lleva ya mucho tiempo defendiendo otro tipo de intereses no agrícolas”, afirma con rotundidad García, de COAG, “sino de las empresas de servicios”. Javier Guzmán señala más allá del sector servicios: “Tecnología, coches, productos farmacéuticos y sobre todo químicos impulsados por la gran industria francesa”. Los dos coinciden en que la agricultura y el goloso mercado de la UE ha sido utilizado como moneda de cambio en los acuerdos comerciales. “Hemos vendido nuestra agricultura y a la gente del campo porque nos interesa más vender coches”, lamenta Guzmán. A lo que, en la misma línea y en relación a lo que está ocurriendo estos días con las protestas, Montse Cortiñas de UPA añade: “Parte del cabreo del sector agrario es que siempre que hay que ceder en algo en los tratados, se cede en agricultura”.

¿Quién se beneficia de los tratados?

Como se ha comentado anteriormente, hay industrias que salen ganando de que se firmen este tipo de acuerdos ya que les abre las puertas y elimina barreras en otros países donde colocar sus productos y servicios. También productos agropecuarios. Los productores pequeños, en cambio, se quedan fuera de ese juego. Son las grandes empresas, las que han sido capaces de dar un salto de tamaño o las que han contado con enormes cantidades de financiación por parte de fondos, las que son capaces de aguantar esa competencia desleal y convertirse en participantes de este juego del comercio global. “Muchas de esas que están a medio camino lo han hecho a base de endeudarse, pero ahora no aguantan más la presión, no son capaces de competir, les han incrementado los precios de los insumos como los fertilizantes o los precios energéticos”, señala Guzmán como un motivo totalmente legítimo para que muchos de esos empresarios medianos sean los que están ahora bloqueando las carreteras.

Por lo que este tipo libre comercio sólo acaba beneficiando a los grandes operadores y agroexportadores. Aquellos que, según el director de Justicia Alimentaria, pueden acumular más capital, endeudarse más, tienen un mayor poder y una mayor información que se concentra en cada vez menos manos. Además, añade, “es más fácil producir para exportar que para el mercado local, tiene muchas más salidas, las administraciones te dan más facilidades y te muestran un mayor apoyo si vas a exportar”. Es decir, al final, este tipo de tratados no sólo no facilita a la gran industria agroexportadora porque abre las fronteras de terceros países, sino que también elimina de manera gradual sus pequeños y medianos competidores con una competencia desleal que se encuentra en el centro de las protestas de estos días.

¿Ayuda a los agricultores de terceros países?

Otro de los argumentos que se suelen esgrimir en defensa de los acuerdos de libre comercio es que favorecen el desarrollo y la salida de la pobreza de los agricultores de los países del sur y de sus economías, ya que pueden acceder al mercado europeo. Suena bien, pero no es cierto. Si el acaparamiento de tierras, el aumento de tamaño y las diferencias de capacidad de financiarse son grandes entre los pequeños productores y los grandes fondos e industrias en países como España, en los países del sur son abismales. El acaparamiento de tierras y este control por parte de los grandes fondos y las grandes empresas exportadoras, que en muchas ocasiones son de capital europeo, acaparan tierras, agua y otros recursos haciendo imposible para los pequeños agricultores que puedan competir, exportar en las mismas condiciones o, incluso, subsistir en su propio mercado nacional.

Además, estos grandes conglomerados de exportación acaban acaparando las mejores tierras para dedicarlas a los mercados de fuera, generando enormes distorsiones en los mercados locales. “Los países se especializan formando polos exportadores”, dice Guzmán, pero esas exportaciones ya no tienen nada que ver con la alimentación local, con tus mercados o con tus insumos, sino que se convierten en commodities [nombre que se le da a las materias primas y alimentos que cotizan en los mercados de futuros] intercambiables y se pierde el control sobre la alimentación local”, lamenta. Por lo que no es una cuestión de agricultores del sur contra el norte, o de un país contra otro, sino de que estos acuerdos acaban beneficiando a los grandes productores que controlan, cada vez más, todo el mercado mientras los pequeños agricultores tienen que acabar protestando en las calles para sobrevivir.

A oscuras, en despachos y a espaldas del campo

Las quejas por parte de las organizaciones de agricultores sobre cómo se fraguan estos acuerdos comerciales son las mismas que ya se señalaban los movimientos sociales y organizaciones ecologistas con el TTIP y el CETA hace una década: “Los tratados de libre comercio se negocian con total oscuridad, en los despachos de Bruselas y sin tenernos en cuenta”, lamenta Cortiñas. Desde esta asociación de pequeños agricultores defienden que el sector agrario tiene que ser tratado como un interlocutor válido, que participe de manera plena en esas negociaciones.

En dichas negociaciones, que son secretas incluso para los eurodiputados, el peso de los lobbies representantes de las grandes industrias tiene un peso muy grande. Al final, denuncian desde las organizaciones de pequeños productores, sólo se tiene en cuenta las exigencias de las grandes empresas, de sus lobbies en nómina o de otros sectores con más poder de negociación que participan en la elaboración de esos tratados para que se les abra las puertas a sus productos y servicios pagando con la agricultura como moneda de cambio.

Entre tractoradas y protestas, en este momento se sigue negociando el tratado Mercosur-UE, falta poco para ratificarse en las instituciones de Nueva Zelanda el tratado que puede inundar el mercado europeo de carne y leche que haya recorrido miles de kilómetros y otro acuerdo con Kenia sigue avanzando. Las tres organizaciones piden la paralización de dichas negociaciones y siguen dispuestas a seguir con sus protestas hasta que sean escuchados, tomados en cuenta en las negociaciones y se avance en un sistema más justo. Tal y como resumen perfectamente Vía Campesina en uno de sus comunicados: “Como voz global de las personas de la tierra, solicitamos un Marco de Comercio Internacional basado en principios de solidaridad, justicia social, internacionalismo y Soberanía Alimentaria”.

[Fuente: El Salto]