El frágil acuerdo entre Sumar y Podemos se ha roto. Es necesario explicar su significado, analizar el contexto, las perspectivas estratégicas y el futuro y, sobre todo, definir los retos para la izquierda transformadora y el camino por recorrer.

Poner las luces largas

La dirección de Podemos ha decidido salirse del grupo parlamentario de Sumar e incorporarse al grupo mixto. Se abandona el acuerdo constitutivo de la coalición Sumar firmado por dieciséis grupos políticos. Es una decisión unilateral, no pactada con el resto del grupo parlamentario, aunque sí comunicada antes de hacerla pública, de carácter colectivo y motivación política. O sea, cinco diputados y diputadas ejecutan una opción decidida por su partido político, Podemos, al que pertenecen y que los propuso como sus representantes en las listas electorales de la coalición.

Lo justifican al amparo de la reciente decisión masiva de su militancia —más del 86% de cerca de 31.000 votantes— de garantizar su capacidad de acción política, con su autonomía frente a Sumar, y a la vista de su marginación y la imposibilidad operativa en ese grupo parlamentario. Más allá de su controvertida calificación jurídica respecto del pacto contra el transfuguismo, conviene poner el foco en su trascendencia política. Veamos el significado de este hecho, su justificación y su contexto.

En un tema tan sensible y complejo se exige el máximo rigor analítico y una profunda actitud democrática, unitaria y respetuosa con el pluralismo. Se trata de poner las luces largas que permitan iluminar el presente y un recorrido suficiente del devenir de la izquierda transformadora desde la perspectiva de un objetivo compartido: garantizar una gobernabilidad de progreso que impida la involución de las derechas y garantice el avance social y democrático para la mayoría social.

El acuerdo político alcanzado para presentarse conjuntamente a las elecciones generales del 23 de julio era positivo y consiguió unos resultados político-electorales mínimos en dos planos. Uno, obtener una representación parlamentaria suficiente de la izquierda alternativa para contribuir al gran reto de alcanzar una mayoría parlamentaria del bloque democrático y plurinacional. Otro, más específico, condicionar la primacía del Partido Socialista en la gobernabilidad y promover un proyecto reformador y democratizador de país más ambicioso.

Ese acuerdo, a pesar de ser considerado injusto por Podemos por no reflejar adecuadamente su representatividad y dado lo que estaba en juego y las constricciones de la ley electoral, ha sido un ejercicio de responsabilidad de todas las partes tras un objetivo superior. Ha asegurado esa remontada progresista y ha vencido a las derechas y su proyecto regresivo y autoritario. Ha cumplido su primer gran cometido, pero ha demostrado su fragilidad para mantener su sostenibilidad y avanzar en su consolidación.

El hecho evidente es la incapacidad de una actuación compartida, plural y proporcional, con una articulación democrática y unitaria de todo el conglomerado del grupo parlamentario plurinacional de Sumar. La crítica de Podemos a su marginación de las responsabilidades y posibilidades de iniciativa parlamentaria y gubernamental es convincente, y es admitida de forma transversal en la mayoría de la opinión publicada. En ese sentido, Podemos considera incumplido el acuerdo por un trato no equitativo, y lo deja sin efectos.

Se enmarca en la existencia de ciertas discrepancias políticas sintetizadas, esquemáticamente, entre una corriente de izquierda más amable y posibilista que apuesta, sobre todo, por el diálogo social y la cooperación con el Partido Socialista y una tendencia más exigente, crítica —ruidosa— y transformadora, más diferenciada de la socialdemocracia.

No entro en el detalle. Es bien sabido que las derechas y el poder establecido —institucional, mediático, económico…—, han ejecutado una estrategia de contención, con muchas medidas antidemocráticas, de la dinámica transformadora que han venido propugnando las fuerzas del cambio de progreso y, en particular, Podemos. Así mismo, el Partido Socialista ha realizado, con el sanchismo, un proceso de cierta renovación y reorientación política más de izquierdas y abierta a las alianzas con su izquierda (y los nacionalistas) que le ha permitido, junto con sus amplios recursos institucionales, recuperar parte de su electorado perdido, achicar el espacio socio electoral de la izquierda alternativa, frenar sus demandas de cambio sustantivo y debilitar su representación institucional.

En ese marco de descalificación de Podemos añado un elemento crucial, extendido también entre las izquierdas, que ha contribuido a su aislamiento político y su deslegitimación social: la visión excluyente de que Podemos resta y no suma. No entro a valorar sus deficiencias y errores. Tengo escrito mucho sobre su trayectoria en el contexto de esta última década. Lo que me interesa destacar aquí es que esa valoración de Podemos como un obstáculo para el ensanchamiento electoral progresista y el refuerzo transformador, y no como un activo positivo y necesario, aun con sus límites e insuficiencias, lleva a impedir el diálogo y la colaboración en el espacio del cambio y a justificar una actitud prepotente y sectaria de marginación. Conlleva una actitud antipluralista. Con esa idea, la solución sería su liquidación o, al menos, colocarlo en una posición subalterna e inoperativa. La reacción sectaria contraria hacia Sumar es la acusación de traición y entreguismo al poder establecido, con llamada a la venganza. Bloqueo total.

Desde esa lógica negativa del papel de Podemos y el no reconocimiento de su representatividad, no tiene sentido la colaboración o los procedimientos democráticos para dilucidar las propuestas políticas y responsabilidades institucionales; prima la imposición de la opción de excluir lo que resta e infravalorar lo que puede sumar. Y ello choca, evidentemente, con su subjetividad de pretender ser el motor transformador de la coalición, o de hablar de unidad y frente amplio, siempre de forma instrumental para cada cual, y solamente en el supuesto del particular predominio dirigente de la confluencia.

En un sistema democrático-pluralista se pueden admitir las creencias de cada actor sobre la corrección y la conveniencia de su propuesta política y su legitimidad para aspirar a una posición institucional más relevante sobre su orientación y liderazgo. Pero requiere dos complementos básicos: negociación y lealtad a unos objetivos compartidos, y procedimientos democráticos y respetuosos del pluralismo, a mediar y converger. Y ello sin recurrir a las ventajas externas adicionales para adquirir mejores condiciones o posiciones de partida que privilegien los propios intereses personales o de grupo, que corroen el propio espíritu democrático.

Se trata de ser realista sobre la persistencia del pluralismo político, la diversidad ideológica y el conflicto de intereses y, al mismo tiempo, arbitrar la voluntad unitaria y los mecanismos deliberativos y decisorios adecuados. Complejidad que exige calidad ética y compromiso cívico, que no siempre se valoran en la selección de las responsabilidades orgánicas e institucionales.

A mi modo de ver, esas discrepancias políticas, con diversas implicaciones estratégicas y teóricas, podrían convivir en un amplio frente plural a condición de mantener un sistema de evaluación realista sobre su efectividad para el bienestar social o el interés común compartido y consensuar los procesos orgánicos para su deliberación, decisión y gestión. Lo que es incompatible es la visión sectaria y excluyente del otro grupo político, normalmente con fanatismos justificativos, que ni siquiera permite el diálogo, la regulación del disenso y la colaboración constructiva. Lo que falla es la calidad democrática y ética en la articulación organizativa, vinculada con la voluntad transformadora. En definitiva, es imprescindible una cultura política democrática por su capacidad participativa, su respeto de la pluralidad y su capacidad integradora y de liderazgo compartido, aspectos no muy boyantes en la izquierda política.

Superar la fragmentación, la prepotencia y el sectarismo

Se ha hablado mucho durante dos siglos de la incapacidad de las izquierdas para su unidad y su capacidad articuladora de la sociedad. Es verdad. Las derechas lo tienen más fácil, dependen de los intereses de los distintos grupos establecidos de poder económico e institucional y las estructuras de dominación. Las izquierdas deben contar con la participación democrática y cívica de las mayorías sociales subalternas; su influencia sociopolítica depende de su grado de legitimación pública y arraigo social, es decir, de la articulación democrática de la sociedad, de la experiencia igualitaria y solidaria de las capas populares. Su representación social y política debe reunir mayores valores emancipadores y democráticos, con una profunda cultura respetuosa de los derechos humanos.

Las limitaciones de la acción política institucional, los intereses corporativos de las élites representativas, la férrea ley de la oligarquía de los partidos políticos, constituyen grandes obstáculos para la acción progresista y la vertebración social. Sus efectos son el sectarismo, la burocratización y el autoritarismo prepotente. Sin embargo, lejos de la utopía anarquizante de la ausencia de organicidad o el espontaneísmo individualista, las estructuras organizativas, sociales, culturales y políticas, y las instituciones estatales y paraestatales son instrumentos necesarios para la regulación de la vida social, son mecanismos de intermediación imprescindibles; pero son contradictorios, necesitan contrapesos democráticos y participativos y una cultura solidaria.

La generación antifranquista se curtió en la acción por la democracia, diversos movimientos sociales y el tejido asociativo solidario han desarrollado prácticas participativas de base y fortalecido el cambio sociopolítico y cultural; la llamada generación del movimiento 15-M, como expresión de casi un lustro de variada y multidimensional protesta cívica, junto con la posterior conformación de las fuerzas políticas del cambio de progreso y la reciente cuarta ola feminista, han supuesto un revulsivo para la regeneración democrática, la igualdad y la justicia social.

La actual configuración parlamentaria y gubernamental de las izquierdas refleja la terminación de un ciclo de esa prolongada experiencia y la transición a una nueva etapa de recomposición de equilibrios representativos y prioridades estratégicas. Sin descartar un mayor debilitamiento de la izquierda transformadora y en una difícil y compleja situación, existen todavía suficientes energías sociales para empujar por una democracia social avanzada y apuntar a un frente amplio progresista, superando la fragmentación, la prepotencia y el sectarismo.

Queda abierto el alcance de la respuesta popular y la activación cívica que pueda compartir con la acción institucional de las izquierdas un horizonte de cambio, de progreso, de confianza popular en su representación social y política con suficiente credibilidad transformadora y democrática. Está por ver la recomposición, la consistencia y la capacidad de articulación social y política de esa élite dirigente para hacer frente a ese desafío. El debate y el respeto a la diversidad es fundamental, también el talante unitario, integrador y colaborativo. Esta experiencia que se inicia va a forjar, en un sentido u otro, la base de activistas y el liderazgo alternativo de la nueva etapa.

Qué tipo de cambios se producen, por qué y cuáles son sus efectos

Como han expresado, Podemos mantiene su compromiso, ratificado ampliamente por su militancia (el 86% de más de 55.000 personas inscritas participantes), de apoyar al socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, participar en una mayoría parlamentaria, democrática y plurinacional que respalde la suficiente estabilidad gubernamental en esta legislatura y neutralizar la ofensiva reaccionaria de las derechas extremas. Aunque no ha participado directamente en los grandes pactos gubernamentales del Partido Socialista con los independentistas catalanes, sobre la normativa para encauzar el conflicto catalán —la ley de amnistía—, o con la dirigencia de Sumar sobre el programa de reformas sociolaborales, su posición es clara: la exigencia de mayor coherencia y ambición transformadora, no reducir su impacto reformador, frente a lo que propugnan las derechas y el empresariado.

En lo primero, para reforzar el carácter plurinacional y democrático del Estado, las alianzas con las izquierdas nacionalistas frente al peso de las derechas y el reforzamiento de la convivencia intercultural y la cooperación federal/confederal frente a la crisis territorial. En lo segundo, para acentuar unas reformas sociales y democráticas más ambiciosas, que frenen los riesgos de desigualdad social y de género, así como de desprotección pública, provenientes de los grandes poderes económicos y las incertidumbres geopolíticas, institucionales y medioambientales. Y hay un tercer campo de estrategias políticas respecto de los llamados temas de Estado o especialmente sensibles (Igualdad), muchas no negociadas por el Partido Socialista con Sumar, con diferencias más o menos explícitas y relevantes, y cuya competencia gestora y discursiva las asume prácticamente en exclusiva: relaciones internacionales (Palestina, Sahara, gasto militar y OTAN…), política macroeconómica y fiscal, democratización del Estado…

Por tanto, existe un amplio y heterogéneo campo de medidas programáticas que conforman un mínimo de coherencia democrática y progresista en el que están comprometidos los socios del Gobierno de coalición junto con las izquierdas (ERC, EH-Bildu, BNG) y las derechas nacionalistas periféricas (Junts, PNV, CC) y, ahora, con Podemos. Su reajuste de grupo parlamentario solo añade un poco de mayor complejidad negociadora y articuladora a ese diversificado bloque democrático y plurinacional que, sobre todo, está amalgamado por un interés compartido: vencer institucionalmente al bloque de las derechas extremas y evitar la involución social y autoritaria.

En definitiva, desde el punto de vista de las relaciones de fuerzas políticas, los equilibrios estratégicos de los dos bloques y la estabilidad de la gobernabilidad y la acción legislativa ese cambio en la adscripción parlamentaria de Podemos tiene un impacto limitado. En ese sentido, la reacción de la dirección socialista ha sido realista, presidida por la serenidad discursiva, el reconocimiento de la pluralidad existente y la negociación multilateral entre los socios de investidura y legislatura para integrar a Podemos en la nueva configuración de la gobernanza progresista. Todo ello compatible, en un doble ejercicio, con su demanda de ‘poner orden en Sumar’. El conflicto se produce, sobre todo, en la articulación de la izquierda transformadora, en el reequilibrio representativo y de influencia política entre Sumar —y sus distintos grupos— y Podemos, tema que exige también un tratamiento con luces largas.

Perspectivas estratégicas y frente amplio

No son previsibles cambios relevantes a medio plazo en esas grandes variables estratégicas que induzcan a modificar sustancialmente las alternativas gubernamentales y las mayorías parlamentarias de cara las próximas elecciones generales, dentro de cuatro años, o su posible anticipación.

Por un lado, se da por descontada la dura oposición de las derechas extremas, contando con la activación de todos sus resortes económicos e institucionales —poder judicial, gobiernos autonómicos, aparatos mediáticos, aliados internacionales…—, pero sin capacidad de revertir su minoría parlamentaria o menguar significativamente la legitimidad cívica del bloque democrático y plurinacional.

Por otro lado, es probable la perdurabilidad y consistencia del Gobierno de coalición progresista y sus socios parlamentarios, aun con las incertidumbres externas, socioeconómicas y geopolíticas. Al menos, a medio plazo, en que pueden cristalizar varios intereses corporativos y expectativas electorales particulares que aventuren la distinta tentativa de reequilibrios de la representación parlamentaria, la reorientación política y la primacía institucional de dos actores relevantes.

Uno, Junts, tras las elecciones catalanas y su pretensión hegemonista en la Generalitat, que podría hacerle desentenderse de la gobernabilidad estatal progresista. Otro, el propio PSOE, con la aspiración al incremento de su legitimidad social, por la doble vía de poner el freno a las derechas y su intento de recoger parte del electorado centrista, y/o bien, con la contención de Sumar y Podemos —o sectores nacionalistas— y la absorción de otra parte del electorado a su izquierda.

En este caso se tendría que producir una triple carambola: freno al refuerzo representativo de las derechas; desgaste social y electoral de la izquierda transformadora —Sumar/Podemos—; contención de los nacionalismos periféricos. Ello en el marco de una ausencia de una activación cívica y popular relevante, incluida la nacionalista y la de movimientos sociales como el feminismo, el sindical o el ecologismo, en una dinámica de freno de sus demandas socioeconómicas, sociopolíticas y culturales y de control de las fracturas sociales. O bien, sujetando a una dimensión manejable el refuerzo reaccionario y autoritario propiciado por las derechas extremas, también en el ámbito europeo e internacional, ante las profundas crisis sistémicas y geopolíticas.

En todo caso, es creíble el proyecto, más o menos socioliberal y continuista, del presidente Sánchez, hábil político táctico y de alianzas pragmáticas, así como con buenas conexiones con (parte) del poder establecido, principalmente de las instituciones europeas. Además, tiene una capacidad institucional y firmeza resiliente para reforzar su centralidad y autonomía política respecto, por un lado, de sus oponentes de derechas y, por otro lado, de sus actuales socios plurinacionales y de izquierda.

Su perspectiva para la próxima legislatura sería un nuevo panorama bipartidista corregido, en particular, con el cierre del proceso relativamente convulso de esta larga década y el reequilibrio de la actual representación política dual de las izquierdas, acentuando la hegemonía de la más moderada y continuista, la socialista, respecto de la más crítica y transformadora, Sumar/Podemos, así como la regulación pactada del conflicto nacional. Con el permiso de la detención de la estrategia de desestabilización derechista, estaríamos en la trayectoria de consolidación de una nueva etapa de normalización institucional y del orden social con la finalización del cambio socioeconómico e institucional sustantivo y la neutralización de una fuerza sociopolítica significativa, diferenciada de la socialdemocracia socioliberal y como condicionante reformador por su izquierda.

Retos para la izquierda transformadora

En ese marco, la izquierda transformadora tiene grandes desafíos, más todavía partiendo de la actual división en distintos grupos parlamentarios y el diferente estatus sobre responsabilidades gubernamentales, con diferencias políticas y la consiguiente competencia político-electoral. En la perspectiva de las próximas elecciones generales, dentro de cuatro años, o menos si son anticipadas, se presenta una encrucijada similar a la del 23 de julio, que empujó al acuerdo mutuo para conformar una coalición electoral: ganar a las derechas y garantizar la gobernabilidad progresista, siguiendo una senda democratizadora y reformadora. Esa realidad y esa tarea permanece invariable y aconseja el evitar un distanciamiento irreversible en el espacio del cambio de progreso que impida un nuevo acuerdo colaborativo, junto con la izquierda nacionalista.

Hemos situado el nudo principal del conflicto y la división en la izquierda transformadora: el reconocimiento representativo de cada fuerza con la regulación proporcional de responsabilidades institucionales, junto con una negociación programática equilibrada y plural. Ha sido imposible resolverlo, y se ha dado un paso atrás. El acercamiento queda para más adelante, pero hay que evitar el alejamiento injustificable, y mantener los puentes.

Al mismo tiempo que el desarrollo de la acción política ordinaria, se presenta el reto de las elecciones al parlamento europeo, con distrito único y sin riesgos para ese objetivo compartido de asegurar la gobernabilidad progresista y la consolidación el bloque democrático y plurinacional frente al reaccionarismo de las derechas.

Pero ese emplazamiento electoral ofrece una doble posibilidad. Por un lado, la competencia relativa feroz entre las dirigencias de Sumar y Podemos por el reequilibrio representativo y comparativo entre las dos fuerzas, con sus correspondientes consecuencias para su respectiva legitimación pública y la de sus trayectorias últimas. Por otro lado, la evidencia empírica y democrática de la representatividad social y electoral de cada una de las dos formaciones, objeto de disputa, para evaluar objetivamente la aportación de cada cual —los sumandos— que permita una aproximación compartida y realista; e, igualmente, que posibilite un acuerdo común que permita encarar de forma unitaria la segunda parte de esta legislatura y preparar en mejores condiciones los previsibles retos políticos y el siguiente ciclo electoral de las elecciones generales —quizá adelantadas— e incluido el de las municipales y autonómicas. Merece la pena contemplar esa perspectiva.

Además, existe un objetivo adicional. Evitar el probable deterioro de ambas fuerzas, con una reducción global del peso de ambas formaciones de la izquierda transformadora, en detrimento de las expectativas del conjunto de la alianza parlamentaria progresista y en beneficio particular del Partido Socialista —y en parte de EH-Bildu y BNG, que han acentuado su perfil social y ya se verán beneficiados en sus respectivas elecciones autonómicas.

Por tanto, este periodo y los resultados de esas elecciones pueden agudizar la tensión y el sectarismo y, al mismo tiempo, facilitar una oportunidad para la renovación y la colaboración. Por supuesto, cabe otra hipótesis performativa: que se hunda Podemos, confirmando la versión más excluyente dominante en muchas esferas políticas y mediáticas.

En definitiva, la agrupación Sumar, pendiente de configurar su organicidad, como componente del bloque democrático y plurinacional que lidera el Partido Socialista, es partícipe del Gobierno de coalición progresista, con una influencia política evidente. No obstante, junto con Podemos, tiene pendiente dos desafíos significativos que estaban en el origen de su formación: ensanchar el espacio electoral que representaban las fuerzas del cambio de progreso —ya que no se ha detenido su declive global y el 23-J quedó por debajo de los resultados de las anteriores elecciones generales de 2019— y volver a aglutinar el conjunto de grupos, incluido Podemos, en una alianza consistente, unitaria y con credibilidad transformadora, capaz de constituir una referencia política e institucional para la consolidación de la siguiente etapa progresista.

Supone frenar las dinámicas divisivas, tender puentes y dialogar sobre la articulación de un amplio frente social y democrático, con una orientación política consensuada, un liderazgo común y una distribución de responsabilidades proporcional, plural y equilibrada que supere las deficiencias y dificultades de la experiencia actual. Todo ello con la experiencia popular de lo que se está ventilando. Por tanto, desde ya y con las luces largas, habrá que poner en primer plano una solución unitaria y pluralista a esta encrucijada que avance en el proceso reformador de progreso. A ver si esta nueva y heterogénea élite representativa alternativa es capaz de conducirlo, con las renovaciones necesarias, y siempre con el imprescindible impulso de abajo, de la activación cívica transformadora. Y todo ello tiene incidencia para la configuración de la sociedad y, particularmente, de la izquierda social y política en la próxima década.