Alejandro Pozo Marín (La Val d’Uixò, 1975) trabaja como analista e investigador en el Centre Delàs d’Estudis per la Pau sobre conflictos armados y acción humanitaria. Desde esta posición, lleva 25 años adentrándose en las sombras del mundo, documentando y desmontando las corrientes del mal que asolan buena parte de África, la Franja de Gaza y el resto de los territorios ocupados de Palestina. Y lo hace con una mirada crítica sobre la guerra, sin más ideología que la búsqueda de una verdad que las redes del comercio armamentístico esconden para no comprometer los sucios intereses que rigen las relaciones entre los Estados. En el caso israelí, Pozo ha publicado ya al menos tres informes sobre su floreciente industria y cómo se las ingenia para mantener en silencio a Occidente mientras ejecutan un genocidio en Palestina. “Israel utiliza su modelo militarista como instrumento de control de su política exterior y eso impide a muchos países ser libres para tratarle como merece. La dependencia occidental de su industria de seguridad nos ha convertido en rehenes de su estrategia en Palestina”, asegura este doctor en Humanidades que ejerce como profesor en varias universidades españolas. Su último análisis, “Negocios probados en combate”, permite entender los motivos de la enojosa tendencia hacia la imparcialidad y la ambivalencia occidental ante lo que Israel está perpetrando en Gaza.

¿Cree que las palabras de Pedro Sánchez censurando la muerte indiscriminada de civiles en Gaza sirven de algo?

Habría que hacer una diferenciación entre las formas y los contenidos de las relaciones entre ambos países, que están como estaban, sin ninguna modificación. Lo que sí que se ha producido es un cambio en la manera de abordar lo que está haciendo Israel en Gaza. Se ha pasado de un lenguaje más diplomático, de la retórica de la preocupación, a las apelaciones explícitas al derecho internacional humanitario y a la cantidad de civiles muertos que están causando. Tampoco es que Pedro Sánchez haya dicho nada especial que no esté en la mente de cualquier otro político del mundo. Por ejemplo, del secretario de Naciones Unidas, António Guterres, que también se ha referido en parecidos términos e Israel ha decidido abrir una polémica con él para desacreditarle. El objetivo de esta agresividad israelí no es cuestionar las críticas más o menos veladas que puedan hacerse a sus prácticas y políticas en Gaza, sino provocar la autocensura en la comunidad internacional. Quieren dar a entender que criticarlos tiene un alto coste.

¿Por qué Israel es intocable?

Es una pregunta que probablemente no tenga una sola respuesta. Forma parte de un proceso y una política de hechos consumados. Israel no sólo tiene fuertes relaciones con EE. UU. sino también con la Unión Europea. Los intereses comerciales son gigantescos y esto influye de manera decisiva en la posición de Occidente sobre su terrible política en Palestina. Empuja a que los países miren hacia otro lado y mantengan un silencio sepulcral mientras ellos operan como les viene en gana. Pero no hay solo intereses comerciales. No conviene minimizar el factor de la información delicada. Buena parte de los servicios de inteligencia y del sector militar europeo están conectados directamente con Israel. Aunque no pertenezca a la OTAN goza de todos los privilegios y tiene accesos similares a información sensible que cualquier otro país de la organización. En España, por ejemplo, las empresas israelíes militares y de seguridad suministran productos y servicios tanto a las Fuerzas Armadas como a todos los cuerpos de seguridad del Estado. Desde la Policía Nacional y locales, a los Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Guardia Civil, incluso a la Casa Real.

Y no olvidemos que aunque buena parte de esa industria es privada, todas dependen de la autorización y promoción de su gobierno para exportar y operar en otros países. Es decir, no pueden contradecir el marco estratégico militarista que el Estado israelí utiliza como instrumento de control en su política exterior. Esto impide a muchos países ser totalmente libres para tratar a Israel como merece y frenar sus desmanes. Somos rehenes de esta política. Es cierto que los relatores especiales de Naciones Unidas en los territorios ocupados han utilizado palabras gruesas de condena en no pocas ocasiones, pero jamás se han ejecutado medidas sancionadoras. También influyen, cómo no, los grupos de presión en países como EE. UU. o Francia, donde cualquier crítica al Estado de Israel se identifica con algo tan serio y espantoso como el antisemitismo.

Cita la dependencia occidental de los servicios de seguridad israelíes y resulta que los sistemas de control fronterizo más calientes del planeta, entre ellos Frontex, están construidos con una tecnología probada en los territorios ocupados.

Israel exporta ese modelo. Para ellos es una cuestión de Estado porque, por un lado, la ocupación y las operaciones militares israelíes son carísimas y su viabilidad pasa por abaratarlas con una oferta de productos y servicios que excedan la demanda. A más producción, menor coste por unidad de producto, pudiendo destinar el resto a otros mercados (la industria militar del país exporta tres cuartas partes de lo que produce). Y por el otro, la exportación del modelo facilita su legitimación y permite, además, que determinadas personas tengan un poder que, sin el problema palestino, no tendrían. En España, por ejemplo, buena parte de los puertos, aeropuertos e infraestructuras críticas con servicios de vigilancia perimetral son abastecidos por empresas israelíes. El Ejército de Tierra o la Armada utilizan armas israelíes publicitadas como probadas en combate y la industria militar israelí accede a todo tipo de contratos de suministro o mantenimiento a través de filiales españolas o consorcios con empresas españolas, que funcionan a su vez como puerta de acceso a otros mercados armamentísticos. Incluso las universidades públicas españolas colaboran con la industria militar israelí en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el marco de la Unión Europea. Son las mismas corporaciones que proporcionan servicios en el muro de separación de Cisjordania y los asentamientos de colonos, o que experimentan con nuevas armas en la Franja de Gaza. La garantía de su éxito es la experiencia contrastada en los territorios ocupados. Así acceden a contratos que nosotros pagamos con dinero público pese a que sus prácticas son contrarias al derecho internacional, porque el muro es ilegal y los asentamientos también lo son. Es un círculo de negocio que encierra toda una perversión.

Entonces, ¿el Estado español vulnera sus propias leyes en sus relaciones comerciales con Israel?

En cuanto a sus exportaciones de armas, sí, porque existe una ley específica para evitar su transferencia a países que tienen un comportamiento como el que ha demostrado con creces Israel. Sus relaciones con España abarcan desde lo más evidente, como el equipamiento del Ejército de Tierra y de la Armada, hasta otros acuerdos más sutiles, como la organización de foros y encuentros en universidades para estudiar su modelo de seguridad. Hay vínculos de inteligencia donde se comparte información secreta porque, en muchos aspectos, Israel está considerado como un país asociado de la Unión Europea. Las mayores corporaciones militares israelíes, Elbit Systems, IAI y Rafael, todas ellas muy involucradas en lo que ahora está pasando en Gaza, obtienen fondos sustanciales en proyectos europeos de I+D. Todo esto debería denunciarse sin ambages. El problema es que hasta ahora nadie se ha atrevido a decirle a Israel que las atrocidades que comete le inhabilitan para estar presente en esos programas. Al contrario.

¿Se puede condenar la destrucción de Gaza, como ha hecho Pedro Sánchez, y al mismo tiempo aprobar la compra de armamento, tal y como decidió el Consejo de Ministros el 12 de septiembre?

No parece coherente, pero para España este negocio nunca ha sido foco de controversia. En los últimos 20 años “sólo” ha exportado material por valor de 30,1 millones de euros, una cifra modesta en comparación con los 285 millones de euros que el Gobierno comprometió en septiembre para adquirir misiles anticarro Spike, utilizados en Gaza y desarrollados por la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems Ltd., que tiene su filial española en PAP Tecnos, y los 714,5 millones para una partida de lanzacohetes de alta movilidad SILAM, desarrollado conjuntamente por las empresas españolas Expal y Escribano y la israelí Elbit Systems. Las prácticas israelíes con la población palestina fuerzan a que la imposición de un embargo de armas abarque todas estas relaciones armamentísticas. El embargo es casi una obligación moral.

Para un país como España, ¿es viable la ruptura de relaciones comerciales con Israel?

Las exportaciones de armas de España son poco relevantes para Israel. No es lo mismo que EE. UU. decrete un embargo. O Alemania. Eso serían palabras mayores porque el impacto sería directo. Pero hay que reconocerle a Pedro Sánchez que su movimiento ha sido muy atrevido porque sitúa a España entre los Estados fuertes europeos mejor colocados para pasar a los hechos. Y, además, creo que sería muy efectivo porque significaría decirle al Gobierno de Netanyahu que lo que está haciendo en Gaza es tan inadmisible que pone en cuestión todo lo demás. Si España diera el paso de suspender relaciones con Israel, podría animar a otros países a actuar en la misma dirección y permitiría que el debate que ya está en las calles llegue sin filtros a los medios de comunicación y a las instituciones estatales. Insisto en que, en mi opinión, imponer un embargo a Israel es una obligación moral ante lo que estamos viendo.

¿El mercado es la base de su impunidad?

Sí, tanto o más que la culpabilidad histórica europea con los judíos a la que tanto se hace referencia. Es una relación de poder que Israel utiliza no solo para violar el derecho humanitario de forma sistemática sino también para anunciarlo públicamente. Lo que hace ese país nunca se consentiría hacerlo a otro. Ni siquiera Estados Unidos o Rusia han ido tan lejos ni han sido tan explícitos a la hora de explicar sus objetivos, porque generaría un escándalo en su población y en su reputación. Incluso para estos Estados existen líneas rojas infranqueables. Washington o Moscú nunca han anunciado su disposición a cometer violaciones premeditadas del derecho internacional, aunque luego lo interpreten a su manera y lo violen flagrantemente.

Tanta impunidad televisada, ¿pueden ser pruebas de cargo para procesar a los dirigentes israelíes por crímenes de lesa humanidad?

Históricamente, el problema que han tenido estos tribunales para condenar a personas por crímenes horrendos era probar la intencionalidad de, por ejemplo, eliminar total o parcialmente a una población, de genocidio, expulsión o limpieza étnica. La costumbre del perpetrador siempre es negar esa intención, que al final es lo que convierte los asesinatos en crímenes de guerra, genocidio o delitos contra la humanidad. En el caso de Israel, sus dirigentes anuncian actuaciones terribles que, tanto en la retórica como en su ejecución posterior, parecen encajar en la definición de esos crímenes.

La crueldad es enorme pero no hay una reacción internacional contundente.

Lo que está haciendo con los palestinos es tan fuerte, tan increíble, que parece no quedarnos otra opción que reinterpretar sus incalificables actos y mensajes, con nuestra propia narrativa, argumentando que se trata de metáforas ante la dificultad para digerir semejante muestra de salvajismo. Están desbordando una línea roja de forma muy clara. Personalmente, todo esto me ha hecho pensar que vivimos un momento de inflexión en las relaciones internacionales.

¿En qué sentido?

Al menos en mi caso, no he sabido ni escuchado a los responsables de un país central en el sistema de poder de las relaciones internacionales anunciar públicamente que van a cometer crímenes explícitos contra una población. Nunca ha ocurrido eso en la historia reciente. Y Occidente hace verdaderos ejercicios de eufemismos para encuadrarlo en marcos aceptables a pesar de que somos testigos de que hacen lo contrario. No se pone ningún tipo de objeción pública al comportamiento de un gobierno donde Netanyahu probablemente sea la pieza menos controvertida de un ejecutivo copado por supremacistas nacionalistas y de grupos religiosos con discursos absolutamente incompatibles con los valores que dice defender la UE. Se critica al húngaro Orbán por su posición derechista o al Gobierno polaco por constreñir derechos fundamentales. Incluso se censuraba a Trump, pero, en cambio, hemos normalizado las relaciones con Israel cuando su Gobierno es absolutamente anormal, según nuestro propio criterio democrático. Actuamos con un doble rasero sin parangón en la historia.

Una de las anormalidades de Israel en la escena mundial es que no ha ratificado ninguno de los acuerdos internacionales sobre el control y el uso de armamento.

No ha firmado prácticamente ninguno, pero recibe un trato acorde a su singular manera de entender la arquitectura de las relaciones internacionales y el derecho. Cuando EE. UU. invadió Irak, su argumento principal era que Bagdad tenía armas de destrucción masiva. Y la segunda premisa fue que había incumplido las resoluciones de Naciones Unidas, aunque había cumplido bastantes más resoluciones del Consejo de Seguridad que Israel. Tel Aviv acumula docenas sin cumplir. Y varias docenas más que no llegaron a ser aprobadas por el veto estadounidense. El incumplimiento más flagrante, sin duda, es la resolución 242 sobre su retirada de los territorios ocupados, que fue aprobada por unanimidad, sin el veto tradicional de EE. UU.

Precisamente, EE. UU. acaba de anunciar el envío a Israel de 14.000 proyectiles al mismo tiempo que vetaba una resolución de la ONU para un alto el fuego humanitario en Gaza. ¿Hasta qué punto le hace corresponsable del genocidio?

EE. UU. es el padrino de Israel. Sin su apoyo, la ocupación y las operaciones militares israelíes no serían posibles en la manera que las conocemos. Sin embargo, el apoyo más importante no es militar sino político, y consiste en garantizar privilegios, validar prácticas, silenciar críticas y premiar complicidades. Con todo, su ayuda militar es crucial. En los últimos años, ha representado el 16% del presupuesto militar israelí. El acuerdo de ayuda militar en vigor es de 38.000 millones de dólares para la década 2019-2028, una media de 3.800 millones anuales. Quiero recordar que 11 días después de los ataques de Hamás del 7 de octubre, cuando las máximas autoridades de Israel no solo habían anunciado una respuesta que violaba flagrantemente el derecho internacional, sino que ya la estaban llevando a cabo, Joe Biden anunció un paquete adicional “sin precedentes” de nada menos que 14.300 millones de dólares. Su administración ha dejado claro que no impondrán líneas rojas a Israel, ni siquiera las que fija el derecho internacional. Pero no es el único que ha multiplicado su apoyo militar. Durante el primer mes de la campaña militar en Gaza, Alemania aprobó 185 licencias de exportación de armas a Israel valoradas en más de 300 millones de euros, diez veces superior al total exportado en 2022 cuando ya era, de largo, el segundo mayor exportador de armas después de EE. UU. Ahora mismo en Gaza están probando armamento que no se ha utilizado nunca. Armas que luego Israel exporta con la experiencia probada a cualquier país del mundo sin restricción. Exportó al régimen de Ruanda antes y durante el genocidio. También a Myanmar y a muchas dictaduras latinoamericanas.

¿Qué nuevas armas está probando Israel en Gaza?

Por ejemplo, el vehículo blindado de transporte Eitan, equipado con el sistema Iron Fist desarrollado por la empresa Elbit Systems, que intercepta cohetes antitanque. Según publicó el diario The Telegraph el pasado 16 de noviembre, estos vehículos no estaban pensados para ser utilizados en estos momentos, pero decidieron adelantar su entrada en servicio el mismo día del ataque de Hamás. El canal israelí Ynetnews también ha informado sobre el uso por primera vez de un mortero de 120 milímetros de calibre guiado por láser y GPS, fabricado también por Elbit Systems y que han bautizado con el nombre Iron Sting. Un tercer ejemplo son los nuevos carros de combate Merkava Mark IV Barak, que entraron en activo en junio, y los misiles Spike NLOS de sexta generación presentados el pasado año por la corporación Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Para todos, Gaza es el campo ideal de pruebas para después incrementar sus ventas.

Es admirable el esfuerzo diplomático occidental para no ofender a Israel. No hay declaración oficial que no comience con una apelación a su derecho a defenderse. ¿No es una forma de justificar los crímenes que está cometiendo?

El derecho a la legítima defensa está sometido a una legislación internacional que especifica con qué criterios y bajo qué condiciones. Esas condiciones nunca se han cumplido ni en los mensajes de anuncio ni en las operaciones reales. Por lo tanto, Israel no tiene derecho a defenderse de la manera que lo está haciendo porque es totalmente contraria al derecho.

[Fuente: Ctxt]