I. Desigualdades y crisis ambiental

El crecimiento de las desigualdades y la crisis ecológica son los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad. Con muchas conexiones entre sí. Llevamos tiempo preocupados por ambos y constatando que los avances son mínimos en ambos sentidos.

La dificultad reside, en ambos casos, en que afrontarlos implica enfrentarse a los intereses de las élites dominantes. Y estas tienen un inmenso poder para influir en los organismos internacionales, en los gobiernos, en los medios, para bloquear los cambios e imponer su agenda. También porque los cambios afectan a la forma de vida de millones de personas y, aunque muchas sean —de una u otra forma— víctimas de la situación, los perciben como una amenaza a su vida cotidiana, a su empleo, a sus ingresos. Existe, además, un problema adicional que tiene que ver tanto con el trabajo científico como con los movimientos sociales. La ciencia funciona, en general, de forma especializada. Y quien se ocupa de las desigualdades suele tener poca reflexión ecológica, y piensa sus propuestas en clave de la economía monetaria en sus diversas versiones. Los ecologistas suelen tener poco conocimiento social y tienden a hacer sus propuestas atendiendo sólo a los procesos naturales. Es cierto que cada vez hay más sensibilidades compartidas en ambos campos, pero estamos lejos de haber llegado a un buen ensamblaje. En el mejor de los casos, se diseñan propuestas alternativas que no tienen en cuenta los procesos de transición entre la situación actual y el punto de llegada, cuando es en las transiciones donde radican las principales dificultades. En las resistencias y en los bloqueos.

Que las desigualdades y la crisis ecológica tienen una enorme conexión es cada vez más evidente. Una conexión que tiene diversas variantes. Empezando porque los ricos obtienen su riqueza del sistema económico causante de la crisis ecológica. Es el mundo empresarial el que ha conformado el modo de vida depredador en el que vivimos. En cierta medida, el capitalismo triunfa creando adicciones que encierran a la gente en una telaraña de la que no sabe salir. Esto es obvio en los grandes negocios de las drogas o el juego, pero también en la dependencia de determinados fármacos, de “pseudoalimentos” (hace poco Nestlé reconoció que más de la mitad de sus productos eran nocivos para la salud), o en el uso de vehículos privados… También porque la huella ecológica de los superricos es brutalmente mayor que la del resto de la población. Y porque el consumo de los ricos tiene un enorme efecto-demostración sobre gran parte de la población y un papel importante en la generación de un modelo de consumo depredador del que se benefician importantes sectores económicos, como la industria de la moda, el turismo… Es obvio que esto no explica toda la crisis ecológica. Cualquier humanidad con un crecimiento poblacional y de consumo acabará chocando con los condicionantes que imponen la física, la química y la ecología. Pero los ricos son los que tienen un peso desproporcionado tanto en el gasto ecológico como en la configuración del modelo de vida imperante.

II. Transición ecológica justa

Que las sociedades actuales se dirigen a un cambio forzado por la crisis ecológica es ya una cuestión aceptada. Aunque las fuerzas de negacionistas y retardatarias siguen oponiéndose, de facto, a que se tomen medidas serias en esta dirección. Explicar la necesidad de transitar hacia una sociedad que se adecúe a los límites naturales puede hacerse de muchas formas. Se puede constatar analizando las diversas sociedades anteriores a la industrialización y los combustibles fósiles. Muchas de ellas se caracterizaron por tener niveles insoportables de desigualdad y por mantener a una gran parte de la población en condiciones precarias de vida, abominables en cuanto a derechos y respeto. Por ello parece necesario que una transición ecológica deba tener, ineluctablemente, un componente social igualitario, de garantía de condiciones de vida dignas en lo material y en lo relacional para todo el mundo. Esta exigencia es, además, una forma de alertar de los peligros sociales que puedan derivarse de una transición orientada a garantizar que una parte de la población pueda persistir en su actual modo de vida a costa de marginar al resto. Hay bastantes indicios de que los más ricos sueñan con crearse espacios-burbuja que les aíslen de las penalidades que sufrirá el resto de la población. Muchos de estos sueños son irreales o distópicos, pero en una sociedad clasista, con fuertes desigualdades entre estados y grupos sociales, no es menospreciable el peligro de que vayamos a una transición que las ahonde. De ahí la urgencia de situar la transición, en el debate público, tanto en términos ecológicos como sociales.

La concreción de esta idea es, sin embargo, mucho más problemática. Tal como se plantea en muchas luchas, se suele partir de aplicar básicamente una compensación monetaria a los sectores que se ven afectados por normativas ambientales o que, directamente, van a verse abocados al cierre de actividades. Se trata del tipo de enfoque habitual en la economía convencional para el tratamiento de externalidades negativas: compensar económicamente para evitarlas. Pero, de entrada, un primer problema es que puede ser una situación aceptable y viable sólo si es limitada, acotable, que afecte a un número relativamente limitado de personas y su coste indemnizatorio sea aceptable. La crítica a este enfoque ha señalado adecuadamente dos cuestiones esenciales. La primera es que en muchos casos el impacto de estos efectos es muy grande y tiene muchas derivadas y, por tanto, es difícil acotar a los perjudicados y retribuirles adecuadamente (por ello las compañías de seguros no cubren, por ejemplo, los daños potenciales de un accidente nuclear grave, ni van a estar en condiciones de asegurar la mayoría de los riesgos ambientales). La segunda es que hay que analizar la legitimidad de los derechos a compensar, pues cuando se trata de compensaciones económicas es fácil que aparezcan demandas oportunistas que, de ser tenidas en cuenta, suponen una onerosa e ineficiente carga social. Por ejemplo, la apelación al “lucro cesante” —tan apreciada por capitalistas y jueces— resulta a todas luces una demanda injustificable cuando se trata de hacer frente a problemas como el ecológico. De hecho, es el tipo de solución que se ha adoptado en Doñana: pagar con dinero el cierre de cultivos que durante años se habían basado en explotar ilegalmente recursos hídricos.

Pensar que este debe ser el modelo adecuado para una transición ecológica sólo puede hacerse desde una visión mágica de la misma, bastante común en gran parte de las élites políticas, que siguen confiando en que el cambio tecnológico permitirá mantener el actual modelo de vida simplemente cambiando la forma de actuación. El núcleo central de este pensamiento se concentra en considerar el cambio energético como el centro de esta transición. Ignora no sólo todos los demás impactos del actual modelo, sino el volumen de recursos minerales que se necesitaría para hacerlo viable. A la luz de lo que conocemos sobre minerales y energía, no hay atisbos de que sea posible la propuesta de digitalización y transición energética predominante en las altas esferas. Y si esta hipótesis es incorrecta, toda idea de transición basada en “compensaciones monetarias” y en ajustes simples resulta inadecuada e inviable. Simplemente, contribuyen a expandir la idea de que adecuarse a la crisis ecológica es una mera cuestión de tecnología y ajuste fino.

Una transición justa debe partir de garantizar a todo el mundo condiciones de vida y cargas de trabajo justas. Vale la pena incidir en este segundo aspecto porque no hay que perder de vista que una parte importante de la elevada productividad laboral se explica por el consumo intensivo de energía fósil. Y es bastante posible que en una sociedad ecológicamente viable haya necesidad de introducir procesos productivos más intensivos en trabajo. Los que tenían las sociedades tradicionales. Las desigualdades sociales en carga de trabajo son tan o más graves que las que afectan a la renta. Y una sociedad justa debe ser capaz de repartir tanto las cargas como los resultados entre todos sus miembros. Y para no transitar hacia una sociedad de trabajo insoportable no queda otra que eliminar las producciones innecesarias, el lujo posicional, las estructuras organizativas inadecuadas. Una transición justa exige actuar, a la vez, sobre el contenido de la producción, la distribución del producto y el reparto del trabajo. No hay una solución simple. Estamos inmersos en discursos y en una experiencia de sociedad mercantil que hace difícil a la mayoría pensar que estos tres elementos están entrelazados. La propia organización social lo dificulta. De ahí la necesidad de situar el debate en estos términos y, a partir de ahí, empezar a debatir formas de tratar el ajuste. Cuanto más avancemos, más fácil será experimentar respuestas.

III. Un caso práctico: el tratamiento de la sequía

Vale la pena empezar a pensar estos temas ante problemas concretos. En Catalunya atravesamos 3 años de sequía, la mayoría de los pantanos que proveen de agua a las grandes ciudades están bajo mínimos, al igual que los cauces de la mayoría de los ríos y muchos acuíferos locales. Durante todo este largo periodo se ha hecho poca cosa. El Govern de ERC teme la respuesta social y, cuando trató de aplicar penalizaciones a los ayuntamientos que no tenían planes de sequía, el PSC negoció rápidamente parar las sanciones (pues muchos de los incumplidores estaban bajo su control). El consumo de agua está ligado a la actividad productiva de diversos sectores: agricultura frutícola, porcino extensivo, industria química, turismo, están entre los grandes consumidores de agua. A corto plazo los recortes afectan a su rentabilidad y a su capacidad productiva. A medio, hay que emprender cambios tanto en el mix productivo como en la forma de actuación. Aquí está una parte del debate.

La otra tiene que ver con el consumo doméstico, un espacio donde es patente una enorme desigualdad ligada a la renta. El consumo por habitante y día en Santa Coloma de Gramenet, una de las poblaciones con niveles de renta más bajo, es de 90 litros por habitante y día; el de Barcelona de 106 (contando que la ciudad recibe un elevado volumen de visitantes); el de Matadepera (uno de los guetos de ricos catalanes), 498. Está claro que en una transición justa este último consumo (parecido al de otras zonas de alto nivel de renta) es insoportable. La Generalitat opta por limitar el consumo a 200 litros/día a todas las poblaciones, “importar agua” en barcos si la cosa empeora e invertir de desalinizadoras y plantas de reciclaje como solución a medio plazo (con un elevado consumo energético y, en el caso de las desalinizadoras, con vertidos de residuos que afectan al ecosistema marino). En una situación de estrés, pueden ser aceptables las soluciones de emergencia. Pero en este caso estamos ante un horizonte donde las emergencias serán posiblemente recurrentes.

Una transición justa sólo puede hacerse con una reestructuración productiva, un decrecimiento de las actividades intensivas en consumo de agua y un cambio en las pautas de consumo, que no pueden ser de otra forma que introduciendo un nivel de racionamiento. Una forma mercantil de llevarlo a cabo es introduciendo un precio creciente del agua en función del consumo per cápita, aunque esto posiblemente no desanime a los consumidores opulentos (pero al menos podría servir para recabar fondos utilizables en la mejora del sistema o en transferencias a la población con menos recursos). Otro más justo es el de fijar un tope al consumo per cápita que obligue a cambiar pautas a la gente pudiente. Incluyendo medidas urbanísticas que vayan en esta dirección. Un tema que levantará una amplia respuesta sobre la base de la defensa de la “libertad del consumidor pudiente” y de la “defensa de los puestos de trabajo que se van a perder” por impedir este consumo que alimenta la actividad. Pero este es el tipo de debate que hay que plantear, porque temas como la sequía son un prototipo de los problemas a los que nos confronta la crisis ecológica.