Se ha firmado el acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y la coalición Sumar, por parte de sus representantes respectivos, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que se ha ratificado en sus órganos correspondientes y por consultas a sus personas inscritas. Paralelamente, se ha negociado con los grupos nacionalistas, particularmente con ERC y Junts, su voto a la investidura del presidente socialista, junto con la propuesta de amnistía y un acuerdo básico de gobernabilidad y marco presupuestario, al menos hasta mitad de legislatura. Pedro Sánchez es de nuevo presidente del Gobierno en una nueva etapa progresista compleja.

En otro texto reciente, “Gobernabilidad, agenda social y plurinacionalidad”, me he referido a los aspectos programáticos, el contexto sociopolítico y el alcance transformador del proyecto del nuevo Gobierno de coalición progresista. Parto del hecho del respaldo parlamentario mayoritario a la investidura y el proyecto de Pedro Sánchez y el comienzo de la andadura de ese nuevo Ejecutivo de progreso, con apoyo plurinacional, con la derrota de la persistente y tremendista estrategia de las derechas extremas de PP y Vox para imponer una involución política, territorial y socioeconómica.

Se pasa a la nueva pantalla, la estructura, composición y equilibrios del Gobierno, con una reducción de Ministerios, una posición dominante del Partido Socialista, en particular, controlando los llamados Ministerios de Estado (Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Presidencia), lo sustancial de la política económica (Economía, Hacienda, Transportes, Transición ecológica) y Ministerios sensibles (Igualdad).

Aquí me detengo en cuatro aspectos interconectados. En ámbito externo sobre la remontada electoral pendiente de la izquierda alternativa y la necesidad de un impulso transformador en la acción gubernamental y política, y en el ámbito interno sobre la articulación y la representación institucional de la coalición Sumar y la actitud ante el conflicto particular entre Movimiento Sumar y Podemos y sus perspectivas.

Una remontada electoral pendiente

Doy por supuesto lo que deslizó el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la Presidencia, que la composición de la representación de Sumar en el Ejecutivo la debe decidir la propia coalición —faltaría más—. Pero, al mismo tiempo, se ha filtrado intencionadamente a la opinión pública la opinión de diversos componentes socialistas del Consejo de ministros de que Yolanda Díaz debe “poner orden en Sumar”. Es un secreto a voces que la dirección socialista prefiere la exclusión de representantes propuestos por Podemos por su incomodidad, en particular Irene Montero. Se trata de una injerencia en los procesos de deliberación y decisión interna de otra agrupación política soberana en una dinámica que conduce a la moderación política antipluralista. Esto no es nuevo.

Podemos, con sus aliados, ha encabezado en España el mayor desafío transformador al poder establecido, con un apoyo social y electoral que, entre los años 2015 y 2019, llegó a disputar al propio Partido Socialista la primacía de las fuerzas progresistas, momento en que comenzó su declive representativo aun con su mayor incidencia institucional, con el acceso al Gobierno de coalición progresista. Todos los poderes fácticos —institucionales, mediáticos, judiciales, económicos…— se pusieron manos a la obra para contener y reducir su influencia política con medidas, muchas de ellas, ilegítimas y antidemocráticas y una persistente descalificación política. A ello hay que añadir dos hechos relevantes.

Por un lado, la renovación y reorientación confrontativa con el Partido Popular de M. Rajoy y más de izquierdas del Partido Socialista y su aceptación unitaria de la gobernabilidad con Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas. Así, fue capaz de frenar a las derechas e iniciar una etapa institucional de progreso, aun con sus límites, con el Gobierno de coalición progresista con Unidas Podemos, en 2020, y que se revalida ahora con la coalición Sumar. En el marco descalificatorio antedicho, la nueva estrategia socialista —el sanchismo—, con una posición dominante en la gestión gubernamental, le ha permitido al PSOE ensanchar su electorado, fundamentalmente, a costa de una parte del electorado de Unidas Podemos, que lo ve reducido casi a la mitad, tal como he desarrollado en “Formación, declive y rearticulación de la izquierda transformadora”.

Por tanto, el momento más duro y de mayor declive representativo de las fuerzas del cambio se produjo en esa dinámica previa que se tradujo en los comicios de 2019 con tres hechos encadenados: ofensiva total descalificatoria de casi todos los poderes fácticos y mediáticos, relativa renovación y recomposición socialista y fuerte fragmentación interna con gran división sectaria. En ese contexto, la acción reformadora e institucional (gubernamental y territorial) de la izquierda transformadora no ha sido suficiente para impedir el declive representativo que también se constató el 23-J, a pesar de presentarse de forma unificada y renovada bajo la coalición Sumar, ni la pérdida de presencia institucional territorial en el 28-M.

En las izquierdas hay ciertos vasos comunicantes, con un sector intermedio que fluctúa entre ambas fuerzas, aunque es diferente en el ámbito estatal de las elecciones generales y el territorial de las elecciones autonómicas. Así, en las elecciones generales, el PSOE que venía de tener 11 millones de votos en 2008 y 7 millones en 2011 (pierde unos cuatro hacia la abstención crítica), se queda con el suelo de 5,5 en 2015 y se va recuperando hasta 6,8 millones en 2019 y 7,7 en 2023. Comparativamente las fuerzas del cambio de progreso tienen los siguientes resultados (entre paréntesis los datos de las elecciones autonómicas en cada fase): 2015, 6,1 millones (3,6); 2019, 3,7 (2,9); 2023, 3,0 (2,5).

En este ciclo de ocho años el Partido Socialista gana unos 2,2 millones de votos, mientras que la izquierda transformadora pierde 3 millones. Su bajón representativo más relevante se produjo ya en las elecciones generales de 2019, con la particularidad de que se mantuvo Unidas Podemos y sus convergencias como fuerza determinante para formar un Gobierno de coalición progresista y, por tanto, con mayor influencia institucional. La disminución no es tan pronunciada en las elecciones autonómicas, que partían de un volumen inferior al ser menos competitivos.

O sea, la izquierda alternativa siempre ha sacado más votos en las generales que en las autonómicas, incluidas las últimas del año 2023, en este caso bajo diferentes siglas. En las autonómicas, a través de Unidas Podemos y sus convergencias, en particular Catalunya en Comú Podem, junto con las fuerzas del acuerdo del Turia —Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, Més…— y Adelante Andalucía, consiguieron 2,5 millones de votos, mientras en las generales ascendieron a 3 millones. Pero esa distancia de medio millón entre ambos tipos de elecciones es inferior a la conseguida en las de 2019 (0,8 millones) y 2015 (2,5 millones).

La aportación adicional de Movimiento Sumar a ese electorado en las generales del 23-J, respecto del constituido en las autonómicas del 28-M —e incorporados el de las realizadas en el resto de las Comunidades Autónomas en esa misma fase—, por el resto de fuerzas de la coalición ha sido escasa; las expectativas de recuperar una parte sustancial de la base electoral anterior de Unidas Podemos trasvasada al Partido Socialista o de nuevos votantes, tal como anunciaban algunas encuestas previas, se han visto frustradas.

La conclusión es clara: Movimiento Sumar ha podido generar mayor ilusión, expectativas o comodidad en partes de ese electorado, pero no ha generado mayor apoyo social y electoral y, por tanto, mayor presencia institucional y fuerza transformadora. Su moderación política y su mejor trato mediático no han aportado nuevo electorado; aunque haya divulgado otra cultura más dialogante con el PSOE, esta no ha convencido lo suficiente para ensancharlo. Estos elementos solo han servido para justificar la supuesta bondad del cambio de liderazgo y de orientación política y discursiva, más aplaudidos desde el Partido Socialista y los medios, en sustitución de la más exigente y crítica de Podemos.

Dicho de otro modo, el giro político hacia la moderación política, discursiva y de afinidad con el Partido Socialista, junto con el nuevo liderazgo de Yolanda Díaz y el Movimiento Sumar y un frágil acuerdo de coalición electoral, fueron insuficientes para mejorar la representatividad del conjunto, reequilibrar la subalternidad respecto del partido mayoritario de la izquierda, el PSOE, y condicionar más y mejor la acción gubernamental e institucional.

La coalición Sumar —incluido Podemos— ha dado un paso unitario positivo aunque forzado, al presentarse conjuntamente a las elecciones parlamentarias por responsabilidad ante el riesgo de victoria de las derechas, cosa que se ha evitado, y constituye el gran valor colectivo de la apuesta unitaria. Pero el hecho evidente es que todavía persiste la tendencia representativa descendente que denota los límites de su credibilidad transformadora ante su base social ampliada de esos seis millones iniciales. Persisten esos dos factores externos: la estrategia fáctica y mediática de aislamiento político, particularmente contra Podemos —recrudecida contra el Ministerio de Igualdad y su referente Irene Montero con ocasión de la ley del “solo sí es sí”— y el refuerzo de la posición dominante socialista, renovada y que aguanta la presión de las derechas extremas.

Un plan progresista firme y ambicioso

El programa de gobierno acordado entre las direcciones del Partido Socialista y Sumar, junto con el refuerzo de las alianzas con el bloque nacionalista con la amnistía y el abordaje de la crisis territorial, es positivo aun con sus límites. La reforma social apalabrada es excesivamente genérica e intencional, con pocos compromisos concretos claros y dependiente de la buena voluntad de la patronal al condicionar su desarrollo al diálogo social. Además, hay áreas como la inmigración y la política internacional y de seguridad que apenas aparecen y que se supone que estará en manos socialistas. Por tanto, hay un problema de credibilidad sobre su alcance y su cumplimiento; está asociado más a la consolidación y continuismo de la anterior etapa que a un avance significativo de los derechos sociales y civiles y la democratización política. Para afrontarlo y dar un impulso transformador se necesitan mayores esfuerzos políticos y activación cívica dado el menor peso parlamentario de las izquierdas.

Además, ese problema se puede agravar. En un contexto económico, institucional y geopolítico complicado, con tendencias regresivas y hacia una nueva austeridad fiscal y restrictiva, los diferentes poderes empresariales, institucionales y europeos pueden imponer modificaciones desfavorables para la justicia social y la democracia. El marco es la pugna entre el mercado y los poderes ocultos, que privilegian a las minorías pudientes, frente a la política pública y la democracia participativa que defienden el bien común. En consecuencia, la política progresista debe redoblar sus esfuerzos para contrarrestar y revertir esos riesgos y desigualdades.

En particular, tras la persistencia de los grandes recortes sociales y de derechos con ocasión de la crisis socioeconómica y las políticas de ajuste (2008-2014), solo frenados parcialmente estos últimos años, existen nuevos retrocesos sociales evidentes derivados de la inflación de precios, con la pérdida de poder adquisitivo y la calidad de vida de la mayoría de la población, así como la restricción de la protección social y los servicios públicos para la ciudadanía —sanidad, educación…—, con su continua trayectoria privatizadora y segmentadora.

Por otra parte, hay dinámicas que empujan hacia la involución política y la segregación social y cultural derechista en ámbitos sensibles como la igualdad feminista, la integración inmigrante, la sostenibilidad medioambiental y los propios derechos civiles y democráticos. En caso de no atajarlos desde una óptica progresista el resultado sería la deslegitimación gubernamental por su impotencia transformadora.

En esa circunstancia previsible es cuando adquiere relieve una apuesta más decidida y ambiciosa de control de precios, defensa de lo público y los derechos sociolaborales y reforma fiscal global, junto con la activación participativa, igualitaria y democrática de la sociedad. Supone la perspectiva de reforzar la legitimidad y el apoyo social y electoral del Gobierno de coalición progresista para asegurar su credibilidad ante la ciudadanía y garantizar la derrota de las derechas ante sus ofensivas reaccionarias de todo tipo y en las próximas convocatorias electorales.

Pero ahí topamos con dos dinámicas y enfoques estratégicos en las izquierdas que constituyen dilemas históricos. Una solución está en la moderación de las reformas, con la vista puesta en el electorado centrista y el aislamiento y el desprecio de los sectores de izquierda; otra respuesta está en la acción trasformadora real con la activación y ensanchamiento de las bases sociales progresistas y el refuerzo de su unidad respetando su pluralidad.

Para el Partido Socialista es dudosa la ganancia electoral de esa política continuista sobre los consensos de Estado con las derechas y el poder establecido y timorata en la reforma sociolaboral, aunque ha tenido que aceptar, aparte de la alianza con Sumar, una reforma democrática sustancial —la amnistía— para encauzar el conflicto catalán y asegurar la gobernabilidad.

Pero, para la coalición Sumar es decisiva una firmeza transformadora y, al mismo tiempo, de colaboración de todo el conglomerado alternativo y con la izquierda nacionalista. Se encadena la estrategia reformadora ambiciosa con una articulación interna unitaria y plural. Así, ganaría más autonomía respecto de su socio mayoritario e incrementaría su representatividad e influencia política. Sería un factor clave para aumentar su legitimidad social, su ensanchamiento electoral y su eficacia reformadora en la gestión institucional. El proyecto transformador necesita de unidad desde la pluralidad y, al revés, el respeto de una pluralidad colaborativa es la condición para avanzar con una estrategia transformadora real.

La apuesta socialista de “poner orden en Sumar”

Desde mi punto de vista, la principal confrontación estratégica entre las dos tendencias progresistas —aparte del nacionalismo periférico—, la socialista y la transformadora, desde cierta paridad representativa y con grandes desgarros internos mutuos, fue la producida entre los años 2016/2018 entre “continuidad” —pacto centrista de PSOE/Ciudadanos y aval al Gobierno de Rajoy— y “cambio real de progreso” —Gobierno de coalición progresista con acuerdo nacionalista—. Este solo fructificó parcialmente tras la firmeza de Unidas Podemos, la renovación socialista liderada por Pedro Sánchez y el reequilibrio favorable al PSOE respecto de su izquierda, más debilitada desde 2019.

La gestión del cambio de progreso, iniciada a trompicones —moción de censura de 2018, repetición electoral en 2019 e inédito Gobierno de coalición—, tenía un contenido reformador más acotado, con un mayor control socialista y la garantía de reformas sociales limitadas, sin cuestionar los equilibrios fundamentales —de Estado— de poder dominantes. Era el temor principal de los poderes fácticos, incluidas las instituciones europeas, que justificaban la contención y el descrédito continuado de Podemos.

A pesar de su actual debilitamiento representativo e institucional, respecto de la etapa anterior y su acceso a la gobernanza, Podemos, con su anterior configuración y alianzas, todavía es visto por el poder establecido —y por el PSOE— como una amenaza al proceso de normalización política y de hegemonía completa del bipartidismo. De ahí que no se confíen sobre su capacidad de fortalecimiento y, a pesar de su posición subalterna, todavía busquen mayores garantías de su marginación, sin facilitarle recursos para su recuperación. O sea, complementando a toda la estrategia de aislamiento por las derechas y los grupos de poder, para esos dirigentes socialistas, miembros del Consejo de Ministros, se trata de emplazar a Yolanda Díaz para que siga poniendo “orden” en Sumar, consolidando un papel periférico para Podemos.

Esa estrategia antipluralista que solicitan a la dirigencia de Sumar puede ser funcional para el Partido Socialista en la medida que no le interesa una coalición fuerte que le condicione significativamente su gestión política y su posición institucional dominante, mientras sigue acumulando trasvases representativos desde la base electoral alternativa. No obstante, es un error estratégico que solo ha funcionado parcialmente esta legislatura pasada a costa del debilitamiento democrático y la confianza en las alianzas de progreso y que puede volverse en contra de la posibilidad de reforzar el campo progresista y garantizar la próxima victoria electoral de progreso.

Pero, parece que su temor mayor es a tener una relevante corriente crítica e influyente por la izquierda que se empeñe en implementar cambios significativos para las mayorías sociales y la mejora del conjunto del país. Se reforzaría así la tradicional estrategia socioliberal de considerar su adversario principal a las fuerzas políticas a su izquierda, en vez de forjar una alianza democrática-social frente a las derechas reaccionarias. Se trata del clásico prejuicio ideológico-político del consenso liberal, que siempre considera que suma el centrismo (y la derecha vestida de centro) y resta la izquierda consecuente.

Articulación democrática

Respecto de la rearticulación interna de la coalición Sumar, aparte de todo tipo de dificultades de acoplamiento, se ha culminado la primera fase del proceso de sustitución y recomposición de la fuerza dirigente en la izquierda alternativa: ahora el predominio es de Yolanda Díaz y su equipo con una orientación y un discurso más moderados. Ha sido paralelo a la dinámica de dejar en una posición subalterna a un Podemos más exigente y “ruidoso”.

Para Movimiento Sumar y sus aliados más estrechos ha sido un éxito para su control institucional de la coalición y la fluidez de los acuerdos con el PSOE. Pero ha sido un fracaso en su objetivo de conseguir un significativo ensanchamiento electoral y una superación del declive representativo con una posición institucional más relevante que la precedente, para garantizar un proceso de reformas más ambicioso en favor de las mayorías sociales. Fiasco que ha sido paliado por la victoria el 23-J del bloque democrático y plurinacional y la continuidad de otra legislatura de progreso con acceso a la gobernabilidad compartida.

Por tanto, permanece el gran problema de la eficacia transformadora de la gestión política alternativa, de la capacidad de cambio de progreso real y sustantivo para las capas populares; junto con el refuerzo de la vinculación con la ciudadanía activa y los movimientos y grupos sociales progresistas, incluidos el sindicalismo y el movimiento feminista, y su promoción para dar soporte e impulsar políticas públicas efectivas y avanzar en los derechos sociales y civiles.

En definitiva, el factor clave a superar es la débil credibilidad transformadora, derivado de cierta inconsistencia de la fuerza social de base y vinculado con otro factor adicional significativo: la insuficiente unidad desde la pluralidad de su articulación orgánica, que expresa los límites de la actual élite política de la izquierda alternativa.

Desde 2021, en el conjunto de las fuerzas del cambio se ha producido, no sin tensiones, la sustitución del liderazgo de Podemos por la primacía de Yolanda Díaz y su equipo de Movimiento Sumar, con el apoyo de otras formaciones, básicamente, Izquierda Unida, Catalunya en Comú y los grupos del acuerdo del Turia —Compromís, Más País/Más Madrid, Chunta Aragonesista, Més…—. Así, se ha conformado la coalición Sumar, con una posición marginada de Podemos, que estos consideran injusta. Esa transición hacia la nueva composición representativa y dirigente con el predominio de Movimiento Sumar ha conseguido su prevalencia en la composición parlamentaria, las responsabilidades del grupo parlamentario y, probablemente, los cargos gubernamentales, con la marginación de Podemos (y de Izquierda Unida).

Sin embargo, tiene varios puntos vulnerables. El primero, la escasa legitimidad pública adicional derivada de sus resultados electorales del 23-J que no han evitado el continuado declive representativo de ese espacio y han estado lejos de sus expectativas. Al mismo tiempo, el objetivo de ese ensanchamiento electoral —recuperando una parte del electorado anterior inclinado hacia el Partido socialista o la abstención— era la motivación principal para el giro político y de liderazgo que se iba estableciendo, y al no cumplirse se debilita la credibilidad de ambos. Por tanto, la nueva coalición Sumar tiene menor capacidad condicionante de la hegemonía socialista en la gestión política que queda más consolidada. Constituye un desafío para el conjunto de la izquierda transformadora.

Otro aspecto es la deficiente articulación democrática y unitaria en su proceso de configuración orgánica. Muestra las incapacidades de los liderazgos establecidos para avanzar de forma integradora en la formación de un frente amplio, con suficiente legitimidad democrática, confianza y negociación política para facilitar la mínima unidad interna, con los correspondientes procedimientos consensuados, y así dar ejemplo a su electorado y a la sociedad de su capacidad articuladora y defensora de un proyecto político compartido.

Izquierda Unida ha propuesto un plan bienintencionado para articular a medio plazo el conjunto de la coalición y su estructura coordinativa, según criterios participativos en primarias y con proporcionalidad, emplazando a que Movimiento Sumar sea considerado un grupo político más. Sería un primer paso para profundizar en la cooperación de todas las organizaciones implicadas, con la perspectiva de avanzar hacia un auténtico frente amplio y unitario. Es un procedimiento razonable, pero precisa de una condición previa: la confianza expresa en un proyecto básico consensuado y compartido, así como el respeto a las reglas democráticas básicas y a la configuración plural y equilibrada resultante según la legitimidad electiva de los órganos coordinadores, especialmente el estatal y los autonómicos.

Es preciso un proceso semi constituyente de programas, estrategias y estructuras comunes, respetando la autonomía de cada fuerza política; el proceso constituyente de una sola formación con la disolución o irrelevancia de todas las organizaciones no está maduro. En ese sentido, conviene diferenciar entre la trayectoria constitutiva de Movimiento Sumar y la más amplia y compleja de la coalición Sumar o la perspectiva de un frente amplio más integrado.

Esa propuesta participativa de IU es similar a la de Podemos en su reciente plan de fortalecimiento, aunque este lo reduce al campo de las listas electorales, resaltando su propia autonomía política y orgánica y en la continuidad del acuerdo de coalición en Sumar… para las elecciones generales pasadas y la actuación parlamentaria, haciendo hincapié en su última Conferencia política de su diferenciación en la forma de hacer política más valiente y transformadora.

A mi modo de ver, es fundamental la legitimación y articulación democrática de las estructuras coordinativas de la coalición Sumar, con la participación equilibrada de todas las fuerzas políticas implicadas. Y es necesario un consenso procedimental. La dificultad mayor desde el actual equipo dirigente es su vértigo ante la posibilidad de modificar su posición prevalente en la actual relación de fuerzas representativa y que tantos esfuerzos y apoyos institucionales y mediáticos ha concitado. La participación electiva siempre supone cierta incertidumbre sobre los resultados de los equilibrios de poder interno y externo. Pero exige un talante democrático y pluralista. Las actuales cuotas representativas tienen un déficit democrático al no haber pasado por unas amplias elecciones. Y es imperioso su corrección a través de unas primarias proporcionales.

El problema que subyace es la posibilidad de que Podemos (e Izquierda Unida) tengan un papel más relevante en la coordinación orgánica, representación institucional y negociación programática y de la acción política, con otros reequilibrios legitimados democráticamente y que deslegitimen las decisiones impuestas hasta ahora. La tentación es continuar sin trasparencia democrática o constreñir y adecuar los marcos participativos para sacar ventajas de partida, en un forcejeo procedimental.

Existen reservas mientras todavía no se ha constituido orgánicamente el Movimiento Sumar —con la integración de Más País, no de Más Madrid—, que aspira a continuar siendo la fuerza dirigente, aunque está en entredicho su capacidad articuladora. E igualmente, cada fuerza particular está sometida a la incertidumbre de la constatación de su representatividad real y contrastada. Pero esa prevención a un amplio procedimiento participativo y plural, justificado por las garantías de su control orgánico, que tanta importancia tiene para múltiples agentes institucionales y la gestión política, entra en conflicto con la legitimación cívica y la credibilidad democrática de la nueva élite de la izquierda transformadora.

Por tanto, el peligro es que, aunque formalmente se acepte un sistema participativo, al final no se concrete con el pretexto de muchos detalles complicados. Así, paralelamente, se debería consensuar la respuesta a ese problema de fondo de la aceptación de una composición dirigente integradora, democrática y plural, junto con la estrategia compartida, el respeto a los equilibrios representativos y la capacidad negociadora para avanzar en acuerdos comunes, con procedimientos para regular los desacuerdos y el respeto a las minorías.

Una actitud integradora respetuosa con la pluralidad

Paralelamente a este plan de articulación orgánica aparece el reto de las elecciones europeas (y las autonómicas de Galicia y País Vasco). Respecto de las elecciones parlamentarias tiene dos ventajas: el distrito electoral es único para todo el Estado, por tanto con proporcionalidad pura, y no se pone en riesgo la gobernabilidad y la necesaria prioridad por la victoria sobre las derechas. Lo conveniente sería realizar primarias internas en la coalición Sumar para confeccionar proporcionalmente la lista unitaria con los puestos de salida. Si no se realiza, o se ponen vetos personales, se aboca a la presentación de varias listas, al menos, dos dada la decisión de Podemos, si no se dan esas condiciones democráticas, de presentar la suya por separado respecto de la oficial de Sumar. Así, pretende resarcirse del tratamiento injusto recibido y demostrar su representatividad con la demanda de reconocimiento de su peso político.

No obstante, hay que analizar los efectos colaterales de esa dinámica competitiva que puede derivar en el incremento del sectarismo. Ya he comentado que hay que solventar la representatividad real de cada fuerza política para articular democráticamente su orientación y su estructura orgánica y de representación institucional de forma plural y proporcional. Es un elemento clave en disputa que ha arrastrado toda la trayectoria de la coalición Sumar.

El procedimiento de primarias internas con suficientes garantías es lo más razonable, pero ante su posible bloqueo puede ser inevitable la contienda electoral abierta. Pero esa confrontación corre el riesgo de conducir hacia un crispado conflicto político, con muchos elementos sectarios, que probablemente perjudicaría a ambas (o más) listas y, por tanto, al proyecto compartido que quedaría debilitado, quizá en beneficio electoral del Partido Socialista (y la abstención). Al menos, deberían pactarse unas reglas mínimas de no agresión, debate plural y de alternativa común a los auténticos adversarios.

Los efectos pueden ser menos negativos que bajo la hipótesis de la división en las elecciones generales, que podía conllevar la pérdida del Gobierno. Incluso, esa doble (o triple) candidatura en las elecciones europeas puede ser compatible con la persistencia de la coalición que, al fin y al cabo, solo implica un acuerdo para las elecciones generales y un grupo parlamentario común, con la participación en la gobernabilidad del Ejecutivo progresista. Pero el componente sectario de esta confrontación en este espacio alternativo se puede agudizar, con la consiguiente disputa por el relato legitimador de cada parte y la acusación a la contraria. Mal asunto, que requiere limitar los daños. Sus negativas consecuencias políticas exigirán nuevas responsabilidades colectivas de todas y cada una de las partes para afrontar esos procesos electorales, así como la gestión política de estos meses, con un talante unitario y de respeto pluralista.

En definitiva, no se trata de “poner orden en Sumar”, como reclaman esos ministros socialistas, con el objetivo de consolidar su moderación política y su subordinación a los intereses y estrategias del Partido Socialista, sino de acordar una acción política transformadora a implementar con firmeza y negociar con la dirección socialista. Y, sobre todo, articular una dinámica deliberativa y decisoria unitaria, democrática y con respecto a la diversidad y pluralidad internas. La pluralidad política e ideológica, por sí sola, no explica el sectarismo. La prepotencia organizativa deriva, con el pretexto de diferencias políticas, de la débil cultura democrática para encauzar y no imponer los distintos intereses corporativos; muchas veces legítimos y necesitados de integrar, negociar o reequilibrar en un marco común superior.

A principios de todo este proceso de recomposición, a finales de 2021, publiqué una carta abierta “A la atención de Yolanda Díaz”, expresando sus especiales responsabilidades para el liderazgo de esa trayectoria. Ha cumplido su particular función de articular su propia plataforma política, Movimiento Sumar —todavía inacabada hasta su congreso fundacional, tras la constitución del nuevo Gobierno— con una legitimidad básica con su proceso de escucha, la elaboración programática y el decisivo aval mediático e institucional. Pero, como se ha dicho, tiene claroscuros en su objetivo de ensanchar electoralmente el espacio colectivo de la izquierda alternativa, condicionado por toda la dinámica sociopolítica, y poder reforzar su utilidad para el cambio de progreso. Lo más insuficiente es su gestión coordinativa y de liderazgo del conjunto de la coalición Sumar y, en particular, su incapacidad para superar la brecha política, institucional y organizativa con la dirigencia de Podemos, por mucho que este tenga parte de responsabilidad.

Su reto inmediato es coordinar el avance social y democrático y articular la coalición electoral. Su legitimidad pública y su liderazgo dependen de ello. Pero, además, dada la trascendencia de esta nueva etapa progresista y la conformación de la izquierda transformadora, en esta encrucijada histórica, también se ventila la credibilidad de toda la representación política de este conglomerado, vertebrada en torno a un proceso cívico ejemplar por su experiencia en la acción por la democracia, la igualdad y la justicia social de más de una década. La dinámica unitaria y la acción transformadora se fortalecerán, sobre todo, por el impulso de abajo, por una nueva reactivación cívica masiva que emplace a la militancia política y social progresista y, especialmente, a su alta representación orgánica e institucional a profundizar en los valores igualitarios, emancipadores y democráticos y regular un pluralismo unitario.