Poco conocida y rodeada de un gran consenso en el Parlamento Europeo, la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA, por sus siglas en inglés), progresa adecuadamente para ser la guía de actuación de la Unión Europea en términos de estrategia de cara a un futuro con escasez de energía, requerimientos de reducción de emisiones y amenazas a la “seguridad” continental.

A la actual propuesta, votada en plenario en Estrasburgo, le faltan tres pasos, el llamado “trílogo” entre una persona que representa a la Comisión, otra al Parlamento y una tercera de la presidencia del Consejo, la aprobación en plenario y la adopción de la ley. Antes de eso, la semana del 13 de noviembre, está planteado un evento organizado por la Comisión Europea para reunir a colaboradores privados y representantes institucionales a discutir sobre las oportunidades de esta estrategia sobre materiales críticos.

Pero la aparente falta de críticas al proyecto, que solo ha sido contestado en el Parlamento Europeo por el minoritario grupo de La Izquierda (The Left) no implica que este esté libre de sospechas y certezas sobre el modo de aproximarse a un asunto sensible para el futuro de la UE y del conjunto del planeta.

Dos organizaciones de la sociedad civil, Corporate Europe Observatory (CEO) y el Observatoire des Multinationales (OdM) han presentado hoy un informe Blood on the Green Deal («Sangre en el Pacto Verde») que detalla los posibles impactos de una serie de normas destinadas a sostener y dar un nuevo impulso a la minería, así como los trabajos de lobby que han llevado a que este proyecto de ley se acople como un guante a las necesidades del sector armamentístico y la industria aeroespacial.

El hecho es que este documento discute que el proyecto no discrimina entre el uso de los materiales críticos que están en el punto de mira de la UE. De este modo, el uso “verde” para la transición ecológica de estas materias ni siquiera se prioriza frente a su uso en la construcción de aviones.

Tampoco hay hasta ahora ninguna limitación sobre las vías de acceso a esos materiales. Nada que proteja los ecosistemas: la Ley CRM no impide proyectos de exploración y extracción en áreas protegidas, espacios Natura 2000, el Ártico y las profundidades marinas, detalla el informe de CEO y OdM.

Bajo el paraguas del “interés público primordial”, se abre la posibilidad de extracción y nuevos desarrollos mineros que permitirán a las empresas mineras “eludir las directivas marco sobre el agua, los hábitats y las aves, incluso cuando no hay garantías de que los materiales extraídos se utilicen efectivamente para la transición verde”, señalan las ONG.

“Antes de abrir más minas, incluso en España, deberíamos abrir la discusión sobre nuestro consumo de materias primas”, argumenta Lora Verheecke, una de las autoras del informe Blood on the Green Deal.

Lista de materiales

Litio, bauxita, fluorita, fósforo, cobre, estroncio, tierras raras, cobalto o tántalo son algunos de los materiales considerados críticos. Necesarios para la fabricación de teléfonos móviles (cobalto y tántalo), de baterías de coches eléctricos (se emplean litio, grafito, cobalto, níquel y manganeso) y de sus motores (disprosio, neodimio, praseodimio y terbio), la UE quiere proteger su green new deal mediante la priorización estrategia de la búsqueda y extracción de estos materiales y la protección de las “cadenas de suministro globales”. Para ello ha creado un fondo de inversión, Global Gateway, dotado con 300.000 millones de euros, el equivalente al PIB de Portugal.

“La ley conducirá a una mayor minería en el Sur Global y posiblemente en partes de Europa debido al consumo cada vez mayor de materias primas de la UE”, dice el informe. La UE señala que España tiene casi la totalidad de las reservas requeridas por la UE de estroncio, usado en compuestos químicos y farmacéuticos y en la fabricación de pantallas.

Dentro de los materiales, no obstante, se han introducido también dos viejos conocidos, aluminio y titanio, cuyo uso en la transición verde es más que dudoso. En esa inclusión ha sido determinante la labor de los lobbies de la aeronáutica y la industria armamentística, que “han estado muy activos tratando de influir en el contenido de la legislación CRM y han disfrutado de acceso privilegiado a los tomadores de decisiones de la UE”, denuncia el informe.

Uno de estos lobbies, ASD, influyó decisivamente sobre la representación española en el Consejo de la UE, que preside desde el pasado mes de junio, para incluir los intereses de la industria aeroespacial en el borrador de la Ley. De ASD forman parte compañías “españolas” como Indra o la participada por el Estado Navantia, así como TEDAE, la Asociación Española de empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, dirigida por Ricardo Martí Fluxá, exsecretario de Estado de Seguridad y uno de los principales halcones del sector armamentístico en España.

“La Unión Europea habla de paz y green deal pero su nuevo proyecto de ley va a abrir minas sucias para armas”, resume Verheecke. Uno de los aspectos que destaca el informe del que es coautora es cómo la guerra de Ucrania ha dado barra libre a la carrera armamentística en la Unión Europea, lo que ha justificado que los materiales estratégicos para la fabricación de corbetas, misiles o cazas sean incluidos en el mismo cajón de sastre que aquellos que sí pueden favorecer una reducción efectiva de las emisiones de dióxido de carbono.

[Fuente: El Salto]