“Que las cosas continúen así, eso es la catástrofe”, escribió Walter Benjamin. De hecho, el continuismo en una transición ecológica insuficiente e injusta es la forma de catástrofe que prepara el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, según dejó entrever el acuerdo programático entre el PSOE y Sumar, publicado justo antes del proceso de investidura. Aunque bien sabemos que los programas de gobierno no obligan, este documento es muy relevante porque previsiblemente anuncia la tonalidad y la ambición del Ejecutivo de los próximos cuatro años, con una derecha que apuesta peligrosamente por una crisis de Estado. Por eso, es responsabilidad de todos los actores del ecologismo y de la comunidad científica alertar ahora de manera muy clara: este programa de gobierno no está a la altura de los objetivos que marca la ciencia para la transición ecológica y representa una injustificable regresión política, social y ambiental en un contexto de máxima emergencia climática y de riesgos globales.

La reciente dimisión de Antonio Costa, primer ministro de Portugal, acusado de delitos relacionados con diferentes proyectos vinculados a la transición energética supone la primera sacudida de un terremoto político que puede extenderse a España y a los demás países europeos, cuyas democracias están más fragilizadas que nunca por el capitalismo verde y por el peso de la extrema derecha en la gobernanza europea. En este contexto, la brutal e inesperada caída de Costa y su red clientelar demuestra que el llamado modelo socialista de “revolución verde” ibérica ni es revolucionario ni es verde y tan sólo reproduce el modelo fósil con energías renovables. La corrupción de los altos cargos de un Gobierno de izquierda permitió eliminar a la vez las medidas de control democrático y los requisitos ambientales, para garantizar a los grandes inversores del sector los máximos beneficios posibles, entre ellos muchos grupos españoles. Buena parte de todos estos abusos y delitos se presentaron como necesarios en una carrera a contrarreloj hacia la descarbonización, pero este aceleracionismo ha revelado ahora lo que es: una falacia que paraliza una transición ecológica justa en toda Europa y pudre la democracia en la península ibérica.

En España, los partidos que van a entrar en el gobierno deberían aprender de esta crisis portuguesa y comprometerse a no mantener lo que nos lleva a la catástrofe. La nueva legislatura tendrá que impulsar de inmediato una economía de la suficiencia que el IPCC recomienda, en su sexto informe publicado en 2022, y define como “un conjunto de medidas políticas y prácticas cotidianas que evitan la demanda de energía, materiales, tierra, agua y otros recursos naturales al tiempo que proporcionan bienestar para todos dentro de los límites planetarios”. Para que estas medidas sean respaldadas por el conjunto de la sociedad, deben ser justas, es decir, aportar un progreso real para la mayoría, porque sólo así un gobierno de izquierda podrá ir en contra de los intereses del oligopolio energético y de los grandes grupos empresariales y financieros que hasta ahora secuestran la transición ecológica tanto en España como en Portugal.

Una democracia energética atada y bien atada

El caso de la transición energética es ejemplar: la actual implantación masiva de renovables en España está atada por las grandes empresas energéticas que, además de ralentizar el desarrollo del autoconsumo solar como se ha visto ya en el año 2023 y se comprueba cada día con la nula implantación de las comunidades energéticas, generan la máxima especulación posible en macroplantas fotovoltaicas y eólicas, llegando a un nivel de corrupción, de destrucción ambiental y de litigios judiciales sin comparación con el resto de Europa. Las clases populares siguen sin ver cómo se pueden beneficiar de la transición energética y, como bien dijo el relator de la ONU Philip Alston, “siendo un país rico, España vive en la pobreza generalizada”. La actual transición ecológica no revierte esta carestía, aunque podría solucionar el grave problema de la pobreza energética que ya padecen una de cada seis personas en España, sino que ocasiona impacto en amplios territorios que sufren un nuevo tipo de colonialismo energético, en todas las zonas de sacrificio ya muy castigadas de la España vaciada.

Mientras tanto, en otros países de Europa la democracia energética ya está en marcha. En Alemania, por ejemplo, se está estudiando un programa de profunda reforma del mercado de la energía para que el 90% de las personas puedan unirse en comunidades de energía renovables, basadas en el intercambio de energía. En Dinamarca, desde 2009, una normativa obliga a que la ciudadanía tenga derecho a ser accionista, con un 20%, de cualquier proyecto eólico terrestre y marino mediante cooperativas y acceso individual. Estas estrategias de co-ownership scheme son por supuesto aplicables en España, pero ningún partido progresista de gobierno tiene un compromiso real con este tipo de empoderamiento económico de la ciudadanía. Sumar y el PSOE se encuentran todavía muy lejos de integrar en su pacto los objetivos concretos de un modelo de transición ecológica socialmente justa y de una política de suficiencia y sobriedad energética capaz de disminuir la galopante desigualdad del país.

Una investigación reciente ha demostrado que las políticas de austeridad neoliberales que recortan el gasto público han elevado simultáneamente el nivel de desigualdad social y el voto a la extrema derecha en toda Europa, generando una ola reaccionaria sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, que amenaza directamente a nuestras democracias y en particular a la transición ecológica. En España, el PP ya tiene asimilada la demagogia anticlimática de Vox y arremete de manera electoralista contra una supuesta “dictadura activista”, como señaló Feijóo en su discurso de investidura fallida, dando una señal muy inquietante de deriva extremista. Ahora mismo, en 14 países de la UE, los partidos de extrema derecha están ya instalados entre las tres primeras intenciones de voto para las próximas elecciones europeas de junio de 2024. Todos centran sus campañas en la misma estrategia supuestamente antisistema: derrocar la agenda verde europea. ¿Qué hace la izquierda en Europa y en España ante esta previsible derrota política, en un contexto de máxima amenaza geopolítica global?

Programas y renuncias

El acuerdo programático de gobierno, titulado “España avanza”, supone una regresión catastrófica en comparación con los principales objetivos que el PSOE y Sumar eran capaces de formular en sus respectivos programas electorales. Recordemos que en 2020, Pedro Sánchez fue elegido sobre la base de un programa en el que el PSOE proponía una reforma constitucional destinada a incorporar a la Carta Magna los “límites planetarios” como requisito indispensable para el progreso económico y social y declarar el acceso al agua y la energía como “servicios de interés general”. Cristina Narbona, presidenta del PSOE, fue la portavoz de este proyecto de “segunda transición”, que pretendía acercar al partido a una política de “postcrecimiento” y sobriedad. En 2023, el partido abandonó este compromiso en su programa de transición ecológica justa, aunque mantuvo la “reducción de los consumos” energéticos y la participación ciudadana “en el centro de la toma de decisiones de la acción climática”.

En Sumar, la renuncia a los principales objetivos programáticos para la transición ecológica es aún más evidente. Yolanda Díaz y su equipo habían organizado y publicitado antes de las elecciones autonómicas del 28M un proceso deliberativo abierto en colaboración con el Foro de Transiciones, dentro del cual Yayo Herrero había coordinado un documento muy ambicioso y esperanzador, que integraba los resultados de la Asamblea Climática Ciudadana desarrollada en España entre 2021 y 2022. Este documento, titulado ‘Sumar para una transición ecológica justa en España’, apostaba por una transición decrecentista y participativa, promoviendo una nueva gobernanza ciudadana y la “organización de asambleas ciudadanas en todas las escalas territoriales” integradas a “la toma de decisiones y rendición de cuentas sobre políticas públicas”.

Asambleas ciudadanas permanentes

Tan sólo seis meses después de las elecciones generales, no queda absolutamente nada de esto en el actual proyecto de gobierno, porque el llamado “crecimiento justo” se ha convertido en el hilo rojo que vertebra las 230 medidas del programa ‘España avanza’. Es justamente este tipo de crecimiento neoliberal, por definición injusto, esta apuesta por lógicas expansivas de la economía y el consumo, lo que los partidos de izquierda deben revertir urgentemente en Europa. La descarbonización radical, la adaptación al calor extremo y los riesgos climáticos como sequías e inundaciones; la lucha contra la desigualdad, la protección de la biodiversidad, la economía de la suficiencia y el decrecimiento deben de ser banderas de cualquier partido de gobierno. Pactar sin esto y sin contar con la participación real de la ciudadanía desdibuja un futuro ya de por sí amenazado y también hipoteca la propia supervivencia política de los partidos de izquierda.

Thomas Piketty, economista de referencia a nivel internacional y mediático spin doctor de Yolanda Díaz en la última campaña electoral, ha vaticinado que las izquierdas actuales no sobrevivirán a la actual explosión de las desigualdades en Europa, que sólo beneficia electoralmente a la extrema derecha. De cara a las próximas elecciones europeas de 2024, junto a 10 otros economistas y politólogos, Piketty ha lanzado una alerta máxima a todos los partidos de izquierda para que “se unan en torno a una perspectiva política transnacional e impongan una agenda ecológica, social y democrática para la próxima legislatura europea”. Los expertos firmantes instan a todos los partidos progresistas a construir una alternativa política para recuperar el control democrático de la transición ecológica, fundada en “una asamblea permanente de ciudadanos a nivel europeo, interconectada con las asambleas ciudadanas nacionales y locales”. Esta propuesta encaja en la actual estrategia de integración de nuevos países en la Unión Europea (Ucrania, Moldavia, Georgia), que supone una profunda reforma institucional que dará una importancia real a la participación ciudadana.

En toda Europa, una aplastante mayoría de la población está reclamando a la vez más justicia social y más acción climática, pero, como decía George Orwell, “cuando la extrema derecha sube entre la gente ordinaria, lo que debe hacer la izquierda es cuestionarse a sí misma”. Los retos climáticos de 2023 señalan que es necesario una acción masiva tanto de descarbonización como de adaptación democrática y social. Es decir, mucha más ecología, más redistribución, más justicia y menos desigualdad. En España, toca construir ahora mismo un programa de gobierno progresista que ponga en el centro de la transición ecológica de manera permanente e institucionalizada una amplia participación ciudadana en una economía de la suficiencia y de la sobriedad energética que recomienda el último informe del IPCC.

[Fuente: Ctxt]