En la medida en que un Estado democrático tenga limitada seriamente su soberanía, como es el caso de España, las consecuencias sistémicas en el ámbito de la política significan una regresión que ha de suscitar algo distinto, una distorsión del sistema político.

El Estado español tiene limitada su soberanía económica por la Unión Europea, que únicamente le permite un gobierno económico menor, de detalle, pero no ser independiente en la determinación de su política económica general: la fiscalidad, la intervención política del mercado, las empresas públicas, la deuda externa —elementos básicos de la política económica general—, entre otras cosas, no se hallan en sus manos, sino en las de la dirección política (no elegida por las poblaciones europeas) de la UE.

El Estado español tiene limitada su política exterior y militar por la pertenencia a la Otan, una organización militar caracterizada por su tendencia a la intervención bélica aunque sus miembros no hayan sido agredidos. Debido a la pertenencia a la Otan el Estado español intervino en las guerras de Iraq y Afganistán; debe sufragar gratuitamente la defensa militar de Ucrania —no, en cambio, la ayuda a la supervivencia diaria de los ucranianos—. Y su política exterior ha de ser coherente con la de la Alianza, política evidentemente determinada por el aliado norteamericano.

Incluso en el orden interno el Estado está tutelado por este “aliado” o gran patrón norteamericano, como se mostró en el golpe del 23-F o incluso antes, cuando el gobierno Nixon le señalaba a Franco que debía sucederle un régimen bipartidista, con un partido socialista y uno conservador. Hágase el lector una pregunta retórica: ¿podría un gobierno español legalizar todas las drogas como medio para acabar con las mafias y reducir el consumo? ¿Podría hacerlo sin que la DEA pusiera el grito en el cielo? O esta otra: ¿actuó el gobierno a instancias de Norteamérica cuando abandonó políticamente a la población saharaui y adoptó posiciones promarroquíes en ese conflicto? O también: ¿es el Estado capaz de hacer frente a los grandes grupos económicos que se lucran en nuestro país sin contribuir fiscalmente?

Un análisis pormenorizado aportaría sin duda más elementos de confirmación de la tesis de la soberanía limitada del Estado español actual —caso no único en Europa—. Lo importante es preguntarse cuál es la consecuencia de la limitación.

La primera y grave consecuencia es un vaciamiento de la democracia: los votos de la ciudadanía no sirven para nada en los campos en que la soberanía estatal ha sido transferida a otros entes. El voto ciudadano tiene consecuencias limitadas.

Y consecuencia de la primera consecuencia es la progresiva conversión del sistema político en un eleccionismo.

Por eleccionismo se entiende el desvío de la atención, o la ocultación, de decisiones gravísimas del sistema político real mientras crece, en cambio, una contraposición política exacerbada que gira en torno a las sucesivas elecciones, a los partidos y a las personas. No hay auténtica discusión política razonada sobre las diferentes opciones que se presentan al electorado, sino ocultaciones, teatrillos y retóricas diversos centrados en las elecciones, en las virtudes y defectos del personal político, y “escándalos” ante las declaraciones o insultos de unos y otros. Hay en cambio ocultación de materias molestas para los antes citados.

Eso conduce a divisiones de tipo “los míos” y “los otros”, “los buenos” y “los malos”, divisiones que acaban siendo no solamente políticas sino —lo que es mucho peor— sociales, entre la gente. Y no se responde, o solo se dan respuestas débiles y epifenoménicas, a asuntos que nos afectan gravemente como los diferentes aspectos de la crisis del nicho ecológico de la especie. Se supone oficialmente que en el futuro podremos vivir como hasta ahora aunque con dificultades crecientes pero superables. Tal es el erróneo planteamiento oficial.

Cuestiones como la natalidad y el exceso de población, la posibilidad de aprovechar los flujos migratorios para emprender cambios necesarios; la escasez y encarecimiento de la energía; la acumulación de residuos en ríos y mares; la desaparición de especies animales y vegetales; la escasez de materias primas. ¿Alguien ha oído hablar de eso en los “debates” electorales? El eleccionismo lo tapa todo, y los medios de masas colaboran en ello, además de callar toda crítica, por supuesto, a sus anunciantes-financiadores.

Esta deriva del sistema político hacia el eleccionismo no solo polariza a la población, sino que la impide pensar por cuenta propia. Como resultado de cuarenta años de franquismo y otros tantos de neoliberalismo, de debilitamiento de las prestaciones sociales reales mientras formalmente se mantienen —el modelo ejemplar lo suministra la actual Comunidad de Madrid—, muchas personas lesionadas por estas políticas han incrementado su deseo de desquite y ven en el autoritarismo un Salvador contrapuesto a la inepcia política. En España hemos presenciado un fuerte respaldo poblacional a un partido de ultraderecha, Vox, que pretende programáticamente eliminar el pluralismo institucional del Estado, derogar la legislación reciente contra la desigualdad, instaurar un régimen inevitablemente represivo. Partidos parecidos, quizá menos agresivos, merodean en otros estados europeos, pues el eleccionismo no es un fenómeno específicamente hispano.

Por otra parte, el eleccionismo induce a algún partido, como el PP, a aferrarse con uñas y dientes a su dominio sobre las autoridades del poder judicial a través del control de su Consejo de Gobierno, cuando tiene causas penales pendientes contra él como tal partido y contra algunos de sus exdirigentes. El eleccionismo encubre este ataque frontal a la división de poderes pues “los suyos” son favorables a cualquier cosa que haga, aunque sea contra la Constitución. No es el PP el único partido en laborar pro domo sua. En mayor o menor medida, todos son inducidos por el eleccionismo a negar la evidencia que les perjudique.

Es dudoso que el eleccionismo tenga algo que ver con la corrupción en España y con la conversión de Madrid y de Mallorca en los Miamis europeos para las diversas mafias latinoamericanas. Pero la debilidad y a veces la impotencia del sistema político debida al eleccionismo facilita, entre otras cosas, que fondos buitre succionen recursos públicos: el caso de la abducción de viviendas sociales en Madrid y la artificial carestía de la vivienda en todo el país son ejemplos de ello.

¿Qué se puede hacer? Ante todo, tratar de defender a ultranza políticas redistributivas y defender o reconstruir el Estado Social. El gobierno vasco da ejemplo en esto. Todos los ciudadanos del País Vasco tienen acceso a excelentes servicios públicos de salud, hasta el punto de que ninguna de las grandes compañías de seguros médicos privados ha conseguido implantarse de veras en Euskadi.

Es preciso formar opinión. Resistirse a aplicar políticas neoliberales aunque vengan de la Unión Europea, y apostar en cambio por políticas redistributivas. Tomar distancias y reticencias con la Otan, y oponerse a meter militarmente al país en enredos como Iraq, Afganistán y Ucrania. Vigilar los presupuestos públicos, en los que hay medios indirectos, opacos, de incrementar los gastos militares. Promover una política fiscal redistributiva y afrontar en serio el tránsito a una economía sostenible y en ciertos sectores decreciente. Buscar un pacto de Estado en materia de educación que señale unas líneas básicas infranqueables por las comunidades autónomas. Quizá con éxito en prácticas políticas así podamos reducir a dimensiones razonables el tumor del eleccionismo. Hoy por hoy el régimen de libertades necesita cuidados paliativos.