La soberanía popular ha hablado el pasado 23 de julio: Existe una mayoría progresista, democrática y plurinacional con el reto, no solo de frenar el proyecto reaccionario de las derechas extremas y hacer fracasar la investidura de Núñez Feijóo, sino de apoyar un nuevo Gobierno de coalición progresista, en torno al Partido Socialista y la coalición Sumar, que aborde los imprescindibles avances, entre otros, de las agendas social y territorial. Con la probabilidad de esa configuración gubernamental y de alianzas se trata de avanzar en la clarificación de algunos nudos programáticos y de gobernabilidad.

Un escenario difícil pero alentador

España (y Europa y el mundo) está en una encrucijada estratégica ante las múltiples dimensiones de las crisis socioeconómicas, institucionales, geopolíticas, medioambientales… Se dibujan dos grandes corrientes políticas diferenciadas, la liberal conservadora, cada vez más escorada al autoritarismo posdemocrático, y la progresista o democrática, incluyendo inclinaciones centristas y socioliberales. Ello, sin descartar acuerdos transversales de parte de esas tendencias, particularmente en el ámbito europeo, geoestratégico y macroeconómico.

Esa dinámica de cierta polarización política es previsible que se amplíe en España, con una actitud cada vez más crispada del Partido Popular y Vox. En ese contexto, y a pesar del incremento del poder territorial de las derechas y su relativo ascenso electoral, las fuerzas progresistas tienen suficiente representatividad y legitimidad cívica para desempeñar un factor de progreso frente a los riesgos de las desigualdades sociales, de género y territoriales. Igualmente, puede constituir un ejemplo de neutralización de las tendencias regresivas y autoritarias, basadas en un nacionalismo españolista excluyente, a través de una salida democrática, social y solidaria —federal con componentes confederales— a los retos como país diverso culturalmente y con grandes déficits sociales.

En particular, el Partido Socialista está condicionado por los dos flancos que le dificultan desarrollar sus inclinaciones continuistas y socioliberales. Por un lado, el social, por la presencia de la coalición Sumar y diversos movimientos sociales y tendencias sociopolíticas, como el feminismo, el propio sindicalismo y la creciente conciencia ecologista, que expresan unas demandas transformadoras de fondo. Por otro lado, el territorial, en particular, la superación del conflicto político con Cataluña, empezando con su desjudicialización y la necesaria negociación de una amnistía política.

Los probables socios de investidura de Pedro Sánchez, con un pacto mínimo de legislatura, están en disposición de formar un bloque progresista y plurinacional, en confrontación con la estrategia involucionista y bloqueadora de las derechas, que pueda asegurar una gobernabilidad estable para afrontar esos desafíos, con la perspectiva de ir más allá, incluso, de esta legislatura.

Ese conglomerado de partidos políticos es muy heterogéneo y responde a una diversidad de intereses sociopolíticos, económicos y corporativos respecto de los distintos grupos de poder institucional, mediático y territorial. De entrada, todavía hay una gran fragilidad para establecer una estrategia transformadora coherente a medio y largo plazo con un proyecto compartido, incluso entre los dos socios de Gobierno.

Cabe distinguir cuatro posiciones políticas combinando el eje izquierda/derecha y el eje territorial, entre fuerzas estatales y nacionalistas periféricas. Por un lado, el Partido Socialista, que se reafirma como formación dominante pero con insuficiente representatividad para gobernar en solitario, junto con la coalición Sumar y su diversidad interna, que incluye la especificidad de Podemos, con planteamientos de mayor firmeza y ambición transformadora; por otro lado, las izquierdas soberanistas (ERC, EH-Bildu y BNG), con mayores puntos comunes con la anterior en lo social, y las derechas nacionalistas (PNV y Junts, ésta con su independentismo unilateral reducido) con posiciones liberales en lo económico.

Cada actor político, incluidos sus grupos sociales y mediáticos afines, busca ampliar los respectivos espacios electorales que le faciliten una ventaja representativa y una mayor influencia de poder institucional. Pero esa competencia legítima debe mantener una doble finalidad: responder al contrato social con su base electoral y defender los intereses del conjunto del país desde esa perspectiva de progreso. Es el sentido de la política y la gestión institucional, no muy prestigiada entre la ciudadanía, por los incumplimientos y frustraciones existentes, y que debe incrementar su credibilidad.

El riesgo es el forcejo permanente por esos intereses partidarios, con una visión inmediatista del impacto legitimador de cada gestión política particular, y a veces lejanos respecto de su utilidad transformadora, y no solo retórica, sin que se vinculen con el beneficio para las mayorías sociales.

Además del bloqueo previsible de las derechas extremas y distintos grupos de poder institucional y mediático, aparecen en el panorama otras dificultades estratégicas para una dinámica progresista: cierto giro neoliberal de las políticas económicas europeas y mundiales hacia la estabilización fiscal y monetaria y el recorte de derechos sociolaborales; los peligros del conflicto geopolítico y la subordinación europea al hegemonismo estadounidense; el ascenso de corrientes autoritarias y de extrema derecha, o la propia articulación de la Unión Europea y el futuro incierto de su modelo social y democrático de derecho.

En el plano inmediato, dos conveniencias políticas distintas pueden dar al traste con la legislatura completa para sacar ventaja partidaria y adecuar la duración de la gobernabilidad a sus respectivos proyectos políticos. Por una parte, el propio Partido Socialista sí ve la oportunidad de ensanchar su hegemonía institucional y evitar los condicionamientos por su izquierda y por los nacionalismos. Por otra parte, Junts y su intento de recuperar su predominio en la Generalitat catalana, con mayor control institucional y querencia neoliberal, que podría inclinarle a desentenderse de la gobernanza progresista española.

La solución es priorizar el objetivo común, con una dinámica de profundización en los cambios sociales e institucionales que necesita la sociedad plurinacional española, neutralizar la ofensiva divisionista de las derechas reaccionarias, y fortalecer y conjuntar el amplio y diverso espacio democrático. El conflicto se produce entre la involución regresiva y autoritaria y el avance social y democratizador, y el peligro es la división progresista y su inacción transformadora real.

Claves para afianzar el campo progresista

No entro en detallar los componentes de un necesario acuerdo programático y de estructura de Gobierno entre el Partido Socialista y la coalición Sumar, con sus equilibrios internos, así como en las particularidades de la negociación con las fuerzas nacionalistas. Se deberán abordar las grandes transformaciones modernizadoras, incluidas las medioambientales, la consolidación y creación de empleo decente y las políticas europeas, así como la democratización institucional y del Estado de derecho, incluido la judicatura y el poder mediático. Con especial relevancia inmediata está la negociación y el acuerdo en torno a la amnistía y el compromiso colectivo para iniciar esta legislatura de progreso. Particular importancia tiene la apuesta por el refuerzo del Estado de bienestar y los servicios públicos y, especialmente, las políticas de igualdad social y feminista.

Me centro en dos aspectos relevantes: la reforma social y de la estructura territorial, y específicamente en su interacción, debido al carácter y la relación de las fuerzas políticas, de izquierdas y nacionalistas, que deben compartir, al menos, la trayectoria de esta primera parte de la legislatura. Esta combinación en un mismo nudo articulatorio —cívico, estatal y territorial— afecta a dos ámbitos fundamentales que exigen transformaciones relevantes en correspondencia con demandas significativas de mayorías sociales. Y deshacerlo permitirá recomponer los niveles de confianza entre la sociedad y la clase política gobernante, en este caso la alianza progresista entre las izquierdas y los grupos nacionalistas, necesitada de mayor legitimidad pública frente al acoso derechista.

Englobo bajo el concepto de reforma sociolaboral aspectos ya iniciados en la anterior legislatura de la mano del acuerdo gubernamental de PSOE y Unidas Podemos, normalmente con apoyo parlamentario nacionalista, y que necesitan un mayor impulso, desde el incremento de la capacidad adquisitiva de las familias trabajadoras y el control de precios alimenticios y de la vivienda —alquileres e intereses de hipotecas— hasta una ampliación de los derechos laborales, incluido los incrementos salariales, la reducción de jornada y la protección al desempleo.

Pero me detengo en un aspecto particular en el que se conectan los dos campos, el social y el territorial, y en el que se interrelacionan la política fiscal y distributiva, la financiación autonómica, las competencias institucionales y su orientación, las garantías protectoras para la población y los servicios públicos fundamentales.

Dejando aparte la necesaria seguridad del sistema público de pensiones y las prestaciones de desempleo, estoy hablando del refuerzo del Estado de bienestar y su suficiencia financiera con la correspondiente reforma fiscal progresiva, así como de la gestión —progresiva o regresiva— de las comunidades autónomas. Se trata del generar el imprescindible avance cualitativo de la sanidad y la educación públicas, así como de los sistemas de apoyo a la dependencia y el escudo social frente al riesgo de vulnerabilidad y pobreza, en particular con la mejora sustantiva del ingreso mínimo vital y mecanismos similares. Son aspectos ya abordados en la anterior legislatura, especialmente en el ámbito normativo, con la implementación de diversas medidas positivas que han paliado la precariedad, la desigualdad social y territorial y la pobreza y la vulnerabilidad, pero que necesitan un fuerte impulso operativo.

Esta reforma combinada, social y territorial, tiene dos rasgos para garantizar su calidad y su cobertura. Uno, cuantitativo y fiscal: es preciso su suficiencia financiera, cuando se trata —tras las pensiones— del principal gasto público del Estado cuya gestión, en este caso, está trasferida a las instituciones autonómicas (y municipales). Tiene que ver con la aplazada reclamación histórica de una nueva, mayor y adecuada financiación autonómica y con una significativa reforma fiscal progresiva —aplazada desde la anterior legislatura— que tenga también una función redistribuidora frente a la desigualdad socioeconómica, y a la que se oponen visceralmente las derechas y los grandes poderes económicos.

Otro rasgo es cualitativo: se trata de frenar su continuada reestructuración regresiva, con debilitamiento de su función protectora, su proceso de mayor privatización y segmentación, paralela a la desigualdad social y laboral, que está impulsado por la primacía cada vez mayor que se le da al mercado y los grandes consorcios económicos en la provisión de esos servicios públicos que disminuyen su función protectora, educativa y de cohesión social.

Por tanto, este objetivo exige una mayor firmeza transformadora y un plan global de reforma fiscal, con la ampliación de la financiación autonómica (y local), y un refuerzo de la gestión pública. Tiene la particularidad de que se ha incrementado el poder autonómico de las derechas, empeñadas en la privatización y reducción de esos servicios públicos, y, por otro lado, constituye una reclamación fundamental de las fuerzas nacionalistas periféricas, siendo esencial para la normalización institucional en Cataluña.

La mayoría parlamentaria de progreso y el nuevo gobierno de coalición tienen este fuerte desafío, de interacción distributiva, protectora y de articulación institucional, que es sustancial para reafirmar el campo progresista y de izquierdas y la confianza de la ciudadanía en su gestión política. Se neutralizaría, así, la demagogia derechista con sus bajadas de impuestos a los ricos, sus incentivos a los poderosos y la instrumentalización de la división social con privilegios a las capas acomodadas, y el abandono público del bienestar de las mayorías sociales, con la individualización de los riesgos.

Supone la perspectiva de revertir el poder territorial de las derechas, favorecer la legitimidad de las izquierdas —incluidas las nacionalistas en Cataluña y País Vasco— y, sobre todo, responder a las incertidumbres de la mayoría de la sociedad y dar credibilidad transformadora a las izquierdas. En ese sentido, es una responsabilidad adicional para la coalición Sumar como puente y condicionador tanto respecto del Partido Socialista y sus inclinaciones timoratas para la reforma social, como de las tendencias nacionalistas, especialmente de sus derechas reticentes a los cambios progresivos, y que pueden coincidir en su bloqueo.

Abordar esta combinación de la reforma social y territorial es clave para fortalecer el campo progresista, aumentar la cohesión social, vertebrar mejor el territorio y sus instituciones y relaciones interculturales, y avanzar en un proyecto de país más avanzado y democrático.

Un acuerdo de investidura y gobernabilidad básico y a medio plazo

Una vez derrotada la investidura derechista de Núñez Feijóo y comprobado su insuficiente respaldo parlamentario, se ha iniciado el proceso de negociaciones del complejo campo progresista, democrático y plurinacional para la investidura alternativa del socialista Pedro Sánchez para la presidencia del gobierno, junto con un pacto, al menos mínimo, para el inicio de la legislatura bajo un Gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y la coalición electoral Sumar.

Dada la composición parlamentaria y el papel determinante de los grupos nacionalistas periféricos, particularmente vascos (PNV y EH-Bildu) y catalanes (ERC y Junts), ha pasado a primer plano político-mediático la crisis territorial y la articulación de la plurinacionalidad, particularmente la superación de la unilateralidad del procés mediante una amnistía política, con la desjudicialización del conflicto y el refuerzo de la convivencia, y la posterior negociación sobre el estatus del autogobierno de Catalunya y sus relaciones con el Estado.

Es el campo de la oposición visceral de las derechas del PP y VOX, con el discurso tremendista de que ‘se rompe España’, con el objetivo de impedir y desgastar a un nuevo gobierno de progreso e intentar recuperar el poder gubernamental mediante unas nuevas elecciones generales. Las negociaciones para ese acuerdo son complicadas, pero el resultado probable es la conformación de un Gobierno de coalición progresista, con la garantía de una gobernabilidad básica, al menos, a medio plazo.

Frente a la involución política y socioeconómica que representan las derechas, existen bases para compartir una gobernanza para toda la legislatura con beneficios para todas las partes y el conjunto del país. No obstante, la estabilidad institucional es frágil y está sometida a las expectativas de Junts por su estrategia para recuperar la hegemonía institucional en el Govern la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas de Cataluña, con un discurso independentista más duro que el de ERC, con la legitimación de su relato.

Por otro lado, el propio Partido Socialista trata de consolidar su estatus de fuerza hegemónica gubernamental y ensanchar su campo electoral. Aparte de contener a las derechas extremas, necesita pactar con los otros dos bloques, nacionalistas y a su izquierda, sin descartar el incremento de su autonomía respecto del primero y sus exigencias soberanistas, y reforzar su primacía en relación con Sumar y Podemos y sus demandas transformadoras, para conseguir otros reequilibrios representativos más favorables para su centralidad política y, en su caso, contemplar el agotamiento de la legislatura y adelantar las elecciones generales.

Además, estamos en un contexto de nubarrones económicos, con una tendencia hacia la vuelta a la contención fiscal, la devaluación salarial y el freno a los derechos sociales y laborales, y de empeoramiento de los conflictos geopolíticos —aparte del de Rusia/Ucrania que sigue vivo— con el inmediato de la desproporcionada venganza del Estado israelí al ataque de Hamás, con una ocupación de Gaza y Palestina sin respetar el derecho internacional y cometiendo crímenes de guerra y una limpieza étnica, que amenaza con su generalización regional.

Por tanto, descartadas ahora las elecciones anticipadas, existen dos hipótesis sobre el carácter del probable acuerdo parlamentario democrático y plurinacional. Una es un compromiso solo de investidura, con la inestabilidad inmediata sobre la gobernabilidad. Otra, un pacto completo y sólido de legislatura, entre las tres partes (socialista, nacionalista y Sumar/Podemos) que garantice el grueso de las políticas públicas, presupuestarias y de reforma del Estado.

El punto intermedio es el más realista. Existen condiciones positivas e incentivos para las tres partes, aunque estén combinadas con la percepción particular sobre los distintos intereses políticos y la expectativa de los reequilibrios representativos que añaden la dificultad para forjar un compromiso firme y duradero. Así, frente a los augurios de las derechas, no es descartable una gestión razonable del nuevo Gobierno progresista, con presiones y tensiones variadas pero con un apoyo parlamentario suficiente. Al menos hasta que se vayan clarificando las incertidumbres sociopolíticas y económicas, las estrategias de los distintos actores y los procesos de legitimidad social y apoyo cívico a la nueva trayectoria de progreso, a contrastar en las próximas elecciones europeas de primavera y, sobre todo, en las autonómicas, catalanas, vascas y gallegas, del próximo año.

Una reforma sociolaboral ambiciosa

Anteriormente he expuesto las claves y la interacción entre los dos ámbitos, como el desafío político y democrático para afianzar el campo progresista y ganar credibilidad ciudadana. La nueva legislatura es una oportunidad para abordar la reforma democrática y federal del Estado y, en particular, la convivencia y el encaje de Catalunya. Sin embargo, avanzar en esa tarea legítima e histórica no debe oscurecer o relegar el otro reto fundamental para la sociedad, especialmente para las capas populares: una reforma social que, en muchos aspectos, es complementaria del refuerzo de la articulación territorial y sus competencias distributivas y protectoras.

En particular, es imprescindible el refuerzo de la sanidad y la educación públicas y el conjunto de las políticas frente a la vulnerabilidad social. Igualmente, aunque también se hayan dado pasos significativos en la anterior legislatura, se deben mejorar la cantidad y la calidad del empleo —salarios, jornada…— junto con la protección frente al desempleo y el avance en los derechos laborales y sindicales, así como la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población —alimentación, vivienda, transporte, sostenibilidad medioambiental…—.

No los detallo, solo aludo a la imprescindible reforma fiscal progresiva para dar suficiencia presupuestaria a ese refuerzo necesario del Estado de bienestar, en su triple función protectora, educativa y distributiva, clave frente a la estrategia neoliberal de las derechas de su privatización, deterioro y segmentación.

Cabe añadir dos aspectos, por su especificidad: la perspectiva de género en la reforma social y laboral, y el tratamiento integrador e intercultural de la inmigración y la diversidad étnica y cultural. Ambos exigen un enfoque multidimensional, pero son interdependientes de una reforma social en profundidad.

Respecto de las políticas feministas, en la legislatura pasada se ha avanzado en los derechos para las mujeres y colectivos LGTBI y es preciso consolidarlos e implementarlos, en especial en todas las medidas preventivas y protectoras frente a la violencia machista diseñadas en la ley del ‘solo sí es sí’. También se han aprobado medidas específicas en ámbitos como los permisos laborales y la conciliación familiar o políticas transversales con especial beneficio para las mujeres (e inmigrantes), como la legislación contra la precariedad laboral o el SMI.

Pero hay dos elementos con claras insuficiencias: persiste la segmentación laboral por sexo (y origen étnico), así como el sobreesfuerzo femenino en las tareas de cuidado, agudizado por las deficiencias de servicios públicos —desde escuelas infantiles a ayudas a la dependencia…— junto con desventajas enquistadas respecto de los varones, sin paridad distributiva, de estatus y de reconocimiento.

Esta legislatura debiera constituir un impulso feminista por la igualdad de mujeres y varones, incluso con una nueva normativa global que agrupase y articulase el conjunto de medidas reformadoras en este variado campo igualitario y superase la vigente Ley de Igualdad una vez ha manifestado sus límites. Por supuesto, se necesitaría la participación del movimiento feminista y una estrategia institucional firme que parece dificultosa si se confirma el traslado del Ministerio de Igualdad al área socialista y su prioridad por un feminismo moderado, que añadiría distancia respecto de la amplia marea feminista de estos años por cambios igualitarios reales.

Riesgos y desafíos para un proyecto de progreso

Ya he mencionado algunas dificultades para la acción progresista del nuevo Gobierno de coalición derivadas de la estrategia de bloqueo y desgaste de las derechas y los poderes fácticos correspondientes y la de un panorama económico, europeo y geopolítico complicado, así como la complejidad de los acuerdos entre las tres partes que configuran la mayoría parlamentaria democrática y plurinacional. Dejando aparte la evolución del conflicto nacional en y con Cataluña y la crisis territorial, comento el principal riesgo de tensión política del proyecto gubernamental que podría conllevar cierta frustración cívica y el posible fracaso electoral venidero para las izquierdas.

Se trata, siguiendo el hilo conductor de esta reflexión, de la falta de impulso transformador en la necesaria reforma social y laboral. El riesgo es el del continuismo impuesto en esta materia por el mayoritario Partido Socialista. Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez ha demostrado suficiente capacidad adaptativa y confrontación con las derechas para incrementar su apoyo social y electoral y definir una dinámica más adecuada y renovada a los desafíos actuales.

No obstante, ya se anuncian los pretextos y los relatos que justificarían esa inacción reformadora. Además de las dificultades antedichas está la insuficiente determinación de la dirección socialista sobre la dimensión transformadora de esta reforma social. Esa inclinación centrista no es nueva. Ya se produjo en la anterior legislatura —y mucho más en la etapa anterior—, amparada en una estrategia socioliberal y la geometría variable de las alianzas políticas con su derecha distanciándose de unas políticas y las alianzas con las izquierdas, incluidas las nacionalistas, incluso con el incumplimiento de aspectos del acuerdo gubernamental con Unidas Podemos.

Esa inclinación continuista conllevaría los intentos de una mayor subordinación de la coalición Sumar y un deterioro de la afinidad gubernamental de sectores de izquierda o, simplemente, frustrados ante la perentoriedad de sus necesidades básicas desatendidas. Y sabemos que la capacidad manipuladora de las derechas extremas puede afianzar esa desafección hacia las fuerzas progresistas.

No basta solo con cierto énfasis retórico sobre la prioridad de este campo sociolaboral, sino que es necesario un plan detallado y ambicioso de cambio social y laboral, desde el propio acuerdo gubernamental y el acceso a la gestión institucional correspondiente. En ese sentido, tiene una gran responsabilidad la coalición Sumar, como referente fundamental, junto con los sindicatos y los grupos y movimientos sociales vinculados con esta diversa problemática, y en colaboración con las izquierdas nacionalistas, para un cambio sustantivo en este ámbito.

Por otro lado, la estrategia de diálogo social, particularmente con la patronal de la CEOE, puede acentuar sus límites para pactar progresos significativos, para lo que habrá que contar con la activación del movimiento sindical y otros agentes sociales y articular las mayorías parlamentarias necesarias. Además, hay que contar con que las derechas nacionalistas (PNV y Junts) deben medir sus pautas neoliberales y avenirse a medidas de progreso ante el fuerte emplazamiento con las izquierdas en sus territorios y la competencia electoral próxima.

Pero, aparte de la responsabilidad específica para la coalición Sumar —incluido Podemos—, se ventila la credibilidad transformadora, en este campo, de esa izquierda alternativa con un perfil diferenciado y más exigente que el propio Partido Socialista, con una identidad propia capaz de atraer y ensanchar una base social y electoral en disputa. Al mismo tiempo, en el caso de fracasar en esa trayectoria reformadora de progreso, tendría que hacer frente al riesgo de las tendencias de desafección abstencionista o de pasividad en su base social o, simplemente, de desplazamiento electoral hacia el PSOE al no representar una utilidad adicional para avanzar en condiciones vitales y derechos sociales para las mayorías populares, elemento fundamental de su identidad política.

Por tanto, ese continuismo de la política sociolaboral e impotencia transformadora tiene un riesgo mayor de desencanto cívico para la coalición Sumar que para el propio PSOE, amparado por un mayor aparato institucional y mediático. Sería también un factor de incremento de la división interna de la coalición, en particular entre Movimiento Sumar y Podemos, que necesitan lo contrario: firmeza transformadora, esfuerzos unitarios e incremento representativo. Y poder encarar mejor la próxima etapa.

En definitiva, una agenda social ambiciosa y compartida es decisiva para el avance del país, consolidar las fuerzas de progreso y, en particular, reforzar la izquierda transformadora.