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Soledad Bengoechea

El Fomento del Trabajo Nacional en tiempos de la República

Organizaciones patronales con sede en Madrid

En abril de 1931, cuando se instauró la Segunda República, todos los sectores de la producción contaban con entidades y asociaciones representativas de sus intereses. Una de estas entidades era Estudios Sociales y Económicos, constituida en Madrid en 1922. Los representantes de esta organización actuaban directamente en los organismos que asesoraban al gobierno en materia de legislación social y en las Conferencias internacionales de trabajo. La asociación también se ocupaba de la labor de informar a los patronos en cuestiones sociales, publicando libros sobre jornadas de ocho horas, accidentes de trabajo, control obrero, etc. Su presidente era Francisco Junoy, anterior dirigente de la Confederación Patronal Española, una organización patronal que se había creado en Madrid en el año 1914 a instancias principalmente de los patrones catalanes.

Casi al mismo tiempo, de la mano de industria vizcaína, nació la Federación de Industrias Nacionales. Ambas organizaciones vieron nacer a la República. Estudios Sociales y Económicos llegó a ser muy importante: en 1934 estaba integrada por 215 entidades que ocupaban unos 400.000 obreros.

Hacia noviembre de 1931, en una asamblea celebrada en la sede la Federación de Industrias Nacionales se aprobaron una serie de conclusiones y se sentaron las bases de la que sería la Unión Económica Nacional. La asamblea donde se defendió este criterio fue presidida, entre otros dirigentes patronales, por un directivo del Fomento del Trabajo Nacional (FTN), una patronal catalana de arraigo todavía en vigor, y otro de la Cámara de Industria de Barcelona, Andreu Oliva, un importante industrial del metal. Recordando que como ministro de Trabajo estaba el ugetista y socialista Francisco Largo Caballero, en la asamblea se dijo que los empresarios se opondrían a que se les quisiera someter a un “ensayo de economía socialista que matara a las fuentes de la economía nacional”. Como ya era tradicional entre la patronal, la Unión Económica Nacional se declaraba ajena a cualquier partido político, pero confesaba ser conservadora y partidaria del régimen capitalista. Presionó pidiendo continuamente “el acceso a estar representada en los órganos decisorios de la política económica, solicitando que se convocara a las fuerzas económicas para participar en ellos” (se supone que querían decir que pedían que si los tuviera en cuenta a la hora de elaborar leyes laborales).

Tras los primeros contactos, el FTN desistió de enrolarse en la nueva organización. Todo indica que no quería participar en una asociación patronal si no la lideraba. Pero, según afirmaba, su criterio era evitar la creación de macroorganismos que pudieran poner trabas a las actuales asociaciones. Los dirigentes de la entidad aducían que la convivencia de agricultores, industriales y comerciantes en una única Federación española con facultades para intervenir en la economía sería un foco de discusiones. Eran de la opinión de que la nueva organización no debería ocuparse de asuntos que afectaran directamente al interés económico demasiado concreto como eran las exportaciones, planes de obras públicas, sino que debería limitarse sólo a las reformas sociales, etc. Este criterio del FTN causó un gran revuelo entre los empresarios que estaban presentes, partidarios de crear una gran asociación y por eso hablaban de un proyecto de unos dos millones de pesetas. Pese a que se le insistió repetidamente, el FTN no quiso participar más en esa organización española. Sus representantes no querían hipotecar su libertad entrando a formar parte de organismos que implicaran la aceptación de compromisos demasiado definidos o permanentes.

El FTN lidera la patronal española

Tradicionalmente, las corporaciones económicas catalanas más arraigadas, como el propio FTN o las Cámaras Oficiales, se declaraban apolíticas (lo cual no impidió que durante todo el primer bienio republicano la gestión del gobierno fuera criticada calificándola de socialista). Argumentaban que, en el improbable caso de que surgieran discrepancias con el gobierno, éstas sólo se referirían a cuestiones de política económica, nunca a asuntos de régimen de gobierno. Manifestaban que la participación reservada a las entidades económicas era la de intervenir en las cuestiones de orientación y de principios, desempeñar el papel de árbitros en las luchas sociales —el propio FTN afirmaba no representar un interés determinado de clase—, discutir el sentido y la envergadura de los proyectos y de las leyes, pero no tomar otra parte en los debates. Este supuesto apoliticismo llevaba implícito que estas corporaciones confesaran restar ajenas a las luchas sociales, en las que, se decía, no se podía intervenir porque formalmente así lo prohibían los estatutos de dichas asociaciones. Sin embargo, esto no fue óbice para que, durante todo el período republicano, las organizaciones empresariales intervinieran continuamente cerca del gobierno central, de la Generalitat o de Gobernación Civil en demanda de una mano dura con la que reprimir los conflictos sociales.

De hecho, sólo dos meses después de proclamada la República, en junio de 1931, la patronal catalana ya empezó a movilizarse. Siempre por iniciativa del FTN, una serie de corporaciones económicas formaron una comisión al tiempo que elaboraban un escrito. Tanto la comisión como el documento se dirigieron a Madrid. La representación tenía la intención de visitar al jefe del gobierno y a algunos ministros para tratar sobre la cuestión social. También pretendía crear un clima de optimismo entre las clases conservadoras que, según se decía, estaban muy preocupadas ante los acontecimientos de índole social que se iban desarrollando. Dicha comisión insistía en que era preciso que los empresarios se agruparan en el ámbito de toda España, indicaba que existía la necesidad de que todos los intereses se asociaran formando un solo frente que estuviera dispuesto a mantener los principios esenciales de toda sociedad organizada y progresista. Y señalaba: “Del éxito de nuestro acto depende el optimismo que debe renacer entre los intereses económicos y seguramente también la orientación que el Gobierno adopte en los difíciles momentos actuales”.[1]

Hay que tener en cuenta que la Confederación Nacional Española, fundada en Madrid en 1914 a instancias de los empresarios catalanes, que tenía como objetivo aglutinar a la patronal española, durante la República apenas dio señales de vida autónoma como tal Confederación. Por eso no resulta extraño el interés de los patronos catalanes de crear una organización unitaria a nivel español.

Así, encabezado el movimiento patronal español por el FTN, la posición de la patronal se manifestó en los siguientes términos: no se oponía a que se efectuara una revisión de las leyes sobre el trabajo, acataría lo que el poder público dictara sobre el particular, siempre que las reformas vinieran por vía democrática, previa información y discusión pública y sancionada. Es decir, la patronal pedía que no se gobernara por decreto (ya se ha comentado que el ministro de Trabajo era Largo Caballero), y también solicitaba que el gobierno provisional convocara a unas Cortes Constituyentes, de donde saldría el Código que regularía la futura vida española. Las Cortes serían las encargadas de dotar al país del órgano que legitimara el cambio de régimen y proporcionara, además, la nueva estructuración del Estado. Por último, los patronos requerían del gobierno provisional que, mientras se reunían los representantes de la voluntad popular, se mantuviera vigente el anterior ordenamiento jurídico, evitando así cualquier perturbación del orden público y los posibles atentados en la propiedad privada.

Pocos días después, el FTN encabezaba de nuevo la patronal española. La corporación anunciaba que los patrones se habían cohesionado como clase en un frente único, y manifestaba su voluntad de que este blog colaborara con el gobierno. La entidad expresaba una serie de propuestas sobre unas normas mediante las cuales deberían ser discutidos y resueltos los conflictos de carácter colectivo, es decir, los problemas que pudieran surgir entre obreros y patrones. Entre estas normas se encontraba una, la más relevante, que aludía a la problemática del asociacionismo. Como ya ocurrió en los años anteriores a la dictadura de Primo de Rivera, el interés por el tema del asociacionismo obedecía a una razón: la patronal buscaba la manera de encontrar otro tipo de asociacionismo, en cuyo seno quedara disuelta la CNT.

Aparentemente, el FTN no ponía reparos a que los patrones y los obreros se asociaran en sindicatos. Y tampoco se oponía a que se establecieran medidas de arbitraje para resolver los conflictos laborales. Pero el problema era que, en Cataluña, el sindicato obrero predominante era la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), de carácter anarcosindicalista y revolucionario, y tradicionalmente la patronal había puesto obstáculos a negociar con ese sindicato. Así, los patrones argumentaban que si no intervenía la ley para regular el funcionamiento de los sindicatos, las relaciones de las sociedades de obreros y patrones podían adquirir caracteres de guerra salvaje. Y, señalaban, que, de hecho, “la historia así lo ponía de manifiesto. Durante los años anteriores a la Dictadura de Primo de Rivera, los sindicatos obreros y patronales catalanes se habían convertido en herramientas de lucha, en lugar de ser los elementos fundamentales de la regularización de la vida industrial”. Ahora, los empresarios estaban decididos a oponerse a cualquier reivindicación obrera que saliera de la ley, sobre todo si estaba encaminada a disminuir la autoridad de los patronos o encargados en la dirección de las empresas. Sin duda, esto quería decir que no estaban dispuestos a tratar con la CNT, orientada como estaba a la acción directa. Por eso, el FTN postulaba por la necesidad de dar un molde jurídico legal a estos sindicatos (obreros y patronales). Es decir, la patronal apostaba por unos sindicatos distintos, sobre todo por un sindicato obrero que no fuera el confederal. En esta línea, pedía que los “nuevos” sindicatos habían de ser responsables entre sí y frente al Estado. Su funcionamiento debería ser democrático, y las decisiones tomadas en su seno tendrían que decidirse siempre por el voto de la mayoría. En definitiva, los patrones manifestaban que deberían ser unas asociaciones que fueran instrumentos de defensa, dejando de ser herramientas de ataque. Bajo la demanda de una serie de normativas calificadas de democráticas, los industriales solicitaban, en realidad, una tipología sindical condicionada por una serie de normas legales de actuación.

El gobierno respondió a algunas de las peticiones solicitadas por la burguesía, y el 29 de mayo tomaba el acuerdo de convocar las Cortes Constituyentes para la semana siguiente (el 3 de junio apareció un decreto en el que se fijaba que las elecciones se celebrarían el 28 de junio). Y desde el poder central se emitía un decreto que señalaba que ante cualquier reclamación o conflicto en el trabajo, y cuando la conciliación no fuera posible, se llevaría necesariamente el caso frente al delegado provincial del ministerio de Trabajo, que citaría a las partes interesadas. En resumen, y como respuesta a las demandas de la patronal, finalmente el gobierno se decidía a encauzar la conflictividad social por la vía jurídica y un decreto emitido el 29 de mayo de 1931 exigía el arbitraje en las cuestiones sociales. Aunque no contemplaba la cuestión sindical, el presidente del FTN, Lluís Bosch-Labrús (el secretario general de la entidad era Pere Gual Villalbí), envió un telegrama de felicitación a Largo Caballero por la publicación de este decreto.

Sin embargo, las esperanzas de que el decreto del gobierno provisional despertó entre las fuerzas económicas pronto quedaron frustradas. Según la patronal, el decreto estaba resultando ineficaz debido a tres motivos: por un lado, por la actuación de la CNT, la cual, apostando por la acción directa en las negociaciones laborales, se negaba a acatarlo; por otra, por la acción del gobernador civil, al que se culpabilizaba de mantenerse pasivo frente a la conducta rebelde de los cenetistas. Por último, porque existía una dualidad de competencias entre la delegación del ministerio de Trabajo en Barcelona y la Generalitat.

La serie de medidas que los sindicatos obreros pedían (mejoras salariales, contratación de personal exclusivamente en las Bolsas de Trabajo de los sindicatos obreros, vacaciones pagadas, abono del jornal íntegro en caso de enfermedad o accidente, pensiones para la vejez, etc.) urgió al gobierno a sacar adelante un programa de reformas sociales. La amenaza del reformismo creó un profundo malestar entre la patronal catalana. Decidida a intervenir, contactó con el empresariado español con la intención de celebrar una reunión multitudinaria ante el presidente del gobierno provisional para hacer presión para evitar la consumación la supuesta amenaza. El llamamiento resultó un éxito, ya que consiguió reunir en Madrid a más de quinientos representantes de entidades patronales llegadas de toda España (lo que da una idea de la cantidad de asociaciones en las que estaba enrolada la patronal) y el 5 de junio de 1931 se organizó un solemne acto en el Palacio del Senado. El presidente del FTN dio un documento redactado por los dirigentes patronales a Niceto Alcalá-Zamora y a los ministros de Economía y de Gobernación. Por medio del mensaje, las organizaciones patronales declaraban su adhesión al nuevo régimen.

La patronal se mostraba comprensiva con la agitación que los obreros llevaban a cabo en aquella primavera, porque consideraba que todo cambio necesita una adaptación, pero consideraba que la cuestión social debía merecer una especial atención por parte de los gobernantes. Como solución, pedía el establecimiento de una herramienta corporativa. Culpaba de la deteriorada situación social en la ausencia de un instrumento jurídico adecuado para canalizar y resolver los problemas. Este instrumento debería estar dotado de la autoridad “tal vez más moral que legal” precisa para que sus decisiones fueran aceptadas por ambos grupos, capital y trabajo. Solicitaba, también, que se fortaleciera la autoridad del poder público, para que asegurara la normal vida jurídica del Estado. Por otra parte, aseguraba que las citadas reformas no les inspiraba temor, siempre que vinieran por la vía de la discusión democrática, refrendadas por Las Cortes.

La propuesta de un Sindicato Patronal Único

La creciente conflictividad laboral creaba un profundo malestar entre muchos sectores sociales. A las clases conservadoras les parecía que el gobierno autonómico de Cataluña no actuaba con la suficiente autoridad y que la policía no era capaz de reprimir a los huelguistas con mano dura. Esta percepción fue la que estuvo detrás de la propuesta de crear una milicia de elementos conservadores que supuestamente salvaguardaría el orden en la ciudad. Igualmente, esta sensación de indefensión fue el motor que había impulsado a la patronal a agruparse: “Al principio de los conflictos los patrones iban solos, aislados, pero ahora se agrupan y están dispuestos a llegar allá donde sea necesario”, como señalaba la patronal del textil.

Esta misma percepción fue la que llevó a algunos sectores patronales a organizarse aún más, hasta hablar de reconstituir un Sindicato Patronal Único, una organización de combate como la que había funcionado en años anteriores a la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, aquel sindicato, agrupando a casi todas las asociaciones patronales catalanas, y aliado con el ejército, había sido una verdadera fuerza de choque contra la clase obrera, y contra los gobiernos de la Restauración. Sobre estas cuestiones, el jefe de policía de Barcelona decía lo siguiente:

El jefe superior de policía de Barcelona, refiriéndose al rumor que ha circulado de que se iba a organizar una milicia de elementos conservadores, hecho al redactor de las siguientes declaraciones: Sí: he oído que se hacen trabajos para organizar una milicia revolucionaria; pero también existe otra versión: la de que antes se organizará otra izquierdista. Yo, como servidor de la ley, sólo puedo decir algo bien categórico: que no voy a tolerar milicias de derecha ni milicias de izquierda. La policía no necesita auxiliares de ninguna clase, y aunque no creo que todo esto no pasan de ser rumores sin fundamento, puedo decir ahora que los primeros que se lanzan al callejero, sean los que sean, y pretendan actuar como milicia, no les quedará ganes de continuar la broma.
Sobre la posible reaparición de un Sindicato patronal que había actuado en otros tiempos en Barcelona, debo decir lo siguiente: que lo mismo que son respetadas las asociaciones obreras que respetan la ley, lo serán las patronales que hagan lo mismo: pero no podría tolerar por un instante que ningún Sindicato, obrero o patronal, pretenda actuar al margen de la ley. Al respecto tengo ideas muy concretas y muy claras. Dentro de la ley, todo: la policía ayuda, protege y ampara. Fuera de la ley, nada: la policía será implacable. El orden antes que todo.

La Junta de Enlace de las Sociedades Económicas de Cataluña

Con este trasfondo, durante el mes de septiembre de 1932, las Cortes Constituyentes aprobaron el Estatuto de Autonomía de Cataluña. A partir de ese momento empezó a realizarse el servicio de traspasos de competencias del Estado a la Generalitat.

Ante esta expectativa, con la intención de poder intervenir en la manera de realizar estos traspasos, la patronal catalana reaccionó llevando a cabo un gran movimiento de reunificación de sus fuerzas. Hay que tener en cuenta que la patronal era contraria a que la cuestión que hacía referencia a los conflictos sociales, ahora en manos del poder central, pasaran a ser competencia de la Generalitat porque consideraba que ésta, presidida por Francesc Macià, se mostraba más tolerante. El día 24 de diciembre, en la sede del FTN se celebró una asamblea a la que asistió un gran número de comisiones de distintas entidades económicas.[2] Su finalidad estuvo expuesta por el presidente del FTN:

[…] es la de establecer entre las asociaciones económicas de Cataluña una coordinación y relación permanente para obtener una mayor eficacia en la actuación que desarrolla cada una, dentro del sector profesional, sobre cuestiones y problemas de orden general y que afecta a todas, tanto dentro del cuadro de la economía catalana, como en la esfera de la economía total de España; aunque de algún tiempo a esta parte las entidades más representativas vienen actuando de perfecto acuerdo, en todos los sectores de la economía catalana, la conveniencia de reunir sus fuerzas, se hace sentir cada vez con mayor intensidad. Si en otros momentos las representaciones colectivas se han unido para expresar al Gobierno de la República sus deseos de leal colaboración como el primer día de proclamarse el nuevo Régimen, se ofrecieron al señor Macià, al visitarle en el Palacio de que, al instaurarse en esta Región un régimen de autonomía, ante las cuestiones que debe plantear al traspaso de servicios del Estado a la Generalidad se hace necesaria una cooperación en la producción y del trabajo y de las opiniones en que se traduzcan.

La asamblea aprobó el proyecto expuesto y, como estructura inicial, acordó establecer un órgano de relación, una suerte de organismo patronal que tendría por nombre “Junta de Enlace de las Sociedades Económicas de Cataluña”. Estuvo integrada por los presidentes de las sociedades adheridas que agrupaban a los diferentes ramos de la producción. Como líder fue nombrado Lluís Bosch-Labrús, presidente del FTN. Esta Junta tendría una comisión permanente constituida por los presidentes de algunas de las entidades enunciadas y, en teoría, haría varias funciones, entre ellas la de escuchar y responder a las consultas y dudas que pudieran tener los empresarios.[3]

En realidad, esa entidad sirvió de elemento aglutinador de las fuerzas económicas catalanas. En manos de los empresarios, actuó como una verdadera herramienta de presión. Durante esos años de la República, y hasta la Guerra Civil, este organismo participó constantemente en la vida económica (industrial, comercial y agraria), política y social catalana. Cuando alguna rama empresarial tenía un conflicto se contactaba con el presidente de la Junta d’Enllaç para que esta entidad pudiera intervenir con toda la fuerza que le daban la gran cantidad de asociaciones patronales que tenía enroladas. También fue muy activa en todo lo que hace referencia a las relaciones con el poder político. Envió cartas y se relacionó tanto con miembros del gobierno como de la Generalitat siempre que le pareció que la situación así lo requería. Con esta actitud, la Junta d’Enllaç puso de manifiesto, una vez más, la relación que se daba entre el poder político y el poder económico.

Como decíamos, el presidente de la Junta de Enlace de las Sociedades Económicas de Cataluña fue Lluís Bosch-Labrús i Blat, un industrial que a la vez dirigía los destinos del FTN. Por la importancia que este empresario tuvo como dirigente de la Junta d’Enllaç y del propio FTN, pasamos a dar a continuación unas pinceladas de su biografía.

Lluís Bosch-Labrús era hijo de Pere Bosch-Labrús, descendiente de una modesta familia de Besalú, que con los años se convertiría en una de las primeras fortunas del país. Luis era ingeniero industrial. Fue elegido presidente del FTN en febrero de 1929 y continuó en el cargo durante la República. En la corporación representaba los intereses del sector metalúrgico que habían comenzado a imponerse desde los tiempos de ya restar fuerza la Gran Guerra a la representación del textil, el sector tradicionalmente dominante dentro del FTN desde su fundación. Militante de la Lliga Regionalista, fue llamado concejal del Ayuntamiento de Barcelona después de las elecciones de febrero de 1922. Durante aquellos años fue presidente de la Lliga de Defensa Comercial e Industrial. En 1926 se le concedió el título de vizconde de Bosch-Labrús. Casado con Rafaela López-Guijarro, tuvo dos hijas. Murió en Ginebra, donde intentaba recuperarse de una enfermedad, el 15 de septiembre de 1942. Fue el encargado de convertir un bazar de ropa en los grandes almacenes El Águila, que durante décadas fue una referencia en este sector en Barcelona y en toda España. Lluís Bosch-Labrús fue íntimo amigo de Francesc Cambó, dirigente dela Lliga Regionalista.[4]

La Junta d’Enllaç celebró el primer acto público unos meses después de su constitución, en abril de 1933, y a partir de ahí su actuación fue constante.

A continuación se pone de manifiesto una muestra de estas relaciones que la Junta d’Enllaç establecía con los poderes políticos. El día 19 de julio de 1933, los representantes de las diferentes asociaciones patronales catalanas que constituían este organismo entregaron al conseller primero de la Generalitat de Cataluña un documento. En el escrito se decía que la fuerza de la ley parecía decaer día a día por un declive de ineficacia y que crecía una actuación anárquica que nada respetaba. En definitiva, el documento pedía a las autoridades políticas que hubiera un estricto cumplimiento de las leyes.

El escrito recordaba cómo, hacía dos años, cuando se proclamó la República, las clases empresariales se pusieron junto a ésta ofreciendo su asistencia a la obra de reorganización que debía seguir el nuevo régimen.

Señalaba que, desde hacía unos meses, las organizaciones obreras de carácter revolucionario pretendían imponer normas absurdas en la vida del trabajo, sin atenerse a la voluntad de la mayoría. Y afirmaba que los Jurados Mixtos, en vez de servir de instrumentos de conciliación, muchas veces eran un obstáculo más que impedía alcanzar la normalidad.

Aducía que, desde hace unos meses, la crisis que disminuía las posibilidades de trabajo se había agravado por factores de orden moral, por la inseguridad personal y por la sensación de que había un vacío de ausencia en la línea de acción de las autoridades. Por todo ello, pedía a los poderes públicos una medida de carácter duro: que antepusiera el imperio de la ley a los escrúpulos de la tolerancia. Y dejando en un segundo plano el tema de la negociación, solicitaba que antes de buscar nuevas transacciones entre el capital y el trabajo se asegurara la vida y los bienes de los ciudadanos.

Y pedía al gobierno autónomo que en tanto no dispusiera de los instrumentos de poder para garantizar el orden público reclamara del gobierno de la República una mano dura, una actuación enérgica contra la anarquía que supuestamente intentaba destruir Cataluña.

Por los mismos datos, y en referencia a los Jurados Mixtos, la Junta d’Enllaç explicaba al conseller primero que la Generalitat que no es que la patronal fuera contraria a una regulación jurídica de las diferencias sociales, sino que era partidaria ferviente. Por ese motivo, señalaba, no había pedido la anulación de los organismos paritarios, sino su reforma.

Respecto a la cuestión social, afirmaba que solicitaba la igualdad de derechos para todos los factores de la producción y que todo el mundo debiera someterse a la ley con una misma fuerza de responsabilidad. Aducía que si el gobierno había dejado en vilo la ley de defensa de la República no podía mantener abierta indefinidamente esta puerta por donde una actuación criminal encontraría libre expansión. Por este motivo, reconocía que la orientación de los proyectos de ley de orden público en lo referente a “la gente de mal vivir” era acertada. Recordaba que el propio gobierno había dicho, al presentar estos proyectos de ley, que el mantenimiento y defensa del orden era la atención primordial del Estado por tener involucrada la razón de su existencia. Y volvía a pedir al gobierno de Cataluña que mientras no dispusiera del instrumento de poder para garantizar el orden público reclamara del gobierno de la República una actuación enérgica contra la anarquía que intentaba destruir «nuestro pueblo». Y el escrito señalaba lo siguiente:

Pero todos sabemos que el obrero catalán no confundirá sus reivindicaciones con una práctica estúpida de la destrucción y con la cobardía del asesinato. Es en defensa de nuestros obreros, que son las víctimas más numerosas de esta acción, que el Govern debe imponer su autoridad. Las asociaciones económicas de Cataluña, representadas por la Junta de Enlaces, debemos rechazar todo lo que pudiera parecer una maniobra política. Ni la toleraremos en nuestras filas, pero tampoco permitimos que se forme frente a nosotros. Nuestra actitud nunca puede ser de rebeldía. Nuestra acción debe ser, ahora y siempre, la demanda insistente y serena del imperio de la ley.

Como decíamos, a medida que pasaban los meses la Junta de Enlace de las Corporaciones Económicas de Cataluña se fue fortaleciendo. A la altura de 1934 ya representaba a las siguientes entidades (fuera quedaban las Cámaras Oficiales de Industria y Navegación y de Comercio): FTN, como líder, Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Federació de Fabricants de Filats i Teixits de Catalunya, Institut d’Orientació de les Qüestions Socials, Liga de Defensa Industrial y Comercial, Associació de Naviliers de la Mediterrània, Cambra Minera de Barcelona, Cambra Nacional d’Indústries Químiques, Cambra Oficial del Llibre, Cambra de Comerç de Tarragona, Gremi de Fabricants de Sabadell, Institut Industrial de Terrassa, Associació de Consignataris de Barcelona, Confederació Gremial Catalana, Associació de Fabricants de l’Alt Llobregat, Associació de Fabricants de Manresa, Associació de Fabricants de bastons, sombrillas y puños para ambos, Gremi de Fabricants i Industrials de Badalona, Agrupación de Fabricantes de Sombreros y Cortadores de Pelo de España, Cambra d’Indústries Consumidora de Sucre, Associació Patronal de Fabricants de Joieria i Plateria, Unió de Comerciants en Paper de Barcelona, Unió Sindical de les Indústries del Llibre, Associació de Fabricants de Joguines i Articles de Basar, Cambra de la Indústria de Curtits, Cambra Sindical de Fustes, Foment de l’Horticultura, Gremi de Confecconistes-Venedors al detall de Camiseria i Similars, Federació Catalana del Ram del Vestit i Agençament i Foment Industrial i Mercantil de Reus.

Por una reorganización patronal española

Durante el mes de abril de 1933, Lluís Bosch-Labrús, presidente del FTN y de la Junta d’Enllaç, envió una misiva al presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Albacete. Respondía a una carta que éste le hizo llegar unos días antes, en la que le comunicaba su deseo de reunir periódicamente a las entidades económicas españolas para tratar cuestiones de carácter nacional. Bosch-Labrús estaba encantado con esta iniciativa y comunicó a su interlocutor que en Cataluña ya existía un organismo que aglutinaba a la industria, el comercio y la agricultura: era la Junta d’Enllaç. La carta que Bosch-Labrús envió al presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Albacete decía lo siguiente:

Distinguido SR.
Tengo el honor de acusar recibo de su atenta del 8 del actual relativo a las sugerencias que nos hace de reunir periódicamente a las Entidades de carácter industrial y comercial para tratar asuntos de carácter nacional que puedan afectar por igual a todas las regiones españolas.
Su propuesta sólo plácemes nos merece, estando de perfecto acuerdo con la idea inicial que ustedes tienen.
El Fomento, por lo que afecta a las Corporaciones de Cataluña, ha reunido ya todas las asociaciones agrícolas, industriales y comerciales constituyendo la llamada “Junta de Enlace” que tiene como misión la que vienen a señalar Vds. habiéndose tratado en las frecuentes reuniones que celebra diversos temas de orden social, tributario y económico, para evitar salgan criterios disparates de concretos asuntos que afectan a todos los sectores de la economía nacional. Recientemente se ha convocado una Asamblea para tratar del funcionamiento de los Jurados Mixtos y la actuación social a la que ha dado lugar alguno de sus acuerdos. De modo que, por nuestra parte, ahora sólo debería ampliarse esta organización, dándole carácter más nacional de lo que hoy tiene, con la entrada de otras Corporaciones del resto de la Nación.
Estamos pues a su disposición, esperando el resultado de la consulta que han hecho a otras Entidades para obrar en consonancia con las impresiones que nos trasmitan. Con la mayor consideración me reitero, como siempre, de Vd. muy atento y ss Luis Bosch-Labrús.

Y a principios de 1934, una copia de carta depositada en el archivo del FTN explica cómo se pretendía hacer extensiva la Junta d’Enllaç a todas las entidades económicas españolas:

Distinguido amigo: Tengo el gusto de acusarle recibo de su atenta del 2 del corriente relativa a la próxima reunión para organizar la Junta de Enlace de las Entidades Patronales de España. El texto convocatoria me ha parecido muy bien y dejo en su arbitrio la fecha de la reunión.

Sin embargo, todo parece indicar que este proyecto no se llevó a cabo porque no se ha encontrado ningún documento que así lo indique. Una hipótesis es que los hechos de octubre de 1934 pusieran fin al proyecto.

Bibliografía

Bengoechea, S., Reacció en temps de canvis. La patronal catalana davant la República (1831-1936), Societat Catalana d’Estudis Històrics, Institut d’Estudis Catalans, 2005.

[Soledad Bengoechea es doctora en Historia Contemporánea, miembro del grupo de investigación consolidado Treball, Institucions i Gènere de la UB y de Tot Història, Associació Cultural]

 

Notas

  1. Archivo FTN, Memoria de la Junta Directiva del Fomento del Trabajo Nacional correspondiente al ejercicio de 1931, Formaron dicha comisión los representantes de las siguientes entidades: FTN, Cámara Oficial de Comercio y Navegación, Cámara de Industria, Unión Gremial, Unión Industrial Metalúrgica, Mancomunidad de Fabricantes de Tejidos, Cámara Nacional de Industrias Químicas, Federación de Fabricantes de Hilados y Tejidos de Cataluña, Instituto Sabadell, Asociación de Banqueros, Federación de Fabricantes de Hilados y Tejidos de Cataluña, Unió Gremial, Asociación de Fabricantes Estampadores, Centro de Contratistas de Obras y Maestros Paletas de Barcelona, Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, Cámara Oficial de Industria, Cámara Nacional de Industrias Químicas y Asociación Oficial de Contratistas la Seda. El documento recogió el apoyo de más de 60 organizaciones patronales de Catalunya y el resto de España.
  2. Comercio y Navegación, núm. 457, diciembre, 1932, pp. 11-12. Estas asociaciones eran las siguientes: FTN, Unió Industrial Metal·lúrgica, Cambra de Comerç i Navegació, Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Mancomunitat de Fabricants de Teixits, Cambra Oficial d’Indústria, Federació de Fabricants de Filats i Teixits de Catalunya, Col·legi de l’Art Major de la Seda, Cambra Nacional d’Indústries Químiques, Associació de Banquers, Cambra Oficial Minera, Unió Gremial, Lliga de Defensa Industrial i Comercial, Cambra Oficial del Llibre, Institut d’Orientació de les Qüestions Socials, Associació de Fabricants de Manresa, Associació de Fabricants de l’Alt Llobregat, Gremi de Fabricants de Sabadell, Institut Industrial de Terrassa, Cambra Industrial d’Adobs, Lliga Econòmica d’Igualada, Cambra de Comerç de Terrassa, Centre Industrial de Tarragona, Cambra de Comerç de Tarragona, Cambra de Comerç de Valls, Unió Sindical de les Indústries del Llibre, Agrupació de Fabricants de Corretges de Cuir, Associació de Fabricants de Paper de Fil o Barba, Unió de Comerciants de Paper, Unió de Fabricants de Cartronatges, Unió Patronal de Fabricants de Cartronatges de Catalunya, Cambra d’Indústries Consumidores de Sucre, Unió General de Fabricants de Cartró d’Espanya, Associació de Fabricants de Joguines i Articles de Basar, Cambra d’Indústries del Calçat, Foment Industrial i Mercantil de Reus, Gremi de Camisers al Detall, Associació de Fabricants de Paraigües, bastons i punys per ambdós, Associació de Cordilleries Mecàniques, Associació de Fabricants de Tirants i Lligues, Foment Nacional de l’Horticultora, Cambra Sindical de Fustes, Associació de Fabricants de Barrets de Feltre i Talladors de Pel d’Espanya, Sindicats d’Exportadors de Fruits Secs de Reus, Cambres de Comerç de Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Palma de Mallorca, Associació Patronal de Fabricants de Joieria i Argenteria, Foment Industrial i Comercial de Sant Sadurní d’Anoia i Federació de Constructors de Material Elèctric i Hidràulic.
  3. Ibidem. Estas entidades eran las siguientes: FTN, Cámara Oficial de Comercio y Navegación, Cámara Oficial de Industria, Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, Cámara Minera, Instituto de Orientación de las Cuestiones Sociales, Unión Industrial Metalúrgica, Federación de Fabricantes de Hilados y Tejidos de Cataluña, Mancomunidad de Fabricantes de Tejidos, Cambra l de Terrassa, Asociación de Banqueros, Asociación de Naviliers, Cámaras de Comercio de Girona, Tarragona y Lleida la Mediterrània.
  4. Esta última información me ha facilitado el profesor Borja de Riquer, al que agradezco su amabilidad.

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2023

La política electoral, si bien no debe desestimarse, no puede ubicarse en el centro de ninguna acción política radical seria, orientada a cambiar las instituciones que sustentan el sistema político, desmantelar las ideologías hegemónicas y fomentar el tipo de conciencia de masas en que habría de basarse un cambio social y político desesperadamente necesario.

Noam Chomsky
The Precipice (2021)

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