Intervención del periodista estadounidense Max Blumenthal ante el Consejo de Seguridad de la ONU, 29 de junio de 2023

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Gracias a Wyatt Reed, Alex Rubinstein y Anya Parampil por ayudarme a preparar esta presentación. Wyatt tiene experiencia de primera mano sobre el tema como periodista cuyo hotel en Donetsk fue atacado con un obús de fabricación estadounidense por el ejército ucraniano en octubre de 2022. Estaba a cien metros de distancia cuando se produjo el ataque, y estuvo a punto de morir.

Mi amigo, el activista por los derechos civiles Randy Credico, también está hoy aquí conmigo. Estuvo en Donetsk más recientemente, y pudo presenciar los ataques regulares con HIMARS del ejército ucraniano contra objetivos civiles.

Estoy aquí no sólo como periodista con más de 20 años de experiencia cubriendo la política y los conflictos en varios continentes, sino como estadounidense obligado por mi propio gobierno a financiar una guerra por poderes que se ha convertido en una amenaza para la estabilidad regional e internacional a expensas del bienestar de mis compatriotas.

Este 28 de junio, mientras los equipos de emergencia trabajaban para limpiar otro descarrilamiento de tren tóxico en Estados Unidos, esta vez en el río Montana, que puso aún más de manifiesto la crónica falta de financiación de las infraestructuras de nuestro país y sus amenazas para nuestra salud, el Pentágono anunció planes para enviar 500 millones de dólares más en ayuda militar a Ucrania.

El acontecimiento se produjo cuando el ejército de Ucrania entra en la tercera semana de una cacareada contraofensiva que la CNN describe como «que no cumple las expectativas», y que incluso Volodímir Zelenski dice que «va más lenta de lo deseado».

Mientras el ejército ucraniano no lograba abrir una brecha en la principal línea defensiva rusa, la CNN informaba de que, a 12 de junio, Kiev había «perdido» 16 vehículos blindados de fabricación estadounidense enviados al país.

¿Y qué hizo el Pentágono? Se limitó a pasar la factura a los contribuyentes estadounidenses medios como yo, cobrándonos otros 325 millones de dólares para reponer el material militar despilfarrado por Ucrania. No se hizo ningún esfuerzo por consultar la posición de la opinión pública estadounidense al respecto, y es probable que la inmensa mayoría de los estadounidenses ni siquiera supiera que se había producido el intercambio.

La política estadounidense que acabo de describir -en la que Washington da prioridad a la financiación desenfrenada de una guerra por poderes con una potencia nuclear en un país extranjero mientras nuestra propia infraestructura nacional se desmorona ante nuestros ojos- pone de manifiesto una dinámica inquietante en el centro del conflicto de Ucrania: un esquema Ponzi internacional que permite a las élites occidentales arrebatar la riqueza ganada con esfuerzo de las manos de los ciudadanos estadounidenses medios y canalizarla hacia las arcas de un gobierno extranjero que incluso Transparencia Internacional, patrocinada por Occidente, califica como uno de los más corruptos de Europa.

El gobierno estadounidense aún no ha realizado una auditoría oficial de su financiación a Ucrania. El público estadounidense no tiene ni idea de adónde ha ido a parar el dinero de sus impuestos.

Por eso, esta semana, The Grayzone ha publicado una auditoría independiente de la asignación de dólares de los contribuyentes estadounidenses a Ucrania a lo largo de los ejercicios fiscales 2022 y 2023. Nuestra investigación fue dirigida por Heather Kaiser, ex oficial de inteligencia militar y veterana de las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak.

Descubrimos un pago de 4,48 millones de dólares de la Administración de la Seguridad Social estadounidense al Gobierno de Kiev.

Encontramos pagos por valor de 4.500 millones de dólares de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para pagar la deuda soberana de Ucrania, gran parte de la cual es propiedad de la empresa de inversión global BlackRock.

Sólo eso equivale a 30 dólares sustraídos a cada ciudadano estadounidense en un momento en que 4 de cada 10 estadounidenses no pueden hacer frente a una emergencia de 400 dólares.

Encontramos dólares de los impuestos destinados a Ucrania llenando los presupuestos de una cadena de televisión en Toronto, un grupo de reflexión pro-OTAN en Polonia y, aunque parezca mentira, agricultores rurales en Kenia.

Encontramos decenas de millones a empresas de capital riesgo, incluida una en la República de Georgia, así como un pago de un millón de dólares a un único empresario privado en Kiev.

Nuestra auditoría también reveló el contrato de 4,5 millones de dólares del Pentágono con una empresa llamada «Atlantic Diving Supply» para suministrar a Ucrania equipos de explosivos no especificados. Se trata de una empresa notoriamente corrupta contra la que Thom Tillis, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, arremetió anteriormente por su «historial de fraude».

Sin embargo, una vez más, el Congreso ha fracasado a la hora de garantizar que estos pagos turbios y acuerdos masivos de armas sean rastreados adecuadamente.

De hecho, gran parte de la ayuda militar y humanitaria enviada a Ucrania simplemente ha desaparecido. El año pasado, CBS News citó al director de una organización sin ánimo de lucro pro-Zelenski en Ucrania, quien informó de que sólo alrededor del 30% de la ayuda estaba llegando a las líneas del frente en Ucrania.

La malversación de fondos y suministros es al menos tan preocupante como las posibles consecuencias de la transferencia y venta ilícitas de armas de uso militar. El pasado mes de junio, el jefe de Interpol advirtió de que las transferencias masivas de armas a Ucrania significan que «podemos esperar una afluencia de armas en Europa y más allá», y que «los delincuentes están incluso ahora, mientras hablamos, centrándose en ellas».

[Fuente: blog de Rafael Poch]