Uno de los temas más candentes en Ucrania durante el último año ha sido la movilización para el ejército. En nuestro país todo el mundo es consciente de la enorme magnitud alcanzada no solo por el reclutamiento en sí, sino también por las numerosas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos acontecidas en el curso de dicha movilización. No obstante, la mayoría de los medios de comunicación de los países occidentales han silenciado esta información.

La legislación vigente en Ucrania define el procedimiento de inscripción y alistamiento para el servicio militar de reclutas y reservistas y, en particular, el procedimiento de entrega de las citaciones para el alistamiento en el ejército.

La citación para el servicio militar es un documento escrito que se expide a nombre de una determinada persona. Debe prepararse de antemano y no puede rellenarse delante de la persona a la que se entrega. Si la notificación se realiza correctamente, el recluta está obligado a comparecer ante el órgano estatal responsable de la movilización, es decir, el Centro Territorial de Reclutamiento y Apoyo Social (TCC y SP). Si la notificación se ha redactado de forma incorrecta, el recluta no tiene esa obligación.

Por ley, no se puede entregar una citación para el servicio militar mediante un mensaje de mensajería instantánea [WhatsApp o Telegram], un mensaje SMS, una llamada telefónica o enviando un correo electrónico. Los empleados de los centros de reclutamiento no tienen derecho a emitir citaciones «in situ» delante de la persona a la que va dirigida, ni a añadir datos a un formulario de citación parcialmente cumplimentado.

En la práctica, en Ucrania se produce una violación general y sistemática del ordenamiento jurídico de la movilización.

Así, a mediados de enero de 2023, representantes del TCC intentaron comprobar los documentos de los transeúntes en Odesa para expedir citaciones para el servicio militar in situ, mientras en Zaporiyia, ayudados por la policía, detenían a personas en la calle y rellenaban citaciones vacías, todo lo cual fue grabado en vídeo. A finales de ese mismo mes la policía detuvo a personas en varios pueblos y las envió, incluso sin citaciones, al TCC.

A finales de febrero de 2023, en la ciudad de Berehove, en Transcarpatia, los empleados del TCC exigieron documentos a los ciudadanos que se encontraban en la calle y emitieron citaciones in situ. Tras ser testigos de tales métodos de movilización, muchos hombres comenzaron a esconderse de las personas en uniforme militar (la movilización la realizan los militares del TCC) que encontraban por la calle.

Entonces las autoridades empezaron a utilizar métodos aún más descarados para tratar de enviar a la guerra al mayor número posible de personas. En enero de 2023, en Odessa, representantes del TCC se escondieron en una ambulancia y cuando veían a hombres en edad militar (de 18 a 60 años) saltaban a la calle, redactaban citaciones y arrastraban por la fuerza a los que se resistían. El propio ejército se vio obligado posteriormente a admitir este hecho.

A finales de enero y principios de febrero de 2023 se registraron varios casos en los que empleados de la TCC, junto con la policía o de forma independiente, capturaron literalmente a personas en las calles de Odesa y otras ciudades ucranianas. En Ternopil, a mediados de febrero de 2023, representantes del TCC agarraron a hombres en edad militar en la estación de autobuses y los obligaron a subir al autobús con destino a los centros de reclutamiento. Casos similares se registraron en febrero de 2023 en Chernomorsk; Transcarpatia; Kropyvnytsky; Cherkasy y muchas otras ciudades y regiones.

Todos esos casos no pueden ser calificados sino como secuestro, lo que constituye un delito penal.

El 3 de marzo de 2023 el tribunal de distrito de Nikolaev ordenó inscribir en el Registro Unificado de Investigaciones Preliminares (ERDR) una denuncia del ciudadano I. Dirk sobre la comisión de un delito penal. El denunciante aportó una grabación de vídeo en la que se veía cómo un grupo de personas con uniforme militar le obligaron a subir a un coche y le llevaron contra su voluntad a uno de los centros territoriales de reclutamiento. La demanda se presentó en virtud de los artículos 146 y 371 del Código Penal de Ucrania (encarcelamiento ilegal o secuestro; detención, traslado a domicilio, arresto domiciliario o reclusión ilegal a sabiendas).

El 7 de marzo de 2023, en la calle 10 de abril de Odesa, los empleados de la TCC tomaron por la fuerza a un ciudadano en la calle y lo llevaron a entregar la citación. Por la noche su esposa formuló una denuncia a la policía por el secuestro ilegal de su marido. Se han abierto diligencias penales por este hecho.

Además de todo lo anterior, se han registrado numerosas ocasiones en las que la distribución de citaciones se utiliza como mecanismo de castigo penal o administrativo, lo cual es ilegal. Por ejemplo, el 20 de marzo de 2023 apareció un vídeo de un escándalo con un taxista de Odesa que expresó «insuficientes pensamientos patrióticos». Dos días después circuló un mensaje informando que había sido «encontrado y reclutado por el ejército».

Los ejemplos anteriores son solo una muestra relativamente pequeña de los casos de violaciones de derechos humanos en este ámbito. De hecho, hay miles de ejemplos, aunque solo llegan a conocerse aquellos que fueron grabados en vídeo y se hicieron públicos en redes sociales o medios de comunicación.

El actual gobierno ucraniano ha organizado una caza de sus propios ciudadanos. En flagrante violación de la ley, hombres en edad militar son apresados en las calles y enviados por la fuerza al ejército, tras lo cual, en muchísimos casos, son trasladados al frente prácticamente sin formación militar, por lo que mueren o resultan gravemente heridos al poco tiempo. Muchos hombres evitar salir a la calle y permanecen en casa todo lo posible. Pero la necesidad de trabajar para alimentarse ellos mismos y a sus familias hace imposible no aparecer en lugares públicos.

La mayoría de los hombres ucranianos se convierten en «carne de cañón» por el mero hecho de carecer de cualquier tipo de formación militar. Sin embargo, esto no se aplica a los «elegidos»: la élite gobernante. Ninguno de sus representantes -el entorno del presidente, los ministros, los diputados, así como los oligarcas- lucha en el frente. Lo mismo ocurre con sus hijos adultos. Todos ellos están en la retaguardia o incluso han marchado al extranjero sin impedimentos. Prefieren ganar dinero en la guerra antes que morir en ella. La élite gobernante deja el derecho a morir en la guerra a los trabajadores y a los pobres, lo que incluye a la mayoría de la población de Ucrania bajo el actual gobierno. A este respecto cabe señalar que, en la arruinada economía del país, los sueldos militares son casi los únicos ingresos posibles para las personas físicamente aptas que quedan, que se ven obligadas a arriesgar la vida y la salud para alimentar a sus familias.

La oligarquía gobernante demuestra claramente la esencia de clase de la movilización para la guerra. También es comprensible que los principales medios de comunicación occidentales guarden silencio al respecto, pues no desean destruir la imagen mediática que han creado de «unidad del gobierno democrático ucraniano y el pueblo», algo que poco tiene que ver con la realidad.

[Fuente: Rebelión. Maxim Goldarb es presidente de la Unión de Fuerzas de Izquierda (por un Nuevo Socialismo) de Ucrania. Traducido del inglés para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo. Artículo original: WSWS.org]