Está en riesgo la continuidad de un Gobierno de coalición progresista para las elecciones generales del 23 de julio. Las elecciones del 28 de mayo han supuesto un fuerte avance de las derechas en el poder institucional de municipios y comunidades autónomas, con un significativo retroceso de las izquierdas. Las encuestas demoscópicas más relevantes, realizadas tras esos comicios, pronostican un empate técnico entre el bloque de las derechas y el bloque progresista con sus socios de esta legislatura, en particular, nacionalistas vascos y catalanes.

En ese sentido, hay que distinguir entre poder institucional (y escaños para el 23-J) y tendencia socio-electoral, en particular cuando se habla de cambio de ciclo político u oleada reaccionaria. Si, en el primero, el fracaso de las fuerzas progresistas ha sido evidente, ampliándose el control institucional de la alianza derechista de PP-VOX, respecto del retroceso de las bases electorales de las izquierdas la derrota es más limitada. No se ha producido un fuerte desplazamiento de voto hacia la derecha, sino sobre todo una gran activación de su electorado, junto con mayor abstencionismo en las izquierdas, una ligera reducción del electorado socialista y una gran fragmentación de las fuerzas del cambio que han ocasionado una importante pérdida de su acceso institucional y la del bloque progresista. Es decir, no es inevitable la pérdida del Gobierno de coalición y los resultados están abiertos.

Por tanto, conviene explicar los datos más relevantes de esas tendencias sociales y electorales y, en particular, la capacidad de remontada de todo el espacio unitario articulado en la nueva alianza de Sumar, con el tenso y satisfactorio acuerdo entre el Movimiento Sumar de Yolanda Díaz, con Podemos y otros catorce grupos políticos, que puede constituir un revulsivo para el refuerzo progresista.

Según el último barómetro (19-6-2023) de la rigurosa consultora 40dB, con 2.000 encuestas y un error muestral de 2,2%, las derechas sumarían justo la mayoría absoluta de 176 escaños (entre paréntesis las variaciones respecto de los resultados de las elecciones de noviembre de 2019): Partido Popular, 136 (más 47, con la absorción de los 10 de Ciudadanos) y VOX, 38 (menos 14), en total 174, más los probables de Coalición Canaria y UPN.

Los partidos del actual gobierno de coalición progresista tendrían 141 escaños: PSOE 106 (menos 14) y Sumar 35 (3 menos, respecto de la adición entre los de Unidas Podemos, 35, y Más País/Compromís, 3); a ellos se podría sumar —en el mejor de los casos— el resto de los grupos minoritarios que han solido apoyar —salvo Junts— al gobierno progresista, hasta 33 escaños (6 menos), con lo que el total llegaría hasta 174.

En términos de estimación de voto —sobre voto válido—, las derechas suman el 46,9% (33,1% del PP + 13,8% de VOX), y las izquierdas estatales el 40,5% (27,4% del PSOE y el 13,1% de Sumar); en este caso, en relación con los resultados de las elecciones generales del 10/N/2019, con una reducción del 0,9% del primero —desde el 28,3%— y del 2,2% del segundo —desde el 15,3%, 13 de UP + 2,3 de MP/Compr.—. Luego profundizo en la evolución del electorado de Sumar.

El reciente estudio 3410 del CIS, en su Barómetro de junio, con 7.400 encuestas y un margen de error de +/-1,5%, aunque no hay adjudicación de escaños, expone los siguientes porcentajes de estimación electoral (voto + simpatía respecto del voto válido, y con más del 30% de No sabe/No contesta): PSOE, 31,2%; PP, 30,7%; Sumar, 14,3%, y VOX, 10,6%. Como se ve, esta amplia encuesta del instituto público, dirigido por el controvertido Félix Tezanos, a diferencia de la de 40dB, ofrece una ligera superioridad socialista frente al Partido Popular, un pequeño aumento en el caso de Sumar y un descenso de VOX. Aquí, el bloque progresista saldría victorioso: 44,5% frente a 41,3% de las derechas. Supone la necesaria reedición del Gobierno de coalición progresista, aunque con el matiz significativo, ya avanzado en anteriores estudios: no sería imprescindible para investidura y la legislatura el apoyo de EH-Bildu y ERC.

Por último, otro dato relevante es la proporción entre el electorado de Sumar (sin Podemos) y el de Podemos, en el caso de ir separados: 11,2%+3,7%, con una suma del 14,9%, algo superior a la de la hipótesis (14,3%) de ir juntos; en todo caso, en esos datos la distribución es de tres cuartas partes (75%) —con la mitad aproximada para Movimiento Sumar y la otra mitad para el resto de catorce grupos— y una cuarta parte (25%) para Podemos, que podría ser superior dado el porcentaje significativo (casi el 40%) de su electorado que está indeciso, aspecto que también recoge 40dB, derivado del descontento existente por las condiciones del proceso negociador.

Por otra parte, en el estudio parcial de 40dB, de 5 de junio, con 800 encuestas y un margen de error muestral de +/- 3,5%, exponía algunos datos complementarios interesantes. Sólo un millón seiscientos mil votantes de los más de tres millones de Unidas Podemos en 2019 estaba definido a votar por Sumar, con un millón de indecisos (38%) entre votar al PSOE, Sumar o abstenerse. Al mismo tiempo, el trasvase de votos del PSOE a Sumar había descendido desde el 8,7% al 3,8%, unas 258.000 personas. Contrasta con los datos de la última encuesta de 40dB: en menos de quince días las transferencias a Sumar desde el PSOE son un 10% (y un 5% desde la abstención), pero en sentido contrario, un 12% de su electorado (que es menor) va hacia el PSOE. En esa encuesta la adjudicación de escaños a Sumar era de 41, es decir, en estas dos semanas se habría reducido seis escaños, hasta los 35. Constituye un reto para remontar esa ligera desafección, principalmente, de una parte del electorado de Podemos ante un acuerdo que considera insatisfactorio.

Un acuerdo unitario mínimo

En las tablas adjuntas, con la información disponible, he expuesto la distribución del acuerdo pactado por el Movimiento Sumar, grupo político de Yolanda Díaz, ejerciendo de coordinación general, de forma bilateral y multilateral, con el resto de quince grupos políticos, incluido Podemos, dando por supuesto que el conjunto es la coalición electoral de todos ellos bajo la denominación de Sumar. He planteado la hipótesis más probable hasta ahora de un total de 39 escaños, similar a lo conseguido en las últimas elecciones generales de 2019 (35 de UP + 3 de MP/Compr.), considerando distintas encuestas, en particular las dos de 40dB, que ofrecen 35 y 41 escaños y los porcentajes del CIS. He agrupado las organizaciones territoriales en el grupo de ’Resto’ para compararlo globalmente con las otras tres organizaciones estatales, Movimiento Sumar, Podemos e Izquierda Unida. Los recursos son los económicos y de representación en las comisiones parlamentarias pactados. Y a efectos comparativos con la representatividad electoral estimada por diversas encuestas de los tres bloques he añadido la estimación de votos de IU en el ‘Resto’*.

Como se ve, respecto de su representatividad electoral, el más favorecido ha sido el bloque del llamado ‘Resto’ incluido IU, tanto en número de escaños como de recursos económicos y de representación parlamentaria, particularmente las fuerzas del llamado acuerdo del Turia, con un simple mantenimiento de Catalunya en Comú. Como se sabe, en la negociación distributiva ha tenido el mayor peso los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, aunque en el caso de Movimiento Sumar, que no tenía ninguna representatividad al no haberse presentado, se ha considerado otro criterio adicional: el liderazgo de la propia Yolanda Díaz y todo su proceso de ‘escucha’, con la constitución de su grupo político específico.

En términos comparativos sale con mayor desventaja Podemos, aparte de la exclusión controvertida de su máximo activo político, Irene Montero, aunque está lejos de las ideas más extremas de dejarles fuera o en una posición todavía más testimonial. En todo caso, es excesiva la hipótesis esgrimida de la posible desaparición parlamentaria de Podemos; incluso en las encuestas privadas más pesimistas para Sumar, en que le dan unos 20 escaños, la distribución de los puestos de salida daría la representación siguiente, que es un indicio de las (posibles) previsiones, preferencias y equilibrios del equipo dirigente de la negociación: Movimiento Sumar, 8; Podemos, 2; IU, 3; Catalunya en Comú, 3; MM/MP, 2; Compromís, 2. En la siguiente tabla expongo los datos desagregados de cada fuerza política territorial.

En definitiva, con similar número de escaños respecto del año 2019, con Unidas Podemos y su grupo confederal, junto con Más País y Compromís, lo que se ha producido no es una ampliación parlamentaria, sino una redistribución de escaños desde Podemos, que se queda con un tercio de los que poseía en 2019, más la eliminación de los dos de Alianza Verde y Equo-Verdes que, curiosamente, a pesar de reforzar el componente ecologista de la nueva coalición salen perdiendo sus anteriores escaños, hacia el nuevo grupo hegemónico de Movimiento Sumar y una mejora relativa del resto de IU y el acuerdo del Turia.

Cambio de ciclo político, credibilidad transformadora y unidad

Existen muchos factores y fuertes tendencias hacia la derechización de la sociedad, incluido en los ámbitos económicos, cultural-mediáticos, europeos e internacionales. Como ya he avanzado, creo que todavía es pronto para certificar en España el cambio de ‘ciclo político’. La experiencia del 28M es desastrosa, y las derechas están envalentonadas, pero habrá que esperar al 23-J. Y, sobre todo, valorar la persistencia de una corriente social transformadora más allá de la socialdemocracia, con unas señas de identidad específicas de un nuevo progresismo reformador, justicia social y laboral, servicios públicos, feminismo, ecologismo, plurinacionalidad…, que es lo que configuró la fase de protesta social 2010/2014 y luego la formación de las fuerzas políticas del cambio. Todavía persiste su capacidad de influencia, si se acierta con una estrategia adecuada y una nueva representación política, firme, realista y creíble, ante los graves problemas socioeconómicos y democráticos que padece la mayoría social, tal como insiste el CIS y la encuesta 40dB. O sea, no se ha agotado la tendencia social que propugna un cambio sustantivo, democrático y de progreso.

Esa base social todavía tiene una dimensión relevante, aunque el 28-M apareció debilitada. Cuantitativamente, sumó más de dos millones de votantes, a los que habría que añadir un millón de indecisos y otro millón de abstencionistas de izquierda, más las bases del nacionalismo de izquierdas. Pero, sobre todo, ha tenido una dificultad de articulación política y credibilidad de cambio sustantivo y real de las graves condiciones experimentadas —poder adquisitivo, alquileres e hipotecas, recorte de servicios públicos…— que aunque se han paliado parcialmente siguen generando nuevas dificultades y malestar social.

Así, esa dinámica sociopolítica de progreso, por su deficiente visibilidad, divisiva y competitiva, y su fragmentación ha visto dificultada su operatividad en el acceso institucional y las expectativas de cambio real de algunas situaciones sociales sobrevenidas. Esa impotencia en la traducción reformadora institucional y en el arraigo popular, con la amenaza de involución social y autoritaria, es la lección aprendida para fraguar el acuerdo actual de Sumar, que beneficie a todas las partes y al conjunto. Y aun con sus límites y deficiencias, hay que alegrarse por ello; es un factor decisivo para ganar a las derechas y revalidar el Gobierno de coalición progresista. Es la apuesta que he expuesto, desde hace más de un año, en diversos textos, el último en estas páginas, «Sumar/Podemos: un acuerdo posible y necesario».

Durante este último año se ha estado produciendo una recomposición de la primacía dirigente de ese espacio, por parte de Yolanda Díaz y su equipo, transformado ahora en el Movimiento Sumar, al mismo tiempo que de paraguas y liderazgo del conjunto, con un papel subalterno de Podemos que, finalmente, ha sido reconocido por su dirigencia, que debe definir su nueva estrategia. Junto con esta recomposición representativa, y más allá de distintos intereses orgánicos y personales, se ha mantenido latente una tensión por la orientación y la gestión política y su impacto electoral para la nueva coalición electoral: una tendencia más moderada y de alianzas más afín al PSOE, considerada más útil como garantía para el ensanchamiento y la renovación del frente amplio, con la crítica al supuesto radicalismo discursivo que reduciría esa base social, y otra dinámica más transformadora y exigente frente a la persistencia de graves desiguales y las rémoras socialistas para abordarlas, con reformas sustantivas —sociales, democráticas y feministas— en beneficio de la gente, pero siempre en el marco del acuerdo y cumplimiento de la alianza electoral y el programa gubernamental compartido.

No ha sido una buena experiencia de debate y negociación en los dos campos, y su trasfondo queda pendiente para abordar en la próxima fase, con la misión de fortalecer la cohesión interna y la capacidad reformadora de Sumar. Se ha conseguido un acuerdo mínimo con la responsabilidad y colaboración de todas las partes implicadas, y la tarea fundamental inmediata es hacer una buena campaña electoral que asegure el incremento de la representatividad de este espacio alternativo y su capacidad de gestión institucional en el próximo Gobierno de coalición. Empezamos otra fase, con otra reconfiguración unitaria de la representación política transformadora, y veremos lo que da de sí: se trata de garantizar la victoria sobre las derechas y la reedición de un gobierno de coalición progresista, con el impulso a una dinámica de progreso para el país. Sumar debe ser decisiva.

Problemas y preocupaciones de la población

En recientes estudios demoscópicos se expresan las opiniones de la ciudadanía sobre los principales problemas que les afectan o les preocupan. He recogido los dos más significativos y rigurosos por su amplitud y metodología, y ya mencionados, el primero, del CIS y, el segundo, de la consultora 40dB.

Se trata de partir del análisis de la realidad sociológica percibida por la población para valorar el alcance de las políticas públicas implementadas respecto de las dinámicas socioeconómicas e institucionales e interpretar su subjetividad frente a ellas y su actitud político-electoral ante las elecciones generales del 23 de julio. Pero, sobre todo, sitúa el contexto para explicar las tareas transformadoras pendientes para la próxima etapa política con una orientación progresista, con un nuevo gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Sumar, con su nuevo y positivo acuerdo unitario, con la reafirmación de un proyecto de progreso frente al riesgo reaccionario de las derechas.

Qué problema le afecta más (en primer lugar, segundo y tercero, y acumulados) (%)

Fuente: CIS-Estudio 3410, Barómetro de junio de 2023, con elaboración propia.

En la tabla adjunta, he acumulado los tres órdenes de problemas que las personas consideran que les afectan directamente para comparar los distintos bloques, aunque tiene también interés la combinación de prioridades. En primer lugar, hay que destacar que más del 70% (72,9%) se considera afectado por el impacto de la crisis económica, sus consecuencias económicas y, en particular el paro y la insuficiente calidad del empleo, o sea, su precariedad. En segundo lugar están los tres grandes problemas de las políticas sociales, que casi la mitad de la población (44,2%) se considera afectado: sanidad, vivienda y educación, cuyas competencias gestoras están transferidas a las comunidades autónomas pero que el Gobierno ha introducido nuevas normativas reguladoras, incluidas las medidas respecto de la pandemia y las nuevas leyes de educación y vivienda, todavía en fase de implementación. En tercer lugar, aparecen los problemas políticos, con un 10,3%, sin precisar sus particularidades. Por último, y es significativo, se señalan los problemas existentes para la juventud. A estos problemas más relevantes se añaden varias docenas con un porcentaje pequeño, algunos de interés por su impacto sociopolítico y cultural, como los nacionalismos, la violencia de género, el cambio climático, la inmigración…, que no es momento de analizar ahora.

En la siguiente tabla expongo las preocupaciones de la población, valorando la situación general del país, no de cómo les afecta personalmente. Los porcentajes son distintos, aquí la preocupación por la problemática general es masiva, aunque los temas se presentan acotados. Se confirma que las preocupaciones socioeconómicas —la inflación y el coste de la vida, la situación económica, las desigualdades sociales y la pobreza y el paro— son las que tienen una mayor dimensión en la sociedad, todas para más del 84%. A ello se acumulan dos aspectos importantes, el coste de la vivienda y las dificultades de acceso y el cambio climático, también superiores al 80%. Con menor preocupación, aunque significativa para más de un 60%, están la inmigración y la imagen de España en el exterior.

Preocupaciones de la población. % de respuestas de “Mucho” y “Bastante”

Fuente: 40dB. Barómetro de junio (19-6-2023), con elaboración propia. La pregunta exacta es: “Pensando en la situación actual de España, ¿cuánto te preocupan los siguientes asuntos?”.

Pues bien, desde esos dos diagnósticos sobre el impacto personal y la situación del país, hay que valorar la gestión institucional del Gobierno y las administraciones públicas en su capacidad para mejorar o no la gravedad de los problemas y preocupaciones señalados. En ese sentido, la realidad está llena de claroscuros. La acción gubernamental ha acertado en diversas medidas claramente progresistas que han reducido la temporalidad en el empleo, elevado el SMI, evitado el desempleo apoyando a las empresas y personas trabajadoras —ERTEs— y reforzado el escudo social y las medidas anticrisis y de regulación de precios por la inflación, así como impulsando cambios normativos en diferentes campos, como los antedichos de la vivienda, la educación y las políticas feministas. A ello hay que añadir, particularmente, la desinflamación del contencioso de las relaciones del Estado con Catalunya y en su interior, mediante los indultos y la mesa de diálogo institucional. De todo ello, las derechas lo hubieran hecho mucho peor.

Esas medidas han sido promovidas desde el Gobierno progresista de coalición, amparado por el acuerdo gubernamental entre PSOE y Unidas Podemos, y reflejan la utilidad política de esa gestión institucional y su acción transformadora, con sus límites e insuficiencias. Sin embargo, la percepción social mayoritaria todavía es de relativa frustración y una parte se convierte en desconfianza hacia esa gestión institucional de las izquierdas, considerada insuficiente, y en relativa desafección o desmotivación electoral. Así, destacan esos asuntos globales, impuestos a las capas populares por los grandes poderes y estructuras económicas —los llamados mercados o los altos beneficios empresariales— sin que la gestión política y las instituciones públicas hayan sido capaces de revertirlas y solo han conseguido paliarlas.

Me refiero a esos asuntos clave para mucha gente como la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la alta inflación, particularmente de la cesta de la compra, así como el crecimiento de los alquileres o los intereses de las hipotecas, al mismo tiempo que se mantiene cierta contención fiscal que imposibilita un refuerzo de servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales y prestaciones básicas, salvándose la revalorización de las pensiones públicas.

Se mencionan los grandes factores —pandemia, guerra de Ucrania con crisis energética, climática y alimentaria…— que han dado lugar al empeoramiento de algunas de estas condiciones. Pero para la mayoría de la población no le vale echar balones fuera de las causas y responsabilidades públicas; exige con razón a sus instituciones estatales que estén a la altura de esos nuevos desafíos, aunque sean impuestos por otros agentes y poderes político-económicos. Dicho de otro modo, cuando la situación material de la gente trabajadora —cantidad y calidad del empleo, poder adquisitivo, agenda redistributiva, refuerzo del Estado de bienestar…— va mejorando, la gestión política y económica es más fácil. La cuestión se complica cuando se imponen retrocesos o condiciones peores por distintas dinámicas estructurales o decisiones macroeconómicas o institucionales, y unos gobiernos progresistas tienen dificultades para revertirlas.

Esto es lo que sucede en esta larga gestión de la crisis social y económica de más de una década, que ha dejado a amplias capas en mayor inseguridad, trayectorias estancadas y descendentes y, en todo caso, bloqueo de expectativas ascendentes. Es cuando la esperanza y la ilusión se deban asentar en la credibilidad de las medidas y estrategias transformadoras, ligadas a esas condiciones materiales, a una realidad y unas expectativas de avance. Se enlaza así la mejora social y económica (o su comienzo), sustantiva y real, con una subjetividad de confianza en la gestión política y su compromiso futuro para consolidarla. Y se genera apoyo sociopolítico y electoral para cumplir con ese contrato social.

Medidas parciales, gestión política y cambio global

Hay dos aspectos que conviene precisar. El primero trata de la mediación entre la valoración positiva de medidas parciales y la ausencia de una posición global progresista o de apoyo a las izquierdas. Por una parte, está la necesidad del cambio de marco interpretativo y valorativo que las derechas y su potente poder mediático tratan de imponer y que se ha instalado casi como sentido común: aunque las políticas concretas son convenientes, la oposición al gobierno se justifica por sus pactos y alianzas, es decir, por la colaboración socialista (sanchista) con la izquierda transformadora de Unidas Podemos, ahora Sumar, y las izquierdas nacionalistas de EH-Bildu y ERC. Hay detrás un pensamiento conservador, autoritario y nacional-españolista (y antifeminista) que bloquea un modelo de Estado social e incluso democrático y de derecho, junto con la regulación territorial y plurinacional; es decir, supone defender y legitimar un modelo institucional y una legitimación pública y cultural del proyecto de conjunto de país.

El segundo es sobre la dificultad para enlazar descontento inmediato y medidas concretas con conciencia social global y comportamiento político electoral. El marco arriba/abajo, élites/pueblo o poderosos/clases populares tiene limitaciones para explicar las mediaciones intermedias. Consiste en la prioridad a la posición con ventajas relativas respecto de otro segmento del que la persistencia de su desventaja conviene para mantener las distancias de estatus, poder y distribución del propio grupo social. Se trata de darwinismo grupal o corporativo (no solo individual). Se rompen esas polarizaciones globales, y alguna gente se articula con una segmentación de los arriba y abajo relativa en cada segmento y escala relacional inmediata (socioeconómica y de clase social, por sexo, etnia/raza/origen nacional, etc.) con privilegios y discriminaciones específicas diferenciadas y entrecruzadas.

O sea, hay una fragmentación de los perdedores y ganadores relativos, de la pugna por mantener o aumentar las distancias comparativas, orillando el cambio global estructural / institucional que pretenden promover y enmarcar las fuerzas progresistas. Está combinado con la relativa impotencia para trasformar el poder establecido oligárquico y/o la ausencia de un movimiento global transformador de progreso, con esa polarización deseada de mayoría popular frente a poder establecido/élites. La tendencia es que esa estrategia global decae hacia una forma solo discursiva, a veces metafórica, incapaz de generar credibilidad transformadora.

Es decir, no se supera el ámbito inmediatista de actitudes defensivas o reaccionarias (resentimiento, ira…), de refuerzo (conservador, machista o racista) del estatus propio, relativamente privilegiado, frente a los avances y derechos de otros grupos sociales que pugnan por la igualdad relativa y global. Por tanto, sin una estrategia y una dinámica realista y creíble de cambio global no se eleva la disponibilidad popular a la igualdad del conjunto frente a los privilegios de las minorías o grupos acomodados, aunque sean solo en términos relativos respecto de otros grupos próximos.

Por último, una reflexión final. A veces hay una distorsión entre una política ‘útil’, pragmática, que valora medidas concretas favorables, y discursos, considerados etéreos, por mucho que los defensores de lo primero utilizan argumentos propagandísticos a efectos de legitimación propia; o lo contrario, se considera central la pugna ideológica y se infravaloran las reformas concretas y sustantivas.

La respuesta superadora es la interacción entre una estrategia transformadora de conjunto y duradera, desde la que se valora la modificación de las condiciones sociales generales, con su implementación de medidas específicas y adecuadas a distintos sectores sociales, junto con tareas de cambio estructural, institucional, sociocultural y simbólico. Es cuando se rellenan palabras con un contenido real y preciso.

Un proyecto reformador a gran escala de dinámica sociolaboral, protectora y económico-fiscal, desde una perspectiva igualitaria y democratizadora, necesita también un proceso de legitimación social, articulación política y asociativa y cambio de mentalidades. Esas funciones suelen ir acompañadas de liderazgos políticos y sociales y grandes ideas y significantes —programas y discursos—, como democracia, igualdad, libertad… o frente al autoritarismo y la dominación.

Por tanto, en la práctica, se necesita combinar la gestión institucional de progreso, con sus gestores políticos y sociales, con los procesos de legitimación y arraigo social con la mayoría popular. Las derechas ya están incrustadas con el poder económico, institucional y mediático; para las izquierdas lo decisivo es su vinculación popular, su capacidad de articulación sociopolítica, cultural y democrática.

En definitiva, las fuerzas progresistas están (estamos) ante el emplazamiento inmediato de ganar las elecciones generales del 23 de julio a las derechas. Los riesgos para el país y la mayoría popular son muy grandes. Contamos con el importante factor positivo de la reciente unidad del conjunto de las izquierdas diferenciadas de la socialdemocracia en torno a la nueva coalición de Sumar, una vez superada la agria disputa por su orientación y su hegemonía. Es preciso ampliar y consolidar ese acuerdo de mínimos, desde la integración y el respeto a la pluralidad, considerando la representatividad y capacidades de cada cual, y con un impulso transformador de progreso de la dinámica del país, en la próxima etapa política. Junto con la activación cívica, lo decisivo es la credibilidad transformadora de la nueva representación político-institucional.