Este ensayo tiene tres partes. En la primera hago un análisis sociológico de las características y condiciones para la unión de las fuerzas del cambio. En la segunda explico los trasvases y clasificaciones electorales, así como las responsabilidades políticas ante el fracaso de la unidad. Y en la tercera hago una valoración más general de las dificultades divisionistas que deben superar las izquierdas para consolidar su unidad y reforzar su capacidad transformadora.

La unión Sumar/Podemos salva el próximo gobierno de coalición

Estos últimos días se han publicado dos amplios estudios demoscópicos, del CIS (20/04/2023) y la consultora 40dB (3/05/2023), que apuntan en la misma dirección y que refuerzan el estudio pionero de diciembre de 2022 de la citada consultora, así como recientes encuestas privadas, tal como he analizado en el reciente ensayo «Sumar/Podemos: un acuerdo posible y necesario». La unión de Sumar y Podemos para las elecciones generales de diciembre de 2023, con un ascenso significativo de su acceso a escaños parlamentarios, favorecería la continuidad de un próximo gobierno de coalición progresista.

No obstante, ambas encuestas difieren sobre la dimensión del electorado socialista y la necesidad de acuerdo con las fuerzas nacionalistas de izquierdas para mantener la gobernabilidad: 40dB lo ve imprescindible y el CIS no. La otra hipótesis, su división, facilitaría la victoria de las derechas y abriría una etapa de involución política y democrática. Ello, considerando el ligero debilitamiento del apoyo electoral al Partido Socialista que da la mayoría de las encuestas (salvo el CIS) y que pretende remontar a través de su credibilidad gestora en su pugna abierta con el Partido Popular y frenando también el trasvase de voto hacia Sumar. Veamos los datos más relevantes de estas fotografías de los electorados que matizan algunos marcos interpretativos habituales.

Fuente: 40dB-Barómetro de mayo, con elaboración propia.

Como se señala en el gráfico adjunto, la diferencia en el acceso a escaños, comparadas las dos hipótesis, es muy grande, derivado de la normativa electoral. En el caso de la unión entre Sumar y Podemos se llegaría hasta 55 escaños (y se deduce por el CIS que entre 50 y 60), con un ligero descenso respecto de la encuesta de diciembre de 2022 (57), con 97 para el PSOE (que bajaría desde sus 120 escaños actuales). El total de la izquierda serían 152 y el total de las derechas (sumados Partido Popular y VOX, con Ciudadanos extraparlamentario) 161; además de 37 para ‘Otros’, la mayoría los grupos nacionalistas vasco (EH-Bildu y PNV) y catalanes (ERC), que han apoyado la investidura y la mayor parte de la gestión del gobierno de coalición progresista. Está claro que con ese resultado el PP y VOX, sin apenas posibilidad de incrementar más aliados, no podría constituir un gobierno reaccionario de derechas.

En el caso de la división, se considera Sumar la plataforma político-electoral que aglutina todo el conglomerado de Sumar como grupo específico, más Izquierda Unida, Más País/Compromís y sus aliados del acuerdo del Turia, En Comú Podem y Galicia en Común; obtendría 27 escaños y Podemos 11, un total de 38 —como actualmente entre UP/Convergencias (35) y MP/Compromís (3)—. Es decir, lo que se produciría no es una ampliación de escaños sino una recomposición partidaria de la actual representación, en la que Podemos contaba con 20 escaños y que ahora, en este caso de división, quedaría en poco más de la mitad, aunque lejos del vaticinio de su descomposición o completa marginación. Incluso desde diciembre, hay una ligera diferencia al alza en ambos, más significativa en el caso de Podemos, que pasa de 7 a 11 escaños, y Sumar de 25 a 27.

Fuente: 40dB (Barómetro de mayo) y CIS (Barómetro de abril), con elaboración propia. La participación en 2019 fue del 66,2%. El voto válido estimado para 2023 es el 73,2% (40dB) y 72,9% (CIS). Los votantes para PSOE, UP/Convergencias y MP/Compromís son los reales de 2019. Los de Sumar y Podemos para 2023 son los derivados de la estimación de ambas encuestas.

Como se comprueba en la tabla adjunta, la estimación de voto de ambas encuestas es similar en el caso de Sumar (entre 10,6% y 10,9%) y Podemos (entre 6,7% y 6,9%), con unas décimas más en la de 40dB respecto de la del CIS, en cuyo caso entre ambas fuerzas políticas consiguen una estimación de voto válido del 17,3% (17,8% por 40dB). Su pacto les permitiría consolidarse como tercera fuerza, a distancia significativa respecto de VOX, con las consiguientes ventajas comparativas en la distribución de escaños.

Pero otro dato significativo es la distancia de más de cinco puntos que le da el CIS al voto para el PSOE (30,4%) respecto de la de 40dB (25,1%) —y de todas las encuestas privadas—. Supone que, aunque no entra en la adjudicación de escaños, le daría un colchón significativo tanto en comparación con Sumar + Podemos (entre 50 y 60) cuanto respecto de las derechas, ya que quedaría muy por encima de sus escaños y sería incluso superior a su representatividad actual de 120.

O sea, el CIS daría mayoría absoluta a la coalición PSOE/Sumar (en caso de unión), en torno a 180 escaños, con una correlación interna de 70/30%, en vez de la de 64/36% de 40dB. Pero, sobre todo, ofrece al Partido Socialista la posibilidad de no tener necesidad de acuerdos de legislatura con las izquierdas nacionalistas (EH-Bildu y ERC, y salvando la posibilidad, siempre abierta, del PNV), con sus implicaciones para el programa gubernamental, las alianzas y el modelo de Estado territorial.

La idea que se deduce de los datos del CIS está clara: garantizar el próximo Gobierno de coalición progresista, con un Partido Socialista todavía más fuerte, aunque siga necesitando a un Sumar unido, en el que Podemos tenga un papel secundario y, particularmente, no dependa de las fuerzas nacionalistas de izquierda. Se perfilaría un proyecto de país más moderado en los tres ámbitos fundamentales: socioeconómico, territorial y democrático, incluido los temas sensibles de las políticas feministas, urbanísticos-medioambientales, de inmigración, así como internacionales y de seguridad, que han sido conflictivos con Unidas Podemos esta legislatura. Pero sobre el perfil político y programático de cada fuerza política habrá que volver.

Trasvases de voto y clasificaciones electorales

Conviene precisar varios aspectos a partir de datos del CIS. En primer lugar, el trasvase de votantes. El trasvase de electorado socialista de 2019 (y anterior de UP, en 2015/2016), pasaría de 800.000, en diciembre, a 400.000 votos, ahora. Así, según el CIS un 8,9% del electorado del PSOE, un total de unos 600.000 de sus electores de 2019 votarían a Sumar, mientras a Podemos irían un 1,8%, unos 120.000; no obstante, en sentido inverso, aunque no se sabe de qué área de UP o MP/Compr., habría un trasvase de un 13,5%, unos 320.000 hacia el PSOE; o sea, tendría un saldo desfavorable de 200.000, aunque combinado con el trasvase a Sumar quedaría un flujo de unos 400.000 a favor del frente amplio de Sumar + Podemos.

Por tanto, existe una volatilidad limitada interpretada por el PSOE con mayor tranquilidad ante la competencia de Sumar (y el intento de neutralizar la fuga por su derecha), que en todo caso conlleva la mayor garantía de la unidad y asentamiento de este espacio a su izquierda para formar el próximo gobierno de coalición progresista bajo prevalencia socialista.

Como complemento, según 40dB, la procedencia global del voto a Sumar + Podemos sería la siguiente: de UP y sus convergencias, 56,5%; del PSOE, 18,4%; de MP/Compr., 4,5%; de nacionalistas, 3,4%, y de ‘Otros’, 17,3% -donde incluyo el 7,0% de la Abstención, y el 10,3% de otros pequeños, incluido Ciudadanos, junto con Blanco o nulo, NS/NO recuerda y No tenía edad.

En segundo lugar, lo destacable que distorsiona el análisis, similar a la encuesta de diciembre de 40dB, que ya comenté, es el doble papel para Sumar, como plataforma-paraguas para el conjunto y como grupo político específico complementario de los existentes. En particular, los más relevantes, con los que Yolanda Díaz y su equipo debe articular la unión y cuya representatividad electoral, con proporcionalidad pura de escaños y la corrección territorial en los casos contrarios de IU y ECP, ofrecía los siguientes resultados (pongo entre paréntesis la distribución de los 57 escaños previstos): Sumar, como grupo específico (21), Podemos (17), Izquierda Unida (4), En Comú Podem (7), Más País/Compromís (7), Galicia en Común (1); otros menores, como Equo y Alianza Verde o los aliados del acuerdo del Turia deberían encajar en esos números.

Por tanto, durante estos seis meses y en una dura pugna político-mediática por la definición del espacio y su primacía dirigente, se va clarificando esa doble realidad del carácter político-institucional de Sumar —aparte de su papel cívico—, que permite una negociación más realista y respetuosa de la aportación de cada cual al conjunto. Al mismo tiempo, destaca la necesidad de una coordinación más colegiada y plural que el exclusivo liderazgo de Yolanda Díaz, apoyada por todas las fuerzas políticas como su candidata, pero todavía sin articular una representación equilibrada y consensuada que ordene la composición del próximo grupo parlamentario y la orientación y gestión institucional. Es lo que junto con la foto del 28M, corregida con el efecto de la credibilidad estatal, particularmente para los casos de Madrid y Comunidad Valenciana, permitirá un mayor peso del principio de realidad para negociar una solución pactada, unitaria y plural, con la correspondiente participación democrática.

En tercer lugar, conviene completar la información del CIS con otros datos adicionales para señalar su adecuada interpretación, haciendo referencia a la clasificación del electorado de En Común Podem. Está claro en esta confluencia, y más considerando que las dos personas más influyentes del equipo de Sumar para la negociación del acuerdo con los partidos políticos proceden de Catalunya en Común —uno proveniente de ICV y otro del errejonismo—, que su máxima representación se ha decantado por Sumar como referencia estatal, aunque mantienen la apuesta por la colaboración y la mediación con Podemos, en el marco del grupo confederal de Unidas Podemos, ECP y Galicia en Común, promueven la unidad de ambos y conservan su soberanía para decidir sobre sus listas electorales y presentarse como coalición autónoma, así como con la alianza con Podem.

Pues bien, en la encuesta pública se agrega a Sumar todo el electorado a ECP, pero los datos dicen una cosa sorprendente: casi la mitad (46,5%) de sus votantes prefiere el voto a Podemos en vez de a Sumar (y el 27,6% a Sumar, el 5,3% a PSC/PSOE y el 4,3% a ERC). Así, aparte de otras consideraciones políticas, respecto de la imagen de la representatividad global, la agregación de las opciones reales de su diverso electorado supondría una nueva relación global del 9,6% para Sumar y del 7,7% para Podemos.

Además, si solo valoramos a Sumar como fuerza específica, es decir, sin agregar los electorados que dicen que van a votar a Más País/Compromís, Izquierda Unida y las confluencias catalana y gallega, tal como he comentado en otra parte, el porcentaje específico recibido por Sumar sería del entorno de cinco puntos, estrictamente el sector ‘yolandista’, compuesto por ese porcentaje aludido proveniente del PSOE (8,9%), más un tercio del voto a UP —incluido las dos convergencias— y dos tercios del voto a Más País/Compromís, con fugas significativas del 11,4% de Más País hacia Podemos —se supone que fuera de Madrid, donde tienen poca utilidad para acceder a un escaño— y del 20,4% del electorado de Compromís, que iría hacia el PSOE.

En definitiva, aplicada su representatividad con esa proporcionalidad pura, sin otros filtros y según los datos de 40dB, sus 55 escaños previstos para el conjunto de la unión corresponderían de la forma siguiente: Podemos 24 y Sumar 31 —como convergencia actual—, distribuidos éstos, aproximadamente, entre 15 para Sumar como grupo específico y 16 para repartir entre IU, ECP y MP/Compromís.

En cuarto lugar, la autoubicación ideológica en la escala izquierda (0) a derecha (10), según 40dB, es la siguiente: Población en general, 4,8; PSOE, 3,5%; Sumar, 2,6, y Podemos, 1,9. Expresa que, con representatividad de los tres grupos políticos en los distintos segmentos desde el centro hasta la extrema izquierda, dado su diferente peso relativo en cada uno de ellos, la media de sus electorados se sitúa en la izquierda —moderada en el caso socialista y transformadora en el caso de Sumar y Podemos— y que la media del electorado de Sumar se coloca en una posición intermedia entre la de los otros dos.

Responsabilidades ante el fracaso unitario

La encuesta de 40dB ofrece datos significativos sobre la adjudicación de responsabilidades políticas por la posibilidad de la división entre Sumar y Podemos. En el gráfico adjunto destaco la opinión de los electorados de Podemos y de Sumar —con el resto del conglomerado—.

Fuente: 40dB —Barómetro de mayo—, con elaboración propia.

En el liderazgo de Podemos figuran Pablo Iglesias, Irene Montero y Ione Belarra, y en el de Sumar, Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, Alberto Garzón, Ada Colau y Joan Baldoví (en diciembre de 2022, Mónica Oltra). A cada bloque he añadido las respuestas ‘Todos por igual’, en el caso de Podemos (8,9%) y de Sumar (5,5%). Es bastante ilustrativo el entrecruzamiento de responsabilidades existente en ambos electorados, admitiendo en cada bloque en torno a un tercio la responsabilidad de los líderes propios y en torno a los dos tercios la responsabilidad de los líderes del otro bloque.

Contrasta, aparentemente, con la opinión expresada en diciembre, en aquella ocasión por votantes de UP, que achacaban a responsabilidad casi por igual a ambas partes (49,3% al liderazgo de Podemos y 46,3% al liderazgo de Sumar), respecto de votantes de MP/Compromís (61,8% y 31,6% respectivamente), que se acerca al actual electorado de Sumar; aunque al diferenciar la desigual opinión de Podemos, por un lado, e IU y ECP, por otro lado, sería coherente con los resultados actuales.

Significa que, a pesar de la dura pugna mediática por el relato sobre las causas de la posible división, con la opinión dominante de la responsabilidad del liderazgo de Podemos y la exculpación del de Sumar, se mantiene una saludable crítica con una composición mixta y, al mismo tiempo, divergente en ambos electorados. Eso sí, poniendo de manifiesto la gran responsabilidad de ambas élites en el posible fracaso unitario, cosa oscurecida en la opinión publicada pero que induce a una mayor cooperación constructiva y unitaria.

En definitiva, más allá de cierta pugna competitiva el 28M, particularmente en Madrid y la Comunidad valenciana, por el reequilibrio representativo y la prevalencia en la articulación y representación global, hay una aproximación hacia un mayor realismo sobre la representatividad de cada fuerza política y las implicaciones negativas de la división. Se refuerza la necesidad del reconocimiento de la aportación relativa de cada parte, que permita un acercamiento a una solución respetuosa y satisfactoria que incida en el aspecto principal: la garantía de una ampliación electoral y de presencia institucional del conjunto de las fuerzas del cambio o frente amplio, particularmente de la mano de la unión entre Sumar y Podemos, que junto con el mantenimiento del electorado socialista, permita un nuevo gobierno de coalición progresista que consolide otra etapa de avance social y democrático.

La articulación de la representación política

En varios textos recientes y anteriormente he realizado distintos análisis sociológicos sobre las tendencias sociopolíticas entre las bases de las izquierdas y fuerzas progresistas, así como las características de la recomposición de la representación de las fuerzas del cambio, en particular, la pugna por su primacía y la relación entre Sumar y Podemos. Su unión electoral aparece como una condición clave para reeditar un nuevo Gobierno de coalición progresista, con una influencia más significativa de la izquierda transformadora para garantizar la consolidación y ampliación de los avances sociales y democráticos en la siguiente legislatura.

Ahora me detengo en un aspecto más general: el complejo camino para articular las élites representativas y dirigentes de este conglomerado llamado frente amplio o fuerzas del cambio, en esta nueva fase de reequilibrio global entre sus grupos políticos más relevantes y la definición y gestión de las tareas, estrategias y alianzas para profundizar en esa transformación sustantiva del país y su contexto. Hago alusión a un tipo de problemas, ya endémicos en la historia de las izquierdas: sus inclinaciones hacia la división y la pugna corporativa y/o doctrinaria, con la consecuencia de limitar su capacidad transformadora igualitario-emancipadora, a gran escala y en el marco europeo, salvando circunstancias excepcionales.

Las élites de derechas tienen una relación diferente a la de las izquierdas respecto de las estructuras socioeconómica, cultural y de poder. La burguesía ascendente, frente a las estructuras del Antiguo Régimen, se fue consolidando en el interior de éste, con el desarrollo capitalista, la pugna cultural y los conflictos político-institucionales, hasta ser hegemónica. Su poder institucional e ideológico estaba también asentado en una burocracia estatal y de seguridad y, particularmente, en una estructura de control económico, basada en la desigualdad social y la subordinación popular, desarrollada en varios siglos: primero, mercantil, luego industrial y, finalmente, financiera. Sus élites representativas o sus partidos políticos, sin llegar a ser un simple consejo de administración para la gestión pública, estaban interconectadas con ese poder real. Dicho de otra forma, los poderes fácticos (socioeconómicos, ideológicos, institucionales) tienen una influencia decisiva, con puertas giratorias y flujos corporativos, en la implementación de las políticas públicas y la gestión de su representación institucional. El principio de realidad, de los intereses y demandas que se defienden, se impone de forma más directa y explícita sobre la composición y la gestión de sus élites políticas.

Las élites de izquierdas, en estos Estados capitalistas o de mercado europeos, no tienen una base estructural de poder consistente en las distintas esferas: intervención y regulación económica, control del aparato estatal e ideológico-mediático. Su capacidad transformadora deviene de su fuerza social y democrática, de su arraigo y capacidad de articulación de las mayorías populares, de su peso en las instituciones representativas. Y, derivado de ello, de su capacidad y legitimidad de gestión institucional, normalmente en los ámbitos intermedios: gobiernos municipales y autonómicos y parlamentos, así como el acceso a posiciones gubernamentales en una posición secundaria respecto de las estructuras fundamentales del poder o las políticas de Estado, con cierta influencia limitada a través de la concertación social, en el ámbito empresarial o con la colaboración en organismos para-institucionales y participativos. Los auténticos poderes fácticos, más en el ámbito internacional, se escapan al control democrático y, en particular, a la influencia de las izquierdas. De ahí que las propias instituciones representativas estén en crisis por su impotencia para satisfacer el bien común.

Dejo al margen la caracterización de la socialdemocracia europea, con una posición ambivalente entre los dos campos sociopolíticos. Su pertenencia doble, con la ambición de centralidad, sucumbe cuando se manifiesta el conflicto entre las corrientes de fondo, de la involución neoliberal, regresiva y autoritaria frente a una dinámica de progreso del bienestar social y democrático. A diferencia de las décadas gloriosas del pacto keynesiano y el desarrollo del Estado de bienestar, supone su crisis política y representativa, si no se aborda la fuente de poder democrático fundamental: la respuesta suficiente a los intereses y demandas de la mayoría popular de la sociedad frente al poder establecido.

Así, para la izquierda transformadora o las fuerzas del cambio de progreso, es fundamental ampliar su capacidad articuladora y representativa con la mayoría social. Es su base de poder democrático, mediando sus procesos sociales y electorales. Sus élites políticas o representantes institucionales pueden tener una relativa vinculación con sus electorados o bases sociales, cierto contrato social en base a los programas o proyectos legitimados en sus procesos participativos. Pero no suelen tener unas fuertes y amplias estructuras de articulación sociopolítica y cultural con las que mantener una interacción o diálogo con los grupos sociales, más o menos dispersos, desde la autonomía de cada cual, que condicione su propia autonomía decisoria y gestora, aunque se palie con distintas consultas.

Se ha hablado mucho de la legitimidad de origen —y su parcial agotamiento— de las fuerzas políticas del cambio como expresión del proceso de protesta social de todo el lustro de 2010/2014, conocido como movimiento 15-M y que fue mucho más amplio y diverso, incluido las variadas mareas y huelgas generales contra los recortes sociales y por la justicia social y más democracia. Pero, salvo la cuarta ola feminista, con una gran participación, movilización general y apoyo social durante casi un lustro, con la correspondiente pugna por su orientación, la activación cívica y su articulación y persistencia en amplios y organizados movimientos sociales, es débil; aunque haya corrientes de opinión significativas o movilizaciones parciales relevantes, como son la concienciación y la actividad medioambiental y por las pensiones públicas, la vivienda o la sanidad pública. Podemos decir que lo más consistente y continuado, como estructura organizada, ha sido el sindicalismo, por un lado, y el nacionalismo periférico, por otro, particularmente el catalán y el vasco.

Pues bien, la representación política de esa amplia base social de izquierdas o progresista, con esa articulación sociopolítica y cultural limitada, tiene unas características específicas, diferenciadas de las de derecha (o las del Partido Socialista, con su doble pertenencia). Por un lado, son más autónomas al no tener una dependencia directa de estructuras organizadas de contrapoder social (movimientos sociales), institucional (burocracia político-institucional, incluida la judicial y de seguridad) o económico (empresarial, sector público y tercer sector). Por otro lado, también tienen una menor conexión estable y articulada con su base social popular, que no pueden resolver por la simple interpelación pública o el alegato continuado de su representación de la gente, el pueblo o las familias trabajadoras.

En ese sentido, de menor fluidez relacional, los dirigentes políticos progresistas suelen ser menos realistas respecto de los intereses y demandas, más o menos explícitos, de su base social representada y poco articulada, las capas populares, más difíciles de obtener sin un profundo arraigo social. Por tanto, en los dos últimos siglos, existe cierta inclinación al idealismo entre las fuerzas alternativas, a la sobrevaloración doctrinaria del discurso o el programa/proyecto para conformar fuerza social.

El protagonismo se tiende a centrar en la búsqueda de legitimidad y apoyo electoral a ese liderazgo. Así, se expande la pugna discursiva, medio preferente para competir por la legitimidad de los distintos grupos que aspiran a su representación, orientación y gestión institucional. Se ponen en primer plano los componentes corporativos o sectarios de los distintos núcleos dirigentes o aspirantes a ello, dejando de lado el auténtico proceso selectivo y cooperativo que debería curtir la representatividad y capacidad articuladora: la acción colectiva democratizadora e igualitaria de las relaciones sociales.

La consecuencia es la infravaloración de lo más importante para la acción política: la vinculación y generación de activación popular, siendo realistas de los distintos momentos y contextos, con la idea de fortalecer la participación democrática o, dicho en otros términos, la capacidad contractual y transformadora del contrapoder popular. De forma sociopolítica, a través del estímulo a las demandas reivindicativas o conflictos sociales por la pugna distributiva, cultural y democrática frente a discriminaciones y subordinaciones concretas. De forma político-electoral-institucional a través de la acción política reformadora y participativa. El cambio de la subjetividad y las mentalidades y la pugna cultural e ideológica deben estar vinculados con la experiencia relacional de las mayorías sociales en pro de sus derechos y la mejora de sus condiciones vitales, objeto fundamental, así como con la influencia político-institucional.

Por tanto, el aspecto principal para garantizar una fuerte y unida representación política es su arraigo social, su conexión real con la gente para su activación en defensa, aceptada y explícita, de sus intereses y demandas, inmediatas y más generales. Y de ello se deriva su intermediación interpretativa e institucional en el proceso reformador sustantivo y real.

Es cuando se prestigia la política o los grupos políticos, al menos los progresistas y de izquierda transformadora. Y es cuando el factor de la unidad política, no solo electoral, se vuelve más fundamental en cuanto va dirigido a esa tarea articuladora de la activación cívica frente al poder establecido y por una alternativa de progreso para el país. De ello dependerá su traslación al campo electoral e institucional y, en definitiva, los cambios estructurales y de la relación de fuerzas políticas.

Es la auténtica política útil o transformadora en beneficio sustantivo de la mayoría popular y de garantía de las condiciones políticas necesarias para consolidar el cambio social y de progreso para la próxima década. Es el largo y complejo camino para la formación y consolidación de una representación política unitaria y con fuerte sentido social, ético y democrático.