El pasado 10 de marzo, el Parlament de Catalunya aprobó dejar fuera la partida de 40 millones del presupuesto que debía destinarse a hacer un Plan Piloto para la Renta Básica Universal con los votos de PSC, Junts, Ciutadans, PP y Vox. Esta prueba piloto innovadora, validada científicamente y reconocida a nivel europeo (y más), con posibles impactos más allá de cuestiones materiales, ha sido descartada. Mientras, las propuestas de lucha contra la pobreza siguen siendo las mismas de hace 30 años y se demuestran ineficaces.

En Cataluña la situación de cronificación de la pobreza está en torno al 25%, desde hace al menos 10 años, afectando a 2 millones de personas. Ninguna de las medidas de lucha contra la pobreza ha logrado revertir mínimamente la situación, además de los condicionantes estructurales y de incremento de la desigualdad actual derivada del mercado vivienda, racismo, precariedad laboral… o una pandemia.

Las políticas de garantía de rentas tradicionales han tenido “la finalidad de asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza, a fin de promover su autonomía y participación activa en la sociedad.” Algo que pone a debate el concepto de vida digna.

En Cataluña se iniciaron con la PIRMI en 1992. En el contexto post crisis de 2009, un movimiento ciudadano impulsó una ILP por la Renta Garantizada Ciudadana con el lema “rescate a las personas” y 121.191 firmas. La Ley 14/2017, de 20 de julio, de la Renta Garantizada de Ciudadanía, consolidó su implementación en 2017, a pesar de reproducir algunos de los elementos críticos del anterior PIRMI. Desde entonces, sólo se llega a 166.410 personas percibiendo esta renta, con datos de noviembre de 2022. En mayo de 2020 en plena pandemia, se aprueba el Ingreso Mínimo Vital como política estatal, y se implementa en 2021. En Cataluña, de esta ayuda se han iniciado en todo el período 52.707 expedientes, que benefician a unas 158.422 personas. Actualmente, una nueva propuesta de Ley quiere revisar los impactos y planteamiento de la política vigente de RGC y al mismo tiempo quiere armonizar las dos prestaciones.

En este sentido, la Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña (RGC) puede prestarse como una prestación básica (no condicionada) o con la prestación complementaria de activación e inserción (PCAI) condicionada a la realización de un plan de inserción laboral o inclusión social (que son el 92% de las prestaciones). Para solicitar o percibir la RGC se utiliza como baremo el IRSC, el indicador de renta de suficiencia de Cataluña. Para el ejercicio 2023, la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña fija el valor del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC) en 614,65 euros mensuales y 8.605,15 euros anuales. Establecen el umbral (ingresos inferiores) y al mismo tiempo las cuantías a percibir: 664 euros.

Según el IDESCAT, en 2021 el umbral de la pobreza se sitúa en los 941,42 euros mensuales, y la pobreza severa en los 593,00 euros mensuales. Las cuantías de la RGC no sólo están por debajo de lo que se considera umbral de la pobreza sino que apenas inciden en la pobreza severa.

Para solicitarla, computan los ingresos por unidad familiar, el destinatario es el titular y el beneficiario es el conjunto de miembros, aunque si un miembro de la unidad incrementa ingresos o accede a un trabajo, el perceptor principal pierde la RGC. También quedan descubiertos los hogares con más de una unidad familiar. Para acceder es necesario estar empadronado en un municipio de Cataluña y haber residido legalmente 2 años antes y tener más de 23 años (con alguna excepción), excluyendo capas de población inmigrada y jóvenes.

Entre otras características, la RGC es incompatible con el trabajo a tiempo completo (y se reduce si es parcial), por lo que cuando aparecen opciones de trabajo temporal, eventual, muchas personas beneficiarias prefieren no acceder al trabajo por no perder la prestación. Aparte de que la inserción laboral no siempre está en condiciones de calidad salarial. Es la trampa de la pobreza.

Éstas son algunas de las incompatibilidades, fallos y exclusiones. Los datos muestran un progreso en las prestaciones de garantía de ingresos, pero tienen importantes debilidades e insuficiencias, tanto en la gestión como en el grado de cobertura. De hecho, el colapso administrativo hace que la respuesta no sea lo suficientemente ágil precisamente en situaciones críticas, carecen de mecanismos de coordinación para asegurar una atención adecuada y la cuantía es muy limitada en relación al coste actual de bienes de primera necesidad, como son la vivienda o los suministros básicos.

Según un informe de Ivalua de 2021, analizando el impacto de la RGC un 2,8% de los hogares en Cataluña son beneficiarios de la RGC. Esto representa un 37,2% del total de hogares en riesgo de pobreza severa (población diana) y un 81,2% de la población elegible para percibirla. La cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía está por debajo del 10% de la población en situación de pobreza, según el informe INSOCAT 13 de diciembre de 2021. Obviamente, además, la cantidad de renta transferida es insuficiente y por debajo del umbral de la pobreza. Y en cuanto a la inserción laboral en todo el año 2022, según datos de la propia Generalitat, sólo 3.369 familias deben salir del programa por motivos de inserción laboral.

Hasta aquí se han explicado algunas características de las políticas de garantía de rentas en Cataluña y se han aportado datos de la actualidad, pero diferentes reflexiones teóricas llevan más de treinta años señalando las carencias e ineficacia de este tipo de políticas. Algunos de los elementos críticos son:

• La hipótesis fallida del trabajo asalariado como vía de subsistencia material y de inserción económica. Hoy en día es erróneo prever la salida de la pobreza a través del trabajo precarizado.
• El abordaje de una situación estructural a partir de medidas individuales. A partir del paradigma de “la activación” se culpabiliza a la persona de la propia situación y se hace única responsable de la salida.
• La visión moralizante que se desprende del hecho de condicionar las prestaciones y bajas cuantías, para no “malgastar”, “a cambio de nada”, no fomentar el “parasitismo”. Una visión que estigmatiza y favorece y alimenta discursos de criminalización de la pobreza.
• Se trata de políticas públicas que requieren desarrollar servicios evaluadores y acreditadores de las situaciones de pobreza. Lo que redunda en el control social, la burocratización, y en crear un sistema de ayudas, ayudas y trámites que hacen perder el sentido de la acción y los servicios sociales.
• Se produce una normalización e institucionalización de la pobreza, que se convierte en una trampa con topes de ingresos que son inferiores al umbral de la pobreza.

Ahora, la nueva propuesta de ley que existe para reformar la Renta Garantizada Ciudadana, si bien reconoce la ineficacia de la medida en la exposición de motivos y destaca el incremento de situaciones de pobreza, incluye algunas mejoras; propone armonizar con el IMV y redestinar los recursos a ampliar las coberturas, permite la compatibilidad con el trabajo pero no elimina la condicionalidad, incorpora una ayuda al pago del alquiler, ofrece mayor cobertura para familias numerosas y cambia algunos requisitos de acceso. Sin embargo, no transforma ninguno de los elementos críticos de las prestaciones de garantía de rentas, y mantiene elementos básicos de concepción de la política pública que no supondrán ningún cambio sustancial:

• Sigue la discordancia entre la naturaleza del fenómeno y el abordaje de la pobreza. Es una realidad estructural y cronificada que se aborda desde la lógica coyuntural y la emergencia temporal. De hecho, un 50% de las beneficiarias de la RGC ya vienen de las anteriores PIRMI.
• Sólo se proponen medidas de contención sin trabajar profundamente las causas de la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva interseccional. La acción contra la pobreza implica acciones dirigidas a los mecanismos que producen desigualdad y la generan, y quizá sea precisamente por este motivo por el que la erradicación de este fenómeno ha sido imposible sólo desde la política social, ya que querría decir política de vivienda, abolir la ley de extranjería, regulación laboral…
• Sigue la hipótesis del retorno al trabajo asalariado sin modificar sus condiciones. No se aborda la crisis del no retorno al trabajo asalariado. El mercado de trabajo ya no es una vía de inserción, ni vida digna, por cantidad y calidad.
• Sigue el abordaje individual y culpabilizador, estigmatizador. No generamos sujetos de derecho sino subsidiarios. Se perpetúa la saturación de servicios, con servicios sociales a punto de colapsar, donde se llegan a realizar hasta 60 trámites. Más estructura de gestión y administración.
• Se consolida la trampa de las ayudas al pago de la vivienda. Nada cambia en términos de derecho y acceso a la vivienda y se refuerzan abusos inmobiliarios. El precio de la vivienda es un eje de empobrecimiento y no se toca; por el contrario, se garantizan las rentas para los propietarios, se mantiene el dominio del mercado.
• Se sigue utilizando el IRSC como indicador, incrementa levemente la cuantía a percibir (100€), sin tener en cuenta la variabilidad territorial del coste de la vida. Se transmite el mensaje institucionalizado de que la cobertura social es vivir con 670€. Y cuando no protege el Estado, ya lo hará el mercado, aunque sea con economía sumergida, explotación laboral…

Un informe de marzo de 2023 indicaba que el sueldo mínimo para llegar a fin de mes en el área metropolitana de Barcelona es de 1.447 euros.

Son rentas que hacen de tope por arriba, y no por debajo: deben recibirse menores ingresos para obtenerlas y no cobrar más por mantenerlas. Ponen en el centro del debate las condiciones materiales de la existencia, y generan serias dudas sobre la voluntad de las instituciones de garantizar la “vida digna”.

Supone sostener y perpetuar lo que no funciona en temas de concepción de políticas públicas, tanto en diseño como objetivos. Llevan 30 años sin funcionar, basado en evidencias.

El Plan Piloto de la Renta Básica Universal quería aportar nuevas evidencias, para nuevas políticas. No se entiende que se retire el destino presupuestario de Plan Piloto por la RBU. Una propuesta que sí presenta una alternativa: Tanto en la concepción del ciudadano, de la libertad, de vida digna, como un proyecto fuerte de redistribución, que grabaría la riqueza, desde la universalidad, la no condicionalidad, con cuantías más elevadas, eliminaría la necesidad de servicios prestamistas, controladores, acabaría con las multiplicidades de subsidios ayudas y ayudaditas, genera derecho… es conquista. Con sus posibles limitaciones también damos la opción de estudiarlo.

Lo que no funciona ya lo conocemos y se perpetúa.

[Fuente: Catalunya Plural]