Desde el franquismo hasta los años 80, cientos de miles de bebés fueron robados a sus padres con la complicidad de la Iglesia católica. Una investigación sobre un terrible capítulo de la historia de España, aún hoy envuelto en silencio, con testimonios de víctimas que no han perdido la esperanza y entrevistas a especialistas como el juez Baltasar Garzón.

Hace unos cuarenta años, la escritora Elsa López dio a luz en una clínica madrileña. El recién nacido que le presentaron estaba congelado: el médico le dijo que su hija había muerto. Cuando se enteró, décadas más tarde, de que este ginecólogo había sido detenido y juzgado por tráfico de niños, Elsa comprendió que era una de los miles de víctimas de un crimen masivo, cuyo alcance no salió a la luz hasta la década de 2000.

Ha habido casos de secuestros de bebés en muchos países (Irlanda, Argentina, Chile o Australia), pero en ninguno han desaparecido tantos bebés como en España. Y en ningún otro lugar las víctimas reciben tan poca justicia. En medio siglo, unos 300.000 recién nacidos fueron robados a sus madres y vendidos en secreto a padres adoptivos. Un sistema en el que la Iglesia católica española desempeñó un papel activo, sobre todo a través de una red de conventos e intermediarios.

Creada en los primeros años de la dictadura franquista, esta red se dirigía en un principio a los hijos de opositores políticos, a los que había que alejar de la influencia nociva de sus padres, aquejados de una “enfermedad mental”: la izquierda. Con el paso de las décadas, el robo de bebés se institucionalizó, afectando principalmente a madres muy jóvenes y familias modestas, hasta convertirse en un auténtico modelo de negocio en el que participaban médicos, abogados y clérigos católicos. Este sistema sobrevivió al franquismo y continuó hasta principios de los años 80. Aún hoy, la omertà reina sobre esta terrible parte de la historia española, llena de zonas grises y detalles sórdidos. La Iglesia sigue negándose a abrir sus archivos, las autoridades se muestran poco colaboradoras y la justicia tarda en llegar: el 90% de las denuncias presentadas por las víctimas se archivan sin seguimiento. Las víctimas se ven obligadas a recurrir al extranjero, sobre todo, para hacerse pruebas de ADN.

Disponible hasta el 28-5-2023