A continuación se reproduce el Resumen Ejecutivo del Informe del Centre Delàs, n.º 58 coordinado por Pere Ortega y elaborado por el propio Ortega, Xavier Bohigas y Xema Moya. Puede consultarse el informe completo en este enlace.

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En la propuesta del gobierno de Presupuestos Generales del Estado Español para 2023, el presupuesto del Ministerio de Defensa se incrementa un 26,31 % con el objetivo de alcanzar el 2 % del PIB en 2029. Este fue un compromiso adquirido por el presidente Pedro Sánchez tras la Cumbre de la OTAN de junio de 2022. Pero la realidad es que estos presupuestos de 2023 ya superarán en 17 décimas el susodicho 2 % del PIB. La diferencia radica en el hecho de que hay partidas militares que no se encuentran enclavadas en el Ministerio de Defensa, y están repartidas por otros ministerios.

Según el criterio del gobierno español, el importe destinado al conjunto del Defensa será de 14.453,8 millones de euros. Esta cantidad incluye las partidas del mismo Ministerio; la de los Organismos Autónomos militares y la del Centro Nacional de Inteligencia. Pero de acuerdo con lo que aconseja la OTAN con el objetivo de homologar el gasto militar los criterios de todos los países miembros, también se deben añadir las clases pasivas militares (4.015 M€); la Guardia Civil, como cuerpo militarizado (3.672 M€); los créditos en I+D asignados al Ministerio de Industria (1.601 M€) destinados a empresas militares para producir nuevos armamentos; la mutua militar ISFAS (700 M€); las pensiones de guerra (81 M€); las aportaciones a organismos militares internacionales desde Asuntos Exteriores como la misma OTAN (236 M€).

Pero, además, desde el Centre Delàs añadimos las diferencias existentes entre las cantidades presupuestadas inicialmente, cuando se aprueban los presupuestos, y las ejecutadas a final de año y que siempre superan los mil millones, en su mayoría destinadas a sufragar las misiones militares en el exterior. Y que este año, haciendo la media de los últimos cinco años, alcanzarán los 1.449 M€. Pero todavía hay otro gasto, el que corresponde a los intereses de la deuda pública, pues si el Estado se endeuda para llevar a cabo inversiones militares, es lógico que la parte proporcional de esa deuda correspondiente a Defensa se compute como gasto militar (1.409 M€). Entonces, el gasto militar que el Estado español destinará en 2023 alcanza la colosal cifra de 27.617,45 millones; cosa que equivale a 75,7 millones diarios o a 582 euros anuales por habitante y entonces alcanza el 2,17 % del PIB.

Si extrapoláramos a 2029, la fecha propuesta por el Gobierno para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar solo con las partidas asignadas al Ministerio de Defensa, y sumando los créditos repartidos por otros ministerios y no incluidos, darían un total de gasto militar que sobrepasaría los 40.000 millones anuales en 2029.

Sobre el mito de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar, se debe precisar que no existe ningún canon, ni modelo que demuestre que la seguridad de un Estado se pueda conseguir mediante el supuesto de destinar el 1%, el 2%, o el 20% del PIB. Sino que es un tope propuesto por Estados Unidos para que sus socios europeos en la OTAN adquieran más capacidades militares que, en primera instancia les favorece, pues por algo EEUU son la primera potencia en producción de armas y los países de la OTAN sus principales clientes.

El incremento más abultado del gasto militar propuesto para 2023 es el dedicado a inversiones militares con casi un 30 % (29,88 %) sobre el total de inversiones del Estado central (sin contar las inversiones en las comunidades autónomas). En total se destinarán 7.743 millones que incluyen los 1.843 millones en I+D en nuevas armas, que comparados con los 25.913 millones que el Estado central dedicará a inversiones representa que tres de cada diez euros del Estado central se destinarán a inversiones militares. En su mayoría destinados a pagar a las empresas militares los compromisos adquiridos con los grandes Programas Especiales de Armas, a los que se destinarán 4.901,7 millones, más 367,2 millones a la adquisición de repuestos y la modernización de las armas existentes, y 631 millones a la modernización de infraestructuras, instalaciones y comunicaciones militares.

El siguiente y más escandaloso aumento es el aplicado a créditos de I+D del Ministerio de Industria que crece en un 126,09 %; es decir, duplica y más los 708,20 M€ de 2022 hasta los 1.601,15 M€ propuestos para 2023. Todos ellos destinados a pagar a las empresas militares estatales como Navantia o Indra, o internacionales como Airbus, Santa Bárbara / General Dynamics o Boeing.

Para analizar y demostrar el brutal incremento de gasto en defensa que se propone, solo hace falta compararlo con los ministerios del ámbito social. Estos tienen un incremento en 2023 por encima de la inflación subyacente de 2022, con incrementos importantes en Derechos Sociales, 17%; Cultura, 15,9%; Clases pasivas, 13,9%; Seguridad Social, 12,9%; e Inclusión, Seguridad social y Migraciones, 12,9%. Pero ningún ministerio alcanza un aumento tan destacado como el experimentado por el Ministerio de Defensa que aumenta, como ya se ha señalado, el 26,3%, mucho más que los de tipo social, y pone en evidencia el supuesto Presupuesto social del que alardea el Gobierno de coalición PSOE / Unidas Podemos.

Esta no es una afirmación gratuita, como ya hemos analizado en numerosos escritos anteriores del Centre Delàs, y también han indicado prestigiosos analistas de Estados Unidos. Se debe volver a recalcar que el gasto militar es, desde el punto de vista económico y social, destructivo en riqueza, pues los recursos destinados a la producción de armas representan una pérdida de oportunidad. Y en ese sentido destruyen economía productiva, la real, pues las armas no son bienes de consumo que circulen en el mercado (ningún ciudadano se puede comprar un tanque). Pierden su valor social porque solo las adquieren los Estados, y, en cambio, producen endeudamiento público, debido a las grandes inversiones que necesitan. También generan déficit fiscal, pues esas inversiones no reciben contraprestaciones fiscales y acaban produciendo inflación. Inversiones en armamentos que se justifican por parte del Gobierno español porque crean empleo, cuando existen rigurosos estudios que afirman lo contrario, que en el ámbito civil esas inversiones crearían más empleo y de mejor calidad.