Skip to content

Albert Recio Andreu

Economía de la catástrofe

Cuaderno pandémico: 14

I

Lo que está ocurriendo los últimos meses sigue un guion relativamente predecible. Cuando menos, se inscribe en el marco de trayectorias posibles del actual marco institucional. Cuando estalla un proceso inflacionario las autoridades económicas llaman a la moderación, especialmente de salarios. En tiempos anteriores proponían acuerdos sobre política de rentas. Ahora lo han vuelto a hacer, pero con poca insistencia. La razón es que en tiempos anteriores (al inicio del período neoliberal) los sindicatos tenían fuerza y era necesario darles alguna contrapartida a cambio de los clásicos sacrificios empresariales. Ahora son más débiles y la patronal no siente la necesidad de negociar, y los gobiernos ni tienen una gran voluntad ni la fuerza para imponerlo. Resultado de años de transformación de la cultura económica y el equilibrio de poder a favor del capital. Y siempre aparecía el recurso de la política monetaria, en forma de aumentos de tipos de interés que acaban por generar una recesión. Un método para curarla del estilo de las viejas sangrías que provocaban un decaimiento general del paciente. Ahora han tardado más en aplicarla, pero al final está apareciendo con fuerza haciendo las delicias del sector financiero y generando los efectos esperados.

Esta secuencia de aumentos de precios, ausencia de negociación de rentas y subida de los tipos de interés están generando una enorme masa de víctimas: la caída de los salarios reales amenaza con ser incluso superior a la experimentada en la crisis anterior. Es cierto que, a diferencia del período austericida, ahora se están poniendo en marcha medidas de apoyo a las rentas más bajas (aunque muchas no llegan bien a quien lo necesita, porque el entramado burocrático y la tecnología digital generan barreras difíciles de traspasar para muchas de las personas afectadas). Y también que se anuncia una revalorización de las pensiones que va a paliar la situación para este nutrido sector social (es posible incluso que una parte de los pensionistas esté menos afectada por la inflación que otros colectivos por su diferente tipo de consumo: le impacta mucho el encarecimiento de alimentos y calefacción, pero en muchos casos casi nada el del combustible y los hoteles). En conjunto, lo que ya tenemos en una catástrofe social subterránea, individualizada, persistente. Porque esta devaluación de rentas salariales se sucede a otra brutal de la que la mayoría de gente no se había recuperado y que había dejado un poso de pobreza cada vez más consolidado. La devaluación salarial anterior fue en gran parte la combinación de un ataque a la negociación colectiva y cambios en la estructura ocupacional que generaron más empleos de bajos salarios. Ahora se trata lisa y llanamente de una subida de precios que los aumentos salariales, cuando se producen, no pueden compensar.

Hasta el momento, las políticas convencionales no se muestran capaces de atajar la situación.

En primer lugar, porque hay evidencia de que una parte de la inflación está provocada simplemente por el aumento de los márgenes empresariales. Y, hasta hoy, las instituciones económicas tienen un sesgo de clase que les hace ver como preocupante cualquier aumento salarial y como tolerable el de las rentas del capital. Estas solo se pueden controlar interviniendo directamente en los mercados, lo cual es un verdadero tabú para el pensamiento económico dominante (incluyendo al poder judicial, especialista en anular las tímidas multas que impone la CNMC cuando considera que hay una actuación monopolista). Hay, además, una situación general que sirve de coartada a las subidas: la guerra de Ucrania. No es que la guerra sea inocua (es obvio que ha reforzado el encarecimiento de combustibles y cereales), pero la inflación empezó antes. La ventaja es que ahora cualquier empresa tiene un discurso creíble para tratar de justificar los precios al alza.

En segundo lugar, están todos los aumentos de costes generados en los estrangulamientos de los circuitos logísticos, una cuestión derivada de la división del trabajo a escala mundial y la producción sin stocks, que está mostrando que algunos ahorros de costes acaban generando aumentos en otras partidas y que obligan a repensar el diseño de la estructura productiva. En este mismo plano está la cuestión digital, a la que dedicaré un comentario especulativo.

En tercer lugar está el papel que juegan los mercados especulativos de futuros a la hora de transformar aumentos puntuales de precios en ciclos inflacionistas. Y en cuarto, la cuestión más de fondo de en qué medida estamos asistiendo al efecto combinado del declive de la extracción minera (petróleo y minerales) y del cambio climático que afecta directamente a las cosechas.

Todos los elementos citados tienen bases estructurales específicas que no pueden abordarse con medidas monetarias, sino que exigen cambios profundos en toda la organización económica. La verdadera catástrofe está en que el dominio cultural neoliberal es precisamente lo que impide, a partir de cierto punto, la intervención de las instituciones públicas en las tripas del sistema productivo. Una intervención que sería factible realizar de muchas formas, que ahora quedan fuera del punto de mira, y que cuando se propone (como la cuestión de la excepción ibérica en la fijación de la tarifa eléctrica) tiene un largo y tortuoso camino hasta lograr imponerse. Mientras tanto, los precios siguen subiendo.

Acepto que planteo un tema especulativo, pero sobre el que vale la pena centrar la atención. Me refiero a la cuestión de la digitalización, una de las grandes apuestas de la Unión Europea. La promesa de que la economía digital favorecerá una mayor eficiencia productiva, una atención personalizada y un ahorro de recursos. Sin contar que una parte de la historia es total o parcialmente falsa —el enorme consumo energético y de recursos minerales que requeriría la digitalización completa— y esconde sesgos preocupantes —se trata sobre todo de tecnologías del control, como han puesto de manifiesto los debates sobre condiciones laborales o el uso de datos por parte de las grandes empresas de internet— lo que me parece relevante es que en muchos casos es menos clara su aportación productiva y hay indicios de que la digitalización puede ser un sector inflacionista.

Para mucha gente el uso de los procesos digitales se ha convertido en una tecnología antipática, costosa en tiempo (pues en muchos casos se trata de desplazar actividad hacia el usuario), generadora de bloqueos, una verdadera pared digital. A ello contribuye el mal diseño de las webs, su incapacidad de responder a la complejidad del mundo real. Y no me refiero solo a la experiencia de la gente mayor, sino a la de muchos usuarios profesionales, pongamos por ejemplo profesores universitarios y gestores públicos. Puede que haya un problema de aprendizaje, pero analizando el sector son fácilmente detectables temas recurrentes: los monopolios de algunos agentes,  la obsolescencia programada o no de muchos programas (que obliga a costosos desembolsos), la necesidad de asesoramiento persistente, los problemas de ciberseguridad (crecientes y que requieren costos gastos defensivos)… Lo único cierto es que, dada su complejidad, la digitalización es un negocio redondo para muchos, incluida la industria del ocio digital y sus cuestionables efectos sociales. No se trata de poner en duda las ventajas innegables de esta tecnología, sino sólo señalar que tiene una peligrosa caja B y un posible efecto-coste que obliga como mínimo a adoptar una evaluación más ecuánime de la bondad del sector y un reconocimiento de los peligros que genera.

II

A río revuelto, ganancia de pescadores. Esto es lo que plantea la derecha política y empresarial (o sea, el 99% del sector). El cierre de la patronal a cualquier tipo de negociación incluye objetivos tácticos y estratégicos, alineados claramente con la derecha. A corto plazo, el cierre de la negociación les permite continuar la devaluación salarial y beneficiarse de una ganancia de márgenes suculenta. Y cuentan con explotar diversas ventajas. La primera es la baja respuesta sindical, atrapada en el miedo de que una movilización masiva sea entendida más como un ataque al Gobierno que como uno a la patronal y a la derecha. Otra, que el deterioro real de las condiciones de vida de mucha gente socave el apoyo al Gobierno y a los sindicatos y propicie la vuelta del PP al Gobierno. Y aquí está el objetivo estratégico, el de recuperar un Gobierno que vuelva a hacer una política acorde con sus intereses más directos: congelación del salario mínimo y pensiones, derogación de partes de la reforma laboral, reforzamiento del negocio privado-público, cambios fiscales… En suma, la prolongación de la catástrofe actual como condición para agravarla en el futuro. Los apocalípticos discursos que emanan de los medios que controla la derecha tienen como finalidad crear una banda sonora que haga creíble que la política actual nos lleva al desastre y que sólo el PP nos puede salvar. Política y economía de la mano.

Los sindicatos han optado por una respuesta comprensible, pero insuficiente. Desplazar la conflictividad a la negociación colectiva sectorial o de empresa. Esto, que puede entenderse como un conflicto de clase directo, en la práctica es mucho más complicado. La mayor parte de grandes huelgas se están produciendo en grandes empresas (caso Mercedes Benz) o en servicios públicos (limpiezas urbanas, transporte aéreo). Son sectores con una posición contractual fuerte, y cuyas huelgas tienen un enorme impacto para la vida cotidiana de mucha gente. En algunos casos las empresas se adelantan a la situación con aumentos salariales totalmente soportables dado su aumento de márgenes (por ejemplo Repsol). Los que quedan fuera son los trabajadores con peores condiciones y salarios más bajos (hostelería, limpieza de edificios, servicios personales…), precisamente los más afectados por la situación y que pueden contribuir a que el clima político que pretende la derecha y la patronal acabe por cristalizar. Salir de la trampa que plantea la patronal solo puede hacerse, a mi entender, con una propuesta general que incluya alguna demanda clara al Gobierno, que exija a la patronal tanto una negociación salarial general como compromisos claros de control de precios. No es que esta contienda se vaya a ganar. Pero cuando menos serviría para situar ante una gran parte de la población la naturaleza del conflicto distributivo que subyace en el proceso inflacionario.

III

El catastrofismo no es sólo patrimonio de la derecha. También hay voces alternativas que anuncian una situación crítica a lo largo del invierno. Me refiero sobre todo a la corriente ecologista asociada al colapsismo. Sus razones son serias y no obedecen a un cálculo egoísta para obtener réditos a corto plazo. Vienen de la preocupación generada por la incapacidad de rectificación del modelo de vida y consumo tras años de avisos por parte de la comunidad científica sobre los distintos impactos de la crisis ecológica. De su comprensión de las trampas y falta de rigor de la mayoría de las propuestas de la llamada “transición ecológica”, que confía en la posibilidad de mantener el crecimiento simplemente con cambios tecnológicos “verdes”. De la propia miopía de una parte del ecologismo, centrado en temas parciales, y de la incapacidad de la izquierda de adoptar un proyecto serio de transición real. En todo esto, en la visión estratégica y en la urgencia de las respuestas, aciertan.

Donde este catastrofismo resulta más discutible es en dos cuestiones. La primera tiene que ver con el impacto global de los problemas energéticos que va a experimentar el conjunto de la población occidental. No está claro que a corto plazo que éste sea tan grande como se piensa y, además, estará solapado con el tema de la guerra. Y aún es menos obvio que una situación de crisis profunda vaya a generar necesariamente una toma de conciencia y una demanda social en favor de las medidas a adoptar. Hay demasiada irracionalidad e incultura ecológica acumulada, demasiados hábitos consumistas asentados (muchos de ellos difíciles de modificar a corto plazo sin que representen un alto coste individual: pienso, por ejemplo, en el caso extremo de la gente que habita en urbanizaciones dispersas). Es posible que la respuesta sea —como ha ocurrido con la pandemia y el confinamiento— aceptar cualquier propuesta descabellada que les prometa soluciones milagrosas. El único caso estudiado de una sociedad que tuvo que hacer un ajuste energético drástico es el de Cuba. Pero los parámetros sociales y políticos y la propia experiencia de la gente cubana están bastante lejos del Occidente rico y no creo que pueda extrapolarse.

La segunda cuestión tiene que ver con que la advertencia catastrofista —muy fuerte en algunas de sus versiones que circulan en redes—, caso de no cumplirse, acabará contribuyendo a generar descrédito. La historia de la izquierda ha proliferado en relatos sobre el derrumbe del capitalismo que se han mostrado erróneos, una experiencia que debería hacernos más cautos sobre nuestras profecías. Y además las catástrofes sociales y ecológicas tienen en común que no afectan a todo el mundo por igual, que los más golpeados son los grupos sociales con menor visibilidad social, con menor capacidad de generar “voz”, con mayor experiencia en vivir en un mundo donde siempre resultan perdedores.

Ni la crisis económica ni los problemas ecológicos se están manifestando de tal forma que den lugar a un amplio sentimiento compartido en torno a la urgencia de un cambio radical en la forma de organizar y desarrollar la vida social.

IV

Estamos ante un horizonte peligroso por muchas razones. Salir del cerrado esquema de la catástrofe exige construir una respuesta colectiva que requiere, como condición necesaria, la construcción de una percepción social de la naturaleza de nuestros problemas capaz de aislar a las élites que tratan de mantener su poder y su statu quo.  Pero esto no va a producirse simplemente apelando a verdades generales, sino que debe ir acompañado de propuestas que ayuden a la gente común a salir del atolladero al que ha conducido la civilización capitalista. Estamos metidos en una especie de filme de terror del tipo locomotora sin frenos y en bajada. Un frenazo brusco simplemente provoca el descarrilamiento. En el plano real esto puede traducirse de muchas formas: tensiones sociales insoportables y oportunidades para las salidas autoritarias. Por ello creo que son necesarias las acciones intermedias que permitan soluciones parciales y ayuden a generar un proceso de cambio en la dirección adecuada. Ahora que ya sabemos la magnitud de la tragedia, nos faltan proyectos que sepan gestionarla.

27 /

10 /

2022

La ley, en su majestuosa igualdad, prohíbe tanto a los ricos como a los pobres dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan.

Anatole France
La azucena roja (1894)

+