Lleva razón Pascual Serrano cuando explica en su último libro que la guerra de Ucrania sólo puede tener tres finales posibles: la victoria de Rusia después de haber arrasado Ucrania, la victoria de Ucrania tras haber padecido una terrible devastación y un acuerdo de paz con concesiones de quien tenga más que perder si continúa la guerra y más que ganar si mañana cesan los combates (P. Serrano, Prohibido dudar, Akal, Madrid, 2022, p. 170).

A los ucranianos, por simples razones de bienestar material, les debería interesar la tercera opción. Y así lo parecía cuando se iniciaron las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú en diversas localidades de Bielorrusia y Turquía entre los meses de febrero y marzo pasados. En ellas, los representantes de Kiev afirmaron estar dispuestos a renunciar a la integración de Ucrania en la OTAN y, entre otras concesiones, a reconsiderar el status jurídico-político de las repúblicas del Dombás. Los representantes rusos, por su parte, se mostraron dispuestos a retirar sus tropas del territorio ucraniano. Dadas las circunstancias, no parecía un mal acuerdo. Pero, tras la matanza de Bucha —o, mejor dicho, de la cobertura mediática que hicieron los mass media occidentales de dicha masacre— y después de haber recibido promesas de ayuda económica y militar por parte de EE.UU., el gobierno de Zelenski afirmó que su objetivo era la victoria total sobre Rusia. Así lo ha reiterado al cumplirse los seis meses del inicio de la invasión y después de haber recibido la promesa de un incremento de la ayuda estadounidense de 3.000 millones de dólares a añadir a los 40.000 millones de dólares prometidos con anterioridad.

Por otra parte, para contribuir a dicha victoria, muchos países de la Unión Europea, presionados por EE.UU. y sus aliados del este de Europa, han impuesto sanciones a Rusia, las cuales, a la vista de sus efectos demoledores sobre la economía europea, tal vez habría que comenzar a llamar las autosanciones.

En este contexto va a comenzar un curso que se prevé complicado por las consecuencias del alza del precio de los combustibles fósiles y la consiguiente inflación, hechos que los dirigentes europeos atribuyen en exclusiva a «la guerra de Putin» ocultando que son el resultado, en primer lugar y antes que nada, de la imposición de sanciones a la Federación Rusa decidida al otro lado del océano atlántico. Y, aunque nosotros somos de los que estamos convencidos de que el problema de fondo es «el fin de la abundancia», de la «abundancia de tierras, de materiales y del agua», como dijo Emmanuel Macron el pasado 24 de agosto, es también evidente que la política de sanciones contra Rusia está acelerando las consecuencias de esa tendencia de fondo y que esa aceleración nos la podríamos haber ahorrado si los dirigentes europeos no hubiesen dicho perrunamente amén a los dictados de Washington.

Por eso es importante, de cara a las previsibles movilizaciones sociales contra la carestía de la vida del próximo otoño e invierno, que la izquierda y el movimiento por la paz tengan claras algunas cuestiones en relación con la guerra de Ucrania.

La primera de ellas es que a Europa y al mundo les conviene parar la guerra de Ucrania lo más rápidamente posible. El peligro de una escalada bélica que pueda desembocar en una guerra nuclear continuará latente mientras no cesen los combates. Y que para ello hay que presionar a Rusia, pero también a EE.UU., porque la guerra de Ucrania, desde su inicio en forma de guerra civil en 2014, es una guerra subrogada, subsidiaria, vicaria o por delegación (en inglés, una proxy war) entre EE.UU. y Rusia. Lo es porque reúne todas las características propias de ese tipo de guerras y porque así lo han explicado significados dirigentes estadounidenses. Lloyd Austin, actual secretario de defensa estadounidense, ha declarado que para EE.UU. el objetivo prioritario de su apoyo a Kiev es debilitar a Rusia (en declaraciones recogidas por la CNN el pasado 25 de abril). Con anterioridad, Leon Panetta, antiguo director de la CIA y antiguo secretario de defensa en la Administración de Obama, afirmó sin pelos en la lengua que para la hiperpotencia la guerra de Ucrania era «una proxy war» (en declaraciones recogidas por la ABC el pasado 17 de marzo).

Como explicó en una nota anterior Juan-Ramón Capella, el origen de las guerras subrogadas se pierde en la noche de los tiempos, pero éstas se hicieron muy frecuentes durante la guerra fría del siglo XX, siendo la guerra de Corea de 1950-1953 la primera de ellas. Entonces, las potencias nucleares, para resolver sus conflictos de poder y al mismo tiempo evitar un choque militar frontal que les podía conducir a la mutua destrucción asegurada, preferían delegar en terceros la defensa de sus intereses geopolíticos. Para ello, las potencias nucleares mantenían relaciones de dependencia con los terceros subrogados mediante el asesoramiento político y militar, el aprovisionamiento de armas, la ayuda económica, la cobertura diplomática y mediática o mediante la provisión de información de interés militar, que es un factor vital en las guerras contemporáneas.

Como se puede ver, exactamente el tipo de relación que han establecido los gobiernos occidentales con el gobierno de Kiev desde 2014. Eso no implica afirmar que el gobierno de Kiev carece de agenda política propia. Sin duda la tiene, pero ésta debe necesariamente supeditarse a los proyectos e intereses de quienes le proporcionan las armas, la información, el dinero, la cobertura diplomática y mediática, etcétera, pues de lo contrario el gobierno ucraniano corre el riesgo de quedar indefenso ante Rusia. De lo cual se infiere que uno de los finales de la guerra de Ucrania —y no sería el peor de todos los posibles— puede consistir perfectamente en un acuerdo entre el gobierno de EE.UU. y el de la Federación Rusa, hipotético acuerdo que los ucranianos no tendrían más remedio que aceptar y suscribir.

La segunda cuestión que la izquierda y el movimiento por la paz deberían tener clara es que deben unir sus esfuerzos al de los sindicatos, partidos y colectivos diversos que van a convocar movilizaciones contra el alza de los precios de la energía, la inflación y la carestía de la vida. Para lo cual deben convencer a los dirigentes sindicales que las reivindicaciones de alto el fuego inmediato en Ucrania, paz y desarme deberían sentirlas tan suyas como la siente el más pacifista de los pacifistas. Ante sus posibles resistencias ideológicas a no cuestionar la propaganda bélica occidental (o a pensar que no conviene mezclar temas o que no hay que crearle problemas al gobierno de Pedro Sánchez y UP), es importante que los colectivos pacifistas sepan explicar con claridad que sólo la pacificación de Ucrania puede hacer factible una relajación del ambiente neomacartista que, junto a derechos y libertades, también limita la lucha sindical sin la cual nunca será posible que los costes de la crisis que se avecina no recaiga en exclusiva sobre los hombros de los trabajadores asalariados.