I

Ser presidente de Francia obliga a realizar proclamas contundentes. Es lo que tiene formar parte de una cultura que, desde la Revolución de 1789, se vio a sí misma como centro de la nueva civilización. Lo hizo Sarkozy en la crisis de 2008, al proclamar la necesidad de transformar el capitalismo, y lo ha repetido Macron al anunciar “el fin de la abundancia”. Frases vacías, pensadas para impactar en los medios, pero que conectan con algunos aspectos relevantes de la realidad. Les dan un cierto contenido. Ya sabemos que la reinvención del capitalismo consistió en salvar al sistema financiero y endurecer las políticas neoliberales. Ahora nos anuncian directamente que lo único que podemos esperar son políticas de austeridad más o menos radicales. Una situación que llevan tiempo experimentando importantes capas sociales de los países capitalistas desarrollados y la inmensa mayoría del resto de la población mundial.

El concepto de austeridad renace en cada fase crítica del capitalismo. Se utiliza con fines variados, aprovechando que se ofrece a una variada gama de interpretaciones. En la crisis de la década de 1970, la llamada a la austeridad estuvo fundamentalmente dirigida a justificar la devaluación salarial, y liquidar los mecanismos de indexación salarial con el argumento que tenían un fuerte impacto inflacionario. Fue también el momento en el que se puso en circulación el concepto de “inflación subyacente”, que sólo mide las variaciones de los precios sin tener en cuenta los aumentos de la energía y las materias primas. Se trataba de otra forma de justificar reducciones de salarios reales en épocas de inflación de precios energéticos. En la crisis de 2008-2010, el concepto se concentró más en el espacio de las políticas públicas. A los países endeudados se les acusó de haber gastado por encima de sus posibilidades, y se forzaron dolorosos recortes del gasto público. En este caso, la austeridad se centró en los recortes presupuestarios y las reformas de las pensiones públicas. Se hizo un menor énfasis en las cuestiones salariales porque hacía tiempo que los sindicatos eran débiles y se había desmantelado el sistema de protección de rentas. Lo que no impidió que en países como España se aprobará una reforma laboral radical, que incorporaba de facto una enorme devaluación salarial.

Ahora, la llamada a la austeridad parece tener dos objetivos: el primero es impedir que renazcan las demandas de indexación de rentas. El discurso dominante es que la inflación ha venido de fuera y todos tenemos que contribuir a frenarla. Hay una reiterativa voluntad de presentar los fenómenos económicos, fundamentalmente de raíz social, como si fueran fenómenos meteorológicos a los que simplemente cabe adaptarse (aunque hoy sabemos que los comportamientos sociales influyen poderosamente en el clima). En segundo lugar, parece ser un objetivo del concepto de austeridad el mentalizar a la población ante posibles recortes de suministros, especialmente energéticos, en los próximos meses. En todo caso, se trata siempre de un discurso genérico, en el que parece que todo el mundo tiene la misma cuota de responsabilidad en el gasto excesivo. Y, sobre todo, donde la llamada al sacrificio se acaba concentrando en la población de a pie.

II

La idea de austeridad tiene otro sentido para la izquierda. La crítica al consumismo por sus efectos ecológicos y sociales apuntan a la necesidad de potenciar formas de vida más austeras, con menos despilfarro material, con menos tiempo dedicado a producir bienes dañinos. También apunta a otro tipo de despilfarro: el de la proliferación de actividades de dudosa utilidad, diseñadas para proteger desigualdades, privilegios, o simplemente a restañar los mil y un efectos perversos (las externalidades negativas, los costes sociales) que genera el funcionamiento habitual del capitalismo “normal”. En este sentido, la austeridad tiene tanto de renuncia a un consumo desaforado, como de demanda de mayor racionalidad social y ecológica.

Pero esto tiene poco que ver con las propuestas de austeridad que emanan del poder, por varias razones básicas. En primer lugar, porque las presiones actuales se centran en las rentas salariales directas (salarios) e indirectas (pensiones), sin que incorporen una propuesta seria de control de las rentas no salariales. Tampoco tienen en cuenta la existencia de desigualdades y de sectores de la población que están en situaciones de depauperación. Las pensiones y rentas públicas son fáciles de controlar (dejando de lado la respuesta social que pueda provocar una política de recortes), basta un trámite presupuestario. Los salarios también, pues dependen de una negociación colectiva puntual y, en muchos casos, bastante centralizada. Basta convencer a los líderes sindicales. Las otras rentas son mucho más difíciles de controlar, porque dependen de los precios que fijan las empresas, en un ejercicio individual y extendido en el tiempo. Sólo pueden regularse con mecanismos como el control de precios o, a posteriori, con cargas fiscales y sanciones a las empresas que han realizado subidas de precios abusivas. Ambas actividades —control de precios o de beneficios— exigen contar con un aparato de supervisión administrativo potente y técnicamente solvente, que no es el caso en la actualidad. Hace años que la Economía dominante ha impuesto la idea que intervenir los mercados es mala cosa (Stiglitz, el Nobel de Economía más radical, ha escrito buenos trabajos mostrando las mil y una irregularidades de los mercados reales, para acabar casi siempre con una profesión de fe en la competencia perfecta), y carecemos de un buen sistema institucional que sirva, cuando menos, para detectar las situaciones oligopolistas, los abusos de poder y los cuellos de botella de los sistemas productivos.

Las instituciones reguladoras de la competencia en teoría se encargan de ello, pero parten de un enfoque inadecuado (solo hay manipulación del mercado cuando hay colusión), carecen de recursos y casi siempre acaban controladas por los grupos económicos que pretenden regular. Recientes ejemplos de la CNMC española son ilustrativos: descubren tras veinte años un reparto de obra pública entre siete empresas que han actuado a la vista de todo el mundo; elabora un informe sobre el sector de pisos turísticos que más bien parece un panfleto del propio lobby; la actual presidenta se tiene que abstener en numerosos informes porque era la representante legal del lobby al que hay que regular, etc. Sin una propuesta seria de cómo piensan regularse las rentas del capital, toda política de austeridad es un simple eufemismo clasista.

En segundo lugar, una política de austeridad debe basarse en garantizar la cobertura del nivel de vida básico a todo el mundo, y debe ser más rigurosa con las rentas elevadas, las que consumen mayores cantidades de recursos. En la mayoría de las sociedades de clases el consumo desmesurado de las élites y su exhibición ostentosa han ido de la mano de la miseria de los demás. Una política de austeridad decente debe incorporar tanto mecanismos de sanción al consumo excesivo como garantías de rentas a los sectores más necesitados. Técnicamente, pueden diseñarse muchas fórmulas: impuestos, esquemas de rentas, subvenciones o controles de precios básicos… Pero su implementación exige un debate social previo que justifique tanto su introducción como la vía que se considere más eficiente y práctica de llevarlo a cabo. Las actuales demandas de moderación que toman a todo el mundo por igual no son de recibo. Como ya he comentado otras veces, el mismo hecho de tomar un único IPC como expresión de la inflación (y acabar diciendo que todos somos un ×% más pobres) incluye en sí mismo un espejismo. Se puede llegar a un mismo aumento del IPC por vías muy diversas, cada una tiene unos impactos distributivos diferentes porque los consumos de la gente difieren (básicamente en función del nivel de renta). Y, por eso, debemos exigir que haya análisis más finos sobre cómo impacta la inflación en las rentas más bajas con el objetivo de elaborar buenas medidas de garantías de rentas básicas.

En tercer lugar, la austeridad requiere una reorientación global de la vida económica y social. No se trata de la austeridad del tacaño, obsesionado en acumular dinero y casi siempre tirano con el consumo de los demás (y bastante condescendiente con el propio). Se trata de una reorganización social que garantice bienestar básico, que genere espacio y tiempo para que todo el mundo pueda vivir una vida aceptable. Y de la que pueden detectarse trazas en muchas experiencias humanas. Precisamente esta es la cuestión a la que nos enfrenta la crisis ecológica: la de buscar formas de vida que tengan en cuenta los condicionantes naturales para garantizar universalmente derechos y una vida aceptable. Nada que ver con apelaciones a la austeridad que dejan fuera del debate social la propia organización material, eluden el debate sobre el modelo de producción y consumo, olvidan las desigualdades sociales y olvidan también las diferentes responsabilidades que cada grupo social tiene en el desencadenamiento de los problemas que nos amenazan.

III

En los próximos años, la amenaza de nuevas políticas de austeridad —en sus diversas variantes: salarial, gastos públicos, racionamientos— estará presente. Y por eso es más necesario que nunca contar con una estrategia para hacerles frente. Una estrategia que, a mi entender, debe pasar por confrontar las políticas reaccionarias de austeridad con las ideas que he tratado de comentar en el apartado anterior: equidad y justicia social, garantía de condiciones de vida básica, reorganización productiva y social en clave ecológica. No va a ser un ejercicio sencillo, pues las ideologías que sustentan las sociedades burguesas pesan mucho (y la masa de los que, a pesar de todo, participan de ella es lo bastante grande para garantizarles apoyos). Por ello, también, hay que pensar tanto en los grandes discursos como en las cuestiones de detalle. Porque a menudo alguna de las buenas propuestas de la izquierda se empantana por problemas de diseño, por no haber previsto todos los procesos para llevarlos a cabo. En este sentido, el caso de la renta básica es ilustrativo: la medida no es accesible a una parte importante de los potenciales beneficiarios porque no existen mecanismos adecuados a un acceso fácil ni un aparato administrativo volcado en conseguirlo.

Y, en este campo, conviene tener clara una cuestión. Cuando hay que racionar recursos (que es lo que plantea en parte la crisis ecológica), el racionamiento puede hacerse vía precios o mediante regulaciones administrativas. Ambas pueden ser eficientes y ambas tienen problemas. El de los precios es que el racionamiento beneficia a los ricos y expulsa a los pobres. El del racionamiento administrativo es que puede generar numerosas distorsiones por mal diseño o porque su aplicación está controlada por redes clientelares, amiguismos, etc. No hay que fijarse en la experiencia del mundo soviético para entenderlo; basta con ver lo que ocurre con el enchufismo presente en nuestra sociedad, y no sólo privado: es, por ejemplo, sospechoso que las clases ricas acaben teniendo un acceso más fácil a la cirugía pública. Hay, pues, que pensar cuidadosamente en las propuestas, ver sus posibles fallos, seguir su aplicación.

Aunque la batalla principal es la de las ideas y las propuestas, en la medida en que persista una presencia institucional de la izquierda, este último aspecto va a jugar sin duda un papel en el desenlace del conflicto. La austeridad burguesa vuelve a llamar a la puerta. Nunca se fue. Es el sino de un sistema económico que acumula demasiadas contradicciones y que es manifiestamente incompatible con los límites del mundo natural. Hay que hacerle frente con un discurso realista que ponga en evidencia la necesidad de una profunda transformación social.