Las clases y capas sociales, cuya existencia pareció superada en el discurso público en un cierto momento, reclaman hoy de nuevo su protagonismo.

Marina Subirats (2012)

Clase es una categoría ‘histórica’… La clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, fases del proceso real histórico.

E. P. Thompson (1979)

 

Los debates sobre el carácter de las clases sociales, su estructuración, formación y pugna, atraviesan las distintas corrientes ideológicas, políticas y socioculturales. En particular, existe una fuerte controversia histórica sobre la composición y el papel de las clases trabajadoras, supuestamente en declive, en contraposición con el auge político-mediático de las clases medias. Aquí voy a hacer alusión a algunas de estas posiciones, con el ánimo de actualizar los análisis y readecuar un enfoque realista, crítico y transformador.

Primero, señalo el sentido de la mayor visibilidad mediática y política de las clases sociales derivado del nuevo discurso del presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que ha arropado su nueva iniciativa política. Segundo, con abundantes datos sociológicos explico la situación de las clases sociales por su situación objetiva, la identificación subjetiva de clase y las trayectorias sociolaborales ascendentes y estancadas de las clases trabajadoras. Tercero, analizo varias controversias: el concepto relacional de clase y el nivel de rentas, la relación de dominio / subordinación y las alianzas de clase, el auge de las clases medias y su sesgo interpretativo, la transversalidad popular frente a clases dominantes y la clase social como sujeto colectivo.

Vuelven las clases sociales

El presidente del Gobierno de coalición, el socialista Pedro Sánchez, lo ha declarado solemnemente en el Estado de la nación: el Ejecutivo progresista representa y defiende los intereses de la ‘clase media trabajadora’ frente a ‘poderes opacos’. Hay un reconocimiento de la existencia de clases sociales y del conflicto social entre ellas y entre sus representantes, en este caso entre la izquierda gobernante, con sus socios parlamentarios, y las derechas.

No es la primera vez que líderes socialistas utilizan esa expresión como objeto hacia el que dirigir sus políticas públicas. La propia ministra de Hacienda y actual número dos del Partido Socialista, María Jesús Montero, se ha atrevido a cuantificar los dos campos: la clase media trabajadora constituiría el 95% de la población y los poderes mencionados serían el 5% restante. No obstante, existe cierta indefinición de las características de ambas categorías y de su relación.

Con respecto a la mención de ‘clase media trabajadora’, parece que se refiere a ‘una’ clase que sería mixta y a la que en su denominación se le da prevalencia a la palabra media. Incluso en una acepción restringida pareciera que se refiere solo a una parte de la clase media, la que trabaja (y paga impuestos), excluyendo a las capas medias inactivas y rentistas.

Algunos dirigentes socialistas y medios afines han introducido entre medio la ‘y’ e incluso han hablado en plural: ‘clases medias y trabajadoras’; sería lo más adecuado si se quiere evitar equívocos y reconocer y sumar ambas clases sociales al mismo tiempo que expresar su especificidad y diversidad interna. Su conjunto se ha denominado con otras fórmulas según distintas sensibilidades académicas o ideológicas: clases o capas populares, gente común o corriente, pueblo, mayoría social o ciudadana, el 99%, los de abajo…

No hace falta matizar, nos quedamos con la idea general. Existen elementos comunes y compartidos a ambas clases sociales, junto con su gran fragmentación interna socioeconómica, étnico-nacional, de sexo/género, etc., así como algunas condiciones materiales y culturales diferenciadas y otras transversales. Pero podemos simplificar esos dos campos: uno popular, y otro poderoso, tal como he explicado en mi libro Cambios en el Estado de bienestar.

El aspecto débil del discurso es que esa expresión de clase es utilizada no como sujeto colectivo de acción y expresión cívica en la relación sociopolítica sino como objeto receptor al que se dirige la gestión de la representación política para conseguir su apoyo electoral y su legitimación social. Luego vuelvo sobre ello.

Por otro lado, respecto del otro polo de las élites poderosas o clases altas, se habla de las grandes corporaciones energéticas y financieras y de un difuso poder opaco (¿mediático e institucional?). En ese sentido, el anterior presidente socialista Rodríguez Zapatero fue más preciso al comienzo de la crisis financiera del año 2008 hablando de los ‘poderosos’ que apuntaban a la prepotencia y la austeridad que más tarde acató.

Desde mediados de los años noventa, la mayoría de la socialdemocracia europea, con su posición de tercera vía, británica, o nuevo centro, alemán, había abandonado las políticas, la representación y el lenguaje de clase (trabajadora). Su continuidad quedaba en manos de la izquierda tradicional a la que se debía marginar junto con la (supuesta) desaparición del conflicto social y la afirmación del consenso político con las derechas, los grupos de poder y el orden neoliberal.

Ese giro centrista se correspondía con una entronización de las clases medias como base social, supuestamente mayoritaria, y eje central de la acción política. Las clases trabajadoras desaparecían y solo quedaba una clase ‘baja’ minoritaria y marginal.

Todo ello ha fracasado desde la crisis socioeconómica, las políticas de austeridad y la protesta social progresista de esta década larga que, en España, ha supuesto una recomposición y renovación de la representación de las izquierdas o fuerzas progresistas y que ha culminado con el actual gobierno de coalición progresista.

Por tanto, el nuevo discurso de la dirección socialista expresa un giro retórico sobre la existencia de la clase trabajadora junto con la clase media, diferenciada de los grandes poderes económicos y opacos. Aparte de los problemas antedichos sobre su significado, se trata de valorar la función de este discurso: intentar apropiarse la representatividad de la mayoría ciudadana y de reducir la del Partido Popular, que defendería solo los intereses de esa minoría oligárquica en contraposición con la defensa socialista de las amplias mayorías sociales. Aunque, como se sabe, la expresión político-electoral de la sociedad está más diversificada y condicionada por otras variables, además de la socioeconómica y de estatus.

No se trata solamente de la constatación de una realidad objetiva de situaciones de clase contrapuestas sino que se asocia a toda una retórica de polarización de intereses y estrategias políticas. Constituye el marco del llamado giro a la izquierda o, si se quiere, la confrontación ideológica y política y la reafirmación partidaria (‘vamos a por todas’) frente a las derechas desde el nuevo discurso socialdemócrata. El objetivo político está claro: ganar las elecciones municipales y autonómicas próximas, y preparar el terreno para garantizar la victoria en las elecciones generales de fin del año 2023. Todo ello ha suscitado nuevas ilusiones en el campo socialista.

No obstante, esa nueva retórica tendría un papel político-discursivo, pero sin entrar a fondo en clarificar y posicionarse frente a los grupos de poder que se oponen a una alternativa de cambio de progreso, ajustar la base social de apoyo y definir una estrategia reformadora y de alianzas firme frente a ellos. O sea, la duda es sobre su consistencia para una reorientación política necesaria con una reafirmación progresista y de izquierdas, que es el debate central para avanzar en un proyecto de país a medio plazo basado en la justicia social, los derechos humanos y la democracia. Aun con esos límites, es un avance en el marco discursivo que incluso la derecha ha criticado de ‘podemización’.

Las medidas protectoras y redistributivas aprobadas constituyen un programa mínimo para hacer frente a la prolongada crisis social y económica que se ha agravado por la pandemia y por la guerra en Ucrania, particularmente con la inflación de precios y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. De entrada, al menos para este otoño, el Ejecutivo ha recuperado cierta iniciativa política. Pero el plan y el discurso de ambos socios gubernamentales deben ser claros y creíbles para ese objetivo reformador.

No entro a valorar las positivas medidas adoptadas y la necesidad de su concreción y refuerzo, en particular en dos campos que han quedado parcialmente fuera: la recuperación del poder adquisitivo de salarios y pensiones y el control riguroso de precios ante la inflación galopante, y una profunda reforma fiscal progresiva que garantice la protección social, los servicios públicos y la recuperación y modernización económica (junto con los fondos europeos).

Solo pongo el acento en la necesidad de la coherencia entre ese marco discursivo de confrontación política, la estrategia reformadora, incluido los próximos presupuestos generales, y la expectativa de avanzar en los resultados esperados de incrementar el apoyo social y electoral. Ese debería ser el sentido de la retórica sobre las bases sociales a representar, las clases medias y trabajadoras, y los adversarios a condicionar, los grupos poderosos, para desarrollar una gestión socioeconómica y laboral progresista, complementada con los avances democratizadores y la articulación territorial, especialmente el diálogo sobre el conflicto catalán.

Las clases sociales nunca se habían ido. Solo se habían transformado, especialmente, su marco interpretativo y discursivo. Ante cierta dilución de las clases trabajadoras en las últimas décadas, ahora vuelven aunque sea de la mano del concepto mixto de clase media y trabajadora. Lo principal ahora es impulsar un reformismo fuerte de progreso.

Las clases trabajadoras existen

Para analizar las clases sociales en su situación objetiva, el criterio principal es la diferenciación en la posición de dominio / subordinación (explotación, expropiación, discriminación, subalternidad) entre los grupos sociales en el conjunto de sus relaciones sociales, económicas, familiares y laborales, incluido el componente de género por la dependencia y desventaja de las mujeres en esas estructuras. Tiene que ver con la segmentación del estilo de vida y de consumo, o sea, con los niveles de ingresos, empobrecimiento y desigualdad social, así como con la edad y las capacidades académicas y étnico-culturales. Existen buenos indicadores de rentas, tipo de ocupaciones o formación escolar, pero el análisis debe ser más complejo e interactivo.

Junto con estas condiciones ‘objetivas’ y su conciencia social el aspecto principal para analizar la clase como sujeto social, tal como expresa E. P. Thompson, es su experiencia relacional, sociopolítica y cultural, aspecto que habrá que considerar. Empiezo por el análisis de esa clase social ‘objetiva’, cuyos fundamentos ya he abordado en el libro Cambios en el Estado de bienestar.

Acaba de publicarse la EPA de este segundo trimestre de 2022, el más regular respecto del mercado de trabajo, que voy a utilizar para el análisis de clase objetiva. Y la comparo con la situación del mismo trimestre del año 2012, en lo peor de la crisis económica. Los datos los expongo en el gráfico adjunto.

El indicador utilizado, de tradición neoweberiana, es el tipo de ocupación, al que he añadido el nivel de paro. Es decir, es un análisis de la población ‘activa’. Dejo al margen la población inactiva (estudiantes, jubilados y con trabajo no remunerado —las convencionales amas de casa—), que en su conjunto por su nivel de mayor dependencia y menores ingresos podrían ampliar más la composición de las clases trabajadoras.

La EPA distribuye a la población ocupada (asalariada y autónoma) en diez categorías: 1) Directores y gerentes. 2) Técnicos y profesionales científicos e intelectuales. 3) Técnicos; profesionales de apoyo. 4) Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina. 5) Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores. 6) Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero. 7/ Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria). 8) Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores. 9) Ocupaciones elementales. 0) Ocupaciones militares.

El grupo 1) es el que forma las clases altas o dominantes. Los grupos 2) y 3), las clases medias. Y los grupos 4) a 9) las clases trabajadoras, donde también he incluido a la gente parada. Las fronteras de clase no son exactas. Puede haber ocupaciones de técnicos en situación precaria que formarían parte de la clase trabajadora y artesanos a los que les va bien, pertenecientes a la clase media. He excluido del análisis el grupo 0) de poco más de cien mil personas (apenas el 0,5%) por la dificultad para distribuirlo entre las tres clases sociales atendiendo a sus jerarquías (generales, oficiales, soldados), aunque no modifica los porcentajes totales.

Fuente INE: EPA 2022T2 y 2012T2, con elaboración propia.

El total de población activa es similar entre los dos momentos: 23,4 millones en 2022 y 23,5 millones en 2012. La diferencia significativa está en la variación entre la dimensión de la población ocupada y la parada: 20,47 millones + 2,92 millones en 2022, frente a 17,76 millones + 5,73 millones en 2012. O sea, en esta década ha disminuido el número de personas desempleadas y ha aumentado el de ocupadas, con una variación de unos 2,7 millones de personas que han pasado de una situación a otra. Ello ha supuesto un cambio de la estructura de clases de la población activa y se da por supuesto que de sus familias o unidades de convivencia, con impacto sobre la distribución más asequible de sus gastos, en particular los de vivienda.

El dato global más relevante es la composición ampliamente mayoritaria de las clases trabajadoras, que en 2012 eran el 75,2% del total frente al 21% de las clases medias y la minoría del 3,8% de las clases dominantes. Este porcentaje de las capas altas apenas se modifica, pero sí observamos una modificación sustancial de más de seis puntos de incremento en 2022 de las clases medias (hasta el 27,4%) y una reducción de las clases trabajadoras (hasta el 68,7%). Sin embargo, la desproporción entre ambas todavía es muy grande: las clases medias no alcanzan la mitad de las clases trabajadoras. Esa es la situación ‘objetiva’ de clase social y la tendencia generada.

Podemos compararla con los datos utilizados por el CIS, en la misma época (Estudio 3371 de julio de 2022) y con los mismos grupos de la EPA de la población activa. Pues bien, para la selección de sus estudios demoscópicos, incluidas las estimaciones de voto electoral, la muestra utilizada por el CIS está compuesta por el 7,9% de clases altas o dominantes, el 42,8% de clases medias y el 49,3% de clases trabajadoras.

Hay que considerar que el tamaño muestral de la EPA, ciento sesenta mil personas, es mucho más amplio que el del CIS, unas cuatro mil personas, por lo que los resultados de la EPA tienen una mayor validez y objetividad. Ese sesgo metodológico por clase social del CIS, en perjuicio de la representación de las clases trabajadoras, conlleva la sobrerrepresentación de veinte puntos de las clases medias respecto de los datos más realistas de la EPA. No entro a valorar los evidentes condicionamientos que la falta de rigurosidad de ese indicador tiene para sus estudios de la sociedad. Lo que me interesa destacar es la comparación de esa realidad material con la conciencia social que también estudia el CIS.

La identificación subjetiva de clase

Como aspecto adicional comento los datos del propio CIS sobre la identificación subjetiva de clase, en este caso del conjunto de la población cuya variada denominación he agrupado en las tres clases básicas: Clase alta (y media alta): 5,1%; clase media (media): 48,2%; clase trabajadora (clase trabajadora u obrera, clase baja o pobre, clase media-baja y proletariado): 35,8%; al margen hay un 10,9% que no se define (No sabe/No contesta) o lo hace por ‘otras’ denominaciones respecto de esos tres bloques en los que he agregado las respuestas.

Aunque son datos sobre campos muestrales heterogéneos, se observa el sesgo convencional de varios segmentos poblacionales cuya identificación se asocia con un escalón superior al de su estatus objetivo o material; o sea, su pertenencia de clase la define por sus objetivos y deseos no por su posición sociolaboral y vital actual.

Ya he dicho que las clases medias estaban sobrerrepresentadas en el estudio del CIS y las clases trabajadoras infrarrepresentadas. Pero contando con esa distorsión, la discordancia entre situación objetiva e identificación subjetiva suma entre seis y siete puntos. Se trata de un sector de clase media (subjetiva) ‘aspiracional’, probablemente jóvenes con mayores credenciales académicas y con expectativas de movilidad ascendente inmediata desde su situación todavía precaria.

Por tanto, es relevante la existencia en torno a ese 6% o 7% de clase trabajadora ‘objetiva’ que se identifica, subjetivamente, con la clase media a la que aspira pertenecer, aunque todavía permanezca en esa situación bloqueada de clase trabajadora. Ello sí tiene implicaciones sociopolíticas y culturales, aunque acotadas a esa dimensión.

Trayectorias sociolaborales ascendentes y estancadas

Por otra parte, hemos visto cómo en esta década, desde la aguda crisis con fuerte desempleo de 2012 hasta la mejora relativa del empleo actual, ha habido otro 6% de personas que sí ha experimentado realmente esa movilidad ascendente de una situación de clase trabajadora a otra de clase media.

Además, hay una movilidad ascendente dentro de la propia clase trabajadora, desde la situación de precariedad laboral, de paro o temporalidad, a una relación laboral más estable. Se trata de la gente en paro (2,7 millones, el 12% de la población activa actual) que ha pasado a una situación de empleo, aunque sea precario. Igualmente, tras la reciente reforma laboral, han mejorado su estatus laboral las personas con una mayor estabilidad por la mayor contratación indefinida (3,3 millones en el primer semestre de 2022, 2,3 millones más que en el mismo periodo del año pasado) frente a la temporalidad anterior (que ha disminuido en 1,4 millones), aunque la mayoría son a tiempo parcial y afecta más a las mujeres.

Todo ello constituye una mejora relativa en las condiciones de trabajo y de vida de segmentos significativos de la población trabajadora, que podemos cuantificar en un tercio de la población activa, casi ocho millones de personas. No obstante, ese avance se contrarresta con la incertidumbre, especialmente derivada de la inflación, con la correspondiente pérdida de poder adquisitivo de los salarios de esos segmentos ascendentes y, sobre todo, de la mayoría de la población activa estancada, que suman el resto de dos tercios, más de quince millones, y con algunos riesgos descendentes. Aunque aquí habría que diferenciar varios segmentos la prolongación de cuya trayectoria laboral tiene más o menos efectos problemáticos, lo que afecta a sus expectativas vitales: desde los más graves de los tres millones que persisten en el paro, a los sectores de clase trabajadora empleada con bajos salarios y devaluación salarial, asi como las capas medias con mayor estatus y capacidad adquisitiva, a lo que habría que añadir la especificidad de la población inmigrante.

Junto con esa relativa mejora en esos segmentos significativos y ese estancamiento en la mayoría trabajadora respecto de sus condiciones laborales, el conjunto continúa sometido a la prepotencia empresarial y sus presiones por el incremento de la productividad, así como a la pérdida de condiciones y derechos que todavía persiste de la época más dura de los recortes sociales y de los servicios públicos, la devaluación salarial y la austeridad económica y presupuestaria. Es la base material del todavía existente malestar social, junto con la desconfianza en la clase política por una insuficiente gestión reformadora que dé más seguridad y certidumbre vital a esas mayorías de clase trabajadora.

En conclusión, las clases trabajadoras existen. Pero, además de sus condiciones objetivas y subjetivas, aquí analizadas, el factor fundamental de su existencia como sujeto colectivo, siguiendo a E. P. Thompson, es su experiencia relacional, su comportamiento sociopolítico y su diferenciación sociocultural, aspecto que habrá que tratar en otro momento.

El concepto relacional de clase y el nivel de rentas

El concepto colectivo de clase social es relacional. Se refiere a la posición de subordinación o dominación que las personas (ocupadas, paradas o inactivas) tienen en las relaciones sociales y productivas. Las clases trabajadoras tienen un estatus subalterno diferenciado respecto de otras posiciones sociolaborales de control o poder, las de las clases dominantes y, con posiciones intermedias y contradictorias, las de las clases medias. Y, por supuesto, con distintos niveles de rentas o capacidad adquisitiva y nivel de vida y consumo.

La diferenciación principal no es la vinculación al factor trabajo o al estatus de asalariado (o autónomo), que están segmentados. Ello es importante pero, ante su división interna, lo decisivo es la situación de subalternidad, explotación y discriminación, o bien la posición de control productivo y laboral con ventajas comparativas, y no el contrato formal de trabajo. La clasificación en las clases trabajadoras, por condiciones objetivas, conlleva una situación de ‘desposesión’ de propiedades y riquezas que pudieran facilitar suficientes rentas para poder vivir dignamente solo con ellas; es decir, siendo exclusivamente propietario y rentista.

Por tanto, esa mayoría social subalterna y sus familias deben depender de la venta de la propia fuerza de trabajo (los salarios y las prestaciones derivadas de ello, como las de desempleo y las pensiones contributivas). No obstante, hay personas trabajadoras (asalariadas y autónomas) que son de clase media, incluso una parte (altos ejecutivos) de clase alta, al tener una posición de dominio y privilegios en las relaciones productivas y laborales, así como en las estructuras sociales y con unas rentas altas.

La mayoría de los estudios sobre las clases sociales y las teorías de la estratificación social, de impronta liberal, como los de la OCDE, se basan en la clasificación de estratos por nivel de rentas. Puede ser un valor indicativo, pero el problema principal es la opción metodológica de los rangos en que se diferencian las tres clases sociales: ALTA (por encima del 200% de la renta media), MEDIA (entre el 75% y el 200% de la renta media) y BAJA, por debajo de ese 75%.

Otros organismos internacionales como el prestigioso y documentado World Inequality Database, sitúan la frontera para clasificar la clase media en la renta media, con lo que se ensancha la adscripción objetiva a la clase baja, se reduce la de la clase media y se equilibran ambas clases.

A ese respecto, constato varios indicadores de ingresos. Según la Encuesta de Estructura salarial de 2020 (publicada en junio de 2022), el salario medio bruto anual es de 25.165 euros y de 1.798 mensual, en catorce pagas. Así, contado solo con la población asalariada, con ese último criterio de clasificación de clase, las personas asalariadas con ingresos brutos inferiores a 1.800 euros serían de clase trabajadora y por encima de clase media.

En el año 2016 el salario medio era algo superior, de 1.878 euros; supone cierta devaluación salarial (aunque la más profunda se produjo entre 2010 y 2015), sobre todo como consecuencia de la creación de nuevo empleo precario con bajos salarios. En todo caso, esa media de ingresos salariales brutos, con las pequeñas oscilaciones anuales, es una referencia para la distinción de clase social de la población asalariada según sus ingresos salariales.

Respecto del sector asalariado y siguiendo este criterio de rentas, la composición de clase es la siguiente: en torno a un 60% son de clase trabajadora (que son los que sufren la devaluación salarial, especialmente la mitad de ella más baja y precaria), 30% de clases medias y 10% de clases altas, y ambas mejoran algo su poder adquisitivo.

Esa distribución varía algo en relación con la población activa (personas asalariadas junto con autónomas y paradas) por tipo de ocupación que, según la EPA 2022T2 y los estudios propios, es como sigue: clases trabajadoras, 68,7%; clases medias, 27,4%,; y clases altas o dominantes, 3,9%.

En todo caso, las clases trabajadoras, por sus condiciones objetivas, están en torno a los dos tercios, el doble que las clases medias, que no llegan a un tercio. La percepción social y, sobre todo, mediática, será diferente.

También hay que considerar que la categoría de asalariado (igual que la de trabajador/trabajadora) no es sinónimo de pertenencia objetiva a la clase trabajadora; y, al contrario, la situación de paro o inactividad tampoco las excluye de esa participación en las clases trabajadoras.

En relación con los indicadores de las rentas, el PIB per cápita de 2021 es de 25.460 euros, la renta media por persona es de 12.269 euros y la renta media equivalente por persona de 18.120 euros (17.900 de las mujeres y 18.339 de los varones); este es el dato más significativo ya que se computan los gastos de alquiler en la unidad de convivencia, lo que supone 1.294 euros en 14 pagas; el 75% son 970 euros mensuales (inferior al SMI) a partir de los cuales se pertenecería a la clase media según la OCDE y por debajo a la clase baja. Por otro lado, la pensión media (con datos de abril 2022) es de 1.087 euros y la de jubilación, 1.251 euros, mientras las nuevas altas de jubilación llegan a 1.364 euros (datos a junio 2022).

La relación de dominio / subordinación y las alianzas de clase

Por mi parte, para un análisis de clase ‘objetiva’ la referencia interpretativa más interesante y realista es la de los estudios del neomarxista y neoweberiano Erik Olin Wright, con su énfasis en la clasificación basada en la posición de dominio (o control) / subordinación de la población y el carácter contradictorio de las clases medias. Es decir, destaco la relevancia de la ‘situación de clase’ de individuos y grupos sociales respecto de las relaciones de poder y estatus social, incluyendo su posición en las estructuras económicas, productivas, reproductivas y laborales, así como en las trayectorias socioculturales, incluidas las de género y étnico-nacionales, y las dinámicas institucionales y políticas.

En ese sentido, con los datos disponibles, lo más cercano como fuente de datos es el tipo de ocupación que estudia la EPA, además de la situación de desempleo, cuyos resultados para la población activa en 2022T2 he avanzado antes y he desarrollado en otra parte.

El debate académico, mediático y político es intenso y controvertido. La posición dominante en las grandes instituciones estaba clara hasta hace poco tiempo: Vivimos en unas sociedades de ‘individuos’ de clase media muy mayoritaria, en la que se difuminan las clases dominantes y se invisibilizan las clases trabajadoras. Esa visión de carácter liberal no conlleva solo un problema analítico sino, sobre todo, sociopolítico ya que afecta a las estrategias políticas y la legitimación de los distintos actores.

Particularmente, con la expansión económica de la posguerra mundial, la conformación de los Estados de bienestar y el relativo consenso político y social en las sociedades occidentales, se amplían y, sobre todo, se reafirman social, política y mediáticamente la existencia de las clases medias que aparecen como mayoritarias y prevalentes en el discurso público dominante. Es la hegemonía del pensamiento liberal en conflicto con la tradición de las izquierdas, socialdemócratas y eurocomunistas, ancladas en la defensa de las clases trabajadoras, pero que ya defendían alianzas populares con sectores de clases medias, nacional-populares o de la ‘cultura’. Aunque, supuestamente, bajo la hegemonía o la dirección de las clases trabajadoras y sus organizaciones sociales y partidarias de referencia, según la tradición gramsciana y antifascista o del compromiso histórico eurocomunista.

El auge de las clases medias y su sesgo interpretativo

Desde los años ochenta y noventa, con la revolución conservadora y la tercera vía socioliberal, se produce un mayor protagonismo mediático de las clases medias que desplaza al de las clases trabajadoras, que se infravaloran; solo existen clases bajas o pobres consideradas marginales. Igualmente, prevalece el modelo social y político neoliberal y socioliberal con la moderación política y el consenso institucional, frente a pugna transformadora de las clases trabajadoras en cuanto sujeto colectivo, el llamado movimiento obrero y su mundo asociativo y cultural, vinculado a las izquierdas, y ambos en declive. Por tanto, lo que se reduce es el papel público de las clases trabajadoras como agente sociopolítico autónomo y con influencia social, objetivo estratégico del poder establecido.

Desde hace décadas, tal como he señalado en el libro Cambios en el Estado de bienestar, esa interpretación dominante del predominio de las clases medias tiene un sesgo ideológico-político: ha pretendido darles a ellas y sus demandas mayor visibilidad y, sobre todo, compatibilizar los intereses de los grupos de poder establecido con algunas de sus ventajas posicionales, a efectos de conseguir una legitimidad social básica entre ellas; la contrapartida es la restricción de la realidad, los intereses y la expresión de las clases trabajadoras y el abandono de firmes políticas reformadoras progresistas, con fuerte componente igualitario-emancipador.

Todavía más complejo que el análisis de la composición ‘objetiva’ de clase ha sido el de la percepción subjetiva o identificación de clase como expresión de esa pertenencia, su influencia en la conformación de los sujetos sociopolíticos, el comportamiento electoral y la legitimación institucional.

La disputa ha llegado a la misma formulación de las opciones frente a la clase media. Las respuestas son muy distintas si la identificación alternativa requerida es con la clase baja, estigmatizada y asimilada a pobre en el esquema de la OCDE, o con la clase trabajadora, mejor que obrera y significante menos desacreditado.

Por ejemplo, en EE.UU., supuesto modelo social de clase media, ya en los años cuarenta del siglo pasado, con una identificación con la clase alta del 6%, ante la opción de pertenencia a la clase media frente a clase baja se definían en una proporción de 79% por la clase media y el 15% por la baja; pero si en vez de identificarse con la clase baja se preguntaba por la pertenencia subjetiva a la clase trabajadora los datos eran: clase media, 43%; clase trabajadora, 51%. Es decir, incluso esa identificación era mayoritaria en ese país y más de un tercio autoidentificado con la clase media (frente a la baja) pasaba a identificarse con la clase trabajadora.

Aquí, el CIS, para la identificación subjetiva de clase de la población, ofrece media docena de denominaciones (clase trabajadora, obrera, proletariado, medio-baja, pobre o baja) que podemos englobar en la palabra clase trabajadora con los resultados siguientes (entre paréntesis la composición de clase objetiva de la población activa, también del CIS): clase alta (y medio alta): 5,1% (7,9%); clase media (media): 48,2% (42,8%); clase trabajadora: 35,8% (49,3%); al margen hay un 10,9%, la mayoría de clase trabajadora objetiva, que no se define por ninguno de los tres bloques.

O sea, en términos de situación objetiva hay una ventaja de la composición de clase trabajadora de seis puntos según el CIS (recordando que sus datos están sesgados respecto de los de la EPA, más amplios y rigurosos, donde la diferencia es de cuarenta puntos), aunque respecto de la conciencia de pertenencia ocurre lo contrario, la identificación con las clases medias es superior en más de doce puntos a la de las clases trabajadoras.

Transversalidad popular frente a clases dominantes

Desde los años sesenta y setenta y, especialmente, en esta última década —con mayor activación cívica, los procesos de protesta social progresista y la conformación de las fuerzas del cambio— lo que se produce es una renovación y diversificación de las expresiones populares transversales, de composición mixta de clase media y clase trabajadora, con un nuevo dinamismo sociopolítico de movimientos sociales e izquierdas renovadas, con identificaciones parciales y fragmentarias de carácter popular. Así, se puede decir que los nuevos movimientos sociales y también los tradicionales como el sindicalismo (incluyendo el confederal, los corporativos y los sectoriales de la administración pública), así como los partidos de izquierda y las grandes ONG tienen una composición mixta de clase, especialmente distinta entre sus bases sociales y sus núcleos dirigentes, muchos de clase media, y reflejan demandas populares comunes o interclasistas aunque diferenciadas de los poderosos.

La expresión sociopolítica y cultural tiene componentes transversales respecto de sectores de ambas clases sociales, trabajadoras y medias, en una nueva dinámica que denomino progresismo de izquierdas, de fuerte contenido social, feminista y ecologista, superando la prevalencia de solo las demandas sociolaborales y económicas (o solo ‘culturales’). Supone una concepción de clase (o bloque social) más diversa, compleja e interactiva de las distintas dimensiones sociales y culturales y, salvando el sesgo economicista y determinista de esa palabra en algunas tradiciones, se reafirma una visión de un conglomerado popular y democrático más interseccional e integrador.

Tal como he explicado en el libro Perspectivas del cambio progresista, conlleva una concepción más multidimensional, diversificada e inclusiva de condiciones y conflictos sociopolíticos, con una interacción o intersección en los grupos populares de los aspectos socioeconómicos y laborales con los de género, medioambientales o étnico-nacionales y otros. Se pasa de una identificación estricta de clase trabajadora (o media), vinculada al estatus socioeconómico, a una identificación sociopolítica y cultural de bloque ‘popular’, mestiza, diversa y transversal, pero diferenciada del bloque de poder.

Las elites dominantes no necesitan una percepción nítida de su identidad de clase, les son suficientes su operatividad y su posición dominadora. En la sociedad existen denominaciones más o menos claras y parciales pero reales y con fuerte impacto simbólico. Ayer les tocó a los ‘poderosos’ del sector financiero causantes de la crisis junto con los gestores institucionales de la Troika; hoy, con responsabilidades más difusas, aparecen las empresas energéticas y financieras que ‘deben arrimar más el hombro’ o los ‘poderes opacos’, aunque también exista cierta desconfianza popular en los gestores públicos por su insuficiente acción transformadora, en especial los partidos políticos y medios de comunicación, como mediadores institucionales. Mientras tanto, los grupos de poder europeos intentan gestionar una salida a la crisis no austeritaria, sin terminar de implementar una orientación consecuente de progreso. En su conjunto podemos denominarlos grupos de poder, poder establecido o, simplemente, clases altas o dominantes (o los de arriba o el 1%).

Ante la relativa orfandad representativa respecto de los poderes públicos y la persistencia de graves problemas sociales y amplio malestar cívico, en la sociedad existe una pugna entre una exigencia democratizadora y de justicia social y las tendencias reaccionarias, autoritarias y ultraconservadoras. Y, junto con ello, los procesos de legitimación de los actores político-sociales con sus respectivas bases sociales. Desde hace una década, la percepción social es más fluida y sus implicaciones político-electorales, con la reconfiguración de nuevos campos sociopolíticos y la recomposición de las representaciones partidarias e institucionales, son más cambiantes respecto del tradicional bipartidismo, tal como he explicado en otros textos.

La clase social como sujeto colectivo

El análisis de clase social objetiva y subjetiva es importante pero insuficiente para explicar el tema más relevante, que es su papel como sujeto colectivo y su influencia en el devenir sociopolítico. El análisis concreto de la experiencia popular en España lo he desarrollado en varios libros, los últimos los citados: Cambios en el Estado de bienestar y Perspectivas del cambio progresista. Aquí, para concluir, sintetizo el enfoque general.

Desde ese punto de vista, la clase social trabajadora o popular, como sujeto de carácter sociopolítico, como dice el historiador E. P. Thompson, se forma a través de su experiencia relacional en el conflicto socioeconómico, la pugna sociopolítica y la diferenciación cultural respecto de las clases dominantes.

Frente a una idea determinista, influyente en muchos ámbitos, el sujeto colectivo es el resultado histórico y relacional de una interacción social prolongada de un determinado actor, agente, grupo social o movimiento; conlleva una experiencia común al percibir, vivir, solidarizarse y combatir injusticias concretas compartiendo demandas y aspiraciones dentro de una dinámica liberadora e igualitaria.

Esa activación cívica genera vínculos de pertenencia e identificación propia y ajena; o sea, el sujeto social, según su papel sociopolítico y relacional, va conformando y modificando su propia identificación, las características que le proporcionan un determinado perfil de autovaloración y reconocimiento público. La formación del sujeto colectivo, además del componente práctico-relacional y de agencia, presupone un vínculo social, un sentido de pertenencia colectiva a un grupo humano y unos objetivos y trayectorias compartidos. Todo ello configura una identidad (o suma de identidades y rasgos parciales) más o menos fuerte, diversa o múltiple, así como variable y no inmutable, con componentes más o menos expresivos según momentos y circunstancias.

El concepto clase social también expresa una relación social, una diferenciación con otras clases sociales. Su conformación es histórica y cultural y se realiza a través del conflicto social. Por tanto, es un concepto analítico, relacional e histórico. Existe una interacción y mediación entre posición socioeconómica y de poder, conciencia y conducta, aunque no mecánica o determinista en un sentido u otro. Pero, frente al esencialismo identitario, hay que analizar a los actores en su trayectoria, su interacción, su multidimensionalidad y su contexto.