La segunda mitad del siglo XX fue el escenario de un amplio movimiento de descolonización, en el cual la lucha del pueblo argelino contra el yugo colonial marcó un hito. La lucha fue larga y mortal, fruto de la naturaleza misma de la ocupación —una colonización de la población— y de la represión feroz por parte de las fuerzas coloniales desplegadas para aniquilar el movimiento por la independencia.

La participación de las mujeres en la lucha armada de liberación fue importante y decisiva en su desenlace. Las mujeres se unieron, fusil al hombro, a las unidades de combate, participaron en la guerrilla urbana, cuidaron en la resistencia y, algo que se destaca poco, escondieron y alimentaron a los resistentes, a menudo pagándolo con sus vidas.

Fueron encarceladas, torturadas, condenadas a muerte, violadas en prisión y en las campañas militares, en las que la violación sistemática constituyó una estrategia de guerra. En su libro reciente Femmes ayant marqué l’histoire de l’Algérie [“Mujeres que marcaron la historia de Argelia”], el profesor Khiati aporta las cifras de un millar de mártires, 11.000 mujahidinas, 19 que ponían bombas, de las cuales tres fueron condenadas a muerte, y proporciona una lista de ochenta mujeres francesas que participaron en la guerra de la liberación en el seno de la Red Jeanson.

La historiografía oficial ha recordado principal y casi únicamente algunos nombres, entre ellos heroínas y sus hazañas militares; sin embargo, ha forjado una imagen reductora de la resistencia femenina, limitada a la figura de la enfermera. Esta imagen incrustada en los manuales escolares de una disciplina que contribuye en buena medida a la construcción de la identidad política de las generaciones futuras no solamente es una falta de respeto a la historia, sino que también participa deliberadamente en la producción de identidades políticas de género.

Es importante recordar que las mujeres fueron alejadas de los círculos de toma de decisiones durante la lucha armada, que ninguna mujer estuvo presente en los órganos dirigentes, y que tampoco formaron parte ni de los gobiernos provisionales de la revolución ni de las negociaciones para finalizar la guerra, las negociaciones que culminaron en los Acuerdos de Evián de 18 de marzo de 1962 que pusieron término oficialmente a 132 años de colonización francesa.

Indiscutiblemente, la larga noche colonial que mantuvo al pueblo en la miseria y el analfabetismo, que lo privó del ejercicio de la ciudadanía y que le prohibió la práctica política, condujo al fortalecimiento de las estructuras arcaicas y las mentalidades retrógradas que produjeron, y que son reproducidas por las familias, haciendo de las mujeres las principales víctimas de un sistema patriarcal al que debe añadirse la condición de colonizado.

Su compromiso y múltiples roles dentro de la lucha armada deberían haber sido el momento propicio para darles visibilidad y favorecer su maduración política para que pudieran inscribir sus reivindicaciones de género en la concepción del proyecto de sociedad a construir con la independencia. Por el contrario, las modalidades de su integración en el movimiento por la independencia, su exclusión de las esferas de toma de decisiones, no les permitieron influir en la concepción de los objetivos del movimiento, esto es, la necesaria redefinición de su estatuto social como dimensión de la lucha global contra el orden colonial.

Los textos fundadores de la revolución no hacen mención alguna a la igualdad entre hombres y mujeres como parte del proyecto independentista. La declaración del 1 de noviembre de 1954 fija como principal objetivo de la independencia nacional la restauración del Estado argelino soberano, democrático y social, en el marco de los principios islámicos. Haría falta mucha imaginación para pensar que las mujeres podían prevalerse de esta última precisión para hacer valer sus reivindicaciones de igualdad y de una vida ciudadana plena.

Las mujeres sufrieron de nuevo la exclusión tras la independencia. Entre los indicadores de dicha exclusión se encuentra su escasa representación en el primer parlamento de 1962: fueron solamente diez, esto es, el 5,2% del total de diputados, y dicha representación incluso disminuyó en 1964, cuando fueron elegidas únicamente dos, el 1,4% del total.

La enmienda de la Constitución en 2008, bajo el reinado de Buteflika, dispone en su artículo 31bis que “el Estado promoverá los derechos políticos de la mujer, aumentando sus oportunidades de acceso a la representación en las asambleas electas”. Esta nueva disposición se hizo sin concertación con las asociaciones de mujeres e ignorando sus propuestas para un cambio real de su estatuto en las esferas política, social y económica. La aplicación del artículo 31bis llevaría a 147 mujeres al cargo de diputadas en 2012, pero esta presencia más numerosa no fue más que una representación de escaparate, totalmente nula en cuanto a su capacidad para vehicular las reivindicaciones de las mujeres y la defensa de sus intereses.

De hecho, esta presencia que procede de un cambio efectuado fuera, y en exclusión, de las organizaciones asociativas de mujeres está aquejada de una doble tara. Puesto que obedece a intenciones clientelares para enmascarar un grave déficit democrático, no se concibe ni se practica como una palanca de promoción de la ciudadanía de las mujeres ni, yendo más allá, del conjunto de los ciudadanos a través de una participación efectiva en la gestión de la vida pública. Además, esta presencia se lleva a cabo en un recinto sin prerrogativas ni poder alguno más allá de ratificar políticas autoritarias y elecciones contrarias a la aspiración del pueblo al establecimiento de un Estado de derecho, de igualdad y de libertades.

En un artículo titulado “Les femmes dans le système politique algérien : entre inclusion sélective et exclusion ciblée”, publicado en Insaniyat en 2016, Louisa Dris-Aït Hamidouche pone al descubierto las verdaderas intenciones del poder en este simulacro de promoción de los derechos políticos de las mujeres. Así, cita: “l’autorité politique puise dans les revendications féminines pour trouver des partenaires afin de combler une partie de son déficit de légitimité et consolider sa capacité de résilience” [“la autoridad política adopta las reivindicaciones femeninas para encontrar socios en aras de subsanar una parte de su déficit de legitimidad y consolidar su capacidad de resiliencia”]. El método elegido para la elaboración de un texto que pretende restablecer la paz en un país roto por una guerra civil de casi una década, la Carta para la paz y la reconciliación nacional de 2005, es la manifestación perfecta y concreta de la voluntad del poder establecido de excluir a las mujeres, quienes son las más afectadas por el alto precio de la década sangrienta. Han sido asesinadas, más de un centenar, raptadas y violadas en la resistencia islamista terrorista, y se cuentan por decenas de miles quienes han visto sus vidas radicalmente alteradas como consecuencia del asesinato de sus parientes, hijos y otros miembros de sus familias a manos de terroristas o de la desaparición forzosa y la ejecución sumaria de los suyos por parte de agentes del Estado, mujeres esencialmente provenientes de capas populares y, por tanto, particularmente fragilizadas por su pertenencia de clase.

Fueron, de hecho, excluidas de la reflexión y la concepción del texto de la Carta, cuando son ellas quienes han librado, y siguen librando, con valentía y pese a la represión y la prohibición de sus manifestaciones y acciones, desde hace décadas, la batalla por la Verdad y la Justicia, las únicas susceptibles de sentar las bases de una paz justa y duradera. Esta Carta no tenía otro objetivo real que el de acordar la impunidad a los responsables culpables de dramas en ambos bandos y de asegurar su reconciliación a expensas de los intereses de las víctimas, contrariamente a un proceso de construcción de un Estado garante y respetuoso con los derechos de los ciudadanos.

La inestabilidad crónica en la que se encuentra sumido el país, la represión como modo de gobernanza de un poder ilegítimo, la desesperanza de las fuerzas vivas cuya juventud prefiere morir en el mar antes que vivir en un país cárcel constituyen la prueba de que un proceso por la paz y la vida en seguridad debe necesariamente incluir a todas las víctimas y sus reivindicaciones, y consagrarse a revelar los intereses en juego de los responsables del desencadenamiento del conflicto, la naturaleza del sistema que lo hizo posible, y dar así una oportunidad a una paz basada en la verdad y la justicia.

El fenómeno de las mujeres sin cara, “mujeres fantasmas” en las listas electorales de las últimas elecciones legislativas de junio de 2021 revela hasta qué punto estamos lejos de una visibilidad política y efectiva de las mujeres, que las exclusiones acumuladas que sufren constituyen no sólo un freno a la promoción de su estatuto, sino que alimentan también todos los dogmatismos y conservadurismos portadores de regresión y contrarios a la emancipación del conjunto de la sociedad.

Estas últimas décadas han sido testigo de la feminización de importantes sectores de actividad, en particular la educación y la sanidad, gracias a la democratización de la enseñanza que las jóvenes han podido disfrutar en beneficio propio, sectores que han visto la emergencia de sindicatos con un peso considerable. Las mujeres que constituyen su base están, no obstante, débilmente representadas en las instancias dirigentes, lo que explicaría la ausencia, más allá de sus reivindicaciones de carácter profesional, de aquellas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres y a otras dimensiones de la vida social en sus programas.

Las decisiones económicas desastrosas por parte del sistema de extracción de rentas que ha erigido lo informal en sistema económico generan otras amenazas de exclusión para las mujeres. Víctimas de un paro exacerbado, conscientes que su participación en el mercado de trabajo representa menos del 20%, muchas mujeres, en particular aquellas provenientes de capas populares, se dedican a trabajos informales en casa. La naturaleza de estas actividades y sus condiciones de realización están lejos de darles valor en tanto que actrices económicas reconocidas. Además, las alejan de terrenos propicios a acciones ciudadanas comunes para luchar contra la precariedad de su situación.

Las organizaciones feministas han luchado sin pausa contra las múltiples formas de discriminación hacia las mujeres, contra la ideología obscurantista transmitida por las instituciones del Estado y que ha presidido la elaboración del código de familia, cuyas enmiendas de 2005 están claramente por debajo de sus reivindicaciones por una igualdad entre hombres y mujeres mediante la abrogación de dicho código y su sustitución por una ley civil igualitaria.

Ellas han jugado asimismo un rol determinante en el frente social y democrático contra la amenaza integrista y han sido blanco de agresiones y violencias perpetradas por elementos del partido islamista FIS, reconocido oficialmente y autorizado para levantar un muro contra la esperanza democrática suscitada por el levantamiento de 1988 reprimido a sangre y fuego.

El movimiento popular Hirak de febrero de 2019, cuyo aliento está todavía presente a pesar de la represión por parte del poder y el encarcelamiento arbitrario de centenares de sus actores, apoyos y defensores, ha presenciado una participación significativa de las mujeres. A pesar de esta presencia activa, sus organizaciones han tropezado con la dificultad de incluir la exigencia de igualdad ciudadana efectiva para las mujeres como dimensión constitutiva de la reivindicación del cambio de sistema denunciado, y de hacer que se admita como una de las condiciones para el advenimiento de un Estado de derecho y una sociedad basada en la justicia social y la igualdad.

Las reticencias del movimiento de esencia popular a percibir dicha dimensión en su justa medida revela la inanidad de los ajustes jurídicos presuntamente realizados para favorecer la promoción social y política de las mujeres, y su nulo impacto sobre las mentalidades retrógradas que obstaculizan la emancipación de las mujeres y favorecen su permanencia dentro de un estatuto que desentona con los esfuerzos inmensos que ellas despliegan para alzarse por encima de la condición que se les otorga.

En la medida en que el Hirak “es una idea y que las ideas no mueren”, es de esperar que un futuro despertar del movimiento revolucionario confiará en las mujeres militantes, activistas ciudadanas y sus organizaciones en todos los ámbitos, sabrá aprovechar sus probadas competencias y sus experiencias de lucha para pensar y forjar las herramientas que hagan tambalear los fundamentos de un sistema de extracción de rentas y depredador, generador de regresión y de violencia.

[Traducción de Francisco Javier Mena. Houria Benaziza (1954) fue militante del Partido Comunista argelino y sindicalista durante su carrera en la educación nacional. Forma parte del movimiento de madres de desaparecidos. Participa en el Hirak como feminista]