En febrero de 2022, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó su último resumen de los impactos de nuestro clima, que cambia rápidamente. Se trata de un vasto documento, que alcanza casi 3.700 páginas en las que se recopilan todas las pruebas disponibles sobre las innumerables transformaciones, inseguridades y catástrofes que se vislumbran en el horizonte y que ya afectan a muchas personas en todo el mundo. En miles de páginas de conclusiones científicas, podría ser fácil que se perdieran los puntos esenciales. Afortunadamente, la línea final del informe no deja de ser clara: «La evidencia científica acumulada es inequívoca (…). Cualquier retraso adicional en la acción global concertada y anticipada sobre la adaptación y la mitigación perderá una breve y rápida ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos (confianza muy alta)».

Esta no es la única revelación que aparece en las páginas del informe. Por primera vez, el IPCC reconoció el papel del sector privado en el fomento no solo de la desinformación sobre la crisis climática, sino de otro fenómeno, que denominó «mala adaptación». En palabras de los autores del informe, la mala adaptación describe aquellas acciones que pueden estar diseñadas para ayudar a mitigar o adaptarse a un clima cambiante, pero que al hacerlo «conducen a un mayor riesgo de resultados adversos relacionados con el clima, incluso a través de un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, un aumento o cambio de la vulnerabilidad al cambio climático, resultados más desiguales o una disminución del bienestar, ahora o en el futuro». Ya sea por comprometer los medios de vida o por acelerar la pérdida de biodiversidad, las respuestas inadaptadas «pueden crear bloqueos de la vulnerabilidad, la exposición y los riesgos que son difíciles y costosos de cambiar y exacerbar las desigualdades existentes». En la mayoría de los casos, afirman los autores, la mala adaptación es probablemente una «consecuencia no deseada». En cierto modo, los autores describieron (involuntariamente o no) el problema del capitalismo verde.

Dada la urgencia del contexto y el peso de la política que respalda los sistemas e ideas subyacentes al marco del capitalismo verde, ¿debemos aceptar las soluciones del capitalismo verde? ¿Es algo —cualquier cosa— mejor que nada? Si al frenar las emisiones o proteger la biodiversidad algunos financiadores y empresas de desarrollo obtienen un beneficio exorbitante, ¿es eso realmente un problema tan grande como para merecer el abandono de todo el proyecto?

Vivimos en una sociedad estructurada y definida por relaciones capitalistas, y la idea de que las soluciones basadas en el mercado son el mejor y más pragmático camino para resolver la mayoría de los problemas es un sentido común poderosamente arraigado. Las empresas de gestión de activos y otros grandes intereses corporativos tienen un gran poder a la hora de determinar las perspectivas de los gobiernos y las instituciones internacionales. Esto hace que cualquier programa para enfrentarse a estos intereses sea una batalla cuesta arriba, que debe avanzar por un terreno increíblemente desfavorable. Al mismo tiempo, la crisis ecológica avanza a cada paso por las trayectorias más rápidas que los científicos han ofrecido. El tiempo no es un lujo que podamos permitirnos.

Para responder a esta pregunta, primero conviene establecer criterios sobre lo que constituye una «solución» que merece la pena perseguir. He evaluado las soluciones del capitalismo verde en función de lo que considero dos criterios esenciales. El primero, con el que estoy seguro de que cualquier persona preocupada por la crisis ecológica estará de acuerdo, es que una solución debe tener un impacto material: debe frenar o invertir el flujo industrial de emisiones a la atmósfera o el colapso de la biodiversidad; en su defecto, debe reducir la vulnerabilidad a los impactos de estos procesos o contribuir a la adaptación. Y lo que es más importante, debe cumplir una de estas tareas en un plazo que refleje la urgencia de la aceleración de la crisis ecológica.

En segundo lugar, y tal vez de forma más divisoria, debe contribuir a cambios necesariamente radicales en la distribución de la riqueza, el consumo y el poder en la economía mundial. No se trata de una cuestión de igualdad o justicia en un sentido moralizante. Ambas cosas merecen la pena por sí mismas. Para muchos (entre los que me incluyo), esto hace que cumplirlos sea un listón necesariamente alto para cualquier enfoque que aborde estos retos. Sin embargo, incluso para quienes se interesan únicamente por la cuestión de la eficacia —es decir, si una solución reduce las emisiones o la degradación ecológica—, alcanzarlas es también una necesidad práctica.

Las pruebas de que el consumo opulento es el principal motor de la crisis ecológica son amplias. Aunque el progreso tecnológico ha producido, hasta la fecha, algunas reducciones en la producción de materiales y en los residuos, estas ganancias han sido totalmente anuladas por el aumento del consumo. Sin embargo, aunque el consumo opulento es importante en términos absolutos, las desigualdades en estos patrones de consumo y residuos son igualmente críticas. En parte, esto refleja el «juego de suma cero» del aumento del consumo: la renta relativa es uno de los determinantes más fuertes de la felicidad, con el resultado de que las formas y las tasas de consumo que señalan la posición de cada uno son impulsadas abrumadoramente por los súper ricos, y a su vez impulsan el consumo en general con rendimientos decrecientes para el bienestar. La necesidad de abordar estas desigualdades también refleja la medida en que la naturaleza y la escala del consumo y los residuos entre los ricos exigen tierra, recursos y mano de obra «baratos» e invisibles, ya sea vertiendo residuos industriales cerca de las comunidades de color o enviando cientos de contenedores de residuos plásticos de los consumidores canadienses para que los traten trabajadores malayos.

En este sentido, la «libertad» que implica el consumo y la elección dentro de los mercados descansa, en última instancia, en la profunda falta de libertad de innumerables personas, que se mantienen fuera de la vista. Se trata de una estrategia que está llegando al final de su camino. La oferta de estas personas invisibles, de las ecologías y de los vertederos de residuos está disminuyendo rápidamente. De hecho, como afirma Jason Moore, «El fin de la basura barata puede ser mayor que el de los recursos baratos». Estos son, pues, mis criterios para evaluar cualquier planteamiento para afrontar la crisis ecológica. El primero asegura un presente y un futuro seguros y habitables. El segundo también lo hace, a la vez que intenta que ese futuro merezca la pena ser vivido.

Las soluciones del capitalismo verde

El principal argumento que se esgrime a favor de las soluciones de mercado a la crisis climática y ecológica es la rentabilidad. Se tiende a prestar mucha menos atención a la cuestión urgente de si, en la práctica, estas soluciones han cumplido sus supuestos objetivos, desde la rápida reducción de las emisiones hasta la restauración de un ecosistema biodiverso. Quizás sea por una buena razón: las pruebas revisadas sobre el impacto material de las soluciones capitalistas verdes existentes ofrecen pocos motivos para el optimismo. Entre los mayores triunfos de los mecanismos de fijación de precios del carbono, por ejemplo, se encuentra el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE que —aunque informa de reducciones de emisiones cercanas al 40% en los sectores que cubre— apenas ha dejado mella, en 15 años, en las emisiones globales de la región.

Tampoco ha aportado las «innovaciones» en materia de energía e industria descarbonizadas que suponen los defensores de la tarificación del carbono; más bien, la mayoría de las ganancias hasta la fecha han sido el resultado de transiciones temporales del carbón al gas. Las finanzas sostenibles se presentan como una alineación perfecta entre el motivo del beneficio y el altruismo —hacer el bien haciendo el bien—, pero por el momento parecen ser, en el mejor de los casos, un ejercicio inmaterial de marca, y en el peor, una excusa para la inacción de los responsables políticos.

Además, en las condiciones cambiantes del capitalismo de gestión de activos, el papel del Estado se ha orientado firmemente hacia la eliminación del riesgo y el pastoreo de los beneficios del sector privado, en lugar de utilizar sus capacidades para la inversión y la acción directas. Las pruebas a favor de los programas de compensación de la biodiversidad son quizá las menos convincentes, ya que hasta ahora han generado resultados entre pobres y catastróficos para la biodiversidad, al tiempo que han creado nuevas oportunidades para obtener beneficios de los nuevos mercados de la conservación.

Pero más allá de que estos mecanismos de mercado no hayan conseguido hasta ahora un impacto sustancial, hay muchas razones para creer que nunca lo harán. En parte, esto refleja la omnipresencia de suposiciones y prejuicios sin fundamento, desde el descuido del arraigo sistémico de los combustibles fósiles en los sistemas globales de energía y producción hasta la priorización de la eficiencia de los costes sobre los resultados ecológicos reales. Pero también refleja la tendencia del capitalismo a externalizar los costes, de modo que todos estos esfuerzos por «internalizar» los daños climáticos y ecológicos en el mercado han generado y seguirán generando nuevas y dolorosas «externalidades». Aquí es donde la cuestión de la materialidad empieza a desprenderse de la cuestión de la justicia.

Las ilusiones del capitalismo verde

En la crisis ecológica, el capitalismo se enfrenta tanto a una amenaza sin precedentes para su lógica de funcionamiento fundamental, como a una oportunidad para convertir (durante un periodo finito) la mitigación de esa amenaza en un nuevo terreno para el beneficio. El capitalismo verde refleja esta mezcla de amenaza y oportunidad, y se centra en dos grandes estrategias para minimizar la primera y maximizar la segunda. La primera estrategia consiste en mercantilizar y hacer compatible con el mercado la gobernanza de los fenómenos, desde las emisiones de carbono hasta los «servicios» que prestan a la economía los ecosistemas y la biodiversidad. La segunda consiste en utilizar al Estado como facilitador de los nuevos ámbitos del mercado y como «desprestigiador» del capital privado, en línea con el Consenso de Wall Street articulado por Daniela Gabor.

En lugar de la inversión y la capacidad públicas, los enfoques del capitalismo verde abogan por el uso de la capacidad del Estado —especialmente para manejar el riesgo— para salvaguardar y guiar el capital privado hacia áreas previamente indeseables mediante una mezcla embriagadora de creación de mercado, incentivos y garantías. En la práctica, estos enfoques operan en una secuencia algo borrosa, con el establecimiento de mercados para el comercio de permisos de emisión, por ejemplo, inmediatamente seguido y suplantado por el mercado de derivados y otros productos financieros basados en estos nuevos productos, con el riesgo financiero a menudo trasladado, voluntariamente, al Estado y al público.

Entre ambas estrategias hay un hilo conductor: el esfuerzo por privatizar la respuesta a la crisis ecológica. En otras palabras, las soluciones del capitalismo verde pretenden transferir las cuestiones complejas, ética y socialmente tensas e intrínsecamente políticas que plantea la crisis ecológica del terreno democráticamente contestable a la autoridad privada de los mercados, con resultados impulsados en última instancia por el interés propio de actores racionales motivados por el beneficio.

Para los discípulos del liberalismo económico del «libre mercado», la idea de que el capitalismo verde pretende trasladar la autoridad sobre la respuesta colectiva a la crisis ecológica a la esfera privada parecerá un grave error de lectura del mercado y del mecanismo de los precios como terreno último de la democracia. Citando a Ludwig von Mises, uno de los más destacados pensadores del libre mercado: «El sistema de producción capitalista es una democracia económica en la que cada céntimo da derecho a voto». Desde este punto de vista, el mercado es un sistema innatamente democrático, en el que los actores llegan libremente como iguales y hacen oír su voz gastando o reteniendo su dinero. En consecuencia, el mercado es también un árbitro de la justicia y el buen gobierno democrático, ya que penaliza a las empresas o actores cuyas acciones u ofertas se consideran indeseables.

Cualquier observador casual de los sistemas políticos de Estados Unidos o el Reino Unido, entre otros, comprenderá inmediatamente que esta visión es una fantasía. La escala de poder económico ejercida por las grandes empresas corporativas y financieras que hoy dominan la economía mundial prácticamente borra el poder que tiene cualquier individuo para hacer oír su voz. De hecho, las corporaciones también tienen una gran influencia en los procesos políticos democráticos formales, con el poder de los grupos de presión y las donaciones políticas que a menudo establecen términos increíblemente estrechos dentro de los cuales los políticos pueden operar. Las distribuciones de la riqueza son radicalmente desiguales y su relación cada vez más estricta con la propiedad de activos hace que la siempre evasiva aspiración de «movilidad social» sea cada vez más insostenible.

Cada día producimos alimentos más que suficientes para alimentar a todos los habitantes de la Tierra y, sin embargo, cada año se desperdician más de mil millones de toneladas, mientras que se calcula que 800 millones viven con hambre y desnutrición crónica. La libertad de consumir bienes asequibles se basa cada vez más en la falta de libertad y la explotación recíproca de quienes forman parte de las cadenas de suministro de esos bienes, desde los trabajadores de la confección hasta los trabajadores agrícolas estacionales. Es difícil mantener que este es un sistema que se define por su promoción de la democracia, la libertad genuina o la justicia.

Para ser justos, los pensadores del libre mercado reconocen que existen desigualdades expansivas y que la gente puede tener problemas con ellas; sin embargo, dentro del sistema de valores dirigido por el mercado, éstas no son problemáticas. Volviendo a tomar prestado a Mises: «Es cierto que los distintos individuos no tienen el mismo poder de voto. El más rico emite más votos que el más pobre. Pero ser rico y obtener mayores ingresos es, en la economía de mercado, ya el resultado de la elección anterior». Así, la cuestión de la enormemente injusta «predistribución» de la riqueza y, en consecuencia, del poder democrático, se considera totalmente justa: el reflejo de la voluntad democrática previamente ejercida. Del mismo modo, la igualdad sustantiva no es motivo de preocupación, siempre que se cumplan las condiciones de la igualdad formal, de modo que tanto el príncipe como el mendigo sean igualmente libres de dormir bajo los puentes de París.

Este relativo desinterés por la desigualdad sustantiva es parte integrante, y no accesoria, de la economía y los sistemas de gobierno basados en el mercado. Como escribió el teórico Stuart Hall, este enfoque «liberal» de la gobernanza encarna una tensión ineludible «entre sus reivindicaciones universalistas en nombre de todos los ciudadanos y su alineación con los intereses de sectores particulares de la sociedad; entre su compromiso con el gobierno representativo y sus dudas sobre la democracia universal». Es un desinterés que también, en última instancia, asesta el golpe más fuerte a las perspectivas del capitalismo verde como programa viable o deseable para afrontar la crisis ecológica.

Los enormes proyectos de plantación de árboles al servicio de las demandas de compensación de carbono ya están impulsando importantes acaparamientos de tierras en muchas regiones del Sur Global, y su adopción generalizada —en combinación con otras no-soluciones como el aumento masivo de los cultivos para bioenergía— está poniendo en riesgo adicional la estabilidad del suministro mundial de alimentos. La resistencia a la percepción de una política climática antidemocrática de las «élites», que se percibe como una carga injusta para los trabajadores pobres, está muy extendida (aunque no siempre de buena fe), desde los gilets jaunes en Francia hasta el Net Zero Scrutiny Group del Parlamento británico.

Al mismo tiempo, el hecho de poner en primer plano las soluciones motivadas por el beneficio corre el riesgo de exacerbar las mismas desigualdades que impulsan la crisis ecológica en primera instancia. Por esta razón, las soluciones del capitalismo verde —ya sea la fijación de precios del carbono, la ESG o los bancos de hábitat— son contraproducentes.

Entonces, ¿debemos aceptar las soluciones del capitalismo verde? La respuesta, para mí, es clara. Las soluciones basadas en el mercado no ofrecen un camino hacia la seguridad para la mayoría del mundo, y mucho menos un futuro definido por la abundancia y el bienestar colectivos. En el mejor de los casos, las soluciones del capitalismo verde son una distracción mortal de la tarea urgente de frenar, revertir y adaptarse realmente a la crisis climática y ecológica; en el peor, están socavando activamente nuestra capacidad de hacerlo.

[Fragmento adaptado de The Value of a Whale: On the Illusions of Green Capitalism by Adrienne Buller, Manchester University Press]

[Fuente: Jacobin]