Imaginen estas dos imágenes: niños y niñas entrando con sus pantalones cortos, sus blusas y sus mochilas en el colegio durante todo el curso, con trabajadores que entran al mismo espacio equipados con trajes NBQ (Nuclear, Biológico y Químico), una vez acabadas las clases durante el verano, para desamiantar.

Estamos hablando de la presencia de amianto en los colegios. Un material barato, aislante, resistente, ignífugo y que por ello se usó profusamente en multitud de edificios construidos antes de los años noventa y en aplicaciones industriales de todo tipo. Puede estar en cualquier sitio: cubiertas, tejados, muros, cañerías, fábricas, metros, frenos, etc. El material que lo compone, el asbesto, es un potente cancerígeno que al insertar sus fibras en los pulmones produce diferentes tipos de cáncer de pulmón y de pleura, como el mesotelioma. Las sociedades científicas de neumología y oncología no cesan de advertirnos de esta herencia envenenada. Hay estudios que estiman que se pueden alcanzar decenas de miles de muertes hasta el año 2050. Es otra pandemia. La única manera de evitarlo es no tener contacto con él: es un carcinógeno sin umbral porque no existe exposición segura al mismo.

Un problema añadido es su periodo de latencia, ya que tarda en manifestarse 30 o hasta 50 años. Así ha sucedido con los numerosos casos que se han diagnosticado como cánceres compatibles con la exposición al amianto a trabajadores de Uralita y de empresas donde se ha utilizado. En el Metro de Madrid acaba de fallecer un trabajador, Luis Gómez, de 65 años, por cáncer de pulmón por su exposición al amianto. Y van doce en esta empresa. Es impresionante el libro Amianto, de Alberto Prunetti.

A pesar de las fuertes presiones de la industria del amianto, es tan evidente la relación causa-efecto entre exposición y cáncer, que se prohibió en 2001 en España por una Directiva de la Unión Europea. La prohibición afecta a su utilización, pero el problema sigue existiendo en las instalaciones donde está, ya que, a medida que pasa el tiempo, se produce un fenómeno de descomposición que pone en circulación las fibras de asbesto y aumenta su peligrosidad, algo que muy irresponsablemente está negando el Gobierno de Madrid.

No se trata de generar alarma social, pero el problema en los centros educativos es grande y los menores son más vulnerables. Según algunos estudios, especialmente de los sindicatos y de AMPAS, podemos estar hablando de cientos de miles de niños y niñas, profesorado y personal educativo potencialmente expuestos al contacto. Solo en Madrid, las estimaciones son inquietantes e indican que puede estar presente en cuatro de cada cinco colegios, tanto públicos como concertados y privados. A veces no se conoce (o no se reconoce) su presencia para no generar miedo entre las familias y que no afecte a la matriculación. Por ello, la administración pública debe inventariar de oficio los centros educativos con presencia de amianto para que ningún tipo de presiones tape situaciones peligrosas.

La consejería de Educación reconoce que en cinco años, desde 2017, apenas se han realizado (o están pendientes) 23 actuaciones en colegios (y 33 obras menores) con un coste total de 5.1 millones de euros. En Madrid hay 3.526 centros educativos. Es decir, estamos hablando de menos de un 2%, algo ínfimo comparado con la envergadura del problema. Así, Madrid no llegaría a cumplir el objetivo de total desamiantado para 2028 que establece la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados. Y no debe ser un problema por falta de financiación, ya que los fondos de la Unión Europea para la Reconstrucción y Resiliencia para Madrid suponen 22.371 millones y la Comunidad de Madrid tiene potencialidad fiscal para hacerlo cuando regala 4.111 millones a las rentas altas.

Lo que no cabe es la inacción. El Gobierno de la Comunidad de Madrid dice que tiene un protocolo desde 2017. Pero intenta quitar importancia al problema hablando de que es mejor no tocarlo, de elementos de escasa entidad o de actuar solo cuando se craquela y desprenden fibras y compatibilizándolo con el uso del centro; es decir, en vacaciones escolares. No es nada responsable.

En Madrid existe la Plataforma “Fuera Amianto de los Coles”, formada por 40 organizaciones sindicales, AMPAs, vecinales, ecologistas y partidos políticos progresistas que exige un Plan Integral de erradicación del amianto y la dotación presupuestaria necesaria para hacerlo a la mayor brevedad posible. En su nombre se presentó una Proposición No de Ley el 15 de marzo.

En concreto, se pide en ella la elaboración de un Censo Regional exhaustivo y riguroso. Es clave este punto, porque no sabemos con exactitud de qué volumen estamos hablando y el nivel de deterioro que sufre el amianto: hay estudios que cifran desde los 700 a los 2.800 centros educativos en Madrid de un total de 3.526. Un Plan Urgente de Retirada y de Gestión del amianto. Un Registro de las personas expuestas y un Fondo para el desamiantado de los colegios, inventariado y calendarización de su retirada. La PNL se aprobó, pero no se cumple, porque el Gobierno no quiere saber la realidad y no quiere hacer el censo y sigue con los parches. Esto es muy grave.

A nivel estatal se está reclamando una Ley Integral del Amianto para tratar el problema desde todos los enfoques posibles, desde el plan de retirada, el reconocimiento como enfermedad profesional y la constitución de un Fondo para indemnizar a las familias de las víctimas. Por el Fondo de Compensación y por la aplicación de coeficientes reductores y jubilaciones anticipadas, los trabajadores del Metro de Madrid se vienen movilizando con paros parciales y diferentes concentraciones ante el Congreso de los Diputados.

Al peligro del amianto no se puede sumar la dejadez e incluso cierto negacionismo de la administración sobre sus efectos por el paso del tiempo. Es irresponsable no realizar una intervención decidida cuando se conoce de forma perfecta su malignidad. Equivale a disponer de vacunas frente a un virus y no utilizarlas por no querer acometer el gasto. Es, por tanto, inaplazable abordar el desamiantado de los colegios, así como de todo vestigio de asbesto que quede en nuestra sociedad. El Gobierno Ayuso no puede instalarse en que lo que no se ve no existe, porque, como decía Ortega, toda realidad que se ignora vuelve para vengarse. Hay que actuar por un imperativo de salud pública, para proteger a los menores y a todas las personas.  Es una prioridad social y humanitaria, solo falta voluntad política.

[Fuente: infoLibre]