La convalidación en el Congreso de la reforma laboral el pasado día 3 de febrero ha estado a punto de fracasar y con ello un avance significativo para la gente trabajadora y sus derechos laborales y contractuales y el refuerzo de una senda de progreso. Es momento de explicar los hechos y sacar las enseñanzas correspondientes.

Aprender de la experiencia

En un artículo en vísperas de la votación, “El marco de la reforma laboral”, señalaba el riesgo de fracaso y sus probables efectos: ‘un bloqueo en la precariedad e indefensión de la población trabajadora, un fiasco importante para el Gobierno progresista de coalición, una ruptura de las perspectivas de alianzas y el proyecto de progreso, mayores privilegios empresariales y una ventaja política para las derechas’. Es evidente que el Partido Popular y VOX estaban maquinando su derrota parlamentaria para afianzar sus expectativas de derribar al Ejecutivo e impedir el proceso reformador progresivo.

Había numerosos indicios sobre la falta de disponibilidad de los grupos nacionalistas, socios habituales, para aceptarla tal cual y bendecir un proceso político en una posición subalterna y con las desventajas político-electorales respecto de ambos partidos del Gobierno, que se veían reforzados en términos comparativos.

Específicamente, de forma subyacente, miraban con recelo el proyecto de frente amplio liderado por Yolanda Díaz, que podía recuperar el espacio electoral perdido desde Unidas Podemos e incluso ampliarlo, activando su propia base social, por un lado, frente a una parte del actual electorado socialista, y por el otro de manos de esos grupos nacionalistas en las tres zonas de Galicia, Euskadi y Catalunya en las que habían sacado ventaja.

Por tanto, aparte del beneficio sustantivo para la gente trabajadora y el país (y parcialmente para la patronal), en esta reforma laboral se ventilaba el reforzamiento (o no) de la senda de progreso y la legitimidad social y la consolidación electoral de la coalición progresista y sus equilibrios con distintos actores. En primer lugar, para derrotar (o no) a las derechas. En segundo lugar, para ampliar la suficiencia de los apoyos sociales, político-electorales e institucionales al conjunto de las fuerzas progresistas.

La ausencia de una estrategia gubernamental definida a medio plazo, con diferencias internas sobre prioridades y alianzas (la geometría variable con grupos de derechas y/o los socios de investidura), genera una dificultad articuladora. La acción política está sometida a tacticismos según intereses cortoplacistas y parciales, basada en el rechazo a la alternativa derechista y reaccionaria, pero sin un pacto sólido sobre el proyecto de país, el camino a recorrer y las alianzas preferentes. Es decir, permanecen apuestas y expectativas distintas sobre la dimensión del cambio de progreso (social, territorial e institucional) y el reparto de la legitimidad social y la capacidad de influencia y poder institucional en el resto de legislatura, que no impiden el mantenimiento de la coalición, pero mantienen la incertidumbre sobre cada paso relevante y la configuración del siguiente.

Particularmente, aparte de derrotar a las derechas en el próximo proceso electoral, esta dinámica está incardinada y tiene impacto en la gobernabilidad general. Se está conformando la recomposición y el reequilibrio de las tres tendencias básicas: la primacía dirigente socialista (a ensanchar por su parte); la expectativa de refuerzo de Unidas Podemos a través de un frente amplio y el liderazgo de la propia Yolanda Díaz, para aumentar su representatividad e influencia; y la competencia en sus territorios de ambas fuerzas con los grupos nacionalistas, que también pretenden fortalecer su prevalencia institucional.

Aunque todo ello con la percepción de la necesidad de acuerdos de conjunto a nivel estatal frente al plan reaccionario del PP y VOX. O sea, se ventila el reequilibrio de fuerzas progresistas y nacionalistas y los distintos énfasis y prevalencias de las estrategias políticas con un mínimo objetivo negativo: impedir la involución social, política y territorial, base para acordar los pasos hacia adelante, aun con sus contenidos y ritmos particulares en el ámbito estatal y los territorios respectivos.

Al borde del precipicio

Todo ello se concentra en la votación del día 3 de febrero y todas las maniobras y relatos subsiguientes. Se expresa un hecho evidente: los apoyos parlamentarios del Gobierno eran minoritarios (174 escaños tras el giro de los dos de UPN) y la aprobación de la reforma laboral ha sido salvada por el error de un diputado del Partido Popular. No ha funcionado el acuerdo con los grupos nacionalistas, especialmente ERC, PNV y EH-Bildu, socios facilitadores de la investidura y de la otra gran apuesta legislativa, los Presupuestos Generales. Y tampoco ha sido suficiente, por la derecha, el apoyo de Ciudadanos. La suma positiva de otros grupos pequeños como Más País y Compromís, así como nacionalistas o regionalistas de centroderecha (PDcat, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria) o centroizquierda (Nueva Canarias, Teruel Existe) era insuficiente para garantizar su aprobación. Y la última tabla de salvación, el apoyo de los dos diputados de UPN, ha resultado un fiasco: no se podía confiar en ellos ante la magnitud de lo que se ventilaba, la reforma sociolaboral más relevante de la legislatura.

La decisión gubernamental, impuesta por el Partido Socialista, de infravalorar una negociación política paralela para asegurar esa votación parlamentaria favorable y suficiente y relegarla para el final, con el condicionamiento ya plasmado del acuerdo social, tenía varias deficiencias: sobrevaloraba la capacidad persuasiva de su bondad como avance social consensuado con la patronal y los sindicatos, destacaba el propio protagonismo gubernamental en todo el proceso y sus efectos legitimadores, y desconsideraba los equilibrios políticos y de impacto político-electoral de los distintos actores, en particular PNV y ERC. La opción implícita era la de reconstruir la operación centrista, avalada por la propia patronal y la Unión Europea, con sus correspondientes efectos simbólicos y políticos, en particular incrementar la deseada autonomía socialista respecto de los grupos nacionalistas (y UP).

El arreón final, al borde del precipicio, en la negociación con esos grupos nacionalistas, basado en esas dos ideas (la bondad de la reforma y la legitimidad del acuerdo social), no suplía la satisfacción de su otro interés: el reparto equilibrado de la legitimidad política, sin patrimonializarlo por ambas formaciones gubernamentales, y los beneficios para sus autogobiernos y proyectos nacionales, también en las mesas del diálogo territorial, junto con sus expectativas electorales sin desventajas comparativas.

Era el motivo para su NO: desinflar la burbuja de credibilidad gubernamental transformadora y su influjo de legitimidad político-electoral de la coalición progresista, para reforzar su estatus institucional en sus territorios y condicionar al Gobierno. Pero su error de cálculo ha estado a punto de ser también contraproducente para ellos. La amenaza reaccionaria era real y las condiciones de posibilidad estaban aquilatadas; había que buscar contrapesos en otro marco.

Restaurar la dinámica reformadora

Más allá de los politiqueos y regates discursivos, este acontecimiento expresa la diversidad de intereses a tener en cuenta, las distintas inclinaciones políticas y expectativas estratégicas y la fragilidad de los acuerdos políticos sin una línea programática compartida o un proyecto de país común y definido.

O sea, en una situación gubernamental de minoría parlamentaria, y aparte de los equilibrios en la propia coalición progresista, han faltado una lectura realista de los intereses contrapuestos y negociables con los llamados socios de investidura —que han demostrado no ser un bloque compacto— y una alianza sólida para todas las decisiones fundamentales de la legislatura.

Se ha comprobado la importancia de la agenda social y que el proceso de articulación de los acuerdos políticos es más complejo y precisa, aparte de la firmeza en la política social y laboral como respuesta a los graves problemas de la sociedad, de un horizonte más claro y compartido respecto de la plurinacionalidad y un avance federal/confederal.

Dejando al margen la recomposición y la amenaza reaccionaria de las derechas del Partido Popular y VOX, la cuestión afecta a la situación y la orientación de las tres agrupaciones políticas progresistas: la renuencia del Partido Socialista a una relevante acción transformadora en los dos ámbitos, social y territorial, con una actitud timorata y defensiva respecto de los poderes económicos y la derechización españolista; el temor de los grupos nacionalistas a un bloqueo reformador con sus prioridades territoriales con un interés más secundario respecto de la gobernabilidad de España; y el riesgo de una subalternidad de Unidas Podemos (y los Comunes) entre las dos fuertes tendencias cuando representa una opción mediadora y de puente que ha (medio)fracasado en esta ocasión pero que ha cuajado en un avance positivo y un equilibrio de fuerzas básico.

El acontecimiento de la reforma laboral marca un precedente relevante del que aprender y corregir estrategias para esta nueva trayectoria. Refleja la experiencia de una posición razonable para el futuro del país (de países), dadas las circunstancias, al mismo tiempo que las grietas políticas a restaurar y la necesidad de mayor firmeza y garantía para el cambio sociolaboral y democrático.

La doble gestión, institucional y político electoral, se debe combinar entre sí y con los procesos de legitimación, sin olvidar el otro elemento fundamental para la modificación de la relación de fuerzas: la activación cívica y popular, el enraizamiento de las fuerzas progresistas en la propia sociedad para hacer frente a la ofensiva reaccionaria de las derechas, derrotarlas democráticamente y avanzar en el cambio de progreso.

Legitimidad y correlación de fuerzas

La votación sobre la reforma laboral ha expresado una relación de fuerzas parlamentarias minoritaria para las fuerzas favorables a su aprobación, salvada por el error de un diputado del PP. Frente a las expectativas optimistas se ha constatado una cruda realidad: la fragilidad de los apoyos gubernamentales.

A punto ha estado de terminar en fracaso. La legitimidad cívica y del acuerdo social tripartito no han permitido al Gobierno conseguir los apoyos imprescindibles para su convalidación y no ha sido capaz de conformar una mayoría parlamentaria segura, decisiva para su operatividad. La suerte ha salvado la derrota y, afortunadamente para la población trabajadora, el Gobierno de coalición y las fuerzas progresistas podemos celebrar la superación de esa adversidad que sitúa esta nueva etapa más esperanzadora.

Pero la enseñanza es que no se puede repetir el bordear el precipicio a expensas de la diosa Fortuna; hay que aprender de estos acontecimientos para ajustar la estrategia. Hay que seguir construyendo con tiempo y suficiencia una mayoría social y política que avale e impulse este compromiso reformador de progreso, particularmente en sus momentos clave, como esta reforma laboral o los pasados Presupuestos Generales.

El análisis de la relación de fuerzas sociales y políticas es fundamental para elaborar las estrategias de cambio social, económico e institucional. No es fácil una interpretación realista, multidimensional y en proceso de la influencia de los distintos actores o sujetos colectivos. Son muchos sus componentes e interrelaciones, desde las tendencias sociopolíticas y culturales hasta las estructuras de poder y dominación, pasando por las dinámicas de legitimación cívica y representatividad parlamentaria. Los intereses y demandas son diferenciados y las trayectorias de legitimación diversas, todo lo cual constituye un conjunto de dificultades para conformar el bien común o un proyecto compartido, sometido a disputa por la primacía y sus prioridades.

La política es compleja. Supone la gestión de los intereses contrapuestos, diferenciados y/o compatibles de una sociedad tras un proyecto de país (y universal) y con una teoría explicativa y justificativa de una estrategia, con sus tácticas y su acción inmediata y discursiva. La labor de mediación político-institucional y articulación de las demandas ciudadanas de las formaciones políticas es insustituible, aunque sometida a renovación democratizadora y de arraigo social y combinada con el resto de los actores sociales y las estructuras de poder socioeconómico e institucional.

Errores analíticos y estratégicos

La cuestión a responder es: partiendo de esa fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, ¿cuáles han sido los errores analíticos de la relación de fuerzas con la inadecuación estratégica en el Gobierno y las fuerzas progresistas y grupos nacionalistas que habrían abocado a una derrota importante, sin la fortuna del error del diputado del PP?

En primer lugar, la creencia en la suficiencia del acuerdo tripartito, del Ejecutivo con los agentes sociales y económicos, con la legitimidad de un significativo avance social. Esta reforma laboral, aunque limitada, es positiva en tres áreas fundamentales, tal como he analizado en el artículo citado: reduce la temporalidad, auténtica precariedad laboral de un tercio de la gente trabajadora con mayor subordinación empresarial; reequilibra la capacidad contractual de la población trabajadora y sus representantes sindicales a través de la negociación colectiva para mejorar sus condiciones salariales y laborales; y facilita la protección social y de empleo a través de la flexibilidad interna (ERTES), en vez de requerir la flexibilidad externa (despidos).

Es fruto de la amplia legitimidad cívica derivada de la significativa oposición social y sindical a la reforma regresiva del PP durante la pasada década y la indignación popular por la persistencia de la precariedad laboral, la desigualdad social y el fuerte desequilibrio en las relaciones laborales, así como por los cambios institucionales y políticos con un Gobierno progresista de coalición y una mayoría parlamentaria progresista frente al carácter regresivo de las derechas dominantes. Por otro lado, es realista contando con las restricciones del marco europeo, junto con su permisividad de políticas expansivas y modernizadoras, y la decisión gubernamental sobre su necesaria transversalidad con la participación patronal, con sus propios motivos limitativos.

La legitimidad del acuerdo social tripartito (Ejecutivo, sindicatos y asociaciones empresariales) era insuficiente para asegurar su aprobación parlamentaria; su soporte jurídico-constitucional como agentes sociales y económicos (“Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”, art. 7) no les da capacidad resolutiva a efectos legislativos, ni siquiera con el concurso del Ejecutivo, como en este caso, ya que por sí solo no contaba con mayoría parlamentaria. Necesitaba la mayoría del Parlamento, cosa no asegurada, ya que, aunque se sobredimensionaba discursivamente su importancia, ello no hacía mella suficiente en la posición nacionalista, anclada en sus propios intereses de legitimidad política y sindical (en País Vasco y Galicia, con fuertes sindicatos representativos).

El desencuentro con los socios nacionalistas

En segundo lugar, ha sido evidente el desencuentro con los socios nacionalistas, sin capacidad mutua para recomponerlo. En ese sentido, particularmente ERC y PNV han dejado de lado la actitud colaborativa para asegurar la gobernabilidad progresista en España, condicionados por las presiones sociopolíticas y electorales en sus territorios respectivos (Junts y CUP en el primero y la mayoría sindical vasca -ELA y LAB- y EH-Bildu en el segundo), así como por sus cálculos competitivos con Partido Socialista y Unidas Podemos/En Comú Podem.

No obstante, ambos son conscientes de que la alternativa del fracaso del Gobierno era también contraproducente para su avance de autogobierno y su legitimidad pública: se reforzaba a las derechas y se frenaba la agenda social y territorial, lejos de la hipótesis irreal de abrir una dinámica más radical en ambos campos, y se distanciaban de una amplia base progresista. O sea, su NO a la reforma laboral con la convergencia de voto con las derechas reaccionarias era instrumental como emplazamiento y desgaste legitimador del Gobierno. No perseguía directamente la finalidad derechista de la desestabilización gubernamental y el adelantamiento electoral, pero sus efectos han contribuido a esa posibilidad; de ahí su evidente perplejidad y su irresponsabilidad, aunque fuesen consecuencias no deseadas que, visto el abismo y con la suerte de no haber caído, ahora reconducen.

La legitimidad social y la argumentación jurídica en que se basaba el acuerdo tripartito se han manifestado impotentes para vencer la oposición política y parlamentaria de la convergencia de los dos tipos de actores contrapuestos: las derechas del PP y VOX, que trataban de impedir los avances sociales, y los grupos nacionalistas que pretendían ampliarlos más. Los primeros con el objetivo político de desgastar al Gobierno y preparar su reemplazo reaccionario. Los segundos, como emplazamiento para ser tenidos más en cuenta (cosa razonable), ensanchar su electorado (cuestión legítima pero dudosa a través de esta posición) y la ilusión (irreal) de que derrotada la convalidación se podría abrir un proceso de negociación de una reforma más ambiciosa por la izquierda y con un papel más determinante por su parte.

Estos grupos nacionalistas (y algunos sectores radicales) infravaloraban que a una reforma más ambiciosa se le oponía más del 80% del Parlamento, por no hablar del poder económico y empresarial, los poderes fácticos, institucionales y mediáticos correspondientes y las instituciones europeas. Ello cuando la mayor fuente de deslegitimación cívica de la política regresiva anterior fueron las dos huelgas generales de 2012, encauzadas por los grandes sindicatos, CCOO y UGT, en el contexto de la masiva protesta social progresiva (2010-2014), y ahora no había perspectivas de ningún desborde social (salvo parcialmente en el País Vasco) para forzar una transformación socio-laboral y política más profunda.

Dada esa relación de fuerzas, el avance limitado de la reforma laboral aprobada refleja el techo posible más alto, al menos a corto plazo, lo que no quita para mantener el objetivo transformador y la dinámica sociopolítica por un modelo socio-laboral más avanzado, conformando las fuerzas sociales para ello, así como porfiar en medidas progresivas complementarias (como la subida del SMI o la propia gestión práctica de la nueva normativa laboral).

La ventaja de la derrota era para la derecha

En tercer lugar, lo evidente ha sido que la derrota parlamentaria (escenificada en medio minuto y evitada por el error del diputado del PP) suponía la ventaja y prepotencia para las derechas, el fiasco para el Gobierno y, sobre todo, el cierre del (limitado) avance social progresivo, con perjuicio para amplios sectores de la población trabajadora, especialmente precarizada.

Dicho de otro modo. La derrota parlamentaria del Gobierno y sus actuales e insuficientes apoyos, aparte de la frustración cívica y la desautorización del acuerdo social, obstaculizaban la senda de progreso y la gobernabilidad de la coalición. Y particularmente, según lo expresado por la vicepresidenta segunda —con su previsible dimisión como ministra de Trabajo, portavoz gubernamental de Unidas Podemos y líder de su anunciado frente amplio—, hubiera truncado la dinámica de renovación y fortalecimiento de ese espacio de izquierda —o violeta, verde y rojo— llamado a desempeñar un papel transformador clave y unitario en ambos campos, social y territorial.

Su significativa referencia para su proyecto de frente amplio se ejemplificaba en el impulso y éxito de esta reforma, ahora con sabor agridulce. Tiene un gran componente neolaborista y plurinacional, aspectos ambos puestos de relevancia en este proceso, junto con la doble dinámica diferenciada y colaborativa con la socialdemocracia y la izquierda nacionalista, y con sus ejes de justicia social y democratización territorial e institucional. Las derivadas partidistas negativas de un fracaso de la convalidación de la reforma laboral también eran relevantes para el futuro de ese espacio alternativo: mayor motivo para tener en cuenta esos factores, prevenir las insuficiencias estratégicas, fortalecer la dinámica de cambio de progreso y ampliar su representatividad política.

Combinar legitimidades, asegurar otra legislatura de progreso

En cuarto lugar, debía combinarse la legitimidad cívica y del acuerdo tripartito con la legitimidad parlamentaria, cosa difícil de conjugar pero imperativa, especialmente, cuando el Ejecutivo no tenía las garantías de una mayoría legislativa y ésta era una necesidad ineludible, como se ha demostrado.

No estaba asegurado el automatismo favorable de los socios de investidura, ni había una alternativa suficiente a través de la geometría variable con grupos menores de derechas, y se contaba con la oposición visceral del PP y VOX que han llegado hasta a influir en los diputados de UPN. Los pequeños apoyos a derecha e izquierda han sido insuficientes y no llegaban a la mayoría parlamentaria.

Así, ligado a la propia debilidad parlamentaria, otro error gubernamental ha sido el optimismo sobre el posible apoyo de los socios nacionalistas (principalmente PNV y ERC), al menos para la abstención. Dicho de otra manera, se ha mantenido un tacticismo inmediatista o una indeterminación estratégica y de alianzas que dificultaban la articulación de intereses comunes.

Por un lado, está el realismo sanchista para mantener la coalición de gobierno, con apoyo nacionalista, y aguantar toda la legislatura. De momento no hay otra alternativa como la centrista que ya se intentó y fracasó durante los cuatro años anteriores; pero no es una decisión estratégica socialista a largo plazo, sino fruto de la necesidad representativa que aspira a modificar a su favor en las elecciones generales (a la portuguesa) y propiciar cada momento favorable. Por otro lado, hay una incomodidad por el condicionamiento de Unidas Podemos hacia una política transformadora sustantiva y plurinacional y, especialmente, recelos ante la presión de sus socios nacionalistas (ERC y EH-Bildu, no tanto PNV).

Sus querencias centristas, con la expectativa de centralidad (gobernanza en solitario o hegemónica) con geometría variable según cada coyuntura, les arrastra a no apostar con firmeza duradera por ese bloque de investidura, su reconocimiento institucional y la correspondiente reforma social, democrática y territorial. La concesión de indultos catalanes y la constitución de la mesa de diálogo con el Govern son gestos mínimos para reconducir el fuerte desencuentro precedente y mantener con pinzas una mínima estabilidad parlamentaria.

Quedan casi dos años hasta las elecciones generales, con diversas reformas sustantivas pendientes (la actual del aumento del SMI sin la patronal ya es significativa), como la ley de vivienda, la ley mordaza o sobre la fiscalidad. Al mismo tiempo, hay un rosario de elecciones autonómicas y municipales, hasta las generales de fin de 2023. El frente electoral se relanza con sus componentes de competitividad, legitimación y representatividad, con la vista puesta en el tipo de proyecto de país, la relación de fuerzas y las alianzas de la gestión política en la siguiente legislatura en todos los ámbitos institucionales. La tarea ineludible es articular otra legislatura de progreso.