La Universidad debe ser el lugar donde se genera y se transmite el conocimiento de forma libre, compartida y gratuita. Un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Y sobre todo un lugar de investigación y discusión acerca de los problemas y retos de la humanidad, con el fin de poner todo su potencial al servicio de un mundo mejor y más justo. Es decir, una Universidad es algo muy serio. Lo ha sido históricamente y en la actualidad tiene que hacer frente a complejos desafíos científicos, a las demandas de la sociedad y al impulso del conocimiento. Ello es incompatible con una visión mercantilista y puramente técnica.

Las universidades madrileñas están en situación de práctica quiebra económica, por la ausencia de un marco estable de financiación y la falta de inversión en infraestructuras científicas y tecnológicas que la modernicen. Pero el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en vez de abordar los temas prioritarios de la Universidad pública (financiación, becas, investigación, personal…), sigue asfixiándola financieramente y propicia la creación de nuevas universidades privadas.

Estos son los datos: la última universidad pública de Madrid (URJC) se creó hace 25 años. Desde 2019 hasta hoy se han aprobado cinco universidades privadas promovidas por la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, el Opus Dei, la Banca y el Grupo Planeta. La última es la conversión de un centro (ESNE) adscrito a la Universidad Camilo José Cela, en una «universidad» privada (UDIT) a través de un proyecto de ley en lectura única. Se llama Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, y es la privada número trece frente a seis públicas. Este es el contexto: Madrid tiene la mitad de todas las universidades privadas de España.

Desde el punto de vista formal, su tramitación se ha realizado con unas prisas sospechosas. Ayuso la impulsó en el último consejo de Gobierno en vísperas de las elecciones autonómicas (27 de abril de 2021). Se ha aprobado el proyecto de ley en el consejo de Gobierno del 26 de enero de 2022 utilizando el «índice rojo», es decir, fuera del orden del día para que pasara subrepticiamente. Se acompaña de 60 documentos (1.600 páginas) que no han estado a disposición de los grupos parlamentarios hasta el 8 de febrero, a pesar de haberlos exigido hasta por registro. Este oscurantismo es para aprobarla con la menor trasparencia y participación posible. Es un acto arbitrario que supera los límites de la discrecionalidad administrativa.

El fondo del asunto es que el proyecto no cumple los requisitos y condiciones mínimas de lo que debe ser una Universidad. Y en concreto lo que establece el RD 640/2021: actividad docente e investigadora, transferencia de conocimientos, disponibilidad y características de instalaciones y equipamientos, y al menos tres áreas de conocimiento. Hay cinco informes desfavorables (NOTA 1), entre ellos el del Ministerio de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria (24-9-2018), el de Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid por unanimidad (18-2-2019), el de la anterior Consejería de Ciencia de Madrid y los de la Fundación para el Conocimiento Madri+d. Después de la salida del consejero Sicilia de Ciencia y Universidades, se cambió el informe a positivo.

En dos meses, la Abogacía General de la CAM, pasó de un informe desfavorable a otro favorable. El 11 de enero de 2022 se sometió al dictamen de la Abogacía General que el procedimiento al que se pueda acoger la creación de esta universidad sea el RD 420/2015 no el RD 640/2021. Algo que aprobó la Abogacía en su informe del 19 de enero de 2022, para burlar las exigencias del RD 620/2021 y que se aplique una norma más laxa. No obstante, el RD 640 es claro en cuanto a la exigencia del cumplimiento de los requisitos en él establecidos para la autorización de universidades por las CCAA después de la entrada en vigor de la norma. Así, en la Disposición transitoria primera en su párrafo segundo, dice: «Las universidades y centros ya creados o reconocidos, pero aún no autorizados, dispondrán de hasta cinco años desde la concesión de la autorización para que puedan adaptarse a los nuevos requisitos establecidos». Sólo las universidades ya reconocidas tienen cinco años para adaptarse.

Una simple escuela de diseño se convierte en universidad sin tener masa crítica suficiente de alumnado y profesores. Hablamos de 1.600 alumnos y un número de profesores con pocos títulos de doctor, que no cumplen los requisitos legales de contratos a tiempo completo y dedicación investigadora. Se imparten materias propias y equiparables a un centro de Formación Profesional (diseño gráfico, multimedia, audiovisual, videojuegos, moda, interiores…). Tiene un edificio de 2.000 metros2, menor que cualquier facultad de una universidad pequeña.

Aprobar como universidad un centro así, devalúa el sistema universitario que debe ser un espacio de conocimiento y saber frente a un modelo de universidad de pelotazo y títulos fáciles para quien pueda pagarlos. Dicho de otra manera, las titulaciones universitarias madrileñas valdrán cada vez menos. Una pensión es una pensión y no puede tener la consideración de un hotel de cinco estrellas.

Detrás de esta operación hay un proyecto de determinadas personas de la

Consejería de Educación, como la viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert López-Ibor. Rocío Albert firma la memoria del proyecto y ha sido miembro del Consejo Académico Asesor de ESNE. Por cierto, también ha sido consejera de Aval Madrid. Todo parece un poco turbio. La Mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado varias preguntas de respuesta oral en Pleno y en Comisión de Educación sobre algo elemental: ¿qué relación profesional y laboral ha tenido la viceconsejera con ESNE y sus fundaciones?, ¿ha recibido algún tipo de emolumento? Porque no parece que exista ningún código ético para los altos cargos.

Hay una serie de apoyos que dan vergüenza ajena. Desde expresidentes de la CAM, como Gallardón y Leguina, que han realizado una ruta de entrevistas con diferentes consejeros, ministerio y rectores de universidad para vender el proyecto, supongo que de forma altruista por su amor a la universidad. La apoya Aznar y Faes. Hay cartas de empresas y fundaciones como la de McDonald. Bastantes lo hacen con un modelo-tipo de carta que apunta a una campaña de compra de apoyos políticos para compensar la falta de méritos académicos. Estas prácticas no son habituales y tiene un penetrante aroma a juego de lobbistas.

Pero, sobre todo, lo que hay detrás es un tremendo pelotazo de plusvalía por una decisión legislativa, que puede llegar a los 50 M de euros, al pasar de ser poco más que una academia a tener la consideración de universidad y recalificarse de forma brutal ante los fondos de inversión que están aterrizando en nuestro sistema universitario y educativo.

Las consecuencias de estas decisiones son un evidente deterioro del bien común, al dañar de forma clara a las universidades públicas de Madrid y devaluar la calidad de los títulos universitarios. También puede provocar un efecto llamada, al abrir la puerta a otras operaciones similares con centros de poca monta y operaciones especulativas de los fondos de inversión, al bajar el listón de las condiciones para el reconocimiento y creación de universidades.

El tema es tan escandaloso, que los rectores de las universidades madrileñas tendrían que fijar una posición pública de rechazo. Hay un evidente conflicto de intereses, al no cumplirse el RD 620/2021, cuyo objetivo fundamental es evitar la transformación de academias en universidades degradando el sistema universitario español. Por ello, el Ministerio de Universidades debería intervenir para hacer cumplir la afirmación del ministro Joan Subirats de que «los chiringuitos no pueden ser universidades». Está en juego el prestigio de la Universidad española, frente a las pompas de jabón.

[Fuente: Público]