María de Mar Jiménez es camarera de piso y lleva años luchando por los Derechos de las Kellys en la Comunidad de Madrid. “En la capital hay 15.000 mujeres trabajando para Florentino. Clece pone contratos de cuatro o seis horas y tienen que hacer entre 25 y 30 habitaciones. No les da tiempo, a las chicas que no les da tiempo y hacen horas de más, ocho o diez, no se les paga. Así funciona Florentino“, cuenta esta camarera de piso y reproduce la respuesta ante las quejas: ”si no te interesa, no te preocupes que hay 200 más en la calle esperando”. Además, María del Mar incide en la persecución que sufren las trabajadoras si luchan por sus derechos: “si se enteran que estás en las Kellys no te contratan, porque aquí en Madrid ya hay hoteles que tienen la lista negra de las que pertenecemos al colectivo”.

La empresa a la que hace referencia María del Mar, CLECE, fue creada hace 29 años y realiza multiservicios; mantenimiento y servicios de limpieza, ayuda a domicilio, seguridad etc. CLECE es una de las empresas propiedad de Florentino Pérez y cuenta con el monopolio de los trabajos de cuidados en el Estado español, estando presente en prácticamente todo el territorio. Por poner un ejemplo reciente, el 10 de febrero de 2022, según recogía el diario económico Alimarket, CLECE ganó la licitación de Servicio de Atención a Domicilio de toda Andalucía, unos contratos con un valor de 121 millones de euros. La empresa lidera el ranking en el mercado de los cuidados y no para de aumentar sus beneficios, en el año 2019 facturó 1.579 millones de euros, con un beneficio neto de 38 millones. Unas ganancias que han aumentado, así como su presencia en todo el Estado, tras la pandemia de COVID-19.  Dichos beneficios han sido puestos en cuestión tras las numerosas quejas de sus trabajadoras por la situación de precariedad en la que se encuentran.

Carmen de Diego, del Sindicato de Cuidadoras Profesionales (SAD), afirma que “la privatización y los procesos de subcontratación del sector de los cuidados ha supuesto un deterioro progresivo de las condiciones laborales de las trabajadoras” y explica detalladamente la problemática: “la privatización vulnera toda la dignidad de los cuidados y la atención y también las condiciones laborales de las trabajadoras. Por medio de contratos administrativos con la administración pública ellos se presentan y ganan con la oferta más baja. ¿De dónde sacan los beneficios? De nosotras y de los usuarios. Pero es que además siempre son las mismas empresas las que ganan estos contratos. Todas las empresas de Florentino son empresas que vienen del ladrillo. Los distintos gobiernos les han dado facilidades para que sigan ahí y haya cada vez más privatización”. Las trabajadoras de CLECE se han manifestado a lo largo del Estado poniendo en el centro la precaria situación en la que se encuentran: contratos temporales, mal pagados, horarios excesivos y falta de reconocimiento.

¿Tú me quieres decir lo que es un peón de limpieza?

Una de las estrategias que utilizan empresas como CLECE para precarizar a las trabajadoras es la existencia de distintos tipos de contrato y la nomenclatura con la que aparecen en estos, una práctica muy utilizada en las empresas subcontratadas y que está presente en muchos sectores. Las Kellys de Madrid han ganado varios juicios a la empresa CLECE alegando esas irregularidades. “Hay muchos tipos de contratos por picos de productividad, por obra y servicios, después están las categorías: peón de limpieza, ayudante de limpieza, auxiliar de limpieza. ¿Tú me quieres decir lo que es un peón de limpieza?”, expresa María del Mar y expone un ejemplo: «un juez preguntó al abogado de Florentino Pérez durante un juicio que qué era eso de peón de limpieza, el abogado dijo que era limpiadora, y el juez acabó diciendo que entonces debería estar inscrita como limpiadora, que si no le daba vergüenza ser tan sinvergüenza. Esto es lo que hacen todas las empresas de Florentino” concluye.

Pero no sólo las trabajadoras de CLECE están señalando las malas prácticas en el sector de la intervención y los cuidados. En octubre de 2021 treintenas de ex trabajadoras de la organización APRAMP denunciaron su situación laboral, que no sólo pasaba por la precariedad de sus trabajos sino por presiones y abusos personales. Además, denunciaron la situación en la que se encuentran las usuarias (mujeres que se encontraban en una situación de trata en contexto de prostitución), sometidas a un régimen estricto de visitas y alimentación, tuteladas, ridiculizadas y sin el apoyo psicológico necesario para su proceso. Además, cuentan que las propias usuarias tenían miedo de la presidenta de esta asociación, Rocío Mora, según recoge el artículo en Píkara Magazine. Paloma, ex trabajadora social de la sede de Salamanca de APRAMP, trabajó durante tres años: “Trabajaba sola en la sede, no me llegaba ninguna información desde la empresa, sin información me exponía a muchos peligros. Las salidas nocturnas no estaban pagadas, ni en nómina. Salía con mi propio coche y gasolina y volvía a abrir la sede a las 11 de la mañana”.

Esta ex trabajadora habla del papel fundamental del marketing en el caso de APRAMP y del mensaje externo que vende al resto de la sociedad, que contrasta con la realidad de sus trabajadoras y usuarias. “Aún así el mensaje me hace mucha gracia porque dice que trabaja en contra de la explotación y la precariedad de las mujeres y claramente se sostiene con la precariedad de gente joven que está dispuesta a trabajar gratis”. A pesar de que Paloma dejó de trabajar en APRAMP hace más de 20 años, se unió a la denuncia junto a sus compañeras y pudo comprobar cómo las dinámicas de precariedad seguían vigentes en la empresa años después.

APRAMP y CLECE son la representación en el Estado español de la “industria del rescate”, un término descrito por la antropóloga Laura María Agustín como el “conglomerado de asociaciones y ONGs que, a través de fondos públicos o privados, dedican su actividad a grupos tradicionalmente excluidos socialmente, y obtienen poder, rédito o lucro económico por sus actividades”. Estos trabajos están muy presentes en nuestro día a día: servicios de ayuda a las personas dependientes, comedores escolares, limpieza de espacios públicos, atención socio-sanitaria etc. La propia empresa se enorgullece de tener como objetivo social mejorar la vida de las personas y se publicita como una empresa que da alternativas laborales a los colectivos marginales de la sociedad. En su propia página web recalca dar empleo a más de 9.300 personas que pertenecen a estos colectivos en toda España.

Esta empresa cuenta con la alianza de distintos ayuntamientos como el de Almería, Ceuta o Valladolid, además de distintas fundaciones como Cruz Roja o Fundación Joía, que refuerzan la visión externa de ser una empresa con gran implicación social. La propia compañía de Florentino Pérez es muy consciente de la necesidad de dar esa imagen al grueso de la sociedad y por ello cuenta con alianzas en distintos medios de comunicación como eldiario.es, El Periódico y ABC, al que paga artículos patrocinados para que se hagan eco de sus proyectos. En el caso de APRAMP su estrategia de marketing pasa por organizar eventos de gala al que acude la jet set del país, así como un gran posicionamiento en los medios de comunicación a través de discursos épicos y heroicos de sus labores como entidad.

En ambas empresas las alternativas laborales ofrecidas a las mujeres en situación de vulnerabilidad son trabajos feminizados y precarios que mantienen a las mujeres en el círculo de la pobreza. APRAMP da trabajo a las mujeres en sus talleres de costura y CLECE ofrece cursos de formación para ser camareras de piso por un sueldo que no llega a los 600 euros. Una práctica que hace que la mayoría de mujeres que dicen “sacar de la prostitución” vuelvan al trabajo sexual para sobrevivir. Sin embargo, a pesar de que estas alternativas no sean reales, bastan para que estas empresas puedan seguir monopolizando las subvenciones y el rédito social. “Estos cursos son laboratorios de mala formación porque no van a formar a la gente bien, ni lo suficiente ni suficientes horas. Mujeres vulnerables que no han podido superar sus traumas, pobreza, abusos y se van a encontrar que las preparan para seguir sufriendo pobreza, abusos y perpetuar los problemas que ya tenían”, apunta Carmen del SAD.

Estas empresas venden el rescate a sectores vulnerabilizados como un factor social inherente a su cultura de empresa, cuando en realidad responde a que el cobro de esas subvenciones es una de las grandes bases de su economía, según apunta Carmen. “¿A quién quieren engañar con esos cursos de reinserción? Lo único que hacen es cobrar subvenciones para ejecutar esos cursos y tener disponibilidad de un montón de personas con una titulación que no es suficiente; tienen ahí una fábrica de salchichas en serie para poder seguir contando. No tiene efectividad ninguna, lo que se les ofrece como trabajo es lo último de lo último, una precariedad absoluta”.

Iris es trabajadora sexual y limpiadora, forma parte del colectivo AFEMTRAS y del sindicato OTRAS. En 2016 realizó uno de esos cursos de formación, en los que en principio la asistencia es remunerada para incentivar que las mujeres dejen de ejercer la prostitución. “Cuando termina el mes del taller de formación no te lo pagan, no te lo pagan inmediatamente. ¿Y tú qué haces? Ir a parar (ejercer la prostitución) por las tardes. Si el taller es por la mañana, por la tarde tienes que ir a parar porque la vida continúa y tienes que pagar tus facturas”, explica y continúa relatando la situación: “en la práctica, por lo menos las que yo he conocido, no han sido inserciones laborales de verdad, con el dinero de los cursos pagamos nuestros gastos y nos quedamos otra vez en la nada. Si podemos conseguir un puesto de trabajo, en el mejor de los casos, es un sobresfuerzo porque estás trabajando y luego vas a parar hasta que vayas cobrando, pocas opciones laborales hay”. Iris incide también en que se encontró unos cursos con gran sesgo ideológico: “en esos cursos me encontré una ideología muy chunga, fui una alumna en cierta manera rebelde porque me decían cosas y yo las rebatía. Nos daban unas sesiones que se llamaban habilidades sociales en que trabajaban mucho con la culpa”. Durante sus prácticas del taller de camarera de piso se dio cuenta de la situación en la que se encontraban las trabajadoras: “cuando fui a hacer las prácticas del curso de limpiadora vi la explotación en la que vivían y comprendí que, en cierta manera, la industria del rescate está trolleando la lucha a las Kellys. Mientras las Kellys están haciendo su lucha, este feminismo le está ofreciendo a las subcontratas mano de obra barata de colectivos precarizados, perseguidos y criminalizados”.

Cuidados con mucho precio pero sin valor 

Paloma, además de haber trabajado en APRAMP, lleva 20 años trabajando en ONGS y empresas de la industria del rescate y también cree que estas opciones no suponen una alternativa real: “Todo el rato se enfoca a hacer un cv y buscar un trabajo. Es vaciar el mar con las manos. No hay opciones reales para darle alternativas a las personas que están ejerciendo la prostitución. Entonces es hacer acciones muy ridículas de dar trabajos feminizados como alternativa a la prostitución, bajo una mirada de yo te doy esto pero si sigues prostituyéndote olvídate. Las alternativas laborales que les están dando a las mujeres en situación de vulnerabilidad siguen siendo trabajos feminizados y precarios y trabajos con duraciones muy cortas, no se va a la raíz de intentar romper con esa dinámica. De trabajos precarios ya vienen muchas prostitutas, no le puedes dar las mismas alternativas para romper con esa dinámica”. Esta trabajadora social señala además que estos cursos y estas alternativas son la base de la economía de muchas de estas ONGS: “La industria del rescate está viviendo a costa de subvenciones en torno a la prostitución, pero no hace nada realmente por las prostitutas”.

A pesar de que la nueva reforma laboral recoge una regulación de los convenios sectoriales que pueden aplacar algunas de las malas prácticas de estas empresas, los colectivos de trabajadoras la tachan de insuficiente. El sector de los cuidados está basado en la precarización de las mujeres, aumentando y volviendo más profunda la vulnerabilidad que tienen muchas de estas trabajadoras en busca del beneficio económico empresarial. Carmen, del SAD, pone el foco en el problema de que estos servicios estén en manos de empresas privadas, estos servicios que en principio estaban destinados a ser de titularidad pública, y concluye que “estamos muy desencantadas porque estamos viendo que todo se está encaminando a seguir protegiendo la privatización. Vemos que se está apostando por el impulso empresarial y que a los cuidados se les sigue poniendo precio, pero no se les pone en valor”.

[Fuente: El Salto]