“Trabajar, dormir, comer, recuentos y a callarte la boca”. Yolanda describe así el tiempo de condena en Brians. Para conseguir dinero rápidamente y lo que la adicción le pedía, robaba en tiendas. Consumía drogas de manera problemática desde los 16. En el DAE (Departamento de Atención Especializada) pasó dos de los años de su tercera condena. Explica que al acceder a ese módulo destinado a mujeres predispuestas a dejar el consumo se sintió menos presa, y evolucionó. Pero este recurso ya no está disponible para las mujeres de la cárcel catalana de Brians.

Este año hará cinco que se cerró. En el Departamento de Justicia de la Generalitat detectaron que “no había necesidad de mantener un recurso de drogodependencias específico para mujeres”. Algunas de las profesionales consultadas han lamentado la pérdida de este espacio, porque había dado buenos resultados, pero en Justicia mantienen que otros recursos que habían entrado en funcionamiento para atender las drogodependencias y la salud mental hicieron que el DAE “fuera perdiendo su función”.  De hecho, ya no hay módulos de este tipo dedicados a drogodependencias, sino que se centran en atender otras necesidades. De los reconvertidos, no hay ninguno funcionando para mujeres.

Ser una minoría de la población privada de libertad –solo 7 de cada 100 personas– se traduce en menos recursos y más limitaciones para las mujeres presas en el conjunto de centros penitenciarios del Estado. Como consecuencia, faltan espacios que permitan repartirlas y atenderlas con los criterios que más favorezcan su “reinserción social” –el objetivo constitucionalmente reconocido de las cárceles–. “Mientras que los hombres se reparten por módulos según entren en prisión por primera vez o sean reincidentes, consuman drogas o no, por edades y por tipo de delito, las mujeres van a estar en un único módulo, o como mucho en dos, lo que hace que el cumplimiento de la pena sea mucho más duro”, apunta Mercedes Martín Nieto, voluntaria de la Asociación de colaboradoras con las mujeres presas (ACOPE). Incluso hay provincias en las que no hay ningún módulo para ellas, por lo que el desarraigo es un peso añadido para algunas de las que ingresan en prisión lejos de su entorno. Igual para las que requieren módulos u otros recursos dirigidos a madres, que en muchos casos tendrán que cambiar de territorio, incluso de comunidad autónoma, para poder mantenerse con sus criaturas hasta los tres años –que es el tiempo permitido–.

Instituciones Penitenciarias ha reconocido que la prisión “gira en torno a los hombres en detrimento de las mujeres” y, para corregirlo, hace poco más de medio año que emitió una orden de servicio de fundamentos para implementar la perspectiva de género en la ejecución penitenciaria. Un documento que, al apuntar lo que debe corregirse, indica las discriminaciones que viven hasta hoy las mujeres en los centros penitenciarios. Entre los cambios que señala consta que debe garantizarse el acceso de las mujeres a los programas de tratamiento, promover su participación en actividades formativas y laborales en las que no tengan presencia y dejar de limitar su acceso a actividades. Las organizaciones consultadas, todavía no tienen constancia de que se hayan puesto en marcha esas medidas para atajar las prácticas discriminatorias generalizadas en los centros penitenciarios.

“Les dicen que no las pueden meter en el taller de automóviles, por ejemplo, porque se generaría mucho conflicto, por lo que, en la práctica, hay talleres para hombres y talleres para mujeres, además de que los trabajos que hacen ellas en prisión se pagan peor”, afirma Martín Nieto. Limpieza y costura son las reducidas opciones laborales y de formación para la inserción laboral a las que las mujeres suelen tener acceso. Así lo constata Yolanda, que critica que se las oriente siempre “a lo femenino”.

Al preguntarle por las situaciones que deberían ser diferentes en prisión para respetar los derechos de las mujeres, un hecho que remarca es haber tenido que ducharse con funcionarios hombres presentes. Desde Instituciones Penitenciarias, indican que la asignación de personal a departamentos de mujeres no se hace por sexo, sino por “capacidad, formación o necesidades organizativas”.

“La cárcel somete a muchas violencias, y algunas son resultado de primar la seguridad por encima de cualquier otro valor”, explica June San Millán, que forma parte de Salhaketa Nafarroa. “Si bien las presas tienen coartada la libertad deambulatoria, el resto de sus derechos deberían respetarse escrupulosamente”, dice. Otra gran preocupación de organizaciones y profesionales que trabajan en prisiones es la salud. “Empeora alarmantemente, en parte, por el hecho de que la prisión genera un estado permanente de ansiedad, sensación de peligro y estrés”, denuncia San Millán. La dificultad de acceder a consultas médicas especializadas y a atención psicológica, así como la sobremedicación para contener malestares diversos, son otros factores que debilitan la salud de las presas.

De un margen a otro más olvidado 

Penélope vive con su hija más joven. Hace años que recuperó la custodia de los tres. Uno de ellos había nacido en prisión. “Las mujeres en prisión tienen que tener la casa en la cabeza: los niños, el que no haya dinero…”, explica. Ella traficaba. Y consumía drogas. O, de hecho, consumía y traficaba. El orden de los factores, en este caso, sí que altera el escenario.

Ha pasado por Carabanchel, Picassent, Ponent, Wad-Ras y Brians. Dice que le han dado “tantos sustos y tanto miedo” que ya se le ha quitado “el sobresalto en la vida”. Afirma haber sufrido agresiones físicas por parte de funcionarios, aunque la herida que más la duele es la psicológica. “Saben del mundo que venimos y lo complicada que está la mente en ese momento, y van a tocar la llaga”, relata.

Según datos del estudio sobre las mujeres en prisión publicado por Instituciones Penitenciarias en 2021, un 80% de internas considera que su relación con el equipo de tratamiento es buena o muy buena. Sube a un 90% en lo que respecta a la relación con los funcionarios de vigilancia. Sobre por qué no denunció las agresiones que relata, Penélope responde rápido: “Si denuncias, te amargan”. “Están en su mundo de poder y de que tú agaches la cabeza”, añade.

Un estudio sobre régimen disciplinario en las presas, publicado en 2021 por el Instituto de las Mujeres, detecta casos en los que las mujeres reciben más sanciones por sus conductas de desobediencia y resistencia a la autoridad. También, observa que no se juzga sólo su conducta, sino también su actitud – si es “chulesca, desafiante, muy agresiva, agitada”–, a diferencia de lo que ocurre en el colectivo de presos, lo que se traduce en que las mujeres acaban teniendo más expedientes por infracciones leves. Dado que en general su perfil delictivo es de “menor peligrosidad” y que, por lo tanto, “cabría esperar que en prisión las mujeres no tengan tantas infracciones disciplinarias como los hombres”, este estudio apunta que la prevalencia similar de infracciones entre hombres y mujeres “debe alertar a la administración penitenciaria”.

Otra de las observaciones de esta investigación, desarrollada en cárceles de Catalunya, es que las amenazas de autolesiones o las conductas autolesivas se sancionan como infracciones contra el funcionariado o desobediencia. También, que las mujeres que se han autolesionado tienen más probabilidades de tener expedientes disciplinarios.

A diferencia de lo que pasa fuera, las mujeres intentan suicidarse más que los hombres en prisión. Esto, junto a otros factores como la prevalencia superior de problemas de salud mental diagnosticados (42% de las presas), estar en tratamiento con medicación psiquiátrica en un porcentaje superior que los hombres o haber tenido más sobredosis en prisión, lleva a considerar que las mujeres presas viven situaciones de “más vulnerabilidad y deterioro”, según el último informe general de Instituciones Penitenciarias disponible, publicado en 2019.

“¿Se construyen macrocárceles y no hay recursos públicos para atender la adicción a tóxicos y la salud mental? Esto es porque tenemos una cultura del castigo, no de medidas alternativas”, plantea la abogada Núria Montfort, responsable del área de penal y penitenciario de IACTA sociojurídica.

Desventajas sociales encerradas y reproducidas

En el conjunto del Estado, a finales de 2021, eran poco más de 4.000 las mujeres presas. Más de un tercio (1.400) lo estaban por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, como hurtos, robos, estafas o defraudaciones. Se acercan a las 900 las encarceladas por delitos contra la salud pública, vinculados básicamente al tráfico de drogas. La gran mayoría de estas mujeres comparten situaciones de vulnerabilidad socioeconómica –antes de ingresar en prisión–, a la que se añade, posteriormente, el estigma de haber estado encarcelada. “Los grupos marginados están sobrerrepresentados en prisión”, afirma la abogada penalista Carmen Santiago, presidenta de la Federación de asociaciones de mujeres gitanas Kamira. “Si no se revierte la discriminación que viven en su día a día, se les conduce a medios menos normalizados de buscarse la vida”, explica. En la cárcel abundan las que han sido detenidas haciendo de “mulas” –como se conoce a las que transportan droga dentro del cuerpo–, también las que sufren drogodependencias y acumulan delitos, a menudo hurtos. “Si han iniciado un proceso de normalización, la cárcel se lo corta”, plantea Marta Valldaura, abogada de Metzineres, una organización de apoyo a mujeres que consumen drogas y que han sufrido violencia machista. En su trabajo de acompañamiento, ha detectado se encuentran que las reiteradas entradas y salidas de prisión, suponen “una barrera de acceso a recursos”, empezando por un techo, lo más básico para que estas mujeres puedan iniciar un proceso de cambio y dejar atrás el consumo.

La abogada Marga Aguilera, coautora de la “Guía de actuación letrada para la atención de mujeres desde su detención hasta su puesta en libertad,” subraya que en la legislación penitenciaria y penal hay muchas posibilidades para evitar el ingreso en prisión, pero que, aunque en los últimos años se ha avanzado, “a la cárcel aún le llegan muchos problemas que no son suyos”. “Las personas con problemas de salud mental deberían seguir programas de atención específica, pero faltan los recursos sociales externos, y lo mismo ocurre con las mujeres con problemas de adicción”, señala.

En ACOPE, denuncian “problemas muy graves de salud mental que no están siendo tratados adecuadamente”: ni los problemas con los que entran, ni los que la cárcel les genera. “Muchas presas tienen a personas a cargo y tenían el rol absoluto de cuidadora y cuando ese rol cae, se sienten totalmente abatidas”, explica Martín Nieto. Un dato que habla de la abundancia de cabezas de familia monomarental es que solo un 5% de menores permanece en las casas donde vivían cuando las mujeres ingresan en prisión, según recoge ACOPE.

La abogada Aguilera defiende que todos los operadores jurídicos “indaguen sobre los contextos de las mujeres detenidas”; que tengan en cuenta sus condiciones familiares y que miren si han sufrido violencias. “Eso puede marcar la diferencia en los procesos penales”, dice. “La cifra de mujeres en prisión que han sufrido malos tratos es escandalosa y, cuando hablamos con ellas, vemos que existe relación entre esto y la mayor vulnerabilidad socioeconómica, y que, en estas condiciones, resulta mucho más fácil entrar en circuitos de delincuencia, prostitución, drogas y deudas. Y endeudada es muy difícil salir de ello”, argumenta. La letrada afirma que si estas situaciones se tuvieran en cuenta, sería posible “aplicar atenuantes, conseguir penas más ajustadas y optar a penas alternativas a prisión, o a terceros grados iniciales [semilibertad]”.

Según el estudio de Instituciones Penitenciarias sobre la situación de las mujeres en prisión, siete de cada diez reconocen haber sufrido violencia machista. “Una vez entran en la cárcel, no las tratan como víctimas de nada”, critica Montfort, que expresa preocupación por cómo muchas presas quedan atravesadas por la soledad: “No solo a nivel familiar, sino institucional”.

[Fuente: ctxt]