La enésima crisis política y diplomática entre España y Marruecos ha puesto nuevamente de manifiesto la vulnerabilidad de las relaciones que mantenemos con nuestros vecinos del sur, y demuestra la precaria relación que mantiene la Unión Europea con los estados africanos en materia migratoria. Es una relación desigual, desequilibrada, que los estados del norte procuramos controlar, pero que a veces se sale del carril por nuestras propias contradicciones e inconsistencias. Las llamadas devoluciones en caliente son el síntoma más visible.

Desde hace muchos siglos, las sociedades prósperas han intentado aislarse y protegerse de las menos desarrolladas. Desde la muralla china o las erigidas por el imperio romano para prevenir las invasiones de los bárbaros, hasta las alambradas de Ceuta y Melilla o el muro de Donald Trump, los gobernantes han procurado vanamente establecer fronteras con el propósito, como señalaba Manuel Rivas, de separar a los pobres del pastel.

Sin embargo, esa cuadratura del círculo es imposible: queremos recibir de los países del sur el número de inmigrantes que nos conviene para que limpien nuestras casas, recojan las cosechas, construyan los edificios, cuiden de los ancianos y nos sirvan el aperitivo, y al mismo tiempo procuramos desentendernos de las guerras que asolan sus territorios con las armas que les vendemos, las más de las veces a cambio de sus recursos naturales que tanto necesitan nuestras industrias. Y cuando acuden por millones a nuestras fronteras huyendo de la pobreza, la corrupción y la violencia de las que somos cómplices silenciosos, les negamos la entrada.

Para poder confinar con la conciencia tranquila en sus territorios sin esperanza ni oportunidades de vida digna a esos millones de víctimas que llaman a nuestra puerta, empezamos por olvidarnos de que emigrar es un derecho fundamental reconocido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948. Esos seres humanos, las más de las veces indocumentados, intentan ejercer su derecho empujados por una necesidad extrema que cualquier tribunal consideraría una eximente completa. Lo ejercen ciertamente de manera irregular, pero esa ilicitud no les puede ser reprochada porque somos nosotros los que no les ofrecemos la posibilidad de migrar de manera regular, como ellos preferirían sin duda, ni la de subsistir decentemente en su tierra. Sus países de origen, 56 hasta la fecha, han ratificado la Convención de la ONU de 1990 sobre derechos de los migrantes y sus familias, en vigor desde 2003. La Convención les garantiza el derecho a no ser discriminados, la igualdad de condiciones laborales, educación, asistencia médica y seguridad social, la protección de sus autoridades diplomáticas, etc. Ningún país de la Unión Europea la ha ratificado; tampoco Estados Unidos o Canadá.

Después, nos empeñamos en deshumanizar a los inmigrantes etiquetándolos como ilegales. Es más fácil asumir que se ahoguen en el Mediterráneo, o que nuestras fuerzas de seguridad les disparen con munición antidisturbios mientras intentan alcanzar nuestras playas —como ocurrió en El Tarajal en 2014— si son individuos que están quebrantando la ley. El ejemplo más elocuente de la deshumanización y la criminalización de la inmigración lo ofrece probablemente la definición de la Secure Fence Act —ley de frontera segura— de Estados Unidos, aprobada en 2006 en plena guerra contra el terror y sancionada por el presidente George Bush, que establecía en su artículo 2 como objetivo la “prevención de entradas ilegales en los EE. UU., incluyendo entradas de terroristas, otros extranjeros ilegales, instrumentos de terrorismo, narcóticos y otro contrabando”. La Unión Europea siguió ese desafortunado ejemplo mezclando a partir de 2010 en su Estrategia de Seguridad Interna la migración con el terrorismo y el crimen organizado.

Debidamente ubicados ya en el lado oscuro de la ley y de nuestro subconsciente, procedemos, cuando se acercan a nuestras fronteras, a la expulsión colectiva de los migrantes, a pesar de que está expresamente prohibida por la Convención de la ONU; bendecimos esas devoluciones mediante resoluciones del Ministerio del Interior, los tribunales ordinarios, el Tribunal Constitucional y hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y nos olvidamos, por último, de que son potenciales beneficiarios de asilo, impidiendo por la vía de hecho que puedan acceder a cualquier autoridad ante la que hacer valer ese otro derecho fundamental, reconocido en el artículo 14 de la misma Declaración Universal.

Hemos externalizado y privatizado nuestras fronteras. Empleamos empresas de seguridad cuyos métodos no verificamos, convirtiendo el control de la migración en un floreciente negocio. Suscribimos convenios con los países de origen o de tránsito (Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, Nigeria y tantos otros) y les pagamos —especialmente la Unión Europea a partir de 2015, el año del éxodo de los refugiados de la guerra en Siria— para que les impidan acercarse a nuestras fronteras, así como para que acepten sin hacer muchas preguntas a los que devolvemos indiscriminadamente, sean o no nacionales del territorio que los recibe.

En esta situación, es natural que nos encontremos sometidos de vez en cuando a la presión de nuestros socios del sur, que de repente, por cualesquiera razones de agenda política, levantan la mano y dejan pasar a algunos miles de desesperados, creando crisis humanitarias como la de estos días en Ceuta, de gran repercusión mediática; resultando con diferencia esta segunda parte —la de nuestra imagen internacional— la que parece preocupar más a nuestros gobernantes, que harían mucho mejor previniendo la primera, que las más de las veces termina mediante la devolución del control sobre los inmigrantes a las mafias que les retienen y explotan, o entregándoles a autoridades no democráticas en territorios donde no podemos asegurar que estarán a salvo de violaciones de sus derechos humanos.

El Gobierno español haría bien en renunciar a las devoluciones en caliente, que la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa Dunja Mijatovic ya denunció como ilegales en 2018. La Unión Europea debería reconsiderar, además, sus políticas migratorias, que enriquecen a las empresas de seguridad pero dejan a los migrantes y refugiados a merced de gobernantes desaprensivos y grupos de crimen organizado. Los recursos naturales de África que más vamos a necesitar en los próximos años son sus recursos humanos. Para protegerlos, en vez de erigir muros que nunca van a evitar que sigan llegando, debemos ratificar la Convención de Inmigración que reconoce sus derechos; respetar y cumplir la Convención sobre los Refugiados renunciando a devolverlos a territorios donde su vida, libertad y seguridad no puedan ser garantizadas; y finalmente, seguir la recomendación del personaje de J. M. Coetzee: mientras esperamos a los bárbaros, debemos impedir la actuación de aquellos para quienes existen consideraciones más importantes que las de la decencia.

[Fuente: InfoLibre. El autor es fiscal del Tribunal de Cuentas, y antes lo fue del Tribunal Supremo y de la Fiscalía Anticorrupción.]