El capitalismo no se puede confundir como una mera economía de mercados. Los mercados no existen sin instituciones que garanticen su funcionamiento. Tampoco sin un entorno natural y social que les dote de los materiales, la energía y las personas que constituyen la base de todos los procesos productivos. Es más, el funcionamiento real de las economías capitalistas no se puede confundir con un mero trasiego de compra y venta de mercancías. Las empresas capitalistas son organizaciones más o menos complejas, según su tamaño, organizadas verticalmente y con jerarquías. Su actividad se desarrolla a partir de un cierto nivel de planificación (que, como toda planificación, está expuesta a resultar errónea y experimentar complicaciones). Y, en su vida cotidiana, son frecuentes las luchas de poder, tanto en la estructura interna como en sus relaciones con otras empresas y el poder político. Las economías capitalistas reales no son el mundo del capitalismo competitivo que describen los manuales básicos de economía, sino uno en el que predominan grandes corporaciones, con una enorme capacidad para influir sobre reguladores, competidores y sociedad, con bastante capacidad para desarrollar estrategias complejas, y donde las luchas de poder y la intervención sobre la esfera pública forman parte de su día a día. Gran parte de la economía académica se ha dedicado a generar un relato falso sobre la naturaleza del capitalismo. Y la izquierda que confunde capitalismo con mercados ha caído en su falacia.

La tendencia al oligopolio y al monopolio es innata a la dinámica de las empresas capitalistas. El crecimiento empresarial es tanto una muestra de su éxito como un mecanismo defensivo frente a la competencia. Existen muchas ventajas en crecer: desde la reducción de costes asociada a las economías de escala y de alcance, hasta la mayor facilidad para acceder a financiación y los mayores recursos para influir sobre el entorno político y social. Como ocurrió en la pasada crisis financiera, algunos bancos eran tan grandes que fueron salvados con dinero público para evitar que su caída tuviera un efecto arrastre al conjunto de la economía. Por otra parte, la actividad de las empresas genera impactos diversos sobre la naturaleza y la sociedad que en muchos casos pueden tener efectos muy negativos. Esto se debe a que una organización pensada para obtener beneficios monetarios tenderá a ignorar los efectos que provoca. De ello se deriva toda la problemática de los costes sociales (o las externalidades, en el lenguaje económico convencional) con sus múltiples vertientes: laborales, ecológicas, sanitarias, etc. Las regulaciones y las instituciones nacen precisamente de la necesidad de todo este complejo de rivalidades, estructuras de poder y efectos colaterales de la actividad empresarial. En muchos casos, la regulación de la actividad empresarial aparece como respuesta a las reacciones sociales que provocan los desmanes empresariales. En otros, simplemente para establecer reglas de juego que protejan a los propios capitalistas y ordenen lo que en otro caso sería un mundo económico caótico.

Las leyes y regulaciones cumplen por tanto diferentes objetivos: garantizan los derechos de la propiedad capitalista, regulan el funcionamiento de los mercados, introducen límites a los derechos del capital, regulan las condiciones de la competencia capitalista, etc. Se trata, por tanto, de un campo propicio al conflicto y la acción política, puesto que la concreción de las regulaciones aumenta o limita los derechos de las empresas y los individuos. Una queja habitual del mundo empresarial es el exceso de regulaciones que coarta su libertad de acción, pero esta es una queja interesada, orientada a imponer el tipo de regulaciones más adecuada a sus intereses.

Al inicio de la contrarreforma neoliberal, ésta se presentó como una demanda desreguladora, antiburocrática. Lo que en realidad introducían las reformas neoliberales era un cambio en la regulación más favorable a los intereses empresariales. Entre otras cosas, una de las innovaciones del período fue la creación de organismos reguladores de los mercados independientes del poder político, que son fácilmente cooptables por los sectores que en teoría deben controlar: muchos de sus miembros proceden de las propias empresas, y la filosofía económica que los domina es proclive a defender la primacía de los intereses del capital frente al resto de la sociedad. Hay que considerar también el papel que juegan los grandes despachos jurídicos en la elaboración de normas, en sus recursos ante los tribunales, en su papel de mediación en defensa de los intereses capitalistas. Así, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Nacional de la Competencia proviene del despacho de abogados Cuatrecasas, lo que no es en absoluto baladí: está regulando a sus antiguos clientes. El conflicto real no es más o menos regulación, sino cuál es la regulación adecuada.

La mayor parte de los conflictos de los últimos meses se centran básicamente en un conflicto regulatorio que vale la pena analizar.

El precio de la luz puede resultar más dañino para el apoyo electoral al Gobierno que la aprobación de los indultos. En un mundo altamente electrificado, el impacto de la tarifa eléctrica ―sobre todo en los niveles de renta más bajos― es muy importante. El precio final al que se paga el recibo eléctrico es la suma de una enorme variedad de partidas que hacen difícil entender su lógica. Básicamente, se divide entre el precio de la electricidad que pagan las distribuidoras a los productores y unos costes regulatorios que incluyen costes fijos como el transporte por la red eléctrica, además de impuestos como el IVA. Este sistema es el resultado de toda la construcción de un modelo de regulación que en teoría se presentó como la creación de un mercado competitivo que conseguiría abaratar el precio del suministro.

El sistema eléctrico español siempre ha sido oligopólico. Durante muchos años, de hecho, fue un monopolio puro y duro, pues las empresas se repartían el mercado nacional, establecían condiciones únicas de precios y suministro y actuaban coordinadas a través de la patronal UNESA. Hasta principios de los 80s estaba controlado básicamente por empresas privadas con fuertes vínculos con la banca. Entonces se produjo un cataclismo a causa de las inversiones nucleares y el encarecimiento del crédito internacional. Unas cuantas compañías estaban en situación de quiebra. Para salvar a la banca, el Estado salió al rescate comprando FECSA y Sevillana de Electricidad a través de Endesa. Después vinieron las privatizaciones de Endesa (actualmente controlada por la italiana Enel) y parte de la red de gas, que pasó a manos de Gas Natural. El proceso culminó con la fusión de Gas Natural y Unión Fenosa, dejando un mercado con tres grandes actores: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Desde los tiempos de UNESA, el sector siempre ha tenido una enorme influencia sobre los ministerios encargados del tema energético y sobre los mecanismos reguladores. Es sobradamente conocido su peso en la Comisión de Seguridad Nuclear y el sistema de puertas giratorias colocando en sus consejos de Administración a políticos retirados (ver info infra).

Altos cargos que relacionados con las grandes eléctricas

Ex presidentes gobierno

José Maria Aznar (PP) – Consejero de actividad internacional Iberdrola

Felipe González (PSOE) – Consejero de Gas Natural (Naturgy)

Ex ministros

Ángel Acebes (PP) – Consejero Iberdrola

Fátima Báñez (PP) – Consejera Iberdrola

Juan Carlos Croissier (PSOE) – ex Director General Endesa

Luis de Guindos (PP) – Consejero de Endesa

Isabel García Tejerina (PP) – Consejera Neoenergia (filial brasileña de Iberdrola)

Cristina Garmendia (PSOE) – Consejera Naturgy

Rodolfo Martin Villa (PP) – Ex Presidente Endesa 1997-2002

Elena Salgado (PSOE) – Consejera Endesa

Narcís Serra (PSOE) – Ex consejero Endesa

Pedro Solbes (PSOE) – Consejero Enel (empresa italiana propietaria de Endesa)

Ex altos cargos

Carlos Aguirre Calzada (ex jefe gabinete Secretaría Estado de Energía) – Director de ONIE (la empresa que organiza el mercado eléctrico)

Nemesio Fernández Cuesta (ex Secretario Estado Energía) – Consejero Gas Natural (Energy)

Otros políticos

Manuel Marín, ex Presidente Congreso (PSOE) – Presidente Fundación Iberdrola

Miguel Roca Junyent, ex diputado (CiU) – Consejero Endesa

Familiares directos

Ignacio López del Hierro (marido de Dolores de Cospedal) – Consejero Iberdrola

Esta lista sólo incluye las relaciones con las tres grandes eléctricas. No se ha tenido en cuenta los numerosos políticos en los consejos de administración de Red Eléctrica y Enagás, dos empresas en las que el estado aún tiene participación, ni en otras energéticas como Repsol o Cepsa.

El establecimiento de un mercado competitivo en estas condiciones suena a entelequia. Se hizo forzando a subdividir cada grupo en dos unidades en teoría independientes: la de producción y la de distribución, En teoría, son independientes, pero realmente obedecen a una misma dirección y nadie ha explicado cómo es posible que con esta situación donde los que compran y los que venden son el mismo, y el precio final se transmite al cliente final sin ningún poder efectivo, no haya espacio para manipulaciones de todo tipo.

Especialmente cuando, además, se estableció que el precio se fijaría por el coste marginal del último kilovatio comprado en el mercado, Esto funciona más o menos de la siguiente manera: imaginemos que la demanda final para el día cualquiera es de 680 GWh. Las empresas productoras ofrecen electricidad en función de su capacidad y sus costes. Pongamos que el precio del KWh es de 0,020€ para las hidroeléctricas, 0,025€ para las nucleares, 0,055€ para las eólicas, 0,065€ para las centrales solares, 0,100€ para las de ciclo combinado y 0,119€ para las de gas natural. Si toda la demanda de 680 GWh se abasteciera con lo que aportan las hidráulicas, nucleares y eólicas el coste final a pagar sería de 0,055 €/KWh, las hidráulicas tendrían un beneficio extraordinario de 0,035 € por KWh y las nucleares de 0,030€ por KWh. Pero si la última central que se pone en el mercado es de gas, el precio se dispara y el resto de centrales obtendrá un beneficio súper extraordinario. En teoría, el juego es limpio; a la demanda total se llega por el consumo de empresas y privados, y la oferta es el resultado de la estructura de centrales que tenemos en el país. Pero, en la práctica, es más fácil de manipular. Por ejemplo, una de las empresas productoras decide parar alguna central nuclear alegando algún pequeño problema o dejar inoperativa alguna planta eólica o solar alegando una climatología adversa, y consigue colocar los últimos MWh con alguna planta de gas y obtener un jugoso beneficio para el conjunto de sus instalaciones. Todo el sistema es desaforado, está diseñado para garantizar una alta rentabilidad de instalaciones antiguas altamente amortizadas (por eso las grandes empresas siguen peleando por prolongar la vida a las nucleares a costa de aumentar los residuos y el peligro de accidentes). Y, además, carece de un eficiente sistema de control para evitar las manipulaciones de un sector que ―a pesar de la liberalización, la entrada de nuevas distribuidoras y las productoras de energías renovable― sigue funcionando como un opaco mercado oligopólico. La enorme especulación, protagonizada por grandes grupos financieros y que existe en torno a las nuevas plantas eólicas y solares, debería constituir otro punto de alerta sobre el funcionamiento de un sector esencial y su relación con la especulación financiera.

La forma como opera el mercado es sólo una de las muchas particularidades del sistema de fijación de las tarifas eléctricas. En todo el sistema de peajes y cargas regulatorias se pueden detectar otras muchas arbitrariedades y mecanismos de retribución al sector privado. Lo muestra el anuncio del gobierno de reducir la compensación al CO₂a las centrales hidráulicas y nucleares, lo que supone una reducción de 600 millones de euros. Lo que la prensa económica afín a las eléctricas no ha dudado en calificar de “hachazo”. O todo el viejo problema del déficit tarifario. Y lo muestra también la morosidad y resistencia de la CNC (Comisión Nacional de Competencia) a investigar a fondo los posibles tejemanejes de las empresas. En el otro lado están los elevados dividendos y altas retribuciones a las cúpulas del sector. Así como la insuficiente inversión que se manifiesta periódicamente en forma de cortes y apagones que padecen muchas zonas del país. Ganar mucho no garantiza ni inversiones ni buen servicio (por ejemplo, Endesa ha dedicado la casi totalidad de beneficios a reparto de dividendos). Si un sector requiere una transformación a fondo de sus estructuras, regulaciones y controles, es el de las eléctricas. Llamar simplemente a la nacionalización puede resultar inútil cuando la única posibilidad real de hacerlo es mediante un costoso sistema expropiatorio que está fuera de las posibilidades presupuestarias. Reconstruir un sistema público a partir del control de las hidroeléctricas va a ser un proceso lento. Y, mientras tanto, hará falta una mejora sustancial de las políticas regulatorias que rompa el poder oligopólico actual y dé posibilidades al desarrollo de un sistema eléctrico democratizado.

Combatir el oligopolio eléctrico no debe hacernos olvidar que subyace una cuestión de fondo que habitualmente se solapa en el debate energético. El desarrollo de los dos últimos siglos se ha fundamentado sobre un consumo energético desaforado, que es el causante de una parte del espectacular aumento de la productividad. La crisis energética y el cambio climático apuntan a que la continuidad de esta trayectoria no es ni posible ni deseable. Y que vamos a estar frente a una necesaria reorganización de la producción y el consumo donde la reducción del consumo energético juega un papel crucial. Un proceso de enormes dificultades vista la adicción de las sociedades desarrolladas al despilfarro energético. Una transición aceptable debe garantizar niveles esenciales de suministro a todo el mundo y reducir el resto. Requiere de propuestas en múltiples direcciones, pero es posible que también en este campo una buena política tarifaria constituya un instrumento básico. Y eso no pasa precisamente por electricidad barata para todo.

III

Los problemas sociales generados por regulaciones favorables a los grandes grupos empresariales, o simplemente a los de los propietarios, están en casi todos los campos de la actividad económica. Y se encuentran presentes en los debates más relevantes de los últimos meses.

Es el caso de las patentes y los contratos públicos con las empresas farmacéuticas, puesto de nuevo en evidencia en el caso de la vacuna contra el covid-19. Un ejemplo claro de enormes beneficios obtenidos sobre las espaldas de un enorme gasto público en inversión básica y una colosal cooperación científica internacional. Unas empresas que van a obtener enormes ganancias con las vacunas y que, en cambio, llevan tiempo desinvirtiendo en la investigación de antibióticos a pesar de las numerosas voces que alertan de que existen serias amenazas sanitarias en este campo. Las patentes siempre se justifican como un mecanismo para alentar la innovación, pero a la vista está que gran parte de la misma la realizan instituciones (e investigadores) públicos. Ante la evidencia de los enormes beneficios del “Big Pharma”, nadie parece interesado en averiguar cuál es el grado de incentivo necesario para que la cosa funcione bien sin excesos. No deja de ser curioso que la respuesta de las empresas a la propuesta de abrir las patentes de la vacuna haya sido utilizar uno de las clásicas retóricas de la reacción analizadas por Albert Hirschman: «No va a servir puesto que además de las patentes hace falta tener la tecnología y los conocimientos para producir las vacunas». Una media mentira (la industria farmacéutica india lleva muchos años produciendo fármacos sofisticados) que se coloca como cortafuegos para parar en seco cualquier avance desprivatizador. La reciente aprobación, sin estudios concluyentes, de un producto contra el Alzheimer por parte de la FDA estadounidense indica la capacidad de las grandes empresas del sector por influir sobre sus presuntos reguladores.

El urbanismo y la vivienda son otro espacio donde las regulaciones juegan un papel crucial a la hora determinar poder de mercado. De hecho, una gran parte de la política urbanística se basa en diferente valor al suelo en función de la calificación urbanística. Aunque aquí no se agota su influencia. Por poner dos ejemplos que afectan a la vida urbana en los grandes centros turísticos: la posibilidad, o las condiciones, de convertir viviendas en apartamentos turísticos tiene una influencia importante a la hora de definir el precio de las viviendas; el derecho ―y las condiciones― a colocar terrazas a restaurantes y bares en la calzada pública influye no sólo en la ocupación del espacio público, sino también en el precio de los alquileres de estos establecimientos. Y este es un tema menor respecto a otros como los derechos de propietarios e inquilinos, las condiciones de desahucio, el control de alquileres… Es el núcleo de uno de los conflictos y de los dramas urbanos más sangrante, en el que los intentos de regular en beneficio de la comunidad suelen estar contestados por empresarios y economistas, con una retórica de que estas medidas «serán contraproducentes» y «se reducirá la oferta de vivienda y se agravarán los problemas».

La importancia de las regulaciones contradice la pretensión de empresarios y economistas de presentar el mercado real como un mecanismo neutro, apolítico. Los esquemas institucionales cuentan, y años de hegemonía capitalista los ha hecho complejos, densos, resistentes. Ante esto no podemos enfrentarnos con propuestas simplistas. Propugnar sin más cosas como la nacionalización de empresas o la fijación de precios de algún bien básico puede tener sentido en algunos casos, pero obliga a conocer el marco institucional en el que va a tener lugar esta iniciativa y los posibles efectos que generará. En el contexto actual, donde las perspectivas de cambios radicales están fuera de la realidad posible a corto plazo, es necesario desarrollar y dirigir parte de la acción política a generar cambios regulatorios (incluyendo en ellos transformaciones en las instituciones que los sustentan) en muchos campos esenciales. Cambios que deben estar planteados mediante estrategias que contemplen la complejidad de la mayoría de procesos productivos. Más allá de que puedan obtenerse resultados que mejoren aspectos sustanciales de la vida social, esta lucha puede servir también para afinar ideas y conocimiento para construir una alternativa real a la organización capitalista de la economía.

30/6/2021

La familia como organización criminal

José A. Estévez Araujo

Un juez instructor acusó hace un año a la familia Pujol de ser una organización criminal y el pasado abril la Audiencia Nacional desestimó el recurso interpuesto por el clan contra esa y otras imputaciones. Todos los Pujol están procesados menos Marta Ferrusola, exonerada por razones de salud mental.

Con el recurso, el clan quería hacer recaer toda la responsabilidad en Jordi Pujol (jr.), a quien parece irremediable que condenen. Pero la Audiencia Nacional reitera que todos los miembros de la familia se lucraron. Sostiene asimismo que actuaron de manera coordinada entre sí, abriendo y cerrando cuentas de forma sincronizada o transfiriendo fondos entre las mismas. Crearon, además, sociedades offshore para ocultar los fondos y blanquearlos después. En el auto del juez instructor constan las "fundaciones instrumentales de nacionalidad panameña" de las que son beneficiarios cinco de los hermanos y Marta Ferrusola. El 16 de junio el Juzgado Central de Instrucción resolvió abrir juicio oral al expresidente de la Generalitat y sus siete hijos.

Estoy habituado a que una organización mafiosa se denomine "familia" desde que vi "El Padrino". Pero es la primera vez que me entero de que a una familia se la considere (jurídicamente) una "organización criminal" (lo que no significa que no haya ocurrido antes).

Pujol creó en Catalunya un Estado clientelar-patrimonial en el que lo público se confundía con lo privado. En el centro se encontraba su clan. Alrededor de éste se fueron formando una serie de círculos concéntricos. Según algunos cálculos unas tres mil personas dependían directamente de la "organización" para subsistir en su día a día. Sus cargos, empleos, subvenciones, negocios, o concesiones, estaban en manos de la familia Pujol-Ferrusola. Se formó también otro círculo más amplio, cuyas dimensiones no se conocen, integrado por las personas que realizaban ocasionalmente "negocios" con alguno de los miembros del clan o recibían favores puntuales de ellos.

El poder del estado catalán fue manejado como si fuera un patrimonio privado. Y a la inversa: la actividad empresarial privada fue tratada como si fuera un asunto público durante el proceso por el caso Banca Catalana. Pujol convirtió el intento de encausarle en un ataque contra Catalunya.

El periodista Alfons Quintà fue quien hizo saltar el escándalo de Banca Catalana a la luz pública. Publicó en El País un artículo muy documentado del que fue coautor. Tenía una segunda parte preparada, pero ésta fue vetada por Juan Luis Cebrián, director por entonces del periódico, tras recibir una llamada del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Cebrián le mandó a éste una copia del texto que tenía sobre su mesa. También se la hizo llegar a Francesc Cabana, secretario del consejo de administración de Banca Catalana y cuñado de Jordi Pujol. Les dijo que no lo publicaría de momento.

Todo eso se cuenta en "El hijo del chófer", una biografía psicoanalizada (no novelada) de Alfons Quintà, escrita por Jordi Amat. El autor presenta al periodista como un individuo muy perturbado, marcado por el abandono de su padre. De ahí nacería su resentimiento contra todas las demás personas que le dejaron en la estacada a lo largo de su vida. Tenía clavada con chinchetas una tarjeta de cada una de ellas en la pared de su estudio. Una de las personas asaeteadas era Jordi Pujol. Le odiaba por la cancelación del proyecto de la Enciclopedia Catalana en 1971. En ese momento lo estaba financiando Banca Catalana y se había convertido en una empresa ruinosa. Todos los redactores de entradas de la enciclopedia fueron despedidos, entre ellos Quintà.

También cuenta que tiempo después de la publicación del artículo sobre Banca Catalana, en abril de 1982, Cebrián y Polanco decidieron apear a Alfons Quintà del proyecto de crear una edición catalana de El País. Le traspasaron el encargo a Antonio Franco, entonces director de El Periódico de Catalunya, quien tuvo que darle la noticia a Quintà. Esa misma noche Pujol llamó por teléfono al periodista para fijar un encuentro. En la reunión le insinuó que estaba pensando en él para el proyecto de crear una radiotelevisión pública catalana. Se dio un quid pro quo, que en ningún momento se explicitó, pues ambos conocían los arcanos de la política: tenía que dejar de escribir sobre Banca Catalana. Poco tiempo después, Pujol le encargó formalmente que montara la televisión pública catalana, tv3, haciendo bueno el dicho “mantén cerca a tus amigos, pero aún más a tus enemigos”. Un ejemplo paradigmático del tipo de cooptación clientelar que practicaba el President.

Los hechos por los que se encausa ahora a la familia Pujol-Ferrusola por constituir una "organización criminal" constituyen una secuencia que se inicia en 1990.

De acuerdo con el auto de procesamiento, ese año Jordi Pujol Ferrusola empezó a ingresar flujos de dinero de origen presuntamente ilegal en una cuenta de Andorra. Luego repartía esos fondos entre las diferentes cuentas de la familia. Las imposiciones se realizaban mayormente en efectivo para no dejar rastro. Estamos hablando de ingresos que oscilan entre uno y 175 millones de pesetas. Posteriormente se crearon sociedades offshore para ocultar los fondos. En el auto se identifican varias fundaciones panameñas de las que eran beneficiarios cinco de los hijos de Jordi Pujol y Marta Ferrusola. Finalmente se realizaban operaciones de blanqueo para "aflorar" esos capitales. Como ya se ha señalado, el juez consideró a todos los miembros de la familia participantes activos de la trama. Por eso acusa a la familia de constituir una organización criminal.

Jordi Pujol Soley no aparece como titular de ninguna de las cuentas en el principado, pero el auto afirma que:

"Jordi PUJOL SOLEY dispuso de un contrato bancario en la entidad ANDBANK. (…) En esta cuenta corriente figura como titular con carácter formal Jordi PUJOL FERRUSOLA. Existe documentación (…), que revela que los saldos depositados en la misma serían propiedad de Jordi PUJOL SOLEY, ejerciendo su hijo Jordi PUJOL FERRUSOLA exclusivamente de fiduciario, razón por la que formalmente consta como titular" (p.74).

Varios medios de comunicación se han preguntado por qué la familia Pujol-Ferrusola montó ese tinglado y por qué lo hizo en ese momento precisamente. Se suele sostener que el propósito era la conservación del estatus económico y social del clan una vez que Pujol abandonara la presidencia, aunque algunas voces de la "opinión publicada" han elaborado variables de esta explicación que son auténticas tonterías. Era un momento de pugna en Convergència entre los partidarios de Roca y los de Pujol, por lo que el liderazgo del President estaba siendo puesto en cuestión. Pero hay que señalar también que Jordi Pujol no se arruinó con la quiebra de Banca Catalana -como ocurrió con otros accionistas y muchos clientes-. Ocultó sus acciones y las vendió posteriormente a la entidad que adquirió "su" banco.

El "¡enriqueceos!" de Carlos Solchaga expresaba el Zeitgeist o espíritu de la época. Eran los tiempos en que triunfaban gentes como Javier de la Rosa, o Mario Conde. Jordi Pujol Ferrusola ensayó la vía del "pelotazo" asociándose con Lluis Prenafeta y Artur Mas, pero parece que no tenía madera de tiburón de las finanzas, razón por la que presuntamente puso en marcha una vía alternativa para cumplir con el mandato del inefable ministro "socialista".

Pero más allá de las coyunturas y la integridad (o falta de ella) de personas y familias, la corrupción se ha convertido en algo inherente al modo de funcionamiento actual de las instituciones públicas. Eso no exime de responsabilidades jurídicas y morales ni a los corrompidos ni a los corruptores, pero exige indagar cuáles son los factores que convierten la corrupción en algo sistémico si se quiere combatirla con éxito. Una de las causas está relacionada con la financiación de los partidos políticos, que necesitan cantidades crecientes de dinero para sufragar las campañas electorales y sus aparatos. El margen de discrecionalidad de que disponen los poderes públicos es otro de los factores, especialmente cuando sus decisiones tienen una gran trascendencia económica. Dos ámbitos son especialmente relevantes a este respecto y aparecen asociados a la mayoría de los casos de corrupción: el urbanismo y la contratación administrativa.

No es nada nuevo. Lo que sucede ahora es que múltiples prácticas que antes hubieran sido consideradas corruptas se encuentran legitimadas bajo el manto de la llamada "gobernanza". Parafraseando una frase que dijo Obama a propósito de los "Papeles de Panamá": muchas veces el problema es que lo que hacen es legal.

30/6/2021

Violencia y acoso a las mujeres en el mundo laboral

El Convenio 190 de la OIT: un paso de gigante (si los Estados quieren)

Rosa Ana Alija Fernández

La OIT ha apostado en la última década por mejorar las condiciones laborales de millones de mujeres, como evidencian los dos últimos convenios adoptados por la organización: el Convenio núm. 189, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, de 2011 [véase el articulo de Isabel Otxoa en este mismo número], y el Convenio núm. 190, sobre la violencia y el acoso, de 2019. Aunque no se puede perder de vista que los convenios de la OIT tienden a ser de mínimos, dada la diversidad socioeconómica de sus 187 Estados miembros, ambos instrumentos ponen sobre la mesa realidades cuya incidencia sobre las condiciones de trabajo de las mujeres es inmensa: en el primer caso, por la abrumadora mayoría de mujeres que desarrollan trabajos del hogar y los cuidados; en el segundo, porque la violencia o el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas, siendo en particular significativos los altos índices de acoso sexual en el puesto de trabajo.

El preámbulo del Convenio núm. 190 deja patentes las razones que, junto al impacto por motivos de género, hacen necesario luchar contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En efecto, tales prácticas pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos; son una amenaza para la igualdad de oportunidades, y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente; afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar y social; también tienen un efecto negativo en la calidad de los servicios públicos y privados, y pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente. Tal vez el rasgo más interesante de este instrumento –que, a su vez, puede ser un problema para lograr que la generalidad de los Estados lo ratifiquen– es la amplitud con la que aborda el problema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Por primera vez se da una definición internacional de este fenómeno, precisando el convenio que la expresión “violencia y acoso” engloba “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. De manera específica, define esta última modalidad como “la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual”.

Sobre estas mimbres, el convenio extiende su ámbito de aplicación a cualquier relación en el mundo del trabajo, ya se trate de personal asalariado, personas en formación, quienes hayan sido objeto de despido, quienes realicen voluntariado, personas en busca de empleo y postulantes a un empleo, y quienes ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un/a empleador/a. También cubre cualquier escenario o situación en conexión con el desempeño de un trabajo: el lugar de trabajo, sea público o privado; los lugares donde se paga a la persona que realiza el trabajo, donde descanse o coma, o en las instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios; en desplazamientos, viajes, actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo, y en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo; en las comunicaciones relacionadas con el trabajo, y en el alojamiento proporcionado por la persona empleadora.

Asimismo, se especifica que se aplica a todos los sectores, público o privado, en zonas urbanas o rurales, y de la economía tanto formal como informal. Este último aspecto es particularmente relevante, ya que introduce una perspectiva expansiva de quién debe ser considerado/a “trabajador/a”, y con ello amplía la protección a personas particularmente expuestas a la violencia por la precariedad de sus condiciones laborales, lo que en el caso de las mujeres puede ser de especial utilidad para proteger a colectivos como las jornaleras, las trabajadoras del hogar y los cuidados, o las trabajadoras sexuales. Por otra parte, no es difícil deducir que, de ser aplicado correctamente, puede mejorar sustantivamente las condiciones laborales de aquellas personas en situación de migración irregular que realizan trabajos en la economía informal. Esta idea se expresa sin ambages en la Recomendación núm. 206, adoptada junto con el convenio y sobre la misma materia. Pese a ser un instrumento –como su propio nombre indica– meramente recomendatorio, su mayor detalle ofrece una guía adecuada para concretar lo que se espera de los Estados. Así, en ella se señala que los miembros de la OIT deberían adoptar medidas para proteger a los trabajadores migrantes, y en especial a las trabajadoras migrantes, contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, “con independencia de su estatus migratorio”.

También introduce la recomendación una suerte de salvaguarda que merece ser mencionada, en la medida en que está orientada a la prevención de la discriminación indirecta, como es la puntualización de que los miembros deberían velar por que las medidas de prevención de la violencia y el acoso no resulten en la restricción ni la exclusión de la participación de las mujeres o de personas pertenecientes a grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad en determinados empleos, sectores u ocupaciones. Se trata de un enfoque a años luz de los planteamientos paternalistas que dominaban los convenios adoptados en el pasado, como el núm. 4 (de 1919), el núm. 41 (de 1934) –ambos ya derogados– o el núm. 89 (de 1948), sobre el trabajo nocturno y las mujeres, que prohibían que estas fueran empleadas durante la noche, o el núm. 45 (de 1935), sobre el trabajo subterráneo, que impide emplear a mujeres en los trabajos subterráneos de las minas, y que tuvo que ser denunciado por España tras determinar el Tribunal Constitucional (sentencia 229/1992, de 14 de diciembre) que introducía una distinción incompatible, por discriminatoria, con el artículo 14 de la Constitución.

Otras concreciones relevantes que ofrece la recomendación son, por ejemplo, la indicación a los Estados de que deberían velar por que “todos los trabajadores y todos los empleadores, incluidos aquellos en los sectores, ocupaciones y modalidades de trabajo que están más expuestos a la violencia y el acoso, disfruten plenamente de la libertad sindical y del reconocimiento”, o que en la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo se tengan en cuenta aquellos que impliquen a terceras personas, como clientes, proveedores de servicios, usuarios, pacientes y el público, y los que “se deriven de la discriminación, el abuso de las relaciones de poder y las normas de género, culturales y sociales que fomentan la violencia y el acoso”.

La protección de las víctimas de violencia y acoso en el lugar de trabajo ocupa un lugar central en el convenio. Entre las obligaciones que de él se derivan para los Estados que lo ratifiquen, se encuentra la de velar por que las víctimas de violencia y acoso tengan acceso efectivo a mecanismos de presentación de quejas y de solución de conflictos, asistencia, servicios y vías de recurso y reparación “que tengan en cuenta las consideraciones de género y que sean seguros y eficaces”. Particularmente relevante es la obligación de “reconocer los efectos de la violencia doméstica y, en la medida en que sea razonable y factible, mitigar su impacto en el mundo del trabajo”, que enlaza los espacios privado y público para posibilitar un abordaje omnicomprensivo de los efectos de la violencia. Junto a estas obligaciones, se incluyen otras tanto preventivas como reactivas, como la previsión de sanciones o el garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos, permitiendo que los órganos de inspección puedan imponer la interrupción de la actividad laboral en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad de los/as trabajadores/as. En esta línea, llama positivamente la atención el que la recomendación proponga la puesta a disposición de quienes cometan actos de violencia y acoso en el mundo del trabajo de servicios de asesoramiento u otras medidas para evitar la reincidencia.

En suma, el Convenio núm. 190 y la Recomendación núm. 206 son los primeros instrumentos en establecer un estándar de alcance universal, con un marcado enfoque de género, para luchar contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La entrada en vigor del convenio, el 25 de junio de este año, no puede sino ser bienvenida. No obstante, su nivel de seguimiento es aún bajísimo, pues solo seis Estados (Argentina, Ecuador, Fiji, Namibia, Somalia y Uruguay) han depositado su instrumento de ratificación. El gobierno español anunció la ratificación en marzo de 2020, justo antes de la declaración del estado de alarma, pero aún no ha depositado el instrumento de ratificación. Y es urgente: de acuerdo con la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, se estima que más de 1.322.000 mujeres de 16 o más años residentes en España habían sufrido violencia sexual fuera de la pareja, un 6,6% en el lugar de trabajo; más de 8.240.000 habían sufrido acoso sexual, de las cuales un 17,3% apuntaba a un varón dentro del ámbito laboral como la persona que lo había ejercido; más de 2.737.000 habían sufrido violencia física fuera de la pareja, un 2,6% a manos de alguien del trabajo. Por su parte, el estudio El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral en España, elaborado por CCOO y publicado en 2021, revela que estas prácticas son principalmente realizadas por superiores jerárquicos (47%), personas de la misma categoría laboral (32%) y otras personas (9%) –entre las que se señalan familiares y amistades del jefe (2%) y clientes (2%)–. Es probable que la pandemia de COVID-19 sea la responsable de esta demora, pero, como ha apuntado Natalia Díaz Santín, consejera de la Oficina de la OIT para España, las transformaciones del mundo laboral que ha traído aparejadas son un motivo más para que su ratificación sea imperiosa.

29/6/2021

Panorama tras los indultos

Albert Recio Andreu

Todo lo que afecta a la política catalana está preñado de emoción. Tanto en Catalunya como en el resto de España. La decisión de hacer salir de la cárcel a los presos del procés, vía indultos, no podía escapar a esta norma. Y esta inflamación sentimental suele ser poco propicia al diálogo y a los matices. Esta carga la podemos ver en lo que hemos ido escribiendo sobre el procés los mismos redactores de esta revista, que en esta cuestión tendemos a discrepar entre nosotros más que en muchos otros temas. Desde mi personal punto de vista, los indultos eran necesarios y adecuados. Por dos razones básicas: la necesidad de quitar tensiones y martirologio en la política catalana; y el tratar de reparar un proceso judicial sesgado. Algunos analistas apuntan que, además, el indulto no sólo va a servir para su objetivo principal, el de la situación política catalana, sino también para frenar o endulzar una posible sentencia europea que dejara en evidencia las formas de la alta justicia española.

Lo primero, lo de quitar tensiones, es bastante obvio. Mantener a políticos tanto tiempo en la cárcel ayuda más a mantener la tensión que a crear un espacio en el que pueden sondearse otras cosas. Sacarlos de la cárcel puede ayudar, sobre todo, a los que han mostrado un mayor reconocimiento de que la solución unilateral no llevaba a ninguna parte. Los encarcelados fueron, además, los que aceptaron someterse a juicio a diferencia de los que salieron corriendo alegando una estrategia “inteligente” y autoproclamándose exiliados (de hecho, algunos no han sido ni siquiera procesados, lo que añade un toque más teatral a su actuación). La respuesta agria de un sector de Junts per Catalunya (y del aliado-correa de transmisión, la ANC) a los indultos muestra el temor que representa la nueva situación para el círculo de Puigdemont.

Entre gente de izquierdas existía el temor de que los indultos tuvieran un coste electoral insoportable para el Gobierno. La respuesta airada de alguno de los barones regionales del PSOE tiene más que ver con sus temores electorales que con sus principios. Aunque lo ocurrido en los últimos días con las acciones de la derecha y las propias primarias del PSOE en Andalucía hace pensar que, a menos que en Catalunya se vuelva a liar una algarada grave, habrá otras cuestiones de tipo económico y social que van a pesar más a la hora de votar.

Los políticos indultados tienen sin duda una enorme responsabilidad política, pero es más discutible que ésta puede traducirse a una responsabilidad penal de la magnitud que han tenido que arrostrar. En mi opinión, su primer “delito” tiene que ver con su propia base social a la que hicieron creer que la independencia era posible con sólo quererla y movilizarse de vez en cuando. Se puede entender que algunos de estos líderes en el pequeño mundo local se autoconvencieran del cuento, pero personas como Raúl Romeva o Clara Ponsatí, con años de experiencia vital internacional, sólo podían sostener este punto de vista mintiendo a su gente (o siendo unos completos incompetentes en cuestiones de política internacional). Esta misma irresponsabilidad se mostraba en la ignorancia de la capacidad coercitiva del Estado en sus diversas variantes, algo que explica cómo la gente afrontó las movidas en torno al 1 de octubre. En segundo lugar, son responsables de generar un discurso político que rompía la cohesión de la propia sociedad catalana, separando entre patriotas y metecos. Es una tensión que siempre ha estado presente de forma larvada en la sociedad catalana, y que la intensa campaña propagandística procesista reactivó. En tercer lugar, todo el “procés” ha generado una pseudo cultura democrática que confunde el hecho de votar con un proceso realmente participativo, deliberativo y respetuoso con toda la población: el debate sobre la independencia fue un mero ejercicio de propaganda sin debate dirigido sólo a la población potencialmente convencible de su bondad, no hubo debates serios ni informados, se daba por bueno cualquier resultado en que se alcanzara la mayoría, no se plantearon ni los efectos colaterales ni el respeto a las minorías, etc. Y, en cuarto lugar, todo eso se hizo empleando todo el poder gubernamental, desde arriba. Por un Govern que al mismo tiempo ignoraba los problemas materiales de la sociedad catalana, y que había sido un cruel partidario de recortes en las políticas sociales. Todos estos hechos, en conjunto, son ciertamente reprobables, injustificables y merecedores del ostracismo político de sus líderes. En términos políticos deben ser condenados, pero es bastante más dudoso que ello debiera traducirse en el proceso penal posterior.

Generaron tensión, pero no hubo violencia. La mayor violencia fue sin duda la acción policial en diversos colegios electorales. Desobedecieron normas, pero cuando llegó el momento decisivo hicieron una vergonzante declaración de independencia que ni siquiera se plasmó en el acto simbólico de cambiar la bandera. Después salieron corriendo o se sometieron a los procesos judiciales. Cuando se aplicó el 155 y hubo la oportunidad de llevar a cabo una acción de desobediencia civil a gran escala, se sometieron a las órdenes de las nuevas autoridades y aceptaron acudir a las elecciones que convocó el Gobierno Rajoy. Más que de un proceso de insubordinación, lo que vivimos fue una representación teatral, en la que algunos se creyeron el papel. Y que por su carácter catártico ha dejado un amargo poso. Pero no hubo golpe de estado, ni siquiera un intento real de subversión del orden. Nada que ver con el 23-F, ni con la larga acción violenta de ETA, ni siquiera con octubre de 1934.

III

Este proceso no se puede acabar de entender sin su contraparte: el Partido Popular. Para su estrategia de toma del poder, Catalunya hace muchos años que es un tema clave. Por varias razones combinadas: es un territorio perdido para ellos en clave electoral, ha sido tradicionalmente un lugar de voto de la izquierda y el nacionalismo catalán es un aliado potencial de la izquierda. Esto se rompió en la primera victoria de Aznar, cuando éste necesitaba votos para su investidura y CiU aceptó apoyarle a cambio de suculentas compensaciones (un amigo de Madrid, bien informado, me contó que corría el rumor de que el día de su pírrica victoria, Aznar era consciente que sólo llegaría al Gobierno pactando con CiU y PNV; tuvo un acceso de ira y la emprendió con el mobiliario de Génova). Como se vio en su segunda legislatura, el proyecto del PP era de nacionalismo español, centralista, sin concesiones ni pactos. Un proyecto sólo viable cuando gana por mayoría absoluta (o si a su mayoría puede sumar otras fuerzas de derecha españolista), y para ello necesita generar una tensión que haga imposible la mayoría alternativa: la suma de las izquierdas y los nacionalismos periféricos. Y un proyecto solo viable si se practica una política nacionalista simétrica a la de los nacionalistas vascos y catalanes en los territorios donde sus propuestas tienen audiencia. La estrategia pepera de la tensión tiene una larga trayectoria: desde el esperpéntico boicot al cava, pasando por la campaña contra el Estatut, hasta la actual contra los indultos. Cuenta, además, con una palanca crucial: su desmesurada influencia en el poder judicial. Una influencia que es en parte sociológica ―la carrera judicial ha sido de tiempo inmemorial un campo copado por gente conservadora― y en parte producto de todas las maniobras y bloqueos que el PP practica para conseguir, cuando menos, minimizar el impacto de sus derrotas electorales y condicionar la vida política. La opción de Rajoy de no intervenir en el procés y dejar que este se encauzara por la vía judicial, más que una dejación de funciones parece obedecer a una estrategia premeditada.

Y el poder judicial, ciertamente, ha jugado un papel central en todo el drama. Empezando por el tajo al Estatut de Catalunya, negociado y aprobado en las Cortes y refrendado por los electores catalanes, que marcó un giro en el proceso de radicalización del catalanismo. Y siguiendo por la forma como se ha llevado el proceso judicial del 1-O, donde numerosos juristas prestigiosos (como por ejemplo Martín Pallín, o el ex fiscal José María Mena) han mostrado las irregularidades del proceso y lo exagerado de las condenas. Hay un paralelismo poético: los independentistas catalanes chocaron con la negativa europea de apoyar su proceso, pero la justicia española también ha chocado con la europea cuando ha tratado de colar su interpretación jurídica de los hechos. No se trata de un tema puntual, la colonización de la cúpula del sistema judicial por la derecha va mucho más allá de la cuestión catalana. Afecta a la posibilidad de avances en muchos terrenos sociales, donde el PP está en condiciones de torpedear leyes e iniciativas. Destacando además que a esta influencia se suma también la de los poderes económicos con casos tan “vistosos” como los que afectan a los intereses bancarios o la sentencia del Tribunal Supremo dándole la vuelta a la anterior del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que declaraba nula la creación de Aguas de Barcelona (el núcleo del imperio Agbar). Es significativo que el Consejo General del Poder Judicial haya negado al diario Ara la lista de jueces que participaron en actividades retribuidas por Agbar.

En el caso que nos ocupa, la variedad de procesos judiciales abiertos a distintos participante del “procés” puede convertirse en un terreno minado para cualquier política de apaciguamiento y reconversión de la situación en Catalunya. Es obvio que la denuncia de un estado general de represión al que aluden continuamente los independentistas es totalmente exagerada e interesada (mezclan casos de corrupción con procesos más o menos justificados sobre actuaciones concretas). Pero también es cierto que alguno de los procesos abiertos parece más orientado a recalentar la situación que a favorecer una pacificación del ambiente. Han conseguido incluso convertir en mártir a Andreu Mas-Collell, un prestigioso economista que, sin embargo, debería ser objeto de una crítica sería por sus muchas responsabilidades: en la política de recortes, en su silencio ante el crecimiento del independentismo, o en su papel en la política universitaria (especialmente en un modelo de precarización del profesorado), así como en su dogmatismo intelectual.

A corto plazo, no se pueden esperar muchos cambios. Sin duda, en Catalunya se va a reforzar el enfriamiento de la tensión, algo perceptible desde hace un tiempo. Una parte del independentismo sabe cuáles son sus límites, y está optando por intervenir de forma más posibilista. De todas formas, no pueden esperarse milagros. De un lado, porque persiste una feroz guerra entre los dos grandes sectores del independentismo (en gran medida, el “procés” se activó como parte de esta guerra entre ERC y la extinta CiU), y toda la experiencia anterior le ha dado más alas al sector más inflamado, más carlista, que representa Puigdemont. El hecho de haber situado el objetivo máximo, la independencia, en el corto plazo, expone cualquier acción en otra línea a ser denunciada como una traición a la patria. Una acusación a la que todas las partes son muy sensibles y a menudo les conduce a callejones sin salida. Hay que esperar por tanto el mantenimiento de la retórica procesista y, si ocurren cosas diferentes, éstas circularán por vías menos vistosas.

Del otro lado (el de la derecha española) hay que esperar todo tipo de maniobras para tensar la situación. Para torpedear la acción del Gobierno y para provocar reacciones insensatas del independentismo. Forma parte tanto de la vieja estrategia aznarista como de la dinámica competitiva entre PP y Vox (una vez desaparecido Ciudadanos). Se trata de generar un discurso donde el PSOE sea presentado como traidor (otra vez los parecidos) y donde la acción de Gobierno se vea continuamente impugnada y bloqueada. A menos que los independentistas cometan una de sus tradicionales salidas de tono, esta estrategia puede tener un efecto limitado. Las decisiones judiciales, tanto en España como las que pueden adoptar los tribunales europeos, pueden tener quizás más influencia que la acción política.

El Gobierno español ha aprobado los indultos en el momento más favorable, cuando no hay elecciones a la vista. Pero debe afrontar en los próximos años la crisis económica y social generada por el covid-19, y queda expuesto a la presión de los poderes económicos locales e internacionales y a nuevas convulsiones de diversa índole (financieras, de precios de materias primas, nuevos desastres ecológicos…). Es ahí donde se juega posiblemente la continuidad de un proceso moderadamente reformista, y se juega la posibilidad de evitar que la derecha y la extrema derecha (un continuo, más que dos campos diferenciados) tengan éxito en un nuevo asalto al poder político. Porque lo que puede resultar mortal es que una mala situación económica y social desanime o desoriente a una parte de la población que tradicionalmente apoya a la izquierda. De lo que puede o debe hacer la izquierda transformadora hablaremos después del verano. Nos hace falta meditar y encontrar vías de intervención para salir airosos de una situación que sigue plagada de trampas y grandes amenazas.

30/6/2021

Ensayo

Ramón Campderrich Bravo

La Covid-19 no fue un desastre natural

La denuncia del Dr. Horton que nuestros políticos deberían leer

¡Oprimiré tu espíritu mañana!

Piensa cómo en mi juventud me asesinaste en Tewkesbury:

¡por tanto, desespera y muere!

Shakespeare, Ricardo III, Acto V, Escena V.

Transcurrido más de año y medio desde el inicio de la epidemia mundial de Covid-19, no abundan los libros dedicados a analizar la gestión de esa gran primera pandemia del siglo XXI que ha sido, y sigue siendo, la Covid-19 [1]. Uno de esos más bien escasos libros sobre la gestión de la Covid-19 es la obra del Dr. Richard Horton Covid-19. La Catástrofe [2]. El Dr. Horton es director de la prestigiosa revista médica The Lancet.

El propósito fundamental de la obra de Horton es describir y evaluar críticamente la gestión de la pandemia de Covid-19 realizada por los gobiernos de Norteamérica y Europa Occidental, aunque también dedica bastante atención a otras áreas geográficas del mundo con el objeto de establecer comparaciones entre las decisiones tomadas por los gobiernos occidentales y las adoptadas por los gobiernos de esas otras áreas. El libro de Horton contiene asimismo información acerca de la identidad genética y el funcionamiento biológico del SARS-CoV-2 (el virus causante de la Covid-19), las características clínicas de la nueva enfermedad coronavírica [3] y los orígenes últimos de la actual epidemia mundial, pero estas cuestiones no constituyen el centro de atención del ensayo del científico británico.

El punto de partida de Horton es la idea de que la Covid-19 es una ꞌsindemiaꞌ. El término ꞌsindemiaꞌ fue acuñado por el Dr. Merrill Singer en los años noventa del siglo pasado. Con este término, el Dr. Singer quería superar el enfoque reduccionista sobre las causas y el tratamiento de las enfermedades infecciosas epidémicas que dominaba la ciencia médica desde mediados del siglo XX, enfoque que se había reforzado con el desarrollo de la genética y las entonces incipientes técnicas de ingeniería genética. Consideraba Singer que las enfermedades infecciosas epidémicas no se podían comprender desde una perspectiva unidimensional, como un producto exclusivo de la naturaleza y las potencialidades biológicas de los microbios generadores de las enfermedades y de sus cuadros clínicos. La comprensión adecuada de la enfermedad y de su difusión en una población determinada requería una perspectiva más amplia, interdisciplinar, que, además del conocimiento proporcionado por la medicina especializada y la microbiología, tuviera en cuenta las aportaciones de la ecología y las ciencias sociales. Pues, según Singer, el origen, el desarrollo y el impacto de una enfermedad epidémica sólo se podían entender como el resultado de la interacción de una pluralidad de factores ecológicos, socioeconómicos, políticos, culturales y, por supuesto, biológicos (microbiológicos, genéticos, médicos…). En definitiva, Merrill Singer propugnaba una concepción amplia de la epidemiología y la investigación a ella asociada, no limitada a la genética, la microbiología y la hiperespecialización médica [4].

La visión de las enfermedades epidémicas como ꞌsindemiasꞌ tiene importantes consecuencias prácticas, resalta el Dr. Horton. La manera de afrontar eficazmente una enfermedad epidémica, o de prevenirla, desborda la tarea de determinar el mejor tratamiento médico disponible o de descubrir gracias a la investigación tecnocientífica punta el fármaco final y exige un planteamiento más holístico y menos individualista. Es preciso también decidir e implementar políticas relativas a la salud pública, a las desigualdades socioeconómicas, al urbanismo, al sistema de producción y distribución de bienes y servicios, a los desplazamientos de población y al medio ambiente, entre otras cuestiones, en la medida en que todo eso incide en el origen, la evolución y la propagación de las enfermedades epidémicas. Y ello es así porque la enfermedad infecciosa con potencial epidémico no es tan solo una patología bacteriana o vírica que degrada o destruye un cuerpo individual, sino que interactúa con otras enfermedades o condiciones sanitarias presentes en una población y con aspectos sociales y ecológicos como la desigualdad socioeconómica, la pobreza, los movimientos de población unidos a la globalización o la creciente presión sobre nuestro entorno ecológico.

En suma, Norton nos recuerda que las epidemias son un problema colectivo, precisamente un problema de salud pública, y que, por lo tanto, la respuesta a las mismas debe ser coherente con esta asunción elemental. Durante demasiado tiempo, sobre todo debido a la hegemonía política y cultural del individualismo neoliberal, se ha olvidado esta realidad esencial de las enfermedades epidémicas y esa podría haber sido la clave del porqué nos ha ido tan mal con la Covid-19.

El Dr. Horton, como se ha señalado, no se ocupa por extenso en su ensayo del origen de la Covid-19. Es partidario de la tesis de la zoonosis ꞌnaturalꞌ, en el sentido de que su agente patógeno, el SARS-CoV-2, debe de ser un virus procedente de un animal salvaje, probablemente, una especie de murciélagos cuyo nicho ecológico se encuentra en las cuevas del sudeste de China, el cual, de algún modo todavía desconocido, entró en contacto con poblaciones humanas y llegó a adquirir por su propia evolución genética y los mecanismos de la selección natural tanto la capacidad para infectar a seres humanos como para transmitirse entre seres humanos y hacerlos enfermar. Considera el director de The Lancet que la tesis de la fuga, accidental o deliberada, de un virus modificado genéticamente en laboratorio de algún centro de investigación de Wuhan fue puesta en circulación por la Administración Trump con la finalidad de desviar la atención sobre su nefasta gestión de la pandemia y erigir un chivo expiatorio de sus propias responsabilidades (Norton terminó su libro el 1 de enero de 2021) [5].

Según Horton, la primera noticia de lo que más tarde sería conocido como la Covid-19 que rebasó las fronteras de China se produjo el 30 de diciembre de 2019. Ese día el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan publicó una nota en la red social china Weibo admitiendo la existencia en un hospital de Wuhan de siete enfermos en condición crítica aquejados de una “neumonía atípica”, si bien restaba importancia al hecho notificado. El mensaje era una réplica a un mensaje anterior publicado en la misma red social por el oftalmólogo Li Wenliang, en el cual éste advertía de la presencia de un coronavirus similar al del peligrosísimo SRAS [6] en el cuerpo de algunos enfermos de neumonía ingresados en el hospital de Wuhan donde trabajaba, según le habían comentado algunos compañeros suyos de dicho hospital. Li Wenliang fue amonestado ese mismo día por las autoridades sanitarias locales y obligado a firmar un documento comprometiéndose a no difundir más “rumores” acerca del asunto. El mensaje del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan del 30 de diciembre captó la atención de ProMED [7], que lo difundió inmediatamente, y el 31 de diciembre de 2019 el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan comunicó a la oficina china de la OMS sita en Pekín los llamativos casos de “neumonía atípica” detectados.

En esta fase incipiente de la tragedia de la Covid-19, las autoridades administrativas y sanitarias de Wuhan intentaron ocultar a las autoridades centrales chinas lo que estaba ocurriendo en su ciudad. El 1 de enero de 2020 ordenaron el cierre del mercado de Wuhan juzgado en un principio el foco inicial de contagio. Parece ser que hacia el 7 de enero de 2020 el presidente Xi Jinping estaba ya al tanto de la emergencia de un nuevo brote epidémico coronavírico en Wuhan. Poco antes, las autoridades sanitarias chinas habían empezado a informar sistemáticamente a la OMS acerca del brote. El 12 de enero de 2020 científicos chinos hicieron público el genoma del nuevo coronavirus, que había sido secuenciado el 5 de enero. El 20 de enero el más destacado epidemiólogo chino, el Dr. Zhong Nanshan, descubridor del SARS-CoV [8], aseguraba que el nuevo coronavirus se transmitía con facilidad entre seres humanos. Probablemente, el gobierno chino atravesó por un período de desconcierto e indecisión entre el 7 de enero y el 22 de enero, fecha en la cual se anunció la drástica medida del confinamiento riguroso o cierre total de la ciudad de Wuhan (11 millones de habitantes) para el día siguiente. Pero ya era demasiado tarde para impedir la aparición de casos de Covid-19 en otros países, algo perfectamente lógico si se recuerda el hecho de que Wuhan es un nudo global de comunicaciones: el 13 de enero de 2020 se notificó el primer caso de infección fuera de China.

Tras confirmarse en varios trabajos científicos publicados en la última semana de enero la tesis de la fácil transmisibilidad entre humanos del SARS-CoV-2 adelantada por el Dr. Nanshan, la OMS declaró el 30 de enero una ESPII (Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional) e instó a los gobiernos de sus estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para evitar la difusión epidémica de la enfermedad en sus respectivas jurisdicciones o minimizar su impacto en caso de no lograrlo [9].

Nos hemos detenido un poco en la cronología de los comienzos de la pandemia porque, a juicio de Horton, aquélla es decisiva a la hora de valorar la gestión de ésta por parte de los gobiernos del área euroamericana. En opinión de Horton, esos gobiernos tuvieron tiempo sobrado para minimizar el impacto deletéreo de la primera ola de la Covid-19, si no, incluso, soslayarlo en lo sustancial, tal y como les conminaba a hacerlo la OMS. Siempre siguiendo en esto a Horton, el 30 de enero de 2020, fecha de emisión de la ESPII, los dirigentes políticos europeos y norteamericanos y sus asesores científicos quedaron claramente advertidos de la gravedad de la situación, conclusión a la cual, por lo demás, deberían ellos mismos haber llegado sin necesidad de la ESPII, a la vista del confinamiento de la megaciudad de Wuhan y de los trabajos que confirmaban la transmisibilidad entre personas del SARS-CoV-2. Nuestros gobernantes dejaron transcurrir un tiempo precioso sin reaccionar o reaccionando sólo con mensajes confusos o inapropiados. Al final, cuando lo hicieron, la ꞌsindemiaꞌ se había extendido por todas partes.

¿Qué hubiera requerido una responsable gestión de la Covid-19? Si sistematizamos los contenidos del texto de Horton, la respuesta a esa pregunta se concreta en medidas y dispositivos como los siguientes:

Un sistema de detección y evaluación precoz de amenazas epidémicas.
Un sistema de diagnóstico, rastreo y aislamiento de los casos confirmados y de los casos sospechosos exhaustivo y bien organizado, amén de atento a las necesidades específicas socioeconómicas y sanitarias de los distintos grupos de población, en particular, de aquellos más vulnerables a la ꞌsindemiaꞌ [10].
La adopción de medidas colectivas de barrera anticipatorias adecuadas: cierre de fronteras internacionales al transporte de pasajeros y al tráfico automovilístico, medidas de restricción de la movilidad de las personas escalonadas y de intensidad progresiva y, sólo como último recurso —desde un punto de vista conceptual, no temporal o secuencial—, confinamiento total riguroso.
Un sistema de asistencia sanitaria restaurado, reforzado y ampliado tras los embates de los recortes de gasto público sociosanitario real de las últimas décadas, a los cuales cabe calificar con toda propiedad de suicidas. El cómputo final de las víctimas mortales de la Covid-19 deberá incluir a todos aquellos que perecieron por falta de la debida atención médica como consecuencia de la saturación de los servicios sanitarios derivada de la priorización de los millones de casos de la Covid-19. Esta saturación tal vez no se habría producido con un sistema sanitario mejor financiado y no minado por la privatización de servicios públicos.
Un sistema de producción, almacenamiento y provisión de equipos de protección personal en previsión de una emergencia sanitaria a gran escala destinado a preservar a los trabajadores de la salud y otros trabajadores esenciales del contagio —de ser infectados y de infectar a otras personas— [11].

Ninguno de los países occidentales más castigados por la Covid-19 (Bélgica, Italia, España, Reino Unido y EEUU) disponía de los sistemas anteriormente apuntados. Tampoco adoptó las medidas pertinentes señaladas en el momento oportuno, sino a destiempo, sin capacidad para anticiparse a la evolución catastrófica de la pandemia. Siempre fueron a remolque de la misma. Esas carencias sistémicas y ese fatal retraso revelan, en opinión del Dr. Horton, la inexistencia de una política pública de gestión de ꞌsindemiasꞌ previa a la Covid-19, a pesar de que la parte de la comunidad científica más sensibilizada con el tema venía avisando desde los primeros años del siglo XXI del elevado riesgo de emergencia de una grave epidemia zoonótica con potencial para transformarse en una virulenta pandemia global.

La prueba de que contener la expansión de la Covid-19, acorralarla y reducir su impacto sanitario al mínimo era posible incluso antes de la invención de una vacuna eficaz la proporcionan, afirma el director de The Lancet, el éxito en su lucha contra la Covid-19 de países como Taiwán, Corea del Sur, Japón o Nueva Zelanda. Las cifras de mortalidad y de incidencia de la enfermedad en estos países son ridículas, insignificantes, en comparación con las correspondientes a Europa y Norteamérica. Conviene subrayar que los tres países asiáticos citados no necesitaron recurrir a confinamientos generales tan radicales, tan lesivos de los derechos fundamentales, como los impuestos en Francia, Italia o España en la primavera de 2020 [12].

Otras ideas expuestas en el libro de Horton merecedoras de ser indicadas son las que siguen a continuación:

La ꞌsindemiaꞌ de la Covid-19 se ha visto acompañada de una verdadera ꞌinfodemiaꞌ. En palabras del autor, una ꞌinfodemiaꞌ “es un exceso de información, verdadera o no, que obstaculiza una respuesta efectiva y fiable ante una pandemia”. El aluvión de información contradictoria y de embustes en torno a la Covid-19 dificultó sin ningún género de duda la percepción racional de los orígenes, rasgos y tratamiento de la enfermedad coronavírica y, por consiguiente, contribuyó a retrasar la acción eficaz contra la epidemia.
La ausencia de una cooperación internacional a la altura de la amenaza que representa la pandemia de la Covid-19. Por definición, una pandemia, más aún si es concebida en términos de ꞌsindemiaꞌ, es un fenómeno global, por no decir el problema global más acuciante en la actualidad, que reclama una respuesta global y, en consecuencia, una coordinación a nivel mundial, de la cual no hubo el menor rastro en 2020. Es más, algunos países optaron por un unilateralismo agudizado por el nacionalismo y buscaron debilitar y desacreditar la principal base de coordinación de la acción gubernamental a escala mundial de que disponemos en la esfera de la salud pública: la OMS (el autor se refiere sobre todo a los EEUU de Trump y el Reino Unido de Boris Johnson) [13].
No ignora el Dr. Horton que el uso de dispositivos electrónicos invasivos de la privacidad de las personas con la finalidad de rastrear y detectar posibles contagios y vigilar el cumplimiento de las órdenes de aislamiento y de las normas anti-Covid restrictivas de la movilidad puede entrar en conflicto con los derechos fundamentales y hasta favorecer la aparición o consolidación de poderes totalitarios (públicos y privados). Sin embargo, Horton sostiene que este riesgo no nos debe impulsar a renunciar por completo a la aplicación de las nuevas tecnologías digitales y de vigilancia electrónica en el terreno de la salud pública, sino a hallar un equilibrio entre la garantía de los derechos fundamentales y la utilización de dichas tecnologías en beneficio de todos.
Horton también menciona la conveniencia de instituir comisiones de investigación independientes sobre los orígenes y la gestión de la Covid-19, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, que permitan, en la medida de lo posible, clarificar los hechos y servir de base para la rendición de cuentas de los responsables ante las instancias judiciales y parlamentarias competentes por los daños personales y sociales evitables ocasionados por la pandemia.

El libro comentado en estas líneas concluye con una extraña reflexión dirigida contra los sistemas políticos occidentales que, por momentos, se transforma en una reivindicación de la tecnocracia. Según Horton, los sistemas políticos representativos del área euroamericana, especialmente aquellos bajo control de políticos populistas, han demostrado una vez más con su gestión de la ꞌsindemiaꞌ de la Covid-19 su ineptitud para abordar los problemas globales de todo tipo que agobian a la humanidad en el siglo XXI. En las páginas 183 a 186 de Covid-19. La catástrofe se da a entender que es una condición indispensable para nuestra supervivencia sustituir como poder gobernante de la sociedad la fracasada y mezquina clase política por una tecnocracia de científicos. Esto suena bastante a una reivindicación de una elite platónica de ꞌreyes filósofosꞌ. Tal sistema de gobierno, en el cual los expertos serían los decisores reales de los asuntos públicos en virtud de sus méritos científicos, además de ser seguramente incompatible con los valores democráticos, como el propio autor señala, no es de fiar. No es de fiar porque a la calamitosa condición presente de la humanidad nos ha llevado, en buena medida, la excesiva confianza en una tecnocracia: la tecnocracia de los expertos económicos ortodoxos iniciada hace tres o cuatro décadas.

Notas:

[1] Según la OMS, el número oficial reportado de decesos debidos a la Covid-19 (3,4 millones) ha de multiplicarse por dos o tres para tener una estimación aproximada realista de la mortandad causada por la epidemia (entre 6,8 y 10 millones de personas; cfr. Noticias ONU, edición en español del 21 de mayo de 2021).

[2] Horton, R., Covid-19. La catástrofe. Qué hicimos mal y cómo impedir que vuelva a suceder, Antoni Bosch editor, Barcelona, 2021, 193 pp.

[3] En este apartado, destaca la distinción entre la Covid-19 aguda y la Covid-19 “larga”, siendo esta última una enfermedad grave y prolongada que puede ocasionar secuelas importantes de muy larga duración o, incluso, permanentes. Las estadísticas oficiales deberían incluir un registro de los afectados por la Covid-19 “larga”.

[4] Dicho aún de otro modo, más simple y terminante: una epidemia es un problema sociosanitario, no exclusivamente un problema médico. Y un problema sociosanitario, como cualquier otro problema social, es un problema colectivo, el cual no se identifica con una suma aritmética de problemas individuales, sino que es algo que transciende esa suma de problemas individuales. Esta diferenciación entre problema social o colectivo y mera suma de problemas individuales se suele olvidar con frecuencia en una época de dominio cultural de un individualismo exacerbado. Así nos va…

[5] Es cierto que existen centros de investigación en los cuales se modifican genéticamente virus de manera rutinaria, con los fines más diversos (es lo que se denomina investigación y manipulación de virus con ganancia de función, o GOFRC, por sus siglas en inglés, que puede derivar en una investigación y manipulación con aplicación doble -civil y militar- o DURC; véase sobre este asunto el capítulo 10 de Osterholm, M., La amenaza más letal. Nuestra guerra contra las pandemias y cómo evitar la próxima, Planeta, Barcelona, 2020, pp. 145 y ss.). En consecuencia, una fuga de laboratorio, una especie de Chernóbil biotecnológico, es una posibilidad real. Sin embargo, el autor de este escrito no ha encontrado fuentes dignas de crédito que sostengan la tesis de la fuga de un virus modificado genéticamente de un laboratorio de Wuhan. En cualquier caso, la verdad de esa tesis no exoneraría de sus responsabilidades a los gobiernos por su desastrosa manera de abordar, en la mayoría de los casos, la ꞌsindemiaꞌ de la Covid-19. Por otra parte, si algún día llegara a comprobarse que es correcta, podría tener consecuencias de un alcance difícil de imaginar.

[6] Síndrome respiratorio agudo severo, provocado por el coronavirus SARS-CoV. Fue una enfermedad epidémica originada en el sudeste de China en 2002. Unas ocho mil personas contrajeron la enfermedad, cuyo índice de mortalidad fue estimado en un 11%. El brote epidémico se extinguió en 2003. Desde 2004 no ha habido más casos, que se sepa.

[7] Red de la Sociedad Internacional para Enfermedades Infecciosas. Se trata de una asociación de científicos y periodistas consagrada al estudio y la prevención de enfermedades infecciosas.

[8] Véase nota 6.

[9] Los datos consignados por el Dr. Horton en su libro han sido complementados con algunos otros, extraídos de Honigsbaum, M., The Pandemic Century, Penguin, Harmondsworth, 2020, pp. 307 y ss. y MacKenzie, D., Covid-19. The Pandemic that Never Should Have Happened and How to Stop the Next One, Hachette Books, Nueva York, 2020, pp.18 y ss.

[10] El autor elogia la red de hospitales-refugio (centros de aislamiento medicalizados) montada a toda prisa por el gobierno chino para garantizar el aislamiento de los positivos por coronavirus, asintomáticos incluidos, su atención óptima durante el aislamiento y el seguimiento de su evolución clínica. De este modo, no sólo se hacía más difícil el incumplimiento del aislamiento, sino que disminuía enormemente el contagio entre convivientes y se descargaba en parte a las familias del peso del aislamiento. En los países occidentales, una medida de ingreso obligatorio en un centro de aislamiento como la china hubiera sido de muy dudosa constitucionalidad, pero sí se debería haber ofrecido a los positivos leves y asintomáticos una red de centros donde cumplir su período de aislamiento en condiciones dignas. Seguro que muchos lo habrían aceptado con tal de proteger a sus familiares del contagio o ante la falta de un lugar idóneo para cumplir el aislamiento debidamente atendido.

[11] Esta cuestión está relacionada con la generalización de los sistemas de producción y comercialización just in time (cfr. Estévez Araújo, J.A., “Las transformaciones económicas de la globalización neoliberal”, en Estévez Araújo, J.A. (ed.), El derecho ya no es lo que era. Las transformaciones jurídicas en la globalización neoliberal, Trotta, Madrid, 2021, pág. 66).

[12] La ventaja de la condición insular de Nueva Zelanda, Japón y Taiwán y cuasi insular de Corea del Sur queda neutralizada por el tráfico aéreo.

[13] La cooperación internacional es vital para el desarrollo de programas de vacunación masivos en todo el planeta. Sin una inmunización del 50-70% de la población mundial (el porcentaje varía según la fuente consultada), la Covid-19 seguirá siendo un problema de salud pública de primera magnitud. La erradicación completa de la Covid-19, siguiendo el ejemplo de la campaña contra la viruela de los años sesenta y setenta del siglo pasado, presupondría porcentajes aún más elevados de inmunización, pero casi nadie piensa en un objetivo tan ambicioso. Sin vacunación global (también de las nuevas generaciones), el SARS-CoV-2 seguirá siendo un peligro gravísimo para los países ricos, pues su circulación libre entre poblaciones no inmunizadas generará tarde o temprano variantes de las que ni siquiera unas vacunas perfeccionadas podrán defendernos (hasta encontrar un nuevo fármaco). Sin embargo, por ahora, el universo de las vacunas anti-coronavirus está dominado por una jerarquía geográfica que es vivo reflejo del injusto orden global en que vivimos. Es vergonzoso que muchos países del otrora llamado Tercer Mundo no hayan podido siquiera vacunar a su personal sanitario, como denunció hace algunas semanas el secretario general de la OMS (BBC Noticias Mundo, 14 de mayo de 2021).

17/6/2021

Antonio Antón

Desventajas de género y nueva ola feminista

Comunicación al Encuentro Intercongresual del Comité de Investigación de Sociología del Género (julio 2021)

Introducción

En los últimos años, el principal proceso de movilización social progresista ha sido el feminista, dentro de un marco más amplio de cambio social y político-electoral. Se produce en un contexto de agravamiento de la situación de desigualdad y dominación de las mujeres y, específicamente, ante un crecimiento de la conciencia de su injusticia y un deterioro de las mentalidades machistas y conservadoras.

La crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia, añadida a los efectos de la crisis social y económica iniciada en 2008, ha agudizado esas desventajas de las mujeres en un triple sentido: un mayor el sobreesfuerzo en la función de cuidados y garantía en la reproducción social y de la vida; un mayor impacto de paro y precarización en sus empleos, y una mayor desigualdad percibida como injusta en su estatus social y vital.

Por otro lado, persiste el bloqueo institucional a las mejoras en ese campo, sobre todo por los Gobiernos anteriores del Partido Popular cuyas políticas han perdido legitimidad social. Tras quince años de limitada y contraproducente gestión institucional, centrada en la inacción trasformadora, preventiva y de recursos prácticos, el desvío punitivista y la reacción puritana, se ha percibido la impotencia institucional y de esas políticas.

Se ha reforzado la agenda feminista para hacer frente a la nueva dimensión de las desventajas de las mujeres, en términos de desigualdad y prepotencia machista, sin suficiente protección pública, así como de todas las personas discriminadas por la desigualdad de género y entre los géneros o por su opción sexual. Todo ello ha consolidado la necesidad de la presión movilizadora feminista para promover un cambio sustantivo y real, la llamada cuarta ola, junto con la emergencia de nuevas tendencias y élites feministas.

Relevancia de la nueva ola feminista

El feminismo ha adquirido una nueva relevancia sociopolítica y cultural, particularmente en España. Incluso se habla de otra ola feminista, la cuarta, por perfilar sus características específicas. La reactivación feminista, con su dinámica expresiva, sus objetivos y sus procesos identificadores, en sus distintos niveles, ha cobrado una nueva dimensión los últimos años. Tiene un gran impacto en los ámbitos político-institucionales y culturales, en la transformación y legitimidad de los distintos actores, así como en la conformación de una dinámica más amplia y multidimensional de cambio de progreso frente a las tendencias machistas (o patriarcales). La acción por la igualdad y la emancipación femenina se enfrenta a la discriminación, la desigualdad y la dominación de las mujeres, así como a los factores estructurales e institucionales que las mantienen, en particular a las tendencias conservadoras, reaccionarias o autoritarias.

Los fundamentos de la subordinación femenina están claros: gravedad de las desigualdades sociales, laborales y de estatus, con desventaja para las mujeres; persistencia de la violencia y las coacciones machistas, con mayor dependencia e inseguridad para ellas; insuficiente reconocimiento de las libertades para desarrollar las distintas opciones vitales, sexuales o de género. Constituyen los tres ejes fundamentales expresados en la actual ola feminista: por la igualdad social, económico-laboral y relacional o de estatus de las mujeres; contra la presión y las agresiones machistas, y por la emancipación y la capacidad de decisión sobre sus trayectorias y preferencias personales.

Los contextos sociopolítico-cultural y económico-laboral están bien definidos. Primero, amplio y duradero descontento feminista y popular, convertido en activación cívica masiva a partir de 2018 y, especialmente, entre las mujeres jóvenes que han profundizado su identificación feminista. Todo ello como respuesta cívica y solidaria ante la incapacidad de las élites gobernantes y las principales políticas institucionales para superar esas lacras, sobre todo durante el Gobierno anterior del Partido Popular de M. Rajoy. Pero también, por las insuficiencias de la normativa, la gestión y el entramado institucional impulsados en la época anterior por el Ejecutivo socialista de R. Zapatero. Así, la Ley de igualdad y La ley contra la violencia machista, desde hace quince años, tuvieron un efecto inicial positivo de sensibilización feminista, pero han sido incapaces de garantizar un cambio real en esas condiciones de subordinación y desventaja de las mujeres, quedando en el formalismo retórico, con ausencia de políticas preventivas y sustantivas, y el punitivismo contraproducente. Sus procesos legitimadores se han agotado y exigen un nuevo impulso transformador.

Al mismo tiempo, desde el reaccionarismo ultraconservador aparecen nuevos riesgos de involución sociocultural respecto de la relativa posición social igualitaria conseguida, así como nuevas desventajas derivadas del sobreesfuerzo exigido a las mujeres en el ámbito laboral y de los cuidados en la actual crisis sanitaria, socioeconómica y de fragilidad de los servicios públicos. Esas reacciones se producen, precisamente, ante los amplios avances democrático-igualitarios en las relaciones interpersonales y las mentalidades, así como ante las nuevas exigencias de un cambio real y sustantivo por la igualdad y la libertad de las mujeres, reforzado por un amplio campo progresista. El choque de expectativas, principalmente entre las jóvenes, desde una cultura democrática e igualitaria y con dinámicas reales desventajosas es evidente. Es la base del malestar, la indignación y la activación feminista.

Este marco sociopolítico y de legitimidad de la acción cívica feminista, está conectado con el empeoramiento del contexto socioeconómico y la precarización del empleo esta década por las crisis socioeconómicas y las políticas de recortes sociales, laborales y servicios públicos, que han debilitado la protección social pública y el empleo decente, ahora agravados por la crisis sanitaria. Ello genera un incremento del sobreesfuerzo femenino en la gestión de los cuidados y la reproducción vital, así como mayores consecuencias negativas en el ámbito laboral-profesional, sus condiciones de vida y su estatus público, lo que ha perjudicado especialmente a las mujeres de las capas populares y, particularmente, a las jóvenes con mayor incertidumbre para sus proyectos vitales.

Carácter de las identidades y formación de sujetos

En un libro reciente, Identidades feministas y teoría crítica, valoro diversas aportaciones teóricas de pensadoras feministas. Aquí parto de esa evaluación crítica y sintetizo el marco teórico de esta interacción entre procesos identificadores y formación de los sujetos feministas.

El tema de las identidades y su carácter no es nuevo; solo ha adquirido nuevas formas y otro lenguaje. Ahora, tiene más impacto por la disgregación de viejas identidades y la recomposición de otras nuevas, en el marco de la pugna sociopolítica y cultural por la prevalencia hegemónica de unos grupos sociales, con su estatus y privilegios de poder, frente a otros emergentes. La cuestión es que esos procesos de identificación sociopolítica (nacionales, reaccionarios, progresistas…) son diversos y ambivalentes y hay que analizarlos según su papel específico en un contexto determinado.

Desde Aristóteles los conflictos se han cubierto de la pugna entre lo particular y lo universal, el interés privado y el colectivo, el corporativismo de grupo y el interés general, lo local y lo global, o sea, entre la parte y el todo, definido como bien común desde la superioridad moral y política.

En la historia reciente, las fuerzas hegemónicas o que aspiraban a serlo han solido arrogarse la defensa de la universalidad (o transversalidad) respecto de la nación, la clase, el género o un grupo social. A las representaciones nacionales dominantes les molestaba la identidad de clase; las tendencias basadas en la identificación de clase (en la tradición socialista y comunista) consideraban problemática la identificación nacional, descalificada como divisiva.

Con los nuevos movimientos sociales, desde los años sesenta y setenta, las identificaciones parciales (feministas, ecologistas, étnico-culturales, de opción sexual…) eran consideradas por ambas tendencias, nacionalistas y clasistas, como distorsionadoras de su hegemonía basada en ‘su’ identidad central, la nación o la clase social. Esas identificaciones parciales también se tildaban de identitarias, no subordinadas a las supuestas referencias de conjunto. La experiencia del feminismo ha sido amplia y compleja para conseguir reconocimiento, aun dentro de un proceso unitario y una identificación múltiple progresistas.

Las identificaciones grupales se miran con recelo frente a la pretensión homogeneizadora de la cohesión social y nacional. La diversidad se confronta a una unidad rígida. Por otra parte, desde el consenso liberal, con cierto cosmopolitismo y mucho individualismo, las élites dominantes recelan de movimientos grupales distorsionadores de los ejes participativos normalizados, el voto individual y las instituciones públicas que representarían un interés general a su medida.

Si a la tradición reivindicativa progresista de los nuevos (y viejos) movimientos sociales le sumamos las nuevas dinámicas conservadoras y reaccionarias, incluido las de extrema derecha, y los procesos nacionalistas, la temática de las identidades parciales se complejiza, ya que pueden tener un significado diferente, progresivo y regresivo, junto con posiciones distintas en los ejes comunitario-individualizador y democrático-autoritario.

Ante esa pluralidad de significados no valen dos afirmaciones extremas: desde un liberalismo radical, que las identidades (culturales) son ‘asesinas’ y hay que destruirlas (Amin Maalouf); o desde un nacional-populismo autoritario, que las identidades (nacionales) son imprescindibles y positivas y hay que reforzarlas (Carl Schmidt). Hay que explicar el sentido de cada proceso identificatorio, así como su relación con los objetivos globales de la sociedad y, en especial, con los grandes valores de igualdad, libertad y solidaridad (y habría que añadir, democracia y laicismo).

Por tanto, la polarización abstracta identidad/no identidad no es clarificadora. Y menos la calificación despectiva de identitario a todo reconocimiento grupal diferenciado de las tendencias hegemónicas, interpretadas por los dominadores del espacio colectivo; ni tampoco es legítimo el seguidismo indiferenciado al consenso identificador dominante. El debate sobre la plurinacionalidad es significativo de ello.

Identidad particular y ciudadanía universal

El respeto al pluralismo y la regulación democrática de los conflictos debe ser la base de una convivencia intercultural. Las identidades parciales pueden conformar identidades múltiples, combinadas y abiertas, así como deben estar conectadas con una ciudadanía universal en cuanto ser humano.

Los distintos sujetos con aspiraciones hegemónicas y sus correspondientes teorías justificativas (desde el liberalismo hasta el socialismo, pasando por el nacionalismo o el populismo) siempre han querido legitimar su prevalencia en valores universales, aunque a menudo escondían intereses de grupo de poder o élite particular. Y la deslegitimación correspondiente contra demandas populares progresivas siempre se realizaba a través de la acusación de no defender el interés general (o del Estado), o sea, la estabilidad de la élite dominante desde el esquema del centro liberal.

Ello se completa en los modernos estados capitalistas con la prioridad, dentro de la ética liberal y más con la dinámica neoliberal, del beneficio propio como imperativo normativo para el comportamiento legítimo; es decir, el individualismo extremo que comparten versiones liberales y postmodernas, sin constricciones de pertenencias colectivas o intereses grupales. Al final, la realidad se conformaría por el individuo y el poder, y los grupos sociales intermedios serían disfuncionales o contraproducentes para la autoafirmación individual y la pertenencia al estatus hegemónico.

Pero, la caracterización ética (bueno o malo, igualitario o dominador) y la valoración política (progresivo o regresivo, autoritario o democrático), hay que realizarla por el papel específico de cada sujeto y proceso identificador en un contexto determinado. Las identificaciones personales y grupales, como la realidad social, son diversas, complejas y ambivalentes. Hay que prevenirse de las descalificaciones simplistas y sumarias y posicionarse según el sentido de una determinada trayectoria.

Dicho de otro modo, la legitimidad de una lucha parcial o de un grupo social específico discriminado (clase, sexo, nación…) o con desventajas relativas, no solo debe explicar la justeza de su demanda por sus condiciones de subordinación sino por su vinculación con el interés común bajo los valores universales de igualdad, libertad y solidaridad, en el marco de una democracia pluralista. Así, la identidad nacional o étnico-cultural, la identidad de clase o la identidad feminista se deben vincular, aparte de su combinación en una identificación compleja y múltiple, con un proceso igualitario-emancipador del conjunto de la humanidad, es decir, con los derechos humanos y esos principios generales, elementos constitutivos de una ciudadanía civil y social, en cuanto ser humano.

La identificación expresa relación social y reconocimiento

Las personas no se pueden separar de su vínculo social, son relacionales. La identidad colectiva expresa las características vitales comunes y su reconocimiento público. La pertenencia e identificación a un movimiento social, como el feminismo, implica participación y cooperación, compartir experiencias y apoyo mutuo, no solo ideas. Esa práctica social solidaria es el componente clave para formar un sujeto social, particularmente progresista. Las capas subordinadas, a diferencia de las capas poderosas o privilegiadas, no se asientan en el dominio o control de significativas estructuras económicas e institucionales; necesitan de su participación democrática como mayorías sociales subalternas que expresan una fuerza social transformadora. Su acción colectiva y su subjetividad, su activación cívica, son la base de su formación como sujeto activo. La identidad colectiva se transforma en sujeto social. Sin identificación no hay proceso de emancipación colectiva.

La pertenencia a la humanidad es insuficiente para explicar las relaciones sociales y su vinculación con distintas pertenencias grupales y sus condiciones específicas. Por tanto, no tenerlas en cuenta es un ejercicio de escapismo de la realidad social, de impotencia para comprenderla y transformarla. Es caer en el idealismo discursivo inoperativo, de sobrevalorar la función constructiva de realidad sociopolítica a través de la difusión de ideas abstractas sin encarnar en una dinámica social concreta. O bien, permanecer en la adaptación acrítica respecto de los respectivos grupos de poder que imponen su particular visión e identificación de forma hegemónica, o sea, con apariencia universalista cuando son particularistas.

La identidad feminista clave para el sujeto feminista transformador

La ausencia de identificación colectiva dificulta la posibilidad de la conformación de un sujeto colectivo transformador de las relaciones desiguales y de poder y sus legitimaciones hegemonistas. Prescinde de la cooperación social y solo es funcional para la adaptación individual en una estructura social desigual. De ahí que la identidad feminista, como explico en el libro citado, sea fundamental para la transformación de la desigualdad de género y la conformación de personas libres e iguales.

No tiene sentido hablar de un feminismo más allá de la identidad… feminista. La propia Judith Butler se reafirma en el feminismo, no en el posfeminismo. Se puede decir que el sujeto feminista no lo forman exclusivamente las mujeres, ni todas ellas (por el solo hecho de ser biológica, estructural o libremente elegido mujeres), ni solo ellas (solo las que padecen discriminación). El aspecto principal de identificación feminista no es su base ‘objetiva’, de pertenencia a un sexo o un género determinado; en ese sentido el feminismo sí que está más allá de la identidad de género. Pero también es insuficiente el simple componente ‘subjetivo’ de tener conciencia o desear la igualdad; las ideas o las emociones individuales son insuficientes para la construcción del feminismo como compromiso transformador.

Estos conceptos de pertenencia, identidad o sujeto tienen un carácter relacional y sociohistórico o procesual. El aspecto principal es el del comportamiento prolongado, las prácticas y vínculos sociales en relación con otros grupos sociales. En este caso, en la participación en los procesos igualitarios y de emancipación de la subordinación femenina y la discriminación derivada de la desigualdad de género.

O sea, se puede decir que para ser feminista no es imprescindible tener una identidad de género mujer (o varón o no binario), pero sí, valga la redundancia, ‘actuar’ de forma feminista, con criterios igualitario-emancipadores que es lo que define al feminismo. El feminismo es inclusivo de todas las personas participantes en ese proceso de liberación frente a la desigualdad de género y entre los géneros, por su superación como orden jerárquico discriminatorio. En ese sentido, es excluyente o crítico frente a comportamientos machistas; no es transversal sino dicotómico, enfrentado al machismo y el poder patriarcal-capitalista, aunque se produzcan situaciones intermedias.

La identidad, lo que somos, no deriva mecánicamente de nuestro sexo o las condiciones materiales, ni solo de nuestros deseos o proyectos. Quienes somos lo construimos a través de nuestra experiencia relacional, mediada por nuestra vivencia, interpretación y aspiraciones, y condicionado por nuestro estatus y las estructuras sociales y de poder. En ese sentido, tiene más que ver con lo que hacemos y con quién y cómo nos relacionamos; forma parte de la interacción humana, que genera reconocimiento y estatus diferenciados, base de la identificación personal y grupal.

Y como tal realidad, en la que se integran condiciones, relación social y subjetividad, de forma interactiva y procesual, las identidades, personales y grupales, pueden ser más o menos ambivalentes, abiertas, inclusivas, densas y múltiples y conectadas con el estatus y los derechos como ser humano. En el movimiento feminista y, en particular, en la presente ola feminista ha predominado la acción colectiva progresiva, contra la violencia machista, por la igualdad social y de género y por la libertad para decidir las propias trayectorias vitales.

Existen, aparte del sector permanente de activistas, diversos niveles de identificación con el feminismo: más del 80% de la población es partidaria de la igualdad entre mujeres y hombres; más de la mitad (casi dos tercios de mujeres y un tercio de los varones) tienen conciencia feminista, y varios millones, mayoría mujeres, han participado en las actividades y movilizaciones feministas que, en sentido estricto constituirían el movimiento feminista, en cuanto sujeto social activo legitimado por los dos niveles anteriores. Pues bien, esos procesos identificatorios y participativos tienen un contenido igualitario-emancipador y, aun con sus luces y sombras, rigideces e insuficiencias, son progresivos y beneficiosos para la sociedad.

En conclusión, la identidad feminista es positiva y legítima no solo porque expresa un compromiso liberador de un grupo social discriminado sino porque está inscrita en un proceso igualitario-liberador de la humanidad. La activación feminista se enlaza con la articulación más amplia y compleja de un campo sociopolítico y cultural de progreso. La pertenencia al feminismo la da la interacción social frente al machismo como orden estructural, el comportamiento personal y colectivo frente a la desigualdad de género, reforzada por una subjetividad emancipadora. En ese sentido, hay que fortalecerla, no diluirla.

[Antonio Antón es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. www.antonio-anton-uam.es/]

30/6/2021

El extremista discreto

El Lobo Feroz

Avatares de mi sobrino el Lobito

La verdad es que quiero mucho al chaval, a pesar de sus provocaciones y a esa adolescencia o postadolescencia que le hace particularmente terco. Bueno; me explicaré. El chico estudia Historia, con bastante afición y buenas notas. En realidad no tiene más problema que la moda antimarxista de los profesores de ahora, que se empeñan en olvidar el condicionamiento económico y ponen énfasis en todo lo cultural. ¡Cuando ni siquiera el principal problema político planteado, el secesionismo catalán, se puede entender dejando de lado el aspecto económico! Los secesionistas, en definitiva, lo que quieren ahora y lo que han querido siempre es no pagar impuestos. Y claman contra las miserias del Estado español —y no digo yo que no les falte razón, pues el Estado español, menudo uno, con su historia y su presente—, pero es que no se han mirado la otra historia, la reciente de la Generaldiktat de Catalunya, con esa familia de filibusteros envueltos tantos años en la bandera cuatribarrada, con esa Convergència que se llevaba el 3 % de cualquier obra pública del país, y con ese Artur Mas que cuando los tribunales le exigen que pague aquello a lo que se le ha condenado casi llora porque se ha autoconvencido que se le hace una injusticia... Bueno, el Estado español, es un desastre, pero, dentro de él, la Generalitat catalana lo es mucho más.

Mi sobrino diría que se me va la olla y no le faltaría razón. Porque el chico, además de estudiar Historia y leer bastante más que lo recomendado por sus profesores (que al parecer buscan congraciarse con los estudiantes no imponiéndoles nada), los sábados y domingos coge su bicicleta y se convierte en repartidor de Glove, o como se diga, para no tener que pedirle cuartos a sus padres. Yo siempre le digo que se ponga un casco, que por lo que le pagan no vale la pena romperse la crisma. Y él me contesta que no sé de qué va la misa.

—¿Cómo que no sé lo que me digo?— le digo.

Y después de muchas vacilaciones lo suelta. Que lo peor no es el pedalear y subir escaleras, sino cuando quieren darle propinas, propinas tan tacañas que acaba cogiéndolas por no hacerles un feo a los dadores, o, en cambio, propinas no tacañas, pero que intentan conseguir de él favores que nada tienen que ver con el reparto.

—¿Ah, sí?

—No te lo puedes imaginar. La gente está como que muy salida.

Mi sobrino es bastante guapote, pues ha salido a mí, pero no le imagino suscitando la lascivia del personal que compra por Amazon. Ahí hay un no sé qué sociológico que no sé qué es, pero es. ¿La pandemia? Mi sobrino me ve entristecido pero se ríe:

—No hay problema siguiendo al pie de la letra las instrucciones del reparto —dice para tranquilizarme.

Coge su bici y se va a la Biblioteca. Y yo me pregunto qué será eso de las instrucciones del reparto. Porque para los de mi quinta el mundo está tan mal repartido que cuesta pensar que esa lotería tenga algunas instrucciones.

Mi sobrino sueña con organizar a los repartidores, pero teme al potencial ejército de esquiroles que el paro facilitaría a las empresas. Le digo que la palabra esquirol es la única aportación de la lengua catalana al lenguaje político universal.

—Haced huelgas cortas —le digo—, de uno o dos días. No tendrían tiempo de ir a por esquiroles ni siquiera en esta floresta.

30/6/2021

De otras fuentes

Juan-Ramón Capella

Con el mantel puesto

Dicen los estudiosos de la enseñanza que los alumnos españoles flojean en matemáticas. Pero todos los españoles, no solo los estudiantes, flojean también en gramática. Sin embargo no es de eso, con ser notable, de lo que quería hablar, sino de una flojera muy importante que afecta a los jóvenes en general, sean estudiantes o no.

Lo dicen todos los profesores universitarios: las personas que llegan a la universidad por lo general no tienen ni idea de historia. Quizá sepan algo, según autonomías, de los 'Reyes Catódicos' o de Felipe V, pero no tienen ni idea, por ejemplo, de Mayo de 1968, ni de la Primavera de Praga, ni de la Matanza de Tlatelolco, ni saben qué hicieron Reagan y la Thatcher. Tienen una vaga idea de lo que fue la Segunda guerra mundial... que los americanos ganaron en Dunkerque... Cosas que se oyen.

De Attlee, que implantó en Gran Bretaña las jubilaciones, las vacaciones pagadas, las viviendas asequibles, la educación y la sanidad públicas, que poco a poco fueron imitadas en otros países europeos y que en su carácter de estado social mínimo no llegó a España hasta que la muerte nos hizo el favor de llevarse a Franco, de todo eso no tienen la menor idea. Att Lee puede ser un chino como Bruce Lee.

Esta ignorancia de la historia está conectada directamente, por canales ocultos como las cloacas, con la necesidad de botellón. Estos jóvenes ignorantes, que al llegar a casa se encuentran con la comida dispuesta o en la nevera (¿nevera?, ¿tenían sus abuelos una nevera eléctrica? Y si la tenían, ¿estaba bien visible en el salón-comedor?), como no saben nada de historia, ni les interesa, creen que las cosas siempre han sido así, que la epidemia del coronavirus ha sido una minucia exagerada, que se puede volver a vivir como antes, y, sobre todo, que en el futuro se podrá seguir viviendo incluso un poco mejor, y se podrá consumir algo más. Los problemas los resolverá "la tecnología".

Con la mesa dispuesta, o los alimentos preparados por otros, tras comérselos, pueden pasar directamente a los videojuegos, al porno por internet, a los concursos de la tele. Mientras, encienden un petardo liado sobre papel arrancado de un libro de historia.

¿Las matemáticas? ¿Cómo van a saber matemáticas si sus profesores solo les enseñan cálculo? ¿Cómo van a saber idiomas si a diferencia de los países civilizados en España se doblan las películas en vez de subtitularlas? ¿Cómo van a apreciar y cultivar su lengua si hasta el Estado está obsesionado por que aprendan inglés y se chapurrean clases en inglés en las universidades?

Más en general: ¿cómo va a funcionar bien un sistema educativo pésimamente pagado, cuya remuneración principal la dan a los buenos profesores el afecto y el agradecimiento de los buenos estudiantes?

Generaciones altamente preparadas para el cambio climático, la crisis energética, la escasez de agua y tierra cultivable y todo lo demás. Tendrán que venir en patera.

[Exabrupto publicado en InfoLibre]

20/6/2021

Carlos Castresana

Esperando a los bárbaros

La enésima crisis política y diplomática entre España y Marruecos ha puesto nuevamente de manifiesto la vulnerabilidad de las relaciones que mantenemos con nuestros vecinos del sur, y demuestra la precaria relación que mantiene la Unión Europea con los estados africanos en materia migratoria. Es una relación desigual, desequilibrada, que los estados del norte procuramos controlar, pero que a veces se sale del carril por nuestras propias contradicciones e inconsistencias. Las llamadas devoluciones en caliente son el síntoma más visible.

Desde hace muchos siglos, las sociedades prósperas han intentado aislarse y protegerse de las menos desarrolladas. Desde la muralla china o las erigidas por el imperio romano para prevenir las invasiones de los bárbaros, hasta las alambradas de Ceuta y Melilla o el muro de Donald Trump, los gobernantes han procurado vanamente establecer fronteras con el propósito, como señalaba Manuel Rivas, de separar a los pobres del pastel.

Sin embargo, esa cuadratura del círculo es imposible: queremos recibir de los países del sur el número de inmigrantes que nos conviene para que limpien nuestras casas, recojan las cosechas, construyan los edificios, cuiden de los ancianos y nos sirvan el aperitivo, y al mismo tiempo procuramos desentendernos de las guerras que asolan sus territorios con las armas que les vendemos, las más de las veces a cambio de sus recursos naturales que tanto necesitan nuestras industrias. Y cuando acuden por millones a nuestras fronteras huyendo de la pobreza, la corrupción y la violencia de las que somos cómplices silenciosos, les negamos la entrada.

Para poder confinar con la conciencia tranquila en sus territorios sin esperanza ni oportunidades de vida digna a esos millones de víctimas que llaman a nuestra puerta, empezamos por olvidarnos de que emigrar es un derecho fundamental reconocido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948. Esos seres humanos, las más de las veces indocumentados, intentan ejercer su derecho empujados por una necesidad extrema que cualquier tribunal consideraría una eximente completa. Lo ejercen ciertamente de manera irregular, pero esa ilicitud no les puede ser reprochada porque somos nosotros los que no les ofrecemos la posibilidad de migrar de manera regular, como ellos preferirían sin duda, ni la de subsistir decentemente en su tierra. Sus países de origen, 56 hasta la fecha, han ratificado la Convención de la ONU de 1990 sobre derechos de los migrantes y sus familias, en vigor desde 2003. La Convención les garantiza el derecho a no ser discriminados, la igualdad de condiciones laborales, educación, asistencia médica y seguridad social, la protección de sus autoridades diplomáticas, etc. Ningún país de la Unión Europea la ha ratificado; tampoco Estados Unidos o Canadá.

Después, nos empeñamos en deshumanizar a los inmigrantes etiquetándolos como ilegales. Es más fácil asumir que se ahoguen en el Mediterráneo, o que nuestras fuerzas de seguridad les disparen con munición antidisturbios mientras intentan alcanzar nuestras playas —como ocurrió en El Tarajal en 2014— si son individuos que están quebrantando la ley. El ejemplo más elocuente de la deshumanización y la criminalización de la inmigración lo ofrece probablemente la definición de la Secure Fence Act —ley de frontera segura— de Estados Unidos, aprobada en 2006 en plena guerra contra el terror y sancionada por el presidente George Bush, que establecía en su artículo 2 como objetivo la “prevención de entradas ilegales en los EE. UU., incluyendo entradas de terroristas, otros extranjeros ilegales, instrumentos de terrorismo, narcóticos y otro contrabando”. La Unión Europea siguió ese desafortunado ejemplo mezclando a partir de 2010 en su Estrategia de Seguridad Interna la migración con el terrorismo y el crimen organizado.

Debidamente ubicados ya en el lado oscuro de la ley y de nuestro subconsciente, procedemos, cuando se acercan a nuestras fronteras, a la expulsión colectiva de los migrantes, a pesar de que está expresamente prohibida por la Convención de la ONU; bendecimos esas devoluciones mediante resoluciones del Ministerio del Interior, los tribunales ordinarios, el Tribunal Constitucional y hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y nos olvidamos, por último, de que son potenciales beneficiarios de asilo, impidiendo por la vía de hecho que puedan acceder a cualquier autoridad ante la que hacer valer ese otro derecho fundamental, reconocido en el artículo 14 de la misma Declaración Universal.

Hemos externalizado y privatizado nuestras fronteras. Empleamos empresas de seguridad cuyos métodos no verificamos, convirtiendo el control de la migración en un floreciente negocio. Suscribimos convenios con los países de origen o de tránsito (Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, Nigeria y tantos otros) y les pagamos —especialmente la Unión Europea a partir de 2015, el año del éxodo de los refugiados de la guerra en Siria— para que les impidan acercarse a nuestras fronteras, así como para que acepten sin hacer muchas preguntas a los que devolvemos indiscriminadamente, sean o no nacionales del territorio que los recibe.

En esta situación, es natural que nos encontremos sometidos de vez en cuando a la presión de nuestros socios del sur, que de repente, por cualesquiera razones de agenda política, levantan la mano y dejan pasar a algunos miles de desesperados, creando crisis humanitarias como la de estos días en Ceuta, de gran repercusión mediática; resultando con diferencia esta segunda parte —la de nuestra imagen internacional— la que parece preocupar más a nuestros gobernantes, que harían mucho mejor previniendo la primera, que las más de las veces termina mediante la devolución del control sobre los inmigrantes a las mafias que les retienen y explotan, o entregándoles a autoridades no democráticas en territorios donde no podemos asegurar que estarán a salvo de violaciones de sus derechos humanos.

El Gobierno español haría bien en renunciar a las devoluciones en caliente, que la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa Dunja Mijatovic ya denunció como ilegales en 2018. La Unión Europea debería reconsiderar, además, sus políticas migratorias, que enriquecen a las empresas de seguridad pero dejan a los migrantes y refugiados a merced de gobernantes desaprensivos y grupos de crimen organizado. Los recursos naturales de África que más vamos a necesitar en los próximos años son sus recursos humanos. Para protegerlos, en vez de erigir muros que nunca van a evitar que sigan llegando, debemos ratificar la Convención de Inmigración que reconoce sus derechos; respetar y cumplir la Convención sobre los Refugiados renunciando a devolverlos a territorios donde su vida, libertad y seguridad no puedan ser garantizadas; y finalmente, seguir la recomendación del personaje de J. M. Coetzee: mientras esperamos a los bárbaros, debemos impedir la actuación de aquellos para quienes existen consideraciones más importantes que las de la decencia.

[Fuente: InfoLibre. El autor es fiscal del Tribunal de Cuentas, y antes lo fue del Tribunal Supremo y de la Fiscalía Anticorrupción.]

16/6/2021

Rafael Poch de Feliu

Asombros liberales

La división de la derecha según una de sus militantes

La divisoria entre izquierda y derecha pasa por dos vectores fundamentales e inseparables, dice Oskar Lafontaine: el rechazo al modelo neoliberal y el rechazo a la guerra. No se puede ser de izquierdas sin combatir un sistema socioeconómico que pone el beneficio y la explotación en el centro de la economía humana hasta el punto de poner en peligro el futuro de la especie. No es de izquierda quien no repudia el dominio económico y militar de las naciones más fuertes en las relaciones internacionales. Es decir, izquierda es: anticapitalismo, ecologismo, antiimperialismo y antimilitarismo. Lo que queda al otro lado es “derecha” aunque se llame verde o “socialista”. A partir de ahí los programas de transformación, las reformas, los pragmatismos y los posibilismos son cuestiones de táctica, objeto de legítimo y necesario debate, pero obviar alguno de estos vectores fundamentales, o sustituirlos por “estilos de vida”, deja al sujeto fuera de la izquierda.

La actual confusión, crisis y debilidad de la izquierda en Occidente, tiene que ver con la falta de claridad respecto a este consenso general básico. La derecha es otro asunto. No está en crisis pero está dividida.

El libro de la periodista de derechas americana Anne Applebaum, Twilight of Democracy trata sobre eso. En el coro de plañideras por la división de la derecha, en un vector “liberal” y otro “iliberal”, fenómeno generalizado en Europa y Estados Unidos, el libro de Applebaum es ejemplar por la ceguera del asombro que expresa.

Applebaum es una cold warrior de los tiempos actuales, una puesta al día de aquel Robert Conquest ayudante del Pentágono en las cruzadas de la guerra fría, cuyo principal mérito fue multiplicar por cinco las cifras, ya de por sí suficientemente horrorosas, de la represión estalinista. Cuando Gorbachov abrió los archivos y los números de Conquest se hundieron estrepitosamente, el viejo agente del Information Research Department (IRD), la unidad secreta de propaganda de la inteligencia británica, tuvo la desfachatez de mantenerse en sus trece. Hoy sus libros están completamente desacreditados.

Applebaum es una especie de segunda versión de eso.

Como Conquest, esta autora también escribió premiados libros militantes sobre el Gulag y la hambruna de Ucrania. Académicamente no aportan nada, pero encajan muy bien con la propaganda atlantista hoy requerida para mantener bien dividido el continente y bien demonizada a Rusia. Su último libro, traducido al español como El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo, es interesante porque va más allá de ese servicio. Ejemplifica la incapacidad de la derecha “liberal” para explicar la génesis del trumpismo y sus epígonos europeos como reacción a la propia gestión neoliberal de las últimas décadas. Precisamente por eso su éxito editorial está garantizado.

Applebaum llegó a Varsovia en 1988 como corresponsal de The Economist, sumó la particular visión polaca de la historia europea (“víctimas de los dos totalitarismos”) a su propio bagaje derechista y se casó en 1992 con el periodista Radosław (Radek) Sikorski, brillante estrella ascendente polaca de la derecha liberal europea que llegó a ser ministro de Defensa y Exteriores de su país. El libro de Applebaum expresa el asombro por la deserción en masa del liberalismo de la derecha polaca para abrazar el populismo trumpista de los hermanos Kaczyński, sus paranoias conspirativas y su curso retrógrado, antisemita, chovinista y ultracatólico contra lo extranjero y diferente. En ese giro, la autora pierde amigos, se distancia de antiguos compañeros de viaje polacos y europeos, y a la hora de explicar los motivos elude cualquier examen introspectivo.

Desde finales de los ochenta, toda la reforma liberal-thatcherista de Leszek Balcerowicz (su nombre era invocado con devoción por los liberales de mentalidad estalinista de la escuela de Yegor Gaidar en la Rusia de los noventa) puso en manos del capital extranjero el patrimonio nacional, más del 30% de la industria y el 70% de los activos bancarios, así como el relato que de ello se hacía, el 80% de la prensa escrita. Y todo el proceso se hizo con nocturnidad, sin la menor consulta.

“El grueso de las decisiones estratégicas del devenir postcomunista del país, fue tomado sin consulta o mandato democrático, el orden político que presidió la aplicación del liberalismo económico en Polonia fue en sí mismo una forma de autoritarismo sin control pese a estar apoyado por los demócratas liberales en Polonia y Occidente”, resume Gavin Rae. El referéndum que aprobó la constitución tuvo una participación del 43%, el ingreso en la UE fue apoyado por el 42% (2004) y la inclusión en la OTAN (1999) ni siquiera fue consultada. Es decir, el autoritarismo ahora denunciado ya era una realidad cuando los amigos de Applebaum estaban en el poder como respetables liberales europeístas y atlantistas.

La nueva economía llevó a dos millones de polacos a tener que buscarse la vida en el extranjero mientras en 2012 el 25% del empleo era temporal. Convertido en símbolo de la corrupción elitista liberal, el propio marido de Applebaum fue pillado en el llamado “Waitergate” comparando las relaciones de Polonia con Estados Unidos con el sexo oral (algo bastante exacto y aplicable al conjunto de la UE) en el curso de una comida de 500 dólares a base de langosta a cuenta del erario público...

Todo esto tiene cronologías similares en muchos países de Europa. En Francia, con la sociedad más despierta, la reacción —lo que representa el lepenismo— fue mucho más temprana, pero cambiando fechas y nombres cada país puede aportar su propia crónica propiciadora de la marea antiliberal en el campo de la derecha.

En lugar de revisar los resultados de las décadas anteriores, Applebaum prefiere achacar el espectáculo polaco a explicaciones mucho más cómodas como el legado del comunismo, el conservadurismo de la iglesia católica, las paranoias de la población y sus xenofobias. Su libro expone una deshonesta ceguera ante los desastres propiciados por la amplia derecha neoliberal, un espectro que no solo en Alemania incluye a verdes y socialdemócratas, y es como la traducción al europeo de la leyenda americana que explica el éxito popular del trumpismo en la “injerencia” rusa y otras simplezas.

La degradación de la mayoría, el obsceno enriquecimiento de unos pocos y el descrédito de los medios de comunicación en manos de magnates que han hecho “sexy” al autoritarismo, desaparecen del análisis. En su lugar se propone una especie de psicoanálisis, sobre el rechazo del comunitarismo y de ese “estilo de vida” (Sarah Wagenknecht, de Die Linke, en su libro Die Selbstgerechten, "Los arrogantes") que también es casi el único atributo de gran parte de la “izquierda”. Igualdad y equidad reducidas a “igualdad de género” y similares, la broma del lenguaje inclusivo (gloriosamente rechazado en Francia), justicia como asunto identitario, y caridad hacia los emigrantes, que también la necesitan, en lugar de encarar el imperialismo, el belicismo, la deuda ecológica y el comercio injusto que está en la base de los flujos migratorios Sur/Norte.

En la última masacre de palestinos protagonizada por Israel en mayo, desencadenada por el ataque a la mezquita al-Aqsa de Jerusalén en pleno Ramadán (¿qué pasaría si la basílica de San Pedro del Vaticano se llenara de gases y balas de goma israelíes en pascua?), el periodista brasileño Pepe Escobar presentaba así la realidad de la democracia liberal occidental realmente existente: “bombardeamos sedes de medios de comunicación y destruimos la libertad de prensa en un campo de concentración a cielo abierto mientras prohibimos manifestaciones pacíficas (Francia) en condiciones de estado de excepción en el corazón de Europa”.

El asombro liberal expresa una incapacidad de comprensión relacionada con la decadencia de las democracias de baja intensidad occidentales en el siglo XXI y la deshonestidad intelectual de sus propagandistas.

Una encuesta de abril reveló que por primera vez la confianza del público en los medios de comunicación en Estados Unidos está por debajo del 50%. “Malas noticias para los periodistas: el público no comparte nuestros valores”, tituló The Washington Post, el diario propiedad del quinto hombre más rico del mundo de cuyo consejo editorial forma parte, precisamente, Anne Applebaum.

No es un asunto de hartazgo con la defensa del privilegio oligárquico, no es una cuestión de la obscena y sistemática justificación del statu quo imperial y de la grosera y más cínica manipulación informativa. Es un asunto de “tecnologías”, de “Internet”, de las “noticias falsas” —como si estas no fueran diarias en la prensa establecida desde siempre—, cuando no culpa del pueblo ignorante que ha dejado de sintonizar con unos “valores”... Independientemente de estos diagnósticos, la reacción sigue su curso. A quienes no entienden su sentido solo les queda asombrarse.

[Fuente: Ctxt]

21/6/2021

Isabel Otxoa

El Convenio 189 de la OIT cumple 10 años

El 16 de junio de 2011 se aprobó el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. No sé hasta dónde ha tenido efectos positivos en cada país que lo ha ratificado. El informe de 2009 preparatorio de los trabajos para la aprobación del Convenio mostraba grandes diferencias, que tenían que ver con la situación concreta del sector en cada país, pero también con el marco general de las relaciones laborales: desde Francia, con convenio colectivo desde 1999 y prestaciones sociales equiparables a las del resto de sectores, hasta lugares (demasiados como para señalar solo a uno) donde el despido o el cese voluntario en el empleo por parte de las trabajadoras de hogar migradas era causa de su deportación inmediata o donde agencias de colocación legales e ilegales mantenían a las trabajadoras en condiciones propias del trabajo forzoso para el pago de sus deudas de viaje.

En aquella fecha, en el Estado español la norma de Seguridad Social (SS) del empleo de hogar era de 1969 y la relación laboral se regulaba por un Decreto de 1985. Ambas normas fueron derogadas en el transcurso de seis meses. En el campo de la SS, los cambios se hicieron con la Ley 27/2011 de 1 de agosto, que integró —parcialmente— el empleo de hogar en el Régimen General de la SS. En lo laboral, con el Real Decreto 1620/2011, de 17 de noviembre, que mejoraba bastante la regulación anterior.

De tal manera que este año el décimo aniversario es triple. El Convenio 189 no está ratificado por España, pero creo que dio sus frutos con su sola aprobación por la OIT.

El Convenio 189 de 2011 encuentra un Gobierno del PSOE en las últimas. La norma de 1985 se había dictado durante el mandato de Felipe González y supuso un salto: el reconocimiento de que el empleo de hogar era una relación laboral, a la que se le dieron unos estándares muy inferiores a los del Estatuto de los Trabajadores de entonces. No aplicación del salario mínimo general, tiempo de presencia no pagado que unido a las 8 horas teóricas de trabajo podía suponer 16 horas diarias a disposición de la parte empleadora, despido libre indemnizado a 7 días por año mientras el resto recibía 45 días por año, posibilidad de pagar en especie un 45% del salario, entre otras desigualdades. Había una que expresaba bien el régimen de servidumbre que la norma laboral mantenía: el empleador establecía libremente el horario de trabajo. Para el resto, conocer el calendario laboral anual era un derecho aceptado.

Una semana escasa antes de perder el gobierno, el PSOE aprueba el RD 1620/2011, dejando en herencia al PP una norma que gobiernos socialistas no habían sido capaces de establecer en sus 21 años de mandato. Entre otras mejoras, insuficientes, pero mejoras, el salario mínimo pasaba a ser el general, las horas de presencia pasaban de 48 a 20 a la semana y debían abonarse, el desistimiento pasa de 7 a 12 días y la posibilidad de pago en especie se rebaja del 45% al 30% del salario, respetando la cuantía del salario mínimo en metálico.

Último minuto

La integración parcial del empleo de hogar en el Régimen general se hizo también en el último minuto: no estaba en los planes iniciales y ahí están las actas del congreso de los diputados para comprobarlo. La Ley 27/2011, de 11 de noviembre, muy conocida por los cambios que realizó en la regulación de la pensión de jubilación, llevaba discutiéndose muchos meses, había sido objeto de un pacto sindical en febrero, pasó un informe del Consejo Económico y Social en marzo, el Gobierno la presentó al Congreso en abril… y ni rastro de la integración. El 17 de junio, esto es, el día siguiente a aprobarse el C189 en la OIT, el PSOE presenta una enmienda a su propio proyecto, para que se procediese la revisión de la situación del régimen especial de hogar a efectos de su integración en el general. Sin contenido, sin plazo, sin compromiso.

Por fin, tras un acuerdo sindical de 27 de junio, la integración parcial en el Régimen General se aprobó sin ningún debate. En palabras de otro, “la Disposición cae cual meteorito en la misma mañana del mismo día en el que la Comisión parlamentaria aprueba la entera Ley 27/2011”. Esta reforma daba largas a cuestiones cruciales, como la cotización por salarios reales y la cobertura de vacíos de cotización en el cálculo de las pensiones; las medidas se diferían hasta enero de 2019, el PP las atrasó hasta enero de 2024 con la enmienda 6777 a los Presupuestos del Estado de 2018, y el último pacto PSOE-Podemos deja su implantación para enero de 2023.

No se comprometió el reconocimiento de la prestación de desempleo. El 31 de diciembre de 2012 terminó en plazo que el RD 1620/2011 daba para que una comisión nombrada por el Ministerio de Trabajo, evaluase la posibilidad de aplicarla para el sector, y el 31 de diciembre de 2013 terminaba el plazo para que el Gobierno adoptase una decisión al respecto.

El C189 tiene unos contenidos que ya están garantizados por la legislación española actual, salvo en dos capítulos: equiparación de derechos de Seguridad Social y establecimiento de medidas de seguridad y salud laborales. Pero no son directamente aplicables, sino que quedan pendientes de aplicación progresiva, en consulta con las organizaciones sindicales y patronales. O sea, a la luz de la experiencia, humo.

Los convenios de la OIT salen del consenso de todas las partes; en el debate del C189, la necesidad de controlar los abusos de las agencias de colocación estuvo muy presente en las intervenciones de la parte trabajadora. La representación de la parte empleadora de la Unión Europea, que entonces ejercía España, se opuso a que entre las medidas de control de las agencias de colocación se incluyese “la divulgación pública de toda infracción pasada” (punto 788 de las actas provisionales de 2010, núm. 12); texto que luego la Comisión de la OIT rebajó en el proyecto a “la divulgación sobre toda infracción pasada que sea pertinente” (ILC.100/IV/1, de 2010) y que terminó desapareciendo del C189. Conocemos agencias con sede local que una y otra vez estafan a trabajadoras que no tienen manera de saber en manos de quién se están poniendo; traslademos el problema a la colocación transnacional de personas aisladas de su medio social, que era donde situaban el problema las organizaciones de trabajadoras.

Las leyes laborales aplicables no son el origen principal de las malas condiciones en las que se desempeña el trabajo de hogar y cuidados. Las leyes tendrían que mejorar, pero a la vista del incumplimiento generalizado de las que ya existen, hay un terreno de lucha por su efectividad.

El incumplimiento de las formalidades y garantías en la contratación, la falta de control, la dejación voluntaria de sus obligaciones por parte de la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social, las instituciones responsables de la salud laboral… hacen que lo que en otros sectores no podría pasar, aquí suceda. Las estadísticas anuales de la ATH-ELE, contrastando la legislación vigente con la realidad, plantean que el problema es otro.

El cumplimiento de las normas ya existentes dejaría desarbolado el sistema actual de cuidados, tanto el que se hace en régimen interno como el externo. Esto, en primerísimo lugar. Y el forzar el cumplimiento de las condiciones legales que ya existen tendría, como respuesta, el malestar de una clase a la que no se quiere poner enfrente, no al menos por ese motivo. Me parece que también es eso.

Un tercio de las trabajadoras que cuidan en Bizkaia en régimen interno no tienen papeles. Después de años en la misma casa, irán a la Oficina de Extranjería para regularizar su situación con una oferta de contrato, en el que todo será falso: duración de un año cuando ya son fijas, jornada de 40 horas cuando trabajan muchas más, incluso a veces el salario, inferior al real, para poder cotizar menos. La Ley de Extranjería se aplica selectivamente a gente trabajando sin papeles en un sistema ilegal y con un peaje conocido: tres años de presión para aguantar en un empleo en el que acabar consiguiendo la famosa oferta de trabajo.

El trabajo interno está deliberadamente desregulado en el RD 1620/2011, no hay claridad en lo que es jornada y lo que no, y hay jueces diciendo que personas que conviven solas con gente con Alzheimer trabajan no más de 40 horas, y que el resto es simple estancia en el propio domicilio, que coincide con el centro de trabajo. Casualidad. La ley vigente dice que la trabajadora debe recibir por escrito la duración y distribución de los tiempos de presencia pactados (art. 5.4.b) y dice también que fuera del tiempo de presencia tiene libertad para salir del domicilio (art. 9.b). Pura ley no aplicada. Las reclamaciones de trabajadoras que se animen a seguir un procedimiento judicial tendrán que esperar años para ser atendidas, por lo que acabarán pactando a la baja forzadas por la necesidad. La ley es igual para todas las personas, la correlación de fuerzas no lo es. Y así todo; es una situación que tiene como salida la reorganización social de los cuidados, pero esto sería otro tema.

Con respecto a la Seguridad Social, el ratificar el C189 no supondría la equiparación en los derechos de Seguridad Social para ninguna fecha precisa (art. 14.2 del Convenio). El derecho al desempleo y al cálculo de las pensiones realizando la cobertura de los vacíos de cotización (como el resto de personas trabajadoras), tienen arreglo con una reforma legal que se puede hacer ya.

Pensiones

Este año 2021, muchas que ahora quisieran jubilarse empezaron a trabajar cuando lo del alta en la Seguridad Social de hogar era una quimera. Es posible que ahora tengan algunos años cotizados, porque los tiempos y las leyes han cambiado, pero no habrán acumulado lo suficiente. Algunas no tendrán pensión, y habrá quienes habiendo aportado todo lo que permitía el régimen especial en cada momento durante 40 y más años, tendrán pensiones muy cerca de la mínima.

Durante los últimos nueve años, exactamente desde 2012, la administración de la Seguridad Social no estaba controlando los salarios que se le declaraban, que son la base sobre la que luego se pagarán las prestaciones. Era un abandono de sus obligaciones legales respecto a la protección de los intereses de las trabajadoras, y cuando lo denunciamos en 2019 y no tomaron medidas, pasó a ser prevaricación (existe cuando una autoridad no toma medidas para que la ley se cumpla, a sabiendas). La insistencia, la denuncia pública, nuevamente la insistencia… consiguieron resultados.

Afinar los objetivos y acertar en los métodos de lucha significa no gastar la pólvora en salvas; no hay que atribuir al C189 poderes que no tiene. Haciendo balance de las instituciones y fechas en las que se ha exigido la ratificación del C189 al gobierno de Madrid, que quizá no sea exhaustiva, aparecen pronunciamientos unánimes de los parlamentos de Castilla y León 2016, Cataluña 2016, Navarra 2016, País Valenciano 2016, Cantabria 2018, Galicia 2019, Baleares 2020, que, a la vista está, recogen todo el arco político. Mención especial haré al Parlamento Vasco, con el PNV y PSE sacando la bandera del C189 en dos ocasiones en las que se negaron a apoyar a las trabajadoras ante injusticias flagrantes, con medidas que estaban en su mano. Un pronunciamiento fue en mayo de 2017, mientras rechazaban una moción para terminar con la exclusión de las trabajadoras de hogar de las ayudas a la conciliación del Gobierno Vasco. El otro, fue en noviembre de 2019, mientras rechazaban instar a los responsables de Madrid a que regularizasen las cotizaciones de las trabajadoras inferiores al salario mínimo.

El C189 es fruto de un gran esfuerzo de sindicatos y organizaciones de trabajadoras de hogar en todo el mundo. Su aprobación sirvió en su día para avanzar en derechos en el Estado español y su defensa me parece una deuda con todo el movimiento mundial por el reconocimiento de que el empleo de hogar es un verdadero trabajo.

[Fuente: El salto]

23/6/2021

Clara Serra, Cristina Garaizabal, Paloma Uría, Miriam Solá

Rebelarnos contra la identidad: por un feminismo de las alianzas

Alianzas Rebeldes. Un feminismo más allá de la identidad (Bellaterra) es un libro que apuesta decididamente por la pluralidad en el interior de los feminismos, que quiere hacer públicas otras miradas, otras opiniones, que pretende normalizar la diversidad, la diferencia y la cultura del disenso en el interior de nuestros propios movimientos.

Respetamos las distintas posiciones en el feminismo y no necesitamos expulsarlas -el famoso "eso no es feminismo", tan a la orden del día- pero eso no implica que renunciemos a discutirlas. Las voces que escriben en este libro no eluden contrastar y debatir, no renuncian a tomar partido y a comprometerse. El resultado es un conjunto de textos que demuestra que la pluralidad es una fortaleza y que es justamente la homogeneidad impuesta –esa artificiosa unidad del feminismo que siempre ha tenido sus ganadoras y sus excluidas– la que más puede debilitar los objetivos feministas.

Demasiadas veces en nuestros propios entornos políticos hemos oído utilizar el feminismo para justificar que "ahora no toca", que "no es el momento", que "hay que cerrar filas", que "no nos viene bien" plantear dudas o ser críticas dentro de nuestros propios espacios y movimientos. Nada de eso nos hará más fuertes ni más capaces para abordar las desigualdades, sino todo lo contrario. El deseo de avanzar en los derechos, libertades y autonomía de las mujeres y el empeño por combatir los abusos y discriminaciones nunca debe usarse como argumento para negar las diferencias, acallar las críticas o estigmatizar los desacuerdos. Las discrepancias van a permanecer y los debates pueden enriquecer las ideas, complicar los análisis y afinar las acciones. Es en el marco de la acción política –que asume el conflicto y aborda los desacuerdos– y del debate público (no de los linchamientos en Twitter) donde podremos encontrarnos.

Una de las grandes apuestas de este libro es la crítica al poder punitivo. Al compás de las reformas legales para enfrentar las violencias machistas, especialmente en el marco de los debates entorno a la violencia sexual, han crecido los discursos centrados en las soluciones penales y, en nombre de la protección de las mujeres, se han defendido las respuestas punitivas. Ahora bien, si el feminismo quiere ser una alternativa a las formas tradicionales y autoritarias del poder y a las nuevas amenazas de la ultraderecha no podrá serlo si no es renunciando a las recetas reaccionarias. Este libro defiende la transformación social como nuestra gran tarea. Lo hace desde la convicción de que para combatir las violencias que se ejercen sobre las personas en razón de su género u orientación sexual, hay que centrarse en la prevención, la educación, la lucha ideológica y el combate de las condiciones estructurales. Apostar por la transformación social y la justicia, y no por la venganza y el castigo, supone hacerse cargo de algo que nos han enseñado los análisis feministas: las violencias tienen un origen social, cultural y estructural y no podrán ser erradicadas a través de un sistema penal que solo puede juzgar a los individuos y que es incapaz de enfrentar las estructuras que las reproducen.

La incorporación de soluciones punitivas por parte de algunos discursos feministas no es la única inercia conservadora que existe en el feminismo hoy. Los últimos años hemos visto con preocupación cómo se censuraban jornadas dedicadas a debatir sobre el trabajo sexual y hemos asistido a un recrudecido silenciamiento de las prostitutas, a las que se les sigue impidiendo aparecer en el espacio público con su propia voz. Hemos visto cómo se hacían campañas para prohibir seminarios que analizaban la pornografía en la Universidad y cómo se censuraban carteles e imágenes con desnudos femeninos por considerarlos denigrantes. De nuevo, si queremos que el feminismo transforme nuestra sociedad, en vez de ser el incauto colaborador de la reacción, la solución no es la censura. Para combatir los viejos estereotipos patriarcales y ampliar la libertad sexual de las mujeres debemos reclamar educación sexual y potenciar una cultura y un pensamiento críticos, porque esa es la mejor forma de defender la dignidad de las personas y la libertad de sus prácticas sexuales, basadas siempre en la elección, el acuerdo y el consentimiento. Precisamente porque nuestro objetivo es ampliar la libertad sexual de los sujetos, las autoras de este libro cuestionamos críticamente la esencialización del papel de víctimas pasivas de las mujeres y las políticas centradas en exclusiva en la protección para reivindicar que el sexo no es solo un escenario de peligros, violencias y daños. Frente a los moralismos y las purezas feministas que reaparecen en el campo de los discursos actuales, apostamos por un feminismo que habla de la sexualidad más en clave de placer y menos en clave de peligro y criticamos los discursos funcionales al pánico moral y al terror sexual que siempre han servido como herramientas para restringir el campo del deseo y de la sexualidad de las mujeres.

En su conjunto, este libro quiere impugnar una perspectiva cada vez más dominante en las izquierdas en la actualidad: las luchas políticas basadas en la identidad. A lo largo de estas páginas, de diversas maneras, se pone en cuestión esta indiscutida verdad de nuestros tiempos que considera que el feminismo es una lucha política que solamente les corresponde a las mujeres. Es esa premisa, una vez asumida, la que genera, inevitablemente, la búsqueda dogmática de la autenticidad, de la pureza y de las "mujeres de verdad". El esencialismo identitario va de la mano de la exclusión y las dinámicas excluyentes no serán abandonadas en los feminismos simplemente incluyendo a las mujeres trans. No si, acto seguido, restauramos de nuevo un sujeto identitario que seguirá dejando a muchos sujetos fuera; un sujeto cerrado alrededor de "las mujeres" seguirá alimentando la lógica de la exclusión. El feminismo que se defiende en este libro tiene como objetivo el combate contra todas las injusticias y discriminaciones derivadas de la existencia de obligaciones y sanciones hacia hombres y hacia mujeres y entiende que son muchas las personas (no solamente las mujeres) que se ven afectadas por el patriarcado, sus mandatos y sus imposiciones. Pero es, además, un feminismo que apuesta por reunir a todas y a todos los que, más allá de nuestras identidades, nuestros cuerpos y nuestros respectivos daños y agravios, queremos cambiar nuestra sociedad y sus desigualdades. Parece, sin duda, una rebeldía aspirar a esas alianzas, pero este libro quiere trabajar por un feminismo amplio, plural y mestizo, un feminismo más allá de la identidad que nos reúna no por quienes somos -hombres, mujeres, maricas, lesbianas, trans, personas racializadas y tantas otras categorías más- sino por el mundo que queremos construir en común.

Por último, hay en estas páginas una apuesta por combatir las grandes desigualdades económicas y estructurales que nos atraviesan a todos y a todas, por defender sin tibiezas los derechos de las personas más golpeadas por la pobreza y la precariedad, así como por las fronteras y el racismo institucional. Debe formar parte de los objetivos de un feminismo transformador responder a la situación de discriminación laboral, de explotación y de pobreza a la que se ven sometidas tantas personas, especialmente tantas mujeres. Las trabajadoras de cuidados, sin derechos laborales garantizados, las mujeres migrantes, que se enfrentan a una ley de extranjería injusta, o las trabajadoras sexuales, estigmatizadas por una gran parte del feminismo y condenadas por nuestras instituciones a una completa invisibilidad institucional, son mujeres con vidas precarias. Por esas vidas y por esos derechos debe luchar el feminismo hoy.

Ahora bien, un feminismo que quiera poner a la cabeza de sus prioridades la falta de derechos de las más vulnerables ha de ser también un feminismo sin miedo a arriesgar su sujeto. Creemos que no podemos combatir las poderosas estructuras de poder que tenemos en frente si nuestra aspiración política es solo reunirnos entre nosotras mismas. Aunque parezca una rebeldía en tiempos de identidades fuertes, queremos construir una lucha feminista desde la suma, la confluencia y la fuerza colectiva no entre quienes somos iguales sino entre quienes somos muy distintas y creemos que la tarea más prometedora para el feminismo es construir y multiplicar las alianzas más allá de la identidad.

[Fuente: eldiario.es]

25/5/2021

Cristina Fallarás

Ser mujer como quien tiene una finca

Me siento a escribir estas líneas recién llegada de la manifestación del Orgullo Crítico de Madrid. Miles de personas celebrando algo que algunos, algunas llaman "la diferencia". Celebrando lo que son. ¿Qué son? ¿Quién osa decirlo? ¿Quién que no sean esas mismas personas, cada una de ellas? ¿Tú osas? Yo no. ¿Tú osas decir lo que son?

Ah, la identidad, ese tema de nuestro tiempo, de nuevo en tránsito entre lo que permanece impuesto y lo que se abre camino. Porque se abre camino, nadie lo dude. Por lo pronto, esto era la manifestación de este lunes 28 de junio: fiesta, lucha, celebración, alegría, exhibición, reivindicación y orgullo. Orgullo de ser como somos. ¿Cómo somos? ¿Quién somos? ¿Quién osa decirlo?

Últimamente parece que ser mujer reporta tantísimos privilegios, supone tantísimas facilidades y tal vida regalada que cualquiera quiere serlo. Oh, sí, ser mujer, qué bicoca, se te abren todas las puertas, tienes todas las herramientas económicas, sociales, científicas a tu servicio, es un remanso de paz. Oh. Si ser mujer es jodido, imagínate ser trans. Vamos, un caramelo en esta sociedad que todavía huele a sotana, putero y cuartel. Al oír ciertas teorías sobre lo que se nos viene encima con la Ley Trans, me vienen a la cabeza los aspavientos contra el aborto o la eutanasia.

Cuando se iba a aprobar la Ley del aborto, uno de los argumentos más populares entre los conservadores y conservadoras era que, en cuanto entrara en vigor, todas íbamos a ir como locas a abortar. Vamos, como quien se va de copas. Lo mismo con la eutanasia, venga todos, todas a decidir matarnos. Qué frivolidad. A nadie le gusta abortar. A nadie le gusta elegir morir o ayudar a un ser querido a hacerlo. Pues lo mismo. ¿De verdad creen que una persona decide que es mujer o que es hombre, más allá de sus genitales, porque tiene ganitas de fiesta? Se trata de un proceso dificilísimo, árido, habitualmente en soledad, que en nuestra sociedad además conduce al rechazo, la exclusión y siempre a violencias de todo tipo. A quien lo dude, le recomiendo una conversación con alguna de las madres o padres que han acompañado a sus hijos, sus hijas en ese proceso: dolor, perplejidad, miedo, incomprensión, violencia, rechazo. Y sobre todo mucha, muchísima valentía.

En el caso que nos ocupa, subyace además la idea de propiedad. Parece que ser mujer es como tener una finca. Algo así como "este sitio es nuestro, nos pertenece, y tú no puedes entrar". Recuerdo que la primera vez que me enfrenté al asunto trans sentí una punzada de desconcierto. Luego, alguien dijo "sí, hombre, con lo que nos ha costado a nosotras llegar hasta donde hemos llegado, vienen estos y se quieren subir al carro". ¿A qué carro? Porque, subir por subir, mejor un Audi que este carro nuestro en el que la mula avanza a palos. "Corremos el peligro de que finjan ser mujeres para agredirnos", dijo otra. Como si lo necesitaran. Toda la vida nos han agredido los hombres (igual que a los y las trans, dicho sea de paso). ¿Por qué pues deberían desear ser mujeres justo para hacerlo?

Pero no se trata solo de esos argumentos que, con mayor o menor elaboración, se repiten en los círculos tránsfobos. Se trata de la propiedad. Hay quien considera que la identidad es de su propiedad, o sea una finca donde no puede entrar cualquiera. La paradoja (una más) del asunto es que sí se permitirá entrar a quienes hayan pasado por las manos de un médico, de una institución oficial. ¿Desde cuándo un médico o una institución oficial son los mejores aliados de las mujeres? ¿Desde cuándo son ellos quienes deciden sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas? ¿Se dan cuenta del brutal retroceso que supone semejante exigencia?

Esa idea de propiedad que subyace en los sectores del feminismo contrarios a la Ley Trans se opone a la soberanía de las personas sobre su identidad, nada más y nada menos, esa propiedad exige que se las convierta en enfermas, que un tercero decida quién son, qué son, para poder ser aceptados, aceptadas, en fin, para abrirles la puerta de su finca.

Solo aquella que cree poseer algo en exclusividad (el hecho de ser mujer, esa bonita finca) se arroga el derecho a decidir quién eres, qué eres. Qué osadía. Ah, la propiedad privada, quién nos lo iba a decir, compañeras.

Llego de una manifestación donde cada uno, cada una celebraba lo que es. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Osas tú decirlo?

[Fuente: Público]

28/6/2021

Juan José Guirado

Compraventa de pueblos

Cuando escribía esas líneas, las bombas caían sobre Gaza y los niños llegaban agotados a Ceuta. Me movió a escribirlas la coincidencia temporal, pero desde luego no casual, de ambas tragedias. La "amistad" forzada entre países, a costa de los pueblos, pura mercancía en el tablero de apuestas, me recordó unos versos que la indignación dictó hace más de un siglo.

Hoy que la actualidad es puro humo fugaz, más de cien años de cambalache deberían fijarnos en la memoria lo que los telediarios, con su paso rápido de la guerra a los deportes, encienden y apagan con siniestra frivolidad. En pocos días Gaza y Ceuta parecen cosas del pasado, lejanos como aquella primera gran guerra. Pero los hechos son tozudos, persisten y vuelven una y otra vez, y nosotros debemos ser tan tozudos por lo menos como ellos.

(Ejercicio comparativo para el lector: semejanzas y diferencias entre el asalto a Ceuta y la Marcha Verde; monarca y nieto manipulando sin pudor a su pueblo).

Publicado el artículo en su versión gallega la semana pasada en de vella a bella, dejo aquí la traducción al castellano.

Versos de acero

Este libro fue publicado en 1915. La primera guerra mundial comenzaba apenas con todo su espanto, sorprendiendo a quienes creían, como muchos ahora mismo, que el temor de todos a su propia destrucción la haría imposible. Como en la segunda, el cálculo insensato de los que esperaban una rápida victoria condujo al desastre. Se prolongó durante años, y aún faltaba lo peor.

El libro se lo regaló su autor a mi padre, durante otra guerra que se prolongaba, otra vez, más de lo que habían previsto quienes la iniciaran. Regalo de un marino viejo a otro más joven. Marinos de guerra que no amaban la guerra.

De este raro librito he publicado en esencial o menos tres poemas, LUZ EN TINIEBLAS, BENEDICTO XV y LAS ARENGAS. El actual mercadeo con vidas humanas que estamos presenciando ahora mismo me hace recordar este soneto de hace más de un siglo. La realpolitik no es nada nuevo:

Liquidación por traspaso

«En Sofía no han satisfecho las ofertas de Bucarest; pero Bulgaria sigue negociando con ambos bandos beligerantes, para salvaguardar los intereses nacionales…»
«La opinión helena sigue siendo favorable al cuádruple acuerdo; mas en Atenas solo se permite hablar de una neutralidad benévola…»
«Rumanía está en espíritu con los aliados, mas no hay que olvidar que rige sus destinos un Hohenzollern…»

Una neutralidad en muy buen uso
se ofrece, a quien mejor quiera estimarla;
una prenda, que es… ¡sin alabarla!,
más confortable que un capote ruso.

Quien tal ganga no logra es un iluso,
porque ni en la mitad han de pagarla;
pasen pues, los señores a pujarla
sobre la tasa que un perito puso…

─¿Cuánto ha dicho el señor?... ¡Son pocas liras!
¿Usted, diez marcos?... Ya dan más dineros…
¿Trece francos no más?... ¡Qué disparate!;

¡No la pagan ustedes ni hecha tiras!
Pero, en fin: véanla los caballeros
y… después seguiremos el remate…

*****

Veamos estos casos de ahora mismo. Un Trump desahuciado, haciendo suya la frase «para lo que me queda en el convento…», quiso marcharse haciendo todo el daño que aún le era posible.

Su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel había envalentonado a Netanyahu, dándole barra libre para acentuar su eterna limpieza étnica. Este corrupto personaje, acosado por los tribunales de su país, quiere galvanizar a los “patriotas” a costa de los palestinos, y lanza un ataque genocida contra Gaza, tras insólitas provocaciones que no han merecido mucha atención de nuestros medios.

En la misma línea, una de las últimas decisiones del expresidente norteamericano reconoce, contra todo derecho, la soberanía marroquí sobre el Sahara. La que, en otro chalaneo mercantil y de oportunismo político, el último gobierno de Franco (o el primero del rey emérito, según se mire) regaló al abuelo del actual dictador de Rabat.

Al monarca alauí, como por otras razones a Netanyahu, lo presionan a la vez la desastrosa situación de su país, acentuada por la pandemia, y las nuevas tensiones en el Sahara, y desvía la atención con la criminal acción de Ceuta, a la vez que enardece a sus “patriotas” contra España y Europa.

En ambos casos, la infamia de las conductas no se corresponde con las tibias respuestas de los gobiernos, y el nuestro en particular, atado desde luego por la herencia recibida de los anteriores. Obedecen, más que a razones de ética política, a un mercadeo bochornoso.

*****

Mercadeo que se pierde en la noche de los tiempos, pero para analizar el caso que liga los sucesos de Ceuta con los simultáneos de Gaza, bastará remontarse al momento en que Franco condicionó la soberanía de nuestro país a cambio de su propio reconocimiento internacional. A partir de entonces hay en España, aunque se obvie el término, ocupación militar por parte de los Estados Unidos.

Lo que era un acuerdo bilateral lo remachó el efímero gobierno de Calvo Sotelo con la entrada en la OTAN, organización de la que, que yo sepa, nadie ha podido salir. Luego la consolidó el gobierno de Felipe González, con aquel giro copernicano y rapidísimo que logró dar la vuelta al famoso referéndum.

Atados y bien atados a los intereses de la gran potencia, nuestra política exterior tiene el vuelo corto.

*****

En los inciertos momentos que antecedieron y sucedieron a la muerte de Franco, la oscura maniobra que culminó con la Marcha Verde y regaló el Sahara a Marruecos selló una alianza de intereses comerciales, públicos y privados, entre nuestra renaciente monarquía y la de Marruecos.

Durante nuestra dictadura, la sola existencia de un movimiento independentista y una lucha armada en el Sahara era un secreto de Estado tan bien guardado que solo muerto el dictador supimos que había un Frente Polisario. Para los testamentarios, la venta de aquella “provincia”, con sus ciudadanos españoles, aunque quisieran entonces dejar de serlo, y con sus fosfatos de Bucraa, fue un buen negocio y una buena oportunidad para zafarse de una guerra colonial.

(Para que se entienda la enormidad del caso, pondré un ejemplo imaginario, con todas las diferencias que conlleva, y que es solo un símil absolutamente irreal. Supongamos que Cataluña y Euskadi, tras alcanzar una amplísima mayoría el independentismo, mantienen una guerra por su independencia. Francia codicia saltar los Pirineos, y ofrece quedarse con estos territorios, los más prósperos de la península. Entonces ambos gobiernos llegan a un acuerdo: tú te quedas con el territorio, la población y el problema y a cambio nuestros capitalistas harán buenos negocios…
¿Sería esto del todo imposible? No exactamente así, pero bastaría que, como en el caso yugoslavo, España fuera un “país díscolo” a destruir. Ejemplos secesionistas fomentados por las potencias no faltan en la Historia, antigua o reciente. Los independentistas de aquí deberían hacérselo mirar.)

Aquel asunto tan mal resuelto ha sido siempre un quebradero de cabeza para los sucesivos gobiernos, oscilantes entre un vergonzante acatamiento de la legalidad internacional, un cambalache comercial y una sumisión político-militar.

*****

Brahim Ghali nació en la “provincia” en 1949, cuando aún era colonia, y desde los siete años hasta los veintiséis fue ciudadano español de pleno derecho. Como tal, sirvió en nuestro ejército, y aprovechó su experiencia militar para iniciar, en 1973, la lucha armada por la independencia de su país.

De la bochornosa situación en que se encuentra atrapado este gobierno (una más, porque es literalmente una plaza sitiada) es muestra el vergonzante modo de atender al ahora presidente saharaui en un hospital español. Por una parte, negarle la asistencia sería, además de una canallada, un desprestigio absoluto para la potencia responsable, todavía, de la siempre irresuelta cuestión de la soberanía. Pero el miedo a la presión marroquí quiso resolver esta atención sanitaria de forma clandestina.

Claro que la mano del espionaje (¿norteamericano, marroquí, israelí…?) y su enorme poder corruptor destapó esta maniobra y no pudo evitar lo que torpemente se quiso evitar. En otro orden de cosas, actitudes tan vasallas me recuerdan el paso por Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, o el reconocimiento de Guaidó.

También la judicialización de un caso de hace más de treinta años, de la mano de “disidentes saharauis” que no es fácil saber si fueron víctimas o agentes marroquíes, en una situación de guerra, complica la situación. Así, al anciano luchador lo cita ahora como imputado un tribunal español. Y está literalmente en sus manos.

¿Cómo se resolverá este caso tan enlodado? Los gobiernos, y son casi todos, que sustituyen la valentía por el cálculo político lo tienen difícil.

*****

El jugador de billar busca la carambola. La carambola política, buscada o no, reúne en un mismo punto piezas que, tras seguir trayectorias diferentes, coinciden en el tiempo. La oleada migratoria ceutí y el criminal ataque a Gaza son la carambola de una tacada lanzada por el anterior presidente norteamericano y que me temo que el actual no revierta. Antes al contrario, la mantendrá, aunque se sienta aliviado por no haberla propinado él.

La estrategia de los Estados Unidos tiene, en ambos extremos del Mediterráneo, dos aliados firmes. Ahora los quiere convertir en amigos, y a cambio regala a cada uno soberanías que maneja como si fueran suyas.

Poco importan las vidas. Las personas son mercancías, y como tales tienen un valor de uso y otro de cambio.

[Fuente: Blog esencialomenos]

2/6/2021

Manuel Rivas

La gran escapada a la derecha

Este debe de ser el único país del mundo donde se hunde el centro político y no es noticia. O ese centro no era centro o las noticias en España dejaron de ser noticias. O las dos cosas.

Aquí desaparecen 23 diputados, todos los que tenía Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, y nadie abre diligencias. Cuando era “meritorio” en un periódico coruñés, las vacaciones de verano transformaban al aprendiz en un auténtico todoterreno. Así, acudía en las tardes de verano a la comisaría de Coruña, donde el portavoz policial, el muy competente señor Utrilla, convertía el robo de un radiocasete en asunto de primera página y te hacía sentir como si fueses Truman Capote atando cabos por el robo de un rodaballo en Kansas. Acostumbraba a adornar los casos con un estiloso toque final: “Se abrieron diligencias”. Lo de “abrir diligencias” daba un aliciente a cualquier noticia. Vete tú a saber lo que pasa una vez que abres una diligencia. Qué se lo pregunten a John Ford.

Por el contrario, aquí se desvanece como humo, de un día para otro, todo un movimiento político, lo que era el palo de la bandera del “constitucionalismo”, se hunde el centro peninsular, hay una hecatombe liberal, el cataclismo de la moderación moderada, y nada, como si cayese una piedra al pozo. Asistimos a la extinción de la modernidad reaccionaria, de la derecha del siglo XIX y pico, del baluarte nacional antinacionalista, del iliberal neoliberalismo postliberal y nadie abre ni una triste diligencia. Yo ya no digo que se abran de las grandes, un apocalipsis mediático, un colapso de titulares, pero sí, por lo menos, una pesquisa, un discreto parte, un obituario en ABC escrito por un dinosaurio vanguardista. No que rompiesen a llorar las nubes. Un principio de lágrima en la glándula liberal. Una pequeña, pequeñísima, diligencia.

Pero lo más asombroso todavía estaba por ver. No solo la desaparición de facto de Ciudadanos no ha merecido una triste vigilia ni una miserable cháchara mediática sobre la deriva del invento, una pifia de seísmo, por lo visto, sino que a los mandarines “liberales” se les ve la mar de contentos. Triunfales. Cualquier observador interesado en el acento de la verdad vería las elecciones de la Comunidad de Madrid como un entierro de la derecha liberal. Pero lo exotérico y esotérico se dan la mano y bailan felices una parodia de libertad, con música taurina, sobre las cenizas del librepensamiento. Todo sería distinto si al menos un librepensador, de los eximios, se hubiese inmolado, moderadamente, aunque fuera desde una columna de ficción. Pero nada. Nadie quiere quedarse fuera de juego. En el miedo a la irrelevancia, triunfa lo fulgurante. Y lo fulgurante es la escapada. Ya veremos hacia dónde.

Ciudadanos tuvo su fulgor en el momento pirotécnico anticatalanista, y cayó en la irrelevancia cuando hizo un “Macron” en el tablero español. Su código de barras, por decirlo así, era más que borroso. Ese movimiento que se presentó primero como “socialdemócrata”, después como “centro liberal” y finalmente como “la contra-izquierda” pasó de ser el partido mimado a un juguete roto, un invitado de repesca en la gran barbacoa de los poderes conservadores. Cuando el autómata quiso tener algo de vida propia, ser de verdad bisagra, vino un vendaval del servicio meteorológico de la derecha y lo quitó de en medio en un plis plas.

Contado así parece un cómic infantil. Pero lo que ha ocurrido en Madrid tiene mucho de dibujos animados. Los trazos de Ayuso, por ejemplo, son diseño manga. David Foster Wallace, el autor de La gran broma, dio una conferencia en la ceremonia de graduación de una promoción universitaria, un texto que se haría célebre y que tituló “¿Qué es el agua?”, y que tiene como núcleo un breve cuento. Dos peces jóvenes van nadando por el río, se les acerca un pez viejo y grandote y les pregunta:

—¿Qué tal muchachos? ¿Cómo está el agua?

Los pequeños huyen asustados. Cando están ya lejos, hacen un alto y uno de ellos pregunta al otro: “¿Oye? ¿Qué es el agua?”.

Una operación triunfante como la de la campaña reaccionaria en Madrid, solo puede explicarse por la sustracción del sentido de las palabras esenciales. Fue un auténtico trabajo de carterista más que de cartelista. Pero ese mensaje político pudo salir adelante porque está siendo pavimentado desde hace tiempo por los protagonistas de la “gran escapada”. ¿Qué escapada es esa? De Henry Kissinger, un dinosaurio jefe, se dice con ironía que, si hay una escapada, él siempre estaría dispuesto a participar, pero con una condición imprescindible: que la escapada sea a la derecha. Y en eso están con entusiasmo gran parte de las élites de la cháchara dominante en España. Dispuestas a la escapada, siempre que sea más a la derecha.

Poderes lobistas ultramillonarios como los Koch y el “trumpismo” consiguieron desfigurar al partido republicano estadounidense, que hoy es un monstruo viscoso, un OPNI. Un Objeto Político No Identificado. El populismo fue durante los últimos años el enemigo público para los analistas sensatos y moderados. La gran amenaza. Pero, claro, al populismo también hay que mirarle el código de barras. Hay populismos y populismos. Como los pimientos de Padrón, que unos pican y otros no. El populismo era el demonio si el populista era de izquierdas. Esa connotación negativa del populismo desapareció en España con Isabel Díaz Ayuso, que es un puro artefacto populista. Pero los populistas de derechas no son populistas: son gente “simpática”, “campechana”. Ya no hay otra derecha que la populista. Y están felices de encontrarse en Colón compartiendo barbacoa con el churrasco del “enemigo”, sin que falte beautiful socialista cada vez más ugly people. No, el enemigo no es exactamente el procés. ¡El procés lleva ahí hace siglos a fuego lento! El verdadero enemigo, a quien hay que quemar en efigie, es Pedro Sánchez y su coalición de izquierdas (judeo-masónica-liberal-comunista-democrática-europea, en churrascada con denominación de origen).

Quieren el poder como sea, pero muchos, en el atropello de la escapada, no saben ya quién son ni a dónde van ni con quién se la juegan. En Sangre sabia escribe Flannery O’Connor: “El lugar del que venís ya no está; el lugar al cual creíais que ibais no existió jamás, y el lugar donde estáis no sirve de nada, a menos que podáis alejaros de él”.

[Fuente: Ctxt]

1/6/2021

Agustín Moreno

¿Disfruten de lo votado? No, piensen en Trump

En Madrid se están produciendo importantes movilizaciones vecinales contra los ataques del Gobierno del Partido Popular a la Sanidad Pública y su intento de desmantelar la Atención Primaria. La reacción de muchas personas en las redes sociales es: "Disfruten de lo votado" en las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Entiendo por qué lo dicen: los actos tienen consecuencias y votar a Díaz Ayuso puede tenerlas y muy negativas. Pero no puedo estar de acuerdo con una afirmación que me parece injusta, parcial y paralizante.

Es injusta, porque podría equivaler a aquel "¡Que se jodan!" que gritó la diputada del PP, Andrea Fabra, cuando Rajoy, que tenía mayoría absoluta, anuncio un recorte de prestaciones a los parados. Aquello me pareció tan repugnante que, como decía el emperador Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como ellos. Probablemente, en esa afirmación también hay un ribete de antimadrileñismo. Puede tener su explicación porque, al histórico rechazo al centralismo, se suma la imagen de chulería y prepotencia que ha transmitido Ayuso como si también lo fueran la mayoría de los habitantes de Madrid. Créanme, nada tiene que ver ese retrato rancio del cayetanismo, con la mayor parte de esta ciudadanía que es un precipitado de diversidad, un tutti fruti amable y acogedor.

Los datos de las elecciones son claros, pero también complejos. Que el PP haya quedado como primera fuerza en determinados barrios populares que ahora se movilizan, no significa que haya ganado las elecciones en ellos. Por ejemplo, en Puente de Vallecas, el PP sacó el 27,52% de los votos, pero la suma de la izquierda fue del 61,63%. En Villaverde, el PP obtuvo el 33,69% y el bloque progresista un 54,24% ¿Por qué van a renunciar estos barrios a salir a la calle?

Y las causas de lo sucedido son aún más complejas. Seguro que la izquierda ha cometido muchos errores. Y hará mal si no los analiza a fondo, hace autocrítica y saca conclusiones que le permitan mejorar. Pero hay que acertar al explorar su origen. Por ejemplo, se dice que la izquierda no habló de propuestas en la campaña y eso que las tenía de forma abundante. Ojalá se hubieran podido debatir, pero no hubo espacios para ello una vez que Ayuso decidió no ir a los debates y era imposible hacerlo con una ultraderecha vociferante. No olvidemos que Ayuso ha ganado con un programa en blanco, porque no podía poner en él que su propuesta era acabar con todo lo público y gobernar en favor de los poderosos.

El colmo de la propaganda política es conseguir que se vote a aquellos que gobiernan en contra tus intereses. No es nuevo. Ya desde la conquista del sufragio universal masculino, la estrategia de las élites burguesas era conseguir mantener el poder político, sabiendo que por ley el dueño de la fábrica tenía un voto frente al de cientos de sus trabajadores. Y se emplearon a fondo en ello. Desarrollaron la manipulación ideológica, el poder de los medios de comunicación, la importancia de tener los púlpitos a su favor, la compra de dirigentes obreros y la desmoralización de la mayoría. Y en situaciones extremas, se rompen las reglas democráticas y se reprime con dureza para inocular un miedo que conduzca al "tú no te metas en política".

También tiene un papel muy destacado la inversión en adoctrinamiento y en fomentar la ignorancia. ¿Por qué creen que la educación es un importante campo de batalla para las derechas y la Iglesia? Porque saben muy bien que la escuela pública forma ciudadanos informados, críticos y comprometidos. Ellos prefieren controlar la transmisión de valores conservadores, individualistas y de sumisión al sistema. Porque para que nada cambie, tienen la necesidad de que haya un bajo nivel de cultura política.

Quien piense que tienen lo que se merecen los que han votado al PP y a Vox, deben recordar que los derechos humanos son universales, es decir para todos y todas sin excepción. Lo que supone que toda persona, por el hecho de serlo, debe poder disfrutar de una buena educación y sanidad públicas, hayan votado a quien hayan votado. Que los votantes tengan contradicciones, refleja que falta un escudo cultural y crítico en la ciudadanía, y que habrá que seguir trabajando para neutralizar el bombardeo de la propaganda que blanquea ideologías muy peligrosas para la convivencia y la justicia social.

Que una fuerza política haya ganado unas elecciones no le da patente de corso para actuar con total desprecio a los derechos de los demás. Muchos madrileños no quieren recortes en Sanidad Pública y su privatización, aunque hayan votado a Ayuso y a su programa en blanco. Lo han hecho porque no han sabido poner el bocadillo de calamares y la caña, en el contexto de lo que significan las políticas ultraliberales. Dudo que muchos votantes del PP conozcan, por ejemplo, que en EE. UU. los enfermos ingresados en el hospital por covid han pagado más de 23.000 dólares por su tratamiento y que en bastantes casos han acabado en la ruina.

Decir "que apechuguen con lo votado", además de que suena a reproche vengativo, resulta paralizante. Porque los derechos democráticos no se acaban con el sufragio universal. También tenemos otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y de denuncia, el derecho de reunión, de manifestación y de huelga para impedir que acaben con los bienes comunes de todos. Ganar las elecciones no da derecho a atropellar los derechos sociales, ni obliga a aceptar pasivamente los ataques a conquistas históricas. Es una obligación moral y democrática movilizarse cuando se convierte a los servicios públicos en un territorio para el saqueo y se desprecia a la ciudadanía.

Todas las personas tenemos derecho a equivocarnos, también las que hayan votado opciones políticas contrarias a sus intereses. Y, por supuesto, derecho a rectificar y a pensar más las cosas en futuras elecciones. Está claro que el conjunto de la izquierda no consiguió el 4 de mayo el apoyo electoral para poder formar un Gobierno decente y de progreso en Madrid. Pero no hay que agrandar lo que, por importante que sea, es solo una derrota electoral. No olviden lo que decía José Saramago: "La derrota tiene algo positivo: nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo: jamás es definitiva". Habrá que seguir realizando propuestas, creando organización y unidad, saliendo a la calle, sembrando flores y sueños. Y si les falta esperanza o confianza en sus fuerzas, hagan lo que yo: cuando vean a Ayuso, piensen en Trump.

[Fuente: Público]

6/6/2021

Rafael Poch de Feliu

Las cuatro cumbres de Biden

La ambigüedad de la cruzada de Estados Unidos contra China solo es superada por la total inconsistencia de la Unión Europea como sujeto autónomo.

* * *

Las cuatro cumbres de Biden de la tercera semana de junio —el domingo 13 con el G-7, el lunes con la OTAN, el martes con la UE y el miércoles con Putin en Ginebra— han expresado una mezcla de ansiedad e impotencia. ¿Ha funcionado su objetivo manifiesto de reclutar aliados para el “todos contra China”? La impresión es ambigua.

La semana anterior en Washington se habían izado las banderas de guerra. Por un lado la directiva del secretario de Defensa Lloyd Austin, declarando, una vez más, a China como primer foco de la atención militar de Estados Unidos, y por otro la aprobación en el Senado de la "China Competitiveness Bill”, un paquete de 250.000 millones de dólares destinado a subsidios a empresas y sanciones para, entre otras cosas, repatriar a Estados Unidos la producción estratégica deslocalizada, especialmente la de semiconductores particularmente sensibles a la alta tecnología y sus aplicaciones militares.

Las cuatro cumbres europeas venían acompañadas de una fuerte presión propagandística, con todas las leyendas desplegadas al viento: la del virus de Wuhan (desechada por la OMS), los atropellos a los uigures magnificados en crímenes contra la humanidad (que no convencen ni a Jeffrey Sachs), las telenovelas sobre la democracia de Hong Kong y Taiwán, así como las “amenazas militares” de China. Repasen los diarios de los últimos quince días y reconocerán esa música por doquier.

Todo ese conjunto de medidas es “el reconocimiento más explícito de que la profunda desconfianza de Washington hacia Pekín no era un mero rasgo de la administración Trump, sino que refleja un consenso ampliamente compartido en el Congreso de que Estados Unidos debe trabajar urgentemente para superar a China o perder su estatus como la nación más poderosa del mundo”, señalaba el South China Morning Post, el principal diario prooccidental de Hong Kong. Eso ya lo sabíamos, pero la novedad con Biden es la conciencia de que tal cruzada precisa de la movilización, política y militar, de los aliados, incluida cierta rebaja del tono en la agresividad hacia Rusia. Y toda la panoplia de medidas y declaraciones sugiere una gran ansiedad que está forzando la máquina al máximo. Pero ¿alcanza?

El G-7 ya no da la talla

Empecemos por el domingo. El G-7 ya no da la talla como “gobierno mundial”. Todo el mundo sabe que lo que importa es el G-20 y no el G-7. Precisamente por eso se invitó a la cumbre a India, África del Sur (dos BRICS) y Corea del Sur. Cuando el G-7 se creó en los setenta del siglo pasado, las economías que lo integraban pesaban alrededor del 70% del conjunto global. Hoy no llegan al 35% y es el Sur global quien representa ese 70%. A partir de ahí pretender ganarse a los aliados para la cruzada contra China exige que estos pierdan de vista la realidad.

Ese club venido a menos ha amagado con contramedidas a la estrategia de proyección mundial y exportación de sobrecapacidad china, la Belt & Road Initiative. Han bautizado la respuesta como Build Back Better World, una campaña de inversiones “transparentes y sostenibles” en países en desarrollo. Pero ¿dónde está el dinero? Las economías occidentales están endeudadas y sus sectores privados no invertirán en nada que no arroje sustanciales beneficios. La simple realidad es que no hay capacidad para competir con los proyectos de infraestructuras integradoras de China. Todo huele un poco a improvisación desesperada ante la evidencia de que China ha salido mucho mejor librada de la pandemia, como ocurrió con la crisis de 2008, y de que su economía crece con mayor dinamismo. Pero si la economía no alcanza, echemos mano de lo militar.

El Atlántico se va al Pacífico

La cumbre de la OTAN del lunes ha expresado esa impotencia. Se han olvidado ya los tiempos en que el secretario general de la Alianza proclamaba que el bloque, “no tiene la ambición política, ni la capacidad militar, ni el dinero para ser el gendarme del mundo”. “Nunca habrá una OTAN global en el papel de una especie de Naciones Unidas”. Eso era en 2008, en vísperas de la cumbre de Bucarest. Entonces el secretario general era Jaap de Hoop Scheffer. Hoy el noruego Jens Stoltenberg dice que la OTAN siempre estuvo un poco “out of area”, por ejemplo en Afganistán, así que puede perfectamente ocuparse no solo de asuntos noratlánticos sino también “indo-pacíficos”. Los socios europeos han tosido.

“En mi atlas no figura que China esté en el espacio atlántico, pero puede que mi mapa esté equivocado”, ha dicho Macron. “No creo que nadie en esta mesa desee caer en una nueva guerra fría contra China”, ha dicho Boris Johnson. “No hay que exagerar” (la amenaza que representa China), “tenemos que encontrar el equilibrio correcto”, ha dicho Merkel. Han tosido, pero ninguno de ellos se ha plantado y ha sido capaz de decir “no”.

Los europeos juegan a considerar a China a la vez “socio, competidor y rival sistémico”, pero esa no es la posición de Washington, que piensa en términos de enfrentamiento directo, sin contemplaciones. Mientras Estados Unidos quiere repatriar empresas para cortarle a China los accesos a la alta tecnología, la Unión Europea no quiere volar los puentes con su principal socio comercial (desde 2020). Una encuesta de la Cámara de Comercio Europea en Pekín revela que el 60% de las empresas europeas establecidas en China quieren ampliar sus negocios allá este año y la tendencia va al alza. No hay un interés europeo en una escalada con China como la que pretende movilizar Estados Unidos. La Unión Europea puede tener “diferencias sistémicas” con China, pero sus relaciones económicas son estrechas y tiene una necesidad estratégica de cooperación con Pekín. Y sin embargo se callan.

Cinismo inaudito

No solo se callan sino que suscriben un documento de la OTAN, redactado al dictado de Washington, en el que China, por primera vez, es mencionada, y nada menos que una docena de veces. La Alianza que ha violado sistemáticamente el derecho internacional en la mayoría de sus intervenciones militares y cuyos miembros son la principal minoría bloqueadora en las votaciones de las Naciones Unidas, afirma que China presenta “desafíos sistémicos al orden internacional basado en normas”. Los responsables del mayor arsenal nuclear mundial reprochan a China la modernización del suyo y la “opacidad” de su gasto militar que es casi seis veces inferior al de la OTAN. Quienes han destruido con sus guerras media docena de sociedades y estados entre Afganistán y Libia, ocasionando varios millones de muertos, instan a China a “actuar responsablemente en el sistema internacional” y censuran el maltrato a sus minorías musulmanas. Un nivel de cinismo inaudito.

Los europeos han suscrito la leyenda del virus escapado de laboratorio en Wuhan, se comprometen con los “derechos humanos” en Hong Kong y con la “estabilidad” de Taiwán, prevén enviar barcos de guerra al mar de China Meridional, suscriben la fantasmada del “Build Back Better World”... En resumen, suscriben una estrategia de Estados Unidos diseñada para complicar sus propias relaciones con su socio chino.

El portavoz de la misión china ante la UE ha respondido diciendo que, “está más claro que el agua de quien son esas bases militares desplegadas por todo el mundo y a quien pertenecen los portaviones que se pasean exhibiendo músculo militar”. Su comunicado recuerda que los miembros de la OTAN tienen veinte veces más armas nucleares que China y les pregunta cuando piensan sumarse al compromiso chino de no usar primero armas nucleares en cualquier lugar y circunstancia y cuando se comprometerán sin condiciones a no usar ni amenazar con usar armas nucleares contra países o regiones que no disponen de ellas, como señala la doctrina de Pekín en la materia, sin duda la menos demencial de las potencias nucleares del mundo.

Suavizando a Putin

La guinda del pastel ha sido el encuentro con el presidente ruso en Ginebra. En vísperas de su encuentro con Putin, quien fuera caracterizado como “asesino” por Biden pasó a ser “brillante” y “digno adversario”. Eso tampoco alcanza para ser tomado en serio.

Si hubiera en Washington una verdadera estrategia en materia china, cortejar a Rusia para ganársela, es decir reconocer sus intereses nacionales y de seguridad, sería el primer movimiento, pero, ¿cómo hacerlo sin contribuir a la integración entre Rusia y el resto del continente europeo que siempre se ha intentado conjurar desde Washington? De momento no se ha pasado de suavizar el insulto y de restablecer embajadores.

La ambigüedad de la cruzada de Estados Unidos contra China solo es superada por la total inconsistencia de la Unión Europea como sujeto autónomo.

[Fuente: blog del autor]

21/6/2021

...Y la lírica

Rim Battal

Dinamitar la piscina

Qué hace que desprecie tanto la risa

y la Zumba al borde de la piscina

es la segunda más grande de Europa

según el jefe de animación no poco orgulloso

Estoy a dos pasos de esta alegría fácil

pero aún falta un barrote por dinamitar

para que nazcan al fin en mí los dioses

de la diversión y de la alegría fácil

fáciles de venerar sin moderación

Echo el telón sobre los recuerdos pero el telón es

un colador

por sus orificios la memoria envía a sus hijas a iluminar

mis reniegos

me abrazan

III

El paraíso no es un lugar para una virgen

si virgen hay – pues

qué quiere esto decir en suma dado que

ninguna piel existe ni ning-

una sangre

fue necesario que un día demostrara un mito

mediante un papel firmado y serio

que le estampara mis huellas dactilares

yo que nunca he creído

la noche se apoderó de mí ese día

me llamó violencia

este lunar es el beso

que dejó en mi mejilla:

he dicho adiós* a mi súper-yo

A la hora del lobo

las sombrillas bajan los párpados y bailan

la danza del silencio por fin retornado

el ruido blanco de las duchas se enlaza al de la lluvia

henos aquí un poco limpias

para la noche

[*En español en el original]

De: Les Quatrains de l’all inclusive (2021)

Traducción del francés por Francisco Javier Mena y Rosa Ana Alija

[Rim Battal es una artista, poeta y periodista marroquí. En su poesía, donde lo íntimo es político, plasma situaciones de tensiones, sociales y físicas, en las que las mujeres pueden verse atrapadas, como la firma de certificados de virginidad a la que todavía hoy se ven abocadas las jóvenes en Marruecos y otros países.]

30/6/2021

Boletín 203

Notas del mes

Ensayo

El extremista discreto

De otras fuentes

...Y la lírica

Capitalismo regulado: de eléctricas y otros abusones

La familia como organización criminal

Violencia y acoso a las mujeres en el mundo laboral

Panorama tras los indultos

Ensayo

El extremista discreto

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