Aunque me centraré principalmente en aspectos locales españoles, la pandemia es ante todo un hecho global, mundial. Por sus características, quizá el primero de una especie nueva de acontecimientos que sin duda la seguirán, dado que estamos en la fase inicial de una crisis ecológico-civilizatoria.

En el mundo:

La pandemia global ha funcionado diversamente en diferentes ámbitos geopolíticos. El país más rico de la tierra es el que porcentualmente más la ha sufrido, debido a una dirigencia política negacionista como la de Trump. La impotencia del sistema político norteamericano para castigar a ese pésimo presidente es un mal indicio: un régimen político atado de manos para muchas cosas, sobre todo para hacer las malas.

Otro gran espacio geopolítico, China, es el país —no democrático en nuestro sentido de libertades y garantías— donde la conjunción entre dirigencia política y solidaridad popular ha funcionado mejor: el espacio que ha sabido librarse de la pandemia antes y mejor.

Otro espacio rico, el significado por la Unión Europea, que acaba de sufrir la separación de uno de sus más importantes asociados, ha sufrido mayores descalabros: en parte por la preocupación de los dirigentes políticos por no detener los procesos productivos (aunque en España, Italia y Francia se han venido abajo las respectivas industrias turísticas, quizá no solo temporalmente en el caso español —sol y playa— y mejor en Italia —arte, cultura, Vaticano, sol e islas—); pero también ha sido lento y desastroso el suministro de las vacunas y las guerritas e incumplimientos de las industrias farmacéuticas.

El subcontienente indio parece experimentar un brote tremendo de la pandemia, muy virulenta, en un territorio hiperpoblado y pobre.

El espacio latinoamericano aparece bastante fragmentado al respecto: vacunación en Cuba y en Chile, retrasos en otros países importantes.

La primera lección de esta crisis global es su desigualdad: desigualdad entre ricos y pobres, y entre dirigencias políticas eficientes y deficientes. Hay que tomar nota para el futuro.

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Entre nosotros:

Nos construíamos el concepto de aprendizaje general por shock como un evento que inequívocamente obligaría a aprender socialmente (como el esfuerzo del que ha de aprender a nadar para no ahogarse). Pero lo que ha quedado probado empíricamente es que shock no implica materialmente aprendizaje (quienes no logran aprenden a nadar se ahogan). El shock ha significado en realidad bastante confusión y muy poco aprendizaje.

Quienes menos han aprendido han sido los responsables políticos y económicos de la economía fianciera y buitre: siguen inalterables sosteniendo su programa de economía de mercado desregulada. No hay que hacerse ninguna ilusión al respecto: fuimos bastante ilusos al principio de la pandemia. Si algún día alguien logra implantar un keynesianismo bien temperado y modificado no será precisamente esa gente.

La pandemia mundial ha sido el primer gran golpe catastrófico experimentado por las generaciones que no sufrieron la guerra española ni la Segunda guerra mundial. Un shock porque el acontecimiento ha sido inesperado, global, y a la vez de tratamiento esencialmente local, y ha determinado cambios importantes y urgentes en la vida cotidiana. Pero socialmente, ¿se ha aprendido por shock?

Creo que la respuesta es negativa; si se ha aprendido algo socialmente es muy poco. No creo que se haya producido un aprendizaje suficiente, en nuestra sociedad y tampoco en nuestro entorno, acerca de lo que es necesario hacer en una situación de emergencia general.

Lo primero que se precisaba aprender era la solidaridad colectiva. Es decir, comportamientos individuales orientados a superar colectivamente una dificultad de naturaleza general, que precisaba la cooperación general. ¿Qué se ha producido en realidad?

Vacilaciones de las autoridades públicas entre priorizar las necesidades sanitarias o bien las económicas. En nuestro entorno no se ha dado claramente prioridad a las necesidades sanitarias; se ha oscilado y se vuelve a oscilar, con lo que se ha prolongado el tiempo de pandemia.

No sabemos si estas vacilaciones son de orden técnico o han sido determinadas por consideraciones puramente políticas y por la acción de grupos de presión económicos. Queda pendiente de averiguar.

No se ha sabido distinguir claramente entre actividades económicas esenciales, sustraíbles a la economía de mercado en caso de necesidad, y dosificables, y actividades económicas no esenciales.

Las autoridades chinas —un sistema político autoritario— dieron prioridad absoluta a las medidas sanitarias, con lo que la pandemia quedó controlada en tres meses y solo entonces se atendió a la economía. La solidaridad social se debió de imponer allí, sin duda, coactivamente, pero funcionó: la población china está habituada al esfuerzo colectivo. Las poblaciones occidentales están atomizadas en el individualismo y el consumismo. La economía china crece a pesar de haber sufrido la pandemia. Algo hay que aprender.

A pesar de la publicitación diaria, abrumadora y repetitiva, del estado sanitario de las cosas, eso ha encubierto la falta de muchísima información al público: sobre la duración de la protección por medio de las vacunas y de los diferentes tipos de mascarillas; sobre los modos de actuación de las diversas vacunas; sobre sus efectos secundarios reales; sobre la programación de la vacunación; acerca de si serán necesarias vacunaciones ulteriores en el caso de algunas vacunas o en todas, y, sobre todo, acerca de si los ataques de este virus serán recurrentes en el tiempo, etc. Las autoridades sanitarias han explicado lo que sabían pero no qué no sabían. Los poderes políticos —todos— no se han atrevido a explicitar sus incertidumbres ni a razonar públicamente sus indecisiones. Y como ambas eran manifiestas la desconfianza quedó servida. Esto ha facilitado la insolidaridad y el que mucha gente haya vuelto la espalda a las autoridades, fueran las que fueren.

Una lección de la pandemia puede ser que los expertos en la materia no consigan toda la información necesaria para dar las respuestas, o que discrepen entre sí, o que se plieguen parcialmente a exigencias heterónomas como las de la economía, etc. Dicho de otro modo: el shock no ilustra directamente acerca de qué hacer.

Ciertas autoridades políticas —como las valencianas— han sido más cuidadosas que otras, con mejores resultados. Eso se debe tomar en consideración, analizar con detalle, y proponer obligatoriamente los cambios que se deriven de este análisis.

Han sido muy publicitados en cambio los esfuerzos especiales de las autoridades políticas: los hospitales provisionales militares, etc. Las autoridades no han olvidado en el shock cultivar su autolegitimación. Pero no era prioritario.

La pandemia ha afectado desigualmente a la sociedad civil: los gentes con bajos niveles de renta o malas condiciones de salud han sufrido sus efectos peor que las personas sanas de las clases bien alimentadas desde siempre. La enfermedad ha afectado muy particularmente a personas en residencias de ancianos, públicas o privadas, sin que se advirtiera esfuerzo especial de las autoridades —especialmente en Madrid— para acabar con la muerte de ancianos residenciados. En conclusión: ancianos tutelados especialmente (!), ancianos en general y bajos niveles de renta son los más expuestos en caso de crisis.

¿Nadie va a responder por la sobreexposición al virus de los ancianos residenciados?

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Vivir como antes

Socialmente ha predominado la creencia de que se podría volver a vivir como antes cuando acabara la pandemia, y también la aspiración a eso, a vivir y consumir como antes. No se advierte, por ejemplo, que las arcas públicas están largamente endeudadas, que será necesario incrementar la presión impositiva —por cualquier gobierno, publicite como quiera sus mentiras electorales— sobre alguna o todas las capas de la población.

No se advierte que la industria del país que emplea a más gente, la turística, será la más herida duraderamente por la pandemia, lo que obligará a muchísimas personas a cambiar de profesión. Esa industria hubiera debido, en años de vacas gordas, colaborar con los poderes para conseguir un turismo cultural sostenido, no estacional, sabiendo que pocos países pueden ofrecer tanta variedad artística y cultural como España.

Tampoco hay consciencia de que ante el estado de cosas que deje la pandemia el Estado tendría que orientar, fomentar o incluso crear nuevas actividades productivas. Que la denegación social de oportunidades a sucesivas generaciones de jóvenes tendrá consecuencias pésimas para ellos y para todos. Que son de esperar oleadas de delincuencia.

Y, en otro orden de cosas, el teletrabajo debe quedarse siempre que se perfeccione, y con ello modificar en profundidad trabajos educativos y administrativos, simplificando los sistemas de redes, abaratándolos, garantizando a los teletrabajadores condiciones similares a los derechos de los trabajadores presenciales.

En conclusión: no se podrá vivir como antes; la vida será más complicada, más difícil para muchos. Obviamente, las situaciones de shock cambian el modo de vivir.

Socialmente no se ha extendido la consciencia de que en el futuro pueden menudear los shocks debido a episodios parciales de la crisis de una civilización basada en el expolio o la destrucción de la naturaleza. Se agota la energía no renovable, la superficie cultivable, el medio y las especies marinas, etc. Aunque la población sabe ya que hay problemas medioambientales, se resiste a encarar la profundidad de la crisis ecológica y sus consecuencias sociales. Perdura la inconsciencia social compatible con la buena consciencia ecológica. Reciclamos. Hay coches híbridos. Los poderes públicos fomentan una industria de ¡pilas eléctricas para autos! La vida se mide todavía por el consumo. Resulta desesperante que la inyección de fondos públicos mire hacia el pasado y no hacia el futuro. No necesitamos más macroespacios ubanizados invivibles, sino un retorno inteligente a la ruralización. No apoyar a los complejos hoteleros, sino a las iniciativas de las personas jóvenes (por poner un par de ejemplos).

Una pregunta relevante puede ser la siguiente: ¿qué nivel de consumo puede ser compatible con nuestro intercambio con la naturaleza, con una economía de mercado controlada? ¿Se ha superado ya ese nivel? ¿Cuál es defendible y se puede mantener, reequilibrando las desigualdades? ¿Sería deseable un nivel de vida mínimo para todos similar al de Alemania hace treinta años, y máximo como el de 2010? Y si no eso, ¿qué?. Hay que abrir paso a la palabra decrecimiento. A la palabra límite.

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Negacionismo y "libertad"

Ha aparecido un sector negacionista de la realidad: gente que, en este caso, no cree que exista una pandemia, o le busca explicaciones irracionales, o no considera protectoras las vacunas, las mascarillas o las recomendaciones de las autoridades. El sector negacionista ha encontrado en algún caso aliados en el ámbito judicial. Eso evidencia que en la sociedad (y en el Estado) hay un sector lunático que reaparecerá en cada momento de crisis grave. La web ha multiplicado los mensajes negacionistas e irracionalistas lunáticos. Es necesario buscar formas de detección de noticias e informaciones falsas, que han de ser punibles si son deliberadas.

Una cantidad excesiva de gente ha entendido las medidas restrictivas del estado de alarma como ataques a su libertad. Ello ha tenido incluso traducción política: en las elecciones de la comunidad madrileña la gente que exigía libertad significaba por ello no tanto libertad empresarial —que también— cuanto libertad para no llevar mascarilla, para celebrar fiestas multitudinarias, libertad de botellón, libertad contra el toque de queda, contra el confinamiento, los cierres perimetrales, etc. Y ha practicado activamente la desobediencia incivil, esto es, la insolidaridad.

La desobediencia (desobedecer salía barato al no estar sancionado de verdad) no ha sido castigada debidamente, lo que se debe prevenir para el futuro. La idea de libertad aludida ahora —en un estado que respeta todas las libertades, pero en una emergencia social colectiva— es puro nihilismo cuando no lo contrario de la libertad liberal: es del tipo de la libertad-privilegio de que gozaron los falangistas, los nazis, los fascistas.

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Escribo en el primer día en que no está en vigor en España el estado de alarma, y veo que su finalización ha sido celebrada en muchos lugares con descerebradas fiestas multitudinarias, sin mascarillas, y con contactos interpersonales. Pero desde luego no cometo la ingenuidad de pensar que esto es el principio del final: eso está por ver, y se tardará bastante en saber, incluso, si la aparición de este virus será periódica o no.

En ciertos momentos la disparidad de comportamientos colectivos —desobedientes agresivos y obedientes— ha parecido, al traducirse políticamente, una guerra civil fría.

Institucionalmente, las citas y las perspectivas electorales han condicionado la toma de decisiones sobre la salud por parte de las autoridades.

Este desordenado relato de circunstancias relevantes resulta desesperante ante la perspectiva del futuro que nos espera. Poderes políticos débiles son inadecuados para hacer frente a situaciones de emergencia, lo cual plantea el problema de fortalecer los sistemas de toma de decisiones públicas sin menoscabar el sistema de libertades políticas y garantías individuales. Eso no significa necesariamente más Estado, pero sí más sociedad civil organizada.

La sanación de un poder judicial sometido al control de los partidos políticos cuando debe ser a la inversa resulta urgente en este país. (Hay en España un partido que pretende elegir a quienes han de juzgar los delitos de sus dirigentes).

Es preciso crear una especie de "senado científico" que se adelante a los riesgos que vamos a correr.

Poblaciones desinformadas y egoístas pueden producir el hundimiento del barco cuando las circunstancias obliguen a reconstruirlo durante el viaje.

Las personas que han sufrido por cuidar de otras en esta pandemia, y las que han sido solidariamente obedientes para buscar la inmunización colectiva, tienen el agradecimiento de la mayoría de sus conciudadanos. A los demás hay que censurarles activamente su egoismo, no perdonarles su estupidez.

La pandemia ha ocupado el primer lugar en nuestras mentes mientras se produce la diaria tragedia de las muertes en el Mediterráneo: la tragedia de los pobres, de los inmigrantes económicos, de los que huyen de las guerras. Muchos no padecerán el virus porque están muertos.

9/5/2021

Otra vuelta de tuerca al concepto de solidaridad

Reflexiones acerca del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo

Emma Martín Díaz y Juan Pablo Aris Escarcena

Desde finales de los años setenta y especialmente durante los años ochenta, la política comunitaria sobre las migraciones tomó como su eje vertebrador la guerra contra la inmigración ilegal. Del consejo de Fontainebleau (1984) nació la propuesta de lo que después se convertirá en el Espacio Schengen y el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia; en la comunicación “Una Europa de las personas” [1], la libertad de movimiento de los europeos se vinculaba de manera indisociable al refuerzo de las fronteras exteriores y a la lucha contra la criminalidad, que ya se proyectaba sobre las migraciones. Dicha libertad era “el punto de partida de la lucha contra la delincuencia o el contrabando de drogas, la prevención de la inmigración ilegal, etc., [mientras que] las ‘fronteras exteriores’ de la Comunidad deberían ser el punto de partida de una solución comunitaria” (apartado 4.2., p. 11). Progresivamente, en lo que puede interpretarse como una victoria simbólica de la crítica desde la sociedad civil, la retórica sobre el gobierno de las migraciones se ha transformado significativamente, adoptando como institución conceptual la gestión de las migraciones. Al incorporar en el léxico institucional el vocabulario de los derechos humanos y los derechos fundamentales, la nueva gestión europea de las migraciones se ha definido por su creciente humanitarismo. Sin embargo, a nivel institucional y político, se han mantenido los objetivos y las dinámicas de gobierno del prohibicionismo migratorio, la restricción de las vías de acceso a Europa a través de criterios económicos difícilmente alcanzables para la mayoría de las personas (especialmente en países del sur global), la expansión de un sistema de deportación a través de la diplomacia internacional, y la vinculación entre rentabilidad económica/laboral y derechos de las personas migrantes en las sociedades europeas.

El espectáculo de las fronteras militarizadas ha contribuido a centrar la imaginación social sobre las migraciones en el barco atestado de personas a la deriva y en las personas encaramadas a las vallas. El objetivo declarado de las políticas migratorias de la Unión Europea desde 2013 era “combatir la inmigración ilegal” y “salvar la vida de los migrantes”. Desde otro punto de vista, el humanitarismo de la Unión Europea prometía proteger a las víctimas de los efectos de su propia maquinaria securitaria. La lógica humanitaria de las políticas europeas se basa en esta distinción entre víctimas y victimarios, entre refugiado e inmigrante (“ilegal” o “irregular”, ambos términos utilizados en la normativa comunitaria en los últimos diez años). La llamada “crisis de los refugiados” ha sido “gestionada” desde este esquema. Víctimas y amenazas eran separadas a través de un proceso de contención y filtrado que para miles de personas ha significado la detención en centros de acogida y campamentos de refugiados, con la promesa de que, si se sometían al control y eran merecedores, podrían optar “al derecho a tener derechos”. Estos finalmente les han sido concedidos a una minoría, mientras que las demás personas han quedado privadas de ellos, etiquetadas y reducidas a la irregularidad, la deportabilidad y la criminalidad.

El “Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo” (2020) europeo refuerza la lógica y la dinámica de gobierno imperante, como ya lo hizo el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (2019), y acentúa la interpretación minimalista de los derechos humanos. La protección internacional y el derecho al refugio están siendo progresivamente limitados, reducidos discursivamente a un ejercicio de caridad de los estados europeos. La solidaridad que se pregona en los discursos de la Comisión sobre este nuevo pacto es una solidaridad entre estados, no para con los exiliados. Si hay algo realmente nuevo es justamente esta degradación de los valores y los principios morales que sustentan el carácter fundacional de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El invariable objetivo político implícito parece ser muy claro: evitar la entrada y los movimientos secundarios, deportar a las personas en situación irregular y externalizar el refugio.

El desarrollo de las ideas sobre la gestión de las migraciones en la UE nos ha llevado a este punto, en el que las instituciones europeas afirman, convencidas de su certeza, que la protección de los vulnerables se puede alcanzar por los mismos medios y por los mismos agentes que la “lucha contra el tráfico ilícito”. En este sentido, el rescate en el mar sigue siendo una de las cuestiones centrales, igual que lo había sido en la Agenda Europea de Migración en 2015. El enfoque, presentado como autoevidente, parte de un humanitarismo militarizado (o un militarismo humanitarista) en el que las fuerzas militares y policiales europeas son responsables de salvar vidas y detener el tráfico ilícito en su acción conjunta en las fronteras exteriores: “Desde 2014, han aumentado las tentativas de alcanzar Europa en buques poco aptos para la navegación, con numerosas pérdidas de vidas en el mar. La operación naval conjunta EUNAVFOR MED SOPHIA y las operaciones coordinadas por Frontex, como Themis, Poseidón e Indalo, han contribuido a realizar más de 600 000 salvamentos desde 2015” [Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, COM(2020) 609 final, p. 14-15]. Este nuevo pacto consagra el llamado “Rescate a través de la interdicción/rescate sin protección” (Violeta Moreno-Lax, 2018) [2]. Las estadísticas de rescates han sustituido a las estadísticas de detenciones en las fronteras marítimas de Europa, con el objetivo de legitimar la siempre creciente presencia de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) como un actor encargado de la loable misión de salvar vidas.

Respecto al salvamento marítimo, una nota que ha sido interpretada como positiva ha sido la intención de poner fin a la criminalización del salvamento realizado por parte de las ONG, como Proactiva Open Arms o Proem-aid. Sin embargo, esta es una cuestión sobre la que las organizaciones deberán estar muy alerta. Mientras que se reconoce explícitamente su valor y su importancia, se reafirma que “en última instancia” son las autoridades nacionales y Frontex los responsables. Las ONG, para operar en este contexto, deben perder su capacidad de ser “observadores externos”, al deber adaptarse y cumplir con un nuevo acuerdo, que supone la aceptación un “código de conducta” para su actividad de búsqueda y salvamento. La idea de este código de conducta proviene de la propuesta italiana de 2017 [3], del mismo Ministerio del Interior que formalizó los nuevos pactos con Libia, dirigido por el predecesor de Mateo Salvini (Marco Minniti), en una muestra más de que las políticas en materia de migración que vienen realizando los gobiernos “de izquierda” europeos son muy similares a las que promueven los partidos xenófobos. Como le sucedió a SOS Mediterranée – criminalizada por negarse a entregar a las personas rescatadas a la guardia costera libia en un momento en el que eran de conocimiento general las situaciones inhumanas y de esclavitud que vivían las personas exiliadas en Libia – la negativa a plegarse a las órdenes de las autoridades podrá seguir siendo criminalizada, ahora incluso con mayor severidad, porque todas las organizaciones que deseen trabajar antes deberán aceptar formalmente el “código de conducta”.

En esta línea, el nuevo pacto refuerza también la tendencia a la externalización del control migratorio y de las responsabilidades de protección internacional. De manera muy significativa, las experiencias de colaboración con Libia y Turquía son expuestas como ejemplos positivos. Así, “La Conferencia ministerial entre la UE y socios africanos [entre ellos Libia], celebrada en julio de 2020, puso de manifiesto la determinación mutua de abordar este problema. El nuevo Plan de Acción de la UE contra el Tráfico Ilícito de Migrantes promoverá la cooperación entre la UE y terceros países a través de asociaciones específicas contra el tráfico ilícito de migrantes, enmarcadas en asociaciones más extensas con terceros países que son clave a este respecto” (Nuevo Pacto, p. 18). Mientras que la UE sigue apoyando e invirtiendo en las fuerzas militarizadas de guardacostas, no se hace eco de los problemas resultantes de estas prácticas. En Libia, por insistir en el caso más aberrante, la UE ha formado y financiado directamente a la Unidad de la Guardia Costera de Zawiya, uno de cuyos dirigentes (Abd al Rahman al-Milad, alias Bija) figuraba entre los seis primeros sancionados de la historia por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por actividades relacionadas con la trata de personas. El Grupo de Expertos de la ONU afirma que al-Milad, y otros miembros de los guardacostas, están directamente implicados en el hundimiento de embarcaciones de migrantes con armas de fuego, y en la colaboración con otras redes de traficantes y con otras actividades de contrabando. A pesar de ello, la UE sigue invirtiendo y patrocinando las guardias costeras y las fuerzas militarizadas encargadas del control fronterizo en Libia y en otros lugares. De hecho, al-Milad, quien había sido detenido y encarcelado en octubre de 2020, ha sido puesto en libertad por el nuevo gobierno en Tripoli y promovido dentro de la jerarquía de la guardia costera de Libia [4]. Que la Unión y los estados miembro sigan tomando la cooperación con Libia como algo positivo y ejemplar, a pesar de estas noticias, es como mínimo alarmante.

La fuerte inversión en estos estados vecinos por parte de la Unión Europea tiene por objetivo el bloqueo de las rutas migratorias y contener en las zonas vecinas los movimientos de exiliados, bloquear las posibilidades de migración y externalizar las obligaciones de protección internacional. El “nuevo” procedimiento fronterizo, el aumento de la inversión humanitaria (que se vincula a los fondos de ayuda al desarrollo) y el desarrollo de un instrumento permanente de reasentamiento son el medio para legitimar la externalización de las obligaciones de protección internacional. Si atendemos a los ejemplos seleccionados, como el caso de Turquía y Líbano en la acogida de “los refugiados afectados por la crisis siria”, el objetivo es que los estados vecinos sean lugares de contención para los éxodos, presentando este enfoque como una solución en la que Europa financia los programas de “acogida” en la misma región y realiza actividades de reasentamiento.

Esto es problemático por dos razones. La primera es que la capacidad de ejercer el derecho a la protección internacional es negada a través de este procedimiento. El riesgo de no poder ejercer el derecho a la protección internacional es una realidad en Libia y Turquía. Libia no es signataria de la Convención de Ginebra de 1951. Turquía, a pesar de ser signataria de la Convención de Ginebra de 1951, ha mantenido la cláusula de restricción geográfica por la que sólo los europeos pueden obtener el estatuto de refugiado. Ningún exiliado del conflicto sirio puede ser considerado “refugiado” en Turquía, stricto sensu.

La segunda, es la definición poco concreta y la falta de garantías de los procedimientos de reasentamiento. Por una parte, los procesos de reasentamiento pueden pensarse en la misma clave que el programa de reasentamiento desde Turquía a la UE. Durante 2016, cuando se formalizó la Declaración UE-Turquía (18 de marzo de 2016), se calculaban dos millones y medio de exiliados residentes en Turquía, de los que la UE se comprometía a reasentar un máximo de 54.000, aunque ya es de sobra conocido que ningún estado cumplió con sus compromisos de reubicación y reasentamiento durante estos años y las cifras reales de reasentamiento son muy inferiores (sólo 28.000 personas han sido reasentadas desde Turquía tras cinco años) [5]. Estas políticas de reasentamiento eran problemáticas también por la discriminación por nacionalidad, ya que sólo los “refugiados” sirios podían acceder a estos mecanismos, y por no vincularse a los procedimientos de reagrupación familiar. Por otra parte, en el nuevo pacto parece que se está fomentando otro tipo de programas de reasentamiento, centrados en la contención regional: “La evacuación humanitaria de personas desde Libia a los Mecanismos de Tránsito de Emergencia en Níger y Ruanda para el reasentamiento ulterior ha ayudado a los más vulnerables a escapar de circunstancias desesperadas” (p. 22).

Distintos estados vecinos (Libia, por ejemplo), al estar recibiendo financiación europea para los cuerpos militarizados de guardas de fronteras y costas, se configuran como lugares de bloqueo para las personas que desean migrar a Europa. Ante las situaciones de violaciones masivas de derechos humanos que son constatadas y denunciadas en estos estados, la reacción política de las instituciones comunitarias ha sido definir estos estados o ciertas regiones internas como zonas “en crisis”. En las zonas que viven estas “crisis humanitarias”, Europa ha puesto en marcha y financiado programas para reasentar en otros territorios, no europeos, a las mismas personas que son bloqueadas en su deseo de ir al viejo continente. Por ejemplo, un programa piloto, en coordinación con ACNUR, ha reasentado a personas desde Libia a Níger y Ruanda [6]. Esta doble acción se realiza sin reconocer que la violencia que crea las situaciones de “crisis humanitaria” es causada por las políticas de prohibicionismo migratorio de la Unión Europea. La solución humanitaria que se propone en Europa no pasa por una revisión de sus prioridades, sino por un refuerzo de toda la red de actores militarizados del control migratorio y de los fondos dedicados a la asistencia humanitaria (preferiblemente, fuera de Europa) de las víctimas que este sistema genera.

Lo realmente novedoso del “Nuevo pacto” no es, pues, la paradójica combinación de humanitarismo y militarización, sino la afirmación desnuda de la solidaridad como mecanismo de control. La evidencia de esta transformación no se encuentra en la retórica, sino en los planes específicos que se proyectan sobre la base de los discursos de la solidaridad. De hecho, en el nuevo pacto se habla en términos muy vagos sobre en qué consiste la solidaridad entre los estados miembro respecto a la gestión de las migraciones. En la comunicación [COM(2020) 609 final] las referencias al “nuevo mecanismo de solidaridad permanente” refieren repetidamente a la posibilidad de la reubicación de las personas salvadas en el mar; sin embargo, el eje de este nuevo mecanismo que ha servido para conseguir un compromiso de cooperación con los estados estadosesque se negaban a reubicar a ningún migrante, es la posibilidad de elegir qué significa la solidaridad. Y es que el nuevo mecanismo de solidaridad sólo se entiende en relación a la modificación propuesta del Reglamento sobre el procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión, que “garantiza que los migrantes que inician la fase previa a la entrada puedan, en cualquier momento, ser objeto de reubicación o de patrocinio de retorno en el marco del nuevo mecanismo de solidaridad” [COM(2020) 611 final, p. 6]. Es decir, los estados europeos podrán elegir si su participación en el mecanismo de solidaridad supone la reubicación de personas migrantes en sus territorios o si prefieren financiar económicamente el nuevo programa de deportación desde la UE hacia terceros países. Un programa en el que Frontex tiene un protagonismo creciente [7]: una agencia sobre la que se han demostrado graves irregularidades relacionadas con su actuación y gestión de los fondos [8], algo que vienen señalando repetidamente varias organizaciones y que ha acabado desencadenando investigaciones por parte de la UE sobre la agencia, como ha publicado recientemente statewatch [9].

Notas:

[1] “A people's Europe. Implementing the conclusions of the Fontainebleau European Council”. COM (84) 446 final, 24 September 1984. http://aei.pitt.edu/2826/

[2] Moreno-Lax, V. (2018) “The EU Humanitarian Border and the Securitization of Human Rights: The ‘Rescue-Through-Interdiction/Rescue-Without-Protection’ Paradigm”. JCMS: Journal of Common Market Studies, 56 (1), 119-140.

[3] La Comisión adoptó el 4 de julio de 2017 un «Plan de acción sobre medidas para apoyar a Italia, reducir la presión a lo largo de la ruta del Mediterráneo central e incrementar la solidaridad», que incluía la elaboración, por parte de Italia, de un código de conducta para las ONG que llevan a cabo actividades de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo [RECOMENDACIÓN (UE) 2020/1365 DE LA COMISIÓN de 23 de septiembre de 2020 sobre la cooperación entre Estados miembros en relación con las operaciones de búsqueda y salvamento realizadas por buques que sean propiedad de entidades privadas o estén explotados, punto 14].

[4] https://dossierlibia.lasciatecientrare.it/il-trafficante-bija-scarcerato-e-promosso-sara-a-capo-della-guardia-costiera-libica/?fbclid=IwAR2Iua7vB0O8yVvZPw28lE52i5ymcb72H_LOqc-PGGgsRCu8pJdH4kkCaUI y https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/18/quien-es-bija-uno-de-los-mayores-traficantes-de-personas-del-mundo-que-acaba-de-ser-liberado-en-libia/

[5] https://www.migrationpolicy.org/article/eu-turkey-deal-five-years-on

[6] https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/horn-africa/regional/enhancing-protection-lifesaving-assistance-and-sustainable-solutions_en

[7] Sólo hay que ver el meteórico incremento de su presupuesto, que aumenta todavía más este 2021 (540 millones de euros) y supera el pasado récord de 2020 (364 millones de 2020). https://frontex.europa.eu/about-frontex/key-documents/?category=budget

[8] https://www.statewatch.org/news/2021/february/eu-legal-actions-pile-up-against-frontex-for-involvement-in-rights-violations/ ; https://www.hrw.org/news/2020/11/09/eu-probe-frontex-complicity-border-abuses ; https://euobserver.com/migration/151374 ; https://corporateeurope.org/en/lobbying-fortress-europe

[9] https://www.statewatch.org/analyses/2021/frontex-investigations-what-changes-in-the-eu-border-agency-s-accountability/

[Emma Martín Díaz y Juan Pablo Aris Escarcena son miembros del Dpto. de Antropología Social de la Universidad de Sevilla]

5/5/2021

Las relaciones España-Marruecos y las crisis migratorias

Rafael Lara

1. Una breve mirada histórica. 2. Colchón de intereses compartidos. 3. Los conflictos irresueltos. 4. La cuestión migratoria. 5. Marruecos como socio estable y fiable. 6. La Ceuta insostenible. 7. Reivindicar el respeto a los derechos humanos también ahora

1. Una breve mirada histórica

A veces es necesario echar una larga mirada atrás para comprender los conflictos del presente.

A mi modo de ver el Mediterráneo occidental empieza a constituirse realmente como zona de Frontera a finales del siglo XV, con la culminación de la conquista de Granada en 1492 al lado de otros hitos como la conquista de Ceuta por los portugueses en 1415 y de Melilla por la corona de Castilla en 1497.

Cierto es que anteriormente se produjeron no pocos conflictos que involucraron a las dos orillas. Pero durante siglos primaron las relaciones e intercambios de todo tipo. Incluso durante extensos períodos históricos ambas orillas del estrecho formaron parte de los mismos reinos o imperios. Recuérdese que por ejemplo el imperio romano no hacía distingos entre las dos orillas del Estrecho: las dos le pertenecían y la unión de ambas facilitaba su común explotación. En esa época el Estrecho fue un símbolo de integración. Recuérdese también que las dos orillas formaron parte de unidades más amplias en determinados períodos de la época visigoda, de Bizancio, en el califato de Córdoba, con los almohades, o finalmente durante la época nazarí.

Pero es a partir de la conquista de Granada cuando el Mediterráneo empieza a configurarse como una auténtica frontera. Y ello pese a los deseos de Isabel la Católica, que consideraba que España tenía derecho a continuar la llamada “reconquista” en África como parte de la herencia de Roma. Incluso poco antes de morir dicta un Testamento en que ordena “Que no cesen de la conquista de África” [1].

Pero la frontera ya se había generado y se profundiza y perdura hasta la actualidad.

La Corona de Castilla consideraba que la amenaza militar más directa tenía su origen en las costas africanas (Berbería), a las que huyeron muchos musulmanes tras la conquista de Granada y donde fueron arrojados decenas de miles de moriscos en aquella vergonzosa expulsión que puso en marcha Felipe III entre 1609 y 1613.

Para los monarcas las conquistas al otro lado del Estrecho estaban plenamente justificadas en teoría por razones puramente defensivas (los ataques preventivos en la jerga actual), con el objetivo de proteger las costas de los ataques de los piratas del otro lado del Estrecho (y más tarde de corsarios ingleses) que las asolaron hasta el siglo XVIII.

Por ello, durante la segunda mitad del siglo XV y primera del XVI, Castilla ocuparía sucesivamente Melilla (1496), Cazaza y Mazalquivir (1505), el peñón de Vélez de la Gomera (1508), Orán (1509), los peñones de Argel, Bugía y Trípoli (1510), Bona, Bizerta, Túnez y La Goleta (1535), en tanto que Portugal centraba su expansión en el litoral atlántico, tomando Ceuta (1415), Tánger (1471), Mazagán (1502), Agadir (1505) y Mogador (1516), si bien se limitaron a ocupar dichas plazas pero sin adentrarse en el continente [2]. Eran consideradas, más que colonias, presidios de carácter militar, carácter que tuvieron las plazas de Ceuta y Melilla hasta bien entrado en siglo XX.

Pero la aparición y consolidación del sultanato de la dinastía alauí hizo que todas aquellas plazas se perdieran sucesivamente. Y aunque en el siglo XVII Felipe III todavía conquistó Larache y Mámora, para comienzos del siglo XIX solo quedaban en manos españolas Ceuta, Melilla y los peñones.

Los siglos siguientes contemplan conflictos de todo tipo, con los sultanes de Marruecos. La toma de Gibraltar por los ingleses en 1704 acentúa y consolida el carácter de frontera de las costas andaluzas y el estrecho de Gibraltar.

En ese contexto, una de las obsesiones de los monarcas, ya con los Reyes Católicos, pero también durante el reinado de Felipe II, fue la fortificación de las costas andaluzas para prevenir ataques de piratas y corsarios. El gran impulso de la fortificación costera vino de la mano del rey Carlos III, sobre todo tras la toma de Gibraltar por los ingleses en 1704 y el incremento de la piratería berberisca y la corsaria en el contexto de las guerras europeas en las que se veía involucrada la monarquía. Carlos III dispuso la construcción o rehabilitación de más de 60 fortificaciones y torres almenara en la costa andaluza [3].

Lo de “hay moros en la costa” tiene aquí su origen. Hoy se conoce lo que es el SIVE (Sistema Integrado de vigilancia Exterior), pero en realidad ya se había inventado hace siglos.

La sociedad española ha ido construyendo un imaginario negativo de Marruecos lleno de prejuicios y estereotipos que se fueron articulando a la largo de aquellos siglos, pero que se reforzó en el siglo XX con el protectorado, la guerra del Rif y la guerra civil española

El protectorado

El protectorado español (que se extendió de 1912 a 1956) es producto casi de una casualidad. En un contexto de extrema tensión entre las grandes potencias, que finalmente desembocaría en la Primera Guerra Mundial, el Protectorado (que ocupa buena parte del Norte de Marruecos) en realidad es concedido a España por ser una potencia de orden menor, en decadencia, para evitar que una sola potencia importante (Alemania, Francia o Inglaterra) controlara las dos orillas del Estrecho.

Es fácil comprobar que la mayor inversión de la España del protectorado fue la dedicada a la construcción de cuarteles por doquier para el control del territorio. Sólo era necesario cruzar el río Muluya, que separaba la zona española de la francesa, para comprobar la diferencia de gestión de ambos ocupantes.

La guerra del Rif

Desde el primer momento de la ocupación militar española del Rif, la resistencia de la población rifeña fue muy importante. Tras un primer momento de derrotas, las tribus rifeñas pasaron al ataque y destrozaron las líneas defensivas españolas, provocando la desbandada de un ejército mal dirigido y formado por soldados bisoños.

El ejército español quedó prácticamente recluido en Melilla. Y la reacción que siguió se llevó a cabo con un ejército profundamente corrompido y peor dirigido. Los soldados españoles, en su mayoría procedentes de levas forzosas, estaban muy poco entrenados, mal pagados y alimentados, pésimamente armados y peor calzados (abarcas y alpargatas), se desmoralizaban enseguida y tenían verdadero pavor a los rifeños. Había asimismo serios problemas de corrupción tanto a nivel de intendencia y oficialidad como entre la tropa, que vendía sus propios fusiles y municiones a los rifeños.

El desastre de Annual en 1921 (para los españoles) provocó el golpe de estado y la dictadura de Primo de Rivera a un lado del Estrecho, mientras que, en el otro, confirmó la República del Rif, dirigida por Abd el-Krim, una república de características bastante modernas y democráticas para la época. Cumplimos este año precisamente el centenario de su proclamación

La venganza no tardaría en llegar al Rif tras el desembarco de Alhucemas en 1925: España tiene el dudoso honor de haber sido el primer país en bombardear desde el aire con iperita –el gas mostaza– aduares, zocos en días de mercado y determinadas cabilas rifeñas, violando el Tratado de Versalles que prohibía su uso [4]. En 1926 aquella experiencia independiente en el Norte de África dejó de existir.

La guerra civil española

La percepción sobre el Rif y nuestro vecino país en la memoria colectiva de los españoles tampoco mejoró con la utilización por Franco durante la guerra civil de “tropas moras”, denunciadas por su crueldad. Aunque también es cierto que aquellos “moros de Franco” fueron en su mayoría víctimas del hambre, de la pobreza y de la colonización, a los que se les pagó un sueldo ridículo y de miseria por colocarse en primera línea de la guerra como carne de cañón [5].

La independencia de Marruecos se produce en 1956, en los primeros momentos de la ola de ruptura colonial en todo el llamado Tercer Mundo, con un fuerte componente de reivindicación nacionalista. Hasta bien entrada la década de los 80, entre ambos países prima todavía la desconfianza mutua y los conflictos. Enemistad que no fue óbice para que la España de Franco viera con buenos ojos la tremenda represión sobre la población rifeña de 1958 desatada por el régimen de Hassan II.

Aquellos años fueron los de la persistente reivindicación de Ceuta y Melilla por parte del recién creado reino de Marruecos, la retrocesión de Tarfaya en 1958 y la de Ifni en 1969 (tras otro vergonzoso conflicto armado entre 1957 y 1958), o la Marcha Verde en 1975 que terminó con la ignominiosa e ilegal cesión del Sahara Occidental a Marruecos por parte del moribundo régimen franquista y el Rey Juan Carlos.

2. “Colchón de intereses” compartidos

La entrada de España en la UE provoca una reformulación drástica en las relaciones entre España y Marruecos.

La pertenencia a la UE ha facilitado lo que la diplomacia española suele denominar “colchón de intereses” [6]. Intereses compartidos, si bien asimétricos, entre las oligarquías y los gobiernos de ambos países que intentan filtrar y amortiguar los ámbitos de conflicto y facilitar los acuerdos sobre los mismos.

Contrariamente a la imagen negativa existente en la sociedad, los estamentos oficiales, elites intelectuales y sectores económicos españoles son parte de ese colchón de intereses, en consonancia con el creciente papel comercial que juega Marruecos para España. Ésta se ha convertido desde hace cinco años en el principal socio comercial, por delante de Francia. Las economías de Marruecos y España se han vuelto más interdependientes y complementarias.

En 2018, el conjunto de las exportaciones e inversiones entre España y Marruecos supusieron ya el 15% del PIB marroquí. Marruecos es un mercado prioritario para España, siendo su primer socio comercial de las regiones de África del Norte (el 56% de las exportaciones totales españolas a la región fueron a Marruecos) y el destino del 44% de las exportaciones totales a África [7].

Numerosas empresas españolas tienen externalizada su producción en diversas zonas de Marruecos [8]. En Tánger es especialmente importante la industria textil, con Inditex y Mayoral a la cabeza, que como se sabe mantienen a las trabajadoras en condiciones de auténtica explotación [9].

Este nuevo marco de relaciones se va afianzando con la firma en 1991 del Tratado de Amistad, Buena Voluntad y Cooperación. En el año 2000 se firma el Convenio de Asociación entre Marruecos y la Unión Europea, y finalmente, en 2008, el Consejo da luz verde al Estatuto de Asociación Avanzado entre la Unión Europea y Marruecos, lo que significa que este país pasa a disfrutar de un marco privilegiado de relaciones políticas, económicas y sociales con la Unión, y tendrá acceso a determinados programas comunitarios. Sus principales valedores ante la UE, como se puede imaginar, son España y Francia.

En 2012 se firma el acuerdo de cooperación policial transfronteriza (que permite comisarías conjuntas en Algeciras y Tánger), que supone un alto grado de confianza y cooperación recíprocas.

3. Conflictos irresueltos

El “colchón de intereses” se denomina así porque favorece que se puedan limitar y amortiguar los posibles conflictos por las cuestiones irresueltas entre ambos países. ¿Cuáles son esos temas de conflicto que persisten desde la independencia o se modulan en estas décadas?

- En primer lugar, la cuestión de los territorios de España en África (Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas y Peñones), siempre latente, que resurge una y otra vez, utilizada por el régimen marroquí de modo nacionalista como medio para cubrir los conflictos internos. Hasta ahora no ha llegado la sangre al río en ningún momento, pero sin duda se trata de un tema de difícil solución, por lo menos en lo que a Ceuta y Melilla se refiere, no tanto con respecto a Chafarinas y Peñones (Perejil, Alhucemas y Vélez de la Gomera), una cuestión de buena voluntad y menos testosterona nacionalista.

- En segundo lugar, la delimitación de los espacios marítimos, tanto en la costa atlántica como mediterránea. Las delimitaciones de los espacios marinos con Marruecos revisten una importante complejidad debido precisamente a las Plazas de Soberanía y peñones, que impide un acuerdo sobre las líneas de bases rectas permitidas por el CNDUM (Convención de Naciones Unidas sobre el Derechos en el Mar). Marruecos ha establecido unas líneas de base rectas en el Mediterráneo que ignoran las Plazas de Soberanía, lo que ha sido protestado y rechazado por el gobierno de España.

- En tercer lugar, se suman una serie de aspectos relacionados con temas de cooperación económica y explotación de recursos —cada vez menos directamente en manos españolas y más bajo la competencia de la UE—, como los acuerdos pesqueros, que permanentemente suscitan el problema de su aplicación a las aguas del Sáhara Occidental.

- En cuarto lugar, la cuestión de Sáhara, que articula y condiciona toda la política exterior del régimen marroquí. No me extiendo sobre lo que supusieron los acuerdos de 11 de noviembre de 1976, la vulneración del derecho internacional y la dejación de sus funciones como potencia administradora que España sigue siendo según la ONU. Ni en que la opinión pública española es mayoritariamente pro saharaui.

Al ser elemento central de la política marroquí, condiciona todas las relaciones no sólo con España sino con el conjunto de la UE (en estos momentos mantiene un conflicto diplomático con Alemania). Para Marruecos es casus belli cualquier mínima veleidad en el apoyo sin fisuras de España a su anexión del Sáhara.

- Finalmente, la inmigración, particularmente el control por Marruecos de la inmigración irregular, de la que hablaremos ahora.

4. La cuestión migratoria

La cuestión migratoria no empieza a convertirse en un problema entre España y Marruecos hasta principios de los años 90, tras el Tratado de Schengen. Hasta entonces había poca inmigración hacia España por la Frontera Sur, fundamentalmente marroquí, y no existían grandes trabas legales. En 1964, inlcuso se había firmado un Acuerdo entre los gobiernos de España y Marruecos sobre supresión de visados para los “súbditos” (sic) de ambos países.

En estas condiciones, antes de Schengen, no era infrecuente el viaje de ida y vuelta para buscar trabajo (si no se encontraba, se volvía a casa). Poco a poco la comunidad marroquí se constituye así en una de las más antiguas y numerosas en España. En 2020 las personas marroquíes empadronadas en España suman 869.661 personas y son, según el INE, la primera nacionalidad extranjera, representando un 16,1% del total de extranjeros. No hay que olvidar que además hay un importante número de personas de origen marroquí nacionalizadas españolas.

Pero a partir del Tratado de Schengen se ponen las bases de la que conocemos como “Europa Fortaleza” y se empieza a construir el mito de la inmigración como problema, asociándolo además a terrorismo y narcotráfico, todos incluidos en el mismo paquete de lucha contra la criminalidad. En noviembre de 1988 se produjo la primera tragedia con el naufragio de una primera patera en Tarifa, y desde entonces las migraciones han pasado a convertirse en un drama en el conjunto de nuestra Frontera Sur.

Y comienzan las presiones para que Marruecos se convierta en un país-tapón de las migraciones y ejerza su papel en las políticas de control migratorio (la llamada “política de vecindaje”) diseñadas desde la UE.

Se trata de un proceso de progresiva externalización y verticalización de las fronteras, que corresponsabiliza a Marruecos del control de los flujos migratorios y de ello se hará depender la ayuda al desarrollo y los acuerdos de colaboración.

Pionero fue el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en 1992, y como es sabido de aplicación incierta y esporádica.

A éste le siguen otros acuerdos que van creando un corpus de relaciones para el control de las migraciones. Por ejemplo, el Acuerdo de 1996 sobre permisos de trabajo.

En la Conferencia euroafricana de Rabat de los días 10 y 11 de julio de 2006 (en plena “crisis de los cayucos”) se plasman de forma efectiva, por primera vez, las políticas de externalización y readmisión.

En estos años Marruecos ha ido dando muestras suficientes de su opción estratégica de aproximación a Europa, haciéndose valer como país fiable, sólido y estable en un contexto de gran inestabilidad que atraviesa en conjunto del Magreb. Y el premio se ha sabido estos días: desde 2007, Marruecos ha recibido de la UE 13.000 millones de euros en cooperación.

5. Marruecos como socio estable y fiable

Pero realmente… ¿Es Marruecos un socio estable y fiable en los estándares fijados por España y la Unión Europea?

Como se ha podido ver en la crisis ceutí, el resultado incluso a corto plazo es incierto. Por varias razones:

Primero, porque no es mantenible, y sí hipócrita y contradictorio, defender los derechos humanos y exigir al mismo tiempo la puesta en marcha de medidas cada vez más duras de control de fronteras y rechazo de los inmigrantes subsaharianos, así como el control de su propia población que desea emigrar. Medidas que implican el reforzamiento del Estado represivo y las restricciones a las libertades ciudadanas, con masivas violaciones de derechos humanos. Eso va a chocar antes o después con una ciudadanía cada vez más insatisfecha.

Segundo, porque a pesar de las inyecciones de fondos europeos y españoles, Marruecos no tiene —no puede tener— la capacidad suficiente para controlar una costa de 1835 km (2950 con el Sahara) y fronteras desérticas con los países del sur de más de 2000 km (contando Sahara). Independientemente de que, además, la gestión de esos fondos se pierde en buena medida en las costuras de la Casa Real y el Majzen.

Tercero, porque no deja de generar roces con los países de la CEDEAO (Comunidad de Estados de África Occidental) a la que Marruecos aspira a integrarse y que supone un espacio de libre comercio que el país alauita quiere aprovechar. Los países del África Occidental reclaman también la recepción de cuantiosas ayudas para controlar la emigración.

Cuarto, porque Marruecos no tiene cultura de gestión democrática de los problemas. Cualquier conflicto es susceptible de motivar un estallido social, como en el Rif en 1917. Su única forma de gestión es la represión pura y dura y la violación continua de los derechos humanos. Pero eso tiene un límite, no es mantenible indefinidamente.

Quinto, porque el régimen marroquí no es todo lo predecible que le gustaría a Europa. Quizás mientras las inyecciones de fondos europeos contenten a la casta dirigente en torno al palacio y al Majzen. Pero hay una fuerte inestabilidad política soterrada y una gran crisis social y económica que pueden crear no pocas fisuras y repetidas crisis en poco tiempo.

Así que es difícil considerar que nos encontramos ante un régimen “estable”. Y menos que Marruecos sea un régimen “fiable” o “leal” a los acuerdos firmados. Ese régimen dispone de una clase política muy inteligente que piensa a largo plazo, que sabe jugar sus cartas y que carece totalmente de escrúpulos. Marruecos siempre juega en su propia liga y aprovecha las “debilidades” del contrario para conseguir nuevos reconocimientos y contraprestaciones a sus reivindicaciones/exigencias, sean políticas o económicas.

Y el control de las migraciones es una de esas cartas en manos de un régimen que no duda en usar sin ningún escrúpulo a su propia gente, desesperada por la situación de miseria en que viven, empujándoles a jugarse la vida al cruzar fronteras o saltar vallas si le es útil a sus intereses o políticas de Estado. Pasó en 2014, cuando la Guardia Civil pidió la identificación al yate del Rey (llegaron miles de personas a Cádiz en varios días animados incluso por la mehani). Pasó también en 2018, mirando hacia otro lado en las salidas de pateras por el Estrecho, hasta que Marruevos fue convenientemente compensado con 140 millones de euros de la UE.

Puede ser para presionar por la hospitalización del dirigente saharaui Brahim Gali en Logroño y para que España no se le ocurra modificar un ápice de su apoyo injusto e ilegal a Marruecos en la cuestión del Sahara, puede ser para conseguir 30 millones de euros que le ha concedido de inmediato el Gobierno de España, o puede ser cualquier otra cuestión. Sea para lo que sea, el despótico régimen marroquí no ha tenido ninguna duda en abrir las verjas y animar a miles de niños a tirarse al agua y crear una situación humanitaria y políticamente insostenible.

6. Ceuta insostenible

La situación de Ceuta es insostenible, en muchos y demasiados aspectos, con el actual marco de relaciones y dependencias mutuas entre España y Marruecos.

Tal vez las vallas sean un baluarte casi insorteable para las personas migrantes. Pero son al tiempo un muro que aísla cada vez más a Ceuta de su entorno y la hace depender en todos los aspectos de la península.

No es nada nuevo [10]. Cuando Ceuta fue conquistada por los portugueses en 1415 la primera medida de los invasores fue expulsar a la totalidad de la población originaria. A partir de ahí Ceuta vivió siempre de espaldas a Marruecos. Tanto es así que cuando Portugal se independiza de España en 1640, los ceutís deciden seguir bajo la corona española, pues Lisboa estaba demasiado lejos para socorrerlos.

La multisecular consideración de Ceuta como “presidio”, junto a las otras plazas africanas (lo que persistió hasta 1910), perjudicó gravemente el desarrollo de la localidad, al considerarse un enclave que debía ser mantenido lo más aislado posible del exterior. La incomunicación con el territorio circundante durante buena parte de su historia ahondó estas dificultades.

La dependencia de la península se puso de manifiesto especialmente durante el cerco de Muley Ismail desde 1694 a 1727. Y se vio gravemente afectada por la toma de Gibraltar por los ingleses, que dejaba a Ceuta sin su más cercano puesto de socorro.

No es hasta 1792 cuando se produce la primera llegada a Ceuta de personas musulmanas, tras casi cuatro siglos de su expulsión de Ceuta por los portugueses, en 1415. Se trata de un grupo de soldados fieles a la Corona que habían formado parte de la guarnición de Orán, la famosa compañía de los Moros Mogataces. Levantada su condición de Presidio en 1910, lentamente y más aceleradamente durante el protectorado, la ciudad de Ceuta empieza creer y a acoger de nuevo a población musulmana de origen marroquí.

Pero el vivir de espaldas a Marruecos continúa hasta nuestros días, y se ha agudizado hasta límites extremos con la construcción de la valla (fortaleza en ambos sentidos) y la conversión de la frontera en una zona de grave conflicto y tensión permanente.

El cierre de las fronteras comerciales o el fin del porteo de mercancías son dos ejemplos de este asilamiento, con graves consecuencias sociales y económicas a ambos lados de la valla.

Pero si la situación es insostenible en general, lo es más al intentar mantener a toda costa el cruel e inhumano control de fronteras para rechazar a las personas. Los conflictos se han sucedido desde hace 30 años y se recrudecen una y otra vez [11]. Lo que vivimos hoy es una nueva apuesta en esa escalada.

Recordemos los incidentes racistas de las murallas de El Ángulo en 1995, la tremenda experiencia del infrahumano campamento de Calamocarro en el año 2000, las muertes por disparos de migrantes en 2005, que fueron un escándalo internacional —durante las cuales por cierto ya Zapatero desplegó por primera vez el ejército en la frontera—, el pozo sin fondo que supone el mantenimiento y la renovación continua de las vallas y el despliegue de efectivos, la extrema militarización de la ciudad y del control migratorio, las muertes en el Tarajal de 2014 por disparos de botes de humo y bolas de goma de la Guardia Civil, el escándalo de las devoluciones en caliente, la Cárcel a cielo abierto para los migrantes retenidos en los CETIs…

Una situación insostenible por la continua violación durante decenas de años de los derechos humanos más elementales, entre ellos el derecho a la vida, de miles y miles de personas que desean justamente emigrar.

7. No hay solución sin el respeto insoslayable de los derechos humanos

Esta crisis no nos debe apabullar y llevarnos a modular la exigencia de que se respeten los derechos humanos, por más que la ultraderecha esté convirtiendo este conflicto en una invasión de supuestos soldados marroquíes —a pesar de las imágenes de niños rescatados del mar—. Por más también que Pedro Sánchez convierta la cuestión en una defensa de la integridad territorial de España, olvidando la mínima humanidad y presumiendo del número de personas devueltas.

No queremos que Marruecos blinde las fronteras. Nos gustaría un mundo sin fronteras. Pero en tanto las haya, las quisiéramos permeables, teniendo en cuenta los legítimos intereses existentes. Sobre todo, siendo capaces de asumir las necesidades de la gente que habita y vive a ambos lados de la valla inhumana. Unas fronteras que quisiéramos gestionadas democráticamente y que respetaran de forma absolutamente insoslayable los derechos humanos.

Y mirando más hacia adelante, debemos seguir planteando la necesidad de modificar la situación actual que se vive en Ceuta. Para lo cual es imprescindible replantearse cómo y con qué principios se desarrollan las relaciones con Marruecos y, claro, repensar radicalmente la gestión y las políticas migratorias que España y la UE llevan aplicando sin eficacia alguna, y con mucho sufrimiento humano y muchos muertos en su haber, desde hace treinta años.

Notas:

[1] Ver Joseph Pérez. “Isabel la Católica, África y América”. 2004. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/isabel-la-catlica-frica-y-amrica-0/html/007b802a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_3.html

[2] Miguel Anges de Bunes Ibarra. “La presencia española en el Norte de África”. 1995. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1705974.pdf

[3] Rafael Lara, “Fortificaciones en una tierra de frontera. La costa Occidental Malagueña”. El Boletín. 2017.

[4] Joan Palomés. “La memoria de Annual: una incierta gloria”. 2019. https://ctxt.es/es/20190918/Politica/28444/desastre-de-annual-expediente-picasso-guerra-de-marruecos-rif-joan-palomes.htm

[5] Boughaleb El Attar. “Los marroquíes en la guerra civil”. 2009. https://elpais.com/diario/2009/04/10/opinion/1239314405_850215.html

[6] Real Instituto Elcano. “Relaciones España Marruecos”. 2015.

[7] Paco Méndez y Paco Cantero. “Relaciones España-Marruecos”. 2019 .https://murciaeconomia.com/art/63539/relaciones-comerciales-espana-marruecos

[8] Ver aquí la lista de empresas españolas instaladas en Marruecos: https://noteolvidesdelsaharaoccidental.org/principales-empresas-espanolas-instaladas-en-marruecos-web-del-ministerio-de-exteriores-espanol/

[9] Informe SETEM y Atawassoul, “Perfiles y condiciones laborales en el Sector Textil de Tánger”. 2020. http://www.setem.org/media/pdfs/Estudio_Marruecos_ESP.pdf

[10] Rafael Lara. “Inventario Fortificado de la ciudad de Ceuta”. El Boletín. 2010.

[11] Rafael Lara (coord.) “Informe Frontera Sur. APDHA”. 2014. Monográfico dedicado a Ceuta y Melilla. https://www.apdha.org/media/frontera_sur_2014_web.pdf

[Rafael Lara es Coordinador del área de Solidaridad Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía —APDHA]

28/5/2021

La izquierda perpleja

Albert Recio Andreu

La aplastante victoria electoral de la derecha en la Comunidad de Madrid ha dejado sin aliento a la izquierda. La retirada de Pablo Iglesias es la imagen más obvia de esta reacción, aunque, si nos atenemos a la estricta matemática electoral, él fue uno de los ganadores de las elecciones. Su histriónica decisión no sirvió para derrotar a las diferentes versiones del trumpismo madrileño, pero sí para consolidar la presencia institucional de Unidas Podemos. El gran derrotado fue el PSOE; le salió mal la jugada de Murcia y peor aún su campaña de Madrid.

Más allá de un mal resultado electoral, estas elecciones plantean dos cuestiones candentes. En primer lugar, la de explicar las razones que han llevado al electorado a dar la victoria a un partido que ha gestionado fatal la pandemia, en términos tanto sanitarios como económicos. En segundo lugar, la de preguntarse si estamos ante un fin de ciclo político, especialmente de lo que en su momento representaron el 15-M, la eclosión de Podemos y las candidaturas municipalistas.

Cuando las cosas van mal suele imponerse la búsqueda de culpables de lo que está ocurriendo, y en este campo la izquierda es muy tradicionalista. Aparece todo el abanico de fórmulas para cargarle el muerto a algún oponente. Una de las predilectas es la de los que piensan estar en posesión de la guía correcta a la revolución, lo que les permite recordarles al resto en qué momento nos desviamos del camino. Otros emplean una técnica más tradicional, simplemente aplicarle el epíteto de “traidor” a quien no gusta. Hay otras muchas variantes, desde la autoflagelación hasta la de culpar a la alienación de los votantes que no han entendido qué se estaba dirimiendo. Son todas ellas respuestas comprensibles: todos tenemos nuestra propia idea de qué debería hacerse, todos tenemos una opinión sobre nuestros líderes (y, hay que reconocerlo, el mundo de la política y las organizaciones está lleno de trepas, oportunistas y egos insufribles), todos pensamos que nuestras ideas son mejores y más respetables que las de la derecha, todos conocemos lo bastante los datos sobre la pandemia y la economía en Madrid para concluir que el Gobierno de Ayuso ha sido el más nefasto de toda España... Sin embargo, más que ayudar a reconstruir el espacio de la izquierda tras la derrota, el efecto de estas respuestas, emocionales, acaloradas e irreflexivas, suele ser provocar desánimos y divisiones.

A la hora de entender los comportamientos sociales, de los que los electorales forman parte, considero útil partir de dos hipótesis complementarias. La primera es que el comportamiento real de la gente, de todos nosotros, se aleja de la presunta racionalidad basada en valorar pros y contras, en comprender los efectos de cada decisión y obrar en consecuencia. La segunda es que nuestros comportamientos están dominados por nuestras prácticas cotidianas y que éstas están, en gran parte, constreñidas por las estructuras sociales de las que participamos.

El supuesto de la conducta racional es el que sustenta buena parte del andamiaje teórico de la teoría económica neoclásica, una verdadera insensatez a la luz de los avances en otras disciplinas científicas por cuanto se basa en la existencia de individuos omniscientes, capaces de prever todos los efectos de cada una de sus acciones, no influenciables por su entorno, capaces de diferenciar nítidamente entre fines y medios... El mundo real es totalmente distinto: tomamos decisiones con información imperfecta, somos influenciables por el entorno, a menudo no están claros ni los fines ni los medios (pues son complejos, etéreos), la incertidumbre domina nuestros horizontes, muchas vaces reaccionamos con respuestas irreflexivas, las pasiones juegan su papel... Hay numerosas páginas de buena ciencia, de gran parte de la economía heterodoxa (e incluso de algún economista académico prestigioso), que permiten descifrar la complejidad de los procesos de decisión, de actuación. En cambio, una parte de la izquierda ignora estos hechos y reduce el comportamiento de la gente al esquema racional-irracional o a la versión más sofisticada de conciencia-falsa conciencia; en el fondo es una lectura idealista de comportamientos que se entienden mejor mdiante un análisis de las condiciones reales de la vida social. Esto nos conduce a considerar la segunda hipótesis.

La vida de cada cual está influida poderosamente por nuestra experiencia individual, por la familia y el país en el que nacemos, por el barrio donde residimos, por nuestra experiencia educativa, por la información y el adoctrinamiento que recibimos; en definitiva, por nuestra socialización y nuestra esfera relacional. Todo ello es bastante obvio. Más complicado es entender cuáles son las estructuras dominantes en cada momento histórico, y en esto en la izquierda hay demasiada tendencia a retrotraerse a los análisis marxistas clásicos antes que a tratar de entender la realidad concreta del momento.

Y esto que en Marx hay intuiciones fértiles, como la de señalar que el capitalismo (y la lucha de clases) tiende a revolucionar continuamente las condiciones materiales de la existencia y, por tanto, a cambiar los marcos en los que transcurre la existencia social.

La sociedad capitalista actual es bastante más compleja que la que vio nacer las políticas keynesianas. En aquellas sociedades las divisiones de clase eran más nítidas, lo que facilitaba la propia comprensión de las políticas sociales. Las clases medias se limitaban a una estrecha franja de empleados en los puestos de mando intermedios y a la aún extensa pequeña burguesía propietaria. Hoy el porcentaje de población asalariada es mucho mayor que nunca en la historia, pero su situación real está mucho más diversificada. Las transformaciones en la agricultura y el comercio han empequeñecido el papel de la vieja pequeña burguesía, pero en cambio ha emergido una extensa capa de “asalariados formados” que ocupan lugares diferenciados en la jerarquía social y salarial. A su crecimiento han contribuido tanto la propia dinámica del capitalismo, con el crecimiento de grandes burocracias empresariales y la necesidad de técnicos, como el desarrollo del Estado de bienestar en campos como la extensión de la educación, la sanidad o los servicios sociales. Una gran parte de los que han accedido a estos buenos empleos han tenido que pasar por un selectivo sistema educativo que no ha hecho más que reforzar la convicción de que el ascenso es una contrapartida al propio mérito. Hay que señalar además que, en lo que respecta a la renta, el hecho de que la mayoría de la gente tienda a aparearse con personas próximas a su entorno tiende a reforzar las desigualdades, puesto que la renta familiar de dos personas con ingresos altos se dispara respecto a la de las familias con ingresos bajos (y aún más si éstas tienen empleos a tiempo parcial o se trata de familias monomarentales). También la clase obrera manual ha experimentado cambios con los procesos de deslocalización, la pérdida de peso de la actividad industrial y el aumento de las actividades de servicios (donde proliferan no sólo los salarios bajos, sino también los empleos “atípicos” de temporada, a tiempo parcial, con jornadas irregulares...). Y a ello se añade el impacto de los nuevos procesos migratorios (nuevos sobre todo por el marco de políticas migratorias mucho más restrictivas que en el pasado), que generan que una parte de esta clase obrera esté segregada en términos de derechos sociales y políticos y que, al mismo tiempo, los inmigrantes sean percibidos como una amenaza para gran parte de la población autóctona.

Todo este proceso de transformación social ha tenido lugar en un período en el que ha coincidido un importante cambio tecnológico que ha impactado en las formas de organización de la vida cotidiana, en la configuración espacial, en los procesos de socialización (el automóvil, el televisor, el móvil). Ha tenido lugar, al menos durante un tiempo, en un proceso en el que el crecimiento de los empleos “con formación” ha promovido la imagen de que el ascenso social era posible y la educación, su principal vía de acceso. Y ésta es la inercia sobre la que siguen manteniéndose las expectativas sociales de gran parte de la población.

Las políticas neoliberales han tenido, además, consecuencias sobre estas propias prácticas. Por ejemplo, las políticas de suelo y vivienda han favorecido que muchas personas se hayan convertido en potenciales especuladores de su propio hogar. Lo hemos experimentado en multitud de luchas vecinales contra instalaciones indeseadas (tanatorios, mezquitas, centros de atención a drogodependencias, centros de acogida de sin techo, etc.); una parte de la oposición la impulsan personas que temen que la instalación devalúe el valor de sus activos. Ciudad Meridiana, el barrio barcelonés que constituye el ejemplo más brutal de crisis habitacional, empezó su drama cuando una buena parte de sus antiguos moradores vendieron a precios desorbitados sus viviendas a inmigrantes. Cuando la construcción se hundió y los nuevos habitantes se quedaron sin ingresos, los bancos practicaron desahucios a mansalva, dejando a gente en la calle y un inmenso “banco” de viviendas vacías. Las políticas neoliberales también han generado respuestas en campos como la educación y la sanidad. Los recortes en la sanidad pública han favorecido la expansión de los seguros privados (sin perder de vista el hecho de que Muface, la mutua de los funcionarios públicos, ha sido desde siempre una de las vías de penetración de la sanidad privada), y el sistema educativo dual —público y concertado— constituye un mecanismo privilegiado de segregación escolar. (El artículo de Bernabé publicado en este mismo número complementa muchas de estas reflexiones.) Además, es obvio que estas políticas también generan la cultura antiimpuestos de la derecha. La expansión del urbanismo disperso de las urbanizaciones añade otro factor a estas lógicas: genera individualismo, un uso más intensivo de los recursos y una dependencia del vehículo privado mucho mayor que en las ciudades compactas, y alienta formas de vida mucho más individualistas, encerradas en el núcleo familiar, en el miedo (en este sentido es ejemplar la campaña publicitario-cultural que desarrollan las empresas de alarmas).

Las clases sociales y la vida de la gente han sido modeladas por el capitalismo. Para muchas personas no hay otro horizonte posible. Cualquier cosa que altere su precario equilibrio es vista como un peligro insoportable. Y esta ideología la sustenta una potente maquinaria cultural (hace tiempo que nuestro amigo Josep Torrell nos mostró que hay más transmisión ideológica en la publicidad y el márketing, más subliminal e indetectable, que en los telediarios y los discursos políticos) con recursos y saberes encaminados a influir en las percepciones del personal. Nada que ver con los viejos sistemas de transmisión oral en los que la gente se socializaba y que, hasta cierto punto, la izquierda copió de las confesiones religiosas. (E. P. Thompson dedica parte de su magnífica obra sobre los inicios del movimiento obrero a analizar el trasiego entre activismo obrerista y religioso.)

Ni las estructuras sociales, ni la vida cotidiana ni los procesos de socialización son los de antaño, y la mayor parte de los cambios conspiran contra las tradiciones organizativas y sociales de la izquierda. La mayoría de las organizaciones políticas y sociales basan su existencia en un puñado de personas con convicciones fuertes (a veces se cuela algún trepa, aunque en la mayoría de las ocasiones dura lo que tarda en reconocer que ha escogido un mal lugar para hacer carrera), pero con pocos recursos. Tienen que hacer frente a potentes organizaciones privadas, con múltiples tentáculos, recursos, funcionarios o asesores bien pagados y presencia en los medios, y que cuentan, además, con un estructurado sistema de leyes y un aparato judicial que sirven para bloquear reformas que atenten contra alguno de sus intereses. Lo he experimentado en primera persona: el intento de promover la municipalización de la gestión del agua en Barcelona ha generado una brutal campaña del grupo Agbar por tierra, mar y aire (desde recursos jurídicos hasta espionaje y amenazas, pasando por una obscena campaña de propaganda y compra de voluntades clientelares) de la que hemos sido objeto el propio Ayuntamiento y una variada gama de entidades y movimientos sociales. En Barcelona esto comienza a ser habitual.

III

Es con estos condicionantes estructurales que hay que construir las políticas alternativas, siempre a la contra, y ello genera flaquezas, sesgos y errores. Jugamos un juego con recursos desiguales y reglas de juego sesgadas. Por esto lo normal es que los resultados electorales sean desfavorables y tan lentos los avances reales en materia de consolidación de derechos y mejoras sociales.

Los triunfos de la izquierda suelen obedecer a situaciones críticas. Son más fogonazos en un momento adecuado que avances sostenidos. Las victorias de Podemos, las confluencias y los municipalistas en 2015-2017 obedecieron a una situación de crisis en la que había a la vez demandas de cambio, esperanzas sobrevaloradas y cabreos. Fueron un éxito (la única vez que quizá haya sentido que ganábamos algo sustancial fue el día en que Ada Colau obtuvo la alcaldía de Barcelona, sin desmerecer otras victorias parecidas en otras ciudades), pero este tipo de victorias son inestables porque se sustentan en pilares débiles, en una oleada de optimismo social que espera resultados vistosos a corto plazo, en un auge de la militancia con expectativas aún más exageradas (es el gran momento de los aspirantes y de los vendedores de soluciones ideales). Pero después del éxito llega la resaca, que adopta formas diversas: ilusiones que no se cumplen (muchas eran imposibles), protagonismos frustrados, luchas de poder que estaban larvadas y acaban emergiendo... El ejercicio real del poder muestra también sus límites, que operan en muchas líneas: falta de cuadros preparados, dificultades para movilizar a una burocracia pública con sus tradiciones, sus prebendas y sus inercias, presiones de los poderes fácticos y de los oponentes políticos, campañas mediáticas devastadoras... Todo conspira para que el paso de la izquierda por los espacios de poder sea breve, se genere desilusión, se produzcan roces y divisiones internas; para que estos períodos de auge sean tan solo esto, sustos que los de abajo conseguimos darles algunas veces a los poderosos. Yo empecé a entenderlo muy pronto, cuando tras el Mayo francés (que para muchos de mi generación fue uno de estos momentos clave) De Gaulle arrasó en las elecciones convocadas poco tiempo después.

Esto es lo que les ha ocurrido a Podemos y sus aliados, que además han tenido que sortear cuestiones tan peliagudas como el procés de Catalunya y ahora la crisis de la Covid. Que los resultados actuales de Unidas Podemos o de Els Comuns vuelvan a situarse en los niveles básicos de Izquierda Unida o Iniciativa per Catalunya muestra que, al menos, hay un suelo electoral resistente sobre el que hay que partir para cualquier apertura. Es difícil saber exactamente quién forma parte de este suelo, pero todos los indicios apuntan a que incluye a la mayor parte de los cuadros más politizados de muchos movimientos sociales. Es decir, de la gente que tiene una vida social activa más allá de la militancia partidista.

El ciclo de Podemos no muere con la retirada de Pablo Iglesias. Había acabado antes, aunque, justo es reconocerlo, su habilidad (o la de Ada Colau a escala local) ayudó a que el declive electoral fuera menos abrupto y permitiera prolongar algunos de sus efectos. Ahora la situación es diferente y hay que plantear en serio cómo conseguir que en el próximo ciclo electoral se puedan mantener avances y consolidar posiciones.

El objetivo de esta nota no es abundar en el pesimismo generado por las elecciones madrileñas. Una política alternativa sólo se puede construir sobre el conocimiento de la realidad, del poder de las estructuras, de los puntos débiles y fuertes propios. La acción política, especialmente la de la izquierda transformadora, siempre se mueve por unos ideales de cambio, por unas respuestas éticas a los problemas y las injusticias, por deseos y aspiraciones a un mundo mejor. Y a menudo cae en propuestas que resultan erróneas, difíciles de mantener, poco consistentes. En fracasos. Y cuando esto ocurre suelen proliferar los ajustes de cuentas y las estampidas, que lo único que hacen es agravar las dificultades. Si algo tenemos que aprender del capitalismo (o de los deportistas de élite) es que los fracasos nunca deben ser paralizantes, sino una llamada a aprender y a volver a intentarlo haciéndolo mejor.

Analizar bien los límites estructurales es fundamental para detectar dónde se puede intervenir, qué líneas de trabajo hay que emprender, dónde se van a plantear las dificultades. Reconocer que se está en un cambio de ciclo ayuda a detectar cuáles pasan a ser tareas esenciales y cuáles hay que congelar. (Por mi afición a los deportes de equipo he aprendido que en muchos de ellos la figura fundamental es el jugador que controla el ritmo de juego, que sabe interpretar en cada momento si hay que acelerar o introducir una pausa; leer los tiempos es esencial.) Saber que, cuando menos, hay una base social suficientemente amplia para desarrollar iniciativas nuevas debe considerarse un buen punto de partida.

Vienen tiempos convulsos. Nunca se fueron. Con una derecha cada vez más brutal. Con una crisis de imprevisible final y con nuevos problemas en el horizonte, de signo diverso: crisis energética y climática, problemas derivados de la deuda, crisis financiera... Pero, al menos, puede que tengamos una pauta en el ciclo electoral. Dos años son poca cosa, pero hay que aprovecharlos para generar respuestas. Y ello requiere activar, conectar las diversas redes activistas, promover acciones que ayuden a mejorar la cultura política, social y ecológica de la población, generar redes que ayuden a generar buenos proyectos, formar cuadros... Lo que siempre han sido tareas de la izquierda transformadora y que ahora devienen una necesidad urgente. Esto es lo que las bases tenemos la obligación de exigirles a quienes pretenden liderarnos.

30/5/2021

Chile: de la calle a las urnas

La acción política popular como mecanismo de transformación en Chile

Joan Ramos Toledano

En lo que sigue se va a tratar de explicar brevemente qué ha ocurrido en los últimos meses en Chile, país que ha saltado a los noticiarios de todo el mundo debido a las elecciones celebradas en mayo en el marco de la redacción de una nueva constitución. Para entender un poco el recorrido ciudadano y político de Chile desde finales de 2019, se partirá de lo último que ha ocurrido cronológicamente hablando. Así, se seguirá un hilo conductor que permitirá vincular el último gran acontecimiento (elecciones constituyentes) con los dos grandes hitos anteriores: la aprobación popular de la elaboración de una nueva constitución en 2020, y el estallido social (2019) que actuó como detonante de una situación insostenible en el país andino.

Una nueva constitución

El pasado 15 y 16 de mayo de 2021 fue un fin de semana histórico para Chile. Se celebraron, en dos días, tres elecciones distintas de forma simultánea: elecciones municipales, elecciones a gobernadores regionales (ambas previstas con anterioridad) y elecciones constituyentes para la elaboración de una nueva constitución. Estas últimas estaban previstas para octubre de 2020, pero diversos retrasos por la situación sanitaria y la semana santa hicieron que, finalmente, coincidieran con lo que resultó ser una macrojornada electiva en el país latino.

Estas elecciones, al margen del resultado, tuvieron algunas características específicas que las hacen sumamente importantes, tanto para la ciudadanía de Chile como para un observador externo que haya seguido el recorrido. Por poner un ejemplo, se trató de elecciones constituyentes con la modalidad denominada Convención Constitucional, frente a la Convención Mixta Constitucional. La diferencia radicaba en que esta última planteaba que los trabajos para la nueva constitución fueran realizados por parlamentarios/as en activo junto a ciudadanos/as elegidos para la ocasión. Es decir, ya en el plebiscito de 2020 sobre si se aprobaba o no la necesidad de una nueva Constitución, la ciudadanía rechazó mayoritariamente que representantes tradicionales de la política ya elegidos tuvieran un papel relevante en la negociación y redacción de la nueva constitución. La desconfianza en una clase política excesivamente profesionalizada, perpetuada en los cargos y alejada de los gravísimos problemas de desigualdad que sufre Chile se vio reflejada en unos resultados que clamaban un cambio inmediato.

Además, estas elecciones constituyentes permitían una participación más allá de los partidos tradicionales, pues se estableció un mecanismo para favorecer que los denominados independientes (no afiliados a ningún partido, y con apoyo meramente ciudadano) pudieran presentarse y obtener representación dentro de los 155 integrantes de la Convención Constitucional. Los bajos requisitos de apoyo cuantitativo para estas candidaturas (por debajo del 1% del censo) han permitido que en la Convención haya un total de 22 escaños para independientes, números cercanos a los de otras listas claramente apoyadas o presentadas directamente por partidos y conglomerados políticos de diversa índole y sentido ideológico.

También en paridad de género y etnia las elecciones han resultado de sumo interés, pues ha existido la obligación de listas cremallera encabezadas por una mujer y seguidas de un hombre. Finalmente, se aprobó asimismo reservar 17 escaños para pueblos originarios (mapuche, aimara, kawésqar, yagán, rapanui, diaguita, colla, atacameño, quechua y chango), algo que no estuvo exento de polémica y debate incluso en el seno de los pueblos originarios, (especialmente el mapuche) pero que marca un punto de partida interesante acerca de cómo va a ser a partir de ahora la relación del Estado chileno (mediante su nueva constitución) con los pueblos originarios. Cabe recordar, en este sentido, que Chile ha sido, tradicionalmente, uno de los países de Latinoamérica que peor ha tratado a sus pueblos originarios, con la indecorosa excepción, probablemente, de Argentina.

Fuente: Ciperchile.cl

Los resultados de estas elecciones han sido devastadores para la derecha, cuya agrupación bajo un solo nombre (Vamos por Chile) no le ha permitido alcanzar una holgada victoria. La derecha, tradicionalmente, ha sufrido menos batallas intestinas, tal vez por su tendencia homogeneizadora, pero en este caso logró algo más del 20% de los votos, y un total de 37 escaños de la Convención Constitucional. En segundo lugar, con un 18,74% de los votos y 28 escaños, quedó la agrupación de partidos bajo el nombre Apruebo Dignidad, que aglutina corrientes de izquierda tradicional como el Partido Comunista, los Verdes o partidos por la igualdad. En tercer lugar, a pocos votos, quedaba la denominada Lista del Pueblo (16,27%, 26 escaños). Esta agrupación es un movimiento político de ciudadanos independientes, alejados de los partidos tradicionales de izquierda, y cuyo surgimiento está directamente relacionado con el denominado Estallido Social de 2019. Aunque es de muy reciente creación, se sitúa claramente en el espectro de la izquierda, incluso en ámbitos de extrema izquierda. El Partido Socialista, por su parte, se presentó bajo las siglas de Lista del Apruebo, junto con otros partidos clásicos chilenos como el Partido Demócrata Cristiano, Partido Liberal o Partido Progresista. Una amalgama de centro-izquierda, no muy diferente de los partidos socialistas europeos contemporáneos (con tintes sociales, pero con poca o nula crítica al sistema económico). Finalmente, cierra la lista de los más votados la agrupación Independientes No Neutrales, con 8,84% de los votos y 11 escaños.

Los resultados han sido percibidos como una durísima derrota de la derecha porque, a diferencia de unas elecciones presidenciales, aquí tendrá más importancia la correlación de fuerzas que la socorrida «lista más votada». Si sumamos las tres agrupaciones que van desde el centro-izquierda a la extrema izquierda, los escaños obtenidos son 79, frente a los 37 de la derecha. Ello dejando de lado los independientes y los escaños reservados a pueblos originarios, cuyo perfil todavía está por ver. A pocos meses de las elecciones presidenciales (en noviembre de este año), la derecha trata de recomponer su espacio con la amenaza de que unos resultados similares pudieran suponer una presidencia claramente de izquierdas en el país. Tras las macro-elecciones, se están dando procesos de primarias en las distintas agrupaciones mencionadas para llevar un candidato o candidata a la elección presidencial. Podría darse, en este sentido, la oportunidad de que una persona con un perfil de izquierda bastante más allá del Partido Socialista alcanzara la presidencia, debido a la tradicional tendencia en Chile de aglutinar partidos en torno a un candidato o candidata, como ocurrió con la famosa Concertación que llevó a Michelle Bachelet (Partido Socialista) al gobierno en dos ocasiones.

Fuente: DecideChile

Esto último, junto al resultado de la Convención Constitucional, abre la puerta a un periodo incierto pero muy prometedor para Chile, que tiene la oportunidad de quitarse definitivamente de encima una Constitución aprobada en plena dictadura de Pinochet y con un marcadísimo carácter neoliberal (agravado por el desarrollo efectivo que se ha ido produciendo de la Constitución de 1980 a través de diversas normas). Chile tiene la oportunidad, no tan común, de aprobar una nueva constitución que, democráticamente, suponga una transformación paulatina pero constante hacia un modelo más justo y menos desigual de sociedad.

La lucha en las calles: el origen de un plebiscito histórico

Pero, y es una pregunta relevante, ¿de dónde viene la decisión de convocar elecciones a una Convención Constituyente? En un sentido inmediato, del Plebiscito Nacional celebrado en 2020 (inicialmente propuesto para abril y, por la pandemia, pospuesto a octubre). Este referéndum tenía una importancia capital, pues lo que se preguntaba, en esencia, era si la ciudadanía estaba de acuerdo en que era necesario iniciar un proceso constituyente para elaborar una nueva constitución política, y finiquitar de esa forma la anterior de 1980. Se trata del único referéndum celebrado en condiciones de normalidad democrática en Chile, y el que más votos ha cosechado en un país con una participación tradicionalmente baja.

Este plebiscito planteaba dos preguntas. La primera, y más importante, rezaba lo siguiente: «¿Quiere usted una nueva Constitución?» Las posibles respuestas eran Apruebo o Rechazo. La segunda pregunta era «¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?». Las respuestas posibles, como se ha indicado anteriormente, diferenciaban entre Convención Mixta Constitucional (con 50% de miembros del Congreso y otros 50% elegidos ad hoc para tal efecto) o Convención Constitucional (que planteaba la conformación de una asamblea ex novo sin otorgar dicho privilegio a la actual cámara legislativa chilena). El apruebo o el rechazo se convirtió en una consigna callejera, grito popular y herramienta política para defender una u otra posición. El empuje de los partidarios de una nueva constitución era tal que la mayoría de partidos de la derecha optaron por apoyarla o dar libertad a sus afiliados y militantes; resultaba difícil ponerse públicamente en contra de una nueva constitución tan ampliamente apoyada por la ciudadanía.

Los resultados fueron arrolladores. El Apruebo ganó con un 78,28% de los votos, frente al 21,72% del Rechazo. Similares porcentajes se obtuvieron para la Convención Constitucional (79%) frente a la Convención Mixta Constitucional (21%). Hubo cierto intento de deslegitimar la opción de una nueva constitución, con argumentos tan burdos como conocidos en nuestro país. Se afirmaba que iba a ser una constitución comunista, o que Venezuela estaba tras los altercados del estallido social. También se defendió que lo ideal era modificar la constitución anterior, en vez de perderla por entero ante el desconocimiento de lo que podía llegar (el más vale malo conocido…). Una posición muy típica de quienes optan por defender el statu quo, lo que sin embargo no logró permear en capas de población de clase baja (o, si se quiere, de una clase media extremadamente precarizada). Ese 80%-20% es un buen ejemplo de la desigualdad de un país en que un médico puede ganar 20.000€ al mes frente a los apenas 350€ de salario mínimo, muy habitual en trabajos poco cualificados. Ello, sumado al hartazgo por el abuso del sistema de capitalización de pensiones (AFP) y los seguros médicos privados, se fue convirtiendo en un caldo de cultivo tan peligroso como irrefrenable una vez estalló.

Fuente: Servicio Electoral (SERVEL) Chile

Lo que nos lleva al hito inicial de todo este proceso. Si la macroelección de Convención Constitucional de mayo de 2021 encontraba su fundamento en el Plebiscito de 2020, éste a su vez se debe al denominado Estallido Social de finales de 2019. Es decir, aquí la decisión de convocar un referéndum para preguntar acerca de la necesidad de un nuevo marco normativo y social fue tomada de forma consensuada por los partidos políticos, pero de forma más o menos obligada (en función de la posición en el tablero político) por el incansable esfuerzo de cientos de miles de personas que masivamente y de forma constante se manifestaron durante los últimos meses de 2019. De ese proceso, sus orígenes y la represión estatal se habló en su momento en esta misma revista, cuando todavía eran inciertas las consecuencias de dicho estallido. Se puede decir, en ese sentido, que fue el amplísimo clamor popular, harto de injusticias, abusos y desigualdad, es decir, de precarias condiciones materiales de subsistencia, el que ha logrado el hito histórico de participar en una nueva constitución. Pocos son los países en los que ha habido movimientos ciudadanos similares (desde el 15-M hasta los occupy, pasando por la primavera árabe) que hayan logrado algo tan relevante como Chile, máxime sin mayor derramamiento de sangre que el provocado, principalmente, por el propio Estado. Es cierto que las manifestaciones concentraron cierta agresividad ciudadana, principalmente contra mobiliario urbano, pero también contra las fuerzas policiales. Agresividad, no obstante, muy habitual en diversas manifestaciones europeas (donde sin embargo la respuesta policial es mucho menos dura), y por debajo de los destrozos causados por energúmenos varios en celebraciones de fútbol. No hay que olvidar que más de 30 personas perdieron la vida en Chile, en ocasiones a manos de la policía o directamente el ejército (por causas como disparos y atropellos), y cientos perdieron o vieron dañada su vista ―según el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile)― por el uso masivo de balines de goma disparados directamente contra los manifestantes.

Y ahora, ¿qué?

Estamos, por tanto, ante una oportunidad de oro. Como se decía al principio, no sólo para Chile, sino también para quienes desde fuera pueden ver en el país andino la posibilidad de emular algunos procesos allí acaecidos. La generación del tardofranquismo ya tuvo un momento de idilio con el Chile de Allende, brutalmente terminado con el golpe de Estado de Pinochet y el despreciable apoyo de EEUU. La generación de ahora también puede ver en el estallido social chileno el ejemplo de una lucha política en las calles que termina no solo teniendo influencia en las instituciones o la distribución de fuerzas políticas (como ha podido ocurrir en España tras el 15-M), sino en la propia definición de los principios y valores básicos de la sociedad, plasmados en una Constitución que sin duda tendrá un perfil distinto a la anterior.

Sin embargo, aunque los logros hasta aquí ya sean considerables, todavía es pronto para celebraciones. Hay ciertos aspectos que pueden dar al traste con el proceso, o menguar las posibilidades de ruptura con el «régimen de valores y principios» anterior. En el fondo, Chile sigue siendo un país profundamente religioso, conservador y patriarcal, y por tanto algunas instituciones como la Iglesia (hay 17 tipos de congregaciones religiosas cristianas con presencia estable en Chile) resultan bastante transversales independientemente del poder adquisitivo, el nivel educativo o la opción política. No es de extrañar, en este sentido, que haya partidos políticos cristianos tanto a derecha como a izquierda. Habrá que ver las negociaciones en el seno de la Convención Constitucional, los votos de cada uno de los 155 escaños y la correlación de fuerzas que se establece, para saber si es realmente factible una constitución que proyecte a Chile como país no sólo desarrollado industrial y económicamente, sino con niveles de igualdad social que sí tienen algunos de sus vecinos ―a pesar de su mayor pobreza en términos absolutos―.

Por otro lado, está el peligro (siempre presente en América latina) de que Estados Unidos se vea tentado a tratar de influir en el devenir de los acontecimientos. El país norteamericano ha tenido tradicionalmente buenas relaciones con Chile. Sin embargo, la dependencia chilena del cobre (del que es el mayor productor mundial) le ha hecho entablar relaciones sólidas con China en los últimos años. El nivel de comercio entre estos dos países es cada vez mayor, así como la influencia cultural. Es un proceso en desarrollo, que se puede apreciar en datos como la exportación de productos chilenos a China (más allá del cobre), las relaciones entre centros educativos y de investigación o el creciente número de Institutos Confucio presentes en el país latino. Y es una relación que, probablemente, irá a más. Una victoria de la izquierda en las elecciones presidenciales de otoño (con probabilidad de un candidato comunista en la batalla, opción nada desdeñable y por ahora más que probable) podría tensar la cuerda de manera peligrosa, en un momento en que las relaciones entre el imperio en retroceso, EEUU, y el imperio eternamente emergente, China, ya son de por sí complicadas y empiezan a recordarnos a los tradicionales bloques de la guerra fría.

A pesar de estos riesgos, parece claro que es una oportunidad de oro para revertir el proceso iniciado en 1973. Es, además, una magnífica demostración de que la lucha política ciudadana, y la manifestación en las calles, todavía resulta de utilidad. Lo hemos visto en muchos países, también en el nuestro, pero en Chile se ha manifestado con mayor virulencia y sorprendentes resultados. No deja de ser interesante, en términos políticos y también jurídicos, que el fundamento último de esta nueva constitución esté precisamente en un acto masivo de desobediencia de las normas, más o menos pacífica, a raíz del alza de 30 pesos (poco más de 3 céntimos de euro) en el precio del metro en Santiago en 2019. Así lo expresaban muchas de las pintadas en paredes de todo el país durante aquellos meses, en referencia a unos años de democracia que para muchos eran una continuación inaceptable de la dictadura pinochetista: no son 30 pesos, son 30 años.

30/5/2021

Urgencias

Cuaderno de augurios: 21

Albert Recio Andreu

En la política económica, la prioridad está asociada a la adopción de una respuesta de urgencia. Naomi Klein argumentó en La doctrina del shock que esto forma parte de la estrategia neoliberal: aprovechar las situaciones críticas para imponer programas de reformas antisociales. Que las urgencias se utilizan para colar propuestas favorables a las élites es obvio. Que esto sea una estrategia totalmente elaborada es más discutible, pues supone que primero se ha tenido que fabricar la crisis. Y eso no está claro que ocurra siempre. Al menos las dos grandes crisis recientes, la financiera de 2008 y la actual de la covid-19 no fueron premeditadas, más bien expresan alguno de los fallos sistémicos del capitalismo moderno. Lo que sí es cierto es que en situaciones de crisis las élites cuentan con propuestas más elaboradas, con mayores voceros y, en ausencia de una alternativa fuerte, están en condiciones de imponer sus recetas.

Pero esta idea de urgencia suele también plantearse por otros sectores con razones diferentes. Hace más o menos un año, desde la Asociación de Economía Crítica elaboramos un manifiesto en el que situábamos lo que a nuestro entender eran las razones principales de la crisis covid-19 (los problemas derivados del impacto humano en la naturaleza, la globalización y la densidad de conexiones, el descuido del cuidado de la vida...) y proponíamos salidas que iban en una orientación ecosocialista feminista. Conseguimos bastantes adhesiones, pero alguna negativa de amigos de la corriente poskeynesiana. Su argumento era que nuestro programa era demasiado utópico, de largo plazo, y que lo que teníamos delante requería medidas más de corto plazo respecto a garantía de rentas y recuperación del empleo. O sea, olvidarnos de rectificaciones de calado hasta mejores tiempos. Es obvio que las garantías de rentas deben formar parte de todo programa de transformación que aspire a garantizar la subsistencia universal. Pero renunciar a discutir transformaciones que siempre llevan tiempo conduce a olvidarse de ellas.

Esta misma noción de urgencia reaparece una y otra vez. Cuando el Ayuntamiento de Barcelona propuso desarrollar un Pacto de Ciudad, un gran número de asociaciones y entidades sociales planteamos la necesidad de repensar el modelo económico de la ciudad. El actual modelo adolece de una excesiva especialización turística, causante principal de la fuerte caída de actividad, y de un modelo de empleo polarizado entre el high tech, los servicios y la especulación urbana que genera desigualdades insufribles e irreducibles. Aquí la respuesta fue menos amable y ponderada. Osciló entre la hostilidad abierta de los representantes empresariales (lógica, pues su punto de mira es defender la permanencia de su modelo), el desprecio del Partido Socialista que pilotaba el pacto (que se explica por su ignorancia y su estrecha relación con las élites económicas) y el silencio de los Comuns (que no comparecieron, sospecho, porque no tienen ningún proyecto pensado). Mi experiencia se corresponde con la que tiene toda la gente próxima y que se puede traducir en “No incordiéis, la situación es muy difícil y lo que toca ahora es volver a la normalidad cuanto antes”. Entendiendo por tal la simple reactivación de lo de siempre.

En esta misma posición suelen estar muchos líderes sindicales, para los que la defensa del empleo pasa por mantener las actividades existentes y olvidarse de experimentos, aunque lo de siempre sean minas contaminantes, producción de armamento, coches o cualquier otra cosa que genere empleo. En este campo soy más benevolente respecto a las actitudes sindicales, por cuanto para muchos trabajadores, incluyendo a sus delegados sindicales, la pérdida del empleo concreto significa casi siempre un desastre a corto plazo. La responsabilidad está, en este caso, en las altas esferas sindicales incapaces de desarrollar proyectos que sirvan a la vez para reorientar la actividad y el empleo. Una incapacidad fruto, en parte, de la asunción de que la función sindical prioritaria es de intervenir en la distribución de la renta sin entrar en el contenido de la producción.

En el contexto actual, dada la naturaleza de la crisis covid-19, todo apunta a que gran parte de la recuperación puede ser automática a medida que la crisis sanitaria vaya menguando. Todo depende, en el caso español, de la velocidad de recuperación del turismo, que puede ser variable en función de diversos parámetros: en qué medida el miedo al contagio puede afectar a los hábitos de viajar (por lo visto hasta ahora no parece que se hayan producido cambios, más bien que existen ganas de recuperar el tiempo perdido), la inferencia de las políticas antipandemia que restrinjan los viajes (como apunta en el caso británico) y el impacto de la caída de ingresos sobre las posibilidades de gasto. Pero esta no es una cuestión que requiera una atención esencial. Los problemas están en otro lado, que son los que precisamente deben centrar la preocupación. Sobre todo porque cualquier cambio complejo tiene siempre que contar con un largo tiempo de desarrollo.

Y, en este sentido, la pandemia ha puesto de manifiesto diversos problemas que exigen respuestas de larga mirada. De varios tipos:

Financieros. La crisis ha generado un nuevo endeudamiento privado y público. Su gestión puede dar lugar a una nueva crisis financiera o justificar una nueva política de recortes de efectos dramáticos. Postergar el debate de la financiación a salir de la crisis constituye la mejor forma de generar una situación de shock a lo Klein.

Sociales. Es cierto que las políticas aplicadas en esta crisis, los ERTE, la introducción del Ingreso Mínimo Vital, los programas puestos en marcha por muchos ayuntamientos... han reducido parte del impacto negativo de la crisis. Pero se han mostrado insuficientes. Empezando por los propios déficits de plantilla y equipamiento en los servicios públicos de empleo. Y siguiendo por otros muchos aspectos, desde las dificultades que experimentan muchas personas para moverse en la gestión digital hasta los requisitos cicateros para acceder a programas que deja a mucha gente fuera. Agravado todo ello por la creciente masa de trabajadores extranjeros a los que se les excluye de derechos sociales y políticos. Hay una contradicción entre la preocupación que las élites expresan por la crisis demográfica y su ausencia de reflejo en políticas de cuidados y migratorias adecuadas. Y, sumado a todo ello, la ausencia de una política potente de vivienda social.

Económicos convencionales, por darles un nombre. Que se reflejan en la excesiva dependencia de sectores como el turismo, en la variada gama de situaciones de colapso que puede generar el hipercomplejo e hiperespecializado sistema productivo actual. Lo hemos experimentado al principio de la pandemia con las carencias de suministros sanitarios, lo hemos vuelto a ver recientemente con el bloqueo del canal de Suez por el fallo de un solo buque, o en el colapso de los oleoductos estadounidenses, o del sistema de la seguridad social española. Cuestiones que afectan también al modelo de distribución de la renta en una sociedad enfocada en generar empleo high tech (a menudo de una dudosa utilidad social, como es el de la potente industria de los videojuegos, una nueva modalidad de capitalismo de adicción tan suculento en términos de beneficios).

Económico-ecológicos. Sin duda los que pueden generar trastornos más graves y los más difíciles de manejar para el pensamiento económico convencional. También son los que se concentran en los problemas derivados de la falta de materiales, y los provocados por trastornos como el calentamiento global. En cierta forma, se trata de un dilema sin solución: o la falta de combustibles fósiles bloquea el sistema, o su consumo excesivo genera un cambio climático devastador. De esto último ya hemos tenido algún anticipo en forma de grandes tormentas y nevadas.

Todos estos desafíos exigen grandes cambios. Difíciles de llevar a cabo sin tiempo adecuado, sin un mínimo de coherencia que tenga en cuenta los impactos de cada propuesta. Que los capitalistas intenten bloquearlos para mantener vivos sus negocios es entendible. El capitalismo es incompatible con un modelo social autocontenido en lo material, igualitario, democrático. Pero que las fuerzas sociales que tratan de representar al resto de la población, incluyendo los científicos naturales y sociales que tienen conciencia de los problemas, no entiendan la urgencia de afrontar estos problemas resulta suicida. Porque la urgencia está en reconocer que el cambio y la adaptación no será fácil ni inmediata. Pero si no planteamos desde ya propuestas profundas de cambio, lo que probablemente ocurrirá es que vuelvan a imponerse políticas antisociales o que simplemente alguno de los colapsos se traduzca en una coyuntura caótica difícil de manejar. Lo urgente pasa hoy por tomarse en serio el largo plazo.

30/5/2021

La empatía como motor del cambio de los hombres

José Ángel Lozoya Gómez

Durante mucho tiempo sostuve que, si se nos pretendía reprochar algo a los hombre e invitarnos al cambio, había que decirnos las cosas claras y de la forma más directa posible. Si percibíamos que alguien andaba buscando el momento oportuno y el modo de decírnoslo para no herir nuestra susceptibilidad, sospechábamos que nos quería llevar al huerto y nos poníamos a la defensiva. Era por tanto preferible un hachazo verbal, como el titular de una noticia impactante, y luego, si no nos cerrábamos en banda, cabía explicarnos la letra pequeña. Supongo que era el modo en que mejor me habían llegado los mensajes que consiguieron cambiarme. Una dureza que reclama las cosas claras y a la cara, sin paños calientes.

Siempre he creído que nuestras responsabilidades se incrementan a medida que conocemos el impacto de nuestras acciones, omisiones o silencios. Esto me lleva a ser más severo con los comportamientos machistas de los hombres que se presentan como defensores de la igualdad que con aquellos que ni se plantean su necesidad. Aunque también creo que apenas quedan adultos de este último grupo y que los varones nos dividimos entre los que pretendemos la igualdad y quienes la combaten.

Los que compartimos los objetivos feministas combatimos los privilegios y las resistencias masculinas al cambio, pero nos cuesta llegar a quienes empiezan a recorrer el camino hacia la igualdad, entre otras cosas por la superioridad subjetiva con que les afeamos sus contradicciones. Es como si la intransigencia con que los juzgamos nos hiciera más igualitarios, y excusara lo indulgentes que podemos llegar a ser con nuestra falta de coherencia y múltiples escaqueos. Como si nuestra capacidad de aparentar ser receptivos a los discursos feministas nos hiciera implacables con el resto de los varones, legitimando cierto postureo y reduciendo nuestras propias responsabilidades.

Hace años pregunté a un grupo de drogadictos que trataban de superar sus dependencias “por qué hay nueve hombres por cada mujer en los centros de rehabilitación, si hombres y mujeres prueban las drogas en la misma proporción”. Me contestaron que “las mujeres pueden ser, pero los hombres tenemos que ser”. Que ellas abandonen las conductas de riesgo significa que son prudentes, pero que lo hagan ellos indica que son cobardes. Y hace mucho menos, el macho alfa de un grupo de jóvenes que cumplían condena en una cárcel andaluza reconocía que hacía falta más valor para negarse a poner la vida en peligro con el resto de su pandilla que para jugársela con ellos.

Desde entonces evito decirle a ningún hombre lo que “tiene que ser” o lo que debe hacer, y me molesta el tono de superioridad con que algunos lo hacen. No sé por qué hablan de “lo que tienen que hacer los hombres” quienes parecen estar de vuelta de todo sin haber ido a ningún sitio, y se permiten olvidar las dificultades del camino que han tenido que recorrer para alcanzar el grado de deconstrucción que han conseguido. Ni entiendo la falta de empatía hacia los jóvenes, los varones sin estudios, los racializados o los inmigrantes con unos valores sexistas que forman parte de los recuerdos de mi infancia. Valores de los que apenas nos separa una generación.

Tampoco comparto el mensaje que llama a desentenderse de los costes de la masculinidad porque se trate de “daños colaterales del disfrute de los privilegios”, porque sé que visibilizarlos ayuda a entender que no siempre los beneficios que reportan estos privilegios son tantos como se pretende. Y porque, cuando llamamos a ignorarlos, mostramos el mismo desprecio hacia el dolor de los hombres como el que muestran los militares que nos hablan de las muertes, heridos y "daños colaterales" que acompañan muchas operaciones militares.

La lucha personal por la igualdad implica superar muchas resistencias y dificultades, y cada cual las vence como puede, a su propio ritmo, presionado por su entorno y por quienes más lo quieren: sus parejas, sus amigas, algún amigo… personas que suelen afearles sus machismos sin concesiones pero desde la empatía. A muchos hombres nos resulta más fácil pontificar que dialogar, contar cosas que aprender a escuchar. Por eso abundan los discursos para iniciados y escasean aquellos capaces de llegar a los varones menos receptivos; escasean discursos capaces de motivar a los confundidos por una igualdad que les presiona con mensajes contradictorios. Niños de primaria acusados del machismo en el que se les está socializando; jóvenes y adultos a los que resulta más fácil descalificar y etiquetar, por ser como se les pidió que fueran, que escucharlos para encontrar fórmulas que ayuden a iniciar con ellos diálogos productivos.

Nunca me gustó, aunque llegó a emocionarme, la canción de Facundo Cabral que repite una y otra vez eso de “Pobrecito mi señor que cree que el pobre soy yo”. No creo que haya que blanquear conductas impresentables, no creo que haya que hablar de sororidad masculina o tratar de justificar la menor de las complicidades, pero me parece razonable esperar la mínima empatía necesaria, la que hace falta sentir hacia aquel al que se quiere ayudar, conscientes de que la vida es el camino y la meta solo es el final de una etapa.

Sevilla, mayo 2021

[José Ángel Lozoya Gómez es miembro del Foro y de la Red de hombres por la igualdad]

10/5/2021

Que la próxima primavera florezca de verdad

La situación emocional de la comunidad escolar

Joan M. Girona

A pesar de la situación anómala que provoca la pandemia que estamos viviendo, intento mantener contacto con amigos y amigas que están trabajando en escuelas e institutos; y con algunas monitoras de tiempo libre que han podido llevar a cabo actividades algunos días. Constato que la excepcionalidad del momento afecta a todo el mundo; a diferente escala, pero sin que ninguna persona, adulta o joven, quede al margen. Con el agravante de que criaturas y adolescentes se han visto privados de actividades de ocio y extraescolares durante la mayor parte de los meses de este curso.

Xavier Besalú, profesor emérito de la UdG, nos recordaba a Freire en uno de sus últimos artículos: ”Nadie educa a nadie y nadie se educa a sí mismo, sino que nos educamos en comunidad, mediatizados, interactuando, con un mundo que nos interroga y nos desafía”. Una cita muy adecuada para reflexionar sobre cómo se está viviendo, o se ha vivido, en las escuelas en este año de convivencia con el virus de la Covid, cuando el curso en Europa se está acabando. Maestros y maestras están desbordados: han tenido que hacer un esfuerzo muy superior al de cursos anteriores; han padecido los efectos de la acumulación de meses y meses de tensión, miedos, incertidumbres y necesidad de decidir sobre el terreno aquello que las administraciones dejaban en sus manos.

Nos educamos en comunidad y necesitamos las relaciones interpersonales. En un triple nivel: entre todo el claustro del centro, entre profesorado y alumnado, y en el del alumnado entre sí. La organización de grupos-burbuja, los consejos de limitar los contactos, los cambios de horarios, la diversificación de entradas y salidas (tiempos y espacios) no ayudan. Por el contrario, dificultan y perjudican las necesarias relaciones.

El aumento de horas en soledad, la no presencialidad total, las limitaciones, la imposibilidad de los abrazos y de los contactos físicos han perjudicado la salud mental y física de la comunidad educativa de los distintos centros escolares. Cuando se reviertan las medidas sanitarias habrá que tenerlo en cuenta, concienciar acerca de la necesidad de cuidar y cuidarnos mutuamente.

No dudamos que las medidas han sido dictadas con buena intención para frenar los contagios de la Covid. Pero no podemos evitar recordar las imprevisiones, algunas debidas al desconocimiento de los efectos de la pandemia y otras, desgraciadamente, a las contradicciones de los políticos y gobernantes más atentos a réditos electorales que a la salud de la población escolar y adulta en general. Tampoco podemos olvidar el nefasto papel de las industrias farmacéuticas: han puesto (y continúan poniendo) siempre los beneficios económicos de las vacunas fabricadas por delante de la salud de la población mundial, cuando su investigación y elaboración de las vacunas ha sido posible gracias a las subvenciones de realizadas con un dinero público proviniente de los impuestos que pagamos.

Sea como fuere, en los centros escolares se está viviendo un curso académico lleno de dificultades. Un curso precedido por centros cerrados en los últimos meses del curso 2019-20. Y con la perspectiva de que el próximo septiembre probablemente continuarán las medidas extraordinarias. ¿Por qué los gobiernos e industrias farmacéuticas continúan pendientes de sus intereses particulares? ¿Por qué no se avanza decididamente en el calendario de vacunación y se dejan atrás medidas contradictorias?

Con ese pasado y las espectativas presentes las incertidumbres aumentan. Aumentan las angustias, los miedos, las depresiones; y disminuyen las ganas de trabajar, de estudiar, de ir a la escuela cada día para aprender. Costará retomar las actuaciones habituales y volver a los niveles de antes de la pandemia. No sólo a los niveles de conocimiento y/o aprendizaje, sino también a los relativos a los vínculos establecidos con tutores o tutoras, con compañeras o compañeros.

El alumnado, por edad, puede no ser totalmente consciente de la situación y del futuro, pero de alguna manera lo percibe y lo expresa (o se lo guarda), no es indiferente. Puede asociar vacaciones con confinamiento, por ejemplo, con todo lo positivo o negativo del mismo según hayan sido sus vivencias. Sería por tanto necesario que desde los centros y desde el ámbito familiar se prestara la adecuada atención a esto, para evitar que más adelante se haga evidente aquello que ahora no es tan visible.

El profesorado, compuesto por personas adultas, es más consciente del problema y por tanto lo sufre más. Puede desanimarse, puede pensar y sentir que no está a la altura de lo que se le pide, que no puede hacer frente con éxito a las dificultades del día a día. Puede tener angustia por relacionarse poco, por perder la complicidad del resto del claustro de la escuela o del instituto.

Porque no estamos mediatizados e interactuando con la naturaleza, sino con la pandemia (provocada por acciones irresponsables en el medio natural), con las medidas anti-Covid, con las actuaciones erráticas de los estados a nivel europeos y mundiales. Este nuevo mundo nos interroga y nos desafía: en las relaciones con la naturaleza, en las relaciones con las otras personas, en las relaciones con uno mismo y también en las relaciones con el misterio, con aquello que nos conmueve y no acabamos de comprender. Es un atrevimiento hacer analogía con el texto de Freire, pero ello nos permite pensar cómo nos ha tocado vivir estos cursos académicos y como nos interroga y desafía la situación que vivimos en todo el planeta. Es ciertamente un misterio, nos conmueve y no lo acabamos de comprender. Probablemente el personal docente es el más afectado dentro del ámbito educativo, pero no podemos olvidar a todas las personas que trabajan en las escuelas y participan de las mismas angustias y preocupaciones, ni de los familiares del alumnado que, desde fuera o de lejos, sufren de manera diferente y quizás más solitaria.

Con menos contactos, con movimientos coartados, la enseñanza pierde mucho. Y a pesar de todo, en los centros escolares se está resistiendo, actuando al máximo nivel posible en todos los campos de la docencia. Sin vernos enteramente, quedan las miradas, los ojos, que expresan más que las palabras y permiten mantener un buen nivel de relación.

La vida en el mundo y en la escuela ha cambiado, y esto nos obliga a improvisar, a idear, a imaginar para adaptarnos a la nueva normalidad de la que se habla. Con intención de transformarla también. No olvidamos que todo este proceso, largo y continuado en el tiempo, implica un gran desgaste intelectual y emocional.

Seguro que se conseguirá superar la pandemia, seguro que se aprovechará la ocasión para continuar transformando la enseñanza y la educación; pero, mientras tanto, habremos sufrido, nos habremos cansado y desanimado. Debemos hablar, expresarlo, compartirlo con nuestro entorno, porque nos encontramos dentro de la misma situación vital.

Que la próxima primavera florezca de verdad.

[Joan M. Girona es maestro y psicopedagogo. Una versión en catalán del mismo texto en https://www.rosasensat.org/que-la-propera-primavera-floreixi-de-debo-la-situacio-emocional-de-la-comunitat-escolar/ ]

27/5/2021

Ensayo

Antonio Madrid Pérez

La amistad como vínculo social democrático

La idea sobre la que quiero reflexionar en este texto es la siguiente: la amistad es un vínculo social que es esencial para una sociedad que se quiera democrática.

La reflexión sobre esta idea nos podría llevar tan lejos como el origen de la propia noción de amistad en el pensamiento griego, o la consideración de la amistad como una forma de amor, o, desde el punto de vista de la salud individual y colectiva, la amistad como un factor de protección de la salud física y mental de las personas. Pese a que estos caminos son altamente sugerentes, la reflexión que se desarrolla en este texto viene motivada por tres circunstancias en las que estamos inmersos: el conflicto en torno al conocido como procés independentista en Cataluña, el auge de formas sociales y políticas de discursos y prácticas autoritarias, y la situación de pandemia provocada por el SARS-COVID19.

La preocupación de fondo es la siguiente: qué importancia tiene para una sociedad que se quiera democrática mantener y cuidar vinculaciones sociales de amistad que son elegidas, que no son perfectas, y que crean tanto redes de apoyo como vinculaciones en las que el disenso puede someter a prueba la misma relación de amistad.

La preocupación acerca del tipo y la calidad de las vinculaciones comunitarias, ya sean las de amistad, las de solidaridad social, las de vecindad o las de amabilidad social, ha creado un enorme campo de estudio. Durante el siglo XX, especialmente a partir de las experiencias fascistas y de la experiencia nazi, esta cuestión ocupó la atención de numerosas personas que pese a las discusiones existentes coincidían en poner de relieve la importancia de la construcción de las vinculaciones comunitarias. El siglo XXI, lejos de superar esta preocupación, ha planteado de nuevo la necesidad de pensar las relaciones comunitarias de las personas en contextos económicos, políticos y sociales que tienen en el autoritarismo una de las realidades y de las propuestas de ordenación de las sociedades contemporáneas.

En el marco de las relaciones comunitarias, la amistad es una de las formas en las que las personas establecemos y estabilizamos relaciones con otras personas. Por lo menos hasta el momento, lo que significa la amistad sigue gozando de buena aceptación entre personas de distintas edades. Personas jóvenes, adultas y mayores valoran positivamente tener amigos y amigas. Para muchas personas, estas relaciones configuran parte de lo que en términos clásicos ha venido siendo la familia. Para ellas, las amistad sería el fundamento de una familia elegida, a diferencia de los vínculos parentales que preexisten, por lo menos para los descendientes, a la libre elección de las personas. En este sentido, la amistad es una idea, y al mismo tiempo una práctica, que mantiene fuerza social y que, incluso, puede haber incrementado su aceptabilidad frente a otras formas de estabilización de las relaciones sociales que se han visto sometidas a profundas transformaciones tanto en su configuración material como en su percepción social: de modo especial, relaciones amorosas y familiares tradicionales.

Antes de proseguir, hay que hacer una aclaración que resulta esencial: así como considero y trataré de explicar que la amistad es un vínculo político esencial en una democracia, hay que decir que, en sí misma considerada, la amistad tanto puede contribuir a cultivar una sociedad democrática como puede contribuir a incrementar las expresiones autoritarias. La distinta orientación de la amistad va a depender de la aceptación o no de ideas que no se circunscriben a la misma relación de amistad. La amistad que se expresa como un vínculo social democrático necesita que se acepten principios que son esenciales para una democracia contemporánea: por ejemplo, aceptación de la igual dignidad de las personas como base de reconocimiento de las otras personas, renuncia al uso de la violencia como forma de expresión-imposición de ideas y aceptación de la posibilidad de disentir. Principios como estos tienen sentido hacia dentro de grupo amical en el que puede haber personas que, por ejemplo, disientan en alguna idea política, y al mismo tiempo tiene una gran importancia respecto a quienes no forman parte del grupo. La diferencia entre vínculos amicales que favorecen las respuestas autoritarias y vínculos amicales que favorecen las respuestas democráticas no está en la amistad en sí misma considerada, sino en elementos configurantes de ese vínculo y los principios que son asumidos como elementos compartidos.

Pongo un ejemplo que ayudará a explicar esta idea. Durante los últimos años, en Cataluña muchas personas han decidido preservar sus relaciones de amistad ante la torrentera que ha supuesto y, puede volver a suponer, el llamamiento político a la independencia, el seguimiento por parte de una parte de la sociedad y la reacción estatal contra este llamamiento y las acciones mediante las que se intentaba materializar. La preservación de la amistad ha supuesto para muchas personas no hablar por temor a discutir, y por temor a entrar en un debate que ha estado dominado por las emociones. Esta voluntad de preservar la amistad, para la que también son importantes las emociones, ha tenido y puede volver a tener una enorme importancia como factor de prevención frente a los intentos de manipulación política y social. Sin las amistades, y especialmente sin la voluntad de cuidarse y de respetarse en el disenso, quienes apuestan por las rupturas lo tendrían más fácil. En el caso de Cataluña, la amistad ha sido un factor de protección de la convivencia democrática siempre que ha asumido que el disenso puede ser parte de la amistad y que las amigas y los amigos también se pueden equivocar. Ahora bien, la amistad también puede ser construida como un mecanismo de protección cerril de las convicciones y de cocimiento colectivo en las emociones compartidas, de modo que quien piensa y siente de forma distinta sea expulsado del grupo.

No son pocas las personas que se mantienen en actividades sociales, sindicales y políticas de base, en pueblos pequeños, en barrios… pese a las dificultades, pese a las divergencias de opinión… y lo hacen porque no les da la gana romper con sus amigos y amigas, porque entienden y deciden que sus vínculos de amistad están por encima de las discrepancias políticas, especialmente si estas discrepancias amenazan con romper el respeto hacia el que piensa de otra forma, hacia el que tiene otra bandera.

Esta resistencia activa ante los frentismos, ante las polarizaciones, y también ante las expresiones autoritarias, forma parte de una realidad de la actividad social y de una apuesta que expresa un acto de voluntad, un tomar partido por preservar las vinculaciones sociales democráticas. No estoy diciendo que la amistad vaya a ser capaz de frenar desmanes si los brutos autoritarios deciden actuar y la gente les sigue. Estoy diciendo que la amistad entre personas que aceptan que pueden disentir entre sí ha ayudado hasta el momento a reducir la intensidad de las rupturas, ofrece una red de apoyo que es esencial para reducir los daños que provoca la pandemia (incluidos los que afectan a la salud mental vinculado al aislamiento social), y presenta una alternativa participante frente a las propuestas del autoritarismo.

30/5/2021

El extremista discreto

El Lobo Feroz

¿Tenemos un lío con la democracia?

No soy, por fortuna, catedrático de ciencias políticas. De un lado como lobo no me dejarían serlo y por otro lo de las ciencias políticas me parece aun más bobo que lo de ciencias económicas, que ya es decir. Pero veo que la gente va soltando cosas tremendas acerca de la democracia en España. La famosa democracia salida de una transición ejemplar pues parece que los muertos no llegaron a los 600: una "transición a la española".

Por supuesto que respecto de España las cuestiones políticas y económicas de fondo las decide una oligarquía inaferrable, invisible, supranacional, supraestatal, buitre e Imperial, que impone su voluntad al Estado, cuyos gobernantes, unos más y otros menos, hasta ahora están encantados de que así sea. En este sentido, pero solo en este, no hay democracia en España. La democracia tiene por objetivo controlar al poder, y a ese poder inaferrable, hoy por hoy, no lo controla ni Dios.

Luego viene la cuestión de si el Estado español es un estado democrático. Para el Lobo que suscribe la respuesta es que una de cal y otra de arena. De una parte el Estado reconoce derechos políticos y garantías a todos los ciudadanos españoles —aunque hay una parte de la población, casi dos millones y medio de personas, que no tiene ciudadanía española ni europea, sin que eso ponga colorado a nadie—; en este sentido, el régimen político actual parece democrático para los ciudadanos —basta compararlo con el régimen anterior— y es similar a los regímenes de Francia, de Italia, etc. Pero eso no es todo, pues algunos poderes del estado y algunos institutos públicos, en este régimen, distan bastante, cultural e institucionalmente hablando, de la democracia: el poder judicial es ejemplo de los primeros y algunos partidos políticos de los segundos. O sea, que no es oro democrático todo lo que reluce: también reluce la mica en la arena.

Hay gente que no considera democrático al régimen por una razón totalmente espuria: porque ha condenado a penas de cárcel a los políticos procesados del dichoso procès, y se las hace cumplir (aunque en condiciones que para sí quisieran los condenados de otras profesiones). ¿Qué país no meterá en la cárcel a personas a las que ha conferido poderes públicos por ley y los han usado contra la ley? Bien condenados están, y que sirva de escarmiento para los que quieran repetir.

La cosa no termina aquí: para saber si en España hay democracia hay que tomar en consideración los comportamientos habituales de la gente. El machismo, profundamente arraigado, es antidemocrático, pues no respeta los derechos de las mujeres y horroriza a los lobos no machistas tanto como a los hombres no machistas. Quienes desprecian a los trabajadores como gentes de segunda clase, quienes practican el desprecio clasista, no son, manifiestamente, demócratas. Muchas empresas tampoco lo son en sus relaciones laborales: incluso en el capitalismo las relaciones laborales se pueden pactar, y muchas empresas, en cambio, imponen un trágala. Tampoco son demócratas los avispados evasores fiscales, gorrones que no quieren pagar servicios de los que disfrutan: ¿acaso han sido los evasores los que pagan las carreteras, las aceras, los estudios de los médicos, los policías a quienes van a llorar cuando les roban?

¿Son demócratas los insolidarios que en una situación de crisis como la actual desprecian las normas contra el contagio, prolongan la pandemia y tan panchos? No. ¿Y los negacionistas? ¿Y los que no reciclan? Pues tampoco: el sector estúpido de la población tampoco es demócrata, pues socialmente democracia significa que cada uno trata decentemente a los demás, tanto directa como indirectamente. Si lo miras así, verás que en España no solo los que se consideran herederos de los vencedores de la guerra civil no son demócratas, sino muchísima, muchísima más gente. Unos por irresponsabilidad, otros por pereza, otros por inconsciencia (y ni lo saben) y otros por pura maldad. Por eso hay fachas que consiguen votos. Pues eso.

¡Y la gente espera una reedición de los felices veinte!

Al Lobo que suscribe le ponen de los nervios las protestas progres por la democracia expresadas en lenguaje de guardería. (Igual que las protestas de parvulario). Pero eso de la cultura progre es asunto que da para mucho y puede quedar para mejor ocasión.

18/5/2021

El Lobo Feroz

Indultos

Sociatas y parasociatas (antes, compañeros de viaje) se han lanzado a defender el propósito del gobierno de indultar a los condenados por la intentona independentista y los dineros, etc., que eso costó. Dicen que es para arreglar las cosas en Cataluña. Este Lobo reaccionario, que reacciona y suscribe, piensa que por intentar arreglar un descosido puede crear un roto de envergadura. ¿Por qué?

Pues porque si se llegó a lo que se llegó fue por el continuado goteo de concesiones al nacionalismo primero y al independentismo después por parte de gobiernos centrales necesitados, como ahora, de apoyos. Alguno de los condenados a los que ahora se quiere indultar pensando ilusamente —¡un gobierno iluso! ¿adónde hemos llegado?— que eso conducirá a un "arreglo" no sólo ha dicho, sino que hasta ha escrito un libro titulado (en catalán) Lo volveremos a hacer.

Retórica gubernamental y progresista aparte, a nadie se le escapa que la decisión del gobierno de enfrentarse no solo a la mitad de los catalanes para pasarle la mano por el lomo a la otra mitad, sino enfrentarse también al Tribunal Supremo, tiene por objeto principal mantener el apoyo que encontró en la investidura por parte de Esquerra Republicana (o sea, Esquerra dos veces publicana, que por lo demás se acomoda); y no parece temer que esa decisión dé alas —votos— a la extrema derecha de Vox y al ultraderechizado PP de Casado si el Psoe consigue agotar la legislatura. ¡Craso error!

Un gobierno al que tarde o temprano se le hará responsable de decisiones tomadas durante la pandemia y de su rendición a los poderes económicos en lo que se refiere al reparto de los dineros europeos, no puede tener la menor seguridad de ser reelegido. Quizá lo sea, pero lo más probable es que no. Es de reflejos muy lentos, como se mostró en la elección del candidato a presidir la Comunidad de Madrid. Todos los gobernantes, en cuanto llegan al poder, vuelan por los espacios siderales y ni se enteran de lo que pasa a sus pies, por muchas encuestas que piadosamente les preparen. Y el gobierno, hasta ahora, y ha tenido tiempo, no se ha visto que vaya a proponer un nuevo Estatuto para Cataluña ni una federalización del Estado —que por otra parte no podría diferir mucho de lo que ya hay— ni nada de nada.

De modo que sería recomendable que la carnaza que piensa ofrecer al independentismo catalán, probablemente cuando la gente ya haya cobrado la paga doble de julio si es que la cobra, se limitara a las penas de prisión de los que no se han expresado explícitamente como contumaces, pero sin indultar en ningún caso las penas pecuniarias ni sobre todo las accesorias.

Eso si no quiere cabrear al personal.

30/5/2021

La Biblioteca de Babel

Francisco Fernández Buey

Sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador

Ed. de Rafael Díaz-Salazar

Trotta, 2021, 368págs.2021

“Lo mejor de la religión es que produce herejes”. Esta frase de Ernst Bloch recordada oportunamente por Rafael Díaz-Salazar, editor de este volumen de escritos de Francisco Fernández Buey, da que pensar, efectivamente. Y no sólo porque muestre la capacidad de resistencia de las tradiciones políticas, religiosas o sociales para hacer frente muchas veces a la desnaturalización de los propios ideales, sino también por la posibilidad de que se establezcan relaciones fértiles entre herejes de diferentes tradiciones. Francisco Fernández Buey fue un ejemplo particularmente notable de ambos aspectos y los textos recogidos en este volumen dan buena fe de ello.

La reflexión de Fernández Buey sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador se plantea aquí en una triple dimensión: 1) Desde el punto de vista general, sobre las condiciones del diálogo entre ambas tradiciones en el pasado; 2) en el plano más concreto, buceando en los ejemplos de tres cristianos “comprometidos con la liberación de los empobrecidos” especialmente apreciados por Fernández Buey, a saber: Bartolomé de Las Casas, Simone Weil y José María Valverde; y 3) sobre los desafíos que supone la reconstrucción de la izquierda alternativa en el siglo XXI. Merece la pena profundizar, aunque sea brevemente, en algunos de estos asuntos.

Un primer elemento valioso de este volumen es la reconstrucción histórica del debate (y sus enseñanzas) entre cristianos críticos y comunistas marxistas en los años sesenta y setenta del siglo XX, esto es, en la época de los “cristianos en el partido, comunistas en la Iglesia”, por citar el célebre libro de Alfonso C. Comín. Un debate donde, como apunta Fernández Buey, estuvieron muy presentes en España, entre otros, elementos como el discurso de Togliatti en 1954 pidiendo el acercamiento entre católicos y marxistas en la denuncia de las armas nucleares; el concilio Vaticano II y la promoción de los encuentros entre cristianos y marxistas; o la política de reconciliación nacional del PCE para superar las aristas más agudas de la cuestión religiosa planteadas en la Segunda República. Sin embargo, fue sobre todo en el plano práctico de confluencia en las luchas sociales, obreras y estudiantiles donde la coincidencia entre marxistas y cristianos militantes en organizaciones como la HOAC, JOC o la JEC contribuyeron a la mutua comprensión y fueron de gran importancia para la constitución, por ejemplo, del sindicato CCOO.

De esos diálogos, Fernández Buey coincidía con Manuel Sacristán en la necesidad de no forzar falsos eclecticismos teóricos y evitar que cada tradición se desnaturalizase en la discusión. La clave era más bien tratar de confluir en la práctica de las luchas sociales y políticas para lograr un mundo mejor. Sin duda, fue esa experiencia práctica la que facilitó que “[...] en los sesenta muchos hijos de los vencidos, al coincidir en los movimientos con curas y militantes cristianos, empezaran a poner en duda el anticlericalismo tradicional de los padres republicanos”. No en vano, cada vez más ese reconocimiento mutuo estaba ayudando, a unos y a otros, a vincular el mundo de los sentimientos personales con las dinámicas político-sociales transformadoras.

Fue durante las décadas siguientes cuando el avance de los nuevos movimientos sociales, junto con la prolongación de las viejas luchas obreras, confluyeron con las aspiraciones de comunidades cristianas críticas inspiradas, por ejemplo, en la teología de la liberación. La propia teología de la liberación, tan impregnada de marxismo y de la defensa de los más débiles, era calificada por el propio Fernández Buey como un “cruce de géneros”. Seguramente estas circunstancias hicieron que el diálogo desde entonces fuera más fluido. No es casualidad que “[...] una buena porción de los comunistas que hoy quedan, en un mundo en el que el comunismo se ha hecho muy minoritario, se declaren al mismo tiempo cristianos”. Esta circunstancia ha facilitado, sin duda, la revisión del tópico según el cual, “[...] las religiones en el mundo moderno solo operan como cobertura ideológica de la resignación de las masas o solo aparecen como ilusión producida por la ignorancia de los de abajo manipulados por los de arriba”. Los ejemplos de la difusión de la teología de la liberación en América Latina, la presencia de cristianos críticos en el movimiento antiglobalización y de solidaridad internacional, y el cristianismo de base crítico en algunos países ricos eximen de más argumentaciones.

Si bien es verdad que todo esto se ha dado, todavía podrían existir reparos y reticencias de personas vinculadas a cada una de estas tradiciones. Unos reparos que, para poder superarse, deberían seguir poniendo en primer plano los asuntos prácticos que unen a ambas (las luchas contra los males sociales y la “mercantilización de todo lo divino y humano”), pero también el análisis autocrítico respecto de la propia tradición: Como recordaba Fernández Buey, “tanto el Sermón de la montaña como el Manifiesto comunista han sido utilizados ampliamente para justificar el asesinato de muchos inocentes. Es el lado oscuro de nuestras tradiciones”.

Junto con las reflexiones generales sobre el diálogo entre marxismo y cristianismo emancipador, hay un segundo elemento que preocupó siempre a Fernández Buey: el concepto de utopía en la tradición comunista y cristiana. Desde los años setenta en que reflexionaba en sus clases sobre algunas claves del utopismo en Fourier, este asunto se volvió recurrente durante muchos años y acabó plasmándose en ese magnífico libro que es Utopias e ilusiones naturales. En el volumen que estamos comentando, se recoge un texto clave, “Dialéctica de la esperanza utópica”, que aparte de condensar una de las mejores caracterizaciones de la utopía socialista, sugiere (en la línea de E. Bloch) apreciar moralmente la utopía como ideal regulador, sin despreciar el pensamiento racional. Por eso, al preguntarse dónde se encontraría hoy en día ese espíritu de la utopía, Fernández Buey sugiere apuntar a las diferentes “corrientes heterodoxas de las tradiciones de liberación”. Estaría en autores como Simone Weil, y su Echar raíces, en Ernesto Cardenal y su Canto general, en los movimientos sociales alternativos que postulan diferentes modelos de producir, consumir y trabajar en este mundo de la plétora miserable, en el ecologismo social de Barry Commoner o, incluso, en “nihilismo positivo” de Leopardi. En definitiva, en todo aquello a lo que la sabiduría gráfica de El Roto se refería cuando afirmaba: “¡Qué manía de llamar utópico a lo que no permiten!”.

Es verdad: “En los tiempos malos hay que fijarse sobre todo en los ejemplos”, recordaba Fernández Buey. Y eso es precisamente lo que nos propone explorar a través de las figuras de Bartolomé de Las Casas, Simone Weil y José María Valverde. En el caso de Las Casas, los textos incluidos (y más en detalle en sus libros La barbarie de ellos y de los nuestros y La gran perturbación) sirven para argumentar hasta qué punto el dominico fue, con la defensa del indio americano, un “adelantado a su tiempo”, un pensador valiente que “contribuyó a destruir la falacia individualista y naturalista de la cultura europea sobre otras culturas”; que pone “ante el espejo a la propia cultura y se atreve a argumentar la autocrítica de la misma, precisamente frente al etnocentrismo y al racismo que han acompañado históricamente al pensamiento humanista ilustrado”. Resulta esclarecedora la argumentación de Fernández Buey que sugiere ver a Las Casas como principal representante de lo que él sabiamente denomina “variante latina” en la reflexión sobre el choque de culturas, así como referente en la primera “configuración de una conciencia de especie en el marco de la cultura europea”. En este sentido, es una agradable sorpresa la lectura de una adenda inédita de Fernández Buey donde, con vena lascasiana, se revisa el concepto de tolerancia ilustrado y se apunta que el límite de ese concepto es “[...] precisamente su incomprensión del problema del otro, de las otras culturas”.

Después de Bartolomé de Las Casas, el segundo ejemplo que se propone es el de Simone Weil. En polémica con algunas aproximaciones que resaltan sobre todo la vertiente mística de sus aportaciones, Fernández Buey señala el entrelazamiento en la obra de Weil de lo místico y lo político-social. Una obra en la que aparece claramente “la centralidad que concede al valor moral del trabajo manual”, y donde se critica la noción usual de progreso, el industrialismo, el maquinismo y el papel jugado en todo ello por la ciencia y la tecnología. Pero también es la de Weil una obra donde se identifica “[...] la belleza con la pureza y la vivencia mística como superación del dolor físico, del sufrimiento y la desdicha”. En el texto “Conciencia radical de la desgracia: Simone Weil”, Fernández Buey explica muy bien la paradoja de una mujer enraizada en la tradición cultural cristiana, pero sin llegar nunca a entrar en el cristianismo como Iglesia, porque “en las tradiciones se está, en las instituciones se entra”. En efecto: “echar raíces es estar en la propia tradición y la falta de raíces consolida la infelicidad y la desventura del ser humano”.

Y queda, finalmente, el entrelazamiento de comunismo y cristianismo en José María Valverde, a cuya figura se dedican tres textos entrañables. “Me hice comunista para poder seguir yendo a misa”, dijo en una ocasión Valverde. A lo que añade Fernández Buey que “algunos tuvimos que entender el otro cristianismo para seguir siendo comunistas”. Las razones político-morales de Valverde eran, según Fernández Buey, la expresión de una vieja relación entre la política como ética de lo colectivo y los movimientos religiosos de resistencia y emancipación que se daban la mano en la cultura crítica de los de abajo. Un entrelazamiento que, en el caso de Valverde, unía fuertemente un concepto de solidaridad impregnado de su “vivencia como cristiano y como poeta”. Pues, no en vano, “la solidaridad tiene que ver con la piedad, con la compasión, con el amor al prójimo de la propia especie”.

Todo lo anterior han sido breves apuntes y fogonazos de un libro muy valioso. Un libro que seguramente ayudará a varios tipos de lectores. Ayudará a los más jóvenes a derribar algunos muros que, en forma de mitos e incomprensiones, pueden volver a ser levantados desde la izquierda a la hora de analizar la complejidad del fenómeno religioso. Pero también servirá para superar algunas dificultades de transmisión de experiencias entre generaciones que son especialmente necesarias para continuar tejiendo ese hilo rojo de la tradición. Y ayudará, en fin, a los más mayores. Les hará pensar, sin duda, y volver sobre sus pasos.

Hay, por último, otra circunstancia que hace especialmente atractiva la publicación de este libro. Pocas personas diferentes al editor de este volumen podrían haber sido más idóneas para realizar la labor de reunir estas piezas de Fernández Buey. Y no sólo porque ambos hubieran protagonizado un diálogo prolongado sobre las relaciones entre izquierda y cristianismo, sino porque, en este caso, el libro es testimonio de herejías compartidas, esto es: de cómo un hereje procedente de una de las tradiciones aquí mencionada se ocupa de presentar cuidadosamente los argumentos de otro que es, precisamente, un hereje que procede de la otra tradición, pero con el que comparte muchas cosas y quiere dialogar provechosamente. Con lazos así se comprende que pueda ser más fácil trenzar, con fuerte nudo, la pasión razonada de unos con la razón apasionada de los otros.

Óscar Carpintero

28/5/2021

Pablo Servigne y Raphaël Stevens

Colapsología

Colapsología: ciencia al servicio de la supervivencia

A Sílvia, por los afectos compartidos. D.E.P.

Viendo que ningún gobierno plantea una salida de la crisis de la covid diferente de “volver a consumir” para “volver a crecer” (aunque con tintes verdes), sorprende la atención mediática que está recibiendo el libro Colapsología [1], de Pablo Servigne y Raphaël Stevens. No en vano se trata de un libro descaradamente antisistema, al que muchos calificarán de agorero, pesimista u otras lindezas que suele verter el pensamiento mainstream. No olvidemos que esa misma prensa sigue prestando su altavoz para difundir los mensajes contrarios: “no estamos tan mal”, “con innovación y tecnología resolveremos todos los problemas”, etc. [2].

Dejando aparte la bipolaridad de cierta prensa, estamos ante un libro divulgativo que habla del colapso de nuestra sociedad. Se trata también de la presentación ante esa misma sociedad de la disciplina científica que da nombre al ensayo. Sobre el colapso, éste se puede anticipar, basándonos en las ciencias de la Tierra (sirvan el Calentamiento Global y el peak oil como señales inequívocas de que en las próximas décadas algo va a cambiar); pero el colapso también se puede (y se debe) manejar de forma que se evite una tragedia social y cultural. Aquí entran en juego las ciencias sociales, que deben ayudar a cambiar el relato del hiperconsumo como máxima ambición humana, fomentando la colaboración y la solidaridad.

En la primera parte del libro, los autores argumentan por qué vaticinan que se acerca el colapso. Los argumentos son conocidos al menos desde que, en la década de los setenta del siglo pasado, el Club de Roma encargase el estudio sobre Los límites del crecimiento [3], y se han convertido en un tema de actualidad desde que el Calentamiento Global es una realidad palpable.

Son conscientes los autores de que su empresa juega con desventaja, al igual que le ha pasado al propio Cambio Climático. No en vano se enfrenta a problemas cognitivos (como la limitada atención que prestamos los humanos a los riesgos a largo plazo), mitos asentados en la sociedad (valga como ejemplo el incuestionable crecimiento económico) o incluso tabús como puede ser el problema demográfico.

Además de los conocidos problemas ecológicos y de falta de recursos, resulta revelador cómo argumentan los autores sobre la fragilidad sistémica de nuestra sociedad. Y es que cuanto más complejo es un sistema, más interconectado está, y por tanto se hace más vulnerable a un fallo sistémico. No está de más recordar que el libro está escrito en 2015, mucho antes de la irrupción del Covid y de otros eventos que han hecho palpable esta fragilidad sistémica: aparte de la pandemia y sus numerosas repercusiones [4], no olvidemos eventos recientes como el bloqueo del canal de Suez a finales de marzo de 2021 o el ataque informático a los oleoductos norteamericanos este mismo mes, que hacen que la filosofía de Taleb tome forma [5]. Como se insiste en el libro, no podemos hacer de futurólogos, pero es importante estar atentos a las señales anunciadoras.

Y es que es más fácil pronosticar las consecuencias en el clima causadas por la acción humana, que sus repercusiones sobre las sociedades complejas e interconectadas. Se trata de un viejo problema de las ciencias sociales. Como dice un chiste de economistas, Dios creó a estos para hacer quedar bien a los meteorólogos. En este caso, la Colapsología asienta sus patas tanto en las ciencias duras como blandas: aspira a detectar las señales del colapso, y también pretende encauzar de la mejor forma posible la gestión del mismo. Tal como se explica al principio del libro, tendremos que superar una etapa de duelo por la pérdida de la sociedad en la que hemos vivido, experimentando las emociones de todas sus fases: desde la negación inicial, pasando por un largo proceso que nos lleve hasta la aceptación. La esperanza se encuentra en que no estamos solos en este proceso: en primer lugar, porque experimentar estas sensaciones sabiendo que no somos los únicos ayuda a superar el trance. Y, por otro lado, porque según la experiencia de otros colapsos sufridos (¡aunque no todos!), no es el caos y el egoísmo lo que suele aparecer en este tipo de crisis, sino la colaboración y la solidaridad.

Ser portador de malas noticias siempre es una tarea ingrata. Los autores de Colapsología asumen el reto, aunque no estamos tan avanzados como para que este libro sea un best seller. Mentalizar a la gente de que el colapso es posible, para evitarlo: ése es el gran objetivo de este libro. Con el tiempo se verá si encontramos la forma de esquivar el colapso, o si es éste quien nos encuentra a nosotros, sin tiempo ya para asegurar una transición digna.

Notas:

[1] Pablo Servigne y Raphaël Stevens, Colapsología, Arpa Editores, 2020. ISBN 9788417623562.

Si bien el libro fue publicado en septiembre de 2020, uno de sus autores está realizando en las últimas semanas la campaña de promoción. Pablo Servigne ha sido entrevistado en varios medios de difusión nacional, como El País (3 de mayo de 2021: https://elpais.com/cultura/2021-05-03/pablo-servigne-la-unica-manera-de-sobrevivir-a-este-siglo-sera-la-ayuda-mutua.html), El Periódico (8 de mayo de 2021: https://www.elperiodico.com/es/la-contra/20210508/pablo-servigne-hay-duelo-mundo-11708009) o La Vanguardia (11 de mayo de 2021: https://www.lavanguardia.com/lacontra/20210511/7444377/quieres-evitar-colapso-global-convence-todos-habra.html).

[2] Valgan como muestra algunas entrevistas realizadas en La Vanguardia, en la misma sección en la que apareció Pablo Servigne:

Entrevista a Michael Shellenberger el 30 de marzo de 2021: https://www.lavanguardia.com/lacontra/20210330/6616566/recicle-plastico-llevan-tercer-mundo-tiran-mar.html

Entrevista a Matt Ridley el 5 de mayo de 2021:

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20210503/7424356/innovadores-suelen-fuera-rebano.html

[3] Donella Meadows, et al., The limits of growth, Universe Books. ISBN 0-87663-165-0.

[4] Aparte de las consecuencias sobre la salud y restricciones en las libertades, la pandemia ha catalizado problemas de suministro difíciles de prever, como el de los microchips (https://www.huffingtonpost.es/entry/crisis-microchips-empleo_es_60799e18e4b0deb3d5b380e7)

[5] Además de su conocida teoría del cisne negro (suceso sorpresivo, de gran impacto y que posteriormente se racionaliza), Nassim Nicholas Taleb ha dedicado parte de su obra a analizar la fragilidad de la sociedad ante eventos difíciles o imposibles de prever.

Pablo Massachs

27/5/2021

De otras fuentes

Antonio Turiel

Carta abierta a los responsables políticos de la Transición Ecológica, tanto en España como en Europa

Estimados Sres., estimadas Sras.:

Me dirijo a Vds. con la intención de plantear una serie de cuestiones que me parecen relevantes, respecto al actual esfuerzo para la realización de una Transición Ecológica que debe conseguir la descarbonización total de España y de Europa para el año 2050. De acuerdo con lo que he leído sobre el tema, incluyendo la propia Ley de Cambio Climático y Transición Energética, hay en los planes anunciados ciertos puntos oscuros que, por su gran relevancia, creo que convendría aclarar.

Dado lo extenso de los puntos a tratar, me permitirán que vaya directamente al grano. Éstas son las cuestiones:

1. Es conocido que se necesita una gran cantidad de materiales críticos para el gran despliegue de los sistemas energéticos renovables que se pretende hacer, y también se sabe que no hay suficiente para permitir ese despliegue a escala mundial ¿Contemplan Vds. un plan alternativo, en caso de que al final los materiales escaseen? En suma, ¿existe un Plan B para la Transición Energética?

El tema de la escasez de materiales críticos para la transición renovable es muy conocido desde hace bastante tiempo. Hace unos días, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sacó un informe sobre estos materiales, en el cual se mostraban algunas cosas curiosas. La más destacada, estas gráficas, sobre todo la de la derecha.

Como pueden ver, se prevé que, de aquí a 2040, la extracción anual de litio se multiplique por 42, la de grafito por 25, la de cobalto por 21, la de níquel por 19 y la de tierras raras por 7. Fíjense que no es que la AIE diga que eso es lo que va pasar: lo que dice es que eso es lo que se necesita que pase, lo que es muy distinto. Pero, ¿es ese incremento posible? La propia AIE tiene sus dudas, y entre sus 6 recomendaciones (obviamente, a los países de la OCDE) nos encontramos que se debe fomentar el reciclaje (complicado, porque alguna de estas materias se usa de tal manera que son difíciles de reciclar) y que, si acaso, se constituyan "reservas estratégicas para hacer frente a posibles interrupciones del suministro". En definitiva: mejor acaparar ahora estos materiales, no sea que después ya no vengan.

Volviendo a la cuestión de si tal incremento es posible, hay muchos estudiosos que tienen claro que no. Entre ellos, Alicia Valero y su padre Antonio Valero, de la Universidad de Zaragoza, que llevan años estudiando el tema. La siguiente imagen es una diapositiva de una presentación reciente de Alicia Valero.

Resulta que las reservas conocidas de muchos materiales son menores que la demanda esperada hasta 2050, y atención que incluye otros metales "más corrientes" que no estaban en la gráfica de la AIE, como la plata, el cobre, el plomo, el platino o el zinc, entre otros. Quizá la AIE se ha dado cuenta ahora de que hay un problema, pero en realidad los científicos lo saben desde hace tiempo. Por ejemplo, hay un artículo reciente del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid que muestra que no se puede pretender mantener el actual modelo de movilidad basándose en fuentes renovables y vehículos eléctricos.

En todo caso, no quiero discutir aquí si va a haber o no esa escasez, ni tan siquiera si realmente las renovables pueden hacer todo lo que se dice. El caso es que hay una duda razonable de si los planes anunciados pueden llevarse a cabo, y eso lleva a mi pregunta.

La pregunta real es si tienen un Plan B. Si tienen una alternativa, por si esto falla. Una salvaguarda. Ésa es la pregunta. ¿La tienen o no? Porque si no la tienen, la cuestión que se suscita es otra: Vale, y si este plan falla, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos al garete? En definitiva: ¿es éste un modelo de administración responsable si no se tiene en cuenta un riesgo tan evidente?

Seguramente la tentación es decir que la ciencia y la innovación permitirán mejorar la eficiencia en el uso de los materiales. A lo cual yo les digo: perdonen, pero no pueden dar eso por asumido, porque como no sea así nos estrellamos. De nuevo, no es un modelo de administración razonable.

Quizá la otra tentación es decir que si hay problemas podremos ralentizar la transición energética hasta que la tecnología avance lo suficiente (como si eso estuviera garantizado), estirando un poco más el uso de los combustibles fósiles gracias a una implantación masiva de sistemas de captura de CO2 (suponiendo que éstos realmente se puedan implantar de manera masiva y eficaz). Si van por ahí, les recordaré esta gráfica del último informe de la AIE que nos dice que, gracias a la desinversión de las petroleras desde 2014, de aquí a 2025 la producción de petróleo puede caer hasta un 50%.

De hecho, por culpa de este descenso ahora mismo ya escasea el plástico y cada día escasean más cosas: acero laminado, aluminio, cobre, chips...

Así, pues, ¿hay plan B? Porque a lo mejor tenemos que implementarlo urgentemente...

2. Incluso asumiendo que España consiguiera asegurarse suficientes materiales para hacer "su" transición, ¿es una buena apuesta a largo plazo, teniendo en cuenta de aquí 20-30 años las nuevas instalaciones renovables acabarán su vida útil y entonces será imposible reemplazarlas?

Tengamos en cuenta que muchos materiales son de difícil reciclaje por la manera en que se usan. En la electrónica de más altas prestaciones, las tierras raras que se usan y metales como el oro y la plata entran en cantidades muy pequeñas, típicamente en aleaciones con concentración de traza. El diseño de esos circuitos no está pensado para el reaprovechamiento. Algo similar le pasa a las placas fotovoltaicas: la concentración de materiales como la plata y la forma en la que están hechos los paneles no favorecen su recuperación. En el caso de los aerogeneradores, reaprovechar el cobre y el núcleo magnético o inductivo es mucho más simple; pero en su caso el problema es la degradación de los metales con el paso del tiempo, y también la dificultad para reemplazar el hormigón armado (recordemos que la arena que se usa para hacer cemento empieza a escasear) y para el reciclaje de las aspas (que es posible, pero que hasta ahora masivamente lo que se hace es enterrarlas).

¿Tiene por tanto sentido que lo apostemos todo a un sistema que quizá solo se pueda usar durante esos 20 o 30 años, para luego dejar a la sociedad inerme para gestionar lo que venga después? ¿Volveremos a recurrir al comodín de "el progreso tecnológico lo resolverá", cosa que no podemos saber si pasará? ¿Nos vamos a arriesgar a condenar a nuestros hijos?

3. La instalación de los sistemas renovables es posible consumiendo grandes cantidades de combustibles fósiles, tanto en la extracción de materiales, su elaboración, el transporte, la instalación, el mantenimiento, etc. No se instalan parques renovables usando energía renovable; quizá hacer eso ni siquiera es posible. ¿No se han parado a pensar que el modelo que se propone solo puede funcionar si hay combustibles fósiles?

Éste es un de los problemas más serios del modelo propuesto: nadie se ha planteado seriamente que todo el proceso de elaboración, transporte y despliegue use solo energía renovable. ¿Es ni tan siquiera posible? Algunos autores, como Gail Tverberg, consideran los modernos sistemas de energía renovable meras extensiones de los combustibles fósiles: solo pueden dar energía si hay combustibles fósiles disponibles. Una de las dificultades para que se pueda cerrar el ciclo de "producción de energía renovable - uso de la misma para generar más" es la complejidad (y coste energético) de los procesos, y la gran cantidad de materiales que se requieren. En un escenario de rápido declive de la cantidad de petróleo disponible, eso haría que la energía renovable producida con este modelo también decreciera en un determinado plazo. Por tanto, nos arriesgamos a que en un plazo breve de tiempo este modelo de renovable dejara de servir. ¿De verdad que es eso lo que queremos?

4. El nuevo modelo pretende substituir los combustibles fósiles por electricidad renovable, pero los combustibles fósiles mayoritariamente no se usan de manera eléctrica. Aquí hay un salto al vacío tecnológico enorme, teniendo en cuenta que 1) en España tenemos ya mucha más capacidad instalada de la estrictamente necesaria para garantizar el consumo; 2) en los países avanzados, la electricidad representa poco más del 20% del consumo de energía final y electrificar ese casi 80% restante parece difícil; 3) el consumo de electricidad cae en España desde 2008. ¿No tendría sentido que se concentran los esfuerzos en ver cómo aprovechar la electricidad, más que en producir más? ¿O quizá mirar cómo producir con renovables otras formas de energía que no sean electricidad?

En España la potencia media equivalente al consumo eléctrico de 2008 fue de 32 GW, y ha ido disminuyendo hasta los 30 GW de 2019. Eso, con una potencia instalada de 108 GW. Incluso contando con un cierto grado de redundancia para tener en cuenta el factor de planta, es una cantidad excesiva, que ahora se quiere incrementar en otros 58 GW de aquí al 2030.

Eso sin contar con la gran dificultad de convertir todo el consumo energético en 100% eléctrico, un problema que aqueja a todas las economías avanzadas. De hecho, lo que se suele ver es que la electricidad es una energía secundaria que de alguna manera sigue al consumo general de energía: sube si éste sube y baja cuando éste baja (aunque no ciertamente en el mismo porcentaje y a menudo con un cierto lag o retraso, que puede ser de años). Y es que la electricidad es una forma de energía muy especializada y de alto valor añadido, pero solamente útil para cierto usos.

Incluso sin pretender que toda la energía sea eléctrica, intentar que al menos toda la electricidad sea 100% renovable es ya un gran desafío. En primer lugar, se necesitan sistemas de respaldo para cubrir la intermitencia de las renovables (que no siempre luce el sol, o que a veces no sopla viento). Para hacer ese respaldo renovable, se puede recurrir a la hidroelectricidad, pero ésta tiene un cierto margen y tampoco lo puede cubrir todo (se necesita el agua embalsada también para otros usos) o aprovechar la acumulación de los excedentes renovables cuando éstos se producen (usando, por ejemplo, bombeo inverso o hidrógeno verde), pero éstos también son limitados. La otra opción para conseguir electricidad de respaldo es las interconexiones de larga distancia, por ejemplo de ámbito continental, porque sobre la escala de un continente se puede compensar mucho la intermitencia, ya que en todo momento algún lado de Europa soplará el viento o lucirá el sol (excepto de noche). Pero aquí chocamos con el segundo problema de la electricidad renovable: la estabilidad de la red. La instalación de muchos sistemas de generación eléctrica, que entran y salen continuamente del sistema y que están distribuidos sobre un territorio muy amplio y lejos de los centros de consumo genera inestabilidad de la red. Resulta que en Europa usamos corriente alterna con una frecuencia de 50 ciclos por segundo, pero con tanta generación intermitente y distribuida mantener esa frecuencia es hoy en día un hito: de hecho, el pasado 8 de enero una inestabilidad originada en Croacia se propagó por toda Europa y estuvo a punto de tumbar toda la red. Y poner más y más sistemas renovables conectados a la red incrementa el riesgo de inestabilidad. Se podría compensar instalando sistemas de estabilización en la red, pero nadie quiere hacer frente a este sobrecoste, que además tendría que ir creciendo con el número de sistemas enganchados. En Australia se está planteando prohibir que se conecten más sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica.

Lo mejor sería ir aprovechando la electricidad localmente, pero entonces nos encontramos con el problema del aprovechamiento para ese casi 80% de usos no eléctricos. Es aquí donde se debería estar incidiendo seriamente, pero lo que se hace es simbólico. ¿Qué sentido tiene dar por hecho que nos conviene tener más electricidad, teniendo en cuenta todo lo dicho arriba? ¿Para qué va a servir, si no hay demanda posible para tanto?

5. Para intentar cubrir con renovables ese casi 80% de la energía final actualmente no eléctrico actualmente, la gran apuesta es utilizar el hidrógeno producido a partir de electricidad renovable, o hidrógeno verde. El hidrógeno, sin embargo, no es la panacea y sus problemas originales no han sido resueltos. ¿Por qué va a solucionar ahora el hidrógeno nada, conociendo como conocemos sus limitaciones?

Hace algunas semanas asistí a una conferencia telemática organizada por el Club de Roma sobre el hidrógeno verde. En un momento de sinceridad, uno de los ponentes dijo que hace unos 20 años se había intentado introducir el hidrógeno como el combustible del futuro y se había fracasado; que hacía 10 años se había intentado de nuevo y que tampoco se había conseguido; y que esperaba que ahora, a la tercera, fuera la vencida. Esta reflexión es bastante interesante, porque refleja muy crudamente el problema que no se quiere ver. Y es que, ¿por qué tendría que funcionar una solución energética basada en el hidrógeno? Nos negamos a aceptar que es una mala solución, e insistimos sobre ella una y otra vez, pero no por ello se va a convertir en una buena solución. Damos por descontado que el progreso tecnológico conseguirá superar los problemas del hidrógeno, pero no comprendemos que a lo mejor esos problemas no se pueden superar porque dependen de principios inviolables de la Física o la Química.

Recordemos, una vez más, cuáles son los inconvenientes del hidrógeno:

El hidrógeno no es una fuente de energía: En la actualidad la mayoría del hidrógeno se consigue mediante el procesamiento químico del gas natural u otros hidrocarburos, con desprendimiento de dióxido de carbono, pero el objetivo es pasarse al "hidrógeno verde", que es el que se obtiene haciendo pasar una corriente eléctrica por una cubeta de agua, lo cual rompe la molécula de este líquido (electrolisis) y separa el hidrógeno del oxígeno, sin otras emisiones. El problema es que se necesita consumir electricidad para producir el hidrógeno; el hidrógeno es un sitio donde guardar energía, pero no una fuente de energía. Técnicamente es lo que se denomina un vector energético.
El rendimiento del proceso es bajo: Centrándonos en el hidrógeno verde, las mejores plantas de electrolisis consiguen un rendimiento del 70%, es decir, que el 30% de la energía se pierde y no se acumula en las moléculas de hidrógeno producidas. Pero este mejor rendimiento solo se produce en condiciones ideales y con plantas muy sofisticadas y caras; en condiciones más realistas, el rendimiento ronda el 50%, y el otro 50% simplemente se pierde.
El rendimiento de los motores de hidrógeno es bajo: Si se quiere el hidrógeno para motores, se puede quemar directamente en un motor de gasolina pero entonces se aprovecharía solo entre el 15% y el 20% de la energía del hidrógeno (es decir, solo entre el 7,5% y el 10% de la energía eléctrica inicial). Incluso usando pilas de combustible de las más eficientes (y haciendo más complejo el motor, porque se requiere una batería además) el rendimiento ronda el 50% (es decir, solo el 25% de la energía eléctrica inicial). Por comparación, un motor eléctrico tiene rendimientos que están sistemáticamente por encima del 75% o del 80%. Se podría decir que el hidrógeno se quiere solo para producir calor (por tanto, rendimiento del 50% sobre la energía eléctrica inicial), sobre todo industrial, pero lo cierto es que también se necesita hidrógeno para sustituir al diésel en la flota de camiones y maquinaria pesada.
El hidrógeno tiene que estar almacenado a alta presión: Al ser un gas, para conseguir una densidad energética en volumen aceptable el hidrógeno tiene que estar a una alta presión, generalmente de 750 atmósferas (enorme: es la presión a 7.500 metros de profundidad en el mar) para tener una densidad energética que es solo la mitad de la del gas natural a la presión habitual. Estas altas presiones implican, primero, un esfuerzo para comprimirlo (otro gasto energético adicional), segundo, usar recipientes de paredes densas (más costosos) y tercero, que se tenga que refrigerar previamente a la compresión para evitar que la temperatura suba mucho (más gasto energético). Y por no hablar del peligro que supone una grieta o un impacto medianamente fuerte en el depósito.
El hidrógeno se escapa de los recipientes: Al ser una molécula tan pequeña, el hidrógeno se escapa con facilidad de cualquier recipiente, incluso en uno de paredes densas y especialmente bien sellado. Pérdidas de entre el 2 y el 3% diario son normales, lo cual implica que el hidrógeno tiene que ser producido para ser consumido en el plazo de pocos días.
El hidrógeno corroe el acero: En los depósitos y conducciones de acero al carbono, el hidrógeno forma hidruros que acaban fragilizándolos hasta que se rompen. La solución es recubrirlos con unas películas especiales que se llaman liners, pero que no están exentas de problemas (aguantan mal los contrastes térmicos y los esfuerzos mecánicos) y que para mayor ironía se fabrican con petróleo.

En la práctica, las pérdidas energéticas de convertir electricidad a hidrógeno para cualquier uso energético son bastante grandes, yendo del 50% de producir hidrógeno para ser quemado inmediatamente hasta pérdidas superiores al 95% si se tiene que almacenar a presión para ser consumido unos días más tarde en un motor de un camión.

En una conferencia reciente, yo presenté unos números sencillos comparando el consumo de energía del sector del transporte en Europa con la producción de energía eléctrica renovable que se necesitaría para que pudiera funcionar con hidrógeno, asumiendo el máximo y mejor rendimiento (pilas de combustible con platino, hidrógeno producido prácticamente para consumir, despreciando las pérdidas por refrigeración y compresión, etc.). La conclusión es que Europa debería multiplicar su producción eléctrica renovable por 3,5. En condiciones mucho más realistas, no sería de extrañar que esa multiplicación fuera por 4, 5 o un factor todavía mayor; pero en todo caso, ese 3,5 ya supone un reto de gran envergadura... y solamente para mantener el transporte. Y ese reto es probablemente imposible, porque aquí no hemos incorporado los límites de las renovables, pero siguen existiendo.

Extrapolándolo al caso de España, no resulta creíble que pudiéramos producir aquí todo el hidrógeno que se necesitaría ya tan solo para mantener todo el sistema de transporte en pie. Y eso sin contar con todo el gasto de combustible que implica nuestro estilo de vida pero que no se computa aquí (por ejemplo, esos cargueros que llegan cargados de mercancías fabricadas en China).

¿Alguien se ha parado a mirar estos problemas con detenimiento y objetividad? ¿O solamente se han limitado a sumar cantidades en un fichero Excel, contando que todo lo que se necesite va a estar ahí porque se necesita? ¿Alguien se ha parado a pensar que quizá el hidrógeno no da, ni de lejos, para mantener el actual estado de cosas? ¿Alguien se ha planteado que quizá no es la solución?

6. Dado que el hidrógeno que se puede producir domésticamente no puede cubrir nuestras necesidades, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿Vamos a intentar explotar la producción de otros países, típicamente de África?

Porque al final es de esto de lo que estamos hablando. Sabiendo que no podremos producir suficiente hidrógeno para poder mantenerlo todo en pie, dado el bajo rendimiento del proceso y los límites a la producción renovable, la idea seguramente es ir a apropiarse del hidrógeno que produce otro. Por ese motivo Alemania está en la presa del río Inga en el Congo. Y por ese motivo el tren de hidrógeno, mucho más ineficiente que el eléctrico, está ahora en boga: para sacar corriendo el hidrógeno de países que tienen vías de tren pero no catenaria.

Ese modelo de explotación colonial tiene no pocos riesgos y muchas fragilidades, aparte de otras cuestiones de índole moral. Pero además, el colonialismo se puede ejercer a muchas escalas. Colonialismo energético del centro contra la periferia, dentro de nuestro país. Pero también desde otros países, y más concretamente Alemania, contra nuestro país.

Este modelo colonial probablemente nos lo aplicarán a nosotros en beneficio de Alemania; el Gobierno federal alemán ya dice que espera que los países europeos con mayor potencial renovable le aporten su hidrógeno. Es decir, que la energía renovable captada aquí se convertiría en hidrógeno, con enormes pérdidas, para después irse en un tren de hidrógeno fabricado por Siemens hasta Frankfort o Munich. Señores y señoras representantes políticos de mi país, ¿habían pensado en esto? ¿Están seguros de que es el hidrógeno lo que tenemos que producir, si no nos da para nosotros mismos y encima nos lo quieren quitar?

7. Por todo lo expuesto más arriba, me resulta evidente que nos hacen falta modelos alternativos para el aprovechamiento de la energía renovable, modelos mucho más locales y eficientes que garanticen la riqueza del país. El caso es que existen, pero no se debaten, no se contemplan. ¿No creen que se debería invertir, si cabe un pequeño esfuerzo, en ver cuánto podrían dar de sí?

A principios del siglo XX, proliferaban en Cataluña las colonias textiles. Se aprovechaba la fuerza hidráulica de los ríos para producir algo de electricidad de consumo local, y la fuerza mecánica del agua servía en muchos casos para accionar directamente los telares, con un rendimiento mucho mejor que poner un generador eléctrico en un extremo y un motor eléctrico en el otro. Con este sistema se mantuvieron también fundiciones y otras industrias; en todos los casos, aprovechando la energía de manera más eficiente que si se usase electricidad y, lo que es más importante, generado riqueza y empleo localmente. La energía mecánica no es como los electrones o el hidrógeno: no se puede exportar a grandes distancias. La energía de aquí se queda aquí.

Con todo el conocimiento y desarrollo técnico del último siglo, podríamos hacer eso mismo y mucho mejor. Aprovechando el sol directamente para calentar, fundir, transformar. Aprovechando la fuerza mecánica del agua y del viento para mover, trabajar, forjar. Aprovechando las plantas, cultivadas y silvestres, herbáceas y árboles, para obtener reactivos y materiales. Produciendo también algo de electricidad para cuando fuera necesario, pero sin obsesionarse con producir solo electricidad. Produciendo también algo de hidrógeno para cuando fuera necesario, pero sin obsesionarse con mantener una ingente flota de camiones y maquinaria pesada con él. Siendo más eficientes. Alcanzando un mejor equilibrio con la naturaleza, disminuyendo nuestro impacto ambiental, adaptándonos a los ritmos del planeta, dependiendo lo justo de materiales que llegan de lejos, con instalaciones a una dimensión más humana y más fáciles de reparar y mantener, creando riqueza y empleo localmente, descarbonizando plenamente nuestra actividad.

¿Por qué no?

Repito.

¿Por qué no?

¿Qué sentido tiene que esto ni se considere, ni se analice, ni se estudie siquiera someramente? ¿Qué sentido tiene que nos empeñemos en un modelo megalomaníaco, tremendamente destructivo y contaminante que, encima, ni siquiera es posible, cuando podríamos tener una alternativa mucho más razonable que ni nos dignamos en estudiar?

¿Por qué no?

¿Por qué nos vamos a condenar a un modelo insostenible e imposible que va a fracasar, cuando puede haber una alternativa viable y mucho menos costosa? Seguro que habrá muchas dificultades, pero la mayor ahora mismo es ni siquiera comenzar a trabajar sobre esta posibilidad

Yo les pregunto, y les preguntaré una y otra vez:

¿Por qué no?

**************************************************

Agradeciendo de antemano la atención recibida, resto expectante por conocer su respuesta a estas, tan apremiantes, cuestiones.

Saludos cordiales.

Antonio Turiel

18 de mayo de 2021

[Fuente: The Oil Crash]

18/5/2021

Fabio Ciaramelli y Sarantis Thanopulos

La gig economy*, amenaza mortal para la democracia

Fabio Ciaramelli:

Hace unas semanas el procurador de la República de Milán, Francesco Greco, ha declarado que "los rider [repartidores] no son esclavos, sino ciudadanos a los que se les ha sustraído la posibilidad de tener las tutelas debidas y las garantías para su futuro". Una afirmación de este tipo debería ser una obviedad, pero ha dejado de serlo a partir del momento en que el modelo económico que se está difundiendo, la llamada gig economy, prevé que sea posible ganarse la vida mediante trabajos ocasionales, sin contratos y por tanto sin garantías. Ya lo había denunciado el año pasado Luca Ricolfi, un sociólogo que ciertamente no es un extremista. En su libro La società signorile di massa ["La sociedad señorial de masas"] había hablado de una "vasta estructura paraesclavista, formada por muchos tipos de trabajo servil e infrapagado (desde los estacionales a los del mundo de la externalización de los servicios), sin los cuales no funcionaría el consumo de masas".

Un modelo así es simplemente inaceptable porque excluye de la ciudadanía a una parte de la población privada de sus derechos, que sin embargo desempeña un papel esencial para el mantenimiento del sistema. No por azar el procurador Greco ha recordado el film de Ken Loach Sorry we missed you, que muestra la farsa, e incluso el engaño, de un trabajo solo aparentemente ocasional y temporal, en el que cada uno puede convertirse en empresario de sí mismo. Pues se trata en cambio de un auténtico trabajo subordinado, rígidamente reglamentado y vigilado de manera estable por el ordenador que a todos controla, que penaliza a quien no está siempre disponible, y que en el momento oportuno deja fuera a quien enferma, protesta o hace huelga. Tratar a un gran número de personas, que por otra parte desempeñan actividades esenciales, como súbditos a los que imponer únicamente deberes y sujecciones, y no como ciudadanos portadores de derechos, no es solo una traición a la justicia social, sino una amenaza mortal para la democracia constitucional misma.

Sarantis Thanapulos:

La gig economy, la economía de los trabajos ocasionales, esporádicos, amenaza a la democracia porque disuelve el vínculo necesario entre sus condiciones fundamentales: la diversidad y la paridad. Sin la paridad la diversidad del uno se impone sobre la del otro, y la diversidad de entrambos se evapora. Sin la diversidad la paridad es insensata: la vida se puebla de autómatas. Más desiguales, inicuas, son las relaciones de intercambio, convirtiéndose en relaciones de fuerza, e indudablemente la "flexibilidad" en la inmensa mayoría de los casos sirve para que se vuelvan cada vez más enajenados tanto quien tiene el cuchillo por el mango cuanto quien lo sufre. La diversidad entre ricos y pobres, entre fuertes y débiles, carece de todo significado humano, y al superar ciertos límites empieza a deshumanizarnos. La gig economy no produce "empresarios de sí mismos" como no sea en la forma de plagiarios e influencers, los cuales, fidelizados ante todo a los modos de sentir, pensar, decir y hacer de un orden uniformador, fidelizan con éxito también a los demás: a la masa de ciudadanos desarraigados de sus afectos y de su capacidad para reflexionar (incluso cuando obtienen unas rentas más bien estables) de los que se está llenando nuestro mundo.

La expansión exponencial de los trabajos temporales crea un tipo de difusa e invasiva precariedad psíquica que promueve como soluciones de estabilidad el retorno permanente a la extrema disparidad social, al pasivizante derecho del más fuerte. Ideológicamente, la economía gig se basa en el supuesto mixtificador de una flexibilidad ideal que no tiene nada que ver con la realidad: el espacio imaginario (típico de la infancia y de la adolescencia) en que ahora se hace una cosa y ahora otra, en una feliz satisfacción de las propias inclinaciones múltiples, sin tener que responder a ningún límite o exigencia de definición. Concretamente, se fundamenta en un proceso de automación/digitalización salvaje que destruye el trabajo, produce esclavitud y despersonaliza las relaciones.

* Economía por encargo: bonito nombre para las relaciones laborales sin derechos [N.d.T.].

[Fuente: Il Manifesto, obtenido el 22.04.21; Trad.: J.-R. C]

22/4/2021

Rafael Poch de Feliu

No es seda todo lo que reluce

Más allá de las declaraciones y buenas intenciones de sus dirigentes, habrá que observar muy atentamente qué tipo de relaciones entre países crea la expansión comercial de China

Al hablar del marco mundial en el que se inscribe el ascenso chino, de la especificidad del sistema chino y de sus relaciones exteriores, hemos mencionado muchas veces las diferencias, posibles ventajas y virtudes de China de cara a su comportamiento en el mundo. Una clara ventaja para el mundo de hoy es su menor predisposición a la violencia y el conflicto, su desinterés en la carrera armamentística, la ausencia de un “complejo militar-industrial” capaz de influir e incluso determinar la política exterior, como ocurre en Estados Unidos, y su doctrina nuclear, la menos demencial entre las de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

China mantiene una política mucho más defensiva que ofensiva y eso no es así ahora, cuando tiene enfrente a rivales mucho más poderosos militarmente que ella, sino que ha sido siempre así. Esa actitud queda plasmada en uno de sus símbolos nacionales, la Gran Muralla. Se trataba no tanto de expandirse violentamente hacia fuera, sino de impedir que los bárbaros amenazaran su orden. Pero todo eso, que es una buena noticia, no es en absoluto una garantía para la integración planetaria, más horizontal, equitativa y menos injusta, que necesitamos para afrontar los retos del siglo.

El ascenso chino ocurre en una época de crisis de civilización. Los presupuestos del desarrollo y el crecimiento se revelan perecederos. China llega tarde a un modelo de progreso caduco y en crisis del que el cambio climático antropogénico es pauta y espejo. En esta situación el sentido común recetaría el decrecimiento a las sociedades obesas y permitiría a los más pobres seguir creciendo. China, país pujante y a la vez en desarrollo, está en una situación intermedia. Eso determina cierta esquizofrenia: por un lado debe crecer para generar prosperidad, por el otro debe dejar de hacerlo para generar estabilidad ambiental y sostenibilidad…

Sin responsabilidades históricas en el calentamiento global -responsabilidades que son occidentales- ya es el mayor contaminador del planeta y al mismo tiempo el mayor usuario de energías renovables. Líder en la quema de carbón y en la fabricación de vehículos eléctricos y de placas solares y fotovoltáicas. Es el país que mejor representa y encarna las cuestiones existenciales a las que se enfrenta la humanidad en este siglo.

Desde este punto de vista deberemos observar, juzgar y calificar su expansión mundial cuya hoja de ruta es la Belt and Road Initiative (B&RI), una red de rutas y vías comerciales que se presenta como una estrategia pacífica de integración mundial alternativa al “Imperio del Caos”, es decir al escenario de grandes potencias con tendencia a la violencia.

La B&RI es conocida como la “nueva ruta de la seda”, que designa el flujo histórico de mercancías preciosas (y con ellas de algunos conocimientos) que unió el Asia Oriental sinocéntrica con el Occidente de manera intermitente e irregular durante siglos desde antes del nacimiento de Cristo. El nombre y la analogía que sugiere son bonitos, pero lo que hoy se mueve, y se moverá aún más en el futuro, no es seda, piedras preciosas, marfil y ámbar, sino carbón y recursos fósiles no renovables (utilizados para producir de todo en la fábrica del mundo), así como obras públicas desarrollistas para colocar los excedentes monetarios de la balanza comercial china. La atención tenemos que concentrarla en este tráfico.

Con eso en la mente, lo que debemos observar para el caso de que la B&RI prospere, como quieren los chinos y desean evitar unos occidentales carentes de toda alternativa integradora, es qué tipo de relaciones entre países creará esa estrategia china.

En materia de dominio colonial-imperialista ha habido dos secuencias a lo largo de la historia. Una es la conquista militar, seguida del dominio económico (trade follows flag). Otra es el poder político como consecuencia del comercio y la inversión (flag follows trade). El occidente colonial e imperialista, que no imagina otro mundo que no sea jerárquico y desigual (“piensa el ladrón que todos son de su misma condición”, dice el refrán), afirma que China sigue el segundo modelo: a su expansión comercial e inversora, seguirá un dominio político.

Desgraciadamente este es un escenario que en absoluto se puede desdeñar.

Qué China afirme que no quiere ser hegemon, conductor, guía, dominador, es algo que no pasará de ser una declaración de buenas intenciones, si su proyección mundial se basa en un comercio económica y ecológicamente desigual como el que tenemos en el mundo de hoy entre los países ricos y dominantes y los pobres y dependientes. Esa declaración puede ser tan irrelevante como la de los europeos llevando “la civilización” a los “salvajes” en el siglo XIX, o los estadounidenses promoviendo la “democracia y los derechos humanos” a punta de guerras y masacres en el siglo XX hasta el día de hoy.

La explosión del consumo de recursos agotables, histórica en el caso de los países ricos y reciente en los grandes países “en vías de desarrollo”, está ampliado las fronteras de la extracción de recursos hasta las últimas zonas del mundo. En África y América Latina las actuales relaciones comerciales consagran por doquier la “economía extractivista”.

Como explica Joan Martínez Alier en su libro de memorias (Demà serà un altre dia), se dice que una economía es extractivista cuando está dominada por la extracción, con poca elaboración, de materias primas concentradas en pocos sectores dependientes de la demanda exterior.

El comercio de la Unión Europea es ejemplar. En toneladas, importa cuatro veces más que lo que exporta. América Latina exporta (barato) seis veces más toneladas que las que importa (caro). En este intercambio ecológicamente desigual, los costes ambientales (la extracción de materias primas tiene muchos) se transfieren a otros continentes y no se incluyen en la contabilidad económica, pese a que causan gravísimos perjuicios a la naturaleza, las poblaciones inmersas en ella y a sus derechos. A eso responde el concepto de “deuda ecológica”. Que encima los ricos expoliadores del Norte le exijan al Sur las deudas financieras que les deja un desarrollo errado y devastador, es un auténtico descaro.

Centenares de activistas han muerto en América Latina en los últimos veinte años enfrentándose a eso y el atlas de los conflictos ambientales (que un equipo del Instituto de Ciencia y Tecnología ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona dirigido por Joan Martínez Alier ha confeccionado), presenta un cuadro inequívoco al respecto.

Con la explotación de materias primas en las últimas vetas mundiales, China está adquiriendo un gran protagonismo en este tipo de intercambio que la puede instalar en una nueva fase de dominio imperialista, bien a pesar de las declaraciones e intenciones de sus líderes. Su demanda y su comercio están desforestando Gabón y Mozambique, y contribuyendo a una devastadora agricultura de monocultivo de soja en Brasil, Argentina y Paraguay.

Seguramente China no hace nada que no hagan otros, o que otros han hecho antes en esos u otros países, pero eso cambia poco la cuestión. Como consecuencia, e independientemente de la intensa campaña mediático-propagandística occidental, la imagen del país ha empeorado en prácticamente todos los continentes, incluidos aquellos como África y América Latina, bien predispuestos hacia ella por razones de la empatía que una antigua y lejana nación históricamente sometida y colonizada genera en otras en situación similar. Por todo ello, será imperativo examinar fríamente el comportamiento exterior de China desde el punto de vista de lo que tenemos planteado como especie.

[Fuente: Blog del autor]

5/5/2021

Daniel Bernabé

La clase media aspiracional, un fantasma para tiempos de escasez

Cuando la derecha gana unas elecciones, un escritor acomodaticio se sitúa entre los más vendidos o un concurso de cocina, baile o costura está entre los más vistos, siempre se suceden sesudos análisis para explicar su éxito. Se hablará de la afinada comunicación electoral, de la adaptada prosa y temática para el lector de hoy en día o el espíritu de superación que los concursantes muestran en pantalla. Sin embargo, casi nadie acepta que estos éxitos son siempre más que sobrevenidos totalmente esperables, casi como el partido de fútbol en que el equipo local, plagado de estrellas, con el árbitro a favor, acaba goleando al último de la tabla. El éxito puede tener que ver con las virtudes del que triunfa, a menudo no es más que el resultado de un contexto sistémico favorable.

En política, lo normal, lo esperable, es que la derecha gane elecciones por la sencilla razón de que se dirige a una sociedad construida estas últimas cuatro décadas a su imagen y semejanza. Cuando algo es el centro de gravedad las ideas que defiende, o dice defender, constituyen la base de muchos sentidos comunes, creencias compartidas, por lo que le resulta fácil colocar a su adversario como la opción extramuros, como lo ajeno que viene a perturbar el buen funcionamiento de las cosas. Si no siempre sucede así es porque la cultura, entendida como el sustrato donde el poder hunde sus raíces, no lo es todo: la percepción de la vida cotidiana también importa, los cambios históricos que influyen sobre ella, aun habiendo sucedido muchas décadas atrás, aún se dejan sentir.

Conviene recordar, ante tanto fanático culturalista, que las ideas no van por ahí flotando como burbujas en el éter, sino que se crean y se transmiten de cerebro a cerebro, a veces mediando algún artefacto, también humano, como la letra o la voz o imagen grabada. Es decir, que las ideas no son nada sin personas, o cómo necesitan de un grupo sustancial de gente para tomar cuerpo y capacidad de transformación. En política, concretamente, se necesita que ese grupo sea o muy numeroso o muy influyente. Y para la derecha no es suficiente tan sólo con los ricos, los ricos de verdad, esos a los que rara vez ponemos rostro.

De ahí que aquella consigna de "somos el 99%" estuviera tan enferma de idealismo y transversalidad como de ficción. No, no somos el 99%, entendiendo la primera persona del plural como los perdedores en el juego económico, productores de la riqueza pero ausentes en la decisión de cómo se distribuye esa riqueza, porque existe algo bien numeroso y real llamado clase media. Un estrato social compuesto por personas de altos ingresos, propietarios de pequeñas empresas, directivos en las grandes, mandos intermedios incluso, profesionales liberales y, en general, cualquiera que tenga un cierto control sobre su itinerario profesional y por tanto su vida. La clase media suele ser la guardia pretoriana de lo establecido, por tanto conservadora, porque siempre siente que tiene más que perder que ganar con los cambios.

Quien entendió perfectamente el valor de la clase media fueron los neoliberales de los años 80, que habían visto como en las dos décadas anteriores, sobre todo en EEUU, los hijos de este grupo social habían girado hacia lo subversivo: las épocas de cambio arrastran multitudes, incluso aquellas que por ascendencia no deberían estar ahí pero, por seguridad vital y tiempo libre, suelen encabezar e incluso erigirse en dirigencia cuando los trabajadores carecen de herramientas políticas potentes, partidos y sindicatos, para ser ellos los protagonistas del cambio. Es entonces cuando el cambio, bajo la clase media progresista, se vuelve simbólico y se vehicula de lo colectivo a lo individual y de la igualdad a la libertad. El 68 fue eso, al menos en una gran parte.

Esa generación de clase media sesentayochista, en los 80, estaba ya integrada profesionalmente en la sociedad y de aquella revolución ya no quedaban las ganas de cambiar el mundo, sí de ser diferentes, libres, no convencionales: un enfrentamiento cultural con la América paterna de los años 50. ¿Quién advirtió que esta nueva clase media se identificaba más con jugar al squash o comer sushi que con comprar una vivienda de portada de Casa y Jardín? Los publicistas, apostando por colocar sus productos para que tuvieran no un estatus conservador sino como reflejo de los nuevos modos de vida. Los lifestyles pasaron a ser la guía definitiva para los hippies que se habían transformado en yuppies.

Pero, además de los publicistas, los neoliberales se dieron cuenta que debían encarnar esa imagen de modernidad para congraciarse con su nueva guardia pretoriana. De ahí que apostaran por el reconocimiento de la diferencia como piedra angular de su sociedad, una diferencia que encubría la desigualdad estructural pero que valía como coartada moral para la meritocracia: si quieres, puedes en vez de si puedes probablemente quieras. La guerra fría se decantó del lado norteamericano por muchas cuestiones, pero entre ellas porque muchos empezaron a pensar que era más fácil ser Tom Cruise en Risky Bussines que los obreros victoriosos de Eisenstein.

Y eso tampoco pasó desapercibido para los arquitectos de emociones que, sobre decirlo, son casi todos de clase media. Esos estilos de vida colonizaron al resto de la sociedad, que aunque no los pudiera llevar en sus aspectos más lujosos sí podía imitarlos para acercarse al deslumbrante brillo del triunfo. Así las vacaciones en las Seychelles quedan sólo en la sección de vida y estilo de los dominicales para la mayoría, pero la mayoría se podía asemejar a los corredores de bolsa con gomina, squash y batidos de zanahoria. Si la izquierda no entendió el cambio de la desigualdad a la diferencia, quedando entrampada, la derecha descubrió el reverso tenebroso de lo aspiracional: ya no hacía falta proporcionar sino la ilusión de que se podía conseguir.

Lo aspiracional es justo eso, no el lícito deseo de querer vivir mejor, sino pensar que se puede vivir mejor desde lo individual asumiendo como propios los estilos de vida de la clase media. Describir lo aspiracional no es una crítica moral ascética, sino señalar que aunque los problemas reales siguen existiendo, una gran mayoría piensa que los puede sortear asemejándose a la clase media real. El problema no es tanto lo que se consume, sino el efecto que deja lo consumido, un estupefaciente que funcionó, además de por un sistema cultural que machacó la idea, por unos cambios en la estructura productiva que tendieron a la atomización del trabajo. O ejemplificando, a lo Pantomima Full, el problema no es tanto la ginebra rosa con cosas premium flotando, sino que ese mejunje tenga la capacidad de hacer creer a un mileurista que está a pocos pasos de conseguir triunfar en la vida.

Así todos nos convertimos en clase media. Los ricos, los de verdad, llevando vidas presuntamente frugales trazadas por sus departamentos de imagen. Así la clase media real lo continuó siendo. Así la clase trabajadora pasó primero a ser clase media, media baja, para, ya en nuestros días, ser clase media aspiracional, premium, es decir, la imitación en plástico barato de los reflejos de una vida que nunca podrán llevar. La clase media aspiracional son las rebajas del capitalismo postindustrial, aquello que queda cuando el ascensor social se ha roto y la ensoñación del crédito se vaporizó en la Gran Recesión de 2008.

La clase media aspiracional es un paquete vacacional de fin de semana para vivir la experiencia de lo que para otros es lo cotidiano. Un todoterreno de gama baja que nos deja atrapados en su primera salida campestre. El club elitista al que entra todo el mundo pero donde todo vale diez veces más. La decepción ludópata que devuelve el escaso rendimiento de ese producto bancario que te vendieron, susurrando, cómo especial. El chaqué de alquiler para una boda con pretensiones cutres entre lo que se pretende ser y lo que el capitalismo puede ofrecer a la mayoría. Aun acabando en divorcio.

[Fuente: Público]

17/5/2021

Josefina L. Martínez

El aborto como punto de articulación de los feminismos globales

Las luchas por los derechos reproductivos y sexuales han impulsado potentes movimientos de mujeres a escala global. Desde las huelgas de mujeres en Polonia a la marea verde de Argentina, desde el Non una di meno de Italia al 8M en el Estado español, junto a las duras luchas en América Latina. ¿Cuáles son los retos actuales y las estrategias que se ponen en juego? ¿Cómo enfrentar las fuerzas conservadoras que buscan seguir recortando y bloqueando derechos? El espacio de debate “Voces situadas” del Museo Reina Sofía reunió a referentes feministas de varios países para intercambiar experiencias y reflexiones sobre el tema.

En los últimos años, “tres elementos han dado forma a la nueva ola del movimiento de mujeres a nivel global”, señala la feminista española Justa Montero. Se trata de las luchas de Ni una menos contra la violencia machista, los movimientos por derechos reproductivos y también las luchas por cambiar las condiciones materiales de las mujeres.

El derecho a decidir está atravesado por múltiples reivindicaciones materiales, porque para hacerse efectivo debe ir acompañado de un plan de educación sexual integral en todos los niveles educativos, el libre acceso a métodos anticonceptivos y la sanidad pública para todas las personas (las migrantes sin papeles quedan excluidas). Además, no hay derechos reproductivos si no están garantizadas las condiciones elementales para la reproducción de la vida: ingresos fijos, trabajo, vivienda, etc. El derecho a decidir también es clave para aspirar a la libre expresión de la sexualidad y el deseo, lo que confluye con reivindicaciones históricas de los movimientos LGTBIQ.

De la marea verde al grito de América Latina

La madrugada del 30 de diciembre de 2020, las calles céntricas de Buenos Aires explotaron con la emoción de miles de mujeres. Después de décadas de lucha, se aprobaba por fin en el Congreso el derecho al aborto en Argentina. Esta victoria de la marea verde hacía vibrar a las mujeres de toda América Latina. “Nuestra ley incluye a las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar”, explica Martha Rosenberg, médica y psicoanalista, e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hace casi 20 años, la Campaña “se puso en movimiento en medio de una grave crisis económica, en medio de grandes movilizaciones populares, con la gente movilizada en asambleas populares, fábricas tomadas, piquetes en las rutas, manifestaciones, huelgas. En esas movilizaciones empezó a emerger la voz de las mujeres exigiendo derechos reproductivos”. En 2003, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario (una tradición del movimiento de mujeres de Argentina con encuentros multitudinarios) se realizó una gran Asamblea por el derecho al aborto. Y allí nació la campaña que se identificó desde entonces con el pañuelo verde.

Sin embargo, la lucha en Argentina no ha terminado. La aprobación de la ley “es un enorme triunfo del movimiento feminista y del movimiento por los derechos sexuales y reproductivos, pero abre el horizonte de otros obstáculos y resistencias”. El proyecto aprobado no fue el presentado por la campaña, sino que fue negociado por la presidencia con sectores conservadores. El nuevo texto “incluye la objeción de conciencia, que es algo restrictivo”. Esta “no deja de ser una vía para la resistencia de las personas que se oponen al aborto. A dos meses de la aprobación de la ley ya hay impugnaciones, procesos y declaraciones de instituciones de salud haciendo una objeción de todo el personal”, asegura Rosenberg.

La situación es mucho más grave en el resto de América Latina, donde hasta el año pasado el 97% de las personas en edad reproductiva vivían en países en donde la ley de aborto es altamente restrictiva, según un estudio de la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe.

Morena Herrera es activista por los derechos humanos en El Salvador, preside la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y forma parte de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. En Centroamérica, la penalización absoluta del aborto es el “ancla del ejercicio de la soberanía patriarcal y neoliberal. El control de la capacidad reproductiva de las mujeres garantiza una sociedad sumisa. Las mujeres nos convertimos en objeto de sumisión y de allí se traslada al conjunto de la sociedad. Se castiga cualquier pretensión de que nosotras no respondamos a esa expectativa de mujer madre”, denuncia Herrera.

Los tres países que se conocen como el triángulo norte –Guatemala, Honduras y El Salvador– se disputan actualmente cuál tiene la tasa más alta de feminicidios, así como de embarazos en menores. En Honduras, después del golpe de Estado de 2009, se prohibió la “pastilla del día después” o anticoncepción oral de emergencia, y hace unos meses hubo una reforma constitucional para poner un candado a cualquier modificación legal para legalizar el aborto. En Guatemala, durante el confinamiento, crecieron las tasas de embarazos en niñas de 10 a 14 años, mientras que en Nicaragua “el gobierno de Daniel Ortega ha declarado la guerra a las organizaciones feministas, que vienen denunciando que la penalización del aborto fue uno de los canjes con la Iglesia católica para asegurar la continuidad de ese gobierno”, asegura Herrera. Y agrega un dato escalofriante: en El Salvador, el suicidio de adolescentes embarazadas es una de las primeras causas de muerte materna en esa franja de edad, y las mujeres sospechosas de haberse realizado un aborto pueden terminar en la cárcel.

“Nosotras celebramos cada mujer que logramos sacar de la cárcel. Son mujeres que llegan a un hospital después de una complicación obstétrica. En las salas de emergencia son denunciadas y transitan del hospital a la cárcel. Son mujeres jóvenes que viven en la pobreza, porque las clínicas privadas no denuncian. Inicialmente se las acusa de aborto, pero después, a veces, les cambian el tipo delito y las condenan a cumplir 30 años de cárcel”. Eso fue lo que ocurrió con Manuela, una mujer salvadoreña que llegó a un hospital con hemorragias. Acusada de haberse provocado un aborto, fue condenada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado en 2008. Dos años después, murió de cáncer linfático, esposada a la cama de un hospital. Su caso ha sido llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Colectiva Feminista y la familia de Manuela.

Fuerzas conservadoras y el caballo de troya de los objetores de conciencia

“El estado, la iglesia y la derecha están en guerra contra nosotras”, pero “el 75% de la gente apoya las huelgas de mujeres, y el 70% de la gente apoya el derecho al aborto”, asegura desde Varsovia Marta Lempart, abogada y activista feminista polaca. Ella es cofundadora del movimiento Ogólnopolski Strajk Kobiet, OSK (Huelga de las Mujeres). El movimiento “Huelga de las mujeres polacas” viene organizando protestas desde el año 2016, y, ahora, el pañuelo verde de las argentinas también es un símbolo de la lucha por el derecho al aborto en Polonia. En plena pandemia, en el otoño de 2020, la derecha conservadora en el gobierno intentó prohibirlo mediante la Corte Constitucional. La respuesta fue un movimiento masivo en más de 150 ciudades polacas. “Sabemos que tenemos que hacer mucho trabajo, pero lo vamos a hacer, como lo han hecho las hermanas de Argentina”, advierte Lempart, que agradece todo el apoyo internacional que han recibido.

La situación es diferente en países como Italia y el Estado español, donde el derecho al aborto ya tiene varios años de legalidad. Y, sin embargo, entre la ley y la vida siempre hay distancias, algo de lo que saben mucho las mujeres. En el caso italiano, donde el aborto es ley desde 1978, el poder del Vaticano se hace sentir mediante la objeción de conciencia, que, en los hechos, impide a muchas mujeres acceder a un aborto gratuito. Una situación que se ha agravado con la pandemia y los confinamientos.

Eleonora Mizzoni forma parte de Obiezione Respinta (Objeción rechazada). Explica que vienen elaborando un mapa de los objetores desde 2007 para concentrar todas las informaciones al respecto y que las mujeres puedan tomar decisiones. En Italia, “el 60% de los médicos son objetores y a veces no hay un solo médico en toda una región que practique abortos. Las mujeres tienen que viajar horas o tomarse vacaciones para abortar. Las personas sin papeles no pueden acceder a un aborto dentro del sistema sanitario”.

“Esto conecta los derechos reproductivos con las cuestiones sociales –asegura Mizzoni–. El derecho al aborto, el derecho a la vivienda y a tener ingresos para poder escapar de la violencia machista: todas estas cuestiones están presentes en el movimiento Non una di meno”. Las organizaciones feministas denuncian que la ley de objeción de conciencia abre múltiples interpretaciones contra este derecho. Por ejemplo, muchas farmacias se niegan a vender la “pastilla del día después” amparándose en la objeción de conciencia. Así puede ocurrir que una localidad se quede sin farmacias que vendan estos medicamentos.

“Durante el confinamiento hubo muchísimos problemas. Las páginas del proyecto recibieron una avalancha de pedidos de ayuda. La emergencia pandémica llevó a todo el sistema sanitario a una situación crítica, y el acceso al aborto fue uno de los primeros servicios que sufrieron recortes. La Covid y la gestión de la pandemia ha agravado lo que se viene denunciando hace muchos años”, explica la activista italiana.

La objeción de conciencia aparece entonces como un mecanismo por el cual las fuerzas más conservadoras siguen bloqueando y limitando el derecho a decidir de las mujeres en numerosos países. Esto se siente con más fuerza en aquellos donde la Iglesia católica mantiene importantes pactos con el Estado, como Italia y el Estado español.

“Solo en Cataluña tenemos más de un 40% de profesionales en la red pública que son objetores de conciencia. En el resto del Estado español no hay información”, dice Sílvia Aldavert García, coordinadora de la Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCiB).

¿Cómo puede ser que esta información no sea pública? El Estado se niega a brindar los datos de los objetores de conciencia, con la excusa de la preservación de la intimidad de los médicos. Una mujer sólo se entera que su médico de cabecera es objetor cuando ya está embarazada y quiere realizarse un aborto, lo que genera nuevos problemas. ¿No tenemos derecho las mujeres a saber si el ginecólogo que nos atiende está a favor o en contra de realizar un aborto?

Además, la ley obliga a reflexionar durante tres días a las mujeres que solicitan la interrupción del embarazo. Aldavert lo cuestiona: “Esto es una imposición, es la única ley que obliga a los ciudadanos a reflexionar sobre un servicio. Es una imposición del estado sobre nuestros cuerpos. Y con esa imposición se deja claro que las mujeres somos ciudadanas de segunda”.

Intercambios, experiencias compartidas, estrategias de lucha en común a través de las fronteras. Los derechos sexuales de las mujeres nunca están asegurados, son bloqueados o puestos bajo ataque. En esta sociedad capitalista y patriarcal, el control sobre los derechos reproductivos y la sexualidad aseguran también mejores condiciones para la reproducción del capital. Una sociedad que privilegia las ganancias de algunos sobre la vida de millones, como vemos trágicamente en esta pandemia. Pero la lucha sigue. “Celebramos y lloramos con la ley en Argentina, porque nos ayudó a ver que es posible que las mujeres cambiemos la historia. Ahora acumulamos y construímos esa fuerza tectónica”, asegura Morena Herrera desde El Salvador.

[Fuente: ctxt]

28/4/2021

Antonio Antón

Lecciones madrileñas

Los resultados de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, así como la experiencia de su campaña electoral, expresan varias enseñanzas. Se conocen los cuatro hechos básicos: victoria del trumpismo del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, que ha absorbido al electorado de Ciudadanos; consolidación del ultraderechismo de Vox, con fuerte influencia político-ideológica y limitado peso institucional; fracaso de la estrategia errática y perdedora del socialista Gabilondo, con su inicial orientación centrista y excluyente, que ha arrastrado a la derrota de una alternativa creíble y unitaria de izquierdas, y crecimiento del espacio del cambio de progreso, con el incremento significativo de ambas fuerzas, Más Madrid (MM) y Unidas Podemos (UP), cuya representación conjunta desborda ampliamente la representatividad del Partido Socialista.

El bloque de las derechas se concentra, se fortalece y queda hegemonizado por el PP de Ayuso, y en el bloque de las izquierdas, o campo progresista, se produce una doble tendencia: un debilitamiento del PSOE junto con un ascenso de MM y UP, aunque insuficiente para compensar el fuerte descenso socialista.

En ciencias sociales es fundamental atenerse a los hechos (Durkheim) y realizar una interpretación comprensiva (Weber) y sociohistórica (Thompson) de los mismos. Tenemos muchos datos, muchos de ellos inventados o tergiversados, con un gran ruido informativo, así como una pugna interesada por hegemonizar marcos interpretativos que favorezcan los intereses, más o menos corporativos, y las estrategias diferenciadas de distintos grupos de poder y fuerzas sociales y políticas. El debate es complejo, la deliberación ha de ser colectiva y la respuesta, transformadora y constructiva. Se trata de explicar los ejes de este proceso desde el realismo crítico y objetivo, sus causas y tendencias principales para definir una opción determinada: las perspectivas de un cambio progresista.

En ese sentido, y a falta de algunos datos que nos podrá reportar el estudio postelectoral del CIS, particularmente sobre las transferencias de votos y las características de cada electorado, se trata de profundizar en dos aspectos. Por un lado, en el significado y la interacción de esos cuatro hechos relevantes, a través de la tabla adjunta sobre los resultados electorales. Por otro, la reflexión sobre la configuración y las perspectivas de las izquierdas, a partir de los tres gráficos siguientes sobre la evolución de las diferencias entre izquierdas y derechas, la comparación entre el electorado socialista y el de las fuerzas del cambio de progreso, y la evolución de la composición interna de ellas.

En primer lugar, en la tabla adjunta comparo los resultados electorales en la CAM de las seis fuerzas políticas más relevantes, con su total de votos y su porcentaje, entre las elecciones autonómicas de mayo de 2019 y las recientes de 2021. Así, señalo la variación de los distintos electorados con la diferencia de porcentaje respecto del conjunto de votantes y en relación con su propio electorado. Como dato complementario de referencia pongo la columna explicativa de los datos de las elecciones generales de noviembre de 2019.

Como se sabe, los niveles de participación se han incrementado unos doce puntos, casi 400.000 personas, desde el 64,27% (3,25 millones) en las autonómicas de 2019 hasta el 76,25% (3,64 millones) en las actuales del 4-M. Por tanto, a efectos comparativos utilizaremos mejor la variación de los porcentajes respectivos.

La tabla y los gráficos son muy detallados y expresivos, y no entro a comentarlos. En todo caso, hay que destacar algunos aspectos controvertidos de la interpretación del éxito de Ayuso, el fracaso del socialista Gabilondo y el crecimiento del espacio del cambio.

El éxito de Ayuso

Las mayores diferencias de porcentajes se han producido en el apoyo electoral al PP: casi duplica (101%) su porcentaje (+ 22,50%) a costa fundamentalmente del descenso del de Cs (- 15,89%), que pierde casi la totalidad (82%) de su electorado anterior; el resto procede, sobre todo, de la abstención, ya que una parte sustancial del incremento de la participación (algo más de la mitad) parece que ha ido a parar al PP. Apenas ha habido transferencia de votos desde el bloque de las izquierdas; aparte de una pequeña parte de votantes de MM, solo unas 40.000 personas han pasado de votar al PSOE (en torno al 5% de su electorado anterior) a votar al PP, lo que ha supuesto 1,5 puntos adicionales de transferencia progresista hacia la derecha.

El electorado de las derechas, como vemos en el primer gráfico, recupera un porcentaje similar al de 2011. De una ventaja de unos tres puntos en las autonómicas y siete puntos en las generales de 2019 pasa a más de dieciséis puntos en 2021, es decir, un crecimiento respectivo de trece y nueve puntos. Lo que hace Ayuso es volver a concentrar el electorado de derecha en el PP, todavía con la persistencia de un significativo electorado al ultraderechista Vox. Supera la relativa desafección producida por su corrupción y su gestión antisocial, que produjo, aparte de un amplio sector abstencionista de derechas y la escisión de Vox, el desplazamiento de una parte de su electorado hacia Cs, que ahora ha recuperado.

Esta formación de derechas comenzó con un aire más regeneracionista y centrista, pero compartiendo su orientación neoliberal, su diferenciación de las izquierdas y su fuerte españolismo centralizador y antinacionalista periférico, que han facilitado su reabsorción por el PP. O sea, ese fenómeno de nueva política en la derecha en que se basó Cs, con el apoyo fáctico y mediático para frenar un desplazamiento electoral hacia el centroizquierda, era muy superficial y, ya con la foto de Colón, ese supuesto centro liberal en Madrid había virado hacia las dinámicas reaccionarias de las estructuras de poder central confrontadas al relativo ascenso de las izquierdas esta década; el voto útil y el enmascaramiento ultraliberal de Ayuso han hecho el resto.

Han sido elementos sustantivos del éxito de su giro trumpista, con la cobertura de la mayoría de los medios, con sus dos componentes adicionales: su discurso de la libertad, que ha conseguido esconder su gestión regresiva y segregadora, y su ofensiva descalificatoria y prepotente contra la izquierda transformadora y el propio Partido Socialista. La auténtica polarización ha sido la orquestada por Ayuso (y Casado) contra la gestión progresista del Gobierno de coalición presidido por Sánchez y su alianza con Unidas Podemos y el bloque de investidura, con los acuerdos suscritos con los nacionalismos periféricos. Era su blanco estatal, para diluir su nefasta gestión regional, vestida de un patriotismo castizo conservador. Por tanto, se han producido dos fenómenos paralelos: una recuperación de cierto voto de derechas desde la abstención y una concentración electoral en el PP.

La definición de los electorados se ha conformado ante el dilema principal, tal como he detallado en el estudio “La victoria de las izquierdas”: el modelo social progresista de refuerzo de servicios públicos para hacer frente a la pandemia y sus secuelas, con la consiguiente suficiencia fiscal, frente al plan neoliberal, regresivo, privatizador, autoritario y segregador de las derechas, pero exitosamente envuelto en la palabra “libertad” y la demonización de las izquierdas.

A ello habría que añadir otros aspectos relevantes con un fuerte impacto en la campaña: la defensa de la democracia frente a los riesgos autoritarios de involución social, institucional y convivencial. Es lo que no se ha sabido articular frente a la simplificación y el marco impuesto por Ayuso de “libertad frente a comunismo”: la conexión de la defensa democrática, en las instituciones y las libertades personales y colectivas, y el freno a las prácticas reaccionarias y parafascistas con las garantías de unas políticas públicas concretas (sanidad, educación, políticas sociales y laborales, vivienda...) para una mayor igualdad, protección colectiva, seguridad pública y bienestar social. Estos objetivos reformadores y de progreso colectivo han quedado sepultados por la acusación sectaria de “comunismo”, junto con el repliegue socialista al continuismo del modelo social y fiscal ejercido estos años por la derecha neoliberal, centrada en menos impuestos.

En ese sentido, la imagen de la gestión sociolaboral positiva del Gobierno de coalición, aun con sus límites y bloqueos, ha sido insuficientemente utilizada y valorada, incluso contando con la pretensión inicial del ex vicepresidente social del Gobierno de hacerse portavoz de esta, para avalar la credibilidad de un modelo social alternativo al de Ayuso.

La respuesta socioliberal del socialista Gabilondo, más o menos orientada y compartida por Moncloa, dejó sin consistencia una alternativa unitaria y firme del conjunto de las izquierdas. Frente a la polarización y claridad de Ayuso (y Vox), no hubo contraparte unitaria del conjunto de las izquierdas, con dos posiciones diferenciadas, una continuista y otra transformadora. La alternativa protectora pública y distribuidora, firme en MM y UP, quedaba contrapesada por el continuismo económico y fiscal de Gabilondo. El conjunto no configuraba un plan gubernamental creíble para la CAM.

Por un lado, estaba la incomparecencia socialista en la oposición anterior y su orientación centrista y excluyente hacia UP, torpe y parcialmente corregida después, pero sin capacidad de motivar a suficientes capas populares, incluida una parte significativa de su propio electorado. Por otro, las propuestas de MM y UP de firmeza alternativa al modelo neoliberal de Ayuso, pero sin capacidad para modificar el discurso socialista y, por tanto, sin poder compensar la falta de credibilidad práctica de una salida colectiva, solidaria y efectiva a la gestión de la crisis.

La propuesta engañosa de Ayuso tampoco era consistente para garantizar ni la salud ni la recuperación económica, pero estaba incrustada en todas las estructuras de poder, económico, institucional y mediático. El mensaje estaba claro: la salida estaba basada en el individualismo emprendedor y consumista, conectada con la situación de fatiga emocional que imponían las restricciones sanitarias prolongadas y el deseo de relaciones interpersonales y de ocio, como solución inmediatista. Era su significado de la palabra “libertad” que arropaba esa legitimación liberal de su gestión individualizadora, funcional para capas acomodadas, con menores riesgos que las capas populares más afectadas y con ventajas comparativas que se desean mantener. Ello ha servido para que varios centenares de miles de personas (incluidos jóvenes acomodados y grupos más afectados por las restricciones de ocio), muchas desde la abstención, se hayan sumado a la tradicional base social de centroderecha, con amplias bases estructurales en la CAM, y se hayan inclinado por la opción de apariencia más atractiva a corto plazo.

El fracaso socialista arrastra a la derrota de las izquierdas

El segundo hecho relevante es el descenso del voto socialista con una diferencia de -10,46 puntos porcentuales, una reducción del 38% de su electorado anterior, tanto de las autonómicas como en las generales de 2019. Ya he mencionado en otra parte la estrategia perdedora de Gabilondo y su principal responsabilidad en la derrota del conjunto de las izquierdas. Ahora, con los datos del primer gráfico sobre la evolución electoral de la CAM por bloques y del segundo con los resultados electorales progresistas, voy a analizar esta realidad, enmarcándola en las tendencias de esta década. Se trata de explicar las condiciones y la perspectiva de una alternativa unitaria de progreso en la CAM para la próxima convocatoria electoral en 2023.

Ya he avanzado que, propiamente, no ha existido un bloque de izquierdas (o progresista), unitario, firme y consistente, tal como se puede deducir de esa palabra que expresa literalmente una realidad compacta o coherente. Ha habido unos acuerdos positivos de no agresión entre las tres fuerzas progresistas, y al final de la campaña Gabilondo hizo una oferta a UP para apoyar un Gobierno de coalición socialista y de MM, con un programa centrista y hegemonía socialista, es decir, todavía con la marginación de UP y la subordinación de MM en el proyecto que imponía y su gestión. Estaba lejos del modelo de acuerdo del gobierno de coalición progresista o del pacto valenciano, pero aun así estaba tachado por las derechas de alternativa social-comunista. Sin embargo, ese giro venía después de la acusación inicial de Gabilondo a Iglesias de extremista y radical, con su total exclusión de un acuerdo político y de gobierno, y tras la imposibilidad de un acuerdo gubernamental con Cs y sin poder arrastrar un voto centrista significativo. Todo ello era incongruente para la tarea central de movilizar el voto popular potencialmente de izquierdas con suficiente credibilidad transformadora para motivar el apoyo progresista.

Como se ha visto, ese plan de una mínima colaboración para plasmar una simple alternancia gubernamental a Ayuso con un proyecto socioeconómico continuista y una gestión prepotente era insuficiente y fracasó. No se ha producido una complementariedad de políticas adecuadas para cada electorado, ya que no estaba definido un plan alternativo coherente. No ha sumado debido al fiasco socialista.

La metáfora del bloque de izquierdas era funcional para la estrategia descalificatoria del PP; reflejaba un pequeño interés compartido, pero este estaba lleno de incoherencias estratégicas y programáticas. No reflejaba un perfil transformador claro del eje fundamental del modelo social de progreso, con el suficiente énfasis en el refuerzo de los servicios públicos y las políticas fiscales progresivas, protectoras y redistribuidoras. Todo ello debilitaba su papel motivador para las bases sociales populares, con especial incidencia en las más moderadas, propensas al voto socialista, que se inclinaron por la abstención.

Se han desplegado interpretaciones posteriores interesadas de las causas del fracaso socialista y su impacto en la derrota del conjunto de las izquierdas, que pretenden reafirmar la estrategia principal de cada cual, bien de un proyecto reformador progresista, a semejanza del estatal y sus alianzas, bien su derribo con la alternativa neoliberal y reaccionaria, ahora vestida de libertad... o bien, en la enésima reedición de una política socioliberal y centrista, sin suficiente aval representativo. Y la pequeña fuga del 5% de su electorado hacia la derecha, no siempre motivada por el desacuerdo con el Gobierno de Sánchez, no tiene comparación con la pérdida del 33% de su electorado que ha ido hacia su izquierda o hacia la abstención.

Lo que no ha tenido legitimidad social, al igual que durante este último lustro, ha sido la estrategia centrista, dominante en el Partido Socialista y fracasada, pero que una y otra vez, al igual que para el Gobierno central, se quiere resucitar en vano, aunque sea con el pretexto inmediatista de ensanchar su base electoral por el centro sociopolítico.

El modelo social de progreso y el bloque de investidura no tienen alternativa, pero es la permanente pugna de las derechas y los poderosos para neutralizarla. Su freno lleva al desgaste de todas las izquierdas y, en particular, del propio Partido Socialista. En esas seguimos estando, desde que se inició ese ciclo de cambio hace una década y que se quiere porfiar en su cierre definitivo.

La experiencia del 4-M aporta la necesidad de una reflexión autocrítica y la reorientación estratégica que tiene que hacer el PSOE, y en particular el PSM, con su propia recomposición política y de liderazgo. Las fuerzas progresistas se enfrentan (nos enfrentamos) al problema de fondo de cómo fortalecer una base de legitimidad popular, amplia y consistente, cómo consolidar ese proyecto de cambio de progreso, desde el realismo crítico y la voluntad transformadora, que habrá que retomar colectivamente.

La evolución de la relación izquierda/derecha

La identificación en el eje político-ideológico izquierda/derecha, junto con otros ejes, está generalizada entre la población y es un indicador relevante para explicar el comportamiento electoral y sociopolítico. Lo destacable aquí es ver la evolución, aprender de la propia experiencia, para fijar mejor el rumbo.

En estas elecciones autonómicas de 2021, la relación de fuerzas políticas ha vuelto casi al nivel de inicio de 2011, en que se había producido un fuerte desgaste socialista. Recordemos que ese año, en el contexto de la crisis socioeconómica de 2008 y los ajustes regresivos, promovidos por la Unión Europea, primero del Gobierno socialista de Zapatero y luego, de forma más dura, del Gobierno conservador de Rajoy, cristaliza el mayor proceso de protesta social y cívica por la democracia y la justicia social, y conlleva la recomposición de la representación política e institucional. La dinámica de indignación y respuesta progresiva se había iniciado ya en 2010 y duró hasta 2014, con tres huelgas generales, diversas mareas sectoriales (enseñanza, sanidad...) y movilizaciones diversas simbolizadas por el Movimiento 15-M, cuyo inicio hace una década se conmemora ahora. Se genera una amplia desafección social y electoral en el campo socialista y se conforman las bases sociales de las fuerzas del cambio que se articulan y se expresan en el ámbito político-institucional desde los años 2014-2015.

Pues bien, en el año 2015 se refleja la máxima representatividad de las izquierdas, con un peso relevante de Podemos, entonces todavía muy polarizado con el Partido Socialista. Es la única vez en Madrid que la suma de las izquierdas gana a la de las derechas en el último cuarto de siglo (y salvando la victoria pírrica de 2003, anulada por el tamayazo), pero al ir separada la candidatura de IU y no alcanzar el 5% para entrar en la Asamblea, permanece el Gobierno del PP con mayoría parlamentaria. Es una experiencia amarga en el espacio del cambio y para el conjunto de las izquierdas; junto con el fracaso de las candidaturas de IU en las elecciones generales de diciembre de 2015, que conlleva la renovación de su liderazgo y su giro realista de colaboración con Podemos, desde 2016 permite cristalizar la alianza electoral conjunta como Unidas Podemos, que se mantiene desde entonces, junto con las confluencias, especialmente la catalana de En Comú Podem. La experiencia unitaria se impone, no sin dificultades ni tensiones, para favorecer un objetivo básico, dadas las constricciones de la normativa electoral, particularmente en las elecciones generales: conseguir la máxima operatividad en la representación institucional.

Como se sabe, en el plano estatal, los números representativos desde esas fechas daban para una alianza de progreso, desconsiderada por el propio Partido Socialista, que apuesta durante ese periodo por su alianza centrista con Ciudadanos y por un proyecto socioliberal. No hay una apuesta estratégica y programática compartida, progresista o de izquierdas, y se produce una división de ambos campos, el socialista y el de Unidas Podemos y sus aliados, hasta que se conforma el apoyo a la moción de censura (2018) y, tras el 10-N-2019, el acuerdo del Gobierno de coalición progresista y el bloque de investidura, añadiendo a los nacionalismos periféricos. Todo ello con altibajos, reequilibrios y sometidos a las dificultades de todo tipo para avanzar.

Volviendo a la CAM, ese electorado progresista apenas se mantiene en el año 2019, bajando ligeramente, pero con un avance continuado del voto a las derechas entre cinco y seis puntos en el año 2019 y otros nueve puntos en 2021. Es decir, considerando las entradas y salidas de la abstención, el electorado de derechas en la CAM se va recuperando y el de izquierdas se va debilitando, fruto principalmente del deterioro socialista y su errática estrategia socioliberal. Todo ello en un contexto de dinámicas socioeconómicas e institucionales más amplias, entre las que cabe citar la limitada activación social y cívica progresista que, salvo el movimiento feminista y, en parte, el movimiento de pensionistas, se ve debilitada durante este lustro, polarizado por la gestión electoral e institucional alternativa para consolidar ese campo sociopolítico que pierde fuelle en el ámbito social y sindical.

En el siguiente gráfico expongo la comparación del voto del espacio del cambio con el socialista. Salvando los datos de 2011, en que solo existe IU (9,6%), en las tres elecciones autonómicas posteriores el voto del espacio del cambio sufre un importante crecimiento y se mantiene por encima del 20%: 23% en 2015, separados Podemos e IU; 20,3% en 2019, separados UP y MM, y 24,2% en 2021, también divididos UP y MM. Mientras tanto el PSOE, desde el 26,7% de 2011, el 25,6% de 2015 y el 27,3% de 2019, desciende significativamente hasta el 16,8% de 2021.

En su conjunto, y a diferencia del ámbito estatal, en el que el Partido Socialista va adquiriendo una mayor ventaja respecto de UP y sus confluencias, en la CAM se produce un relativo equilibrio entre las dos tendencias básicas, con dos picos que expresan el sorpasso de las fuerzas del cambio en las generales de 2016, una ventaja socialista con más de siete puntos en las autonómicas y generales de 2019, y un nuevo sorpasso alternativo en estas autonómicas de 2021, con otros siete puntos de ventaja de la suma de ambas fuerzas, MM y UP, respecto del Partido Socialista.

A pesar de todos los vaticinios sobre el declive y el cierre del espacio del cambio de progreso, neutralizado por la hegemonía socialista o arrasado por la nueva dinámica reaccionaria y neoliberal, la realidad ha demostrado que sigue teniendo buena salud y que se fortalece a pesar (y en parte por) del desplazamiento centrista del PSOE como ha reflejado la experiencia madrileña o de la dinámica del Gobierno de coalición con su positiva y limitada gestión progresiva. Es otra enseñanza significativa de la interacción entre los dos espacios y de la vigencia y el apoyo cívico de un proyecto alternativo crítico y diferenciado del posibilismo adaptativo de la socialdemocracia.

Pluralidad y cooperación en el espacio del cambio

En el siguiente gráfico se expone la composición plural del espacio del cambio y su evolución. Sigo tomando como punto de partida los resultados electorales de 2011, en que se empieza a notar un pequeño ascenso electoral de IU (al igual que en las generales de finales de 2011) pero que, como expresión de todo el ciclo de la protesta social y cívica del lustro 2010-2014 y la articulación de las nuevas formaciones del cambio de progreso (Podemos y sus confluencias y candidaturas municipalistas), se expresa plenamente en el año 2015 (todavía con división entre Podemos e Izquierda Unida en las autonómicas y generales), con el 23%, y en el año 2016, ya con la unidad de ambas formaciones, con el 21%. Como se ha adelantado, desde el año 2019, y debido a la fuerte división en Podemos que da lugar a la escisión de la nueva plataforma de Íñigo Errejón, Más Madrid, y posteriormente a escala estatal, Más País (MP), se produce un reajuste representativo manteniendo un total de en torno al 20% en el año 2019 y subiendo al 24% en 2021. No obstante, hay que destacar las proporciones muy desiguales en ambas elecciones autonómicas y en las generales.

La proporción entre Más Madrid y Unidas Podemos en la CAM ha tenido importantes fluctuaciones dependiendo del tipo de elecciones, autonómicas o generales. Así, en las autonómicas de 2019 la relación de MM, encabezado por Íñigo Errejón, respecto de UP, con Isa Serra, en las circunstancias conocidas de la escisión del primero, fue de 2,62 a 1; en las generales de noviembre de 2019 la relación se invirtió y UP (con Pablo Iglesias) consiguió una proporción de 2,30 a 1 respecto de MM (con Íñigo Errejón), para volver a una relación de 2,35 favorable a MM (Mónica García) respecto a UP (Pablo Iglesias).

Ello significa que hay un sector fluctuante entre ambos, de en torno a 10 puntos (unas 350.000 personas), que ha modificado su voto según el tipo de elección, es decir, según los temas y el alcance de la influencia política de cada opción en los dos distintos ámbitos, regional y estatal. ¿Es irreversible y consistente la identificación última, considerando esta proporción como definitiva? ¿Se puede extender al marco estatal esta desigual proporción regional? Dicho de otro modo, ¿es MM una fuerza sobre todo regional, con una difícil y contraproducente plasmación para un conglomerado unitario estatal, en el que se vaticina o se desea el hundimiento de UP y su sustitución por Más País?

Dejo para otro momento la valoración del nuevo proyecto verde de MP, legítimo como proyecto partidista, con la referencia alemana y su difícil encaje en el sur de Europa, donde la cuestión social siendo teniendo un peso relevante, así como las constricciones de la normativa electoral para enmarcar la necesaria cooperación entre ambas formaciones, que he explicado en el reciente artículo “Nuevos liderazgos”. Solo expreso algunos comentarios adicionales para contribuir a la reflexión unitaria necesaria.

La primera idea, reflejada en el estudio del CIS sobre la base social de progreso y en el reciente análisis sobre la identificación ideológica de izquierdas en los electorados de este 4-M, es que el campo alternativo a la socialdemocracia necesita un perfil múltiple progresista de izquierdas, con un fuerte componente social, ecologista y feminista, espacio que también ocupa actualmente UP. El reto es cómo combinar el desarrollo propio con la cooperación o convergencia en una plataforma unitaria para las próximas elecciones generales y si es pertinente tener una posición definida ya con esa orientación o esperar a ver cómo evolucionan los respectivas capacidades político-organizativas para definir los equilibrios razonables o la competencia por el reparto de influencias. El riesgo es que venza la voluntad de diferenciación con un perfil contrapuesto y unos intereses orgánicos de parte. En el plano programático lo común puede ser lo verde y lo feminista, incluso la importancia de la cuestión social y la desigualdad, aunque haya diferencias significativas, a veces enmarcadas en discursos más globales, como la visión de la confrontación de las capas populares confrontadas con el poder establecido o la transversalidad como ambigüedad en los conflictos de poder aun con la preocupación por los desfavorecidos.

La problemática traslación al ámbito estatal de la realidad madrileña

La segunda idea tiene que ver con el análisis realista de las potencialidades de cada cual. Es problemático el idealismo discursivo que tiende a sobrevalorar la capacidad constructiva de una idea, un proyecto, un liderazgo o un horizonte para configurar un espacio sociopolítico. Tiende a confundir los deseos con la propia dinámica de los hechos y las condiciones sociales. No me detengo en ello. Ya he explicado los datos más relevantes de la representatividad de ambas fuerzas en la CAM, distintos según el tipo de elección. Añado algunos datos complementarios.

Por un lado, aparte de las responsabilidades de gobierno en el caso de UP, con sus 35 escaños (3,1 millones y 13%), existe una desigual proporción con MP (0,56 millones y 2,3%) en el Congreso de los Diputados. En las elecciones generales de noviembre de 2019, en las quince provincias (aparte de las tres valencianas que apoyaron a Compromís, con un escaño por Valencia) Más País (en alianza con Equo) solo logró representación (dos escaños) por Madrid, es decir, una relación de diecisiete a uno (más de diez a uno contando el de Compromís) y un fiasco en el resto de los territorios.

Por otro lado, y esto es menos conocido, hay una diferencia significativa también en el arraigo local (salvo en el Ayuntamiento de Madrid): 108 concejales de UP más 18 de IU, en total 126, por solo ocho concejales de MM en el resto de la región y hasta 27 sumados los conseguidos para la corporación de la capital (los quince actuales y los cuatro concejales escindidos en la nueva plataforma carmenista, Recupera Madrid), sin representación de Podemos en ese ayuntamiento al renunciar a presentarse frente a la candidatura liderada por Manuela Carmena, con la que no fue posible pactar una candidatura unitaria. MM es, por tanto, un partido político sin apenas presencia en el resto de España, pero también sin base municipalista y arraigo local en el resto de la región madrileña, asentado en la oposición y sin responsabilidades de gestión solo en dos grandes instituciones: la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Son sus mimbres para reforzar su nuevo asalto al plano estatal, aprovechando su relativo éxito el 4-M.

Otros datos adicionales según Metroscopia dicen que solo el 27% de los potenciales votantes de Más Madrid optarían por la candidatura de Más País para unas generales; el 47% optaría por el PSOE, el 16% por UP y el 10% restante por otros o la abstención. Y en las encuestas postelectorales realizadas, con el impacto del éxito comparativo de MM respecto a UP, señalan un pequeño ascenso de MP de entre uno y dos puntos con un mantenimiento o ligero descenso de décimas de UP. Es decir, las grandes distancias de representatividad y arraigo territorial en el conjunto de zonas se mantienen y contrastan con el subidón de expectativas de los dirigentes de MP y la relativa frustración de los de UP, que habrá que analizar en otro momento.

Por último, hago alusión a un aspecto controvertido entre dos posiciones extremas unilaterales: las interpretaciones culturalistas o posmaterialistas y los enfoques deterministas con un fuerte mecanicismo economicista o de clase. Me refiero a la correspondencia entre la posición de clase social, la identificación subjetiva y la pertenencia ideológico-política que se ha debatido profusamente a la hora de interpretar el crecimiento electoral del PP (y de MM) en todos los niveles de renta.

Solamente menciono dos tipos de datos. Por un lado, aunque las derechas han crecido en casi todos los barrios y pueblos de Madrid, todavía hay una diferencia sustancial en algunos barrios y pueblos de mayoría de clases trabajadoras considerados bastiones de la izquierda en los que conservan la mayoría, como el simbólico Vallecas, respecto de los compuestos mayoritariamente por clases medias y altas.

Por otro lado, según el análisis de las secciones censales por nivel de ingresos del hogar, tenemos la siguiente distribución: en el 30% de los hogares más pobres las izquierdas ganan con el 50,8% frente al 46,1% de las derechas (cuatro puntos más); en el 40% de los hogares intermedios las izquierdas consiguen el 44,5% y las derechas, el 52,6% (ocho puntos menos), pero en el tercio de los hogares más ricos la relación es del 30,3% para las izquierdas frente al 67,6% para las derechas (treinta y siete puntos menos). Ello significa que, respecto de la ventaja media de dieciséis puntos para las derechas en las familias más desfavorecidas, hay una desviación de unos veinte puntos en favor de las izquierdas, en las familias intermedias todavía están por debajo de la media y el desequilibrio es muy notable en el tercio más rico, en el que las distancias son muy pronunciadas.

O sea, las clases acomodadas tienen un muy alto grado de pertenencia de clase, apoyo cerrado a las derechas y de defensa de sus privilegios económicos y de estatus, y la penetración de las izquierdas es muy limitada. En el 30% más desfavorecido, aun con preferencia por las izquierdas, las derechas tienen una representatividad muy amplia. Y en el 40% intermedio la ventaja de las derechas es significativa. Es motivo para la investigación de los componentes estructurales, político-institucionales, culturales y sociohistóricos que lo explican.

Lo dejo aquí para no prolongar este ensayo ya excesivo. Por mi parte, desde un enfoque realista, social e interactivo, avanzo que las condiciones socioeconómicas, de estatus y vivenciales sí tienen influencia en el comportamiento sociopolítico y electoral, pero sin caer en un enfoque determinista ni simplista, frente a la idea de la transversalidad indiferenciada respecto de la realidad material y la mediación cultural. Es decir, es necesaria una interpretación crítica, realista y sociohistórica para analizar el comportamiento electoral y sociopolítico distanciada de un enfoque idealista, con sobrevaloración de la acción discursiva o elitista en la conformación de los campos sociopolíticos. La cuestión que hay que explicar es la experiencia relacional del conflicto social, en sentido amplio, con los distintos intereses, demandas y aspiraciones en pugna por la igualdad, la libertad, la democracia y la solidaridad. Después es cuando vienen las estrategias políticas.

[Fuente: Nueva Tribuna]

10/5/2021

En la pantalla

Pablo Servigne

Hundimiento de la civilización

El pasado 3 de mayo Pablo Servigne, ingeniero agrónomo y doctor en biología, visitó Barcelona invitado por la Fundación La Caixa para impartir una conferencia sobre colapsología, un concepto no exento de ironía y humor negro según quienes lo han propuesto. Servigne es autor, junto con Raphaël Stevens, de tres libros sobre el posible colapso de la civilización industrial. Uno de ellos, del que damos cuenta en la sección “La biblioteca de Babel” de este mismo número, ha sido traducido al castellano con el título justamente de Colapsología. Reproducimos aquí una larga entrevista a Servigne por considerar que refleja más fielmente su pensamiento que la conferencia aludida.

30/5/2021

Campañas

Rubén Darío Zapata

Licencia para matar

Este es un S.O.S desesperado lanzado al aire. Necesitamos la presión de la comunidad internacional -sumada a la actual lucha del pueblo colombiano en las calles- para que Duque abandone el poder y su política de muerte. Nos están matando, encubiertos por la impunidad, el silencio y la devastación moral.

Cumplido un mes de paro popular en Colombia, las cifras de manifestantes asesinados, la mayoría por la fuerza pública, supera de lejos los 60. Nada más ayer, 28 de mayo, cuando se conmemoraba con una gran movilización el primer mes de este paro, en Cali fueron asesinados 12 manifestantes; esa por lo menos es la cifra que se tenía en horas de la noche, la cual puede aumentar ostensiblemente si se considera que hay un número todavía impreciso de heridos en los hospitales, muchos de ellos de gravedad. Los desaparecidos ya superan más de 600 y los cuerpos de algunos de ellos han empezado a aparecer flotando en el río Cauca o desmembrados y sus partes dispersas en diferentes basureros de la ciudad. Y hoy, sábado 29 de mayo apareció uno incinerado en Siloé

Con todo y lo terrible e insensible que puede sonar la afirmación en este momento, las cifras de muertos, heridos, desaparecidos y mujeres violadas hasta el momento no son lo más preocupante. Al parecer lo más terrible está por venir, dada la forma en que el gobierno ha decidido enfrentar estas protestas y el accionar descarado de la Fuerza Pública y sus aliados de civil.

Las imágenes que vimos ayer en Cali, captadas por los propios manifestantes o por habitantes de los vecindarios donde se realizaba la manifestación, son sencillamente espeluznantes. Un video muestra cómo unos policías alejan a un hombre de civil de la multitud y unos cuantos metros más adelante lo sueltan. Entonces puede verse que el hombre lleva en su mano derecha una pistola y se la empretina en la espalda. Los policías no se ven extrañados por la presencia del arma, ni intentan quitársela; el hombre simplemente se queda muy tranquilo entre ellos, como si fuera un policía más.

Otro video, que parece filmado unos segundos o minutos después, en el mismo lugar, muestra que este hombre no era el único civil armado que se movía en medio de la policía. Son muchos, y avanzan hacia la multitud de manifestantes y disparan sus armas indiscriminadamente, luego regresan y se resguardan entre el grupo de policías mientras cargan de nuevo sus armas. De pronto, uno de ellos se da cuenta que alguien a lo lejos está filmando y arremete contra él y la gente que lo acompaña. Hasta ahí llega la toma.

Pero la imagen más espeluznante, quizás, es la que muestra a unos policías que corren paralelos a una multitud de manifestantes, y con ellos corren unos hombres de civil, vestidos con camisas blancas y chalecos antibala negros. Van armados con fusiles y uno de ellos se detiene, asume posición de franco tirador frente a la multitud y dispara una ráfaga. Detrás de él viene otro que trae su fusil terciado, con el cañón hacia abajo, y una pistola en la mano, y la dispara en dirección a la multitud hasta agotar toda la munición, luego sigue corriendo en la misma dirección de los manifestantes que huyen despavoridos y aterrorizados entre gritos y llantos. Parece una cacería humana, de esas que muestran las películas gringas.

Las escenas se presentaron a plena luz del día y a los ojos de todos; las imágenes fueron grabadas en vivo y circularon por redes sociales. A juzgar por la libertad y la sevicia con que los civiles armados disparaban, parece un milagro que solo se hayan presentado siete muertos, la idea era asesinar decenas. El caso es que quien quiso ver tuvo a su alcance estas imágenes y quien alberga todavía algo de sensibilidad pudo conmoverse ante esta evidente afrenta y este profundo desprecio por la vida. Pero el presidente Duque no parece haberse dado por enterado.

Un cheque en Blanco

Las imágenes que pudimos ver ayer de Cali no son realmente nuevas ni exclusivas de esa ciudad. Se han repetido a lo largo de la geografía nacional durante todo el mes de paro y de manifestaciones. La brutalidad policial se ha hecho evidente en sus múltiples formas, una de las más dramáticas ocurridas esta misma semana en la ciudad de Florencia, Caquetá. Allí un policía abrazó por la nuca a un joven y lo apretó hasta producirle asfixia, tal como lo hizo un policía con George Floyd el año pasado en los Estados Unidos, hecho que produjo una fuerte conmoción en ese país. Lo particular de la agresión policial al joven en Florencia es que sucedió ante los ojos de la madre del joven, quien le suplicaba al policía que lo soltara, que el muchacho no estaba haciendo nada, y el tipo permaneció inconmovible. Los amigos del joven y los vecinos grabaron la escena e instaron al policía a que lo dejara ir porque si lo mataba iba a quedar registrado en la cámara; pero tampoco eso le importó.

En las manifestaciones de ayer en Medellín un agente del ESMAD disparó directamente su lanza granadas contra la humanidad de un manifestante, destrozándole la cara. Y este es un hecho que se ha vuelto recurrente en el accionar del escuadrón antimotines, a pesar de estar prohibido por la ley. También se han hecho recurrentes las acciones de civiles armados que disparan contra los manifestantes, a veces desde sus camionetas de alta gama, que en los últimos años se han vuelto símbolo de la ostentosidad mafiosa y paramilitar en nuestro medio. Así fue asesinado el artista pereirano Lucas Villa y cuatro manifestantes que participaban de un bloqueo en Buga.

Ahora se sabe que la Policía está torturando a algunos manifestantes que retiene en las marchas, para obligarlos a confesar que eran vándalos criminales que participaban en los desmanes. Eso ya se sospechaba después de lo acontecido en uno de los almacenes Éxito de Cali, donde el ESMAD retuvo por varias horas a varios manifestantes y luego se encontraron abundantes rastros de sangre en el piso y las paredes. Pero ahora la policía misma ha puesto a circular un video en donde graba a un detenido, Álvaro Herrera Melo, que resulta ser un artista bien reconocido en la ciudad de Cali, estudiante de la Universidad del Valle. En el video, el artista, que está sin camisa, con las manos atadas a la espalda y arrinconado contra la pared, confiesa que estaba con los manifestantes lanzando piedras y palos. Pero se ve con la cabeza reventada y el rostro sangrante, con una mirada perdida, y una expresión demacrada que sugieren un largo sometimiento a la tortura para lograr la confesión.

Este comportamiento de la fuerza pública, que explica la alta cantidad de muertos, la multitud de heridos y las centenas de desaparecidos durante el paro, provocó una moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, impulsada por la oposición en el Congreso. Pero en las votaciones del Senado el asunto fue decepcionante. Los partidos aliados al gobierno no atienden razones, no se conmueven ante los hechos, no se sensibilizan ante los muertos. Solo actúan movidos por sus intereses económicos y políticos y defienden su alianza instrumental con el gobierno a cualquier precio. La votación fue 69 votos en contra de la moción y apenas 31 a favor.

El hecho, desde luego, ha sido interpretado como un aval a la estrategia del ministro de guerra y al accionar de la Fuerza Pública con sus aliados de civil. Es decir, una licencia para matar impunemente. No es gratuito que el desmadre de la Fuerza Pública y el descaro de los paramilitares en Cali se presentara un día después de que el Senado les hubiera expedido esta patente de corso.

Una respuesta infame

Aunque lo más dantesco de la jornada en Cali fue la desproporcionalidad del uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, y el accionar de hombres de civil que disparaban contra los manifestantes, protegidos por la Policía, la gobernadora del Valle del Cauca, en horas de la tarde, le pidió al presidente Iván Duque un mayor despliegue militar en la ciudad de Cali y en todo el departamento, y hacer efectivo su decreto de asistencia militar.

Muy solícito, el presidente Duque llegó a la ciudad de Cali en las horas de la noche, se reunió con la “gente de bien” de la ciudad, entre ellas sus autoridades, y anunció sus medidas. Todas se reducen a un mayor despliegue militar, al envío de un número importante de efectivos del Ejército para apoyar a la Policía en “el restablecimiento del orden público”, lo cual implica levantar todos los bloqueos. Este es el asunto más importante para el presidente, un inamovible que le ha impedido precisamente instalar las mesas de diálogo con el Comité Nacional De Paro. Ni una palabra dijo a propósito de los abusos de la Fuerza Pública ni mucho menos de los civiles armados que dispararon a diestra y siniestra, protegidos por esta. Con ello, el presidente Iván Duque no hace más que naturalizar la situación y asumir que los civiles armados que disparan contra las multitudes son un apoyo legítimo de la Policía en su tarea de preservar el orden. Algo que, a todas luces, es improbable en cualquier Estado de Derecho.

Blindaje internacional

A pesar de todos los horrores cometidos por la institucionalidad, encabezada por el presidente de la República, Colombia hoy no es noticia en el mundo. Eso tiene que ver, fundamentalmente, con que la comunidad internacional también ha decidido extenderle al gobierno colombiano una patente de corso, mientras siga protegiendo los intereses del capital transnacional.

La administración de Joe Biden, de hecho, en el colmo del cinismo, ha felicitado al presidente Duque por el tratamiento que le ha dado a las manifestaciones y por los esfuerzos que, supuestamente, ha hecho para garantizar los derechos humanos en medio de estas protestas. Y como para que esto no quedara en un simple formalismo, acaba de solicitar al Congreso de los Estados Unidos que apruebe una asistencia económica al gobierno colombiano de US$ 453.8 millones, una cifra superior incluso a la que en su momento solicitó la administración Trump.

Por su parte, los tradicionales medios de comunicación nacionales parecen haber decidido seguir el libreto del gobierno en el cubrimiento de las protestas. Sobre los abusos de la fuerza pública ya nada dicen y cuando hablan de los muertos es de pasada y de forma anodina. El asesinato de cuatro manifestantes en Buga la semana pasada, a manos de civiles que dispararon desde una camioneta, prácticamente no tuvo lugar en los medios oficiosos, más allá de una mención escueta. Las noticias se concentran sobre todo en la forma como los bloqueos afectan a la economía, producen desabastecimiento y limitan la movilidad de la gente.

El colmo del cinismo lo representó Noticias Caracol TV en su emisión de ayer en la noche. Aunque su presentador, Jorge Alfredo Vargas, reconoció que se había visto a civiles armados disparando al lado de la Policía, no desarrolló la noticia más allá del enunciado. Además, dijo abstenerse de publicar las imágenes por respeto a las víctimas, como si la denuncia visual que evidenciaba a los civiles protegidos por la Policía mientras disparaban contra los manifestantes pudiera ser una ofensa para las víctimas de estos asesinos. En ese sentido, parece valiosa la actitud de Félix de Bedout, quien publicó las imágenes en su cuenta de Twiter, advirtiendo que la Policía tiene que dar explicaciones sobre lo que esas imágenes evidencian. Entre tanto, hoy muchos de los videos que circulaban por Facebook han sido bloqueados, con la advertencia de Contenido delicado: “Este video incluye contenido que a algunas personas les puede resultar delicado”. Todo pareciera una estrategia para mantener Desinformada a la comunidad nacional e internacional sobre lo que realmente está haciendo el presidente Iván Duque para enfrentar esta coyuntura de protestas contra su gobierno.

¡Nos están matando!

Este es un llamado desesperado que no puede seguir siendo escuchado simplemente como un eco que viene desde muy lejos. Se levanta aquí y ahora y se renueva con cada infamia cometida por el gobierno contra las manifestaciones legítimas del pueblo. Lo que empezó como una protesta contra una reforma tributaria y se convirtió luego en una protesta contra toda la política económica y social de este gobierno, es ahora una protesta contra la barbarie y el carácter asesino que han evidenciado el gobierno y la clase dirigente. Es ya una protesta contra las instituciones, corroídas desde la raíz por la cultura mafiosa y el paramilitarismo, lo que se expresa en un Estado autoritario, con todos los poderes -desde el Congreso, los órganos de control y buena parte de las Altas Cortes, hasta los medios masivos- cooptados por el gobierno.

Si el presidente es el máximo comandante de las Fuerzas Armadas, entonces tendría que responder por sus desmanes. Y eso no solo porque la Fuerza Pública se le haya salido de control, sino más bien porque sigue a pie juntillas sus órdenes. Pero ante el comportamiento asesino que ha desplegado este gobierno durante estas protestas, no parece quedar otra opción que su salida y ello solo podría ocurrir por la presión de la comunidad internacional, que hasta ahora parece más bien ciega y sorda. A esto habría que agregar el bloqueo que realiza el gobierno a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, a petición de algunas organizaciones sociales en Colombia, se ha ofrecido a verificar en el territorio la situación de los derechos humanos en el marco de la protesta social.

Hay quienes dicen que el gobierno pretende provocar una guerra civil como salida a la pérdida de legitimidad que ha sufrido. Esta sería tal vez la única posibilidad de que Iván Duque abandone el gobierno, después de someter a sangre y fuego a todos sus opositores, sin ir a la cárcel, y sin que le pase lo mismo a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En esta estrategia, el gobierno de Iván Duque tendría como aliado al imperio norteamericano que vería en ello la posibilidad de desestabilizar la frontera con Venezuela e incursionar por fin en el territorio vecino para acabar con el régimen de Maduro e imponer su títere de turno.

Pero no va a haber una guerra civil en Colombia, sino una masacre. De hecho, ya el gobierno está tratando a quienes participan en la protesta social como si fueran un actor armado en una guerra civil y lo que está dejando es una masacre bárbara. Y es que mientras el gobierno tiene las armas, el apoyo del imperio, el silencio de los medios y el accionar de los grupos paramilitares y de narcotráfico, el pueblo solo tiene su rabia y su dignidad. Dos fuerzas inconfrontables.

Fuente: https://elcolectivocomunicacion.com/2021/05/29/licencia-para-matar/

29/5/2021

...Y la lírica

Athena Farrokhzad

Mi familia llegó aquí envuelta en la tradición marxista

Mi madre llenó enseguida la casa con figuritas navideñas

Sopesó los pros y los contras de los abetos de plástico

como si el problema fuera suyo

Durante los días distinguía entre vocales largas y cortas

como si el sonido que salía de su boca

pudiera lavar el aceite de oliva de la piel

Mi madre dejó que la lejía fluyera por la sintaxis

Al otro lado del signo de puntuación sus sílabas se volvieron más blancas

que un invierno de Norrland

Mi madre nos construyó un futuro de cantidad de vida

En el sótano de la casa suburbial alineaba latas de conservas

como para una guerra

Por las noches buscaba recetas y pelaba patatas

como si fuera su historia la que estuviera cifrada

en el gratinado de anchoas

Pensar que yo mamé de esos pechos

Pensar que me metió su barbarie en la boca

Mi madre dijo: Tu padre vivió para el día del juicio final

También tu madre, pero fue obligada a otras ambiciones

Mi hermano dijo: Alguna vez moriré en una tierra

en la que las personas puedan pronunciar mi nombre

Mi padre dijo: Una cucharada por los verdugos

una cucharada por los liberados

una cucharada por las masas hambrientas

Y una cucharada por mí

Mi tío materno dijo: Hay algún charco en el que la guerra no se lave sus manos sangrientas

Mi padre dijo: Cuanto más te alejas de la escena del crimen, más fuerte te ligas a ella

Mi madre dijo: Cuanto más cuidas la herida, más duradera se hace

Mi abuela materna dijo: Lo que pierdes en los columpios lo recuperas en el carrusel

Mi padre dijo: Todo lo que escribes se usará contra ti

Mi madre dijo: En su momento todo se volverá contra ti

Mi abuela materna dijo: Dónde está el viento que nos auxiliará

Mi madre dijo: Dónde está la leche que cada respiración exige

Mi padre dijo: Dónde está la tumba que nos hemos cavado

Extractos de Vitsvit (2013)

Traducción del sueco por Rosa Ana Alija

[Athena Farrokhazd es una poeta, dramaturga, traductora y crítica literaria nacida en Irán y criada en Suecia. En 2013 fue la ganadora del Premio literario Karin Boye]

30/5/2021

Boletín 202

Notas del mes

Ensayo

El extremista discreto

La Biblioteca de Babel

De otras fuentes

En la pantalla

Campañas

...Y la lírica

Pandemia y futuro: no se aprende ni por shock

Otra vuelta de tuerca al concepto de solidaridad

Las relaciones España-Marruecos y las crisis migratorias

La izquierda perpleja

Chile: de la calle a las urnas

Urgencias

La empatía como motor del cambio de los hombres

Que la próxima primavera florezca de verdad

Ensayo

El extremista discreto

La Biblioteca de Babel

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