La cooperación público privada ha vuelto a ser la palabra de orden para salir de la crisis generada por la pandemia. Para los neoliberales, es un retroceso reconocer que el mercado, la empresa privada, por sí sola no es capaz de hacer frente a las necesidades sociales. Es necesaria la intervención pública, no sólo para cubrir los vacíos del mercado, sino también para impulsar la dinámica económica. Para la socialdemocracia demediada, es una oportunidad para justificar su modelo de intervención. Llevo meses oyendo las bondades de un nuevo modelo de gestión económica.

La velocidad con la que se obtuvieron las primeras vacunas se ha presentado como un éxito del modelo. Es una obviedad. Casi toda la industria farmacéutica se basa en esta cooperación entre centros públicos de investigación, empresas privadas y centros sanitarios públicos que realizan los ensayos. Y no podía ser de otra forma en este caso porque ni la industria privada tiene laboratorios y personal capacitado para la investigación básica, ni el sector público cuenta con las instalaciones para producir en masa la cantidad de vacunas requerida. Tampoco, posiblemente, los equipos capacitados para realizar determinadas fases de la investigación.

La cuestión principal para ver en qué medida esta experiencia podía significar algún cambio en el modelo depende, al menos, de dos ámbitos: por un lado, la provisión universal de vacunas. Por el otro, su coste. La realidad pronto ha desmentido cualquier expectativa. Las empresas impusieron secretismo en los contratos, especularon con los precios y condiciones todo lo que fue posible —como conseguir que estados como Israel cedan datos clínicos— y ahora se está evidenciando que su ritmo de entregas no es el previsto. Parece que esta interrupción del flujo está asociada a que estas empresas están negociando los suministros al mejor postor, y desviando suministros de un país a otro. Hay otra posibilidad, que simplemente las empresas ofrecieron más de lo que podían con objeto de ganar contratos y después ya veremos.

Cuando se analizan las prácticas de los proveedores públicos, se advierte que este es un hecho bastante habitual: el incumplimiento sistemático de partes de los compromisos que incluyen muchos de los contratos públicos. El sector privado siempre suele prometer más de lo que tiene capacidad de dar. La única forma en la que se podían haber evitado estos problemas, al menos los de competencia de precios, es que todo el suministro hubiera sido negociado centralmente, por ejemplo por la OMS, pero esto sale de los parámetros actuales del sistema internacional. Los distintos países en el fondo practican un modelo de competencia nacional que facilita el poder de los grandes oligopolios. Tampoco este es nuevo, lo sabemos en el caso de los paraísos fiscales, de una y mil regulaciones. Las grandes multinacionales refuerzan su poder de muchas formas, legales e ilegales.

En los últimos tiempos proliferan más los malos ejemplos que las bondades de la cooperación público-privada. Empezando por la gestión de las residencias de ancianos. Es posible que el drama de los contagios y las muertes masivas no se hubieran podido evitar del todo. Pero hay evidencias de que en muchos casos se trataba de centros infradotados de personal, pensados como negocio y que se desentendieron de afrontar con seriedad la pandemia. Más dudosa aún es la cooperación de la sanidad privada en los momentos álgidos de la pandemia. Una parte del sector entró en ERTE simplemente porque se dedica a actividades marginales, desde el punto de vista de la salud, que decayeron con el confinamiento. Y el resto se ha puesto de perfil todo lo que ha podido (y le han dejado los Gobiernos amigos) en lugar de contribuir a resolver una situación de emergencia. Cuando finalmente lo ha hecho, ha conseguido que sus servicios hayan sido compensados por Gobiernos como el catalán. Más que una cooperación se ha tratado de una nueva variante de la extracción de rentas públicas.

En lo más crudo del invierno, el sector eléctrico nos ha deparado otra de sus actuaciones estelares. Y en campos diversos. En el de los precios, donde una vez más se puso de manifiesto la perversidad del sistema tarifario ideado en tiempos del ministro Soria, pero que nadie de momento ha tocado. Las compañías tienen otros mecanismos para aumentar precios, contratando por ejemplo niveles de potencia exagerados. También está el mal servicio que ofrecen en ocasiones, ejemplificado en una sucesión de cortes de luz en barrios obreros y populares. No hay nada extraño en ello. Forma parte de la falta de inversiones en la red en baja endémica en el sector. En el caso de Barcelona, donde Endesa es la compañía dominante, nadie puede llamarse a sorpresa. Endesa es una compañía que reparte casi todos sus beneficios a sus accionistas (la italiana Enel controla el 70%, y el resto está en manos de los tradicionales fondos de inversión). En la época dorada del capitalismo, las grandes empresas financiaban sus inversiones con sus beneficios. En la época del capitalismo neoliberal, la lógica es sacar excedentes y endeudarse. Como el endeudamiento tiene sus límites, otra opción es sub-invertir allí donde se puede. Como es el caso de los ámbitos de pobreza energética, ante la cual las compañías se resisten a cargar con parte de los costes del suministro a personas que han quedado sin recursos. A eso se le suma la persistente criminalización de las víctimas de apagones. Sant Roc en Badalona, la Cañada Real de Madrid o Vila-roja en Girona son barrios que padecen sistemáticamente de un estigma que las empresas se encargan de propagar. Con la estimable colaboración de políticos como Díaz Ayuso.

La colaboración público-privada no es nueva. Más allá de la retórica del mercado competitivo, aquélla ha sido una parte del núcleo duro del capitalismo neoliberal. El de sectores regulados que explotan monopolios naturales y oligopolios con una regulación adecuada a sus intereses, el de sectores que para ser viables requieren fuertes inversiones públicas como las farmacéuticas, la aeronáutica y el armamento o la gran electrónica. Y la nueva propuesta de cambio estructural que promueve la Unión Europea, lejos de significar un cambio radical, más bien parece diseñada para explorar nuevas variantes del mismo modelo.

III

Tenemos todo el derecho de criticarlo, de mostrar sus trampas, sus costes sociales, su promoción de un capitalismo rentista. De hecho, hay magníficos centros de investigación que llevan años documentando estos desmanes, las conexiones con la esfera política, las mil y una formas de cooptación y control de los reguladores. Pero no nos podemos limitar a la crítica y la denuncia. Es necesario imponer cambios. Y estos no pueden reducirse al limitado esquema de lo público y lo privado, de la nacionalización o la municipalización. No porque no sean justos. Sino porque en el contexto actual resultan imposibles de poner en práctica por múltiples razones: un denso entramado normativo que sobreprotege los derechos del capital, limitaciones financieras del sector público, dificultad de integrar en los procedimientos públicos a determinadas actividades, etc. Aunque el paso a públicos de determinadas actividades es un objetivo a mantener (pero que requiere una correlación de fuerzas muy favorable), hay que contar con una segunda estrategia basada en formular una regulación adecuada de todas las actividades que tienen un elevado impacto social y funcionan alrededor de lo público. Regulaciones que deben contemplarse en un sentido amplio: normas de contratación, mecanismos de supervisión que introduzcan derechos de participación a representantes de movimientos sociales, reglas de funcionamiento tarifario, pautas de transparencia e información etc. En este proceso, que exige duras batallas (como conocen muchos activistas) no sólo es posible laminar los derechos del capital sobre la sociedad, sino que también puede constituir un buen proceso para que mejore la experiencia para manejar la sociedad desde un enfoque social, no capitalista. Porque, en definitiva, de lo que se trata es de desarrollar una nueva cultura de gestión social de la actividad económica y de limitar tendiendo a cero los mil y un desmanes de las empresas capitalistas.

30/1/2021

Certezas e incertidumbres

Miguel Muñiz Gutiérrez

A 26 años de la primera reunión de la Conferencia de las Partes sobre el cambio climático, hay certezas. La más importante, que el cambio climático no es un proceso lineal ni homogéneo; que las primeras representaciones de deshielos polares masivos, subidas del nivel del mar que inundarían ciudades y desertización generalizada no se corresponde a la complejidad de la degradación observada en estos años. Que se perfila un futuro de fuertes contrastes. El discurso sobre regiones “ganadoras” o “perdedoras” a causa del cambio climático ya no se critica, se evalúa y se analiza fríamente.

Otra certeza es el paso intelectual de la reversión a la mitigación, de ésta a la adaptación y, finalmente, a la resignación. Sólo colectivos juveniles de países con unas clases sociales acomodadas numerosas remedan proclamas tipo “nuestro mundo se quema” o “acabaremos con la vida en la Tierra” propias de los primeros años de movilización social entusiástica. Son colectivos de discurso superficial, con poca tendencia a la reflexión y compromiso volátil; su máxima “acción” ha consistido en “denunciar” a “los gobiernos” ante “la justicia” para que cumplan compromisos o “actúen”. Un cúmulo de generalizaciones muy jaleado por los medios del progresismo ilustrado de todos los colores.

Así, mientras grupos financieros e industriales determinan el contenido de las leyes antes de que sean redactadas por los gobiernos, ajustándolas a sus intereses (mediante bufetes legales o usando puertas giratorias que conectan la política institucional y el poder económico), la movilización social despliega acciones simbólicas o recurre al poder judicial para poner querellas de resultado incierto.

Las llamadas crisis han proporcionado otra certeza: son las clases subalternas las que sufren más duramente las políticas impuestas por las clases dominantes, la pandemia ha añadido más evidencias. Certeza que va seguida de la constatación de que la única respuesta al cúmulo de datos que muestran el incremento de las desigualdades ha consistido en acumular manifiestos, proclamas o peticiones, promovidos o apoyados por entidades de diverso tipo y personalidades ilustres del mundo universitario, cultural e incluso religioso, dirigidas a los gobiernos enumerando medidas genéricas o concretas para corregir dichas desigualdades, pero sin concretar responsabilidades de las clases dominantes a nivel empresarial o financiero y los medios de presión para afrontarlas.

Así, unos gobiernos cuya capacidad de maniobra e incidencia en la producción y la economía se ha reducido casi a nivel simbólico tras años de desmontar el estado desde el capitalismo neoliberal, son los únicos interlocutores a los pueden dirigirse las clases acomodadas y subalternas para abordar los conflictos materiales.

Estas certezas hacen referencia a la realidad social y política que determina el día a día; pero desde el campo del conocimiento de las características del colapso se apuntan otras que afectan a algo más grave, a la realidad material.

Los ejemplos abundan. En base a los últimos acontecimientos, Pedro Prieto apunta una reflexión ineludible sobre la fragilidad de lo complejo, y desde una perspectiva de fondo, Asier Arias apunta el cúmulo de contradicciones contenido en los tímidos intentos de afrontar lo inevitable con los medios sociales y políticos ya enunciados y, más allá, la cruda realidad pulveriza visiones de una ingenuidad casi aterradora.

Son sólo dos certezas, se pueden encontrar muchas más, entre ambos campos de certezas una vasta extensión de incertidumbres, tan llena de conflictos que repele cualquier intento de abordarlos. Como ejemplo el análisis de Manuel Casal Lodeiro sobre el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española”, para los 140.000 millones de € de la UE a España que puede leerse en los siguiente enlaces: (1) y (2).

Y una certeza compartida sobre la que se suele apartar la mirada, una certeza que la pandemia está poniendo de manifiesto día tras día, y que los grupos de poder que controlan la información están aprendiendo, también día a día, a gestionar integrándolo en un menú de propaganda/información digerible para las clases acomodadas: la muerte de millones y millones de personas de las clases subalternas es inevitable, sea cual sea la forma en que se produzca el colapso ecosocial, la incertidumbre aquí está en el dónde, el cuándo y el cómo.

30/1/2021

Las exportaciones de armas y la fortuna de Juan Carlos I

Tica Font y Pere Ortega

Las movilizaciones y denuncias efectuadas en diversos países europeos por las exportaciones de armas a Arabia Saudí, artífice de la guerra en Yemen, propiciaron que el Parlamento Europeo abriera un debate con posterior resolución que instaba (no prohibía) a los Gobiernos de la Unión Europea a no vender armamentos a este país. A resultas de la cual, países como Alemania, Holanda y Dinamarca optaron por no exportar armas a la monarquía saudí. España, gran amiga de esa petromonarquía a través del ex monarca Juan Carlos I, precisamente el promotor de las ventas de material militar a este país, no las impidió, aunque sí las redujo.

La guerra en Yemen la lleva a cabo una coalición internacional en la que participan la mayor parte de países de Oriente Medio liderados por Arabia Saudí y por Emiratos Árabes Unidos (EAU). Países que, como el resto de los países de esta región, son receptores de armas españolas. Por lo que reducir las ventas de armas de España a Arabia Saudí resulta un engaño si a la vez aumentan las exportaciones a EAU y a otros países de Oriente Medio que igualmente participan en esa guerra. En 2018 España vendió material de defensa a Arabia Saudí por valor de 393 millones de euros; en 2019, debido a la resolución del Parlamento europeo para impedirlas, las exportaciones de armas descendieron a 35,4 millones. Pero, en cambio, las ventas de España a EAU pasaron de 42,5 millones en 2018 a 179,2 en 2019. Si lo extrapolamos al conjunto de países de Oriente Medio, nos encontramos con una situación similar, pues aunque hubo un ligero descenso sobre el total de las ventas de armas, éste fue poco significativo, pasando de 670 millones en 2018 a 586 millones en 2019.

Por tanto, rebajar las ventas de armas a Arabia Saudí, para incrementarlas en EAU y otros países de la región significa, en la práctica, continuar ayudando a alimentar la guerra en Yemen. Una guerra que ha producido más de 110.000 muertos y cuatro millones de personas desplazadas y que ha provocado que las Naciones Unidas pidiera un alto al fuego alertando que la población (de 20 millones de habitantes) necesita ayuda alimentaria y médica urgente. A pesar de ello, España y otros países de la Unión Europea han continuado vendiendo armamentos a diversos de los países de Oriente Medio que forman la coalición internacional que participa en la guerra en Yemen.

Por otro lado, son bien conocidas las prácticas corruptas que rodean muchas de las transacciones comerciales de esas petromonarquías, por los múltiples escándalos en que se han visto envueltas en el cobro de comisiones, entre las cuales las relacionadas con las ventas de armamentos en esa región y que en su día salpicaron a la británica BAE Systems y a la italiana Leonardo, condenadas por los jueces de sus respectivos países. Investigaciones que también se deberían llevar a cabo en España, pues las ventas de armas en Oriente Medio de las españolas Airbus Defence and Space (aviones de transporte militar), Expal (explosivos), Navantia (corbetas de guerra), o Instalaza (municiones y proyectiles), entre otras, bien podrían estar sujetas a prácticas corruptas. Algo ya destapado por el caso Defex (hoy en manos del juez de la Audiencia Nacional De la Mata), una empresa dedicada exclusivamente a las exportaciones de armas de las industrias militares españolas, de la que el Estado, para mayor escarnio, controlaba el 51% de las acciones a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (donde se cobraban y pagaban comisiones millonarias por las exportaciones de armas españolas).

Por otro lado, son bien conocidas las excelentes relaciones que ha mantenido la familia real española a través de su andadura con las monarquías de Oriente Medio, y de manera muy especial con la familia Saud de Arabia Saudí y con la de EAU. Es precisamente en EAU donde el rey emérito ha ido a refugiarse después de los escándalos surgidos a raíz de haber recibido millonarias remesas de petrodólares de Arabia Saudí por posibles comisiones en la construcción del tren de alta velocidad entre Medina y la Meca. Y ambos países son los dos principales compradores de material militar español en Oriente Medio. Durante la última década (2010-2019), Arabia Saudí ha recibido armas por valor de 1.943,4 millones de euros y EAU, en el mismo período, por valor de 996,2 millones. Operaciones por detrás de las cuales también podrían esconderse posibles comisiones.

Los pasados días 10 y 11 de noviembre la prensa española publicaba informaciones sobre la relación entre el ex-rey Juan Carlos I y el presidente Nazarbáyev de Kazajistán. En ellas se detallaban cacerías y regalos tanto monetarios como en especie al monarca español.

La lectura de esas informaciones obliga a formular dos preguntas. ¿A cambio de qué se produjeron esas donaciones al entonces Rey español? Difícilmente podía haber una relación altruista, pues no parece creíble que el presidente Nazarbáyev, según cuenta la prensa, regalara al rey cinco millones de dólares y otros objetos de valor simplemente por amistad. Es fácil imaginar que por en medio debía haber alguna contraprestación.

Hay que retrotraerse en el tiempo y recordar el papel que tuvo la familia real, y en concreto el rey Juan Carlos I, en el impulso de la industria militar española. El rey emérito fue, en el pasado, el principal agente comercial para las ventas de armas de España en Arabia Saudí y otros países de Oriente Medio, como EAU, Bahréin y Catar. De ahí surge una segunda pregunta: ¿el rey Juan Carlos facilitó a la industria española, y en concreto a su sector militar, la venta de material militar a Kazajistán?

Si se consultan las exportaciones españolas de armamento a ese país entre 2004 y 2019, se observa que los primeros años, hasta 2007, se exporta por muy poco valor y las ventas son sólo de municiones. Sin embargo, a partir de ese año las exportaciones aumentan: en 2007 el gobierno español autorizó ventas por valor de 18,93 millones de euros; en 2012 por valor de 66,1 millones; en 2013 por valor de 1,76 millones; en 2014 por valor de 83,3 millones; en 2016 por 60 millones; en 2017 por 85 millones; en 2019 por 45 millones.

La mayoría de las exportaciones son de material aeronáutico: aeronaves militares y vehículos aéreos o de equipos de imagen militar (Airbus Defence and Space).

Lo singular del tema no radica en que se exporte material militar a Kazajistán, lo más singular radica en que es el único país de Asia Central al que la industria militar española exporta. No se exportan armas a Kirguistán, Tayikistán, Turkimistán o Uzbekistán, solo a Kazajistán. No se encontraba una explicación a esta singularidad y estos días, gracias al periodismo de investigación, se ha encontrado por fin una respuesta plausible: la relación de rey emérito con el presidente de Kazajistán (un país que depende de los suministros militares de Rusia) habría abierto las puertas a la industria militar española. España, hoy, se ha convertido en el segundo suministrador de armas a Kazajistán, por detrás de Rusia y por delante de cualquier otro país europeo. Es evidente que la industria militar española mantiene una relación privilegiada con ese país.

Pudiera ser que el dinero que el presidente Nazarbáyev regaló al rey emérito no fuera tan altruista, sino que saliera de las arcas públicas de Kazajistán o de contratos sobrevalorados, y por tanto vinculados a comisiones de contratos con empresas españolas, ya por adquisición de armas, ya por negocios relacionados con el petróleo.

Se ignoran los orígenes de la fortuna de Juan Carlos I, pues cuando fue coronado en 1975 no la tenía. Pero hay indicios de que se fraguó a través de oscuros negocios que pergeñó el que fuera su administrador privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal, quien mantenía por entonces importantes negocios petroleros con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU). (Colón de Carvajal también estuvo implicado en el posterior escándalo de la descapitalización de la kuwaití KIO, en la que también apareció el nombre de otro corrupto personaje, Javier de la Rosa).

En suma, las remesas de dinero de Arabia Saudí y de Kazajistán recibidas por el rey emérito hacen sospechar que la fortuna de Juan Carlos I se ha construido en base a dos fuentes de negocios: las provenientes de países productores de hidrocarburos y las comisiones por ventas de armas españolas.

1/1/2021

Elecciones catalanas, líos, trampas y riesgos

Albert Recio Andreu

El teatro político catalán tiene una enorme capacidad de renovación. Cada temporada nos ofrece un nuevo espectáculo, o una nueva versión reciclada del anterior, o una saga, tan del gusto de la industria cinematográfica. La cuestión es tener entretenido al personal y que no se preocupe de los problemas reales. La nueva producción de esta industria se titula “Eleccions 2021”. Cuando se publiquen estas líneas estaremos a catorce días de los comicios, en plena campaña electoral. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha tumbado el intento de posponerlas, pero difícilmente ha podido evitar un nuevo lío.

A este embrollo hemos llegado, fundamentalmente, por las manipulaciones y triquiñuelas del propio Govern, aunque, como comentaré después, nadie va a salir indemne. Hacía mucho tiempo que la legislatura estaba agotada, lastrada por una guerra a muerte entre los socios de gobierno (Esquerra Republicana y Junts per Catalunya), enfrascados en su pugna por tener la hegemonía del nacionalismo catalán, la difícil digestión del fracaso del procés y su probada ineficacia en la gestión de lo público. Pero, en lugar de resolver el problema de la hegemonía por la vía electoral, han ido jugando con la fecha de las elecciones en función de la información que les daban las encuestas. Primero Torra anunció que iba a convocarlas cuando se aprobara el presupuesto. Después alegó que era prioritario resolver la pandemia. Cuando los datos de esta mejoraron, volvió a dilatar la decisión a la espera de que su más que probable inhabilitación le diera a su formación el plus de victimismo que siempre le ha funcionado como refuerzo electoral. Luego, la inhabilitación obligó a la convocatoria en fecha fija; una convocatoria que se aprobó en plena segunda ola pandémica y cuando casi todo el mundo estaba seguro de que después de Navidad tendríamos un tercer rebrote, y que en todo caso exigía preparar un proceso seguro, con una buena promoción del voto por correo y una organización eficiente de los colegios electorales. A continuación se produjo el golpe de efecto del nombramiento de Illa como candidato del PSC y ello suscitó un cierto temor en el campo independentista, lo que, unido al rebrote de la pandemia, justificó la propuesta de aplazamiento electoral y una sobreactuación del Govern sobre el riesgo de votar el 14 de febrero. Después vendría la decisión judicial que nos ha conducido a la situación actual. Parece que, como viene siendo la norma, el decreto de aplazamiento era básicamente una chapuza y las posibilidades de que cualquier tribunal lo tumbara eran elevadas. La suma de maniobras, chapuzas y apaños nos ha conducido a una situación sumamente complicada en muchos aspectos.

Hay, además, una subtrama menor que puede haber desempeñado algún papel en todo este juego de idas y venidas. Me refiero a las elecciones del F.C. Barcelona, una cuestión en sí misma trivial, pero que, dado el impacto y la influencia emocional que el Barça tiene en Catalunya, no puede pasarse por alto. Desde siempre el independentismo ha tratado de que el club de fútbol sea uno de sus principales estandartes políticos, aunque, excepto en el caso de Laporta, nunca ha conseguido que la presidencia esté controlada por afines. Para el sector más radical del independentismo, se consideró una traición que el Barcelona jugara a puerta cerrada el partido del 1 de octubre. La abultada derrota sufrida en la Champions facilitaba un nuevo acceso al poder. Un oscuro candidato organizó una exitosa recogida de firmas para plantear una moción de censura, favorecida por el momento de elevado impacto emocional (con un Messi que quería salir corriendo). A pesar de que las nuevas elecciones ya estaban anunciadas, toda la presión de la Generalitat estuvo orientada a provocar el cese de la junta y a adelantar la celebración de elecciones, en las que el independentismo esperaba imponer a un candidato afín, o Joan Laporta o Víctor Font (curioso lo del independentismo: es un empresario con el centro de operaciones en Emiratos Árabes). Además, había un timing interesante: las elecciones del club se celebrarían antes que las autonómicas y, previsiblemente, el vencedor daría su apoyo a algún candidato independentista (algún comentarista sugería que habría un viaje a Waterloo). Con la tercera ola, esta parte de la campaña se ha ido al garete. Finalmente las elecciones futboleras se han aplazado y esta parte de la campaña ha quedado tocada. Algo que no hubiera ocurrido de haberse aceptado la postergación que querían Junts per Catalunya y ERC.

Este proceso puede leerse en clave de comedia: como una variante más de la farsa que llevan años representando las diferentes familias del independentismo (a costa de crear una enorme tensión emocional entre sus propias bases y sus detractores); como un ejemplo adicional de su manifiesta incompetencia en la gestión de lo público, puesta de manifiesto de forma exasperante en la gestión de la pandemia. Pero los costes que va a acabar generando obligan a tomárselo mucho más en serio.

En primer lugar, generan una enorme distorsión en los resultados electorales, fundamentalmente porque afectan al nivel de movilización de los votantes, algo que a menudo es una cuestión más determinante del veredicto de las urnas que los trasvases entre espacios políticos. El triunfo de los nacionalistas en las autonómicas se ha cimentado históricamente en un sistema electoral que da un plus a sus votantes y, sobre todo, da lugar a una movilización asimétrica de sus bases. Por esto durante muchos años había en Catalunya un resultado dual: victoria nacionalista en las autonómicas y socialista en las generales. Quizás es difícil prever como afectará el miedo al contagio a la movilización de las respectivas bases, lo que puede alterar de forma significativa el resultado en cuanto a escaños. Mi intuición me lleva a pensar que la situación favorece más a los independentistas que a la izquierda, por varias razones. Tienen una mayor organización capilar, que pueden activar para organizar el voto por correo. Tienen más consolidadas a una parte de sus bases, a las que muchas de las actuaciones judiciales han reforzado en sus convicciones. Están más implantados en poblaciones menores, donde el contagio está más controlado y los colegios electorales reúnen menos gente. En cambio, la izquierda tiene mayor implantación en los barrios y las ciudades, donde la pandemia ha sido más feroz, donde los colegios electorales son más grandes y las colas para votar, más habituales. Y se trata de una situación que está lejos de la tensión ambiental que imperaba en las anteriores. Hay, además, mucha gente cuyas condiciones de vida han experimentado un importante deterioro y que puede ver estas elecciones como un paripé innecesario, un riesgo, por lo que tal vez dejará de votar. Puede que me equivoque, que las cosas sean al revés, que la indignación de las bases independentistas les lleve a abstenerse. Pero la experiencia anterior apunta a lo contrario, y la última encuesta del CIS, que prevé una cierta debacle independentista y un crecimiento de la izquierda, me genera una enorme perplejidad.

En todo caso, sea cual sea el balance final de movilizaciones y desmovilizaciones de votantes, el resultado va a ser nefasto en términos de política postelecciones. Si mis predicciones son acertadas, corremos el peligro de tener una clara hegemonía parlamentaria del independentismo en sus diferentes versiones, lo que garantiza a la vez la continuación de su nefasta acción política cotidiana y un nuevo impulso a los llamamientos épicos a la independencia unilateral y a la república ficticia. Si, por el contrario, el resultado fuera una victoria socialista con un elevado grado de abstención, podemos esperar una sostenida campaña de deslegitimación de los resultados y un previsible bloqueo de las instituciones. Si Trump no pudo imponer sus maniobras, fue en parte porque Biden ganó con una importante movilización del electorado.

Sin embargo, hay un segundo impacto posiblemente aún más nefasto: el de reforzar la cultura antipolítica de una parte importante de la población. Hace ya mucho tiempo que para mucha gente la política es uno de los principales problemas del país (posiblemente en esto no somos los únicos). Aunque persiste una demanda de bienes y recursos públicos, para muchas personas no hay una relación clara entre la actividad política y las políticas públicas. A esta incomprensión han contribuido muchos factores, desde el poso de tradiciones antidemocráticas hasta el bombardeo ideológico neoliberal (no sólo explícito; mucho de él está encubierto en los mensajes de la publicidad y las técnicas de marketing), las formas de vida individualistas, lo alejada que está la política de la vida cotidiana de la gente (mayor cuanto más bajo se está en la escala social) e incluso el sano recelo de la gente normal frente al poder. A este desprestigio han contribuido con diligencia las propias organizaciones políticas y sus líderes: corrupción, ineficacia, uso reiterado de eslóganes, regresión del debate político al nivel de las tertulias televisivas, falta de democracia interna, puertas giratorias y sometimiento a los poderes económicos, etc. Mucha gente anda escamada, y la gestión de la pandemia no ha hecho más que aumentar justificadamente sus recelos. El debate confuso en torno a la fecha de las elecciones, o la insistencia de algunos partidos (fundamentalmente los del Govern) en organizar mítines con movilidad entre municipios, suponen acrecentar aún más este temor.

Defender una cultura democrática en el contexto actual obliga a organizar con mucho esmero el proceso. Facilitar al máximo el voto por correo. Incrementar el número de colegios electorales, reforzar las medidas de seguridad, quizá organizar turnos. Suministrar equipos y atención a las mesas electorales, etc. En vista de cómo se han gestionado la crisis sanitaria y la crisis social —la falta de rastreadores, el bloqueo de la sanidad privada, los problemas de gestión en las escuelas—, no hay ninguna garantía de que las cosas vayan a ir bien. Y, para la gente menos politizada (que posiblemente sea la mayoría), estas elecciones pueden equivaler a la obligación de asumir un riesgo simplemente para legitimar a las élites políticas.

Es una situación que tiene su máxima expresión en los miembros de las mesas electorales. Cualquiera que alguna vez haya formado parte de una mesa o haya sido apoderado habrá constatado tres cosas contradictorias a la vez: la importancia que tiene el buen hacer de las mesas en la existencia de unas elecciones limpias, la dedicación y seriedad con que la gente se toma la tarea y, al mismo tiempo, el cabreo y la sensación de injusticia con que viven el hecho de tener que dedicar un domingo entero a algo que no acaban de entender. Este tercer elemento sale muy reforzado en el momento actual. Hay mucha gente que ha pasado miedo, que se ha aislado para evitar el contagio y que ahora se siente expuesta a un riesgo forzado por un deber democrático que nadie nunca le ha explicado adecuadamente. Es cierto que hay en ello una cierta dosis de doble moral, pues a lo largo de toda la pandemia nadie ha cuestionado el riesgo que han corrido, y corren, millones de personas trabajando en actividades en las que los contactos son mucho más continuos y frecuentes que en una mesa electoral. Pero hay circunstancias muy complejas, y superar estos temores requería una buena campaña pública de información y el despliegue de unos medios que están por ver. Todo el lío previo de las fechas, el enfrentamiento judicial, etc. no ha hecho más que empeorar la comprensión de la situación y la sensación de inseguridad. Tal como se plantean los comicios, corremos el riesgo de que este proceso electoral ahonde en reforzar tendencias antidemocráticas de fondo, la despolitización y la incapacidad de generar acción colectiva.

III

La izquierda —entendiendo por ello el espacio de Els Comuns; el Partido Socialista hace demasiado tiempo que renunció a las políticas socialdemócratas— llega mal colocada a estas elecciones. Lo vemos en sus planteamientos a nivel estatal y lo constatamos en Barcelona en las parcelas municipales que gestiona. Lo cual no quiere decir que sea lo mismo que la derecha (la local o la estatal) y que dé lo mismo quién ocupe el poder. Pero la única forma de que las cosas cambien un poco depende de que exista un espacio político a la izquierda que fuerce, anime, genere debate y altere en la medida de lo posible la lógica de las políticas dominantes. Lo hemos visto a nivel estatal con el papel jugado por los ministros de Unidas Podemos en temas como los ERTE o los alquileres, y lo constatamos a escala local: que Barcelona sea una de las ciudades con mayor gasto social per cápita tiene que ver con que hace años que esta área ha sido gestionada por ICV primero y Els Comuns ahora. Por esto el resultado que puedan obtener es un motivo de reflexión.

Consolidar un espacio a la izquierda es difícil en todas partes. Hacerlo en Catalunya tiene añadida la cuestión nacional, un tema en el que las emociones juegan un papel tan importante y en que cualquier toma de posición corre el riesgo de generar respuestas radicales. Llevo meses leyendo textos inflamados de amistades que se sitúan en uno u otro bando. ICV tuvo el gran mérito de surfear durante muchos años la situación y mantener una cuota electoral de entre el 6 y el 10%. La llegada de Els Comuns, a rebufo de la oleada generada por el 15-M, que incorporaba un buen puñado de gente joven, con energía y con un liderazgo de un carisma social imponente, fue una oportunidad enorme para reforzar este espacio. Pero, al menos de momento, ha sido una oportunidad perdida. O se produce un resultado inesperado, o las próximas elecciones van a situar la cuota electoral en la banda baja.

Els Comuns han cometido muchos errores y han sido víctimas de una situación difícil de manejar. Han visto como una parte de su base potencial (curiosamente ligada a las culturas marxistas más tradicionales, tanto prosoviéticos ortodoxos como trotskistas) era abducida por el encanto del procés y en algunos casos por sus prebendas. Han tenido que hacer frente a un competidor en el espacio alternativo (la CUP) que practica un radicalismo escenográfico y tiene a la vez una enorme proximidad a Junts per Catalunya, pero que es capaz de atraer a gente joven poco experta. Han padecido la dificultad de elaborar una línea clara que les desmarcara tanto del procesismo como del falso constitucionalismo de la derecha y las actuaciones de muchos jueces conservadores. Pero, sobre todo, han fracasado a la hora de construir una verdadera organización política capaz de trabajar a largo plazo, de consolidar relaciones estables con su entorno social, de crear espacios de reflexión que ampliaran su presencia y mejoraran el proyecto. Y es que en el trabajo político las cuestiones organizativas son cruciales. Y consolidar un proyecto solo es posible si existe un marco de relaciones internas que posibilita, a la vez, el sentido de pertenencia y la posibilidad de participar libremente. Y esta falta de estructura organizativa bien diseñada genera en mucha gente una sensación de extrañamiento que no favorece la movilización. Las circunstancias tan dramáticas y complejas en las que se van a celebrar las elecciones constituyen una prueba de fuego para ver si, a pesar de todo, hay una base de cambio o, por el contrario, constatar un fin de ciclo. Nunca me gusta hacer de agorero. Siempre hay que tratar de mejorar lo que sea factible. Simplemente, me parece necesario poner de relieve los muchos interrogantes que plantea una cita electoral largo tiempo esperada pero al mismo tiempo complicada.

30/1/2021

Bonjour le tyran

José Manuel Barreal San Martín

Recordaremos, y no con alegría, el año finalizado. No será fácil que se olvide. Son muchas las razones para el recuerdo triste. No solo por la desfachatez del emérito que ha dejado a la democracia liberal española al pie de los caballos y la falta de valentía de la clase política para su enjuiciamiento. Será recordado, sobre todo, por una pandemia que ha llevado, está llevando, a miles de personas a la muerte.

Llevamos un año con la pandemia. Lo que está ocurriendo, en términos de vidas y de agudizamiento de la crisis económica y social, es de todos sabido. Muerte física y social, es su camino. Lo vemos a nuestro alrededor, en el vecindario. Somos muchos los que conocemos a alguien que ha muerto por el puñetero virus. Sin embargo, continuamos erre que erre. Tanto desde la gestión política, como desde la propia, individual. Permítaseme eludir comentarios sobre la primera, ya que se me escapan algunas actuaciones de los distintos gobiernos autonómicos y del central.

Seguro que hay que cuestionar o criticar alguna actuación política sobre la pandemia, ya que las hay deficientes. También aplaudir acciones de esa misma gestión política. De la sanidad y de las personas sanitarias, ¿qué decir? No los voy a llamar héroes. Sencillamente, tienen mi aplauso y admiración.

Expondré mi subjetiva opinión sobre nuestro comportamiento individual. Un comportamiento cuyo carácter solidario entiendo nadie cuestionará que es imprescindible para, cuanto menos, paliar los efectos dañinos del virus.

Dejemos atrás el verano y la semana santa. Lo ocurrido es de conocimiento común y el que no lo tenga es que no quiere tenerlo. Ciñámonos a la última "juerga". ¿Sabíamos o preveíamos que el relajamiento, al celebrar el nacimiento de Belén, iba a traer por enésima vez las consecuencias que ahora tenemos, en número de infecciones? Claro que se sabía, lo sabíamos todos. No hace falta ser virólogo. Aquí están las infecciones, las muertes... Todo teñido de la hipocresía de quienes ahora claman y culpabilizan a la clase política.

El epidemiólogo Fernando Simón, en una rueda de prensa, echaba la culpa a la ciudadanía por su relajamiento. Las vestiduras se han rasgado y le critican por esas declaraciones y por no haber tenido, junto con el gobierno, la valentía de prohibir las fiestas navideñas. A ver, si fácil es culpabilizar como hace Simón, no lo es menos la crítica montaraz hacia él y el gobierno.

Los gobiernos, incluido el español, no mandan nada: solo gestionan lo que el capital, en este caso el IBEX, les dicta. Están, al servicio del sistema económico imperante. El camino está tachonado de púas y de trampas por las finanzas. ¿Qué hubiese ocurrido si el gobierno central hubiera optado por prohibir las fiestas navideñas (por otro lado, una pura entelequia)? No es difícil prever que se hubiese armado la de dios desde el empresariado y desde la siempre montaraz derecha. ¿O no estamos viendo lo que la hostelería dice sobre sus pérdidas económicas (unas más reales que otras)? Como no se prohibieron las fiestas y éstas trajeron, lógicamente, la relajación ciudadana (léase, la "irresponsabilidad ciudadana"), el virus se desmelena y continúa fastidiando a todo el mundo.

Estamos en una sociedad infantilizada, consumista e individualizada. Lo colectivo no vende y, lo peor, no es defendido. Cuando se lee "lo que más me fastidiaba durante el confinamiento era no poder tomar el cafetín en la cafetería", dan ganas de tirarse de los pelos. Y, como Mafalda, "apearse de este mundo".

Alguna gente (la que se pasa por el forro su propia responsabilidad, que todas y todos tenemos) está pidiendo a gritos, con grandes dosis de jeremiada irresponsable, de lágrima cocodrilácea y de crítica hipócrita, que nos pongan las cadenas de la vigilancia día y noche, que todos tengamos un tirano a la puerta de casa. Es la gente que mañana asaltaría el Parlamento. Es la que nos pondría sus cadenas.

¡Claro que hay que pedir responsabilidades a los gobiernos! Pero a la vez hemos de cumplir con las nuestras. El tirano es una figura de moda, muy solicitada: pues nada, Bonjour le tyran, que así en francés suena más musical.

14/1/2021

Ensayo

Antonio Antón

¿Una teoría «queer» anticapitalista?

Existe una pluralidad analítica y teórica sobre lo queer. En el plano descriptivo, la propia palabra ha ido adquiriendo distintos significados. En su sentido literal inicial significa lo raro, extraño o no habitual. Hasta mitad del siglo XX se utilizaba para designar a las personas homosexuales de forma despectiva (maricón, bollera). Pero a partir de las décadas de los sesenta y setenta, con los procesos de liberación sexual y orgullo gay, fue tomando un significado positivo y de afirmación de los grupos homosexuales de gais y lesbianas. En una acepción amplia se refiere a las personas distintas respecto de las normativas e identificaciones mayoritarias heterosexuales y cisgénero, es decir, a los colectivos LGTBI. Queer adquiere un sentido de disidencia o transgresión frente a la normatividad de sexo/género dominante.

No obstante, en la medida que se va produciendo cierta normalización (en EE.UU. y Europa) de la vida y los derechos de las personas homosexuales, particularmente la regulación del matrimonio igualitario, lo queer va adquiriendo un sentido más restrictivo. Así, se referiría a lo diferente no solo respecto a la heteronormatividad sino también en relación a la homonormatividad, es decir, quedaría solo lo bisexual e intersexual, o bien lo transexual y transgénero. De esa forma, la Q de queer puede representar al conjunto de LGTBI (a veces con más letras) o solo a personas distintas a esos colectivos o con otras características específicas, lo que hace que se añada la Q.

Desde el punto de vista realista o pragmático, y dadas las grandes dificultades vitales de esos colectivos, la dinámica más transformadora e integradora es poner en primer plano la solidaridad y la defensa de sus derechos inmediatos desde su realidad concreta. Es el sentido del reciente manifiesto de ‘feministas por los derechos de las personas trans’ o la nueva ley para la defensa de sus derechos que está elaborando el Ministerio de Igualdad.

En el plano teórico hay distintos enfoques sobre lo queer; o sea, hay pluralidad de interpretaciones. La más elaborada es la posmoderna, sobre todo, a partir del pensamiento de J. Butler (ver en esta revista: Judith Butler y la pertenencia al feminismo). Existen posiciones intermedias entre posestructuralismo y estructuralismo marxista. Intentan conciliar, de alguna manera, el feminismo y la teoría queer con posiciones anticapitalistas, materialistas o de clase social, desde enfoques marxistas no economicistas o más heterodoxos. Al mismo tiempo, se dan posiciones más realistas y multidimensionales y distanciadas del pensamiento idealista posmoderno y del determinismo esencialista.

Una perspectiva anticapitalista interesante, con sesgos troskizantes, es la de Nancy Fraser (Capitalismo. Una conversación desde la Teoría Crítica y Los talleres ocultos del capital. Un mapa para la izquierda) a la que le dedico un capítulo de mi libro Identidades feministas y teoría crítica para destacar sus aportaciones y sus límites. Cabe citar también a Lynne Segal (¿Por qué el feminismo? Género, Psicología y Política) al integrar la mirada feminista y de clase social en el marco capitalista o la de Raewyn Connell (Género desde una perspectiva global, junto con Rebecca Pearse). Me voy a detener en el enfoque marxista queer de Holly Lewis (La política de todes. Feminismo, teoría queer y marxismo en la intersección), con la influencia de ideas gramscianas y luxemburguistas, al mismo tiempo que feministas y queer. Me centro en varios aspectos teórico-políticos relacionados con un marco global y los límites del enfoque no binario y el concepto de normatividad.

El marxismo queer de Lewis

Lewis hace una descripción histórica muy amplia e ilustrativa de los procesos feministas y queer y su conexión con otros movimientos sociales, en particular con el marxismo y la lucha anticapitalista. Cabe resaltar tres conclusiones (de las diez que explica) del marxismo queer, como lo denomina ella, para explicar sus aportaciones e insuficiencias.

La primera dice: ‘El modelo interseccional de la opresión debe ser reemplazado por un modelo unitario y relacional’. Acepta que el feminismo interseccional es un avance respecto del modelo dual de capitalismo/patriarcado (movimiento de clase y de género) pero según ella es insuficiente. Afirma que el racismo y el sexismo son procesos sociales dentro de una matriz material que sería la explotación capitalista. Pero la clase social la asienta en las relaciones económicas de la extracción de valor, según la versión marxista convencional. Así, aunque defiende que su centralidad sería táctica, no moral, le sigue dando una prioridad en la articulación de los procesos emancipadores. Pero es la gente trabajadora la que está cruzada por los diferentes tipos de opresiones e identidades, sean de clase, de género o étnico-nacionales… en realidades, interacciones y procesos identitarios complejos y múltiples.

Por tanto, tal como explica E. P. Thompson, la clase social (trabajadora) debería abordarse como una relación sociohistórica y multidimensional de subordinación y desposesión, conformada procesualmente a través de la experiencia de la pugna de las capas subalternas frente a los poderosos, el capitalismo patriarcal o el ‘orden social institucionalizado’ (Fraser). En ese sentido, existen convergencias o intersecciones entre los movimientos económico-sindicales (mejor que obreros) con otros procesos de lucha (feminista y antirracista) e identificaciones colectivas en la formación de un sujeto, como dice, unitario y relacional.

La segunda conclusión para comentar es la siguiente: ‘ser queer/trans no es reaccionario ni revolucionario’. Aquí lo expone con su autoridad desde su afirmación queer o de queerizar el marxismo y la cultura en general. Se desliga positivamente del determinismo sexual o de género criticando la idea (también generalizada en el marxismo determinista respecto al carácter revolucionario del proletariado) de que por la realidad de subordinación las personas y grupos sociales generan una conciencia y una actitud determinada, en este caso transgresora respecto a normativas y posiciones sociales dominantes.

Desde el determinismo no se valoran el conjunto de dinámicas estructurales, mediaciones institucionales y de poder y su interacción con las experiencias sociopolíticas y culturales de la gente que condicionan la relación entre realidad objetiva, conciencia y acción, entre estructura y agencia. Con ello la autora diferencia el sexo y el género de una práctica igualitaria-emancipadora que es la que definiría su actitud transformadora y su identidad sociocultural, feminista o queer, como persona o grupo social solidario y progresista.

Por ejemplo, desde la teoría crítica y relacional podemos distinguir cuatro planos: el feminismo como sujeto sociopolítico y cultural, junto con la conciencia e identificación feminista como sentido de pertenencia colectiva; la realidad del género, en ese caso femenino, con su papel social subordinado y la variedad de feminidades (y masculinidades); sus características biológicas de sexo (cis o trans), y las opciones sexuales heterosexual-homosexual (ocho según la escala de Kinsey, incluyendo formas mixtas y lo asexual).

También desde el movimiento de liberación homosexual se pueden diferenciar los cuatro planos con distintas expresiones: el de la opción sexual como experiencia vital; el grado de conciencia o identificación expresado a través del ‘orgullo’ gay (o lesbiano); su papel social o estereotipo de género; y los propios colectivos LGTBI como movimiento o actor social específico con una dinámica y un proyecto liberadores y en alianza con el feminismo.

En lo queer, a falta de cuatro denominaciones distintas, los cuatro significados se suelen integrar en el mismo significante, dándole un carácter más polisémico: realidad, conciencia o enfoque y sujeto… queer, en este caso no binario, indeterminado o distinto a las opciones mayoritarias de sexo, género y actor social. Sin embargo, no profundiza en esa senda de distinguir los distintos planos y analizar su interacción, y todavía le pesa cierta inercia estructuralista.

Igualmente de interés es su idea de rebajar la capacidad transformadora o anticapitalista de la acción contra la normatividad de sexo o de género: ‘El argumento de que el capitalismo prospera gracias a la normatividad ignora el hecho de que también prospera con la diversidad, el pluralismo, la moda y los nichos de mercado’, concluyendo que ‘es algo romántico pensar que puedes cambiar el mundo por medio de la diversidad sexual, la autoexpresión creativa y los vínculos comunales. Pero no puedes’. En ese sentido remarca que las personas trans e intersexuales también están marcadas por el género y que ‘no debieran ser utilizadas como una bandera de posibilidad radical para un futuro nuevo, posgénero’.

Está bien ese escepticismo sobre las posibles potencialidades transformadora de una opción sexual o de género si no van acompañados de un proceso colectivo (e individual) de cambio relacional, institucional y de poder, que es lo fundamental en los procesos igualitarios y emancipadores, en la conformación de sujetos sociopolíticos. En ese sentido, insiste en que ‘la cultura queer no es anticapitalista’ (desde su idea de qué es serlo), y ‘tampoco lo es queerizar la cultura’. Por tanto, es positivo su rechazo al mecanicismo.

Sin embargo, es unilateral y excesiva su valoración de que ‘oponerse a la normatividad es un gesto político vacío’. Por un lado, es realista al relativizar la importancia de la normatividad como marco disciplinario del poder (según Foucault) que somete la individualidad y cuya oposición y la ausencia de normas sería central para emancipación individual y colectiva. Por otro lado, vence su inercia determinista de sobrevalorar los cambios estructurales y económicos, infravalorando la autonomía y la mutua interacción de las transformaciones socioculturales, normativas o de prácticas sociales de los propios actores respecto de los cambios político-institucionales; es su apuesta, todavía poco precisa, de ‘queerizar’ el marxismo.

Polarización dialéctica frente a fragmentación posmoderna

La tercera de las conclusiones de Lewis por resaltar es: ‘el binarismo no es el problema y el pensamiento no binario no es la solución’. Comparto la critica a esa idea, eje fundamental para la actual ola cultural posmoderna. Alude a que no solo hay realidades dicotómicas, con el conflicto entre dos polos (por ejemplo entre racismo y antirracismo, o entre el poder establecido y las mayorías populares) sino que el propio relativismo posestructuralista también conforma nuevas polarizaciones, por ejemplo cis / trans, binario / diverso o uniforme, normativo (hetero u homo) / queer. No entro en las diferentes fundamentaciones filosóficas entre el pensamiento dialéctico (polarización de contrarios, actualizado por Hegel, Marx y Laclau), la metafísica racionalista de la uniformidad (o linealidad) y la fragmentación liberal o posmoderna; ni tampoco en la crítica a la virtualidad del justo medio y el centrismo aristotélico (o confuciano) o de las terceras vías socioliberales.

Aquí lo que interesa destacar es que existen realidades con polos en conflicto (o antagónicos), con dinámicas de dominación y subordinación y, por tanto, de igualdad y emancipación, cuya respuesta supone una confrontación para superar la injusticia de la desigualdad y la discriminación y garantizar la igualdad y la libertad.

En particular, estamos hablando de la polarización binaria o dinámica dicotómica entre feminismo y machismo (como orden estructural de poder y privilegios), muy expresivo en consignas como ¡Feminismo pa’ adelante; machismo pa’ atrás! Ese binarismo antagónico sí refleja una realidad a superar y favorece una estrategia transformadora; el horizonte es que un polo debe vencer al otro y neutralizarlo como grupo de poder dominador, aunque con una alternativa universalista igualitaria emancipadora o de derechos humanos.

A diferencia de esa polarización podemos decir que en otras dicotomías no hay antagonismo, como entre masculinidades y feminidades, heterosexualidad y homosexualidad, normatividad y queer, o incluso entre hombres y mujeres en el plano personal. Por mucho que haya privilegios en los primeros componentes, no son los enemigos irreconciliables de los segundos. Las desventajas hay que atajarlas con firmeza, pero son de diferente carácter cuando hablamos del machismo imbricado con el orden social establecido y la imposición de unas relaciones desiguales. Este sí es el enemigo y no caben opciones intermedias, solo contundencia transformadora y pedagogía activa; sin embargo, el pensamiento no binario no acierta en su análisis y la estrategia de superación. Es decir, de acuerdo con Lewis, el pensamiento no binario no es la solución; tampoco el binario como regla generalizada.

Por tanto, no toda la realidad es lineal, fluida y simplemente diversa y fragmentada, como defiende el pensamiento posestructuralista; ni tampoco uniforme, estática y rígida, como señala el esencialismo, o exclusivamente dicotómico como explica el pensamiento dialéctico rígido.

Los derechos humanos o los valores republicanos de igualdad, libertad y solidaridad aportan una orientación universalista para la acción colectiva y el comportamiento individual. Pero la elección de la confrontación o la cooperación, así como su combinación, dependen del sentido de la realidad y su contexto. No siempre lo mejor es la conciliación o la pugna. Dicho con las virtudes clásicas: unas veces hay que priorizar la fortaleza (firmeza) y la justicia, y otras la prudencia (sabiduría) y la templanza (entereza), por mucho que las cuatro expresen una finalidad ética y haya que saber combinarlas.

El marco para la acción feminista es, por un lado, la polarización (binaria) con el adversario patriarcal-capitalista, siendo problemáticas las vías intermedias o conciliadoras, y, por otro lado, la cooperación (interseccional y unitaria) con los aliados de las capas subordinadas, o bien con aspectos no antagónicos como la distinta normatividad sexual o de género. En esos casos son negativas las tendencias sectarias y excluyentes.

No tiene sentido generalizar un método de pensamiento (no binario) y una estrategia (diversa e inclusiva), válidos parcialmente para algunos campos (como la normatividad sexual o de género), a otros ámbitos y aspectos en los que prima la polarización de posiciones y la pugna transformadora, como en el movimiento feminista frente al orden social machista. Tampoco está justificado para demostrar la supuesta superioridad intelectual o identitaria, destacando lo aparentemente nuevo (post o trans), y desplazar la relevancia del enorme problema de la desigualdad de género y la importante tarea de fortalecer un feminismo igualitario y una dinámica liberadora de los colectivos LGTBI, críticos y transformadores. En ese sentido, junto con Lewis, hay que diferenciar lo LGTBI y lo queer, así como la defensa de sus derechos, de una interpretación no binaria, discursiva, que es específica solo de una corriente ideológica: la posmoderna.

En definitiva, los procesos de identificación y activación feminista se conforman en base a la dinámica binaria de polarización por el cambio de las relaciones sociales desiguales y dominadoras, expresadas con especial agudeza en la violencia machista y los mecanismos segregadores. El enfoque no binario es incapaz de explicar la profundidad de la realidad desigual y apoyar una estrategia transformadora eficaz. Pero esa polarización binaria absoluta, aplicada a otros campos (de género, sexo u opción sexual, por no hablar de otros tipos de relaciones interpersonales) generan dinámicas sectarias y excluyentes. Más, cuando distintas identidades de género o normatividades sexuales pueden ser legítimas y complementarias y forjar trayectorias unitarias o cooperativas frente a adversarios comunes y aun con disensos y conflictos parciales. La solución es la combinación de esa firmeza transformadora igualitaria-emancipadora con el respeto y la tolerancia a la diversidad y el pluralismo de las opciones vitales de cada persona y grupo social.

En resumen, hay un intento de superación, por una parte, de ideas posmodernas y, por otra parte, del estructuralismo mecanicista y excluyente, a través de un feminismo (o una dinámica queer) social y relacional, ni determinista ni solo cultural (o idealista). A pesar de los límites de pensadoras interesantes como Holly Lewis, este esfuerzo por superar las deficiencias de esas posiciones extremas esencialistas y posestructuralistas, buscando enfoques más multidimensionales e interactivos, constituye una vía fructífera para elaborar un feminismo (y una teoría queer) transformador, en el marco de una teoría social crítica y realista y una dinámica igualitaria y emancipadora.

[Antonio Antón es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité de Investigación de Sociología del género (FES)]

28/1/2021

El extremista discreto

El Lobo Feroz

Meter la pata

Creo que Gonzo es gallego. En todo caso, un estupendo periodista, lo más inteligente del show de Wyoming y que ahora parece haberse asociado a otro que tal baila, Évole. Los dos mejores entrevistadores del país. Veo la tele cuando Gonzo, que como siempre ha hecho los deberes, le formula a su interlocutor —uno tendente a improvisar— la pregunta siguiente: "¿Por qué el rey emérito es un fugado y Carles Puigdemont un exiliado, que es como llama usted a uno y a otro?" Hubo un momento de silencio, y en tal momento el Lobo que suscribe supo que el pollino, cazado en sus propias redes, iba a meter la pezuña, si es que los pollinos tienen pezuña. Lo hizo. De paso en seguida quedaron insultados los exiliados antifranquistas.

El empeño en meter la pata, o alguna otra cosa, parece una obligación de todo político, pero muy especialmente de los políticos de izquierda. Los de la derecha meten el cuerno. El cuerno hace daño a todos; la pata, sólo le hace daño al que la mete y a su formación, llena de buena gente que ha de soportar con paciencia a sus propios pollinos políticos. Dicho sea de paso, se trata de pollinos metafóricos, con cualidades metafóricas, porque los auténticos borriquillos, los de verdad, son unos vivientes simpáticos y sufridos, unos mártires que trabajan para los seres humanos siendo compensados por éstos con jarabe de palo. Un poco como el sistema político con la gente, que cuando ésta, que generalmente es mansa y paga con el sudor de su frente los impuestos de los que viven los señoritos electos, en cuanto alza un poquito la voz queda destinada a ser apaleada por la policía. Esto parece ser un principio básico e inmutable, de derecho natural, vaya, de la vida social.

A estas alturas de la vida, cuando uno es lobo viejo al que sus achaques le impiden intervenir como quisiera (¡hermanos achaques, que me protejéis de la contaminación politicista!), la especulación, la duda y las preguntas son lo único valioso que te queda. Uno especula por qué ciertas personas desperdician sistemáticamente la ocasión de callarse. Y si hablan, por qué no utilizan el galleguismo habitual en el oficio, que sirve tanto para subir como para bajar; sobre todo —sigo especulando— sería deseable que aprendieran a no responder al cuerno con el cuerno: el espectador, al sufrir tanta berrea de cornúpetos, desespera, porque esa degradación va contaminando más y más la vida civil.

Dudo que alguna vez los políticos dejen de prometernos que van a regalarnos un tranvía o una vaca que da leche merengada, o cualquier otra cosa que valga para la pesca de votos. Los políticos profesionales son de los pocos animales que no están en peligro de extinción, camaleones que cambian de color según el momento, la ocasión y el interlocutor.

También son como los melones, que no se sabe cómo van a salir. Cuando uno sale bueno hay que cuidarlo. Pero lo normal no es eso: del melón político suelen salir plantas o bichos trepadores. Además los hay que engañan sistemáticamente a su gente, que desvirtúan las instituciones y las funciones de las que están investidos; que delinquen, vaya, y luego huyen de la justicia; y también hay otros que parecen servidores de por vida de las instituciones cuando en realidad las han estado utilizando para hacerse ricos personalmente. El daño que hacen a la sociedad es muchísimo mayor que el que se cualifica jurídicamente en ambos casos. Son daños imperdonables. Imperdonables. Pero, claro, sus colegas les harán tarde o temprano un hoy por ti y mañana por mí, un do ut des. Un perdón útil de lo imperdonable, una nueva metedura de pata que les retratará debidamente.

Cuando empezamos a aprender colectivamente y por shock lo vulnerables que somos y lo graves que pueden llegar a ser los problemas colectivos, no debemos aceptar que los políticos profesionales, en su salsa, creen más.

Que les zurzan.

21/1/2021

De otras fuentes

Juan-Ramón Capella

Los Estados Unidos en círculo vicioso

Entre las muchas decisiones políticas bochornosas de la presidencia de Trump —abandonar los acuerdos sobre el control del armamento nuclear, sobre el clima, abandonar el acuerdo multilateral con Irán, imponer una política inmigratoria desalmada, suspender fondos a la OMS, poner embajada en Jerusalén, etc.—, lo que parece hasta ahora la trumpanada final, esto es, soliviantar a sus partidarios y enviarlos a presionar al Congreso norteamericano, no es sino un síntoma más de la decadencia de Estados Unidos como potencia hegemónica.

Es obvio que Trump sabía falsas sus alegaciones de corrupción del voto, anunciadas incluso antes de las elecciones. Haber mantenido esas acusaciones falsas no se puede interpretar sólo como búsqueda de base para las elecciones presidenciales siguientes, sino como un intento de cocer a fuego lento un golpe de estado blando que tal vez hubiera podido salirle bien.

Los Estados Unidos han logrado volver a ser la primera potencia económica mundial. El PIB norteamericano se ha incrementado más que notablemente en los últimos meses. El crecimiento económico se ha financiado como antes de 2008: mediante la expansión del crédito público y privado, esto es, incrementando una deuda que desde hace tiempo se considera impagable —y no es la única—. El empleo se ha recuperado. Eso explica en parte el apoyo social que encontró Trump.

Los Estados Unidos siguen siendo la principal potencia militar mundial. Los gastos militares directos se llevan el 8% de su presupuesto —hay gastos indirectos adicionales—. Tienen más de 800 bases militares en el extranjero —Rota es una de ellas—. Poseen una reserva de armas atómicas suficiente para acabar varias veces con la vida animal en la Tierra, además de armas químicas y probablemente bacteriológicas o neurológicas. Además de un arsenal armamentístico al que me referiré en seguida.

Esta potencia tiene otra cara. El presidente Eisenhower, un militar conservador, al abandonar la presidencia en 1961, se refería a lo que calificó de complejo-militar industrial. Una tupida red de relaciones que atenazaba ya entonces la política de los Estados Unidos, sus instituciones y también el pensamiento de los ciudadanos estadounidenses. Añadía, entre otras cosas, lo siguiente: "Esta conjunción de un inmenso sistema militar y una gran industria armamentística es algo nuevo para la experiencia norteamericana. Su influencia total (económica, política, incluso espiritual) es palpable en cada ciudad, en cada parlamento estatal, en cada departamento del gobierno federal".

La clarividencia de Eisenhower es manifiesta: desde la Segunda postguerra mundial los impuestos de los ciudadanos norteamericanos han financiado enormes arsenales que se han ido quedando obsoletos y han sido renovados constantemente: un arsenal de portaaviones, acorazados, cruceros, submarinos, fragatas, bombarderos y cazas, misiles intercontinentales, misiles de alcance medio, antimisiles, tanques y medios de transporte terrestre, bombas de hasta 40 toneladas y un ejército de casi un millón y medio de hombres. ¿Quién se acuerda ahora de los Minutemen, de los Pershing, de los Cruise, pozos sin fondo donde fueron enterrados millones y millones de dólares, que por fortuna no han sido utilizados? ¿Quién de las armas atómicas "limpias", diseñadas para una "guerra de teatro", por supuesto teatro europeo? ¿Quién de las pruebas atómicas casi semanales de los años cincuenta y sesenta? Todo eso lo ha financiado el contribuyente americano sin pestañear. Los analistas de la administración norteamericana que apoyaron la continuación de estas políticas en el siglo XXI temieron, en su Rebuiding America's Defenses (año 2000; puede ser leído en internet), que la población no apoyara tales gastos enormes "salvo que se produjera un nuevo Pearl Harbour". Lo obtuvieron el 11 de septiembre de 2001.

El complejo militar industrial no ha hecho más que crecer desde la denuncia de Eisenhower en 1961. Es un sistema de puertas giratorias entre las industrias armamentísticas y de suministros militares y los altos (y no tan altos) jefes del ejército, que pasan a los consejos de administración u otros puestos de las compañías de la industria armamentista (en realidad de cualquier empresa que le venda algo al Pentágono o al ejército, desde uniformes y pertrechos varios a la última novedad tecnológica, pasando por vehículos, servicios de comidas, limpieza, o de las empresas civiles de seguridad, etc.).

El sistema, que corrompe y dirige la política, se completa con una inteligente dispersión de las fábricas de armamento e industrias y servicios militares por todos los estados de la Unión, de modo que la hipotética amenaza de cierre o disminución de la producción bélica, con despido de trabajadores, etc., es vista con horror por los senadores de cada uno de los estados, que podrían perder sus escaños. Ejecutivo y legislativo están atenazados pues por el peligroso complejo militar industrial. Eisenhower señalaba el carácter total de esta influencia, que modifica el pensamiento de los ciudadanos estadounidenses (se les aterrorizó haciéndoles construir refugios contra un ataque atómico que jamás estuvo —y lo sabían— en la imaginación de los soviéticos). Hoy el ministerio de Defensa USA tiene atribuciones para controlar cualquier industria —sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías—; las leyes adoptadas tras el Pearl Harbour del 11 de septiembre de 2001 permiten al gobierno asesinar con drones a "combatientes enemigos" (por ejemplo, a científicos nucleares persas), o torturar fuera del territorio norteamericano, en Guantánamos inalcanzables por los jueces federales; el gobierno puede mentir legalmente, difundir falsedades (ejemplo en el Consejo de Seguridad de la ONU: las "armas de destrucción masiva" que Iraq no tenía; y la difamación de agentes gubernamentales que denunciaron una superchería que justificó hacer añicos la sociedad iraquí). El poder ejecutivo puede financiar a agentes suyos para que como periodistas difundan falsedades en el extranjero, y por supuesto organismos gubernamentales estadounidenses —NSA, CIA— promueven agitación política en todo el mundo de Bolivia a Brasil, de Ucrania a Hong Kong, y un sistema de vigilancia global que alcanza hasta los teléfonos móviles de jefes de gobierno aliados.

El sistema de relaciones entre la administración norteamericana y las empresas de medios audiovisuales y de ocio, combinado con los tratados comerciales, ha sido un factor importante en la imposición del modo de vida consumista y despilfarrador en casi todo el mundo.

No cabe duda de que el imperio estadounidense sigue siendo el más importante de la Tierra.

Sin embargo según la ONU 40 millones de habitantes de los Estados Unidos viven en condiciones de pobreza.

En las cárceles norteamericanas hay 2.300.000 personas, más que en ningún otro país.

La pandemia o sindemia de coronavirus se ha extendido en los Estados Unidos con más víctimas que en cualquier otra parte.

La sociedad de ese país, donde es lícito portar armas de fuego, está agudamente polarizada y dividida.

La población americana nativa fue objeto de un genocidio; el exterminio —o la degradación mediante el suministro de alcohol— de muchos de los pueblos indígenas fue prácticamente completo.

La esclavitud dio lugar a la creencia en la superioridad racial de los blancos frente a las poblaciones afroamericana e hispana. Los afroamericanos, en particular, son objeto de violencia por parte de organismos policiales.

En las ciudades de los Estados Unidos hay ghettos —de africanos, de chinos, de hispanos—; en el campo, la gente habita viviendas de madera expuestas a cada tornado o inundación.

En los Estados Unidos no hay seguridad social ni asistencia médica universal; hay en cambio corrupción en muchos estados y —hay que insistir en ello— violencia policial habitual (el cine y las series televisivas legitiman su actuación al margen del derecho).

En los Estados Unidos sigue siendo hegemónica la visión calvinista según la cual si eres pobre es por culpa tuya. La aceptación de una sociedad dividida entre predestinados ganadores y desgraciados perdedores.

Para cualquier observador externo resulta obvio que una reducción a la mitad de los gastos militares de los USA —que aún reducidos serían los mayores de la Tierra— podría reportar financiación para eliminar las rémoras del país: se podría erradicar la pobreza, sufragar un sistema de salud para toda la población, mejorar las condiciones de vida del campesinado, sanear los ghettos urbanos. Pero eso no es posible por las razones de fondo que han sido expuestas anteriormente.

El sistema político ha resultado ser una máquina de descartar las mejores opciones: la de H. Wallace en beneficio de Truman; la de Adlai Stevenson; en 1968 la de Eugene McCarthy o la de McGovern; la de B. Sanders recientemente. Eso cuando no se ha recurrido al asesinato, como en el caso del presidente Kennedy y el de su hermano Robert cuando era candidato a la presidencia.

El sistema electoral norteamericano es hoy aberrante, cuando los estados federados no se parecen gran cosa a los que declararon la independencia y cuando el trasiego de la población es cosa generalizada. Pues aún hay que inscribirse para votar —en vez de recibir en el domicilio, como entre nosotros, una notificación del censo—; además, con desprecio total de los votos de minoría, se eligen unos delegados, estado por estado, que deciden las elecciones presidenciales. Para el sufragio pasivo, para optar a ser elegido, hay que disponer de ingentes sumas de dinero, que proceden de lobbys del género más variopinto. Las empresas de servicios políticos en que se han convertido los partidos tienen más intereses electorales que proyectos políticos propiamente dichos. A menudo cometen errores de bulto.

El imperio americano tiene el timón atado al belicismo y el armamentismo para afrontar los problemas (no exclusivamente suyos) que le esperan. Le esperan el agotamiento de los combustibles fósiles, una crisis climática y ecológica muy general, una incremental desigualdad. El sistema político no sabe adoptar medios pacíficos y solidarios con otras poblaciones del planeta para los problemas que tenemos en común. Necesitaría un nuevo Roosevelt, un nuevo Kennedy. Pero no sabe producirlos, y si lo hiciera seguramente los asesinaría. Por eso resulta peligrosísimo. Ya nadie en el mundo debería secundar esa ciega estrategia belicista, por muy soft que parezcan sus sucesivas versiones.

[Fuente: Infolibre]

18/1/2021

Sebastián Martín Recio

La estrategia de la sanidad privada

En estos días, en los que estamos viviendo los estragos de la llamada segunda ola de la pandemia del coronavirus, también estamos observando cómo están proliferando los anuncios publicitarios de los distintos seguros privados de salud. Comienzo con esta observación porque es de general conocimiento y conclusión que en la medida en que la sanidad pública ha sufrido un grave deterioro, la sanidad privada ha incrementado sus beneficios económicos, sus infraestructuras y sus pólizas de seguros.

Pero esto que vemos no es una historia de reciente aparición. Nos encontramos ante un proceso, una estrategia de largo alcance, que, paso a paso, ha venido permitiendo el avance de un concepto y de un modelo sanitario que se basa en la consecución de la hegemonía de la sanidad privada en el conjunto de los servicios sanitarios.

1. La Ley General de Sanidad, su art. 90, el Informe Abril Martorell, y la Ley 15/1997

En 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, un verdadero avance social, llamado a superar el modelo de seguridad social existente, basado en la financiación y el acceso a los servicios sanitarios públicos a quienes cotizaban a la Seguridad Social. Los demás —no cotizantes— quedaban excluidos y, de forma muy evidente, quienes no tuvieran recurso alguno, ni pensión ni ayuda de ningún tipo, en situación de pobreza extrema, conformando los llamados padrones de beneficencia, atendidos de forma marginal en hospitales llamados de la caridad y por los médicos rurales. La asistencia “universal y gratuita”, aunque en principio no completa, fue una conquista social relevante.

Poco tardaron en aparecer las primeras “resistencias” o indicios de las contrarreformas tan propias en nuestro país. En 1991 se hizo público el llamado “Informe Abril Martorell”, y casi en el mismo periodo, siendo consejero de Salud de la Junta de Andalucía José Griñán (1990-1992) dio a conocer su documento Recursos Sanitarios en Andalucía, en el cual se hacía un análisis concluyente en la necesidad de que los servicios sanitarios privados tomaran mayor proporción en Andalucía; así se facilitaron las inversiones y expansiones de ámbitos privados, como fue el caso de las “Clínicas Pascual”.

El Informe Abril, más extenso, centró sus propuestas a partir del llamado “agotamiento del sistema sanitario público” que, efectivamente, comenzó a mostrar síntomas de desbordamiento por un incremento lógico de la demanda social, pero que, según dicho informe, se hacía necesario disminuir costes y hacer más” eficiente” la gestión. Proponía en sus conclusiones “el copago directo de una parte de la asistencia sanitaria o el abono directo por parte de los pensionistas del 40% de los medicamentos para reducir el fraude”. Todo ello llevó aparentemente al olvido este informe, en el que participaron 150 expertos. Digo aparentemente porque muchas de sus propuestas fueron apareciendo progresivamente tiempo después.

Así, la presión por conseguir una mayor “participación” del sector sanitario privado en la gestión y en los servicios sanitarios públicos toma cuerpo legal en la ley 15/1997 de 25 de abril, en la que en un solo artículo se viene a disponer que "la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad". De esta manera, las entidades sanitarias privadas quedaban “liberadas” de las posibles restricciones establecidas en la Ley General de Sanidad que, aunque en su artículo 90 admitiera “conciertos para la prestación de servicios con medios ajenos a ella”, lo hacía dando prioridad a las entidades sin ánimo de lucro y condicionadas previamente, entre otros muchos requisitos, a que los servicios públicos utilizaran con carácter óptimo sus propios recursos antes de efectuar cualquier concierto.

2. El incremento de los conciertos, externalizaciones y privatizaciones

A partir de aquí asistimos a una auténtica escalada de conciertos, contratos, consorcios, externalizaciones, privatizaciones y diferentes fórmulas que han permitido que el sector privado vaya progresivamente asumiendo más parcelas en la gestión y provisión de servicios asistenciales en los diferentes servicios de salud en las comunidades autónomas. Aparecen entonces empresas de mayor calado, multinacionales, y aumentan las clínicas y los centros hospitalarios privados… entre ellos cabe destacar los de propiedad de la Iglesia u órdenes religiosas.

Este proceso ha sido concomitante con la insuficiencia presupuestaria crónica para los servicios sanitarios públicos que las propias comunidades autónomas fueron denunciando desde que comenzaron a recibir dichas competencias. Y formando parte de este proceso “crónico”, junto a la insuficiencia presupuestaria, se dieron tres ámbitos problemáticos: para los pacientes, las listas de espera; para los profesionales, la precariedad laboral y retribuciones por debajo de la media europea; y para la administración, la fuerte presión de una demanda en aumento por el envejecimiento progresivo, la cronicidad de las patologías y el incremento de los costes tecnológicos y de la industria farmacéutica.

Y así, los seguros privados comenzaron un ascenso imparable de pólizas y de clientes insatisfechos por la asistencia recibida —especialmente por las listas de espera—. Y, al mismo tiempo, la sanidad pública “se desprendía” de parte de esa presión, derivada al ámbito privado. Y, por otra parte, numerosos médicos especialistas de la sanidad pública, compatibilizaban su ejercicio profesional en el sector privado, incrementando sus retribuciones. A partir de aquí se suman nuevas escaladas de penetración del sector privado, comenzando con la aparición de fuertes multinacionales europeas, absorbiendo empresas propias de nuestro país. Cabe aquí comentar algo publicado en la revista Acta Sanitaria.

Ya en 2008, cuando comenzó aquella crisis económica derivada de la política del ladrillo, los graves recortes que sufrieron los servicios sanitarios públicos generaron problemas de toda índole. Uno de los más llamativos fue el incremento de las listas de espera en todas las comunidades autónomas: incremento en las listas de esperas quirúrgicas, en las listas de espera para ser visto por un especialista, o en las listas de espera para pruebas diagnósticas. En un estudio realizado por El País precisamente se señalaba ese tema como la causa principal de la avalancha de personas que se inclinaron por suscribir un seguro privado de salud. Pero esto no es un hecho circunstancial, como si los recortes y el deterioro y las listas de espera generaran una consecuencia casualmente, esto es una estrategia de largo alcance que viene desde hace muchos años. Veamos.

3. Las presiones de la Unión Europea, el BCE y las multinacionales del sector

Comenzada la crisis y estando España en una situación de gran debilidad económica, con una prima de riesgo muy elevada, con una deuda en aumento y con una salida muy difícil que abocaba a un escandaloso rescate, la UE, el Banco Central Europeo, puso una serie de condiciones al Gobierno español y una de las medidas que se pusieron sobre la mesa era la exigencia de apoyar el sector privado de la sanidad para ir por la senda de una sanidad mixta —tipo Alemania— (ver revista Acta Sanitaria, 26 de septiembre de 2012). Algo que hoy, de manera sarcástica, llaman colaboración público privada, y que no es otra cosa que un incremento de los beneficios de la sanidad privada a expensas del presupuesto público. Y, de trasfondo, la progresiva presencia y expansión de multinacionales europeas de servicios sanitarios. De esta forma, España es ya el tercer país en Europa en el gasto sanitario privado en proporción al gasto sanitario total (más de un 30%)

4. La confluencia y cooperación de todos los sectores sanitarios privados en una estrategia común: IDIS

Desde entonces el sector privado ha tenido una estrategia clara y evidente que es necesario resaltar. La primera ha sido unificar todos sus recursos y ámbitos de dominio financiero y asistencial, creando una llamada fundación IDIS (Fundación Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad) para trabajar de manera unitaria como grupo de presión política y social con el objetivo de conseguir esa estrategia de incremento de la sanidad privada.

Todas las aseguradoras y empresas privadas del sector sanitario, con fuertes lazos con entidades bancarias, están representadas en IDIS: DKV, HM Hospitales, Mapfre, Quironsalud, Vithas, Asisa, Sanitas, Adeslas, Farmaindustria, Ribera Salud, Axa, Hospitales Católicos, Catalana de Occidente y un largo etc. están en los órganos de gobierno y, junto a estos, una importante cantidad de empresas de servicios de toda índole entre sus colaboradores...

5. El irresistible ascenso de las pólizas de seguros

5.1. Los funcionarios y sus Mutuas

Desde que aparecieron las Mutuas de funcionarios (MUFACE, de los Funcionarios de la administración civil del Estado; ISFAS, de las Fuerzas Armadas; MUGEJU, Mutualidad General Judicial), sus beneficiarios podían elegir entre la sanidad privada o la sanidad pública para la prestación de la asistencia sanitaria. La gran mayoría —más del 80%— escogieron la sanidad privada de entre diferentes aseguradoras que, tras un concurso público, asumían los servicios asistenciales sanitarios equivalentes a los de la sanidad pública. Hablamos de unos dos millones de personas.

5.2. Sobrepasando los 11 millones de pólizas de asegurados

Pues han sido desde amplios sectores sociales desde los que se ha estimulado la contratación de pólizas de seguros privados.

Numerosos Colegios Profesionales incluyen en la cuota colegial un seguro privado de salud para sus colegiados. También en grandes empresas o diferentes Administraciones Públicas, como Diputaciones o Ayuntamientos, en muchos de ellos, van seguros privados de salud conseguidos en las negociaciones retributivas de los sindicatos (también en algunos, planes privados de pensiones).

5.3. El Plan PISE para garantizar la “sostenibilidad del Servicio Nacional de Salud”

El Plan PISE (Programa de Incentivos a la Sanidad Eficiente) propuesto por la Fundación IDIS consiste en la desgravación de los seguros médicos privados y se concibe como un plan estatal (no regional), coordinado y centralizado a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se trataría de una medida de ahorro para el sistema sanitario público y, por tanto, la aplicación de la desgravación fiscal sanitaria debería contemplarse en el capítulo de deducciones generales del Estado, no solo en los tramos autonómicos del IRPF.

Esta línea estratégica de IDIS parte de un principio: cada persona que contrata un seguro privado de salud, al mismo tiempo supone un ahorro para el gasto sanitario público, pues las consultas, las pruebas diagnósticas, etc., que se harían ya en las clínicas privadas, son una descarga para la sanidad pública. Un ahorro para el Estado, en definitiva, que podría ser estimulado mediante una desgravación fiscal. El dinero que dejaría de percibir el Estado a través de esas desgravaciones, entre 35 y 110 euros, según porcentaje de deducción aplicado (5-15%, por persona y año), sería muy inferior al ahorro de más de 500 euros por persona y año que supondría para la sanidad pública el acceso de estos nuevos usuarios a la sanidad privada.

Y esto que parece algo inverosímil, ya se ha conseguido aprobar, en parte y para un sector concreto, el de los autónomos: en la “Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 6/2017 de 24 de Octubre”, artículo 11. Deducibilidad en el IRPF, se establece: “Tendrán la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto en estimación directa: a) Las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente o de 1550 euros por cada una de ellas con discapacidad”. Esto fue aprobado por unanimidad en el Congreso.

Es decir, cada autónomo que suscriba un seguro privado de salud (que le puede costar unos 500 euros de media) se ahorrará 500 euros en impuestos (“lo comido por lo servido, no hay coste”...) Hay 3,2 millones de trabajadores autónomos en España. Hablamos de unos 1.500 millones de euros los que, en vez de a la Hacienda pública, irían a parar a las aseguradoras privadas... Se podrían situar en los 15 millones de pólizas de seguros privados a medio plazo.

6. El mayor beneficio en la gran inversión de los servicios sociosanitarios

Este es un tema aparte. Todos hemos visto durante la pandemia cómo el sector más vulnerable, el de las residencias de mayores, estaba en manos privadas en cerca de un 80%, y cuál ha sido la consecuencia fatal, por falta de recursos sanitarios en las mismas: más de 24.000 fallecidos.

Pero ahora hablamos de otro ámbito de los servicios sociosanitarios, que están aún por desarrollar en nuestro país. Hablamos de los llamados “Cuidados Intermedios”. IDIS ha llegado a la conclusión de que una de las líneas de rentabilidad está en "desarrollar los cuidados sociosanitarios, clave para absorber la demanda de la cronicidad" en los pacientes de más de 65 años. Los mayores de 65 años son los que más recursos sanitarios consumen. Y, en el caso de la hospitalizaciones los que suponen un mayor coste, con lo que llaman “prolongación innecesaria del tiempo de hospitalización”. Esto dicen en uno de sus informes:

La inexistencia de los recursos sociosanitarios requeridos por este perfil de usuario está causando, según destaca el informe, además de ineficiencias asistenciales derivadas del alargamiento de la estancia de estos usuarios en hospitales de agudos, un gasto estimado de 884,8 millones de euros, equivalentes a 4.300 camas de hospitalización. También se detectan carencias derivadas de altas tempranas seguidas del posterior ingreso en centros residenciales privados o de la marcha al domicilio; entornos que en muchas ocasiones tampoco disponen de los recursos necesarios para ofrecer una buena rehabilitación del paciente.

Vemos, pues, una "alianza perfecta":

De un lado, el sistema sanitario público, gestionado con criterios gerenciales y economicistas por las UGC, dispuesto a desembarazarse de cientos de miles de pacientes, a los que llaman "hiperfrecuentadores", que son personas ancianas con enfermedades crónicas y episodios de ictus, infartos, demencias, fracturas de cadera, neoplasias... que suponen para estos gerentes "una carga económica insoportable" por el elevado coste de las largas hospitalizaciones que necesitan...

Y, por otro, el sistema privado, dispuesto a desarrollar ámbitos asistenciales de "mínimos cuidados", con escasa atención especializada e infraestructura diagnóstica, basando su oferta en la llamada "rehabilitación de bajo coste", y personal en precario, fundamentalmente auxiliar y de enfermería... Ello les permitirá buenos "conciertos" con el sistema público (ahí está la cifra mencionada de 884,8 millones de gastos de esta población asistida) y un "ahorro" de la sanidad pública, a expensas, claro está, de un descenso en la calidad real de los cuidados a estos pacientes mayores.

7. Los maravillosos “Planes de Choque” contra las listas de espera

El problema es conocido por todos, y, tras la pandemia se ha multiplicado. IDIS ha ofrecido al gobierno de España, y también a los gobiernos de cada una de las comunidades, un plan de choque para eliminar en unos meses las listas de espera quirúrgicas. Concretamente, al gobierno de España le han ofrecido limpiar estas listas de espera por 1.500 millones de euros. A Andalucía sola, por ejemplo, serían 135.

También aquí surge el planteamiento del bajo coste que en realidad esto supondría, teniendo en cuenta que la sanidad privada pagaría además lo correspondiente al IRPF. No nos va a extrañar que en el llamado “Plan de Reconstrucción Sanitaria” que se ha tratado en el Congreso de los Diputados, y en cuya Comisión han tenido fuerte presencia los sectores de la sanidad privada, salgan iniciativas de esta índole, en vez de orientar este plan de reconstrucción al reforzamiento de la sanidad pública, ampliando recursos y optimizándolos para que esas listas de espera se aborden desde el propio sistema sanitario público.

8. Y después de la pandemia, ¿qué?

Tras un proceso en el cual hemos visto la ausencia real de la sanidad privada en una pandemia, en muchos casos con el argumento de que las pólizas de seguro en su letra pequeña no asumían la atención en caso de catástrofes como pueda ser una pandemia, muchas personas que incluso habían pagado su seguro privado eran derivadas a la sanidad pública, que sí tenía la obligación, por ser universal, de atenderlas… Tras todo esto, la sanidad privada, desde ese “segundo plano”, pretende ahora apuntarse en la salida de la crisis con un modelo llamado colaboración público privada que no es otro que una sanidad privada en expansión, asumiendo todos aquellos aspectos menos costosos, menos gravosos de la atención a los pacientes, para incrementar sus beneficios, hasta conseguir una hegemonía sanitaria.

Viendo la evolución de los servicios sanitarios públicos y privados en los últimos 30 años, la sanidad privada alcanzará probablemente los 20 millones de pólizas de asegurados, en distintas modalidades, según los recursos económicos de cada asegurado. Con mayor o menor cobertura de diferentes servicios, con copagos para diferentes actuaciones… Pero eso sí, las personas mayores de 65 años, quienes tengan patologías crónicas (o antecedentes) que puedan suponer un coste elevado, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión diabetes, procesos pulmonares... y no digamos si hablamos de cáncer..., todas esas personas, de una manera o de otra, serán rechazadas directamente o indirectamente vía altos costes de las pólizas y será la sanidad pública, deteriorada, desgastada, la que habrá de acogerlos, como siempre ha hecho.

GASTO EN PROVISION PRIVADA SOBRE EL GASTO SANITARIO POR CC AA

Ese modelo de “sanidad mixta” al que se tiende, al que nos empujan, en el que inevitablemente el acceso a sus diferentes “carteras de servicios” estará condicionado por los recursos económicos de cada cual, sólo puede ser frenado por los movimientos sociales, las Mareas Blancas, los profesionales de compromiso ético, los sindicatos con visión solidaria, la ciudadanía consciente en defensa de lo público, … para conseguir o conquistar nuevamente que prevalezca, sin lugar a más regateos, la sanidad pública, universal y de calidad, con infraestructuras, personal y presupuestos suficientes, con una atención primaria bien dotada de recursos y competencias para un desarrollo importante de la prevención y de la promoción de la salud.

Referencias:

LEY GENERAL DE SANIDAD: https://www.boe.es/boe/dias/1986/04/29/pdfs/A15207-15224.pdf

INFORME ABRIL MARTORELL: https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Abril

https://www.abc.es/salud/sanidad/abci-informe-abril-martorell-reforma-sanitaria-llego-doce-anos-despues-200311220300-221968_noticia.html#&ref=https:%2F%2Fes.wikipedia.org%2F

LEY 15/1997 DE 25 ABRIL: https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-9021-consolidado.pdf

CLÍNICAS PASCUAL:

https://www.josemanuelpascualpascual.es/index.php/quienes-somos

"Las mayores empresas del sector salud generan en España más de 66.000 millones": https://www.eleconomista.es/ESP250-salud/noticias/10257987/12/19/Las-mayores-empresas-del-sector-salud-generan-en-Espana-mas-de-66000- millones.html

El peso de la privada en el gasto sanitario crece en 12 de las 17 CCAA. Este sector representa el 30,2% del gasto sanitario total en España, según el último informe del IDIS: https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/el-peso-de-la-privada-en-el-gasto-sanitario-crece-en-12-de-las-17-ccaa-4744?platform=hootsuite

LEY DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO: https://www.boe.es/eli/es/l/2017/10/24/6

Proyectos cuidados sociosanitarios propuestos por IDIS (artículo completo): http://sanidadprivada.publicacionmedica.com/noticia/desarrollar-los-cuidados-sociosanitarios-clave-para-absorber-la-demanda-de-la-cronicidad

INFORME DE IDIS SOBRE CUIDADOS SOCIOSANITARIOS INTERMEDIOS: https://www.fundacionidis.com/wp-content/informes/informesociosanitario2016_idis_0.pdf

[Fuente: blog Vientos de cambio justo]

18/12/2020

Tarik Ali

El juicio de Julian Assange

El juicio ha terminado. La juez Vanessa Baraitser ha dictaminado que no se extradite a Julian Assange a los Estados Unidos. Si alguien que haya estado observando el juicio afirma no estar sorprendido, es que te está contando una mentirijilla.

Nadie que asistiera a las sesiones del proceso (como fue mi caso en una fase anterior) podía haber dejado de caer en la cuenta del sesgo y, en ciertas ocasiones, la abierta hostilidad que mostró Baraitser hacia los abogados de la defensa. El grueso de su juicio fue por el estilo. La defensa presentó numerosos argumentos según los cuales no debería extraditarse a los EE.UU. a Assange – por encima de todo, que los EE.UU. habían presentado cargos políticos, no criminales, contra Assange, lo cual prohibe el tratado de extradición entre el Reino Unido y los EE.UU.– y falló en contra de casi todos ellos.

Dictaminó que no existía base para pensar que no se respetarían los derechos constitucionales de Assange en los EE.UU. o que se vería sometido a un castigo arbitrario tras la extradición. Negaba por último, en los últimos párrafos del fallo, que se tratara de una persecución de motivaciones políticas encaminada a silenciar a un periodista, con lo que esencialmente salvaba las apariencias en lo que respecta al gobierno británico.

Por el contrario, falló en contra de la extradición sobre la base de que resultaría ‘opresivo por razones de perjuicio mental’: que en las condiciones previas al juicio en los EE.UU., sometido a aislamiento en una cárcel de máxima seguridad, pudiera no evitarse que Assange se suicidara.

Tal parece que fue al espectro de ‘supermax’ – la brutal realidad del sistema carcelario norteamericano – al que se sentó en el banquillo y se encontró culpable. Pura hipocresía. La cárcel londinense de Belmarsh, tristemente famosa, en la que se mantuvo en aislamiento a Assange después de ser detenido por la fuerza en la embajada de Ecuador, ¿es por comparación una zona humanitaria? A finales de 2019, los médicos que reconocieron a Assange redactaron una carta abierta al gobierno británico, declarando que ‘podría morir en prisión sin atención médica urgente’, debido a las condiciones en las que se le mantenía. Nils Melzer, Relator de las Naciones Unidas para la Tortura, advirtió que ‘Assange mostraba todas las señales típicas de las víctimas de tortura psicológica’, al haber permanecido en régimen de aislamiento a todos los efectos durante más de un año a fecha de hoy’. Pero Baraitser despachó su testimonio sin más ni más.

Su veredicto es sólo el primer paso. No sabemos si a Assange se le otorgará fianza a la espera del recurso norteamericano o si la juez se mostrará vengativa. En su vista mañana para la fianza, el tribunal se mostrará más preocupado por el riesgo de fuga que por el riesgo de asesinato. Y aunque Baraitser expresara su seria preocupación por su bienestar psicológico, es improbable que la salvaguarde emitiendo una orden de protección.

Siguen planteándose preguntas sobre las verdaderas razones de esta clemencia. ¿Hizo saber la inminente administración de Biden que prefería evitar su procesamiento en los EE.UU., en el que el New York Times se vería obligado a defender los derechos de Assange de acuerdo con la Primera Enmienda, puesto que también había publicado materiales de Wikileaks? ¿Quería el gobierno británico vincular esto al atasco de su caso de extradición de Anne Sacoolas, la mujer del diplomático norteamericano que atropelló a un adolescente británico en agosto de 2019? Todavía pueden aparecer más detalles. Pero, como se dice en los deportes, una victoria es una victoria. La negativa a la extradición debería ser objeto de celebración, sean cuales fueren sus motivos.

Como sabe la mayoría de la gente, el caso contra Assange – iniciativa de Eric Holder, Fiscal General norteamericano con Obama – es poco más que un intento de suprimir la libertad de expresión. En un mundo en el que la propaganda visual resulta central para hacer la guerra, las contraimágenes representan un problema para los belicistas. Cuando Al Yazira difundió filmaciones de tropas norteamericanas que atacaban a civiles durante la Guerra contra el Terror, un general del Ejército norteamericano – acompañado por un jeep repleto de soldados armados – entró en la sede del canal de noticias en Qatar para exigir una explicación. El director de la emisora, un palestino de voz suave, le explicó que informaban sencillamente de las noticias. Un año después, fue despedido de su puesto.

De modo parecido, Wikileaks obtuvo grabaciones del ataque en 2007 de un helicóptero norteamericano contra civiles desarmados en Bagdad. Se oyó exclamar a los pilotos: ‘¡Que ardan todos!’, y hacer bromas después de disparar contra dos niños: ‘Bueno, es culpa suya por meter a sus hijos en la refriega’. Ese macabro cinismo conmocionó a muchos después de que el video se difundiera de modo masivo. El crimen que presentaba no era novedoso, ni era comparable en volumen a anteriores atrocidades (matanzas de prisioneros de guerra en Corea, guerra química en Vietnam, bombardeo en alfombra en Camboya, y así sucesivamente). Pero el Pentágono estalló con que el video de Wikileaks alentaría represalias terroristas. El problema no consistía evidentemente en cometer crímenes de guerra, sino en grabarlos con una cámara. Por lo tanto, a Chelsea Manning, que filtró el material, y a Assange, que lo publicó, se les debe obligar a sufrir las consecuencias.

Wikileaks arrojaba luz sobre las verdaderas razones de las intervenciones militares de la década del 2000, que nada tenían que ver con la libertad, la democracia o los derechos humanos, salvo como contraseñas de la acumulación de capital. Recurriendo a la Red para esquivar los medios tradicionales, Assange publicó más de dos millones de cables diplomáticos y registros del Departamento de Estado que dejaban al descubierto la maquinaria del Imperio Norteamericano. La reacción del Estado norteamericano ha caído a menudo en lo absurdo, como un perro que sin pensar tratara de hincarle el diente a todo y acabara mordiéndose su propia cola; Assange apuntó que ‘para marzo de 2012, el Pentágono había llegado a crear un filtro automático para bloquear todo tipo de correos electrónicos, incluidos los que llegaban al Pentágono, que contuvieran la palabra Wikileaks’. En consecuencia, los fiscales del Pentágono que preparaban la acusación contra Chelsea Manning se encontraron con que no estaban recibiendo correos electrónicos importantes ni del juez ni de la defensa.

La venganza era un motivo menor. El objetivo primordial consistía en disuadir a otros reveladores de secretos. Pero esto resultaba miope e insensato. Quienes denuncian los crímenes de guerra, la corrupción o las infracciones empresariales son gente habitualmente valerosa pero ‘corriente’, a menudo bastante conservadora, que trabaja en instituciones del “establishment”: pensemos en Edward Snowden, otrora empleado de la CIA, o en Daniel Ellsberg, antiguo marine. ¿Sucumbiría tan fácilmente a esa clase de disuasión una persona así, cuya entera visión del mundo se ha visto agitada por algún horror en su conciencia? El intento de llevar a cabo un escarmiento con Manning y Assange casa mal con la mentalidad de los reveladores de secretos, cuyo sentido de la injusticia les impulsa a aceptar las consecuencia de las filtraciones, cambiándoles la vida.

Ellsberg, el funcionario del Departamento de Estado, que entregó al New York Times los Papeles del Pentágono secretos, se convirtió finalmente en prenda adorada de los liberales, sobre todo entre los demócratas, pues puso de manifiesto las mentiras y fechorías de Nixon durante la guerra de Vietnam. Dudo que Julian Assange llegue alguna vez a alcanzar tan exaltado estatus en alguno de los dos lados del Atlántico. Ha sido difamado por medios de todo el espectro político. Los periódicos liberales han hecho cola para afirmar que ‘no es un periodista’, sino un ‘activista’, o, tal como dijo el Boston Herald, un ‘espía’. Su juicio nunca tuvo la cobertura merecida en el NYT, el Washington Post or el Guardian. Este último, pese a haber publicado el material de Wikileaks en 2011, parece hoy haber abandonado por completo el periodismo de investigación serio. Por contraposición, El País y el Suddeutsche Zeitung fueron más objetivos.

Considerando lo que Assange ha sufrido, unas cuantas semanas de libertad en la Gran Bretaña confinada serán un regalo del cielo. Se acabó el espacio atestado y la falta de luz solar; tendrá oportunidad de abrazar a su pareja y sus hijos, de utilizar un ordenador, de coger un libro cualquiera. ‘Estoy entero, si bien literalmente rodeado de asesinos’, le escribió a un amigo desde Belmarsh. ‘Pero los días en los que podía leer y hablar y organizarme para defenderme y defender mis ideales y a mi gente han terminado…’

Tal vez no.

[Fuente: Sidecar (blog de la New Left Review)]

[Traducción de Lucas Antón en Sin Permiso]

5/1/2021

Juan Torres López

Los culpables no son las farmacéuticas, sino la Comisión, el Parlamento y los gobiernos europeos

Voy a comenzar este artículo por lo que había pensado que fuese mi conclusión final:

• Un informe de la Cámara Internacional de Comercio (aquí) estima que si los países continúan aplicando un enfoque descoordinado para la distribución de vacunas y los gobiernos no garantizan el acceso de las economías en desarrollo a las vacunas covid-19, el mundo corre el riesgo de pérdidas del PIB mundial solo en 2021 de hasta 9,2 billones de dólares.

• Dicho informe calcula que la financiación que faltaría poner para proporcionar una vacuna a toda la población del mundo que la necesita sería de unos 27.200 millones de dólares. Es decir, 338 veces menos del daño que produciría no hacerlo.

• Por cada uno de los 27.200 millones de dólares necesarios, las economías podrían recibir un retorno de 166 dólares.

• Esos 27.200 millones de dólares representan el 3% de los 750.000 millones de euros que la Unión Europea tiene previsto dedicar a combatir la pandemia y sus efectos económicos.

A la vista de estos datos, que la Comisión Europea se empeñe en mantener la estrategia de mercado que está siguiendo, que el Parlamento Europeo no se levante y reclame sensatez y que los gobiernos sigan poniendo en peligro a su población y arruinando a sus economías a mí no parece que sea insensato sino criminal. Y ahora, explicaré por qué me lo parece.

El proceso de vacunación está siendo un desastre en la Unión Europea y la Comisión se empeña ahora en hacernos creer que la culpa es de un laboratorio que incumple los contratos.

No voy a defender aquí a AstraZeneca, cuya historia está plagada de fraudes, incumplimientos y malas prácticas asociadas a su posición cuasi monopolista en los mercados (aquí información detallada). Solo quiero señalar que, a mi juicio, los responsables del desastre en el que se hallan los países europeos no son los laboratorios sino las instituciones europeas que han planteado mal, desde el principio, la lucha contra una pandemia que va a terminar provocando, como se sabía que iba a ocurrir, la crisis económica más grave de la historia contemporánea.

La Unión Europea en su conjunto no ha sabido o no ha querido asumir que la pandemia de la covid-19 es un problema mundial y que como tal debería haberse enfrentado. Se ha sumado al "sálvese quien pueda" de los países más ricos, en lugar de entender que una emergencia planetaria como la que vivimos requiere medidas de cooperación global y que solo con eficacia, cooperación, solidaridad y equidad se puede combatir realmente a un virus que no entiende de fronteras.

La Unión Europea ha actuado desde el inicio de la pandemia anteponiendo los intereses financieros a los sanitarios y permitiendo que la respuesta viniera de empresas que, legítimamente, se deben a sus accionistas y al cumplimiento de sus objetivos comerciales.

Tratando equivocadamente de ahorrar recursos, la Comisión Europea se hizo cargo del aprovisionamiento de las vacunas y ahí ha cometido también errores garrafales que al final provocarán despilfarro, retraso en la respuesta sanitaria y mayores costes en vidas y en dinero a todas las economías europeas. Aunque, en realidad, ni siquiera se respetó ese principio y se dejó que grandes países, como Alemania, mantuvieran estrategias particulares de compra. No se supo gestionar la adopción de acuerdos con celeridad y eficacia y su burocracia retrasó la aprobación y la compra de las vacunas. Sin llegar a los 450 millones de habitantes, los propios responsables de la Comisión afirman haber confirmado la compra de unas 2.300 millones de dosis y, sin embargo, ahora no hay disponibles para seguir con el proceso, a diferencia de lo que ocurre en otros países.

A la Unión Europea, como a otros pocos países ricos, se le ha llenado el ojo antes que la tripa y ahora resulta que solo diez de ellos disponen del 75% de la producción de las vacunas. Un completo sinsentido que dará lugar a que la pandemia y sus tremendos efectos económicos se sigan extendiendo.

La Unión Europea ha procedido con oscurantismo a la hora de contratar. Salvo en un solo caso, no se han hecho públicos los contratos a pesar de suscribirlos con dinero público; y solo por error o filtraciones se saben los precios de las vacunas o que se ha renunciado a exigir responsabilidad a las empresas. Una auténtica barbaridad cuando, al mismo tiempo, se ha permitido que el proceso de obtención de las vacunas haya sido irregular y en muchas ocasiones dictado por los intereses financieros de los laboratorios.

Se ha tomado el pelo a la ciudadanía, como hizo la comisaria de Salud en el Parlamento Europeo cuando afirmó que "la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado" (aquí). Una mentira vergonzosa porque el mercado en el que se producen y distribuyen las vacunas contra la covid-19 es justamente lo contrario, muy poco competitivo. Es, en realidad, oligopolista e incluso monopolista en algunos casos o desde ciertos puntos de vista. Por tanto, lo inteligente, lo razonable, lo más justo, lo incluso menos costoso y, por supuesto, lo más seguro para la vida de las personas, hubiera sido corregir a ese mercado no competitivo, domeñarlo, someter a las fuerzas que no actúan con la auténtica competencia que hace eficientes a los mercados, y no aceptar las condiciones ineficientes y peligrosas para la salud que imponen quienes se están saltando a la torera las leyes que se supone que deben guiar el funcionamiento de los mercados para que estos funcionen adecuadamente.

Las autoridades de la Unión Europea ha dado por bueno que empresas como Pfizer vayan a tener unos márgenes de beneficio de entre el 60% y el 80% con su vacuna (aquí) y, en general, que todas ellas hagan el mayor negocio de su historia gracias a la investigación básica que han realizado instituciones públicas (aquí) y con el dinero de los gobiernos que ahora no les reclaman el valor generado por sus inversiones (aquí). Sencillamente hablando, es una falsedad que las vacunas contra la covid-19 solo hayan sido posibles gracias al esfuerzo inversor de los laboratorios farmacéuticos y al monopolio que les conceden las patentes. Como expliqué hace unos meses (La covid-19 y la propiedad de las vacunas y medicamentos) el régimen de propiedad y las condiciones de los mercados actuales no facilita la innovación, ni mejora la cobertura de la salud en el mundo sino que las empeora, entre otras razones, porque las empresas dedican más recursos a obtener rentabilidad financiera que a innovar: en 2017, 2018 y 2019 dedicaron 28.600 millones de dólares a recompras de acciones y 10.000 millones a I+D (aquí).

Las autoridades de la Unión Europea han renunciado a considerar la solución de la pandemia, las vacunas, como lo que debería ser, un bien público al que debieran acceder de modo gratuito y equitativo todas las personas del mundo, puesto que la Covid-19 es un mal global. Por el contrario, han permitido que se conviertan en una mercancía más, impidiendo así su uso generalizado, eficiente, menos costoso, y seguro.

La Unión Europea, es decir, la Comisión que tomó decisiones ejecutivas erróneas, el Parlamento que no fue capaz de imponer principios morales y medidas políticas alternativas, y los gobiernos de todos los países que no han sabido coordinarse con eficacia, ni anteponer los intereses generales y el cuidado de la salud a los mercantiles de las grandes empresas, son los responsables de lo que está sucediendo en Europa.

La Unión Europea ha renunciado a actuar como un motor de progreso y ha sucumbido una vez más —cuando la enfermedad y la muerte de millones de personas y una gigantesca crisis económica reclaman más que nunca una política para el bien común— a las lógicas del capitalismo financiarizado, especulativo y monopolista de nuestro tiempo. Es una vergüenza y una ignominia que, en lugar de estar preocupadas por adoptar soluciones inmediatas, eficaces, seguras y justas en Europa y de contribuir a que ocurra lo mismo en el resto del mundo, las autoridades europeas no den tregua y estén más dedicadas a recordar los recortes en bienestar, pensiones, cuidados, educación o salud que deberán hacer los gobiernos cuando todo esto concluya.

La Unión Europea es responsable de lo que está sucediendo con la pandemia en Europa y en concreto del fracaso en la estrategia de vacunación porque renunció a lo que podría haber hecho y que está contemplado y asumido por la Organización Mundial de la Salud, la expropiación de las patentes cuyo monopolio afecta a la covid-19. Como vienen solicitando cientos de autoridades, premios Nobel, científicos y organizaciones de todo tipo (aquí), para combatir la pandemia se necesitaba la puesta en común de todas las patentes, datos, conocimientos y tecnologías disponibles en el planeta; un plan de producción y distribución global con transparencia y a precios reales; y la garantía de que la vacuna se proporcionaría gratuitamente a todas las personas y dando prioridad a quienes están más expuestas, a las más vulnerables y a los países con menos capacidad para salvar vidas.

La Unión Europea es responsable y ahora no puede culpabilizar a terceros, porque se sabía de sobra que una estrategia de mercado como la que adoptaron sus dirigentes iba a tener las consecuencias que estamos sufriendo.

Hasta uno de los más grandes defensores del mercado, Milton Friedman, reconocía que "por supuesto, la existencia de un mercado libre no elimina la necesidad de un gobierno. Por el contrario, el gobierno es esencial como foro para determinar las reglas del juego y como árbitro para aplicar las reglas que se decidan". El problema de la Unión Europea es que se empeña en que esas reglas no sean otras que la que desean, precisamente, los oligopolios y monopolios que dominan los mercados, y los convierten en fuentes de ineficiencia, inseguridad, inmoralidad y injusticia que matan a la gente.

[Fuente: Público]

29/1/2021

Rafael Poch de Feliu

Emperador Trump

La degeneración de la república estadounidense viene de lejos y tiene que ver con su acción imperial. Nadie como Donald Trump, una caricatura de Calígula del siglo XXI, la ha retratado.

* * *

El torpe intento de Donald Trump por revertir los resultados electorales en Estados Unidos es, objetivamente, una fechoría menor al lado de las que su acción exterior tiene en su haber a lo largo de su nefasto mandato presidencial.

Comparado con su retirada de los acuerdos fundamentales sobre control de armamento nuclear, su ruptura de los compromisos internacionales en materia de calentamiento global, su veto a las iniciativas para poner fin a las masacres en Yemen, su responsabilidad en la mortandad ocasionada en Venezuela por sus sanciones y bloqueos, su retirada del acuerdo nuclear con Irán y el asesinato de su principal líder militar, que coloca a toda la región ante una tensión extrema; comparado con sus iniciativas para seguir recompensando a Israel por su pisoteo del derecho internacional hacia Palestina y su ocupación, su escalada militar con China y Rusia que encierran el peligro de un conflicto mundial, es decir, comparado con todo aquello que ha hecho de Trump un presidente aun más criminal e irresponsable en su acción exterior que la criminal media que va con el cargo de Presidente de Estados Unidos por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, su chapucera pataleta del asalto al Congreso, con todas las ambiguas complicidades institucionales que la rodean, es un asunto de calibre menor.

Sin embargo para el complejo mediático ha sido este pintoresco incidente, y no todo lo anterior, lo que ha aportado la prueba de la dolencia.

“La violencia en el Capitolio muestra que Estados Unidos padece una enfermedad grave. Entre el público votante, el 21% piensa que las elecciones fueron amañadas y existe el temor de que incidentes similares puedan ocurrir en cualquier momento”, señalaba el viernes el editorial del diario surcoreano Hankyoreh.

En realidad el proceso de degeneración de la democracia americana, lo que Chalmers Johnson definió como la emergencia de la presidencia imperial y la atrofia de los poderes legislativo y judicial, es un proceso que tiene profundas raíces en el complejo militar-industrial de posguerra y “en el modo en el que amplios sectores de la población aceptaron al ejército como institución pública más efectiva así como toda una serie de aberraciones de nuestro sistema electoral”.

Desde 1941, Estados Unidos ha estado permanentemente implicado y movilizado en la guerra. Así ha sido como la República realizó la profecía formulada en abril de 1795 por James Madison, uno de sus padres fundadores:

De todos los enemigos de la verdadera libertad, la guerra es quizás el más temido, porque compromete y desarrolla el germen de todos los demás. La guerra es el padre de los ejércitos; de éstos proceden deudas e impuestos, y los ejércitos, las deudas y los impuestos son los instrumentos conocidos para poner a la mayoría bajo el dominio de unos pocos. También en la guerra se amplía el poder discrecional del Ejecutivo; se multiplica su influencia en el reparto de cargos, honores y emolumentos. Todos los medios para seducir las mentes, se suman a los de dominar la fuerza del pueblo. El mismo aspecto maligno del republicanismo se puede rastrear en la desigualdad de fortunas y las oportunidades de fraude que surgen de un estado de guerra y en la degeneración de los modales y de la moral, engendrados en ambos. Ninguna nación puede preservar su libertad en medio de una guerra continua. La guerra es, de hecho, la verdadera incubadora del engordamiento del ejecutivo. En la guerra debe crearse una fuerza física y es la voluntad ejecutiva quien la va a dirigir. En la guerra, los tesoros públicos deben abrirse y es la mano ejecutiva quien los distribuye. En la guerra se multiplican los honores y emolumentos del cargo que se enroscan alrededor del ejecutivo. Las pasiones más fuertes y las debilidades más peligrosas del espíritu humano; la ambición, la avaricia, la vanidad, el amor honorable o venal a la fama, están todos en conspiración contra el deseo y deber de la paz.

Más de medio siglo de devoción a la guerra hicieron que los estadounidenses abandonaran sus controles republicanos sobre las actividades de sus mandatarios y elevaron al ejército a una posición que en la práctica está por encima de la ley, constataba Johnson hace una década. Esa evolución degenerativa explica, por ejemplo, que el fraude al Congreso que significaron las mentiras que justificaron la guerra de Irak quedaran completamente impunes y que a nadie se le ocurriera pedir responsabilidades por ellas.

Con la personalidad sociópata de Donald Trump en la Casa Blanca, esta gangrena degenerativa adquirió tal crudo nivel de evidencia, que los habituales decorados, disimulos y coartadas propagandísticas del Imperio apenas ocultaban ya sus vergüenzas. Por eso Trump ha dividido al establishment estadounidense, además de a la población, y no por casualidad este presidente Calígula se granjeó la enemistad del aparato de propaganda liberal: por su burda caricaturización de la criminal y brutal naturaleza del sistema al que ese aparato da brillo y esplendor.

Contemplado desde la perspectiva de los golpes, “revoluciones” y operaciones de cambio de régimen que Estados Unidos propicia y celebra en el mundo, desde Venezuela, hasta Hong Kong, pasando por Ucrania y Bolivia, por citar algunos de los más recientes, el “golpe” de Washington, con cuatro muertos y una irrupción de vándalos parecidos a hinchas de fútbol en el “templo de la democracia”, ha sido un espectáculo de opereta. Puede que no haya sido así para muchos ciudadanos de Estados Unidos que aún creen que su degenerada república imperial es una democracia, pero desde luego sí a ojos de la mayoría del mundo que sufre el poder imperial de Washington.

(P. S.: El escándalo liberal ante el espectáculo de Washington contrasta mucho con la indiferencia con que se ha acogido la sentencia del tribunal británico contra Julian Assange, un enemigo del Imperio y el disidente occidental más significativo de nuestro tiempo junto con Edward Snowden. La sentencia que ha denegado, de momento, la extradición de Assange a Estados Unidos, no ha objetado el asunto de fondo: está plenamente de acuerdo en que el culpable no es el criminal sino quien denuncia y expone sus crímenes. Caracterizando a Assange como frágil mental, la jueza Baraitser ha convertido en desequilibrio síquico un caso de persecución política y disidencia, honrando una tradición bien conocida en la URSS de los años setenta. El objetado riesgo de suicidio ha servido para no extraditar —quizá de acuerdo con la administración de Biden—, pero no para una puesta en libertad, lo que equivale a una continuación de la persecución y castigo del enemigo público que en el mejor de los casos permanecerá tres meses más en la prisión de alta seguridad en abierto insulto al más elemental sentido de la decencia.)

[Fuente: Ctxt]

8/1/2021

Agustín Moreno

Las estrellas solo se ven en la oscuridad

“Siempre parece imposible hasta que se hace”

Nelson Mandela (después de ganar la batalla al Big Pharma con los genéricos para el VIH)

Es importante empezar el nuevo año haciendo una recapitulación de un año tan difícil como 2020. Intentar responder a una pregunta crucial que yo mismo me hacía en plena crisis sanitaria: ¿hemos aprendido algo de la pandemia? y que no parece que tenga una respuesta positiva a la luz de los acontecimientos posteriores. Ayuda en la reflexión, el recomendable ensayo del sociólogo y político de la izquierda belga, Peter Mertens: Los olvidados (Editorial Atrapasueños, Madrid 2020). Sigamos su ejercicio de pedagogía para razonar sobre qué nos está pasando y qué hacer.

Que un hombre se coma un animal exótico en un rincón del mundo y cien días después media humanidad esté confinada, demuestra lo interconectados que estamos y lo vulnerables que somos. Un virus microscópico ha golpeado al planeta como si fuera un meteorito. A estas alturas, hay cien millones de contagiados, más de dos millones de muertes y un 90% de los países del mundo sufren un serio retroceso en su economía, mucho mayor que el Gran Crack de 1929.

Y cuando la estructura de esta civilización se venía abajo como un castillo de cartas, aparecen los sanitarios, el personal de los cuidados, de la limpieza, los trabajadores de los supermercados, del transporte y la seguridad, el profesorado, los empleados públicos, los repartidores, los trabajadores de las fábricas y del campo… y hacen que todo vuelva funcionar.

Cuando todo estaba oscuro fueron los trabajadores y trabajadoras normales y corrientes quienes nos ayudaron a sobrevivir en tiempos de pandemia. Como dice Mertens: “Las estrellas solo se ven en la oscuridad”. Sin ellos nadie nos curaría, ni cuidaría, ni tendríamos qué comer, no estaríamos a salvo. La población ha tomado conciencia del carácter esencial de su trabajo, como expresaban los aplausos al personal sanitario.

Pero no son suficientes esos aplausos y el agradecimiento. Eso no llena las neveras, no asegura el empleo, no mejora sus condiciones de trabajo. Se mantiene una gran brecha entre la escasa consideración laboral de muchos de los trabajos (bajos salarios, precariedad…) y su importancia social real. Por eso tienen que plantarse. Un ejemplo, fue la protesta de las batas blancas en el mes de mayo, cuando la primera ministra belga Sophie Wilmès fue de visita al hospital Saint-Pierre de Bruselas. El personal sanitario, uno a uno, se fue girando a su paso y le dieron la espalda. Un acto de protesta de gran simbolismo porque, como dicen los sanitarios, “los políticos nos dan la espalda constantemente cuando les pedimos ayuda".

No han sido los especuladores financieros, los consultores, los charlatanes de todo tipo los que han hecho que las cosas funcionen, han sido aquellos desde hace tiempo no sabíamos quiénes eran y que antes llamábamos clase obrera. La pandemia ha puesto en evidencia que los trabajadores existen y son imprescindibles, que son los héroes en la crisis sanitaria, aunque el capitalismo les trate como si fueran chusma.

Pero, como dice Owen Jones, es evidente que el coronavirus es una cuestión de clase. Ello se ha dejado de ver en las condiciones del confinamiento en las viviendas, la capacidad de atender a los niños, los riesgos obligados a asumir, el tipo de garantías de seguridad en el trabajo, la protección social, etc. No hay ninguna duda de que la pandemia se alimenta cuando las condiciones de vida y de trabajo son terribles.

Ello produjo auténticas revueltas, como la de los metalúrgicos italianos, en huelga para garantizar la seguridad y no ser carne de cañón. No hay que olvidar que los neoliberales más conspicuos se oponían a parar la producción para que “el remedio no fuera peor que la enfermedad” (Trump); consideraban que “no había lugar en el debate sobre el covid para las emociones [...] y que las flores marchitas se podan, quizá unos meses antes” (Marianne Zwagerman); o que el 99% de la población no se iba a sacrificar por el 1% (Ayuso).

Pero los ricos y grandes empresarios quieren volver a la anormalidad anterior, a aplicar las viejas mentiras neoliberales basadas en la explotación, la especulación y el negocio. Volver al “no hay dinero para” las pensiones, los servicios públicos, los salarios y condiciones de trabajo dignas, para luchar contra la pobreza. Hay que olvidar la cita de Marx de que “El Estado es el comité ejecutivo de la burguesía”, algo que no habrá recordado la izquierda en el Gobierno de coalición en España. Y que estará presente a la hora de participar en las ayudas del Fondo de Recuperación de la Unión Europea y las condiciones que se pretenderán imponer.

¿Por qué hay que aceptar recortes sociales o la degradación del mercado de trabajo para recibir estos fondos? Lo lógico sería aplicar limitaciones para recibir ayudas del Estado a las empresas que evaden impuestos, que contaminan, que deterioran las condiciones del empleo, que reparten dividendos, que discriminan a las mujeres… Ahora bien, todo es una relación de fuerzas.

Pero un gigante, la clase trabajadora, ha despertado. Los trabajadores que habían desaparecido como sujeto histórico han vuelto. Han mantenido el país en marcha y ahora deben recuperar su orgullo, la conciencia de su carácter indispensable, la confianza en sus propias fuerzas. Y, para ganarse el respeto, deben luchar. De lo contrario, los héroes de hoy, serán olvidados mañana si no se organizan y se movilizan para cambiar las cosas. Hoy tienen la autoridad que emana de sus actos: haber sacado adelante el país en unos momentos muy difíciles.

Los sindicatos también se deben levantar y ser capaces de resetearse para recuperar prestigio y la confianza de los trabajadores de toda condición. La defensa del empleo digno y de calidad pasa por derogar las últimas reformas laborales; una protección social adecuada supone mejorar las pensiones y no admitir ningún tipo de recorte; fortalecer servicios esenciales como la sanidad y la educación pública exige más inversión; otro modelo productivo y más democracia en las empresas es un horizonte estratégico. Han anunciado movilizaciones para febrero, ojalá vayan en serio, porque ése es el camino.

Y, claro, que hay alternativas. Peter Martens recurre al Green New Deal de Bernie Sanders y de Alexandria Ocasio-Cortez, inspirado en el New Deal con el que Roosevelt hizo frente a la Gran Depresión de los años treinta. Hace propuestas para afrontar las dos crisis: la económica y la climática. A través de un plan europeo de reconstrucción basado en inversiones públicas para que la transición ecológica y digital no quede en manos privadas. Se estructura en cuatro ejes estratégicos: la energía, el transporte, la transición digital y la sanidad. Creando grandes consorcios públicos europeos y apostando por un impuesto europeo sobre el patrimonio. Le da un nombre cargado de significado: Plan Prometeo, porque de eso se trata, de dar el fuego a la ciudadanía para que no tengan que inclinarse, para que lo usen para cubrir sus necesidades, y para que sea un fuego interior que los permita pensar, soñar y osar.

Pero el camino no será fácil, porque también advierte de la aparición de monstruos, como la ultraderecha y nuevas formas de autoritarismo. Con el discurso ramplón de “Nuestra gente primero”, los que siembran el odio forman parte del problema y no de la solución. No hay que olvidar que el fascismo ha sido el recurso utilizado por las élites cuando ven en peligro sus intereses.

Con la pandemia hemos pasado del vivir de uno en uno, a necesitarnos los unos a los otros. Por ello, una cosa es evitar el contacto físico y otra el social. Y aunque la distancia física hay que mantenerla a metro y medio mientras dure la pandemia, no debe haber un milímetro de distancia social, porque eso significa interiorización y derrota. Hemos empezado a recuperar el principio sagrado de la solidaridad, que en tiempos de crisis es más importante que el dinero. No debemos olvidar ni dejar atrás nada ni a nadie. El futuro les pertenece a los que hacen que el mundo gire.

[Fuente: Cuarto Poder]

22/1/2021

Daniel Bernabé

«Iglesias, primera temporada»: un problema más allá del querer y el poder

Quizá la palabra que mejor define al universo de la izquierda española en este inicio de 2021 es astenia: falta o decaimiento de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga o ausencia de iniciativa. Hablamos de Unidas Podemos, pero sobre todo de la izquierda social: votantes, simpatizantes, intelectuales y opinadores que, dependiendo de un cierto ambiente narrativo, han pasado del entusiasmo a un estado letárgico en meses, cuando no a un desencanto tan acelerado como hostil. ¿Esto es justo? En cuestiones del corazón, que es de lo que trata el desencanto, siempre es difícil apelar a la ecuanimidad.

Este domingo por el Salvados de Gonzo pasó Pablo Iglesias en un momento complicado precisamente por lo apuntado en el párrafo de inicio: el espacio de La Sexta sabía dónde jugaba. El interés de la cita no se hallaba en ver cómo un vicepresidente contestaba a una serie de cuestiones de actualidad, sino sobre todo en cómo Iglesias se enfrentaba a las contradicciones entre pasado y presente. Unas contradicciones que han propiciado, en parte, el ambiente en que se ha instalado la astenia. La otra parte, no menos importante, se compone de la partida de ajedrez que el PSOE juega con su socio de Gobierno, la presión de un sistema económico-mediático naturalmente hostil frente a quien considera un cuerpo extraño a eliminar y el paso de la adolescencia a la adultez política que esta generación progresista no está llevando nada bien: aprender la diferencia entre el querer y el poder es tan duro como el primer desengaño amoroso. 80 años fuera de un Gobierno nacional tampoco dan para tener gran experiencia.

Salvados, que tituló la entrevista "Pablo Iglesias: primera temporada", fue eligiendo antiguas declaraciones del vicepresidente, a las que encabezaba con el título de una serie, para lograr ese efecto de contradicción. Observar el cambio físico de Iglesias desde sus primeras apariciones hasta la conversación con Gonzo fue una buena metáfora visual de este encontronazo con el pasado, desde la nacionalización de las eléctricas hasta los escraches, desde su trato con los medios hasta su relación con el poder económico. Parecía señalarse que el "sí se puede" al final ha resultado un "pues no se podía". Al espectador le quedaba por decidir si las palabras de Iglesias en el pasado fueron exageración o fraude y si ahora es un traidor o un inútil. También existía la posibilidad de pensar que vivimos un presente político de unas extraordinarias limitaciones, pero algo nos dice que esta última opción no fue la mayoritaria.

En la entrevista se insistió no en lo conseguido del acuerdo de coalición, sino en sus partes incumplidas o pendientes. La entrevista pareció olvidar que ese acuerdo tenía dos firmas, siendo el PSOE tan corresponsable de su ejecución como los morados, cargando el peso de sus incumplimientos en quien presiona para que se lleve a la práctica, en quien ya rebajó su programa para adaptarse al acuerdo, más que en quien lo limita y dice que no es el momento. Que se pidan explicaciones por no subir el Salario Mínimo Interprofesional en 2021 a quien ha sido amenazado con su destitución por intentar subirlo quizá no sea situar el foco justo en el lugar de interés. La crítica es necesaria, el problema es que cuando la crítica se ejerce tanto hacia los principios como a las posibilidades, sin tener en cuenta los actores ni los medios, pierde su valor para convertirse en una moción a la totalidad.

Iglesias repitió a lo largo de la entrevista el concepto de la "correlación de fuerzas", que es, en último término, lo que define las posibilidades de la política, tanto institucional como informal. Si en el periodo que va de 2010 a 2015 no se produjo casi ninguna victoria de la calle frente al Gobierno de Rajoy, aquel que metía hachazos al sector público entre recortes y corrupción, fue justamente por esta correlación de fuerzas. Lo cierto es que aunque el momento fue trepidante, Rajoy resistió porque la masa social en su contra, pese a ser impresionante, no fue determinante: enfrente no estaba sólo su Ejecutivo sino el entramado internacional financiero. Nadie en la izquierda critica que la gente saliera a la calle, que los movimientos sociales se organizaran o que los sindicatos convocaran tres huelgas generales. Aquello valió, al menos, para que la Troika no apretara aún más, para que este Gobierno, hoy en día, sea una realidad tangible. A veces las batallas que se pierden son condición para las victorias futuras.

Se puede cuestionar, claro, que este Gobierno de coalición sea una victoria, no que fue el resultado de esta última década de cambios. Se puede sugerir que Unidas Podemos hubiera hecho mejor quedándose fuera del Gobierno, siempre que se explique a continuación cómo sería nuestra realidad actual sin UP en el Ejecutivo. Diferente, al menos, sobre todo para los ciudadanos que carecen de resortes, que no sean los colectivos, para pugnar por sus intereses de clase. La prueba es una muy concreta: cada ley aprobada que el PSOE ha considerado excesiva ha tenido que ser arrancada a codazos por UP. Y esto no siempre ha llegado a la opinión pública, sobre todo porque UP decidió que su posición, hasta este otoño, debía ser de unidad absoluta con los socialistas, a tenor de unos meses iniciales durísimos con una oposición encabritada y muchas presiones para disolver la coalición, también mediante ese fuego amigo de los Felipe González y compañía.

La otra prueba de que las cosas serían diferentes son las acusaciones de ilegitimidad de la derecha, los movimientos espectrales encabezados por militares, secundados por algunas togas y tribunas, de los que empezamos a enterarnos el pasado diciembre y de los que por aquí dimos cumplida cuenta. Nadie se toma tantas molestias, nadie desestabiliza y se viste con el uniforme de golpista si no considera que un Gobierno es una amenaza, al menos potencial, para sus privilegiados intereses. Quizá tenemos una derecha tan echada al monte que esto hubiera pasado incluso con un gabinete monocolor del PSOE, podemos imaginar que sin UP en el consejo de ministros el ardor guerrero hubiera sido netamente menor. No es tan sólo una cuestión de odio al fantasma comunista, es el miedo a la legitimidad que la izquierda puede ganar si la experiencia de Gobierno funciona.

¿Y está funcionando? Si lo vemos desde el punto de las cesiones por supuesto que la astenia y el desencanto aparecen. Es decir, que si partíamos de la base de que una coalición de izquierdas con 35 diputados sobre un total de 350, considerada por el poder económico como el enemigo, a la que se ha atacado con focos y cloacas, iba a ir proponiendo medidas que se aprobarían sin mayor esfuerzo y tensión, quizá el problema no sea de desencanto, sino de puerilidad. Siempre se puede pensar que la sucia experiencia de la política institucional mancha y que era mejor ejercer de Pepito Grillo desde la bancada de la oposición o, ya puestos, desde el extraparlamentarismo. La coherencia sería, sin duda, mayor, los resultados y las oportunidades inexistentes. La valoración justa debería llegar al fin de la legislatura: de momento unos cuantos millones de trabajadores han visto nacionalizados sus sueldos que es lo que, aunque no se diga así, están siendo los ERTE. Calviño no llena los consejos de ministros de alambre de espino por nimiedades.

El problema es que esta apelación a la coherencia entre fines, medios y resultados es del todo inútil en el ámbito sentimental, entre otras cosas porque, y aquí la culpa sí es atribuible directamente a Podemos, en su momento de auge presentó no un programa imposible -nunca lo ha sido-, sino una aspiración al poder del todo irreal, el "asaltar los cielos", que pensaron buena metáfora cuando estuvieron a punto de situarse en 2015 como el primer partido de la oposición: nadie puede aspirar a ganar reconociendo que no va a ganar, el problema es cuando no se consigue. Que Iglesias dijera en Salvados que se "había dado cuenta que estar en el Gobierno no era estar en el poder" no fue más que repetir lo que ya dijo en la campaña para las generales de 2019, realmente otras muchas veces cuando aún era analista antes que candidato. Lo reseñable es que tras la entrevista importó más en el universo de la izquierda digital la crítica a Iglesias por asumir que la política está amordazada por los intereses económicos de la élite, que la denuncia del hecho en sí mismo. Lo jodido no es que Iglesias justifique sus límites, lo jodido sería que los justificara como los óptimos y deseables.

Unidas Podemos declina electoralmente porque los éxitos del Gobierno son atrapados por Sánchez, como era de esperar, pero las cesiones, errores e incumplimientos le son atribuidos a Iglesias. Los electores del PSOE no ven con antipatía a Iglesias, pero no tienen intención de votarle. Algunos votantes de UP no ven con antipatía a Sánchez, siendo posible que le voten como un mal menor en el caso de que los ultras aprieten. Otra parte, sin embargo, ha optado por el gesto arisco, que es lo que queda tras la decepción. Iglesias lo sabe, por eso arrecia en la crítica interna al Ejecutivo, algo que es obviamente presentado por sus detractores como foco de división e inestabilidad. Unos por interés, los otros por una pasada ilusión, obvian el contexto en el que se desarrolla la acción de Gobierno, una hostil para la izquierda sistémicamente, empeorada hasta lo impensable por la pandemia y sus consecuencias económicas.

UP ha cometido varios errores en este año de Gobierno, uno, desde mi punto de vista, plantear desde el ministerio de Igualdad una futura ley trans que se ha convertido en una guerra feminista de muy difícil solución. El otro apostar por un republicanismo que, estando al margen del secesionismo catalán, puede ser confundido como paralelo por defender el criterio de que el problema territorial existe y es de índole política. Es cierto, pero este año ha barrido demasiadas posiciones y ha puesto en pie otras pocas y, hoy, el independentismo se practica con más furor desde la Puerta del Sol que desde el Palau. Eso sí, la comparación de Puigdemont con los exiliados de la II República fue del todo fallida: Iglesias debe salir de ese pozo con prontitud. En todo caso, ambas cuestiones reflejan que en tiempos de incertidumbre los temas que más se pagan son aquellos que tienen más aristas identitarias que asideros constatables. Jugar fuera del "casa, trabajo, salud" es hoy más arriesgado que nunca.

Quien escribe intuye la potencia o descrédito de una opción política por la intensidad en los aplausos o abucheos. En el auge de Podemos cualquier galimatías teórico alabando sus tácticas cotizaba al alza. Hoy ocurre lo mismo con cualquier artículo donde se muestre esa crítica de la que hablábamos antes: culpar de la misma manera a los principios y a las posibilidades sin tener en cuenta los medios y los actores. Ambos momentos son igual de falsos e interesados. Escribir no es siempre el ejercicio de narrar lo que sucede sino, a menudo, narrarlo para obtener protagonismo. Los ambientes son importantísimos en política, sobre todo para el votante de izquierdas, que tiende a la orfandad y la melancolía. Y el ambiente actual tiene también bastante que ver con qué es más lucrativo profesionalmente atizar a la parte de UP de este Gobierno que narrarlo teniendo en cuenta su contexto. También en los teclados de la izquierda. Los más exagerados aduladores de ayer son siempre los verdugos más virulentos del presente.

Muy probablemente este Gobierno de coalición terminará cuando a alguno de sus dos socios le salga más cara la unión que el divorcio. Normalmente las rupturas se producen cuando uno de los cónyuges se siente más seguro y aventurado que el otro. Muy probablemente UP pague caro su atrevimiento, cargando con lo que no pudo ser más que abanderando lo que fue posible. Muy probablemente la comodidad del desencanto sea más atractiva que la dureza de la realidad. Muy probablemente la única manera de evitar todo esto sea apelando a la política útil, esa que permanece ajena al oportunismo y a las broncas de red social y afecta directamente a la vida de muchos, justo los que carecen de tiempo para administrar las coherencias sentimentalmente. Muy probablemente a Unidas Podemos le haga falta asumir que nadie quiere escuchar el por qué no, por muy cierto que sea, pero sí que le vuelvan a recordar el por qué sí. Que le demuestren que su voto ha valido para algo.

No es que antes fuera bonito. Es que ahora es de verdad.

[Fuente: Público.es]

30/1/2021

Luis Arroyo

Menosprecio de lo falso

Cruzcampo ha hecho un anuncio que se ha reproducido a la velocidad de un virus en las redes sociales. Pocos saben que la palabra meme proviene, por ocurrencia de Richard Dawkins (El gen egoísta), de la palabra “gen” (gene en inglés). Dawkins dice que si el gen es la unidad mínima de vida que lucha por extenderse para sobrevivir en el planeta, a la unidad mínima de cultura podríamos llamarla meme, porque se reproduce de forma parecida. Tienen éxito los genes y los memes que son prolíficos y fieles al copiarse.

El meme producido por los cerveceros tiene esas características, porque utiliza la imagen y la voz (ambas falseadas) de Lola Flores, y porque apela a la autenticidad, a la identidad que se manifiesta en una manera genuina de hablar. En un anuncio de un minuto, la falsa Lola Flores reivindica el acento, se entiende que andaluz. “¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento”.

Para realizar el spot, la agencia de publicidad ha utilizado técnicas de deepfake, de ultrafalseamiento. Utilizando la inteligencia artificial y a partir de miles de imágenes y sonidos reales de una persona, se generan vídeos en los que esa persona parece estar diciendo lo que nunca dijo. La cosa puede resultar graciosa, como en el anuncio de Cruzcampo, o en esa bienvenida que Salvador Dalí da a los visitantes de su museo en Florida.

Pero también puede resultar ofensiva, como cuando se cambia la imagen y la voz de una actriz porno por la de otra mujer, como les pasó a Scarlett Johansson o Gal Gadot, o cuando se ponen en boca de un político contenidos falsos que pueden comprometerle.

Más allá de la discusión ética que rodea el uso del ultrafalseamiento audiovisual, el anuncio de cerveza es todo un signo de nuestro tiempo. El tiempo en el que lo falso y lo real se mezclan hasta no saber dónde queda cada uno. No deja de ser una cínica paradoja que una de las artistas más auténticas que dio el siglo XX, más naturales y menos prefabricadas, se convierta en objeto de un ultrafalseamiento… para defender la autenticidad. Es una parodia de nuestra era la escena que yo imagino: ese equipo de creativos que para defender el acento genuino –se supone que eso hace de su producto una bebida también genuina– coge las imágenes de una artista muerta conocida por su desparpajo y la convierte en un busto parlante completamente ficticio.

Perdido el vídeo en la inmensidad de nuestra videoteca universal, en breve muchos quedarán confundidos. Creerán que, de hecho, Lola Flores reivindicó su acento andaluz para un anuncio de cervezas. No tiene demasiada importancia como suceso aislado, pero sí deberíamos poner las alertas en la facilidad con que cualquier cosa puede falsearse y la creciente dificultad que la verdad tiene para abrirse paso. Tras cuatro años de falseamiento tenaz, Biden advirtió el miércoles, en su toma de posesión, sobre las expresiones más tenebrosas de este fenómeno tan contemporáneo: “Tenemos que rechazar la cultura en la que los hechos son manipulados, incluso fabricados”.

[Fuente: InfoLibre]

22/1/2021

...Y la lírica

Audre Lorde

Los trabajadores se alzan el Primero de Mayo, o Postcriptum a Karl Marx

Bajando por Wall Street

los estudiantes se manifestaron por la paz.

Desde arriba, los obreros de la construcción miraron recordando

cómo había sido para ellos

en los viejos tiempos

antes de los contratos sindicales con seguridad laboral

para los blancos

y antes del papá paga las cuentas

así que bajaron de los andamios

y enseñaron a sus hijos

una lección

titulada

Marx como víctima de la brecha generacional

titulada

me hice mayor por la vía dura y así lo harás tú

titulada

los límites de una visión sentimental.

Cuando el drama pasional se acabó

y la polvareda se asentó sobre Wall Street

500 trabajadores afiliados al sindicato

habían desalojado de Foley Square, hombro a hombro con la policía,

a 2000 de sus hijos rebeldes

que rompieron filas y huyeron de los cadenazos

de sus progenitores.

¡Mira esto, Karl Marx,

es la visión apocalíptica de Amérika!

Los trabajadores se alzan y vencen

y no han perdido sus cadenas

sino que las alzan

y codo a codo con los porrazos de los guardias

garantizan la seguridad de Wall Street

contra los estudiantes rebeldes.

"The Workers Rose on May Day, or, Postcript to Karl Marx" (1973)

Fuente: Audre Lorde, Chosen Poems: Old & New

(Nueva York, W. W. Norton, 1984, pp. 85-86).

Traducción: José A. Tapia.

Nota del traductor: Este poema se refiere a sucesos que fueron famosos durante la guerra de Vietnam. El 8 de mayo de 1970 una manifestación de unos 2000 estudiantes en protesta contra la guerra recorrió la zona cercana al edificio de la bolsa de Wall Street, en Nueva York. Unos doscientos obreros de la construcción portando banderas y gritando “All The Way, U.S.A.” and “Love It or Leave It” atacaron a los estudiantes. Audre Lorde (1934 – 1992) fue una estadounidense negra de origen caribeño cuya militancia feminista y lesbiana fue notoria en sus numerosos ensayos y libros de poesía.

24/1/2021

Documentos

Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Comunicado del Centro Delàs con motivo de la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de les Armes Nuclears

Hoy entra en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW por sus siglas en inglés), una vez pasados 90 días desde que se alcanzaron las 50 ratificaciones. Desde el Centro Delàs, como miembros de la Campaña Internacional por la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), celebramos lo que sin duda es un hito en la lucha por la paz y el desarme, y damos la bienvenida a este nuevo instrumento legal que sirve para poner más presión y estigmatizar a quienes confían en estas armas de destrucción masiva como forma de hacer política y proyectar poder, poniendo en riesgo con ello la misma existencia de vida en este planeta.

El TPNW obliga a los estados parte a no desarrollar, ensayar, fabricar, adquirir, poseer, transferir, almacenar, alojar, amenazar con su uso o usar armamento nuclear. Estipula además que los estados poseedores de estas armas deben desactivarlas inmediatamente, destruirlas a la mayor brevedad y poner fin a sus programas nucleares. También obliga a pagar reparaciones tanto a víctimas como a estados afectados por su uso, así como a restaurar los ecosistemas dañados.

Con este tratado se pone fin a una anomalía histórica, pues el armamento nuclear era hasta hoy la única arma de destrucción masiva (siendo además la más destructiva) que no contaba con un tratado de prohibición en vigor. Y si bien es cierto que ninguno de los países nuclearmente armados ha firmado ni ratificado este tratado, consideramos que el TPNW es un paso adelante en la erradicación de estas armas, pues existen experiencias previas positivas de armamentos que tras su prohibición vieron su producción y su uso seriamente mermados. En este sentido, rechazamos el argumento que utilizan las potencias nucleares de que el TPNW obstaculiza o mina los esfuerzos del Tratado de No Proliferación (TNP) de 1968, pues es evidente que el TNP no ha conseguido ni el desarme que estipula en su artículo VI, ni restringir la posesión de armas nucleares a los 5 estados originalmente autorizados. Entendemos, por el contrario, que el Tratado de Prohibición contribuye y suma esfuerzos para el pleno cumplimiento del artículo VI del Tratado de No Proliferación.

Asimismo, consideramos que el TPNW contribuirá a impulsar y revitalizar un muy necesario debate sobre estas armas tanto en el ámbito político como en los medios de comunicación, y puede también motivar a entidades financieras a desinvertir en la industria de las armas nucleares. En el caso español, esta presión debería afectar a bancos como el BBVA o el Santander, que entre 2017 y 2019 destinaron al menos 6.000 millones de dólares a financiar empresas que fabrican o mantienen armamento nuclear.

Por último, instamos al Gobierno español a que firme, y posteriormente ratifique, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, pues es la única posición política y moralmente aceptable respecto a un tipo de armamento capaz de provocar una catástrofe humanitaria y climática sin parangón. Le pedimos al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, por tanto, que muestre valentía y liderazgo oponiéndose a las armas nucleares y se desligue de las directrices marcadas por EE.UU. y la OTAN. Con todo ello atenderá, además, al sentir general de la ciudadanía y se colocará en el lado correcto de la historia.

Para saber más:

“The Significance of the Entry Into Force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons” Briefing Paper de ICAN

“El Tractat de Prohibició d’Armes Nuclears entra en vigor”, De Fortuny i Bohigas, Diari Ara.

“La presión de EE UU para evitar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares”, De Fortuny i Bohigas, El Salto.

22/1/2021

Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Análisis crítico del Presupuesto de Defensa del año 2021

El optimismo en el ámbito social en los presupuestos generales del Estado español para 2021 tiene en el ámbito militar su contrapartida, pues el presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa aumenta un 6,5% respecto a 2020 y llega a la cifra de 10.863 millones de €. Si se tienen en cuenta las partidas distribuidas en otros ministerios, alcanza los 21.623 millones, un nuevo récord histórico.

Autores: Pere Ortega, Xavier Bohigas, Quique Sánchez Ochoa

Puedes consultar y descargar el Working Paper completo aquí.

30/1/2021

Miguel Muñiz Gutiérrez

Resumen de «En la espiral de la energía»

Una síntesis enciclopédica sobre el colapso ecosocial

Hay que agradecer a Manuel González Campos, ingeniero industrial jubilado, este documento de sólo 126 páginas que permite a cualquier persona mínimamente interesada en las complejidades del colapso ecosocial un acercamiento sistemático, profundo y global a uno de los análisis más exhaustivos del mismo.

Su trabajo, publicado en octubre de 2020, combina de manera excelente resumen y guion de contenidos. Permite una visión panorámica de la obra original y, además, ayuda a centrarse en cada aspecto concreto que pueda interesar a la persona que la lee. La visión de conjunto permite hacerse una idea de sus aciertos y sus puntos débiles.

Para valorar la importancia de este “Resumen” no está de más una breve presentación del material original.

“En la espiral de la energía” es la obra póstuma de Ramón Fernández Durán (Sevilla, 1947-Madrid, 10 de mayo de 2011) ingeniero, urbanista y, sobre todo, activista social y político; una persona de larga trayectoria en los movimientos sociales, la política alternativa y con una rica y compleja biografía intelectual que se concreta en unos 20 libros publicados en solitario o en colaboración con otros autores. Su papel en la formación de la confederación Ecologistas en Acción será determinante.

Tras caer enfermo de cáncer, ser operado, y recaer posteriormente, optó por abandonar los tratamientos convencionales y afrontar el final de su vida desde una postura ética vinculada a su concepción del Derecho a una Muerte Digna. Su carta de despedida a gran parte de las personas que le habían acompañado en su trayectoria vital tuvo una considerable repercusión mediática, y es casi de obligada lectura para abordar esta obra.

Es decir, existe una vinculación entre este hecho y “En la espiral de la energía” que marca el carácter de obra límite, lo que da un valor añadido a sus contenidos, especialmente a las reflexiones sobre un futuro inmediato que hoy ya es casi presente.

Ramón Fernández Durán dejó una ingente cantidad de materiales sobre el proyecto a que había dedicado sus últimos años. Algo tan ambicioso y complejo como un análisis de la historia de la Humanidad centrada en el papel clave de la energía. La redacción de un libro basado en esos materiales pasó, por acuerdo con el autor, a Luis González Reyes, activista profesional de Ecologistas en Acción y, después de tres años de trabajo, el resultado se concretó en dos extensos volúmenes publicados en 2014. El primero, Historia de la humanidad desde el papel de la energía (pero no solo), de 261 páginas; y el segundo, Colapso del capitalismo global y civilizatorio, de 209 páginas.

La enorme cantidad de materiales que contenía la obra resultó difícil de digerir, pero abordaba aspectos pioneros. Ramón Fernández Durán había comprendido que la energía era la cuestión clave (aunque no única) para interpretar la evolución histórica, y que sería precisamente el factor que determinaría la (por entonces inicial) hipótesis del colapso y el Antropoceno.

Es fácil entender que la mayor aportación de la obra radica en el segundo volumen, cuyo título es ilustrativo; como la mayoría de los pensadores críticos de esta generación, Ramón Fernández Durán compartía una cierta obsesión por la crisis final del capitalismo, rasgo que determina toda la obra. Resulta enternecedor, desde el caótico presente en que nos hallamos, recordar las veces que Ladislao Martínez —otro activista del ecologismo social tempranamente desaparecido, y una de las muchas personas que lo trató de cerca— bromeaba sobre las varias cenas que había ganado a Ramón, y a otras personas, gracias a apuestas perdidas sobre el carácter "irreversible" de tal o cual "momento crítico" del persistente capitalismo, el momento “irreversible” que no acababa de concretarse.

Pero, más allá del detalle puntual y humano, la ingente reflexión contenida en “La espiral de la energía” tiene numerosos méritos propios que hacen aconsejable su lectura. Por citar sólo cuatro: el enfoque global; el acierto, ya mencionado, de considerar la energía como clave interpretativa de los procesos económicos y sociales; una voluntad de evitar reduccionismos que se traduce en destacar el papel de la ecología, las dinámicas sociales y el papel de las culturas como factores explicativos y, lo más discutible pero lo más importante, la audacia de arriesgar en el trazado de prospectivas de futuro del colapso eco-social sin contemplaciones ni hipótesis consoladoras; riesgo que se concreta en un período que Ramón Fernández Durán considera determinante: la década 2020 – 2030.

Todo esto es recogido por Manuel González Campos en su magnífico trabajo, para ello nada mejor que reproducir parte de la explicación introductoria como muestra del rigor de la exposición.

“- Cómo leer este libro

Si lo que te interesa es el recorrido histórico, este se abarca en los capítulos 1 a 7. En cambio, la justificación y posible proyección del colapso civilizatorio actual se aborda en los capítulos 7 a 9. El libro está estructurado en nueve capítulos que marcan puntos de inflexión centrales en la historia de la humanidad: sociedad forrajera (1), Revolución Agraria (2), inicio de la sociedad dominadora y la época de los Estados exactores (3), capitalismo agrario (4), Revolución Industrial (5), la era del petróleo (6), causas económicas, políticas y sociales de la Crisis Global (7), causas ambientales y de reproducción social (8) y posibles escenarios futuros (9). A su vez, estos capítulos se engloban en cuatro bloques. Los dos primeros hacen referencia al pasado. El primero describe la historia antes del uso masivo de los combustibles fósiles (1 a 4) y el segundo, la etapa en que esto se produce (5 y 6). En los dos últimos bloques, se describe la situación en el siglo XXI (7 y 8) y se hace un ejercicio de política-ficción sobre los probables futuros de la humanidad (9).”

Resulta evidente que una lectura de urgencia desde el incierto presente debe comenzar por el final, por los capítulos 7, 8 y 9, y que el trabajo de Manuel González Campos destaca aquí por su profundidad. Ramón Fernández Durán nos legó, desde la lucidez y el valor que confiere el saber que no se espera ya nada, un detallado borrador de perspectivas inmediatas. Un borrador sobre el que perfilar nuestra propia reflexión en esta dura etapa.

Una obra para pensar sin limitaciones, y para afrontar un futuro inmediato tan duro como meticulosamente silenciado por el aparato propaganda oficial controlado por las clases dominantes.

Disponible en :

https://www.15-15-15.org/webzine/descargas-gratuitas/

https://www.15-15-15.org/webzine/download/resumen-de-en-la-espiral-de-la-energia/

https://www.15-15-15.org/webzine/2020/10/06/estudio-resumido-de-en-la-espiral-de-la-energia/

30/1/2021

Alba Sud

Seminario virtual «Turismo, trabajo y precariedad en la perspectiva post-COVID»

Los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2020 realizamos en formato virtual un nuevo seminario del ciclo Economía y Ecología Política del Turismo. Intervinieron M.ª Marta Arcas, Rafael Borràs, José Mansilla, Gema Martínez Gayo, Albert Recio y Angela Teberga, y la moderación de Ernest Cañada. Incluimos ahora los audios y materiales de las presentaciones.

Actualmente el trabajo turístico se ve sometido a un fuerte impacto debido a la práctica paralización de la movilidad internacional provocada por la pandemia de la COVID-19. Este fenómeno se da en todas partes, pero es más intenso en aquellas ciudades y territorios donde la especialización turística ha sido más aguda. Uno de los ámbitos que se han visto más afectados por esta caída de la actividad turística ha sido el del trabajo, lo que nuevamente ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad y precariedad estructural existente en una parte muy importante de este tipo de empleos. Las perspectivas para el trabajo turístico como consecuencia de la pandemia no son nada optimistas, y a la pérdida de empleo se añade el riesgo de una mayor precarización laboral. Ante este escenario, este seminario pretendía ofrecer herramientas formativas para profundizar en las diferentes dimensiones que caracterizan la precariedad en el trabajo turístico y analizar las perspectivas post-COVID.

“Precariedad, capital y jerarquía social” (4/11/2020)

Albert Recio es profesor jubilado del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es Doctor Economía y especialista en Economía del Trabajo. Asimismo es promotor de las Jornadas de Economía Crítica y redactor de las revistas mientras tanto y Revista Economía Crítica.

PDF de la presentación de Albert Recio en el seminario.

Lecturas recomendadas:

Recio, A. (2007). Precariedad laboral: reversión de los derechos sociales y transformación de la clase trabajadora. Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales, 29, 273-291.

Banyuls, J. y Recio, A. (2019). Desigualdades en el mercado laboral: una propuesta interpretativa. VIII Informe FOESSA. Documento de trabajo 2.2.

Audio: https://soundcloud.com/albasud/albert-recio_precariedad

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“Trabajo real y simbólico en torno al turismo” (4/11/2020)

José Mansilla es doctor en Antropología Social, miembro del Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà, del Grupo de Trabajo-Etnografía de los Espacios Públicos (GTE-EP) del Institut Català d'Antropologia (ICA) y del Grup de Recerca sobre Exclusió i Controls Socials (GRECS) de la Universidad de Barcelona (UB). Actualmente es profesor de Departamento de Ciencias Sociales y Comunicación de la Escuela Universitaria de Turismo Ostelea, centro adscrito a la Universitat de Lleida (UdL), profesor asociado de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, de la Universidad Ramon Llull (URL) y profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

PDF de la presentación de José Mansilla en el seminario.

Lecturas recomendadas:

Mansilla, J. (2020). Trabajo en turismo: enseñanzas para un sector Post-COVID19. Barcelona: Ostelea. Informes en turismo.

Mansilla, J. (2020). ¿Qué ocurre cuando los espacios ciudadanos se convierten en recursos turísticos? The Conversation, 28/04/2020.

Audio: https://soundcloud.com/albasud/jose-mansilla_trabajo-real-y-simbolico-en-torno-al-turismo_041120

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“Efectos de la COVID-19 en el trabajo turístico” (5/11/2020)

Rafael Borràs ejerció diversas responsabilidades en el sindicato CCOO, entre ellas la de secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de las Islas Baleares. Ha trabajado como analista sociolaboral en la Fundació Gadeso. Actualmente, colabora con diversos medios de comunicación de Mallorca. Escribe con cierta regularidad en SinPermiso y en Alba Sud, donde gestiona el blog personal El precariado del todo turismo.

Lecturas recomendadas:

Borràs, R. (2020). Crisi de l'ocupació turística post covid-19: Riscos i oportunitats. Alba Sud, 12/04/2020.

Borràs, R. (2020). Analitzar l’avui per repensar el demà de l’ocupació post-Covid-19. Barcelona Societat. Revista de coneixement i anàlisi social, 26, 53-58.

Audio: https://soundcloud.com/albasud/rafael-borras_efectos-de-la-covid-19-en-el-trabajo-turistico_051120

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“Precariedad laboral y desigualdad de género en el sector de la hostelería española" (5/11/2020)

Gema Martínez Gayo es diplomada en Ciencias Empresariales (Universidad de Oviedo), Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (Sección Sociología) y Máster Universitario en Problemas Sociales (UNED). Ha sido becaria de Sociología en la Dirección General de Asuntos Europeos del Principado de Asturias y colaboradora del Espacio Europeo de Educación Superior de la UNED. También ha realizado investigaciones, en dos ocasiones, para el Ayuntamiento de Oviedo en materia de sinhogarismo. En la actualidad, es doctoranda del Programa de Análisis de Problemas Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y su línea de investigación principal se estructura en torno a la precariedad laboral, el turismo y el género.

Lecturas recomendadas:

Martínez-Gayo, G. (2019). ¿Empleos cinco estrellas? Reflexión sobre la precariedad laboral en la hostelería española. Revista Internacional de Turismo, Empresa y Territorio (RITUREM), 3(2), 1-15.

Martínez-Quintana, V., Martínez-Gayo, G. (2019). Empoderamiento y desigualdad en el trabajo turístico femenino. Una perspectiva comparada, Papers de Turisme, (62), 46-66.

Audio: https://soundcloud.com/albasud/gema-martinez_precariedad-laboral-desigualdad-de-genero-en-el-sector-de-la-hosteleria-espanola_511

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“En búsqueda de la dignidad en el trabajo turística" (6/11/2020)

Angela Teberga es docente de la Universidad Federal de Tocantins, Brasil, donde también coordina el Grupo de Estudios de los Movimientos Laborales-Condiciones de Trabajo en el Turismo (Labor Movens). Es estudiante de doctorado en Turismo y Hospitalidad en la Universidad de Caxias do Sul, máster en Turismo por la Universidad de Brasilia, y licenciada en Turismo por la Universidad Federal de São Carlos. Es también colaboradora de Alba Sud, donde gestiona el blog personal Turismo(s) y trabajo(s) en Brasil.

PDF de la presentación de Angela Teberga en el seminario.

Lecturas recomendadas:

Teberga, A. y Merlotti, V. B. (2020). Atividades características do turismo (acts) e trabalho escravo contemporâneo: uma aproximação inicial. Revista Turismo Estudos & Prácticas, 9 (Dossié 9), 1-18.

ILO (2017). Global Estimates of Modern Slavery. Geneva: International Labour Organization - Walk Free Foundation.

Lashley, C. (2017). Slavery, neo-slavery and business ethics. Research in Hospitality Management, 8(1), 5-10.

Audio: https://soundcloud.com/albasud/angela-taberga_en-busqueda-de

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“Salud y trabajo en el sector del turismo en Barcelona” (6/11/2020)

M.ª Marta Arcas Ferré es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista vía MIR en Medicina de Familia y Salud Comunitaria y en Medicina Preventiva y Salud Pública y máster en Salud Pública. Ha trabajado en la investigación de las desigualdades de género en salud en el ámbito del trabajo en el Centre de Recerca en Salut Laboral de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y en la Agència de Salut Pública de Barcelona. Actualmente trabaja como técnica superior en medicina en el Servicio de Salud y Trabajo (SERS) de la Dirección de Observatorio de Salud Pública (OBSAL) de la ASPB, donde desarrolla tareas de investigación en salud y trabajo, monitorización de indicadores de salud relacionados con el trabajo, difusión y transferencia de información relativa al ámbito de la salud y el trabajo e identificación del riesgo psicosocial en el trabajo.

PDF de la presentación de Mª Marta Arcas en el seminario.

Lecturas recomendadas:

Andrés Pérez, R., Barrera Doñate, M., Mauilion Vallbona, J., Panadés Querol, J. M. i Pitarque Asunción, S. (2019). Informe de l'estudi de les condicions de treball del col.lectiu de cambrers i cambreres de pis a Catalunya. Barcelona: Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

Audio: https://soundcloud.com/albasud/marta-arcas_salud-y-trabajo-en-el-dector-del-turismo-en-barcelona_061120

Este seminario fue organizado por Alba Sud con el apoyo del Ajuntament de Barcelona-Barcelona Activa en el marco del proyecto “Trabajo turístico digno: una apuesta de ciudad" de la convocatoria de subvenciones del Programa Impulsem el que fas (2019).

13/11/2020

Campañas

Profesionales por la igualdad y contra la violencia de género

Manifiesto

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que este año se celebra marcada por la pandemia que ha agudizado la desigualdad y discriminación que padecen las mujeres. El alarmante retroceso en los derechos de la mitad de la población del que han alertado numerosos organismos nacionales e internacionales como la ONU, queda oculto ante la magnitud de los acontecimientos derivados de la covid-19.

Ante esta grave situación de aumento de la violencia de género y retroceso de los derechos humanos y de la paridad, un grupo de profesionales del ámbito jurídico, la Universidad y profesionales de la comunicación se han unido para impulsar este manifiesto en el que se expone la necesidad de seguir avanzando hacia la igualdad y combatiendo la violencia contra las mujeres.

Hoy, más que nunca, resultan imprescindibles la prevención, atención, protección, mejora del acceso a la justicia y dotación de medios con el fin de lograr la recuperación integral de las mujeres, niñas y niños afectados por las violencias machistas.

Os adjuntamos el manifiesto, abierto a todas las personas o entidades que deseen suscribirlo como muestra de su compromiso con la igualdad. Abrazos.

Accede al Manifiesto

Súmate al manifiesto

JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

UNIÓN PROGRESISTA DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE DOCTORADO EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO

RED FEMINISTA DERECHO CONSTITUCIONAL

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE ESPAÑA (FAPE)

2/2021

Boletín 198

Notas del mes

Ensayo

El extremista discreto

De otras fuentes

...Y la lírica

Documentos

Campañas

Público-privado: tropezar con la misma piedra

Certezas e incertidumbres

Las exportaciones de armas y la fortuna de Juan Carlos I

Elecciones catalanas, líos, trampas y riesgos

Bonjour le tyran

Ensayo

El extremista discreto

De otras fuentes

...Y la lírica

Documentos

“Trabajo real y simbólico en torno al turismo” (4/11/2020)﻿

Campañas

“Trabajo real y simbólico en torno al turismo” (4/11/2020)