Un programa es casi siempre una lista de buenas intenciones. Cualquiera que haya participado alguna vez en un proceso programático lo sabe. Cuanto más grande es la organización, cuanta más diversidad tiene, más probabilidades hay de que se engorde la lista de propuestas para que quepan todas las sensibilidades. Nunca se hace el ejercicio de evaluar la coherencia y la viabilidad financiera de los programas. Esto llevaría tiempo y abriría debates que posiblemente acabarían por poner en riesgo la unidad de acción necesaria para llevar a cabo la movilización que se persigue con el programa (campaña electoral, plan de trabajo, etc.). Si se analizan con lupa, los programas suelen estar llenos de incoherencias y definiciones ambiguas, y lo que ocurre en cada organización vale sin duda para la constitución de un proyecto de Gobierno de coalición, donde se deben conjugar culturas políticas diferentes y donde el tiempo apremia el cierre de un acuerdo.

Para los puristas de cualquier bando esta realidad es intolerable. El programa debería ser un acuerdo rígido, un compromiso inalterable y bien articulado que redujera la acción de gobierno a la aplicación estricta de lo que se ha acordado. Pero un mínimo de realismo muestra que un programa es casi siempre una elaboración en el vacío, ideológica, voluntarista. Y la realidad en la que se actúa —sea un partido en el Gobierno o cualquier organización que impulsa un movimiento— impone restricciones, obliga a adecuar propuestas, hace inevitables los rodeos. Más que a la aplicación estricta de un programa, a lo que debe aspirarse es a evitar las iniciativas que violen principios esenciales de una formación política, a explicar y analizar las razones que conducen a introducir cambios respecto del programa inicial, y a revisar el propio programa en función de las dificultades de su aplicación. Más que un contrato cerrado, un programa debe ser un proyecto sometido a una revisión y reflexión continuas, un mapa orientador, sobre todo cuando se trata de un programa que pretende intervenir en una realidad compleja y difícil de aprehender con sencillez. Entre las líneas rojas que no hay que cruzar y la acción práctica hay muchos niveles. La fidelidad a líneas éticas y principios esenciales es fundamental, y la adaptación del proyecto a la realidad, inevitable. Una buena organización es la que sabe mantener lo primero y reflexionar colectivamente sobre el resto.

El que el programa no sea un plan de acción rígido no impide que no pueda ser objeto de análisis, que se le exija un mínimo de coherencia y que permita detectar su grado de viabilidad y sus aspiraciones.

Cuando se aplica este ejercicio al programa de Gobierno firmado por el Partido Socialista Obrero Español y la coalición Unidas Podemos, se advierten dos cuestiones básicas: un voluntarismo reformista, especialmente orientado a desmontar todo el cúmulo de políticas reaccionarias que introdujo el Partido Popular, y una dificultad enorme para cuadrar las diferentes líneas de acción; una incoherencia que es apreciable no solo en este en concreto, sino que viene siendo habitual en la mayoría de los programas de las dos formaciones ahora coaligadas.

Fundamentalmente se trata de un programa macroeconómico expansivo que intenta revertir los recortes económicos y ampliar las políticas de bienestar, y que al mismo tiempo incorpora de forma destacada la cuestión de la transición energética. Podríamos decir que hay un cierto hálito poskeynesiano en el modelo, por cuanto por un lado promueve un crecimiento económico orientado a ampliar las prestaciones públicas y la transformación energética y, por otro, trata de financiarse mediante un aumento de los impuestos, una mayor justicia fiscal y el cambio tecnológico. Es sin duda un enfoque que se aparta del marco mental de las políticas de austeridad, pero que tiene muchos puntos que hacen difícil su cumplimiento. Cuando un periodista me pidió que comentara qué pienso del plan, mi respuesta fue que me parece bienintencionado pero que más o menos pretende “la cuadratura del círculo”.

El programa incluye varias cuestiones que justifican esta afirmación y que obedecen a las distintas miradas con que puede evaluarse la política económica. La primera es la convencional, la que tiene que ver con los equilibrios macroeconómicos, ya que se plantean al mismo tiempo una política expansiva y el mantenimiento del equilibrio presupuestario. La única posibilidad de conseguirlo es que el aumento de los impuestos permita cubrir el de los gastos, y hay dos vías para que ello pueda ocurrir: o que la actividad económica crezca con tal ímpetu que ello provoque un alza sustancial de los ingresos públicos (la vía del crecimiento), o que la introducción de nuevos impuestos —o de cambios en los actuales— proporcione un incremento del porcentaje del PIB controlado por el sector público (la vía de la mayor carga fiscal). La mejor opción es seguramente que se produzca una combinación de ambas alternativas. Puede darse, pero hay muchas dificultades para que suceda: las perspectivas de crecimiento son limitadas y están llenas de incertidumbres, los agujeros fiscales por donde escapan los impuestos son numerosos o cambiantes (como se ha apresurado a recordarlo la presidenta de Bankinter al ofrecer los servicios del banco para trasladar patrimonios a Luxemburgo, algo, por lo demás, que los gestores de patrimonio llevan tiempo haciendo), y la aprobación de nuevos impuestos puede demorarse, sujeta a los vaivenes del complicado equilibrio parlamentario. Si al final el crecimiento de los ingresos públicos es insuficiente, la única forma de aumentar el gasto es el déficit.

Para un poskeynesiano esto puede no ser un grave problema, en especial ahora que los tipos de interés son tan bajos y que la financiación de la deuda es barata (de esto saben mucho las grandes empresas; algunas no dudan en endeudarse incluso para repartir dividendos, como acaba de hacer la de aparcamientos Empark para beneficiar a su propietario, el fondo australiano Macquarie). Sin embargo, no puede perderse de vista que el Estado español ya tiene un endeudamiento cercano al 100% del PIB (en buena medida fruto de haber asumido parte de la deuda de los bancos en crisis y del impacto macroeconómico de las políticas de ajuste). En la situación actual es una deuda sostenible, pero hay que contar no solo con su coste financiero sino también con el control externo a que está sujeto el presupuesto español por parte de la Unión Europea y los grandes grupos financieros internacionales. El problema es en este caso básicamente “político”: en qué medida estos poderes externos tolerarían un aumento del déficit o en qué medida ello puede constituir una coartada para imponer a España un cambio de rumbo económico.

La segunda cuestión es la de la coherencia del crecimiento económico y el necesario ajuste ambiental. Este es un tema que el conocimiento económico convencional ha solido marginar y que aún no ha sido comprendido de manera adecuada. El programa se inscribe tímidamente en la idea del “New Green Deal”, consistente en centrar la expansión en inversiones en nuevas tecnologías energéticas, nuevos productos no contaminantes (el coche eléctrico) y una genérica referencia a la economía circular. Ni una sola reflexión sobre la posible contradicción entre crecimiento y ajuste ecológico. Se mantiene la vieja ciega confianza en el cambio tecnológico y se adopta una acrítica apuesta por la digitalización de la economía. De estas tecnologías se ignoran tanto las limitaciones (recursos) como los impactos fisiológicos (por ejemplo, la contaminación electromagnética) y sociales (visibles en la economía pseudocolaborativa). Es evidente que las preocupaciones ecológicas están ganando terreno a la luz de los informes científicos y de las catástrofes ambientales, que tienen lugar cada vez con mayor frecuencia. Pero siguen desempeñando un papel menor a la hora de pensar las políticas.

A nadie le extraña que un giro ecológico de nuestra organización económica requiera transformaciones fundamentales en muchos campos: inversiones, estructura del empleo, urbanismo, etc., algo que posiblemente supera las capacidades intelectuales y políticas del Gobierno actual. Por ello todo apunta a que la segunda gran contradicción se encuentra en el engarce de la política ambiental y la voluntad de crecimiento económico. Sería precisa una carambola impensable, mayor aún que la del ajuste macroeconómico, para que al final tuviéramos algún tipo de expansión en el empleo y el gasto público y, al mismo tiempo, entráramos en una senda de ajuste ambiental serio.

III

Detectar las incoherencias y problemas no implica despreciar la propuesta. La respuesta de la gente de izquierda ha sido la habitual. Unos la rechazan por completo —porque no rompe con el marco neoliberal— o se entretienen en detectar sus defectos parciales, mientras que otros están promoviendo un manifiesto de apoyo al programa.

La posición más radical es la más fácil de mantener, aunque quienes la defienden nunca han presentado un programa coherente de transformación social y tiendan a olvidar tanto la correlación de fuerzas como los condicionantes estructurales del cambio. Es una posición intelectualmente cómoda pero socialmente inútil. Si uno mantiene una posición radical cuando menos debería tratar de desarrollar propuestas sólidas de cambio social. Renunciar a hacerlo es mero postureo. La posición propia de un club de fans es también poco sólida, pues, en cuanto el programa encalla o es víctima de sus contradicciones, uno se queda sin respuestas.

Al fin y al cabo, este programa es un resultado no solo de la correlación de fuerzas en el Congreso, sino también de las ideas dominantes entre gran parte de los agentes sociales y las élites de izquierda del país. Y muchas de las propuestas que plantea conducen a un cambio social innegable. Por ello considero que una posición crítica debe orientarse en una doble dirección: apoyar la materialización de todas las propuestas positivas que contiene el programa y centrarse en elaborar propuestas más coherentes y serias que permitan superar los escollos. Una actividad esta última que no es solo de elaboración teórica, sino también una labor política de reflexión social y de propagación de alternativas.

Casi nunca los avances sociales se han producido por el despliegue de programas detallados de una enorme coherencia. Hay siempre muchas incertidumbres y bastantes desconocimientos en la aventura de transformar el mundo. Lo mejor de este programa es que inaugura un nuevo ciclo. Por esto hay que trabajar en que la dinámica no decaiga y en buscar salidas que permitan superar las incoherencias y los cuellos de botella que inevitablemente se van a presentar.

30/1/2020

Cataluña: «¡A por ellos!» versus «Marxem!» («¡Nos vamos!»)

Miguel Muñiz

Adelanto a beneficio de la lectora o lector; el título original de este texto: Cataluña 2012-2020. Las izquierdas atrapadas entre el “Marxem!” (¡Nos vamos!) y el “¡A por ellos!”, describe su enfoque, y casi su contenido; por ello quienes tienen una opinión formada sobre el asunto pueden ahorrar un tiempo precioso prescindiendo de su lectura.

Fue en 2012 cuando se produjo la eclosión; personas que trabajábamos como voluntarias en activismo social de base fuimos interpeladas sobre lo necesario que era alinearnos en clave nacional. No fue una sorpresa, desde hacía meses en gran cantidad de rotondas de las carreteras de Cataluña habían aparecido mástiles con nuevas banderas, banderas sobre cuya colocación nadie había preguntado a los habitantes de los municipios en que se hallaban las susodichas rotondas; y en los ayuntamientos se iban aprobando mociones sobre cuestiones nacionales que no habían figurado en los programas municipales de algunas candidaturas que les daban apoyo; mociones que se plasmaban en adhesiones en plafones metálicos en el límite municipal. Antes habían aparecido los mapas: si en un municipio las elecciones daban mayoría a las fuerzas identificadas con una versión del hecho nacional, aunque fuera por un solo voto de diferencia, el territorio del municipio en cuestión quedaba pintado de un color en el mapa; el resultado eran mapas casi monocromáticos, en los que se perdían unas minúsculas manchas de municipios de color diferente. Las cosas estaban así; aunque no se pensaba que esas cuestiones, propias de la política partidista, llegarían hasta el asociacionismo de base.

Como es lógico, la petición para definirnos provenía de compañeras o compañeros que participaban en las entidades y sentían hondamente la causa nacional. Se trataba de que el colectivo se adscribiese a una entidad patriótica de reciente creación, que aspiraba a integrar en su seno a todo el tejido asociativo de Cataluña.

La petición era legítima, pero lo novedoso ―en sentido negativo― era la imposibilidad de debatirla o analizarla. Es decir, que si se razonaba sobre la inoportunidad de introducir la cuestión nacional en colectivos que trabajaban sobre conflictos o problemáticas que, en muchos casos, desbordaban los marcos nacionales, se respondía con juicios de intención hacia la persona, o personas, que expresaba las objeciones en el sentido de que, en realidad, lo que sucedía era que estaba(n) alineada(s) con el nacionalismo enemigo.

A lo largo de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, la dinámica de adhesión, pronunciamiento o toma de partido en clave nacional se extendió a casi todos los ámbitos de la vida social de Cataluña, y llegó al nivel familiar. La exigencia nacional se formulaba, al comienzo, en términos ambiguos (derecho a decidir, derecho a votar, derecho a ser normal, etc.), pero pronto derivó en una llamada a la secesión del resto de España porque, se decía, esa era la voluntad del pueblo de Cataluña. Y si se expresaban objeciones, preguntas, dudas…, sobre qué ventajas e inconvenientes implicaba la secesión; o se analizaba a qué clases sociales de Cataluña beneficiaba, y cuáles eran las perjudicadas, la cuestión derivaba rápidamente hacia una cierta violencia expresiva.

La dinámica llegaba a su máxima expresión en las llamadas redes sociales; el uso del correo electrónico en los foros era ilustrativo; mensajes con argumentaciones detalladas, que contenían enlaces a documentos y textos aclaratorios, se convirtieron en malditos; es decir, que si en el debate participaban patriotas activos de la secesión, era muy probable que cualquier argumentación, por muy razonada y documentada que estuviese, recibiese como contestación una lista de descalificaciones sobre lo que a juicio del, o de la, patriota de turno era España; la lista finalizaba, si el intercambio de mensajes era en catalán, con un inapelable: “Marxem!”, o con su equivalente en el caso del castellano: “¡Nos vamos!”.

Las justificaciones del “Marxem!/¡Nos vamos!” mencionaban hechos que resultaban chocantes, por ajenos a lo conocido de la historia y la realidad social y política de Cataluña y del resto de España. Así, se informaba, por ejemplo, de que, desde hacía un mínimo de 300 años, Cataluña intentaba integrarse en España, intentos sólo contestados con desprecios y violencia; que, en realidad, la Guerra Civil española no fue tal, sino que había sido una guerra de España contra Cataluña; que millones de personas, emigradas desde varios territorios para trabajar allá donde se concentraba el crecimiento económico (Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona, etc.), habían sido, en el caso de Cataluña, acogidas; por ello, y como agradecimiento al pueblo que las había acogido, debían apoyar la secesión ya que sus derechos ciudadanos no venían de su trabajo como contribución al enriquecimiento material de Cataluña, sino de su identidad; que España era sinónimo de oscurantismo, fascismo, incultura, ignorancia, opresión, genocidio indígena, fanatismo religioso y caciquismo, mientras que los pueblos oprimidos por esa España, eran un dechado de virtudes, armonía, solidaridad, democracia, justicia y civismo, etc.; si el patriota estaba muy motivado incluso informaba de que quienes habían emigrado a Cataluña para trabajar eran colonizadores lingüísticos, voluntarios o involuntarios, enviados por el franquismo para conseguir la desaparición del idioma catalán.

Una relación exhaustiva de ese tipo de informaciones no tiene sentido. La realidad era que se había construido un enemigo al que el pueblo catalán se enfrentaba de forma pacífica, sonriente, cívica y democrática. Y todo lo que cuestionaba la construcción de ese enemigo era una manifestación de apoyo al enemigo.

Por eso, si se exponían datos que contradecían esas informaciones se entraba en una espiral de agravios comparativos. Recordar cosas como la participación de las clases acomodadas y dominantes de Cataluña en la gobernabilidad de España durante los siglos 19 y 20; recordar que gran parte de esas mismas clases apoyaron al franquismo en la Guerra Civil española, o que se beneficiaron económicamente de la dictadura; recordar que Madrid y otros lugares de España habían sido referente internacional de resistencia ante el fascismo; que la inmigración se había producido en toda España, y que había sido repelida por el franquismo en Cataluña en sus etapas iniciales (devolviendo inmigrantes a sus lugares de origen); que el terror y la destrucción ligados al colonialismo eran comunes a toda Europa, o que ilustres catalanes habían cumulado su riqueza en América Latina mediante el expolio o el comercio de esclavos; recordar que también existe oscurantismo y violencia religiosa en Cataluña, y el auge que tuvo durante las guerras carlistas; demostrar que el idioma catalán, que se presentaba como en trance de desaparición inmediata, es el determinante en la escuela pública, e idioma único en todos los niveles de la administración, y en toda la comunicación vinculada a ésta (hecho considerado históricamente excepcional, según varios gobiernos de la Generalitat),etc.; todo ello no servía de nada ante los arraigados sentimientos de agravio del pueblo catalán, imposibles de concretar y cuantificar.

Porque por encima de realidades sociales, plurales y conflictivas, por encima del resultado de investigaciones históricas, sociales y políticas, estaba el pueblo; un pueblo entendido no como sujeto formado por clases sociales con contradicciones e intereses contrapuestos, sino como bloque unido; el pueblo se definía por su voluntad de ser, y por su reivindicación de un derecho a decidir sin ningún anclaje jurídico, un derecho que se invocaba como mecanismo de usar y tirar; ya que ninguna de las elaboraciones legales que se iban conociendo de la futura estructura de la Cataluña separada del resto de España, hacía mención al derecho a decidir como parte de su normativa. El tal derecho a decidir caducaba una vez cumplida su única función: justificar la secesión.

Para amparar la legitimidad de la secesión se construyó un marco político al uso. Así, cualquier persona podía declararse de derechas o de izquierdas, liberal o conservador, anarquista, sindicalista, comunista, socialista, socialdemócrata, nacionalista, soberanista, catalanista, independentista..., incluso españolista agradecido al pueblo catalán (hasta se creó una asociación al respecto) siempre que apoyase la secesión; incluso se inventó un oxímoron que se difundió ampliamente: el independentista que no era nacionalista.

Como la voluntad del pueblo catalán debía concretarse, el gobierno de la Generalitat decidió convocar una consulta sobre el futuro político de Cataluña, prescindiendo de lo que opinaron los partidos contrarios a ella y sin buscar ningún tipo de consenso previo. Había prisa. Tras una intensa campaña de propaganda para que el pueblo se manifestase, el 9 de noviembre de 2014 (9N) sucedió lo que se esperaba: la casi totalidad de participantes en la consulta fueron personas que apoyaban la secesión; el resto, la gran mayoría, se quedó en casa. La sociedad daba muestras de un molesto pluralismo.

Pero la interpretación que hicieron los grupos convocantes del resultado del 9N fue curiosa: ignoraron la falta de participación mayoritaria y, basándose sólo en el amplio apoyo de sus partidarios, proclamaron que era necesaria una salida política. Para ello convocaron, el 27 de septiembre de 2015, unas elecciones autonómicas que calificaron de plebiscitarias, en las que, si la mayoría de votantes apoyaba a las fuerzas partidarias de la secesión, se avanzarían etapas para llevarla a cabo.

Y volvió a repetirse lo previsible: los grupos políticos partidarios de la secesión obtuvieron un amplio respaldo que se tradujo en mayoría parlamentaria, pero no llegaron a sumar la mayoría de votos ni tenían, lógicamente, una mayoría social detrás. Y aquí se lio. En lugar de detener el proceso se decidió, nuevamente, ignorar el molesto pluralismo político y social del pueblo. Y como para los nacionalismos pueblo no hay más uno, se decidió que la mayoría parlamentaria bastaba para comenzar el proceso de secesión, al que se fijó un plazo máximo de 18 meses.

A medida que la fractura social y la tensión en Cataluña por la cuestión nacional fue creciendo se produjeron dos fenómenos que eclosionaron en 2017. El primero, una parte de la sociedad catalana que desde 1980 se mostraba indiferente o pasiva ante la cuestión nacional, comenzó a manifestar un cierto activismo nacionalista español; la expresión más visible fue que barrios de ciudades dónde no se había expresado nunca patriotismo españolista comenzaron mostrar una cierta proliferación de banderas españolas en los balcones. Aquí es necesario apuntar que en pueblos y zonas urbanas con mayoría de patriotismo catalanista se desplegaba, desde 2012, una abrumadora escenografía de banderas, murales y pancartas a favor de la secesión.

El segundo fenómeno se produjo en 2017, al llegar la tensión patriótica al máximo nivel; cuando la mayoría del Parlament derogó de facto la Constitución y el Estatut de Autonomía, y rompió los procedimientos legales para imponer unas llamadas leyes de desconexión; y cuando el gobierno central reaccionó torpemente, reforzando las dotaciones de algunos municipios de Cataluña con policías y guardias civiles trasladados desde otros lugares de España, tratando de impedir la máxima expresión de esa secesión en forma de referéndum unilateral convocado por la Generalitat para el 1 de Octubre; los patriotas activos del españolismo despidieron a las unidades que partían con un inapelable: “¡A por ellos!”.

Entre el “Marxem!” y el “¡A por ellos!” transcurre la historia de Cataluña en este 2020; porque se trata de expresiones arraigadas en una de las peores ideologías generadas por la cultura occidental en los siglos 19 y 20: el nacionalismo; los nacionalismos, mejor dicho. Como el monstruo mítico de la Hidra de Lerna, cuando un nacionalismo resulta impugnado (aquí no hay cabezas que cortar) surgen dos, o más, que ocupan su lugar.

Pero, dejando a un lado la mitología, y en la perspectiva de este 2020 en que parece que se inicie una etapa diferente, cabe hacerse una pregunta retrospectiva: ¿No existía ninguna opción política al margen de los nacionalismos español o catalán? ¿Una opción que impugnase con igual contundencia el “Marxem!” y el “¡A por ellos!”? ¿Qué decían las izquierdas que habían sido importantes en Cataluña y en el resto de España durante décadas, y que eran históricamente críticas con los nacionalismos? ¿No tenían un discurso propio fuera de alinearse, de diversas maneras, en el enfrentamiento entre banderas?

Responder estas cuestiones obligaría a un repaso de la historia de España desde la muerte del general Franco hasta 2012; enumerando contrastes, zonas oscuras y logros, lo que convertiría este texto en un libro. Y ya hay demasiadas publicaciones sobre el asunto. Pero también hay una anécdota que explica muchas cosas.

El 21 de diciembre de 2014, el líder de una nueva fuerza política emergente, surgida del movimiento 15M, dio su primer mitin en Barcelona. Ante una representación destacada de figuras de las consideradas izquierdas, y en presencia de miles de partidarios, en un momento cumbre de su intervención gritó: “¡Yo no vengo a Cataluña a levantar muros o fronteras! ¡Vengo a tender puentes!”.

El grito cosechó una gran ovación, pero no tuvo ni una sola consecuencia práctica. La interpretación más benevolente del hecho puede concluir que el líder no se había documentado bien antes de gritar; porque los muros y fronteras que denunciaba ya se habían ido levantando, de manera silenciosa y paciente, por parte de ambos nacionalismos, catalán y español, desde 1990 y 1996, respectivamente. Lo necesario era empezar a demolerlos. Pero esa demolición, entre muchos otros temas, era algo de lo que ni en Cataluña ni en España tocaba hablar, nunca, desde 1975, había tocado hablar de eso.

Acabemos con una nota optimista. Reírse de los monstruos nacionales es arriesgado, porque los patriotas saben que la risa les da su auténtica estatura y suelen ponerse agresivos. Sobre el monstruo nacionalista español ya existen muchas formas de reírse entre las llamadas izquierdas; la cuestión es que, sobre el otro monstruo, el nacionalista catalán, casi no existen.

En diciembre de 2019 se presentó un libro, Estàvem cansats de viure bé (Estábamos cansados de vivir bien), una selección de los artículos que publica semanalmente en el Diari de Girona el periodista Albert Solé. El título, según se explica en lo que podría denominarse el prólogo, surgía de una frase escuchada casualmente por el autor, con la que dos viejos pescadores de Girona concluyeron la conversación que mantenían sobre la situación actual de Cataluña.

Debería editarse una traducción al castellano del libro, aunque parte de los matices y la fina ironía del autor se pierdan por la gran calidad y riqueza expresiva, ausente de cultismos, del catalán en que escribe Albert Soler. Debería editarse porque es una manera, acaso la única, de abordar el supuesto conflicto. Comenzar a reírse de ambos monstruos.

Sirva este cierre como homenaje a la capacidad de Albert Soler para retratar magistralmente el egoísmo social que encubre el uso, abusivo y excluyente, de la palabra pueblo.

26/1/2019

La «Ley Aragonès» como síntoma del paso del estado social al estado regulador y de beneficencia

Ramón Campderrich Bravo

1. Introducción

Mucho se está escribiendo acerca del Projecte de Llei de contractes de serveis a les persones, más conocido como ꞌLey Aragonèsꞌ, ya sea a su favor o en su contra. En realidad, el proyecto de ley mencionado no debería sorprender a nadie, pues no tiene nada de particular ni de innovador. No es más que un nuevo ejemplo del lamentable signo de los tiempos que corren y como tal va a ser a analizado en las líneas que siguen.

El propósito último del presente texto es enmarcar el Projecte de Llei de contractes de serveis a les persones —a partir de este momento identificado con la abreviatura PLCSAP— dentro del fenómeno más amplio de la sustitución del modelo del denominado estado social por el que aquí se va a llamar estado regulador y de beneficencia. Pero antes es preciso ofrecer al lector una visión sintética de los principales contenidos del PLCSAP.

2. Aspectos más relevantes del PLCSAP

Como su propia exposición de motivos indica, el PLCSAP adapta la normativa autonómica catalana sobre contratación pública en el ámbito de los servicios de salud y asistencial a las Directivas comunitarias 2014/ 23/ UE y 2014/24/UE, adaptación ya realizada por el legislador estatal español en virtud de la última reforma de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) operada por la ley 9/2017 de 8 de noviembre. Dichas Directivas establecen el marco general al cual deben ajustar los estados miembros de la Unión Europea (UE) sus normativas sobre contratación pública en todo lo relativo a los SIGNE (servicios de interés general no económico), en jerga comunitaria. Los SIGNE incluyen todos aquellos servicios públicos de carácter social a los cuales, al menos por el momento, no se extienden las medidas de liberalización y creación de mercados competitivos impulsadas por la UE. En la actualidad, son, básicamente, tres: servicios públicos de sanidad, educación y asistencia social. Respecto a estos servicios públicos, las Directivas comunitarias más arriba citadas no exigen a los estados miembros de la UE su desestatalización o ꞌdespublificaciónꞌ y su entrega al sector privado para suministrarlos en régimen de concurrencia, ni tampoco impone a los estados miembros ninguna opción predeterminada en cuanto a su gestión, que, desde la perspectiva comunitaria, puede ser tanto directa —esto es, realizada por las Administraciones Públicas recurriendo a sus propios medios organizativos— como indirecta —es decir, contratando a entidades y empresas privadas para que sean ellos quienes los provean—. Lo único que interesa a esas Directivas es establecer unas cuantas reglas generales sobre la contratación pública en el ámbito de los SIGNE, reglas que las Administraciones Públicas de los estados miembros deben respetar en todos aquellos casos en que opten por gestionar indirectamente un SIGNE. El objetivo primordial de esas reglas generales es, idealmente, garantizar los principios de igualdad (trato no discriminatorio), transparencia, publicidad, eficacia y eficiencia a la hora de seleccionar a la entidad o empresa privada proveedora del servicio y, por tanto, se centran, sobre todo, en el procedimiento de selección pública del contratista privado a cargo del servicio (cuando el valor presupuestario estimado del servicio rebasa cierto umbral económico). El hecho es, sin embargo, que las Directivas 2014/ 23/ UE y 2014/ 24/ UE dejan un amplísimo margen a los estados miembros para concretar a su antojo la regulación de la contratación pública de la prestación de los SIGNE, incluida la determinación de qué servicios específicos son susceptibles de gestión indirecta, es decir, de encomienda de su gestión a una organización privada mediante un contrato (en régimen jurídico-administrativo o jurídico-privado). Como ya se adelantó, España adaptó su legislación a las nuevas directivas comunitarias con la reforma de la LCSP llevada a cabo por la ley 9/ 2017. Puesto que España es un estado con descentralización política territorial que ha transferido las competencias en materia de servicios de salud y asistencia social a las Comunidades Autónomas, la Generalitat busca hacer otro tanto con su PLCSAP.

El texto del PLCSAP adolece de la petulante retórica progresista de los textos normativos actuales, falsamente técnica, vacua, perogrullesca a veces, pero toda su retórica no logra ocultar su objetivo esencial: declarar que cualesquiera de los servicios de salud y asistenciales públicos hoy en día existentes son susceptibles de ser provistos por un contratista privado, si así lo determina la Generalitat (o los entes locales catalanes en el ámbito de sus competencias), sin limitación alguna (véanse los artículos 27 —nótese que la enumeración que se hace en su primer apartado es puramente ejemplificadora— y 31, en especial los apartados 31.1.1 y 31.1.2 del PLCSAP). La decisión de la Generalitat de recurrir al sector privado para prestar esos servicios públicos se puede tomar incluso mediante simple orden del “titular del departament competent”, en ausencia de “normativa sectorial aplicable” (art. 3.3 del PLCSAP).

El grueso del articulado del PLCSAP está dedicado a enumerar los criterios de selección de los contratistas privados. Pero esos criterios están redactados en el característico estilo soft law de nuestros días, en unos términos tan vagos y poco precisos que dejan al poder adjudicador —la Administración Pública contratante— plena libertad para fijar dichos criterios como quiera, lo que, sin duda alguna, se prestará a toda clase de corruptelas, tan habituales en la esfera de la contratación pública. Por si esto fuera poco, los criterios enumerados en el PLCSAP tienen por lo general un valor orientativo, no prescriptivo o vinculante para el poder adjudicador. En ocasiones, el texto del PLCSAP roza el ridículo, resulta verdaderamente risible (véase, por ejemplo, el artículo 36.1.1).

Aparte de la referencia a los criterios de selección de los contratistas, otros contenidos destacables del PLCSAP son los siguientes: 1) En cuanto a la remuneración del contratista privado, se sigue el régimen usual, que incluye la financiación del coste del servicio —incluido el coste en personal— y un ꞌbeneficio razonableꞌ o lo que la doctrina jurídica denomina ꞌbeneficio industrial normal de la explotación del servicioꞌ, si bien se evita utilizar este tipo de expresiones (artículos 8 y 9 del PLCSAP). 2) Se crea la innecesaria figura del “responsable del contracte”, sujeto encargado de la supervisión de la ejecución del contrato en general y del cumplimiento de las obligaciones del contratista dimanantes de éste en particular, pero carente de poderes decisorios reales (artículo 20 del PLCSAP). El responsable del contrato, formalmente desgajado del poder adjudicador contratante pero designado por éste y que puede incluso ser un particular, tiene toda la apariencia de una sinecura más de las muchas que generan las Comunidades Autónomas. 3) Cabe inferir de los anexos III y IV del PLCSAP que la Administración contratante puede recurrir indistintamente para proveer los SIGNE de su competencia, sin otras restricciones que las que se deriven de la normativa general en materia de contratación pública, tanto a la fórmula del ꞌcontrato de serviciosꞌ como a la del ꞌcontrato de concesión de serviciosꞌ. No es este el lugar para detenerse en la diferencia conceptual entre una y otra fórmula contractual, baste con señalar que la elección entre una u otra no es baladí, sobre todo respecto a los intereses económicos del contratista privado: en el caso de optar por el primero, el ꞌcontrato de serviciosꞌ, la Administración pública contratante asume el llamado ꞌriesgo operacional del contratoꞌ, mientras que si se opta por el segundo, ꞌcontrato de concesión de serviciosꞌ, es el contratista privado quien asume dicho ꞌriesgo operacionalꞌ. El ꞌriesgo operacional del contratoꞌ viene a ser el supuesto coste económico que se deriva de la infrautilización o sobreutilización del servicio para el contratista privado. En consecuencia, está claro que este último resultará especialmente beneficiado si contrata con la Administración bajo el paraguas de un ꞌcontrato de serviciosꞌ, pues en ese caso la Administración deberá compensar al contratista por los perjuicios que le produzcan la infrautilización o sobreutilización del servicio en cuestión. 4) Está prevista la subcontratación de prestaciones accesorias a la prestación principal, sin que el PLCSAP se preocupe, como sería deseable, por aclarar qué se entiende por “prestación accesoria”, asunto de vital importancia para prevenir los impresentables cambalaches a que suele dar lugar la subcontratación (artículos 20 y 35 PLCSAP; el apartado e) final de este último artículo es una frase abierta que convierte el resto de sus apartados en una mera lista ejemplificadora, pero no delimitadora, de lo que deba entenderse por “prestación accesoria”).

Por lo demás, el PLCSAP no ofrece una regulación completa o detallada de la contratación de “servicios a las personas”. Las insuficiencias del PLCSAP se suplen mediante una genérica remisión a un desarrollo reglamentario posterior y a la legislación en materia de contratación pública (disposiciones finales primera, segunda y tercera), entre la cual destaca la LCSP, a la que habrá que atenerse para cuestiones tan importantes como la extinción y rescisión de los contratos, las potestades administrativas especiales en relación con la ejecución de los contratos administrativos, el mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato o las fianzas.

3. Del estado social al estado regulador y de beneficencia

Desde hace más de treinta años, el modelo del estado social, o Estado del Bienestar, está siendo sustituido por otro modelo de estado, al cual aquí voy a denominar estado regulador y de beneficencia. La idea vertebradora del estado social fue erradicar la pobreza y reducir las desigualdades socioeconómicas mediante el reconocimiento efectivo de derechos sociales universalizables y la puesta en práctica de políticas económicas orientadas hacia su materialización. Aunque jamás estuvo en el horizonte de los propósitos del estado social sustituir el modelo económico de la economía de mercado capitalista por otro, la influencia de las ideas socialistas en su configuración y la consciencia de las consecuencias antisociales del capitalismo sin intervención económica pública directa le eran consustanciales. Su principal instrumento fue la Administración prestacional, la organización de un aparato público proveedor de los servicios y bienes en que se materializaron los derechos sociales y muchas de las políticas públicas de intervención económica estatal directa.

En el contexto de la mundialización neoliberal, cuyos presupuestos económicos y fundamentos ideológicos básicos no se vieron sustancialmente alterados por la crisis de 2008, el estado social ha sido sustituido, o lo está siendo, por un modelo de estado muy distinto: el estado regulador y de beneficencia. A este tipo de estado ya no corresponde intervenir directamente en la esfera económica mediante un extenso sector público económico ni sostener una ambiciosa Administración prestacional a cargo de la provisión de unos generosos servicios y prestaciones públicos, sino, más bien, las siguientes dos tareas esenciales: 1) la regulación del marco de autorregulación de los agentes del mercado, esto es, de las empresas privadas (estado regulador) y 2) una decreciente procura existencial de quienes no están en condiciones de acceder a los bienes y servicios provistos por el sector privado (estado de beneficencia). Esta procura existencia acabada de referir no tiene por qué ser satisfecha directamente por la Administración pública: puede ser suministrada por empresas privadas contratadas y pagadas con fondos públicos por aquella.

La progresiva realización del modelo del estado regulador y de beneficencia a que estamos asistiendo en las últimas décadas se ha concretado en el desmantelamiento, en su mayor parte, del amplio sector público económico heredado de la segunda posguerra mundial mediante los procesos de privatización de las grandes empresas públicas en los años noventa. Dichos procesos han supuesto la creación de mercados antes inexistentes o la expansión de mercados de un tamaño insignificante. El estado pasa de ser agente económico directo a ser un mero regulador de mercados, con el importantísimo matiz de que su regulación se limita a establecer tan sólo el marco de autorregulación de las empresas que operan en los mercados. No se debe olvidar que, además, la regulación estatal del marco de autorregulación de los operadores privados de los mercados responde, a su vez, a un marco regulador más amplio establecido tanto por organizaciones internacionales públicas (UE, OMC…) como, en la práctica, privadas (ISO, agencias de calificación de riesgos…).

La externalización o contractualización de servicios públicos hasta tiempos relativamente recientes gestionados de forma directa por la Administración pública también se puede considerar una manifestación del nuevo modelo de estado que desplaza al estado social. Aunque en este caso no tenga lugar todavía una privatización en sentido estricto en tanto que el servicio continúa siendo de titularidad pública, lo cierto es que la Administración prestacional es sustituida por una Administración reguladora, encargada de regular la actividad prestadora de servicios, que corre a cargo del sector privado, y de supervisar el cumplimiento de esa regulación. La actual contractualización de servicios públicos se puede interpretar así como un paso previo a la fragmentación de los servicios públicos y la posterior entrega al mercado de aquellos que puedan resultar rentables para el mundo de los negocios: en el futuro, la Administración financiará con recursos públicos unos niveles mínimos prestacionales cuya munificencia variará de unos países a otros, conforme a su faceta de estado de beneficencia, niveles complementados tal vez por la actividad del llamado tercer sector (ONGs), mientras que los servicios y prestaciones por encima de esos niveles de beneficencia serán suministrados por el mercado, por agentes privados autorregulados dentro del marco de regulación estatal. Lo que implicará que tareas y funciones hasta ahora tenidas por incuestionablemente públicas serán asumidas por organizaciones privadas, con todas las consecuencias ideológicas e institucionales que de ello sin duda alguna se derivarán para nuestras concepciones sobre la democracia, los derechos fundamentales y la condición de ciudadano. Sólo el futuro podrá confirmar o desmentir la premonición enunciada en estas líneas.

27/2/2020

La cárcel contra la salud

Maribel Valiente y Francisco Miguel Fernández

Por esencia y definición, la privación de libertad es condición de imposibilidad para tener una vida saludable, por mucho que el discurso de los estilos de vida pueda llegar a las prisiones. Sin embargo, nuestro objetivo aquí no es tanto cuestionar la pena de prisión o el papel que cumplen las cárceles en nuestra sociedad, como ofrecer un análisis sobre el lugar que ocupa la sanidad penitenciaria en el entramado salud-enfermedad de las personas presas y sobre las vulneraciones de derechos que se producen en este ámbito de especial aislamiento, vulnerabilidad y falta de acceso al sistema sanitario.

No es posible abarcar en un artículo todas las dimensiones que contribuyen a generar enfermedad en el medio penitenciario, bien sea por comisión u omisión. Sería intentar describir cómo abrir un camino entre las llamas mientras la lava del volcán corre ladera abajo: el alejamiento de tus seres queridos, el aislamiento, la tortura, las coacciones, la violencia sistémica, la discriminación de la mujer presa, el racismo, los cacheos a familiares, el insomnio... Pero precisamente por eso, la consulta médica resulta un programa de mínimos a preservar, en tanto espacio de garantía de derechos donde tratar de paliar esos efectos, recibir atención y seguimiento de los numerosos problemas de salud, y en tanto vehículo de denuncia de las vulneraciones a la salud.

Hace casi dos años, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), reanudamos la campaña sobre sanidad en prisión con la publicación de un decálogo de mínimos. Dos razones motivaron la reactivación de una iniciativa que lleva más de una década en marcha. La primera tenía que ver con la publicación del informe elaborado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas y Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa sobre el estado del sistema penitenciario español. Iñaki Rivera Beiras, director del Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, llamó entonces la atención sobre la escasa atención que se había prestado al informe del CPT. La segunda razón estaba relacionada con que en el mes de mayo de 2018 numerosas plataformas y asociaciones solicitamos por enésima vez la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a los Sistemas de Salud de las Comunidades Autónomas.

La sostenida precarización de las ya de por sí precarias condiciones de trabajo del personal sanitario penitenciario y la escasa capacidad para conocer lo que ocurre dentro de las cárceles e intervenir en ello desde las organizaciones —dentro de un escenario de privatización del Estado y de la vida política y en el que la represión de la protesta se acentúa y a la vez se normaliza— nos hacen pensar que, a medio plazo, no va a cambiar mucho la situación de la sanidad penitenciaria. Aún así, lejos del derrotismo, hacemos nuestras las palabras de Yayo Herrero cuando afirma, desde las coordenadas del ecofeminismo, que «mirar dónde estamos hoy es realizar un imprescindible ejercicio de amargura. Imprescindible porque sin realizarlo no es posible atisbar las pautas que nos han de permitir establecer salidas viables, porque sin abarcar la magnitud de la devastación no es posible acumular la fuerza necesaria para resistir y construir».

Las competencias sobre la sanidad penitenciaria

La Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, anunciaba que en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley «los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud». En el año 2016, a propuesta de la senadora Maribel Mora, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad una moción para la transferencia de las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las autonomías. A principios de 2018, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley que recordaba el mandato de la Ley 16/2003. Sin embargo, las competencias aún no se han transferido.

Los problemas derivados de esta situación fueron analizados por el área de cárceles de APDHA en su informe Sanidad en Prisión. La salud robada entre cuatro muros. Hasta ahora la coordinación entre Instituciones Penitenciarias y los Servicios Autonómicos de Salud ha dependido de la creación de convenios de colaboración que, en muchos casos, ya no están en vigor. Se trata de una situación que genera, en términos legales, una profunda inseguridad jurídica y, materialmente, una laminación del derecho a la salud de las personas presas. Además, sabemos que la transferencia de dichas competencias mejoraría la prestación sanitaria dentro de las prisiones. Así lo prueba un reciente estudio publicado en la Revista Española de Sanidad Penitenciaria que analiza las diferencias entre los procesos y los resultados de las prestaciones asistenciales según qué Administración sea la encargada de la organización de los servicios sanitarios en las prisiones.

Según el referido estudio, que compara un centro penitenciario del País Vasco con competencias transferidas con otras cuatro instalaciones de características similares cuya administración sanitaria depende del Ministerio de Interior, las conclusiones no pueden ser más claras: la media de frecuentación de consultas especializadas del centro transferido duplica la media de las consultas especializadas de los demás centros, la tasa de derivaciones programadas a consulta especializada es superior a la del resto de prisiones con las competencias no transferidas, aumenta la derivación a los servicios de urgencias hospitalarios y se incrementa el porcentaje de derivaciones urgentes al hospital donde finalmente se queda ingresado.

Otra de las conclusiones a las que llega el estudio es que, al comparar el centro transferido con los establecimientos que dependen de Instituciones Penitenciarias, es menor la frecuentación de consultas de atención primaria y mayor la ratio de derivación a consulta especializada. La razón, según el estudio, es clara: cuando las competencias sanitarias están transferidas existe una mayor continuidad entre niveles asistenciales (atención primaria/consulta especializada) que en aquellas Comunidades Autónomas donde la atención primaria y la especializada dependen de instituciones distintas sin relación administrativa orgánica ni funcional.

La cárcel como determinante social específico de la salud

No obstante, el problema no consiste únicamente en que la atención sanitaria dentro de prisión se configure como una isla respecto al resto del sistema público de salud; también debemos preguntarnos por el estado de salud de las personas que son privadas de libertad y cómo actúa la cárcel sobre éste. «Las que acaban en prisión [señala Jorge Ollero en el informe Sanidad en Prisión] son las personas más pobres, más vulnerables, procedentes de barrios desfavorecidos y con problemas de drogodependencias. Suelen ser chicos jóvenes, que comienzan en el consumo de drogas de una manera desordenada, con poco cuidado para su salud, y al meterse en esa espiral de drogodependencia acaban cometiendo muchos delitos de poca entidad, pero que se les van sumando, y acaban en prisión cumpliendo condenas de 15 o 20 años por haberse pasado unos años robando radios de los coches y cosas por el estilo».

Por otra parte, como apunta el colectivo La Cabecera, «la prisión no sólo concentra, sino que amplifica y distribuye conductas, comportamientos y enfermedades. El elevado número de muertes dentro de prisión y la mayor mortalidad y morbilidad una vez cumplida la condena pueden considerarse las consecuencias más extremas del paso por la cárcel». En las prisiones encontramos enfermedades prácticamente erradicadas en el exterior como la tuberculosis, con una prevalencia del 4-5% (100 veces más que la población general, según la Organización Mundial de la Salud), y otras cuya prevalencia es superior. Según el último Informe General de Instituciones Penitenciarias (2018), el 4,5% de la población presa tiene VIH frente al 1,5-3% de la población general, y alrededor del 10,5% de las personas presas tiene el virus de la Hepatitis C.

La manifestación más grave de cómo la cárcel se configura como un determinante social de la salud lo encontramos en el número de muertes bajo responsabilidad de Instituciones Penitenciarias. En total, si tenemos en cuenta a aquellas personas que se encontraban de permiso o vigiladas mediante medios telemáticos, en el año 2018 murieron 230 personas. Andalucía, como alertamos desde APDHA, tiene el terrible récord de ser la Comunidad Autónoma donde más personas murieron dentro de prisión durante ese mismo año. Este hecho es coherente con algunos estudios que señalan las muertes en prisión por sobredosis en Estados Unidos, la disminución de esperanza de vida asociada al encarcelamiento, así como un mayor riesgo de muerte prematura una vez finalizada la condena.

Parte y registro de lesiones: elementos esenciales para denunciar los malos tratos y la tortura

Al principio de este artículo hemos hecho referencia al informe del CPT. Una de las denuncias más preocupantes es la relativa a la falta de registro y notificación de las lesiones en todos los centros que visitó el Comité Europeo. «Los médicos de las prisiones [relata el CPT] demostraron, en general, una actitud reacia a registrar y notificar los episodios de supuestos malos tratos». Por eso el CPT ha recogido una recomendación específica (apartado 47 del informe) sobre el registro e informe meticuloso de las lesiones que deben realizar los miembros de equipo médico que examinan a los internos en el momento de su entrada en prisión. A menudo, las lesiones son descritas «de manera superficial y sin hacer referencia a las circunstancias en las que podían haberse producido».

La deficiente manera como se describen las lesiones motivó que el Defensor del Pueblo Español (DPE) publicara en el año 2014 un Estudio sobre los partes de lesiones de las personas privadas de libertad. El estudio del DPE traduce al ámbito estatal los mecanismos recogidos en el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (también conocido como «Protocolo de Estambul»). Creemos que el documento, que tiene como objeto realizar recomendaciones para investigar, describir y unificar los datos mínimos que deben contener los partes de lesiones en el caso de las personas privadas de libertad, es un instrumento básico para la formación del personal sanitario, tanto penitenciario como no penitenciario.

¿Salud mental dentro de prisión?

Otra de las cuestiones más desatendidas e invisibilizadas dentro de las cárceles son las personas presas que padecen algún tipo de problema de salud mental. Como recordaba la Asociación Española de Neuropsiquiatría en su Guía de Atención Primaria de la Salud Mental en Prisión, «la prevalencia de enfermedad mental entre los reclusos es muy alta: entre el 25 y el 40% según los estudios presenta algún trastorno mental, entre el 4 y el 6% un proceso mental grave y entre el 30 y el 50% un trastorno relacionado con el consumo de drogas». Una de las principales causas que favorece el encarcelamiento de personas con trastorno mental es «la absoluta falta de dispositivos alternativos» a la privación de libertad en espacios penitenciarios (ya sean hospitales psiquiátricos penitenciarios o unidades psiquiátricas). Ya en 1977, en su Recomendación 818, el Consejo de Europa instaba a los Estados a revisar su legislación sobre el confinamiento de los enfermos mentales, redefinir conceptos básicos tales como «peligroso», reducir al mínimo la práctica de la detención compulsiva por un «período indeterminado», abandonar la práctica de censurar la correspondencia, poner bajo jurisdicción de autoridades médicas a los que fueron declarados por la justicia como insanos en el momento de cometer un crimen o en el momento de la indagación y establecer procedimientos para la audiencia de las apelaciones contra las medidas de detención.

En su última visita a nuestro país, el CPT denunció que el acceso de las personas privadas de libertad a la atención psiquiátrica seguía siendo inadecuado en la mayoría de los centros penitenciarios que visitó. La delegación del CPT constató que la mayoría de personas privadas de libertad con arreglo a una medida de seguridad estaban alojadas en la enfermería de la prisión o en el módulo PAIEM. El tratamiento que recibían era exclusivamente farmacológico y, según las palabras de la delegación, «eran visitados de vez en cuando por un psiquiatra; en caso necesario, eran trasladados a un hospital civil». La razón que esgrimieron los centros penitenciarios al CPT para alojar a estos pacientes en un centro penitenciario era que «las dos únicas instituciones psiquiátricas forenses del país (situadas en Sevilla y Alicante) estaban masificadas y no podían aceptar más pacientes». Por eso, la delegación europea volvió a insistir en que «los pacientes que estaban recibiendo atención psiquiátrica forense con arreglo a una medida de seguridad impuesta por un tribunal deberían ser alojados en un centro de atención sanitaria especializado, en donde se les pueda ofrecer un abanico mucho más amplio de medidas terapéuticas, rehabilitadoras y recreativas adecuadas a sus necesidades específicas».

En el verano de 2018 el Tribunal Constitucional (TC) daba la razón al CPT al dictaminar que no es posible encerrar en una cárcel a una persona absuelta por haber cometido un delito del que no era consciente por estar afectada por una enfermedad mental. En la misma sentencia el TC lanzaba un mensaje al poder legislativo: se debe regular de manera pertinente la medida cautelar penal de internamiento en centro psiquiátrico.

#0Contenciones, también en prisión

Como ha denunciado la campaña #0Contenciones, el uso de contenciones mecánicas es una práctica normalizada en las Unidades de Psiquiatría, a pesar de que, en teoría, sólo se pueden aplicar si se dan dos circunstancias de manera simultánea: que se produzca un riesgo para la vida de la persona en estado de agitación y para la de las que la rodean, y que, además, se hayan agotado «el resto de posibilidades terapéuticas». En nuestro caso, el uso de contenciones dentro de los espacios de privación de libertad (no sólo en cárceles, sino también, por ejemplo, en centros de menores) es especialmente preocupante porque en muchas ocasiones la finalidad de la aplicación de esta medida es el castigo; se trataría en estos casos de una medida disciplinaria indicada por los propios funcionarios de prisión con la aprobación del médico, que debe acreditar que el estado físico de la persona (su paciente, por cuya salud debe velar) posibilita la contención sin riesgo para su vida. Tanto el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura como el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP) coinciden en su diagnóstico: en todos los centros visitados el registro de sujeciones mecánicas es insuficiente, se registran graves carencias en las instalaciones donde se llevan a cabo y quejas por un uso excesivo de la fuerza o golpes durante la aplicación de la misma. Por ejemplo, en lo que se refiere a los registros, la delegación del CPT «no encontró ningún libro de registro sobre el empleo de la medida en las prisiones Sevilla II y Puerto III».

Durante su última visita, el CPT señaló tres cuestiones que despiertan desde hace años su preocupación. En primer lugar, «el recurso a la sujeción mecánica para fines regimentales en las cárceles visitadas tiene claros elementos de castigo y la medida aún no cumple con las disposiciones legales españolas correspondientes». En segundo lugar, como también ha señalado el MNP, la aplicación de la contención va acompañada, a menudo, de malos tratos físicos. Por último, la supervisión inadecuada de la aplicación de la medida y su registro inapropiado eran también motivo de preocupación para el Comité.

Por todo ello, el CPT ha solicitado que se ponga fin a la práctica de recurrir a la sujeción mecánica regimental de reclusos en todos los centros penitenciarios. Un buen instrumento para empezar a transitar hacia un modelo de cero contenciones es la Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas del MNP. Por su parte, el CPT propone que una persona presa que se encuentre en estado de agitación, siempre que suponga un grave peligro para su integridad o la de otras personas, «podría ser, como último recurso, temporalmente aislado en una celda para estos casos hasta que recupere el control de su conducta una vez que todas las demás opciones razonables (como hablar con el preso) no hayan logrado contener estos riesgos satisfactoriamente».

Las precarias condiciones laborales del personal sanitario

Otro de los graves problemas que encontramos en el deficitario modelo de atención sanitaria dentro de prisión tiene que ver con la situación del personal que lo conforma. En uno de los últimos comunicados emitidos por la Plataforma de Sanidad Penitenciaria se apuntaba que la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias reconocía que «los médicos que pertenecen al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria constituyen un colectivo deficitario, con una elevada tasa media de edad, en el que resulta muy difícil una reposición de efectivos regularizada, no tanto por falta de oferta de plazas, sino de personas que reuniendo los requisitos exigidos en las correspondientes convocatorias, entre ellos los de Titulación (Medicina) y especialidad (Medicina de familia y/o interna), estén interesados y no solo decidan participar en los procesos selectivos sino que, además, los superen…».

La situación descrita por la Plataforma de Sanidad Penitenciaria ha sido confirmada por las respuestas que ha dado la Administración Penitenciaria a la senadora Maribel Mora. Así, sabemos, por ejemplo, que entre 2008 y 2017 se produjeron 123 bajas del personal sanitario penitenciario de las que solo se han llegado a cubrir 62. Este déficit estructural en la plantilla médica del centro acaba produciendo graves y diarias vulneraciones de los derechos de las personas encarceladas.

En este sentido, resulta especialmente preocupante una idea que empezó a barajar el Ministerio del Interior en los últimos meses del año pasado y es que las vacantes que se producen en el servicio de atención sanitaria de las prisiones empiecen a ser cubiertas por médicas y médicos que aún no tienen el MIR. Esa medida, además de ser de todo punto ilegal, agudizaría aún más las precarias condiciones laborales del personal sanitario y, con seguridad, afectaría a la propia atención sanitaria de quienes están privados de libertad, privándolos también del derecho a recibir una atención sanitaria por un/a profesional adecuadamente formado para ello.

Algunas conclusiones, algunos caminos a transitar

Reclamar una asistencia sanitaria penitenciaria digna y en condiciones de igualdad con el resto de la población implica únicamente que se cumpla lo establecido en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003. En este sentido, la transferencia de competencias como primera medida resulta prioritaria, porque supondría un giro de 180 grados en el actual modelo penitenciario.

Es indispensable reclamar más profesionales sanitarios dentro de prisión para cumplir al menos el mínimo establecido. Del mismo modo, es necesario que esos profesionales puedan ejercer su función, velar por la salud de sus pacientes y disponer de las condiciones materiales para ello. Esto implica, entre otras cuestiones, que existan mecanismos eficaces de denuncia ante la vulneración de derechos, capaces de garantizar la imparcialidad y seguridad de los profesionales con el fin de evitar los posibles conflictos de intereses en el ámbito de la Administración Penitenciaria.

Todo ello se podría resumir en un programa con dos objetivos: necesitamos tanto una sanidad penitenciaria independiente del Ministerio de Interior, como profesionales conscientes de las desigualdades sociales en salud y que ofrezcan una atención digna y garantista a sus pacientes.

Maribel Valiente y Francisco Miguel Fernández son miembros del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía — APDHA

30/1/2020

¿Nos jugamos el futuro a la ruleta rusa?

Joan M. Girona

La ruleta rusa era un tema recurrente en películas y novelas. Era impactante leer o contemplar como algunas personas se jugaban la vida: un juego algo inhumano. Una ruleta quizás, sólo quizás, menos inhumana se juega hoy en los casinos... no se juegan la vida pero con mucha probabilidad sí se juegan el futuro inmediato. Y la ruleta con todos los elementos del casino ha llegado a las casas, ha llegado bien cerca, a un clic del móvil o la tableta. Hace unos meses que se ha empezado a hablar del aumento exponencial de los juegos de azar. Con las tecnologías digitales puedes jugar desde el móvil como si estuvieras en un casino. Puedes ganar y perder dinero sin moverte de la silla o de la cama. Puedes ser dependiente de los juegos sin salir de casa.

El tema de los juegos de azar y de las loterías hace muchos años que está presente. Todos los gobiernos utilizan las loterías para recaudar dinero. Los beneficios de la lotería van a parar, supuestamente, a gastos sociales. Sería interesante conocer cómo se reparten, conocer qué gasto social se ha beneficiado.

Las loterías sirven para dar una pequeña esperanza de mejorar la situación de manera milagrosa. Sin esfuerzo, esperando que la suerte, la divinidad, el azar sea favorable. Se hace toda una liturgia. La lotería de Navidad es un elemento más de las fiestas navideñas. Se ha situado a la par que los regalos, las cenas, los encuentros familiares..., han conseguido que forme parte del paisaje navideño.

Bastantes personas, mayores y jóvenes, viven inmersas en los juegos de azar (varias loterías autonómicas y estatales, diarias o semanales, quinielas, apuestas,..) Nos hemos acostumbrado a vivir en medio de todas ellas; las tómbolas de las fiestas mayores y populares de los barrios; los sorteos para recoger dinero para un viaje escolar; para ir de colonias... Lo vivimos como un elemento que apacigua un poco las angustias de la crisis. Quizás por eso el gasto en loterías aumenta cuando las situaciones económicas de las familias son bajas, aunque parezca una paradoja.

Diría que con el juego en línea hemos traspasado otra línea roja. Ya no hay que salir de casa, no hay que comprar números, es más fácil que las máquinas tragaperras que hasta no hace mucho estaban muy de moda (y todavía continúan). La propaganda es repetitiva en los medios y en las redes. Es muy grave que unos personajes con cierta fama la utilicen para animar a participar de los juegos. Se está intentando normalizar algo que es anormal, que no favorece la convivencia ni la relación, que está en contra de la colaboración y la ayuda entre amigos y vecinos.

El juego en sí y el juego en línea en particular son especialmente graves. Se está haciendo mucho daño a adolescentes. ¿Por qué el juego?

Podemos pensar que es una manera de desmotivar a la gente joven ahora que se despierta, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático. A las clases dominantes interesa que la gente joven se distraiga. En otros contextos y momentos lo fue la droga que se repartió masivamente para frenar luchas juveniles. Hay que conseguir que se olvide la catástrofe climática del Mar menor, en Murcia; o lo que ocurre en las luchas en Ecuador, en Chile, en Bolivia; las matanzas de kurdos en Siria y Turquía; las refugiadas ahogadas en el mar; los desahucios diarios en nuestro país, al lado de nuestras viviendas; los plásticos que llenan los mares y llegan a nuestro organismo a través de lo que comemos... jugando on line dentro de casa no pensaremos en nada de esto.

El juego va en contra de la autonomía personal, en contra de fomentar las capacidades que tenemos y a favor de ser competitivos... Va a favor de la insolidaridad. Todo aquello que intentamos inculcar desde las escuelas son valores que pueden quedar ahogados por el juego. En la vida diaria y familiar aumentarán las dolencias, las situaciones de ansiedad, las angustias... los suicidios. Quizás merece un comentario explícito. Hemos dicho que con el juego no nos jugamos la vida pero diría que no es del todo cierto. El suicidio es hoy la primera causa de muerte entre la juventud. Angustias insuperables, falta de estimación, de autoestima, de perspectivas de futuro... pueden animar a suicidarse. ¡Cuántos de estos síntomas se acercan a los síntomas del jugador enganchado! Hasta ahora se evitaba hablar del suicidio porque se creía erróneamente que hablando aumentaba el riesgo. Esto mismo se decía cuando empezamos a hablar de drogas en los centros escolares. La mejor manera de prevenir cualquier riesgo es hablar abiertamente con cuidado y tranquilidad. La mejor manera de prever los riesgos asociados al juego es hablar. ¿Lo hacemos en los centros escolares? ¿Lo tenemos en cuenta? ¿Somos conscientes de la nueva situación peligrosa que vive nuestro alumnado?

Importan mucho los intereses crematísticos de las empresas, los intereses para ganar más y más y, a la vez (no menos importante), distraer a las personas para evitar que vivan la realidad y luchen por cambiarla. Distraerlas porque piensen en soluciones mágicas y que dependen de otros, que dependen de parámetros no controlables... Una distracción que ayuda a hacer una sociedad alienada, que acepta acríticamente todo aquello que se le dice. Las personas que están enganchadas al juego se desresponsabilizan: ganan o pierden sin sentirse responsables, será fácil extrapolar este sentimiento al resto de las actuaciones de su vida. Será fácil que hagan caso de las propagandas, de las indicaciones de los grandes controladores actuales de nuestra vida. Google, Facebook... nos están diciendo o aconsejando lo que debemos hacer, qué comer, qué comprar, cómo pasar el tiempo libre... el juego aparece en medio como un elemento de gran importancia dentro del modelo que nos quieren imponer y parece que poco a poco lo están consiguiendo. Podríamos decir que el juego, las apuestas, se están, día a día, convirtiendo en una de las adicciones graves del siglo XXI.

Como siempre maestros, enseñantes, educadoras... debemos remar a contracorriente, debemos velar en no dar pie a creer en el juego como alternativa, a no buscar éxitos o soluciones que no sean racionales, que no sean fruto del pensamiento, que sí sean precedidos de una valoración. Debemos acompañar a los adolescentes (quizás a los niños todavía no les afecta tanto) que sufren por culpa de la afición al juego; tal como acompañamos a los que están enganchados por las drogas.

Como hemos dicho, hay centros escolares y de esparcimiento que organizan rifas o tómbolas para ganar dinero para una salida, para ir de colonias... nos asemejamos a los gobiernos que organizan loterías para recoger dinero y aplicarlo, supuestamente, a necesidades sociales de la población. Y este es el camino fácil: sería mucho más útil exigir a las administraciones que dieran los recursos adecuados, que hicieran innecesario recurrir a soluciones inadecuadas.

¡Pensémoslo! El juego es insolidario, yo gano, los otros pierden. No es crítico: acepta los hechos del azar. No nos deja ser personas autónomas: dependemos de circunstancias que escapan a nuestro control.

Educadores y educadoras debemos procurar un crecimiento de niños y adolescentes como personas autónomas, críticas y solidarias. Debemos ser conscientes que tanto el problema como la solución no es individual: el problema y la solución afectan a todo el mundo. Porque educación y formación son imprescindibles pero no tienen la suficiente fuerza. Mientras el sistema económico que nos domina no proporcione un futuro real y digno, nuestra actuación será insuficiente. La conciencia cívica nos tiene que animar a luchar por unos cambios sociales, laborales y económicos que permitan a todo el mundo vivir con dignidad, como personas; que nos permitan pensar con ilusión en un futuro con posibilidades reales para nosotros y para nuestros descendientes.

Si una inconsciencia generalizada permite que el juego se vaya haciendo presente en las vidas de jóvenes y adolescentes, entre todos y todas debemos buscar las alternativas, educando como colectivo y ayudando que haya un futuro real y digno para los que están creciendo y que no lo ven, quizás, porque desgraciadamente no lo tienen.

[Joan M. Girona es maestro y psicopedagogo. Una versión previa, un tanto distinta, se publicó en el diari de l’educació] 

25/1/2020

Ni incendio ni enfermedad degenerativa

Miguel Muñiz

Desde 2007 se cita mucho a Gramsci; dos ideas del pensador marxista italiano son útiles para orientarnos en el colapso ecológico y social en que estamos inmersos. La primera, “decir la verdad es siempre revolucionario”, es parcialmente contradictoria con la segunda, “es necesario combatir el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad”. Ambas implican conflictos.

Dejemos las implicaciones de la segunda para más adelante y analicemos la primera. “Decir la verdad”, presupone determinar previamente qué es la verdad, y sobre todo afrontar el desafortunado hecho de que la verdad casi nunca es agradable. La valentía de la formulación choca con las consecuencias sociales de llevarla a la práctica, y deriva hacia la paradoja de que lo revolucionario (sea lo que sea eso) casi nunca es agradable (de leer u oír).

Sirva esta introducción para destacar la importancia del libro ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal, de Héctor Tejero y Emilio Santiago Muiño (en adelante, Héctor y Emilio). La obra ha supuesto una sacudida, que ojalá se vaya extendiendo, en la zona de confort en que se ubican la mayor parte de las denuncias sobre el colapso global y sus consecuencias ecológicas y sociales. Colapso que aún hay autores y ONGs que sitúan como probabilidad futura, no como realidad presente.

Existen dos tendencias dominantes en el análisis y denuncia del colapso: los climatólogos, más centrados en el campo ecologista; y los pikoileros, que estudian el declive en la disponibilidad de recursos energéticos minerales, y también de minerales no energéticos necesarios para mantener las infraestructuras energéticas. Dos aclaraciones: el nombre de las tendencias es de uso exclusivo en este texto, no de uso común; y que cada tendencia centre su análisis en su propio campo no significa que ignore el otro, los documentos de ambas suelen contener reconocimientos mutuos.

La obra de Héctor y Emilio ha provocado una reacción crítica en ambas porque desciende al conflictivo terreno de la política profesional; este aspecto (el paso a la concreción de una propuesta política), junto con la participación de los autores en la redacción del programa electoral de Más País para las pasadas generales, ha estimulado la reacción.

Desde la tendencia ecologista – climatológica, un ejemplo sería la reseña del profesor Sempere publicada en el número 181 de este mismo boletín que, articulada en torno a la política, comienza con un elogio global de la obra:

“Se desgranan propuestas concretas orientadas a reconstruir un metabolismo sostenible como tarea urgente para evitar los peores efectos de la crisis ecológica en curso y para poner las bases de una alternativa. Estas propuestas configuran un programa ecosocialista muy interesante.”,

elogio que luego se combina con notas críticas, por ejemplo:

“No obstante, algunos abordajes del texto me suscitan una cierta incomodidad. Uno es que no queda claro cómo se puede pasar de un capitalismo verde (aliado o no con fuerzas ecosocialistas) al Green New Deal. Otro es que el mundo real no está hecho sólo de chantajes estructurales y de deseos heteroinducidos que bloquean el cambio a mejor: detrás hay grupos sociales con una enorme capacidad económica, política, mediática y militar que vigilan, y que están dispuestos a intervenir sin contemplaciones. Creo que todo proyecto de justicia social y sostenibilidad ecológica debe avisar de esas amenazas, tratando de que dichos avisos no sean paralizantes, sino que permitan prepararse para hacerles frente.”

Sin que la reseña llegue a profundizar en esa incomodidad.

Desde la tendencia recursos – pikoilero, destacan las detalladas notas críticas de Manuel Casal Lodeiro. Un texto extenso, de 47 páginas ―1 por cada 5 del libro―, que sigue el índice de la obra. Ello conduce a repeticiones que hacen, en ocasiones, un poco pesada su lectura (como ejemplo: reiterar 11 veces que los autores no se desmarcan completamente del capitalismo es un tanto excesivo), pero el método es adecuado para destacar el punto más débil del libro: que no aborda los conflictos asociados a la disponibilidad de energía para llevar a cabo sus propuestas.

Se trata de una crítica necesaria. Circulan muchas propuestas, en éste y otros trabajos, creativas e interesantes sobre el papel, pero que quedan reducidas a nada cuando se confrontan con algo tan grosero como disponer de la energía necesaria para hacerlas realidad. Como muestra dos apuntes del texto de Casal Lodeiro, en cuestiones generales, y sobre las renovables:

“Eso (la combinación de una vida más sencilla con el uso de tecnologías avanzadas) no es un proyecto "ambicioso", es un proyecto imposible. En primer lugar porque esa "vida más sencilla" no nos la ha proporcionado la tecnología, sino en última instancia la disponibilidad de cantidades ingentes de energía de alta TRE (Tasa de Retorno Energético) a lo largo de más de siglo y medio, algo de lo que careceremos a partir de ahora.” (pg. 3).

(…)

“El siguiente nivel de desglose de su propuesta comienza partiendo de varios mitos, como el ya

comentado de lo moderno es bueno (pg. 179), o el de la posibilidad de la "sustitución" de la matriz energética actual (pg. 180), cuando los datos reflejan que las tecnologías (modernas) de captación de energía renovable no sustituyen sino que complementan a las no renovables a la vez que dependen totalmente de ellas.” (pg. 40).

Llegados a este punto es necesario reivindicar el trabajo de Héctor y Emilio: el libro es provechoso y útil. Es una obra valiente, con un estilo fluido y didáctico, de dos personas cuya juventud destaca aún más su capacidad y sus conocimientos. Los capítulos 2 y 3 son un repaso exhaustivo a todas las variables devastadoras del colapso, el resultado de más de 200 años de industrialización brutal. Sólo por eso merece la pena leerlo, pero hay más.

Los capítulos 5 y 7 son una reflexión analítica que ayuda a comprender por qué los casi 50 años de existencia del llamado movimiento ecologista no se han traducido en ningún avance real, ni cambio tangible, en los impactos ambientales que ha afrontado. Si se complementa la lectura de esos dos capítulos con el imprescindible capítulo 2 del libro de José Manuel Naredo, Raíces económicas del deterioro ecológico y social, se obtiene una visión excelente de parte de los motivos por los que hemos llegado a la situación actual. De ambas lecturas se pueden deducir varias cosas, y no es la menor la amplitud de la zona de confort en que se hallan instalados los movimientos alternativos en sociedades ricas. [1]

Y queda un tercer bloque, el de los capítulos 9 y 10, que exigen ser abordados en negativo; pues así como los capítulos 2 y 3 son un compendio exhaustivo y lúcido de horrores tangibles, los dos últimos (prescindimos de la coda del 10+1) son un compendio exhaustivo de aquello que glosaba la estrofa de la canción de Fleetwood Mac que figuraba en la cita del boletín de Mientras Tanto del mes de enero: “ciérrame los ojos, dime mentiras, dulces mentiras, cuéntame esas buenas mentirijillas…”. Y como todo ejercicio de lucidez debe partir de desmontar las dulces mentirijillas, la obra de Héctor y Emilio también es oportuna por la detallada enumeración que hace de dulces mentirijillas.

Con lo que aparece el conflicto implícito en la segunda cita de Gramsci: “es necesario combatir el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad”. Lo ilustraremos con una relación de siete ámbitos en que la obra de Héctor y Emilio nos ayuda a situarnos, ámbitos que llegarían a nueve con las pertinentes observaciones del profesor Sempere (sobre política) y de Manuel Casal Lodeiro (sobre energía), y de otros autores [2]. Sin duda se podrían añadir más ámbitos a esos nueve, pero éstos ya son significativos, pertinentes, y de urgente actuación, pues el colapso, que en las zonas ricas del planeta se vislumbra como amenaza a 10 años vista, es ya una realidad presente en otros muchos lugares. Serían:

1. - Falta análisis de las distintas consecuencias del colapso en las diferentes clases sociales. Casi toda la literatura existente interpela a una persona ficticia, ubicada en una irreal mayoría social del 99%, y contrapuesta a una irreal minoría del 1%. Frente a esa ficción, circulan informaciones de cómo las clases dominantes, que son plenamente conscientes de las implicaciones de un colapso del que son las principales causantes, ya están explorando, e incluso desarrollando, complejas estrategias excluyentes de adaptación o supervivencia [3], a costa, como es lógico, del conjunto de la sociedad. Las clases acomodadas, por su parte, disponen de recursos para establecer sinergias con las clases dominantes, y también de recursos para hacer frente, con ciertas garantías, a los impactos ambientales y sociales.

Pero ¿Y las clases subalternas? Basta leer el capítulo 20 del libro de Naomí Klein, La doctrina de Shock, en que se exponen las consecuencias que tuvo sobre dichas clases el paso por Nueva Orleans del huracán Katrina, para entender la importancia de abordar el análisis de clase del colapso. Es fácil imaginar las implicaciones de eventos meteorológicos extremos o subidas del nivel del mar sobre las clases subalternas que viven en la franja mediterránea española o, aún peor, sobre las de países como Bangla Desh, uno de los más poblados, más pobres y más amenazados del mundo. Aunque casi nada podemos hacer por esas clases subalternas lejanas, hay margen para actuar en el caso de las más cercanas si se reconoce su existencia; sin perder de vista la distancia abismal que hay (en términos sociales) entre unas y otras.

2.- Destaca la carencia de análisis, propuestas y compromisos para conformar el sujeto capaz de afrontar medidas políticas (en sentido amplio, no partidista) para la adaptación al colapso en las clases subalternas. Un sujeto que supere tópicos sobre difusos agentes sociales, sociedad civil, o un fantasmal tejido asociativo limitado a una constelación de instituciones (desde sindicatos a fundaciones de caridad), ONGs y entidades de financiación pública o privada.

El tiempo no pasa en vano. Lo que en los 80 y 90 del pasado siglo eran propuestas con un discurso teórico orientador, rico en crítica y denuncia, ha derivado, por los motivos que ya se han explicado más arriba, en miles de webs, informes, libros y documentos desconectados de prácticas y compromisos concretos. Las TIC se han revelado otra trampa, permiten que publicar (algo fácil con los medios electrónicos disponibles) se haya convertido en sinónimo de actuar, cuando no existe relación entre lo uno y lo otro. Se ha acabado produciendo discurso autoreferenciado y reiterativo, sólo apto para iniciados y ajeno a las clases subalternas y, en general, paralizante. [4]

3.- La ausencia de análisis sobre la violencia que provocará el colapso, y cómo afrontarla. Algo que Héctor y Emilio tienen la valentía de mencionar en dos puntos: en el papel de las mafias (págs. 152 y 153) que asumen el control de la violencia (en complicidad, o no, con las fuerzas estatales) en ausencia de un estado que garantice el monopolio regulado de dicha violencia (basta contrastar lo que sucede en amplias zonas del mundo fuera de la UE, con otras áreas geopolíticas con estados aceptablemente solventes, para comprobarlo) y, segundo, en el papel clave que jugará el ejército en muchos ámbitos, dada su condición de institución que no está sujeta a dinámicas a corto plazo, por lo que puede elaborar perspectivas estratégicas de país al margen de las clases dominantes (El siglo de los soldados, págs. 54 a 57).

4.- Falta de análisis de las redistribuciones espaciales de población que serán necesarias como consecuencia del colapso, y como afectarán a las clases subalternas de las grandes ciudades. Los datos prueban que las grandes ciudades no podrán existir en un colapso energético, no sólo referido a electricidad y a combustibles, sino también a la producción de alimentos, suministro de agua, movilidad, y captación de flujos energéticos.

Se trata de algo vital para las clases subalternas, pero es duro pasar a la enunciación concreta de carencias, y a una árida contabilidad de recursos, para formular proyectos de ordenaciones territoriales; es mucho más gratificante especular con idílicas, y teóricas, comunidades autosostenidas en las que se ejercita el buen vivir; como si esas burbujas especulativas pudiesen escapar al destino de sus equivalentes físicos en un mundo de desequilibrios.

5.- No se abordan los conflictos de redistribución material, lo más equitativa posible, de recursos en una sociedad marcada por diversas formas de escasez; lo que lleva nuevamente a la cuestión, nada insignificante, del papel de la autoridad del estado como principal, aunque no único, elemento vertebrador de una estructura social equitativa. El profesor Sempere plantea en su reseña la incómoda cuestión.

“El mismo Emilio Santiago se revuelve incómodamente ante el asunto; cuando habla de Cuba en el período especial (en otro libro suyo, Opción Cero), reconoce la ventaja, para hacer frente a la falta de petróleo, de contar con un Estado liberado del poder capitalista y dotado de algunos instrumentos clave para una respuesta solidaria. Un Estado no capitalista tiene, pues, ventajas; pero ¿cómo se consigue un Estado no capitalista sin revolución?”

6.- No existe análisis de las implicaciones de dos variables de peso considerable: de una parte, restricciones controladas de flujos (agua potable, electricidad, energía, etc.) que deben ser calculadas, gestionadas y previstas a medida que se den series de eventos extremos; de otra parte, el racionamiento equitativo de bienes básicos, desde los alimentos mínimos necesarios para una dieta sana, hasta cuestiones sanitarias elementales (atención médica, medicamentos genéricos, o algo tan humilde como el jabón). Ese análisis pasa por elaborar relaciones extensas, adecuadas a cada sociedad concreta.

7.- La falta de referencia a la organización sistemática, y en ámbitos territoriales concretos (vinculados al punto 4), de la reutilización, el reciclado y el aprovechamiento de materiales no-perecederos actualmente abundantes (vidrio, piezas metálicas, componentes eléctricos, etc.), pero que escasearán a medida que la producción industrial se resienta por las restricciones energéticas en el sector secundario. Una línea de conflictos que ya se están dando camuflados en costes económicos. [5]

En general, las analogías provocan equívocos; la que da título al libro de Héctor y Emilio se hace eco del discurso simplista del incendio que los medios han divulgado ampliamente en favor de las y los jóvenes de la llamada generación Z [6] que protagonizan movimientos como XR y FfF. Aunque los autores reconozcan, página 95, un colapso resultante de una enfermedad degenerativa, no de un incendio, no son comparaciones pertinentes.

Porque el colapso es inevitable y no se puede ni detener, ni apagar, ni revertir, ni conduce a la muerte ni al final; y todo ello se sabe, pero cuesta reconocerlo. No sirve de nada maquillar los datos del IPCC, diseñar transiciones sobre el papel, y escribir, y escribir, y escribir para, afinando el análisis, dejar constancia de la ignorancia sobre la mostrenca realidad. Mejor aceptar lo inevitable, esperar lo mejor (dentro de lo malo) y prepararse para lo peor, actuando desde ya. Lo sabido hasta ahora conduce a reflexiones inquietantes que no deben ser ignoradas [7].

Y aquí estamos. Han sido Héctor y Emilio los que con su valor para asumir riesgos y afrontar críticas y errores, han posibilitado esta amarga combinación de verdad, pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad.

Notas

[1] Ver 15-01-2020. Las dos cumbres climáticas de Madrid: contradicciones, insuficiencias y perspectivas. Ferran Puig Vilar. 15.15.15. Revista para una nueva civilización

https://www.15-15-15.org/webzine/2020/01/10/las-dos-cumbres-climaticas-de-madrid-contradicciones-insuficiencias-y-perspectivas/. Más allá de la pertinencia del análisis de la COP25, la segunda parte del artículo es un ejemplo ilustrativo del poder destructivo de la trampa de la diversidad, en cuyo egoísmo chapotean la mayoría de los movimientos alternativos que ocupan espacios informativos en los medios progresistas. Resumiendo, en la COP25 Alternativa se habló de muchas cosas, pero el cambio climático no era el eje central, sólo era la excusa para que cada colectivo contase lo suyo.

[2] Dos referencias más. 06/11/2019. La casa en llamas en lo alto de la cumbre. Antonio Turiel. The Oil Crash. https://www.rebelion.org/n oticia.php?id=262135 y 17/07/2019. Green New Deal: solucionar problemas y problematizar soluciones.

https://forotransiciones.org/2019/07/17/green-new-deal-solucionar-problemas-y-problematizar-soluciones/

[3] Como casos limitados, dada la discreción informativa, ver

- https://elpais.com/economia/2020/01/17/actualidad/1579283374_774737.html y

- https://ctxt.es/es/20180801/Politica/21062/tecnologia-futuro-ricos-pobres-economia-Douglas-Rushkoff.htm

[4] Como ejemplo tomemos un modesto libro, Petróleo, editado en 2019 por Arcadia y MACBA. En él se recogen tres aportaciones de personas de probado compromiso ético: Emilio Santiago Muiño, Yayo Herrero y Jorge Riechmann. Pues bien, sólo el contenido de la primera de las colaboraciones hace referencia al título del libro, las otras dos son reflexiones filosóficas genéricas sobre las transformaciones humanas y socioecológicas que consideran necesarias para un cambio global. En las tres, la desproporción entre contenidos y referencias es abrumadora. La primera ponencia, tiene 52 páginas, con 64 notas a pié de página; sin contar los autores genéricos que se mencionan (Marx, Pasolini, Goethe, etc.) el contenido concreto referencia 20 autores. La segunda aportación tiene 32 páginas, apoyadas en 44 referencias a diversos autores. La tercera, de 38 páginas, menciona a 74 autores dentro de la exposición, y hace 59 referencias más en las 9 páginas de notas al pié. En resumen, un modesto libro divulgativo de 122 páginas de texto útil contiene 241 referencias. Muchas de sus páginas son un enlazado continuo de citas y mas citas, de autores y más autores. No parece el mejor camino para llegar a las personas que desconocen los conflictos que se derivan del colapso.

[5] Ver 22/01/2020

https://www.eldiario.es/economia/Industria-electrointensiva_0_987601381.html

y antes 10/04/2019

https://www.eldi7ario.es/economia/Industria-aprobar-estatuto-electrointensivos-elecciones_0_887161491.html

y antes aún 07/12/2018

https://www.eldiario.es/economia/industria-electrointensiva-estatuto-propio-junio_0_843766075.html

[6] Ver: https://www.lavanguardia.com/vivo/20180715/45818419326/dia-habilidades-juventud-generacion-z.html y

https://elpais.com/elpais/2019/09/27/buenavida/1569597592_555709.html

[7] 07/01/2020 Adaptación profunda, un mapa para navegar por la tragedia climática

Jem Bendell. http://rebelion.org/docs/264237.pdf y

https://www.scientistswarning.org/wiki/deep-adaptation-agenda/ (versión en castellano)

[Miguel Muñiz Gutiérrez mantiene la web de divulgación energética http://www.sirenovablesnuclearno.org/]

28/1/2020

De lucha y de gobierno

Albert Recio Andreu

La llegada de Unidas Podemos al Gobierno de la nación vuelve a plantear un viejo dilema de todas las formaciones políticas con aspiraciones de transformación social, de aquellas que representan —o tratan de representar— a la gente común, la que no tiene poder, de las que plantean propuestas programáticas tradicionalmente excluidas de las agendas políticas dominantes. Hay tres respuestas posibles a esta cuestión: la que podríamos llamar “revolucionaria”, basada en tomar las instituciones meramente para utilizarlas como espacios de propaganda, para desestabilizarlas y generar una dinámica de transformación radical; la “seguidista”, orientada a convertir al partido en un mero altavoz propagandista de lo que se hace en el Gobierno, y una tercera vía, que ha sido predominante, por ejemplo, en los viejos partidos comunistas occidentales: concebirse como organizaciones binarias, con una pata en lo institucional y otra en los movimientos sociales, en un intento de dividir la actividad política entre un fomento de las reformas en las instituciones y una presión en la calle para que aquellas sean de mayor calado.

Las dos primeras opciones parecen vías muertas (al menos en las sociedades capitalistas desarrolladas, donde hasta hoy nunca se ha dado un proceso de revolución radical). La Revolución rusa tuvo lugar en un país semidesarrollado y desangrado por una sucesión de guerras cruentas y una administración totalmente ineficaz, y el resto se han producido en países subdesarrollados. La combinación de un aparato político e institucional poderoso con la complejidad de las propias sociedades desarrolladas hace difícil prever que las cosas vayan a cambiar en el futuro, lo cual no supone que debamos renunciar a cambios profundos; solo sugiero que la de la transformación continua suele ser una vía muerta en las sociedades capitalistas consolidadas. (Algunos pensaron que la movida independentista catalana era esa posibilidad y posiblemente aún son incapaces de entender de qué iba el procés, mientras que otros, como la CUP, han optado por vivir permanentemente en la ficción, lo que les ha llevado incluso a votar igual que Vox.) Y, por su parte, la opción “seguidista” solo conduce al desastre, la desmovilización y el descrédito.

Es por esto que vale la pena explorar la tercera opción. La formulación es atractiva, pero en la práctica resulta difícil de implementar, al menos en los términos en los que se ha tratado de hacer (a partir de una organización centralizada que debería ser capaz, a la vez, de llevar a cabo una intervención institucional eficiente y de organizar a la gente que va a intervenir en las organizaciones y movimientos de base). Hay muchas razones para que esto no funcione. Señalo las que me parecen más importantes. La primera tiene que ver con el propio diseño organizativo, pues el doble objetivo exige contar con maquinarias potentes en ambos espacios, algo particularmente complicado de conseguir y que se contradice con las dinámicas que cada espacio requiere. Uno de los éxitos organizativos de la empresa privada es que está diseñada con un solo objetivo, ganar dinero, y adopta una estructura adecuada para este fin. Por esto es tan inadecuada, en cambio, para promover otros objetivos, como el bienestar de sus empleados y el de la comunidad, la conservación del medio ambiente, etc. En segundo lugar, este planteamiento ignora que a menudo hay puntos de fricción importantes entre la acción institucional y los movimientos sociales. Estos últimos tienden a focalizarse en objetivos concretos, mientras que la acción institucional transcurre siempre como un complejo juego de pactos, movimientos contradictorios, estrategias complejas. Es bastante corriente que surjan tensiones entre las diferentes alas y, en una organización centralizada, que el conflicto trate de resolverse imponiendo las lógicas de una acción a las de otra. Suele ser la cara institucional la que se impone a la movimentista, lo que suele generar desafección y desmovilización. Y en tercer lugar, y no menos importante, no se puede descartar que en toda organización que se precie lo colectivo se combine con las aspiraciones personales de cada cual. Vivimos en un mundo donde la presión del triunfo y el reconocimiento es muy fuerte, y en el plano político ello suele traducirse en quién ocupa cargos y puestos en las listas. Dedicarse a los movimientos suele consistir en ocupar el lado marginal, y en la sociedad actual este problema está exacerbado por el hecho de que un gran número de activistas son personas con estudios, con aspiraciones a desarrollar una carrera profesional. La peor forma de enfrentarse a estos problemas es ignorándolos.

Muchos de ellos son detectables en la historia de la izquierda tradicional, a menudo alimentados o camuflados por debates políticos bastante doctrinarios que no han hecho sino añadir un punto de acidez a la cuestión. No parece que la nueva izquierda de Unidas Podemos y Els Comuns esté vacunada contra estos males, sobre todo teniendo en cuenta su deficiente modelo organizativo y su elevada dependencia de líderes y lideresas carismáticos. Bastantes crisis ha padecido ya Podemos como para pensar que ahora no puedan reproducirse a otra escala y con otras trayectorias.

Contar con una base social que apoye, impulse y haga avanzar buenas políticas sociales es imprescindible para cualquier fuerza reformista. Los líderes actuales de Unidas Podemos no paran de repetirlo, y en esto tienen toda la razón. Pero una cosa es reconocer la importancia de la movilización social y otra, desarrollar una política adecuada en esta dirección.

Pensar que las propuestas de izquierdas avanzarán fruto de la mera movilización es bastante ingenuo. Fundamentalmente por una razón simple: es imposible aquilatar los plazos y los ritmos de los movimientos a los de la acción institucional. Nos guste o no, los movimientos sociales de la época neoliberal se desarrollan más como estallidos breves que como procesos de movilización constantes en el tiempo. Es algo que explicó bien Albert Hirschman en su imprescindible Salida, voz y lealtad, y que tiene que ver con la ruptura de la vida cotidiana que suponen las movilizaciones. En todos los movimientos en los que he participado se cumple una dinámica parecida: un pequeño grupo de militantes, convencidos de lo que hacen, que trabajan incesantemente en torno a un tema, y, en el mejor de los casos, unos momentos de gloria en que el tema se vuelve viral y se produce una respuesta social que a veces sorprende y supera al núcleo promotor. En la mayoría de los casos, pasado un tiempo más o menos largo, la movilización decae y el núcleo se vuelva a enfrentar a sus limitadas fuerzas. El que un tema se convierta en una gran movilización depende no solo de la calidad del trabajo realizado sino de otros muchos factores, como el tratamiento mediático, la existencia de un componente emocional, la reacción ante un hecho impactante, etc. En cambio, los tiempos de las instituciones suelen ser lentos y complejos, y explican por qué en muchos casos las élites consiguen imponer su voluntad o cuando menos pagar un peaje menor. Planear la acción institucional solo en función de la movilización exterior resulta erróneo porque en muchos casos esta última será insuficiente.

Para impulsar cambios importantes hay que trabajar de otra forma y a más largo plazo. En esto la derecha nos lleva miles de metros de ventaja, pues controla muchas de las entidades y actividades que organizan la vida cotidiana de la gente y a partir de las cuales construye su hegemonía. Son los movimientos más relacionados con esta cotidianeidad organizada los que consiguen desarrollar movilizaciones más persistentes (ahí radica la fuerza del independentismo catalán y vasco), pero esto no es posible construirlo como un proceso instrumental sino que fluye como resultado de un enjambre de prácticas sociales dispersas y conectadas entre sí. Se da, además, el hecho de que las entidades y movimientos sociales tienen sus propios proyectos y ritmos, que no siempre coinciden con las posibilidades de acción institucional, que en sí mismos generan desencuentros y críticas que a menudo son vistas como ofensivas por la gente que está interviniendo (a veces con mucho esfuerzo) en la esfera institucional.

Pensar una acción de gobierno y de lucha exige reconocer estos problemas y plantear bien las cosas: la dificultad de sincronizar los tiempos y las acciones de los movimientos con los de la vida institucional; la aparición de disonancias entre las dos esferas que exigen mediaciones, empatía y sentido del humor; la necesidad de generar procesos sociales que vayan más allá de la mera lucha reivindicativa, y la necesidad de generar apoyo material y social a unas entidades y movimientos, sin el cual toda la dinámica resulta imposible.

III

La propuesta de una acción dual es buena pero insuficiente. El modelo de un partido del que partía todo, con una dirección omnipresente, ha demostrado ser un fracaso. Si de verdad se quiere generar una experiencia en que la batalla se dé en lo institucional y en lo social hay que adecuar las formas organizativas. Hay que pensar más en una constelación de organizaciones que en un modelo centralizado. En esto la derecha nos lleva la delantera. Se requiere una buena maquinaria política institucional que forme cuadros y prepare las batallas políticas, pero que tenga a su alrededor centros de reflexión, activistas en movimientos sociales, redes de especialistas con su propia autonomía y dinámica y con los cuales hay que desarrollar buenos mecanismos de interrelación y conexión, todo ello para saber manejar los inevitables conflictos y sacar de cada espacio todo su potencial transformador.

Si Unidas Podemos sabe hacer algo de esto es posible que exista una posibilidad de respuesta social. Si fracasa, si los hiperliderazgos y las inercias adquiridas convierten lo de “lucha y gobierno” en un mero eslogan, corre el riesgo de convertirse en la enésima experiencia fallida de una fuerza de izquierdas. Ahora que ya se está en el Gobierno sería un buen momento para que otra unidad pensara cómo empezar a articular un modelo organizativo serio y viable.

30/1/2020

Ensayo

Juan-Ramón Capella

Sobre la marginación de Manuel Sacristán

Este texto, publicado en 1988 en la revista de poesía Un Ángel Más, y que tuvo escasísima circulación, se reproduce ahora revisado en mientras tanto, cuando lo que ayer fue marginación parece haberse convertido en olvido interesado de una voz crítica no solo con el franquismo sino con el sistema que le ha sucedido; de una voz mayor, tan destacable como la de Ortega; una voz que contribuyó decisivamente a introducir las temáticas ecologistas, feministas y antibélicas en el mundo intelectual hispánico, y que antes de eso ya se había significado como el intelectual más destacado de la izquierda en España.

* * *

Un lector de la obra de Manuel Sacristán Luzón poco enterado de los debates de los círculos de intelectuales de Barcelona tendrá dificultades para explicarse los malos tratos en letra impresa hacia quien ha sido el más destacado filósofo de tan olímpica como en todos los sentidos polucionada ciudad desde sus tiempos de campamento romano. No sólo en libros de memorias o artículos periodísticos sino también en varias novelas de ambiente barcelonés se convierte a Sacristán en el malo de la historia.

El caso es que en torno a la revista Laye, animada por Sacristán, se había reunido a principios de los cincuenta un grupo de jóvenes principalmente escritores como Gabriel Ferrater, su hermano Joan Ferraté, Jaime Gil de Biedma, Carlos Barrral, Alberto Oliart, José M. Castellet, el sociólogo E. Pinilla de las Heras, el cineasta Alfonso García Seguí, y otros, alcanzando sus ramificaciones a gentes como el hoy diplomático Jesús Núñez, o a los mayores de los Goytisolo aunque no llegaran a colaborar en aquella revista finalmente liquidada en consejo de ministros. Algunos de los miembros del grupo patrocinaron años más tarde la ghettización de Sacristán por un lado mientras las autoridades gubernativas y académicas hacían el resto. Y esta historia debe ser contada —por mucho que fastidie hacerlo— porque la marginalidad de Sacristán, su exilio interior, no fue querida sino, como suele suceder siempre, impuesta desde fuera.

Se reconoce inmediatamente la contrahechura de Sacristán en el personaje de una de las primeras obras de Juan Marsé, el profesor manipulador de jóvenes que a lo largo de su clase fascinante se transmuta metafóricamente en miliciano. La página es un auténtico curiosum, pues resulta difícil imaginar al novelista en los recintos universitarios de entonces, y menos siguiendo los cursos de filosofía y lógica simbólica de Sacristán. El poeta que editaba ese libro, más tarde, en sus penitenciales memorias, tiene idea, sin saber —dice— hasta qué punto es un falso recuerdo, de haber visto a Sacristán por vez primera entre los energúmenos falangistas que asaltaban un cine, para describirle poco después fingiendo traducir del griego un texto en una edición que supone bilingüe (en cambio el editor-poeta no recuerda haberle pagado la traducción de la Crítica del gusto de Della Volpe a seis pesetas la holandesa). Las ideas son: extremismo y manipulación.

Un poco de lo mismo aunque disculpable hay en Coto vedado: Juan Goytisolo se distancia condescendientemente para no ver en Sacristán a la “mala compañía” de su hermano menor, a quien acabó torturando la policía del franquismo. La sensibilidad de Goytisolo le impide prestarse sin embargo a charlas de lavadero. Otros no lo logran. Joan Ferraté cabalgó sicilianamente en El País a su regreso del paraíso norteamericano con su versión de una historia pasada entre dos muertos, Sacristán y su hermano Gabriel, detenido éste por la errónea interpretación policial de un pseudónimo del primero y cerrada felizmente por la audacia de Sacristán al entrar en la boca del lobo, la Brigada Social, proclamando la paternidad del escrito incriminado. La “manipulación” era —entre otras lágrimas histéricas— la acusación de Ferraté. El falangismo del Sacristán adolescente es mencionado siempre: para Castellet o José Agustín Goytisolo —entrevistados por J.F. Marsal en Pensar bajo el franquismo—, para Barral, para el editor y político Joan Reventós, el falangismo adolescente de Sacristán ha de ser mencionado porque es el preludio de otro “extremismo”.

La imagen del sectarismo político —sectarismo consistente en militar en un partido que luchaba por la recuperación de las libertades políticas—, de la manipulación políticamente interesada, está servida. No es de extrañar que pasara de los ambientes en que se movía el Manuel Sacristán de los cincuenta a círculos algo diferentes, con historias distintas, en las que las intervenciones de Sacristán se vieran desde las bien construidas anteojeras: tal puede ser el caso de Vázquez Montalbán, en cuyas novelas anteriores a la muerte del filósofo ha de encontrarse siempre un profesor comunista sectario y lleno de prejuicios o citas de Sacristán puestas en boca de los personajes del guiñol.

Sería erróneo atribuir la antipatía hacia Sacristán tan claramente manifestada a las pequeñas historias internas de un grupo de colegas. A pesar de su pudor para expresarse en el mundo de los afectos, Sacristán suscitaba simpatías y amistad sobre todo entre quienes le escogimos como maestro, entre los compañeros de la base del partido y en multitud de estudiantes (algunas de esas simpatías, como la de un ex-alumno luego ministro de defensa, no eran precisamente correspondidas: “Uno no es responsable de su influencia”, solía decir Sacristán en estos casos). Pequeñas historias las hubo: la mencionada anteriormente con G. Ferrater, pero que no molestó a éste sino a su atribulado hermano, u otra en que la responsabilidad hacia la seguridad de los militantes comunistas le costó a Sacristán el distanciamiento de un grandísimo poeta a quien apreciaba también como amigo y como compañía intelectual estimulante. Esas historias se dejaban caer más tarde en versiones varias sobre quienes aún llevábamos pantalón corto cuando se produjeron los hechos.

La cuestión es: ¿por qué se repetían? ¿Por qué la prevención contra el “político”, el “manipulador”, el “extremista” Manuel Sacristán? La explicación puede verse en términos de concepciones contrapuestas de la función del intelectual que proceden de distintas actitudes sociales de fondo y de proyectos ético-políticos también distintos. Sobre la concepción de la función del intelectual puede resultar ilustrativa una anécdota que responde a una definición. La anécdota: Sacristán visitado un verano en Sant Feliu de Guixols por uno de los miembros del grupo, J. M. Castellet, intelectual tradicional, para decirle que la gente originaria de Laye había decidido que constituían una generación; proyectaban fotografiarse juntos para la posteridad y había acudido a reclutarle para la foto. La fotografía se hizo efectivamente, a pesar de la carcajada con que el filósofo rechazó la invitación, en el patio de la empresa Seix & Barral, y al parecer se ha publicado más de una vez. La definición la pondría Sacristán en otro contexto: entrevistado sobre la obra de Joan Brossa, señala que la difícil poesía y el teatro de éste son una recusación más completa de esta sociedad que el vociferar inocente o intencionado de algunos intelectuales muy comunicativos que actúan como agentes publicitarios del gremio.

Pues lo que distanciaba a Manuel Sacristán de los intelectuales barceloneses fue su toma de posición a propósito de lo que entonces se llamaba “el compromiso”: su “incorrección” consistió en no mantener la posición del espectador crítico del sistema pero al abrigo de su aparato represivo sino en tomar partido activamente por los trabajadores y los oprimidos. Tras alguna prospección del lado de las organizaciones clandestinas anarquistas, entró en el partido comunista hacia 1956. Aportaba la calidad de su pensamiento y la fuerza de su impulso ético. A partir de ahí sería “el político”, el “manipulador” (o incluso “el stalinista”, aunque cuando ese “stalinista” fue miembro del Comité Central alguien tan liberal como Claudín —luego muy jaleado por aquellos intelectuales— le prohibiera repartir como obsequio a sus compañeros traducciones mecanografiadas de poemas de Brecht).

No deja de ser curioso que al cabo de los años Sacristán fuera de la mano de marginales, feministas, ecologistas y pacifistas y como siempre de los trabajadores, y fundara una revista, mientras tanto, que no recibe subvención ni la espera. Los que le criticaban han sido luego senadores no se sabe si reales o imaginarios, consejeros culturales de altas instituciones, diputados, por no hablar de los que han acabado defendiendo a la OTAN entre las ruinas de su inteligencia. El tiempo pone en claro muchas cosas. La miserable denigración de la persona era la forma sustitutiva de política que algunos “críticos” se dejaban imponer por el franquismo. Pues lo que en realidad se le criticaba a Sacristán no es que hiciera política, sino la política que hacía. Que no era, precisamente, la de los vencedores de siempre.

21/1/2020

Antonio Antón

El nuevo progresismo de izquierdas

El perfil mayoritario de la base social y electoral de las fuerzas del cambio de progreso es el siguiente: Joven, urbano, de clase trabajadora y estudios medios, con cultura política progresista, feminista, ecologista y de izquierdas. Algunos de estos rasgos rompen o matizan cierto estereotipo sobre el electorado de Unidas Podemos y sus convergencias y aliados. Tiene unas diferencias significativas con los del conjunto de la sociedad y, en particular, los del Partido Socialista, la otra formación caracterizada de izquierdas o progresista y que, conjuntamente, van a gobernar España con un proyecto compartido.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realiza los estudios demoscópicos más amplios sobre la realidad social y electoral. Sus sucesivos Barómetros aportan muchas claves para conocer la sociedad española. En particular, el último Estudio 3267 (Barómetro de noviembre) ofrece un Avance de resultados según la opción electoral por variables sociodemográficas (edad, sexo y clase social) e ideología política: izquierda/derecha, o bien progresista/liberal/conservador/socialista, así como nacionalista, ecologista y feminista.

Como se sabe, los grandes bloques político-ideológicos de las derechas, las izquierdas y los nacionalismos se han mantenido con algunos ajustes respecto de los resultados electorales de abril. El aspecto principal que permite la gobernabilidad, una vez fracasada la opción de un gobierno socialista en solitario, junto con la dificultad de la operación de gran centro o la colaboración del PP con el PSOE, es la persistencia de una mayoría parlamentaria progresista, con ventaja sobre las derechas: un gobierno compartido de progreso entre Partido Socialista y Unidas Podemos (y sus aliados), con el apoyo de otros grupos políticos colaboradores (PNV…) y la necesaria abstención de ERC.

Comienza un nuevo ciclo político cuyos retos principales, vigentes ya desde hace una década y desde una óptica progresiva, son el avance en la justicia social y la igualdad, la democratización y regeneración institucional y la regulación del conflicto territorial. La pugna de fondo en el actual contexto europeo está entre las tendencias regresivas o de involución, el mero continuismo con retoques secundarios y la dinámica de cambio de progreso. Todo ello vinculado al desgaste cívico de las élites gobernantes, con el agotamiento del bipartidismo y un reequilibrio representativo en los campos progresista y conservador, con diferencias sustantivas en su interior, que abre la vía para una gestión institucional más plural y negociada y una nueva polarización de bloques.

En ese sentido, es fundamental tener en cuenta la situación real de desigualdad en la sociedad, dada la persistencia de la crisis social para la mayoría. Además de las condiciones de vida de la población por diferentes categorías hay que considerar su percepción y su actitud política e ideológica. En definitiva, se trata de conocer las corrientes sociopolíticas susceptibles de impulsar, avalar y apoyar una trayectoria de cambio progresista e investigar la dinámica de legitimación cívica del nuevo Gobierno y sus políticas públicas en la medida que acierten con sus objetivos de progreso para la mayoría social y el país.

En un amplio Informe, basado en el estudio aludido del CIS y publicado por Nueva Tribuna, hago un exhaustivo análisis: en la primera parte expongo las variables sociodemográficas de los diversos electorados —edad, sexo y clase social—; en la segunda parte analizo sus características político-ideológicas.

Así, detalla la particularidad de la base electoral de las fuerzas del cambio y la compara con la del Partido Socialista, para interpretar las bases sociales que pueden condicionar la evolución política y la gestión gubernamental y modificar las expectativas sociales y la legitimidad de ambas formaciones.

Parto del enfoque social y realista de la sociología crítica para valorar la interacción entre las condiciones materiales (nivel de ingresos y estatus sociolaboral) de la gente, su percepción y su sentido de pertenencia colectiva, así como su comportamiento político-electoral. Desde una perspectiva sociohistórica e interactiva la cuestión es explicar los procesos de identificación, normalmente múltiples y mixtos y con distintos niveles de intensidad en cada momento, y su vinculación con su actitud sociopolítica y su expresión sociocultural.

La formación sociohistórica y relacional de las bases sociales progresistas

La realidad expuesta de la ideología política dominante en el electorado del espacio del cambio es evidente. La mayoría combina dos de las características siguientes: Progresista, feminista, ecologista y socialista/socialdemócrata. Casi la totalidad se considera de izquierdas y en torno a la mitad perteneciente a las clases trabajadoras (y algo menos a las clases medias). Además, según las variables sociodemográficas analizadas en la primera parte del Informe, la base social de progreso es, sobre todo, joven, urbana, de clase trabajadora y estudios medios.

Aquí expongo algunas interpretaciones sobre la cultura sociopolítica de esta base social que apoya un cambio de progreso y su conformación en el contexto de esta década. En primer lugar, hay que señalar el reequilibrio entre cierta estabilidad a largo plazo de las dinámicas político-ideológicas básicas (liberal-conservadoras, socialistas…) con la nueva resignificación y ampliación de otras tendencias más nuevas/viejas (progresismo, feminismo y ecologismo…). En segundo lugar, persiste la generalizada percepción y auto ubicación de izquierdas, cuya dimensión se amplía, especialmente entre la gente joven; pero es compatible con otras identificaciones, dando lugar a identificaciones múltiples, con combinaciones diversas y cuya expresión depende del contexto y momento. Queda sin profundizar la trayectoria del nacionalismo, en su polarización, por un lado el periférico, particularmente del independentismo catalán, y por otro lado, el españolismo excluyente, que no estudia el CIS; ello frente a una realidad plural con componentes identitarios diversos y mixtos.

Por tanto, en esta última década de convulsiones relevantes, se han producido transformaciones y refuerzos de algunos rasgos significativos en la cultura y actitudes de la sociedad, especialmente de las generaciones jóvenes, al mismo tiempo que cambios significativos en la configuración de la clase política y su apoyo representativo. La tesis que mantengo, y he comprobado en diversas investigaciones y escrito en varios libros, es doble y afecta, sobre todo, a la reconfiguración y reequilibrio de las dos tendencias principales del campo progresista o de izquierdas, el Partido Socialista y las fuerzas del cambio de progreso (Unidas Podemos y sus aliados).

Primero, el desarrollo inicial de la desafección popular-progresista respecto de la cúpula socialista. La brecha conlleva una doble dinámica. Por un lado, se produce un desplazamiento de la cúpula gubernamental socialista hacia la derecha: su gestión neoliberal de la crisis socioeconómica con dinámicas autoritarias y regresivas (años 2010/11) y, tras su derrota y desconcierto, su posterior apoyo a la normalización institucional bajo la gobernabilidad del PP (años 2016/17). Ello conlleva un amplio distanciamiento de la mitad (cinco millones) de su base social, así como una profunda crisis estratégica y discursiva. Llega hasta el intento refundador del sanchismo, no exento de vacilaciones y ambivalencias, y la victoria del bloque progresista de la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy. Y prosigue hasta el actual acuerdo gubernamental de progreso, tras el fracaso de la operación gran centro y de colaboración de las derechas, con la victoria electoral relativa socialista y la resiliencia de UP y sus convergencias.

Al mismo tiempo, durante el primer lustro (2010/14) se genera una reafirmación democrático-progresista en gran parte de la sociedad tras valores igualitarios y de justicia social, así como demandas democratizadoras y de progreso real. Ese proceso de formación de una corriente crítica contra el bipartidismo y las élites gobernantes culmina con su activación electoral (2015/16) hacia una nueva representación más acorde con su tradición y experiencia político-ideológica democrática. Está basada en un progresismo de izquierdas en la que muchos incluían una cultura socialista, o bien feminista y ecologista. Tiene un trasfondo de valores ilustrados y republicanos (igualitarios, solidarios y de no dominación), y conforma un nuevo conglomerado cultural progresivo.

Segundo, lo que ha cambiado no ha sido tanto la posición político-ideológica de esa base social de progreso sino la readecuación al contexto y la reafirmación de la cultura existente (democrático-igualitaria). La diferencia son sus implicaciones prácticas. Se ha convertido en actitud consistente de rechazo a la involución social, económica e institucional (recortes sociales, prepotencia, corrupción) junto con demandas progresivas (derechos sociales y laborales, protección pública, regeneración y democratización institucional…).

El llamado movimiento 15-M, con todas las protestas sociales de ese ciclo y su legitimidad ante dos tercios de la población, se inició ante el giro derechista de la gestión de la élite gobernante socialista, y se reafirmó ante la dureza regresiva del gobierno liberal-conservador frente a la crisis socioeconómica y el autoritarismo institucional. La demanda de esa tendencia cívica era (y es) mayor democracia y justicia social, con valores clásicos de igualdad y libertad actualizados. Más tarde, esa corriente sociopolítica se consolidó institucionalmente con la configuración del llamado espacio del cambio de progreso, con una actitud transformadora real. Alcanzó (2015/16) la conformación casi paritaria de las dos fuerzas progresistas, Unidas Podemos y sus aliados y convergencias y el Partido Socialista… hasta que éste ha roto esa relativa paridad y ha reforzado su prevalencia en el momento actual.

Por tanto, los cambios relevantes han sido en los dos planos: uno, la reafirmación relacional y práctica (no la radicalización) de los valores éticos y democráticos existentes, a través de la activación cívica y la participación política de esa amplia actitud popular transformadora, igualitaria-democrática; dos, la articulación sobre esa base social de progreso de una nueva representación político-institucional diferenciada de la cúpula socialista (y superadora de la de IU).

En definitiva, hay una combinación de dos procesos: por un lado, cierta renovación en la definición y vivencia político-ideológica de amplios sectores sociales críticos, expresada por el progresismo ecofeminista de una base social alternativa; por otro lado, una continuidad en los valores igualitarios y democráticos de fondo. Su traducción práctica es la reafirmación experiencial y de polarización sociopolítica frente a las dinámicas regresivas, prepotentes y reaccionarias, así como la crítica de las élites gobernantes y el apoyo a su recomposición.

Al mismo tiempo, e interactuando con ello, existe una ruptura en el sistema político representativo del bipartidismo gobernante, con un reequilibrio entre el Partido Socialista (tras la relativa renovación del sanchismo y con posición de ventaja) y las fuerzas del cambio de progreso (Unidas Podemos y sus aliados, incluido Más País y Compromís), aun con sus debilidades y fracturas.

Lo que parece existir es un sector (al menos dos millones) de vasos comunicantes entre los dos campos progresistas principales, a veces, mediando la abstención. O sea, en las elecciones de este año, 2019, el PSOE se ha ensanchado a costa del electorado anteriormente votante de UP y sus convergencias, produciéndose su cierto debilitamiento y división, contrapesado por su papel institucional determinante.

Así, tercero, no hay una gran radicalización global de las mayorías sociales derecha / izquierda, en particular de las anteriores bases de los dos partidos gobernantes sino que, ante las frustraciones por su respectiva gestión, partes distintas de ellas buscan otros procesos y discursos legitimadores, han decidido recomponer su representación institucional y se han dividido por su derecha (Vox), su izquierda (UP) y por el centro (C’s) —regenerador y al no cumplir su proyecto, en crisis—. Se ha fragmentado y polarizado su expresión pública, con nuevos bloques políticos.

Un nuevo progresismo crítico y democrático, base popular del cambio

Por tanto, aun contando con un ligero desplazamiento hacia la izquierda, lo más significativo es que una parte relevante del electorado, sobre todo nueva y joven, se ha reafirmado y activado en sus valores de progresismo crítico y democrático. Supone un gran cambio de actitud y experiencia masiva y cívica de cierta polarización sociopolítica progresiva. Es lo que el poder establecido y sus aparatos mediáticos pretenden cerrar desde hace una década mediante una normalización institucional con un nuevo bipartidismo renovado.

Afecta, a pesar de todo tipo de dificultades puestas por los poderosos, a la persistencia de una actitud subjetiva transformadora (sí se puede) y a una disponibilidad participativa más circunscrita al campo político-electoral, aunque con algunos procesos movilizadores masivos y cívicos. Es el gran ejemplo, en estos dos años, del movimiento feminista contra la violencia machista y por la igualdad. Finalmente, se mantiene un electorado firme que apoya una nueva representación más acorde con sus propias actitudes democráticas y de progreso. Aparte quedan el independentismo catalán y el reaccionarismo de la ultraderecha, con otras implicaciones que no trato.

En definitiva, no habría necesariamente una radicalización político-ideológica hacia la izquierda, para la que se tendrían que dar otros procesos participativos más profundos, consistentes y duraderos (también en Europa) frente al poder establecido. Lo que sí existe en el campo progresista o de izquierdas es una amplia percepción de que sus anteriores élites representativas (socialistas) habían abandonado esos criterios de justicia social y democracia de la socialdemocracia clásica y que tienen grandes dificultades para su renovación y su diferenciación de los núcleos de poder.

Es el hueco de orfandad institucional que pretendió ocupar Unidas Podemos y sus convergencias, que parece tocó techo —de momento— en 2016. Mientras tanto, el sanchismo ha implementado el giro de la dirección del PSOE hacia la izquierda, la retórica ‘socialista’ y plurinacional, para distanciarse de las derechas y volver a reencontrarse en ese espacio social del progresismo de izquierdas. Supone la disputa a UP de una parte significativa de ese electorado mixto, que continúa en las nuevas condiciones unitarias, y sin que haya tenido éxito la configuración de una tercera representación intermedia.

Los desafíos estratégicos y políticos para las fuerzas del cambio, así como el reto de su propia configuración organizativa, teórica y de liderazgo, son impresionantes. Comienza un nuevo ciclo político e institucional, en el marco de la continuidad de una grave crisis social para la mayoría popular y con las imprescindibles agendas transformadoras, social y democrática. Del acierto de su gestión y sus relaciones con el Partido Socialista, así como de su capacidad de articular a una parte relevante de la sociedad, junto con la activación cívica, van a depender los equilibrios representativos de ambas fuerzas y el futuro del cambio real de progreso.

Antonio Antón es Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Una versión inicial de este artículo se ha editado en Público (4/01).

7/1/2020

El extremista discreto

El Becario

Españaña

Todo lo cutre de la España cutre está en ese coño de eñe; de ahí la Españaña. La Españaña es la España de Vox y del PP. A sus representantes se les oye decir con absoluto aplomo, en el Congreso de los Disputados, las mayores majaderías: que si la Españaña "se rompe", o su variante, "romper Españaña", o que hay comunistas en el gobienno (¡Santa Lucía les conserve la vista!); y acusar a Podemos de estar financiado por Maduro (como si tuviera con qué financiar) o acusar al presidente del gobienno de hacer tratos "con Eta": todo vale, aunque sea contradictoriamente: Eta perdió y se desarmó; los etarras están mayormente en la cárcel o han cumplido condena. Ser nacionalista de algo que no sea la Españaña no es ningún delito: en realidad, por lo del nacionalismo, todo ese ñaque se parece de algún modo. (Véase si no: Catañuña. Españaña.)

También está el pijerío cutre, nacional: el pijerío de ese abogado de Vox, o de la ¿portavoz? del PP. Anda: echa muchos apellidos por delante, que parece que seas más. No alcanzo a comprender cómo el PP, que vive mayormente de votos campesinos, puede tener una ¿portavoz? siempre a punto de romperse los tacones altos. Claro que soy muy duro de mollera: tampoco entiendo por qué la aniñada-cutre de la Arrimadas sigue con la misma política por la que tuvo que irse su predecesor.. (ya ni me acuerdo de cómo se llamaba).

Entre las cosas más cutres de la Españaña está —no tanto por lo que hace, dicho sea prudentemente, sino al menos por los ademanes con los que lo hace— la Legión. Ese ñoño torcer el cuello hacia arriba de los legionarios —al igual que el capitán de la selección de fútbol, Ramos, que también tuerce el cuello—, como si buscaran a los Árcángeles del Cielo, es manifestación de una religiosidad externa, de gestos hacia el Supremo Hacedor (o hacia quien hace sus veces: hacia quien vigila los gestos que se hacen, o sea, la Superioridad, y perdonen por tantas haches, que solo soy un becario); igual que tantos futbolistas españoñoles y latinoamericanos que se santiguan al pisar el césped o dan gracias al Cielo, tan pendiente de ellos, al meter un golito. Todo eso va en antítesis directa —retomando la cuestión principal— a la religiosidad del cristianismo reformado. La Españaña es Trento, Inquisición, Hogueras, Humilladeros, Rollos.

(Ya casi nadie sabe qué son los Rollos, ni que se empleaban para el amojamado de los ajusticiados, antecedente de dejar que los asesinados yazgan podridos en las cunetas —ahora tengo que pedir perdón por los participios—.)

Hablando de pellejos, otro cutrerío son los tatuajes, que en esta época de consumismo hasta tienen panegiristas y, lo que es peor, dan vidilla a una industria boyante. No tan boyante, claro está, como la manía cutre que les ha cogido a los españoñoles de hablar de comida y de cocina.

¿Y esos presentadores "maestros-cutres" de los programas-concurso de TVE? Tratan a los niños o a los aspirantes a artistas con un autoritarismo tan manifiesto que parecen Pitecanthropus de la Españaña de otros tiempos... Algo menos cutres, pero también, esos locutores y locutoras de radio que no paran de ilustrarnos con el relato en vivo de pe a pa y en directo de sus propias vidas, historietas, preferencias, gustos, amigos..., todo ese ñaque.

El cutrerío del "¿lo quiere con IVA o sin IVA?" —o el más solapado: "¿quiere usted el ticket?"— es la versión low cost de la corrupción de cuello blanco: tenemos corrupción generalizada pero no una Mafia propia, autóctona (siempre dependiendo, mecachis —aunque solo mi tío el Lobo Feroz dice ya mecachis—, de las marcas extranjeras: mafia siciliana, mafia rusa, china, 'Ndrangheta, camorra).

Cutrerío distinto es el del exceso de sentimentalismo: aquí los catalanes indepenentistas se llevan la palma. Torra llora ante los pedruscos del Born. ¿Saben ustedes que las lágrimas sentimentales hieden? Tienen una acidez repugnante. Pues así andamos. Entre el cutrerío y el hedor, un resto de lo que, quitando esas porquerías, podría ser un país magnífico, mientras la UE, antes de obligarnos a machacar nuestra seguridad social y las jubilaciones, no se nos lleve la paella, la siesta, el sol, el aceite de oliva, la tortilla de patatas y el resto de habilidades culinarias (¡pero nadie nos quitará las no culinarias!) caseras que nos hacen únicos en esa Europa de la que la mentada UE es solo una parte, porca miseria. Siempre nos quedará la lengua.

18/1/2020

De otras fuentes

Nuria Alabao

Seis retos del feminismo (de base)

Por un movimiento de clase, antipunitivo y abierto al disenso que defienda la democracia radical

Millones de mujeres hemos salido a la calle en España en los últimos años, hemos conectado con la consigna de que “lo personal es político”, con las posibilidades del presente. Hemos tomado las redes con nuestras historias. #Cuéntalo. Hemos hecho huelga y pensado con otras sobre aquello que llamamos cuidados o reproducción social y cómo esta configura nuestras vidas, las atraviesa, las hiere. Hemos pintado pancartas, participado en asambleas, asistido a charlas, nos hemos dado la mano. En los medios han florecido las secciones de feminismo o feminismos, según. La Política, con "P" mayúscula, ha aspirado el perfume de una revuelta que, bien manejada, puede dar votos. Esa Política cuyas fuentes, ideas, espíritu, tienen que mantener vivo lo social en otros lugares que no son los parlamentos. Hoy, después de estos años de revuelta, tenemos la intuición de que estamos atravesando una encrucijada. ¿Cuáles son los principales retos del movimiento feminista (de base)? Aquí unas pinceladas para la discusión acerca de temas en los que, es evidente, se necesita profundizar con mucho más ahínco.

1. Vox: deslindar batallas

En este mismo tiempo de nuestra potencia, ha emergido un enemigo frontal, uno que no quiere navegar los consensos, ni manejarlos, sino romperlos. Eso hace Vox con la violencia machista. Y ahora, con la educación afectivo sexual y el veto parental. Esta forma de imponer una polarización radical sobre cuestiones morales supone un auténtico freno porque en muchas de estas cuestiones necesitamos avanzar y la amenaza nos pone a la defensiva.

¿Tenemos que discutir públicamente si hay o no denuncias falsas o proponer una mejora de la ley contra la violencia de género, por ejemplo, para que no solo se aplique en el ámbito de la pareja? En el caso del veto parental, ¿acaso no estamos a la cola de Europa en educación sexo-afectiva y con una escuela pública en franco retroceso y una concertada cuya existencia habría que replantearse? Sin embargo, si básicamente lo que discutimos es de quién son los niños, les dejamos diseñar el terreno de batalla y opacar nuestras propias prioridades más allá del campo de los valores. (Y hay que reconocer aquí una dificultad, esta contienda de valores tiene efectos materiales en el miedo de los profesores, en los padres que se ven legitimados para enfrentarse a las escuelas...)

El principal cometido de las guerras culturales de la derecha es su capacidad de definir las agendas y de manejar la iniciativa social a su antojo. También sirven para movilizar a sus bases y agitar la arena social. Parece claro que, a partir de ahora, se enseñorearán de la vida pública. Un escenario funcional al gobierno de izquierdas que puede sumarse al juego de espejos y dedicar toda la legislatura a operar en este terreno sin necesidad de impulsar cambios sustantivos. Por poco que haga, parecerá mucho si la guerra es sin cuartel. Necesitamos pues un feminismo con iniciativa propia, que tenga claro que hay que pasar a la ofensiva y seguir arañando conquistas.

2. Contra un feminismo reaccionario

Las guerras culturales no son el único freno para un movimiento con capacidad de actuación, potencia y autonomía. Desde hace un tiempo, parece como si la polarización social y las claves comunicativas y subjetivas que han producido la crisis de representación y la emergencia de la extrema derecha se hubiesen trasladado al feminismo —el mismo repliegue identitario y de construcción del otro como enemigo—. Esto se da mediante sus propias guerras culturales sobre los derechos de las trans y su pertenencia o no al feminismo o mediante la batalla frontal alrededor de la prostitución, donde se producen violentos ataques a las propias trabajadoras sexuales y a sus organizaciones a las que se pretende expulsar del debate público y de los espacios de coordinación del movimiento —de algunas asambleas del 8M por ejemplo—. Hostilidad, agresiones verbales, personas increpadas en asambleas e incluso en movilizaciones ensombrecen el movimiento por culpa de un tipo de feminismo esencialista que pretende imponer su verdad con métodos agresivos. (Es más, en medio de la confrontación con Vox con la cuestión de las educación sexo-afectiva, hemos podido ver a algunas feministas legitimando los discursos de la extrema derecha a partir del fantasma de la "Teoría Queer" que supuestamente se estaría enseñando en las escuelas. Algo para pensar.)

En este escenario, resulta más difícil mantener la alegría de encontrarse con otras y de aprender y trabajar juntas que ha impregnado las movilizaciones de los últimos años. El tono de confrontación es, además, una forma de expulsar a gente de estos espacios. Así, lo que nos jugamos, por ejemplo, son las asambleas del 8M, donde se planifican las movilizaciones masivas, porque hay gente que quiere imponer tomas de posición sobre temas en los que es imposible un consenso. Las formas violentas impulsadas por un mesianismo redentor, además, imposibilitan cualquier tipo de debate sereno donde sentar unas bases mínimas sobre temas esenciales. Por ejemplo, cómo luchar contra la trata. A pesar de ello, hay muchísimas feministas bregando en estos espacios para seguir peleando por un movimiento del que valga la pena formar parte.

Estos últimos años hemos conseguido que el feminismo hable a toda la sociedad a partir del posicionamiento de un conflicto de alcance universal: la lucha del capital contra la vida. Hemos descubierto una nueva potencia a partir de la visibilización y valorización del ámbito de la reproducción social para que deje de ser “eso que estamos obligadas a hacer las mujeres”, y se convierta en una tarea reconocida y esencial, porque forma parte del núcleo central de la vida humana. En el camino de nuestra liberación, hemos descubierto que llevamos la semilla de un mundo nuevo.

Hoy no estamos, sin embargo, hablando mayoritariamente de cómo cambiar la sociedad, sino de cómo proteger a las mujeres –a las que algunas quieren representar como siempre amenazadas–. De hecho, otra tarea imprescindible es reconectar con la potencia de un feminismo que representa la sexualidad como un ámbito de disfrute y alegría —como hizo el feminismo de los 70—, no solo de peligro.

¿Serán estas sex wars y sus reclamaciones identitarias el canto del cisne de esta última ola, y de su potencia de transformación, como lo fueron a finales de los 70?

3. Por un feminismo que defienda la democracia radical

La derecha y la extrema derecha están defendiendo su programa antisocial haciendo bandera de la libertad. Mientras, desde algunos espacios del feminismo se piden prohibiciones, se hacen escraches a charlas o se pide censurarlas, se quiere penalizar el consumo de prostitución —incluso el porno—, se pretende impedir conciertos o se persigue a determinados cantantes, humoristas, cineastas… Signo, quizás, de nuestra impotencia para transformar la vida, se persigue el cambio cultural por la fuerza en una sociedad que es plural y compleja. Progresivamente, cierta ‘izquierda’ se parece cada vez más en argumentos, o formas discursivas, maneras y hasta objetivos, a la extrema derecha pujante.

Nos olvidamos así de la larga asociación entre las tradiciones emancipatorias y la defensa de la democracia radical —como en la historia del movimiento obrero y del movimiento de mujeres—. Los derechos y libertades civiles forman parte —y son imprescindibles— para las luchas por los derechos económicos. Necesitamos un feminismo que reivindique la profundización de la democracia y abra espacios de pensamiento y de palabra, donde sea posible discutir entre nosotras, de todo, con respeto.

4. Por un feminismo antipunitivo. No alimentar a la bestia

Otro de los retos fundamentales está vinculado al sistema penal. El proceso judicial de La Manada puso sobre el tapete sus deficiencias respecto a la protección de las mujeres que han sufrido violaciones y a la odisea que tienen que atravesar, incluida la revictimización o la vigilancia sobre sus vidas para que encajen el papel de “buena” víctima. Ante las presiones del movimiento feminista, el nuevo Gobierno está trabajando en una reforma del Código Penal para adecuarlo a la nueva sensibilidad social y a normas internacionales, como el Convenio de Estambul, ratificadas por España. ¿Implicará esto un aumento de penas directa o indirectamente?

Algunos sectores han vivido como una victoria la sentencia del caso de la Arandina —38 años de prisión—. Pero sabemos que penas más altas no protegerán a las mujeres —la encarcelación, en general, ni es disuasoria, ni cambia a los agresores, ni frena la violencia—. De hecho, el debate sobre las penas no debería ser central porque estamos hablando de un problema muy complejo que requiere medidas muy diferentes. ¿Qué podría ser una justicia feminista? ¿Es la que pone el énfasis en el castigo o en la reparación y la autonomía de la víctima? Los debates ya ha comenzado y, para muchas, implican un cuestionamiento radical del propio sistema penal —utilizado para la gestión represiva de los problemas que causa el neoliberalismo—. Cualquier recorte de libertades o reforzamiento del Estado penal es susceptible de volverse en contra nuestra.

El populismo punitivo —la demanda de más penas o la tendencia a querer solucionar los problemas que genera el sistema económico y social mediante el Código Penal— es un espacio donde, sin pretenderlo, podemos encontrarnos con la ultraderecha. El discurso de Vox de “defender a las mujeres” es funcional para la legitimación de su apoyo a la prisión perpetua, o incluso a la criminalización de los migrantes. Tenemos pendiente la tarea de deslindarse de ese mensaje: no en nuestro nombre.

5. La disputa por el sentido del feminismo: por un feminismo de clase

Estos años, en los espacios de base del movimiento, se han encontrado trabajadoras domésticas, kellys, trans, migrantes y racializadas. Y de esa amalgama han salido potentes propuestas y reivindicaciones. Propuestas que ponen en el centro la capacidad transformadora del feminismo y que inciden en el desarrollo de medidas ligadas a la división sexual del trabajo y en el aterrizaje de reflexiones sobre las tareas de reproducción social, el eje material más importante del feminismo.

Sin embargo, en los medios tienen mayor espacio las medidas relacionadas con los problemas de la clase media, por la propia composición de las redacciones, y por cómo se configura la esfera pública (quién tiene acceso a esta). Así aparecen representadas las demandas de un feminismo cuya aspiración es romper techos de cristal. El feminismo que pide cuotas en los consejos de administración de las empresas. Se ha generado un cierto sentido común de que hay que encontrar un hueco para las mujeres en los lugares del poder. El feminismo de Botín propone conseguir la igualdad de género dentro de cada estrato social, pero mantener la sociedad estratificada.

No es casualidad que una de las luchas centrales hoy sea la de las trabajadoras domésticas: se basa en mano de obra migrante, y sin todos los derechos. O sea, barata y explotable. Esta es la solución que se le ha dado a la crisis de cuidados en nuestro país. Por tanto, tenemos que seguir hablando desde un feminismo de clase y antirracista, tenemos que dar la batalla por el sentido de la “igualdad”: no hay liberación a costa de explotar a otras. Hoy el feminismo, sin embargo, está discutiendo otras cuestiones “culturales” más candentes que parecen despertar mejor las pasiones. ¿A quién interesa un feminismo que no pretenda cambiar la sociedad? ¿A qué intento de preservar las propias posiciones privilegiadas responden las posturas del feminismo cultural/identitario?

6. Construir organización

Para transformar la sociedad no bastan las buenas ideas y los discursos acertados; no es suficiente con tener razón, hace falta fuerza social. Esto se consigue con un movimiento feminista con capacidad de agregación —no necesariamente unificado— y que realice demandas —otra cuestión es si se dan las condiciones para debatir con la máxima pluralidad posible cuáles deberían ser estas prioridades—. Un movimiento diverso que rete las actuales formas de organización social, tensione los discursos mediáticos, y también genere una cultura propia.

La cuestión de la organización es central en toda política, pero estamos en tiempos en los que los compromisos son débiles y donde es difícil que las formas de agregación permanezcan. ¿Podemos aprovechar la capacidad de politización del feminismo, al hablar a partir de lo que nos atraviesa, para generar nuevas formas de articulación? Lo ideal sería que cuajasen múltiples organizaciones de base capaces de tejer una red de ayuda mutua, de actuar como contrapoderes de lo instituido, y de impulsar esos conflictos necesarios para avanzar. El feminismo debería permear también –ya lo está haciendo– las luchas que hay en muchos frentes —pensiones, vivienda, trabajo, etc.— y estas luchas deberían formar parte del movimiento feminista.

Cambiar la sociedad no es un proyecto de unas pocas, ni siquiera de la mitad. Si tenemos un proyecto con capacidad de mejorar la vida de todos y todas, quizás deberíamos empezar a reconocer que los hombres —y los que no se reconocen en el binarismo de género— deberían formar parte también de esta lucha.

[Nuria Alabao es periodista y doctora en Antropología. Es miembro de la Fundación de los Comunes. Fuente: Ctxt]

23/1/2020

Paula Sánchez Perera

Por qué en materia de trata conviene no hacerse la sueca

Poco después de conocer el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, varios medios resaltaron que en él se recogía la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, pero no la abolición de la prostitución. Sin embargo, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, remarcaba de nuevo su compromiso con el abolicionismo punitivo, en la misma estela que aquel Proyecto No de Ley presentado en la última legislatura. El abolicionismo en el que hoy se inscribe el Partido Socialista no es otro que el sueco. Mientras que el abolicionismo clásico, que opera desde nuestro Código Penal, se limita a la penalización del lucro de terceras partes (proxenetismo), el neoabolicionismo nórdico amplía la criminalización hasta los clientes. Por su parte, Unidas Podemos, a cargo ahora del Ministerio de Igualdad, aglutina en su formación a feministas de ambos polos del espectro —abolicionistas y proderechos— en un debate abierto, reflejo del que se mantiene en el movimiento feminista. Entre todo aquello que puede celebrar lo que queda a la izquierda del neoliberalismo progresista se encuentra el haber respaldado el consenso fundamental que existe entre la posición abolicionista y la proderechos: elaborar una ley integral que prevenga, proteja y asista a todas las personas que se encuentran en situación de trata.

Aunque aún sea demasiado pronto para realizar valoraciones de una ley que no se ha desarrollado todavía, la manera en la que, de entrada, se encuentra formulada la propuesta de nueva legislación contra la trata en el pacto de gobierno resulta, cuanto menos, preocupante. Si ley “integral” quiere decir que comprende todas las partes que precisa para encontrarse completo, ¿puede decirse que una ley aspira a combatir de manera integral la trata de personas cuando se limita a un solo tipo? El acuerdo, recordemos, no habla de lucha contra la trata a secas, sino que demarca “con fines de explotación sexual”. Quizás pensemos que es la forma mayoritaria, pero en el último balance estadístico del centro criminológico patrio, el CITCO, vemos que las cifras comparadas entre trata sexual y laboral son ajustadas, casi paralelas. Si, a su vez, queremos hacer la operación de centrarnos en aquella forma de trata que afecta fundamentalmente a mujeres, basta recordar que la trata con fines de prostitución forzada no es la única atravesada por el género, ya que cada día se detecta con mayor frecuencia en matrimonios forzados o en el servicio doméstico. De hecho, la última evaluación del Consejo de Europa sobre los esfuerzos españoles por combatir la trata concluía denunciando que en nuestro país la trata laboral se encuentra escasamente detectada, sin apenas protocolos específicos de actuación ni suficiente intervención al respecto. Nos tiraban de las orejas para que comenzásemos a dirigir la mirada hacia otros tipos de trata, esos que no ocupan espacio en la agenda política porque aparentemente no generan votos.

Cuando hablamos de trata a secas, y no solo de aquella con fines de prostitución forzada, ocurre que ciertas fórmulas discursivas no funcionan y que, a su vez, se revelan como construcciones ideológicas. Este es el caso del famoso “sin clientes no hay trata”. Difícilmente llegaría a buen puerto el decir que “si no comprases fresas o camisetas, no existiría la trata”, a pesar de su acusada prevalencia en los sectores agrícola y textil. Tampoco tendría mucho éxito alegar que si no hubiese trabajadoras domésticas —cuidando dependientes o haciendo tareas del hogar— no habría trata en el sector, aunque en esta modalidad se explote casi en exclusiva a mujeres. Una de las razones por las que estos razonamientos se juzgarían con sospecha es porque hemos aprendido que el ejercicio de culpar al consumidor de problemas que tienen su origen en factores estructurales es un argumento propio del neoliberalismo. Una buena cantidad de causas complejas que dan lugar a la trata se suspenden cuando la culpa se coloca principalmente o en exclusiva en el consumidor —como la clandestinidad obligatoria con la que ha de producirse la migración laboral gracias al cierre de la Europa Fortaleza; las condiciones económicas dadas por la desigualdad Norte/Sur; la desregulación del trabajo informal o la feminización de la supervivencia, incrementadas, a su vez por las restricciones que impone la Ley de Extranjería para migrar de forma regular—. Este razonamiento disculpa, mistifica y oculta las estructuras económicas, políticas y legales que avivan la trata.

A pesar de los esfuerzos discursivos de un sector del abolicionismo, el modelo sueco no lo trajo a España la izquierda. En realidad, la primera interesada en valorar el modelo fue doña Ana Botella con sus planes contra “la esclavitud sexual” en Madrid. Ya entonces se nos vendía la idea de que este modelo, que sostenía que había conseguido reducir la trata hasta volverla irrisoria, era la panacea. En rigor, tal información no procede de investigaciones independientes —que, de hecho, la contradicen—. (Aquí algunas de ellas: este de la GAATW, el de la Universidad de Derecho de Washington, Cambridge o este de especialistas suecas, entre otras muchas). Pero la idea se extendió a partir del resumen traducido al inglés de un informe triunfalista que difundió el propio gobierno sueco en 2010. Informe, por cierto, criticado de manera sistemática en la academia tanto por su falta de rigor científico y metodología —establecía a priori que los resultados que se publicasen tenían que confirmar la ley, sí o sí— como por la falta de evidencia empírica para sostener sus afirmaciones. El modelo sueco no ha reducido la trata por tres sencillas razones. Primero hay que poner en duda los datos porque no había estadísticas exhaustivas previas a la entrada en vigor de la ley y por tanto no se pueden realizar comparaciones. En segundo lugar, porque, a juzgar por las denuncias, estas no descienden de manera progresiva, sino que fluctúan cada año. Por último, lo que ha conseguido es desplazar la prostitución de su espacio más visible, la calle, para ocultarla en espacios cerrados, donde se trabaja para terceros como casas de masaje tailandesas, según reconoce la propia policía sueca.

Entidades como Amnistía Internacional o Médicos del Mundo Francia, en sus estudios sobre el impacto del modelo nórdico en Noruega y Francia respectivamente, señalan que este vulnera derechos humanos y repercute negativamente en la seguridad, la salud y las condiciones de vida de quienes ejercen la prostitución. Ahora bien, para comprender cuáles serían los efectos de la sanción a la clientela en nuestro contexto no hace falta cruzar la frontera, porque esta penalización al cliente que demanda servicios en el espacio público lleva en vigor en España desde julio de 2015 a través de la Ley Mordaza —e, incluso, antes, a partir de varias ordenanzas municipales—. A cuatro años de su implementación, sabemos que afecta negativamente a las mujeres en ejercicio, incrementando su precariedad y exponiéndolas a un mayor riesgo de sufrir violencia, por la ocultación que implica tener que huir de la policía para evitar que sancionen a sus fuentes de ingresos. El descenso de la clientela para quien ejerce significa, en primer lugar, bajada de los ingresos y desesperación económica. En esta tesitura, o bien deciden bajar las tarifas o bien ocuparse con clientes que en otras circunstancias hubiesen podido rechazar; es decir, les aboca hacia un escenario aún peor.

Aunque el neoabolicionismo no criminalice directamente a quien ejerce la prostitución, sí lo hace con todo el universo que le rodea y, como hasta la fecha desconocemos la existencia de una actividad económica de prestación de servicios que no requiera de clientes, resulta sencillo comprender por qué cualquier medida que criminalice su actividad les afecta necesariamente a ellas. De ahí que la investigación realizada en España por el grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona concluya que el impacto de la sanción a la clientela sobre quienes ejercen la prostitución supera con creces las consecuencias a las que se exponen los clientes. Les afecta tres veces más a ellas que a ellos.

Varias entidades especializadas con décadas de trabajo con personas en situación de trata, como Proyecto Esperanza o Genera, llevan largo tiempo indicando las insuficiencias de nuestras herramientas normativas y de nuestra actuación contra la trata. Hace falta escucharlas; antes de depositar toda nuestra esperanza en un elixir mágico, se trata de aprender de los errores de años de práctica diaria. La crítica más recurrente que realizan es que el modelo español actual tiene dos prioridades: el control migratorio y la persecución penal de los tratantes. En otras palabras, los derechos humanos de las víctimas pasan a un segundo plano. Pensemos que las víctimas son identificadas en los mismos operativos policiales que buscan migrantes en situación administrativa irregular. Reparemos en que el proceso se pone en marcha solo si la persona en situación de trata decide denunciar; esto es, nuestro sistema considera que la protección se merece “a cambio de”. Es decir, solo se garantiza protección si decides formar parte de un intercambio de favores donde el objetivo no es la recuperación de quien ha sido tratada, sino meter en prisión a los tratantes. El dinero público se invierte en campañas contra la prostitución mientras pocas personas en situación de trata consiguen reagrupar a sus familias, muchos permisos de residencia y asilo no llegan a concederse, faltan recursos habitacionales o, como denuncia Women’s Link, muchas mujeres nigerianas en situación de trata sufren la retirada de la custodia de sus hijos de manera automática. Mientras se nos vende el falso porcentaje de que el 80 o el 90% de la prostitución es trata, sin estudio alguno que lo avale, seguimos sin conocer las cifras de mujeres protegidas e indemnizadas en nuestro país. Quizá ahora por fin tengamos un gobierno con altura política para elaborar una ley que prevenga, asista y proteja a todas las personas que están en situación de trata. Una ley que ponga los derechos humanos en el centro en lugar del punitivismo y la ideología. En esto, más que nunca, conviene no hacerse la sueca.

Paula Sánchez Perera es activista e investigadora. Colaboradora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. Fuente: Ctxt]

21/1/2020

Antonio Turiel

Temporal y permanente

Queridos lectores:

Eso que ven en la imagen de arriba es una escultura denominada David y Goliat, que se encuentra en la plaza de los Voluntarios de los Juegos Olímpicos, muy cerca del lugar donde yo trabajo. Antes presentaba un aspecto muy diferente, como se ve en la siguiente foto: la cara se levantaba unos cuantos metros respecto al suelo.

Sin embargo, estos días España (y sobre todo su costa mediterránea) se ha visto azotada por un fuerte temporal, lo suficientemente fuerte como para merecer un nombre y todo: Gloria. Esta tormenta ha traído lluvias torrenciales (en forma de nieve en las zonas de montaña e interior) y fuertes vientos, y la estatua en cuestión no ha podido resistir estos últimos.

No es la única cosa que no ha podido resistir la inclemencia del tiempo. La vía del tren que recorre la comarca del Maresme ha sido destruida en un buen tramo y se tardarán meses en reestablecer el servicio ferroviario en esa zona. Numerosos ríos se han desbordado, algunas poblaciones han quedado aisladas o casi aisladas, hay decenas de evacuados, locales y viviendas inundados, carreteras cortadas... Yo mismo he tenido problemas para viajar desde mi localidad de residencia, Figueres, hasta mi lugar de trabajo, en Barcelona (y eso que afortunadamente Figueres ha sido poco castigada por este temporal). Una zona que ha llamado poderosamente la atención de la opinión pública es el Delta del Ebro, frágil ecosistema formado en la desembocadura del río Ebro que es un centro de importante actividad económica por sus arrozales y mejilloneras. Debido a la regulación del río Ebro, que le sustrae sedimentos al Delta, hace años que éste se encuentra en retroceso y en una situación muy precaria, a pesar de los esfuerzos de los responsables de la zona por preservarlo. Pero una sola tormenta como Gloria puede deshacer en cuestión de horas el trabajo de años: en estos momentos la mayoría del Delta se encuentra sumergido, y cuando las aguas se retiren podremos valorar cuál es el grado de erosión que ha sufrido la zona y cuánto es recuperable.

Es relativamente normal sufrir borrascas de cierta intensidad cada cierto tiempo, pero se tiene que reconocer que Gloria no es una borrasca normal. No lo es por la magnitud de las pérdidas que ha causado (empezando por la vida de 10 personas), pero aún menos por su génesis. Como borrasca, Gloria es una depresión (baja presión atmosférica) bastante mediocre, pero lo que ha intensificado sus vientos y su actividad es la presencia de un anticiclón, éste sí completamente anómalo y de gran intensidad, centrado en las Islas Británicas; ese mismo anticiclón que estuvo semanas cocinándose sobre la Península Ibérica y que trajo nieblas persistentes y temperaturas inusualmente altas para el momento del año. Mientas el anticiclón siga allí, y con una temperatura del mar tan anómala como la que tenemos en el Mediterráneo Occidental, cualquier pequeña borrasca que se nos acerque se puede convertir en otra tempestad de primera magnitud. Un escenario que sería mucho peor si lo que se acercase fuera una verdadera borrasca, por ejemplo de origen atlántico.

Éste es uno de los factores que los servicios de emergencia y protección civil aún no contemplan seriamente de caras al futuro que se nos viene: qué pasará el día en que se concatenen dos episodios de esta magnitud. Ya de entrada hay la tendencia a considerar episodios como el de Gloria como "eventos que pasan una vez cada 35 o 50 años", aún cuando hay la fundada sospecha de que este tipo de fenómenos se están intensificando y se están haciendo más frecuentes por culpa del Cambio Climático. Es muy difícil de saber si Gloria es un efecto directo del Cambio Climático o es algo completamente fortuito que sucede con la periodicidad previsible o bien si es un evento normal pero intensificado por el Cambio Climático. Para aseverar que hay una tendencia climática se suele considerar que se necesitan al menos 30 años de registros que avalen esta tendencia, y si es un cambio de tendencia se necesitan al menos 60 años. La intensificación de los extremos climáticos es un efecto previsible del Cambio Climático, pero solo podría haber tenido un peso relevante durante los últimos 15 o 20 años: aún poco tiempo para poder asegurar que, efectivamente, este tipo de eventos se está haciendo más frecuente y/o más fuerte. En mi experiencia personal, desde que yo llegué a Cataluña en 2002, he vivido numerosos temporales de Levante más o menos "normales" porque este tipo de temporal es habitual a finales de verano y principios de otoño, aunque a decir verdad están ocurriendo cada vez más tarde y siempre acompañados de un Mediterráneo cada vez más cálido (lo cual incrementa las lluvias, por la evaporación del agua del mar). Aparte de Gloria, he vivido dos episodios bastante extremos: un temporal de nieve que tapizó toda Cataluña un 10 de marzo de 2010:

Y un temporal de levante muy fuerte el 30 de noviembre de 2014 que afectó especialmente a la comarca donde vivo y que entre otros efectos notables dejó un gran agujero en la Rambla de Figueres.

En ambos casos, como también ha pasado con Gloria, quedamos incomunicados un par de días. Juzgando por los destrozos que han causado estos tres episodios que comento, muchos de ellos inéditos en la comarca, y que se han concentrado en solo 17 años uno podría pensar que, efectivamente, hay algo que se está acelerando y que se está volviendo más extremo. Y eso que me estoy centrando en solo tres episodios que afectaron a una zona muy pequeña: si uno toma una perspectiva espacial más amplia (y más apropiada en términos climáticos) y se centra en Cataluña, el número de episodios crece dramáticamente, hasta el punto de que actualmente es raro el año en el que no se produce un evento extremo en alguna parte de Cataluña (sin ir más lejos, el pasado otoño la zona de Tarragona sufrió la peor parte de otro temporal de levante que dejó grandes destrozos, por ejemplo en la zona del Francolí).

Hoy los servicios de emergencia empiezan a suspirar de alivio porque el actual episodio ya está acabando. Sin embargo, ¿qué pasará cuando concatenemos dos episodios completamente seguidos? Estoy convencido de que los responsables de emergencias se han dado cuenta ya de que estos eventos ya no son de uno cada 35 años, sino de uno cada 5 años como mucho, y presionan a sus responsables políticos para que les doten de recursos adecuados para hacer correctamente su fundamental labor. Sin embargo, dudo mucho que contemplen seriamente la posibilidad de que se concatenen dos, no digamos ya tres, de estos eventos. Y sin embargo, cada día que pasa nos acercamos más a esa eventualidad. Será en ese momento, quizá, cuando comprendamos que necesitamos otro tipo de respuesta a lo que se nos viene encima.

Justamente en el día de ayer, el Congreso de los Diputados de España aprobó la declaración de Emergencia Climática. El propio Gobierno ha anunciado que una parte importante de las medidas que va a tomar durante los cien primeros días van a tener que ver con la Emergencia Climática y con la Transición Ecológica; de hecho, para demostrar que se toman el asunto en serio han nombrado a la ministra del ramo Vicepresidenta, aunque sea Cuarta. Sin duda una buena declaración de intenciones, pero, ¿comprende el Gobierno el alcance real del reto, o las medidas que tome serán más bien cosméticas y de corto alcance?

Una idea que va surgiendo con fuerza, en vistas de lo colosal del reto del Cambio Climático, es la de la Adaptación Profunda. Se acepta ya que no podemos parar el cambio climático, y también que ni siquiera podemos mitigarlo de manera significativa. Solo nos queda, pues, adaptarnos. La Adaptación Profunda lleva esta idea más lejos y propone abandonar a su suerte aquello que no será posible (o no sale a cuenta) salvar y centrarse en lo más importante. Es una idea que está consiguiendo bastante adhesión por parte de los partidos de la derecha española, e incluso el líder del PP, Pablo Casado, se refirió a ella en una ocasión. La Adaptación Profunda consiste en aceptar que hemos perdido la partida y que por tanto se va a intentar minimizar los daños, concentrando los cada vez más escasos recursos en aquello que sea salvable.

Dejando al margen algunas interpretaciones odiosas e interesadas, el concepto de Adaptación Profunda es correcto; nótese, por cierto, que la Adaptación Profunda no excluye el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (se tiene que intentar no hacer el problema aún más grave de lo que ya lo es). La Adaptación Profunda implica mirar al problema del Cambio Climático de manera adulta, aceptando que los sacrificios son inevitables, y que una parte importante de estos sacrificios es el abandono a su suerte de ciertas infraestructuras, e inclusive de algunos núcleos de población. No es el de la Adaptación Profunda un discurso amable y edulcorado, para todos los públicos, con final feliz; pero es lo que hay. Quien pretenda hacer creer que podemos hacer otra cosa está engañando a los demás o engañándose a sí mismo.

No todas las infraestructuras podrán salvarse, es igual cuántos recursos destinemos a ello. Es poco probable que se pueda salvar el Delta del Ebro. Es probablemente imposible mantener el trazado de la vía del Maresme catalán, tan cerca del mar. Hay algunos pueblos de la costa o demasiado cerca de barrancos y torrentes que ya están condenados, total o parcialmente. Hay carreteras que van a desaparecer, al ceder el terreno donde se asientan. Hay edificios que no serán capaces de resistir muchos más temporales como éste, ya solamente por la fuerza del viento. Hay una gran parte del mobiliario urbano que no está preparado para una repetición frecuente de estos episodios... Delante de estas duras realidades, no será difícil encontrar tal o cual estudio de ingeniería o un arquitecto que alegará que todo eso son paparruchas, que técnicamente se puede ejecutar tal o cual intervención, por medio de la cual se puede evitar la destrucción o la inutilización de una infraestructura en concreto. Ésa no es la cuestión, sin embargo. La cuestión real es si merece la pena hacer esa intervención, si merecerá la pena repetir esa misma intervención (porque, no lo duden, ninguna intervención es definitiva, y menos sobre aquellas infraestructuras en riesgo), usando cada vez más recursos a medida que se repitan e intensifiquen los episodios. Y también, si no sería más honesto centrarse en aquellas infraestructuras que también están en riesgo pero que son mucho más fundamentales. Mientras no se haga una discusión honesta sobre lo que podemos y no podemos hacer, mientras que no se integre de manera real y efectiva lo que significa el Cambio Climático más allá de la palabrería política hueca, mientras no se comprenda la naturaleza real del reto que tenemos por delante, no solo malgastaremos recursos presentes, sino que pondremos en peligro los recursos futuros y, muy probablemente, distribuiremos la carga que se nos viene encima de una manera injusta e insolidaria.

Señores y señoras que se dedican a la política: la Emergencia Climática era esto. Es tomar decisiones desagradables y con una efectividad no garantizada, porque el mundo tras el Cambio Climático no es un lugar de certidumbres, sino uno de inquietud y de zozobra. No podremos estar seguros de estar haciéndolo bien, ni siquiera sabremos si lo que funciona solo lo hará por un tiempo. No podemos estar seguros de acertar, pero al menos podemos intentar ser lo más justos y honestos posible a la hora de gestionar lo que queda.

Señora alcaldesa de Barcelona: No vuelva a erigir el monumento de la Plaza de los Voluntarios de los Juegos Olímpicos. Seguro que algún machito herido en su orgullo insistirá en volver a ponerlo en pie, con más hormigón y más acero y más reforzado, queriendo de alguno modo desquitarse por el correctivo que nos ha dado la Naturaleza. No caiga en ese error. Aceptemos humildemente el coscorrón, y comprendamos que los próximos años traerán desafíos mucho más importantes para esta ciudad que intentar mantener de pie una monumental vela enfrentada al viento. Quizá, mejor que desmantelarlo, lo mejor sería dejarlo así, Goliat caído que creía que podía desafiar al viento, para recordarnos lo que nos creíamos y lo que realmente somos.

P. Data: Mis sufridos lectores se habrán dado cuenta de que llevaba tres semanas sin escribir en el blog, y seguramente especulaban sobre mis motivos. La razón es que estas semanas estaba acabando de escribir mi primer libro de ensayo sobre energía. Hace unos días se lo entregué por fin al editor (con cierto retraso sobre la fecha prevista) y, si todo va bien, será publicado dentro de unos meses.

[Fuente: The Oil Crash]

23/1/2020

Ferran Puig Vilar

Las dos cumbres climáticas de Madrid: contradicciones, insuficiencias y perspectivas

El Acuerdo de París y su proceso de implementación a través de la UNFCCC es un ejemplo paradigmático de cómo es posible vivir de unas apariencias de todo punto desconectadas de la realidad y mantenerse en ellas más o menos confiadamente. Un espléndido ejemplo de cómo tener confundidas muchas personas durante mucho tiempo, lo que resulta una hazaña notable de los brazos mediáticos del poder constituido y de la maquinaria negacionista en general.

Hoy, el modelo del MIT, Integrated Global Systems Model (IGSM), uno de los más avanzados, muestra que, de proseguir la reducción de emisiones de algunos países desarrollados al mismo ritmo que ahora, y mientras los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París se mantengan y cumplan más allá de 2030, la temperatura media de la Tierra habrá aumentado +2,2 ºC en 2050 y +3,7 ºC en 2100. Y sabemos ahora que incluso la parte baja de este margen es un escenario de catástrofe global.

Todo ello contando con que, en la segunda parte del siglo, habremos dedicado una superficie de hasta tres veces la de la India a la tecnología BECCS, a saber, la producción de energía quemando madera y otros biocombustibles cuyas emisiones serían enterradas bajo tierra, sin que el coste energético de tamaña geoingeniería, estimado en un 25% del total producido, aparezca por parte alguna ni tampoco el coste de mantener todo este inmenso tinglado. Estas tecnologías BECCS deberían estar desplegándose ya y hacerlo masivamente a partir de 2050 como muy tarde. Pero no sólo están todavía por desarrollar, sino que los proyectos piloto se están abandonando uno tras otro unas veces por imposibilidad técnica y otras por su coste desorbitado. Además no está claro que el IPCC incluya el coste energético adicional de dicha geoingeniería en sus previsiones, estimado en un mínimo del 25% del total de la energía equivalente a las emisiones que se estarán secuestrando; en todo caso los proyectos piloto actuales no consiguen todavía secuestrar ni tan solo las emisiones que va provocando la propia infraestructura, operación y mantenimiento.

Entretanto necesitaremos más superficie para las energías renovables debido a su mucho menor densidad energética (otra India si queremos emplear la misma potencia actual, de unos 17 TW al año), más superficie para alimentar una población creciente, y algo habrá que dejar a la naturaleza (se estima un 50%) si no queremos irnos todos por el mismo desagüe.

La acidificación de los océanos seguirá aumentando, buena parte de la biosfera marina colapsará y el nivel del mar estará condenado a ser un mínimo de 25 m superior al actual a medio-largo plazo. Este panorama, supuestamente óptimo a juzgar por el entusiasmo que despertó en su día el Acuerdo de París, debe conseguirse, faltaría más, mediante mecanismos de mercado, desde luego sin establecer exigencia alguna al transporte marítimo y aéreo, no fuera el sistema económico globalizado a gripar.

Este panorama es todo lo que los distintos gobiernos del mundo consiguieron acordar en París 2015, escenario idílico para cuya implementación adecuada dichos gobiernos vienen encontrando dificultades de gestión desde hace ya tres años. Y es que el poder mundial se ejerce, hoy, mucho más en las cumbres del clima que en, pongamos por caso, el Consejo de Seguridad.

Como fuere, para el caso más que probable de que estas tecnologías BECCS o similares no llegaran a desarrollarse a la escala necesaria —escenario que comienza a tomar cuerpo en el propio IPCC— la reducción de emisiones necesaria debería ser superior al 7% anual según un reciente informe de la UNEP o del 10% según una estimación realizada a partir del Global Carbon Project, empezando este mismo año 2020. ¿Se ha detenido usted a imaginar cuáles serían las consecuencias de llevar a cabo estas reducciones? Usted y yo tenemos claro que esto no va a ocurrir, salvo colapso civilizatorio generalizado a corto plazo, provocado o no.

Las contradicciones del proceso UNFCCC

Y es que la cantidad de contradicciones internas de este proceso IPCC-UNFCCC-COP es tan numerosa, y algunas de ellas tan fundamentales, que solo mediando un voluntarismo ciego es posible seguir confiando en él. Basta con darse cuenta de que los progresos obtenidos en los 25 años en que estas convenciones vienen celebrándose únicamente han sido capaces de establecer el escenario descrito como algo aceptable.

Otra contradicción fundamental reside en el hecho de que este marco ONU está cooptado por una ideología y un sistema socioeconómico que está estructuralmente impedido para considerar otra cosa que no sea el crecimiento económico, sea este verde, marrón o turquesa, y muchos no son conscientes de ello o, alternativamente, lo consideran necesario o inevitable. A este hecho se añade el propio Grupo de Trabajo III del IPCC, dominado por economistas neoclásicos igualmente limitados y que, encima, regalan a esta premisa apriorística preanalítica una apariencia de legitimidad científica, sometiendo las leyes de la termodinámica a la dinámica del mercado y sus deseos y no a la inversa, como le resulta evidente a todo el mundo menos a estos profesionales. Esto da como resultado que la única perspectiva posible en términos políticos sea lo que se ha venido en llamar Green New Deal, que naturalmente requiere crecimiento económico como mínimo a largo plazo para su desarrollo —pues de otra forma el sistema colapsaría, y con él todo lo demás, deal incluido.

Pero consideraciones de orden meramente físico, en el sentido de considerar al sistema socioeconómico como un sistema termodinámico disipativo, nos llevan a darnos cuenta de la total correlación, cuando no causalidad, entre emisiones de CO₂, nivel de energía y PIB. Por tanto, una reducción de emisiones se corresponde con una reducción equivalente PIB, o algo menos si consideramos ganancias de eficiencia para las que, en todo caso, queda ya muy poco recorrido. No es, pues, posible reducir las emisiones sin reducir el crecimiento económico. Entretanto, en la UNFCCC llevan 25 años intentando superar este oxímoron sin darse cuenta de que lo es por motivos de física fundamental, lo que les lleva a un callejón sin salida.

Encontramos otra contradicción en consideraciones de orden ético relacionadas con la responsabilidad de distintos entes a la crisis climática. Por mucho que China sea ahora el mayor emisor mundial, no es de recibo señalarle como el principal responsable. En efecto, las emisiones per cápita chinas son todavía algo inferiores al promedio europeo, y más de la mitad de las emisiones de ese país corresponden a productos de exportación que compra el resto del mundo. Pero es que China ha comenzado a emitir de forma comparable a Occidente en este siglo, y algunos países (desde luego el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos) vienen haciéndolo desde hace más de dos siglos.

Tampoco vale alardear de reducciones en estos últimos países no solo por este motivo sino porque lo que estos países hacen es en realidad deslocalizar su industria pesada, la que más emite, llevarla a otros países con mano de obra más barata y menor exigencia medioambiental, y después acusarles de que no hacen lo suficiente por reducir sus emisiones. Hipocresía en grado sumo.

La centralidad de la desigualdad

Porque en realidad todo es mucho más fácil. Emiten las sociedades y sus organizaciones pero, al cabo, quienes creamos la dinámica de emisión de gases de efecto invernadero somos las personas. Y quienes más emiten son quienes más dinero tienen, pues cuando lo han recibido es porque han provocado movimiento (económico) en algún lado, lo que solo es posible con consumo energético, y cuando lo gastan a manos llenas, también.

Ocurre que solo con que el 10% más rico aceptara, o fuera obligado, a reducir sus emisiones al promedio europeo actual, se estima que éstas se reducirían globalmente en un 30-50%. En todo caso eso no sería todavía suficiente, pero por lo menos constituiría un buen primer paso que, además, legitimaría los esfuerzos subsiguientes que se estimaran necesarios. Y quizás sería la manera de provocar un colapso gestionado que podría, solo quizás, minimizar los daños. En estas condiciones, los detalles de las negociaciones, las dificultades encontradas en el Artículo 6, etc., son de todo punto superfluas y una mera distracción.

No hace falta pues intentar inútilmente violar las leyes de la física; basta con cambiar de perspectiva, cosa vedada a las instituciones actuales pensadas en origen para estimular y gestionar el crecimiento económico. Perspectiva que, por cierto, parece también vedada a muchos ecologistas y ambientalistas, que no abandonan la narrativa estatal en sus discursos públicos.

Pues ¿alguien en su sano juicio cree que esas instituciones están preparadas no ya para aceptar, sino para gestionar adecuadamente reducciones de emisiones siquiera del 5% anual, durante nada menos que 30-50 años consecutivos? No, las instituciones oficiales actuales no están capacitadas para este cometido. Mucho menos cuando han sido ya cooptadas por los grandes emisores: era pornográfico y deprimente acercarse a la sede de Ifema presidida por luminosos, ubicuos anuncios y grandes pantallas que nos daban a conocer los ímprobos esfuerzos ecologistas de Endesa, Iberdrola, el Banco de Santander...

La cumbre social

¿Quiénes podrían hacerlo? Si alguna esperanza queda, esta estaba lejos de Ifema, y se sustanciaba en la Universidad Complutense de Madrid. Era la Cumbre Social del Clima (CSC), promovida por un notable número de organizaciones ecologistas pero finalmente realizada casi exclusivamente por voluntarios de Ecologistas en Acción en menos de un mes, un esfuerzo ímprobo y un hito increíble que explica y excusa algunos de los (pocos) desajustes que se produjeron. Muchos temíamos que el nivel de asistencia fuera escaso, pero finalmente resultó más que aceptable, con visitantes de todo el mundo siendo mayoría los latinoamericanos. Esa cumbre social del clima era a la COP25 lo que el Foro Social Mundial es al World Economic Forum de Davos. Es la respuesta inmune del tejido social ante ellas, aunque de articulación todavía insuficiente.

En esa cumbre social se habló de clima, sí, pero también de feminismo, LGTBQI, luchas de defensa del territorio, indigenismo, contaminación atmosférica, plásticos, animalismo, fracking... También de política local, donde destacó un numeroso y activo grupo de chilenos intentando mostrar al mundo el salvaje comportamiento de su gobierno (tortura sistemática, asesinatos no presentes en los medios) frente a las protestas sociales. Denunciaban además que la COP25 de Madrid estuviera presidida por la ministra de medio ambiente del gobierno chileno, señalando la complicidad de los gobiernos del mundo entero con ese gobierno asesino. A su vez, un grupo de mujeres kurdas combatientes reclamaban el derecho de autodeterminación en base a la legalidad internacional. Desde la CSC se organizó la manifestación de la Castellana y las protestas que se llevaron a cabo frente a la COP oficial.

También se habló, pero poco, de energía, deforestación, decrecimiento, nueva ruralidad, ecoaldeas, crecimiento interior y nueva espiritualidad, soberanía alimentaria y un largo etcétera, que incluía la eventual contribución de la inteligencia artificial a la respuesta a algunos de estos problemas. Cada vez menos, pero todavía mayoritario incluso en esos foros, dominaba el sentimiento de que todavía hay solución posible por la vía de las energías renovables, la economía circular o la permacultura, entre otros leitmotiv ecologistas más o menos usuales. En definitiva, el optimismo de la voluntad.

En mi opinión, no todo lo alternativo debería tener cabida en este foro por mucho que despierte simpatías entre los más preocupados por la crisis climática. Son demasiados asuntos y por tanto poca profundización para problemas de tanta magnitud, lo que resta potencia de fuego y proyección mediática, ya mínima de por sí en los medios mainstream. Creo que habría que poner un énfasis mucho mayor en la articulación y organización de un metamovimiento global no solo de carácter político, sino también de restauración ecológica y de defensa de la Tierra como valor sagrado, basado en una nueva espiritualidad gaiana, objetivamente compartida pero subjetivamente elaborada. Este elemento profundo de cohesión se sentía en la CSC, se respiraba, unía, pero se manifestaba poco o nada en lo formal. (Más sobre esto al final del texto.)

Claro que si una cumbre de este tipo se celebra en pleno Madrid y en una universidad también cooptada (ver foto) es porque los powers-that-be lo consideran por ahora asumible y poco peligroso; estaría por ver hasta qué punto permitirían pasivamente la estructuración de un movimiento global de confrontación no violenta, la más peligrosa. ¿Tendrá que ver con esto el sospechoso hurto de un buen número de ordenadores portátiles de organizadores y asistentes el primer día de la CSC?

Peor de lo esperado

Pero había una nueva contradicción que resultaba ser común a ambos foros: el problema climático, que se conoce desde hace muchas décadas y se considera gravísimo e inminente desde hace algunas, resulta ser mucho peor de lo que se creía hasta ahora. La ciencia más reciente nos habla de impactos mucho peores a igualdad de incrementos de temperatura, desestabilizaciones generalizadas y la activación de puntos críticos en sistemas terrestres críticos a incrementos de temperatura menores de lo que se creía y mucho antes de lo que se tenía por cierto.

Todo es peor, mucho peor de lo esperado y la comunidad científica comienza ya a decir tímidamente en público lo que hace años lleva diciendo a gritos en privado: +1,5 ºC son imposibles, +2 ºC muy improbables y, a partir de ahí, hay que empezar a considerar la amenaza existencial a que conduciría la vida propia que adquiere el sistema climático debido a sus lazos de realimentación positivos: no podemos saber a qué incremento de temperatura se va a detener el proceso, si es que lo hace de alguna forma.

Solo marginalmente esta situación fue tratada en algunos de los actos de la cumbre azul, la oficial, y en alguno de los de la cumbre social en el que participó quien suscribe. La perspectiva holística, las conexiones energía-clima-economía-biosfera-alimentación, la perspectiva de sistema complejo adaptativo disipativo y de la biosfera como un todo —Gaia, en definitiva— sigue sin estar presente en la medida que debería.

De modo que negociar lo innegociable (nadie puede negociar con nadie las leyes de la termodinámica o la física cuántica que explica el efecto invernadero) ya resulta una contradicción. Pero si además los eventuales acuerdos de un lado, o las respuestas del otro, no están basados en el mejor conocimiento disponible, tampoco van a resolver nada y solo van a servir para perder el tiempo en el mejor de los casos y energía física y moral en el peor. Esta es la nueva realidad; este es el auténtico estado de emergencia. El climático, pero también el intelectual.

¿Ecofascismo en el horizonte? Respuestas

Sin embargo, el bloqueo que se produce en la COP oficial podría estar escondiendo movimientos más de fondo. Algunos insiders, observadores cualificados ellos, han manifestado un pálpito inquietante. Un bloqueo político frente a una opinión pública mundial que comienza a despertar es algo que verdaderamente no puede mantenerse por mucho tiempo. ¿Estarían algunos países bloqueando el proceso político por motivos diferentes, o complementarios, a los generalmente supuestos, meramente económicos? De ser así, ¿qué razones les moverían?

En 2023 vence un plazo según el cual el Acuerdo de París debe actualizarse. Es presumible que la preocupación y la presión de la calle sea ya muy elevada, a la vista de la escalada del peligro manifestada en fenómenos extremos cada vez más frecuentes, intensos, persistentes y visibles. Esa población estaría ya, por entonces, dispuesta a aceptar medidas extraordinarias. Según este razonamiento, la respuesta de los powers-that-be, que habrían estado esperando ese momento —cuando no provocándolo— consistiría en imponer medidas contundentes para cuya implementación exigirían una organización social mundial y local fuertemente autoritaria y, desde luego, liderada por ellos. Una población muy asustada y sin alternativas concretas y unitarias presentaría resistencia, pero no la suficiente como para bloquear esta dinámica.

El fascismo siempre surge del miedo. El ecofascismo surgiría del miedo ecológico, del pavor que genera la casa que se quema y se hunde. Los powers-that-be estarían buscando aquello que llevan pretendiendo desde los tiempos de la Trilateral, allá por los años setenta: consiguieron entonces limitar la democracia; ahora conseguirían por fin dejarla residual. Esta perspectiva no tiene nada de inverosímil. Efectivamente, el poder mundial se dirime en la COP.

Así pues, es necesario prevenir esta dinámica. Es imperioso definir cuál vaya a ser el sujeto social de contención y respuesta, y no parece haber otro más activo y consciente de sí mismo que el que participaba y se reflejaba en la cumbre social de Madrid. La próxima CSC debería centrarse en jugar un papel en este sentido: tal vez alrededor de la idea cohesionadora de la sacralidad de la Tierra y de la definición de un nuevo sentido de la vida: una nueva cosmología, más rica y sabia, puede resultar muy atractiva y altamente cohesionadora. Una sacralidad laica —o no, a elección de cada uno, en todo caso inclusiva— y centrada en una nueva relación con la Tierra, con Gaia (¿orgánica?) como sujeto de respeto supremo. En todo caso, una espiritualidad compartida, asociada idealmente a un proyecto político también inclusivo necesariamente alejado de modas ecomodernistas más o menos bien vestidas para el fin de fiesta en curso.

Es posible que este zeitgeist esté llegando y alcanzando una masa crítica global, que convendría impulsar. Por todo el mundo están surgiendo iniciativas en este sentido, activas y de ninguna forma meramente contemplativas. Invito a los colectivos activistas de mayor base intelectual materialista a hacer el esfuerzo de distinguir entre religión y espiritualidad, y a contribuir sin prejuicios al desarrollo de nuevas expresiones de esta última coherentes con las necesidades del presente. Y a sorprenderse con sus posibilidades, también en el orden personal.

Una tarea que se antoja titánica y urgente, pero la única viable para quien suscribe y a la que valdrá la pena prestar atención e intentar contribuir a su desarrollo.

[Fuente: revista 15/15/15]

10/1/2020

Rafael Poch

Evitar un jaque al rey en el Golfo

El 8 de enero misiles de crucero iraníes atacaron dos bases militares de Estados Unidos en Irak. El ataque era una respuesta al asesinato, cinco días antes, del general Qasem Soleimani, uno de los principales hombres de Estado iraníes, cuando se hallaba en misión diplomática en un país amigo. Como se ha dicho, la misión diplomática de Soleimani en Bagdad tenía que ver con conversaciones de deshielo entre Teherán y la monarquía saudí, los dos grandes enemigos de la región, mantenidas bajo mediación de Irak. Cuesta encontrar precedentes de un magnicidio tan provocador.

Políticamente su razón de ser no hay que buscarla en una brutal improvisación de Donald Trump más o menos relacionada con un proceso de destitución presidencial claramente condenado al fracaso. El motivo tiene que ver con la apuesta geopolítica fundamental de Washington en la región, mucho más incluso que con el deseo de Estados Unidos de castigar a Irán por su contribución en los últimos reveses sufridos en Irak y en Siria, en los que el papel de Soleimani fue importante.

La apuesta fundamental de Washington en la región se llama Arabia Saudí. Si ese país deja de orbitar alrededor de Estados Unidos, la región se pierde. Washington ha errado en Irak. Al final, su guerra concluyó, además de con destrucción y matanza, con la formación de un gobierno dominado por chiitas y no hostil a Irán. Ha errado también en Siria: pese a la guerra civil inducida con su enorme mortandad, el anhelado cambio de régimen no se ha producido, y además se ha favorecido el papel de Rusia y de una Turquía, miembro de la OTAN, que ha dejado de ser fiable. Todo eso han sido reveses –en ajedrez diríamos que se ha perdido un caballo y una torre–, pero el dominio fundamental de Estados Unidos en la región sigue ahí. Si se perdiera la ficha saudí, estaríamos ante un jaque al rey.

Si se rompiera el actual estatuto que rige la relación de Arabia Saudí con Estados Unidos, seguramente Washington tendría que irse de Oriente Medio, o aceptar –por lo menos– un condominio con China y otros emergentes en la región, algo muy doloroso y extremadamente difícil de aceptar para quien ha gobernado la región en solitario tanto tiempo. Pero, sobre todo, se perderían posiciones globales fundamentales, vinculadas a la hegemonía del dólar en el comercio internacional y las transacciones financieras, es decir, a la sostenibilidad de la enorme burbuja, que supone la desconexión existente entre los mercados financieros y la economía real, sobre la que funciona la economía global dirigida por Estados Unidos.

La economía global de Estados Unidos funciona mediante la compra del crecimiento a crédito, generando deuda pública. Y todo eso se aguanta gracias a los flujos inversores exteriores; de la zona euro, de Japón y de los emergentes, China incluida. Desde luego hay intentos de cambio de la situación: potenciar otras monedas, elaborar alternativas tecnológicas al dominio americano del mundo digital (que lleva un espía de la NSA incorporado), etcétera, etcétera. Pero todo eso es endiabladamente complicado y delicado. Por ejemplo, Lula da Silva relaciona su encarcelamiento en Brasil con su papel de pionero al proponer en el marco de los BRICs una estrategia de desdolarización…

Arabia Saudí es fundamental en esa arquitectura, uno de cuyos puntales es el comercio internacional del petróleo en dólares. Además, los saudíes financian y adoctrinan ejércitos yihadistas que se encargan de desestabilizar a los países cuya política exterior es independiente, algo que ocurre tanto en la región del Xinjiang de China, como en Chechenia para Rusia, por no hablar de Siria. Eso es algo que la propia Hillary Clinton reconoce en sus mails y que se sabe gracias a Wikileaks. A grandes rasgos, Al Qaeda, el Estado Islámico y sus epígonos regionales, son ayudantes del Pentágono, función que no excluye accidentes, alguno de ellos tan grave como el 11-S neoyorkino. Eso explica muchas incongruencias.

Los saudíes aportaron el mayor contingente de combatientes extranjeros, 5.000 hombres, en la guerra contra los soviéticos en Afganistán. Por aquella época, el KGB de la URSS explicaba que la infiltración de literatura sobre integrismo islámico, que tanto se vigilaba en las fronteras del Uzbekistán y el Tadzhikistán soviéticos, venía de Arabia Saudí. Fue allí, a finales de los ochenta, donde escuché por primera vez el término wahabita, que acogí con errado escepticismo.

Arabia Saudí propaga, desde hace décadas, la versión más sectaria, misógina, homófoba, racista y antisemita del islam: el wahabismo. Ryad se gasta en ello una fortuna: “8.000 millones de dólares anuales”, según el especialista francés Pierre Conesa, algo semejante a lo que se gasta en comprar armas o lo que ingresa en la peregrinación a los santos lugares del islam, y seis o siete veces lo que la URSS empleaba en propaganda en sus mejores años. Desde los 80, la Universidad de Medina ha formado a 25.000 o 30.000 cuadros que propagan esa calamidad por todo el mundo –y que ha llegado alegremente hasta las mezquitas españolas– a base de generosas becas y financiaciones.

Quince de los 19 terroristas del 11-S, y 115 de los 611 prisioneros de Guantánamo eran saudíes. Y estos últimos años los saudíes han sido mayoría en el colectivo extranjero del Estado Islámico que combate en Siria e Irak: 2.500 personas en 2016. Sin embargo, tras el 11-S, Estados Unidos no señaló a Arabia Saudí, sino a Irán, Irak y… Corea del Norte, e invadió Afganistán e Irak. Y con Soleimani han eliminado ahora a uno de los estrategas más eficaces en la derrota del Estado Islámico en Irak y Siria. ¿Incongruencias? En absoluto.

Como explica Michael Hudson, “los saudíes aportan el apuntalamiento de la dolarización global, reciclando sus fabulosos ingresos petroleros en inversiones financieras y compra de armas en Estados Unidos, así como suministrando y organizando a los terroristas del Estado Islámico y coordinando sus destrucciones con los objetivos de Estados Unidos. Tanto el lobby petrolero como el complejo militar industrial obtienen enormes beneficios económicos de los saudíes”. Un deshielo entre Irán y Arabia Saudí, como el que parecía estarse negociando, no podía ser visto más que como una enorme amenaza para toda esa arquitectura.

Volvamos ahora al ataque de Irán contra bases americanas en Irak del pasado día 8 en respuesta al asesinato de su general Soleimani. El misterio aquí no es que no hubiera víctimas americanas, como dijo Trump, o que solo fueran 11 heridos como afirmaron luego las filtraciones. Eso está claro: los iraníes conocen la correlación de fuerzas y efectuaron el mínimo ataque posible para salvar la cara ante su indignada población sin arriesgarse a provocar una respuesta militar de Estados Unidos (riesgo del que el derribo accidental del avión ucraniano sobre Teherán aquel mismo día pudo ser nerviosa consecuencia). Hasta avisaron a los iraquíes del ataque para evitar daños mayores. El misterio de ese ataque es la defensa antimisiles de Estados Unidos: los famosos Patriot, que debían estar aquel día en máxima alerta, no interceptaron ni un solo misil iraní.

La lectura militar de ese dato es la siguiente: los misiles de crucero iraníes Hoveizeh son lo bastante buenos y rápidos como para burlar a la defensa antimisiles americana, que es la que tienen los saudíes junto a las refinerías, los pozos y las terminales exportadoras que son la esencia de su modus vivendi. Esos misiles tienen un alcance superior a los 1.300 kilómetros, lo que significa que todo el complejo petrolero saudí está técnicamente amenazado desde Irán. Teniendo en cuenta que su actual patrón americano ha demostrado últimamente una torpeza considerable, teniendo en cuenta que China promueve otro tipo de orden internacional en la región (la Road and Belt Initiative), basado en corredores comerciales con el apoyo entusiasta de Irán y muchos otros, y teniendo en cuenta que la apuesta guerrera americana ni siquiera garantiza la integridad de su complejo petrolero, ¿no valdría la pena explorar otros esquemas? Arabia Saudí está en eso desde hace tiempo.

El año pasado hubo rumores de participación china en Aramco, la mayor petrolera del mundo de propiedad saudí, algo lógico si se tiene en cuenta que Asia es el principal cliente del petróleo del Golfo. En esas condiciones, ¿no habría que orientarse un poco más hacia Asia? El asesinato del general Soleimani, quien jugaba al ajedrez (juego inventado por los persas) precisamente en ese tablero con Arabia Saudí, ha sido la respuesta de Washington a esa pregunta. Hay demasiado poder global en juego detrás de un jaque al rey en el Golfo Pérsico.

[Fuente: ctxt.es]

29/1/2020

Rafael Lara

Una mirada a la génesis histórica de la Frontera Sur

Para entender el presente a menudo es necesario mirar al pasado. Es el caso de la dramática emergencia que se vive en la Frontera Sur: resulta conveniente intentar desvelar los procesos históricos que llevaron al Mediterráneo occidental a convertirse en la profunda falla que separa hoy a las poblaciones de ambas orillas del Estrecho, provocando incalculables muertes, dolor y sufrimiento.

A efectos prácticos, el Mediterráneo occidental empieza a constituirse como zona de frontera política y militar a finales del siglo XV, durante el proceso que lleva a la conquista de Granada en 1492, con otros hitos como la conquista de Ceuta por los portugueses en 1415 y de Melilla por la corona de Castilla en 1497.

Si bien con anterioridad hubo conflictos de envergadura que involucraron a las dos orillas, durante siglos primaron las relaciones de colaboración e intercambio de todo tipo. Incluso durante extensos períodos históricos ambas orillas del Estrecho formaron parte de los mismos reinos, imperios o dinámicas políticas. Sin ir más lejos, el imperio romano no hacía distingos entre las dos orillas del Estrecho; las dos le pertenecían y la unión de ambas facilitaba su común explotación. En esa época el Estrecho fue más bien un espacio de cohesión político-territorial.

Las dos orillas también formaron parte de unidades políticas más amplias; por ejemplo, en la época visigoda, bajo el imperio de Bizancio, durante el califato de Córdoba, con los almohades, o finalmente durante parte de la época nazarí.

Es a partir de la conquista de Granada cuando empieza a configurarse el Mediterráneo como una auténtica frontera a efectos políticos y militares. Frontera interna ante la población musulmana subyugada y frontera externa frente a los “bereberes” y “moros”. Frontera pese a los deseos de Isabel la Católica, que consideraba que España tenía derecho a continuar la llamada “(re)conquista” en África como parte de la herencia de Roma. Incluso en su lecho de muerte dicta un testamento en el que ordena “que no cesen de la conquista de África”.

Sin embargo, la dinámica expansiva de la corona de Aragón, orientada hacia el mediterráneo central y oriental, junto a los recursos destinados a la colonización y explotación del “nuevo mundo” (Abya Yala), postergaron las ansias por llevar la “(re)conquista” hasta el norte de África. La visión política de la Frontera Sur ya se había generado bajo esta concepción colonizadora y a partir de ahí se profundiza y perdura hasta la actualidad.

La corona de Castilla siempre consideró la otra orilla del Estrecho de Gibraltar como el lugar de donde podía emerger la amenaza más directa para sus ambiciones de gran potencia en el contexto mundial. Esto sucede, en gran medida, por la gran cantidad de población musulmana que cruzó de manera forzada el Mediterráneo tras la conquista de Granada. Pero muy particularmente también por la ignominiosa “expulsión de los moriscos” que constituye un capítulo en extremo vergonzoso y no reparado de nuestra memoria histórica. Toda aquella población morisca fue expulsada violenta y masivamente durante el reinado de Felipe III entre 1609 y 1613, y se asentaron, para afrontar la propia supervivencia y con un dolor incalculable a sus espaldas, en el actual Marruecos, muchos de ellos en el Rif.

La monarquía hispánica consideraba que la frontera del Estrecho era fácilmente franqueable por las “huestes musulmanas”. El objetivo de preservar las tierras peninsulares de futuros ataques magrebíes llevó pues a la monarquía castellana por un lado a la fortificación de la costa andaluza y, por otro, a la conquista de determinados enclaves plenamente justificados para ellos por razones puramente defensivas. En clave actual consideraríamos estas acciones como correspondientes al desarrollo de una guerra preventiva, al uso de lo que hemos visto en Irak o Libia.

Estas campañas de conquista estuvieron destinadas también a dinamitar los vínculos y redes existentes entre ambos territorios, utilizando un potente discurso ideológico para presentarlas ante la población como una cruzada gloriosa de “lucha contra el infiel”, “continuación de la reconquista”, “la cruz frente al islam”… Estrategia que, incluso en momentos de gran debilidad, permitía, además, —y a pesar de sus magros resultados reales— incrementar el prestigio de la monarquía de los Austrias en el contexto europeo.

Así, durante la segunda mitad del siglo XV y primera del XVI, Castilla ocuparía sucesivamente Melilla (1496), Cazaza y Mazalquivir (1505), el peñón de Vélez de la Gomera (1508), Orán (1509), el peñón de Argel, Bugía y Trípoli (1510), Bona, Bizerta, Túnez y La Goleta (1535), en tanto que Portugal centraba su expansión colonial en el litoral atlántico, tomando Ceuta (1415), Alcazarseguir (1458), Tánger (1471), Mazagán (1502), Agadir (1505) y Mogador (1516).

Todas estas conquistas fueron concebidas como un sistema de ocupación restringida y estratégica, sin adentrarse ni vincularse con el continente. Más que colonias estas plazas fueron siempre presidios de carácter militar, carácter que tuvieron por ejemplo Ceuta y Melilla hasta bien entrado el siglo XX. La concepción fronteriza se hace evidente en la función que cumplen estas plazas de control de una zona marítima o terrestre.

Posteriormente la aparición y consolidación progresiva del sultanato de la dinastía alauí [sobre todo durante los reinados de Ismail (1672-1727) y Mohamed III (1757-1790)] fue un factor desencadenante para la pérdida sucesiva de todas aquellas plazas. Y aunque en el siglo XVII Felipe III aún conquistaría Larache y Mámora, a comienzos del siglo XIX solo quedaban en manos españolas Ceuta, Melilla y los peñones.

Por otra parte, la otra gran preocupación de la monarquía española fue la fortificación de las costas. Aunque Felipe II ya había diseñado un amplio programa para ello, el gran impulso de la fortificación costera vino de la mano del rey Carlos III, sobre todo tras la toma de Gibraltar por Inglaterra en 1704 (formalizada en el Tratado de Utrecht de 1713), que acentuó el carácter fronterizo de todo el Estrecho con sus correlatos de militarización, contrabando e incremento de la actividad corsaria. Así, Carlos III dispuso para ello la construcción o rehabilitación de más de 60 fortificaciones a lo largo de la costa andaluza, tanto torres troncónicas, como fortines tipo pezuña o fuertes abaluartados.

La desafortunada (por racista) expresión “hay moros en la costa” tiene aquí su origen. Quien haya oído hablar del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) que sepa que ya fue inventado hace muchos siglos con idéntica misión.

Repasando con mirada crítica la historia de esta Frontera Sur, hemos de señalar que buena parte del imaginario negativo que la población española tiene sobre Marruecos y sus gentes, bebe de aquellas fuentes interesadas del poder monárquico de la edad media. Esta visión anacrónica y distorsionada que se mantiene aún en el presente se ha ido completando a base de prejuicios y estereotipos en los siguientes siglos, en los que continuó ampliándose y ahondándose el tremendo foso que hoy supone nuestra Frontera Sur para los derechos, las libertades y las relaciones entre los pueblos de las dos orillas.

Pero esos siglos ya podrían ser la siguiente historia, la de la agonía de un imperio corrompido y moribundo que todavía intentó jugar a ser potencia colonial en los albores del siglo XX. De nuevo acudiendo a la agresión desaforada y ahondando el foso entre dos pueblos que, sin embargo, tenemos tanto en común.

Para llegar al triste momento actual de un Mediterráneo cargado de vallas, alambradas y concertinas, patrulleras, drones y un abrumador despliegue militarizado que, como decíamos, solo provoca sufrimiento, dolor y muerte, amén de un sinnúmero de violaciones de derechos humanos.

Rafael Lara es Coordinador del área de solidaridad Internacional de la APDHA

[Fuente: El Salto]

23/12/2019

Rafael Poch

Sobre misiles y aviones caídos por error

Reconocer un crimen militar involuntario, como ha hecho Irán con el avión ucraniano, no es algo corriente. La comprensión de su contexto recuerda quienes son los verdaderos bárbaros.

* * *

El 8 de enero un misil iraní derribó por error un avión civil ucraniano cerca de Teherán con el resultado de 176 muertos. Las autoridades de Irán, el “guía supremo”, Alí Jamenei, el Presidente del país, Hasan Rohani y el ministro de exteriores, Mohammad Javad Zarif, se disculparon por lo que calificaron de “trágico error” dos días después de los hechos. En Londres, el embajador de Irán, Hamid Baeidinejad, también se disculpó: la víspera, en una declaración a la prensa británica, había descartado el escenario de un error con un misil. “Pido disculpas y lamento haber transmitido esos informes incorrectos”, dijo.

Esta actuación debería ser norma, pero está lejos de ser algo corriente. Es excepcional y ha causado sorpresa. “Apenas puedo recordar una declaración similar de un embajador en tales circunstancias”, ha dicho Alistair Burt, un ex miembro conservador del parlamento a propósito del diplomático iraní. Por desgracia es demasiado frecuente tumbar aviones con misiles y no reconocerlo. Aún menos frecuente es disculparse por ello.

Hace poco, el 17 de julio de 2014, un Boeing 777 de Malaysia Airlines fue derribado por un misil cerca de Donetsk (Ucrania). Hubo 298 muertos y los indicios apuntan a Rusia, cuyo ministerio de defensa lanzó unas cuantas falsedades, pero nadie se ha hecho responsable de aquello al día de hoy. Si retrocedemos más en el tiempo, la crónica es abultada.

Una larga serie

El 11 de septiembre de 1968 un Caravelle de Air France con 95 personas a bordo que volaba de Ajaccio a Niza, fue derribado por un misil francés frente a la costa de Antibes. En el Paseo de los ingleses de Niza hay un pequeño monumento que recuerda la tragedia, pero no se menciona su causa ni Francia nunca la ha reconocido.

El 6 de octubre de 1976 los anticastristas cubiertos por la CIA volaron un avión de Cubana de Aviación con 73 ocupantes tras despegar de Barbados. En 44 años no ha habido disculpa y los responsables del atentado, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, fueron protegidos hasta su muerte por la CIA y el sistema judicial de Estados Unidos.

En 1980 un DC-9 de la compañía Itavía que volaba de Boloña a Palermo fue derribado el 27 de junio sobre la isla de Ustica matando a sus 81 ocupantes. El Presidente italiano Francesco Cossiga lo atribuyó a un misil, francés o de la OTAN. Muchas fuentes relevantes del caso murieron en suicidios y accidentes de tráfico a lo largo de los años. Cuatro generales italianos fueron acusados de encubrimiento pero no condenados. Nadie ha asumido la responsabilidad.

Tres años después, el 31 de agosto de 1983, un Boeing surcoreano con 239 personas a bordo fue derribado sobre la isla de Sajalín por la defensa aérea soviética, que lo confundió con un avión espía. Al parecer el avión había sobrevolado y fotografiado las bases de misiles estratégicos de Kamchatka, según reveló años después un ex agente de los servicios secretos japoneses sugiriendo una inducida provocación.

Cinco años después del derribo en Sajalín, un Airbus de Irán Air fue abatido, el 3 de julio de 1988, en el estrecho de Ormuz por el crucero lanzamisiles de Estados Unidos, Vincennes. Murieron 290 personas. El barco, bajo mando del comandante Will Rogers, se encontraba en una situación de tensión metido en aguas iraníes cuando lanzó un misil contra el avión civil. Washington reconoció el error y acabó pagando indemnizaciones tras un pleito de muchos años, pero el Comandante Rogers fue condecorado con la “Legión al Mérito”, “por su conducta excepcionalmente meritoria en el desempeño de su servicio”.

Cinco meses después tuvo lugar el atentado que destruyó en el aire el Boeing 747 de Pan Am sobre la localidad escocesa de Lockerbie (270 muertos). Por conveniencia política, la CIA prefirió atribuir aquel atentado a la Libia del Coronel Gadafi, entonces preferente en el punto de mira de Washington, pero según diversas fuentes cualificadas lo más probable es que aquel atentado fuera la venganza iraní por el derribo del estrecho de Ormuz.

“Crímenes” y “errores”

El director del magnífico Le Monde Diplomatique, Serge Halimi, comparó en un artículo publicado el año pasado el diferente trato informativo que recibieron en los medios occidentales el Boeing surcoreano, abatido por el enemigo soviético, y el Airbus iraní derribado por los nuestros. En el primer caso los grandes medios de comunicación hablaron de “crimen”, “deliberado”, “bárbaro” y “brutal”. En el segundo prefirieron calificar el “error” como “comprensible”, “lamentable”, “fatal”, “justificado” y atribuido a la “complejidad técnica”. “¿Es necesario especificar a quién dedicaban los periodistas estadounidenses los términos “seres queridos”, “seres humanos inocentes” e “historias personales conmovedoras”, y a quién los más sobrios de “pasajeros”, “viajeros” o “personas que han muerto”?, se preguntaba Halimi.

Lo que ocurrió en la localidad de Toulon, la Cartagena de la marina de guerra francesa, el 15 de febrero de 1989, no tuvo que ver con avión, pero si con misil. Sobre las dos y media de aquel día la llamada Maison des têtes, una casa del siglo XVII de cinco pisos del barrio viejo, se desmoronó como un castillo de naipes con el resultado de 13 muertos y 32 heridos. Las autoridades atribuyeron la causa a una “explosión de gas”, pero todo apunta a que fue un misil. Más de treinta años después tampoco este secreto de Estado ha sido reconocido.

El contexto del derribo del avión civil ucraniano sobre Teherán es la enorme tensión militar que enfrenta a Estados Unidos e Irán. En su último capítulo esta tensión se agravó, en 2018, con la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear alcanzado con Irán. Trump restableció e incrementó entonces las sanciones que Obama había cancelado en 2015 en el marco de aquel acuerdo. Si el problema fuera la proliferación nuclear, alguien debería acordarse de que, desde los años setenta, Teherán ha venido proponiendo hacer de Oriente Medio una zona no nuclear, como las que existen en otras partes del mundo como Asia Central o América Latina. Todos los países de la región, excepto Israel, que dispone de arsenales nucleares químicos y bacteriológicos completos, firmaron en su día el tratado de no proliferación nuclear de Naciones Unidas.

Tan dañino como las bombas

Las tensiones derivadas de la retirada de Estados Unidos y de las nuevas —y viejas— sanciones, asfixian la economía y la sociedad de Irán. Sus consecuencias no son menos dañinas que las bombas y los misiles. La economía iraní que registró un crecimiento del 12% en 2016, cuando se levantaron las sanciones, se ha desmoronado a un -10% en 2019. En un año su moneda ha perdido el 80% de su valor, la clase media se está encogiendo, la vital exportación de petróleo ha caído un 80% y el chantaje de la extraterritorialidad de la ley americana ha hecho retirar del mercado iraní a empresas y bancos de todo el mundo, incluida a la poderosa petrolera china CNPC.

El objetivo declarado de esta política es claramente criminal, reconoce el secretario de Estado americano Mike Pompeo: “La situación para el pueblo iraní es hoy mucho peor y estamos convencidos de que eso hará que la gente se levante y que cambie el comportamiento del régimen”. La gente ya se ha levantado: desde el otoño el régimen ha matado a unos 300 manifestantes en las protestas por el deterioro de la vida y la carestía.

Todo esto se ha agravado con el asesinato, el 3 de enero, del general Gasem Soleimani, una de las principales figuras del régimen iraní, lo que se parece mucho a una declaración de guerra. De la lectura de la edición del pasado domingo de The New York Times se deduce que el asesinato de Soleimani no fue ni una improvisación, ni una respuesta a un hecho puntual o amenaza inminente, sino algo planeado desde hace dieciocho meses. Estados Unidos ha sufrido ultimamente importantes reveses en Irak y Siria que tienen que ver con Irán y con la estrategia de Soleimani. El informe también aclara la conveniencia del asesinato para que Trump “preserve el apoyo de los halcones republicanos en el senado en el próximo proceso de destitución que se le prepara”, explica el diario.

La liga de los bárbaros

Este es el contexto irresponsable en el que se produjo el derribo del avión ucraniano en Teherán. Este tipo de crímenes con muerte de civiles inocentes en un contexto de tensión bélica recibe en occidente el cínico calificativo de “daños colaterales”. Recordemos que el concepto fue acuñado por la OTAN de Javier Solana en la campaña de Yugoslavia y los medios de comunicación occidentales lo aceptan desde entonces como algo natural cuando se trata de crímenes propios. Así, la muerte de civiles en la toma de los nuestros en Mosul (Irak) eran “daños colaterales”, pero en Alepo (Siria), donde ganaron los gubernamentales de Asad con apoyo ruso e iraní, fueron masacre. Esto es tan antiguo como la guerra y el periodismo establecido lo acepta sin rechistar.

Al admitir su criminal error, las autoridades iraníes se han creado problemas internos, como se ha visto estos días en las protestas contra los tres días que duró la mentira oficial. Cuando un régimen teocrático, es decir vinculado de alguna forma con la divina infalibilidad, admite un error, se abre entre la población la sospecha de si la mentira enmendada no será una más entre muchas. También los sumos pontífices occidentales saben mucho de ese riesgo, por grande y sofisticada que sea su habilidad en torearlo en las condiciones de relativo bienestar que gobiernan, bien alejadas de las que imperan en Irán. Sea como sea, la admisión por parte de Irán de su trágico error así como la comprensión de su irresponsable contexto, nos recuerda quienes son los verdaderos bárbaros.

[Fuente: Ctxt]

17/1/2020

Erika González, Agustín Moreno y Enrique Ortega

Agua del grifo, por favor

El agua es un bien común, necesario para la vida, que se debe gestionar sin ánimo de lucro, con criterios de solidaridad y cooperación, acceso universal, equidad, control democrático y sostenibilidad medioambiental y social. Además, su provisión a los ciudadanos tiene la condición de derecho humano, que los poderes públicos deben garantizar.

Así debería ser, pero el neoliberalismo ha convertido el agua en un gran negocio, una de cuyas expresiones más notable es la venta de agua embotellada, que a través de potentes campañas publicitarias, ha extendido su uso a amplias capas de la población, a pesar de ser mucho más cara, menos segura y producir mayores impactos ambientales, que el agua de grifo. En España es muy importante el negocio del agua embotellada: en 2017 se produjeron 7.700 millones de litros, siendo el cuarto país europeo en producción y el tercero en consumo.

Cabe preguntarse, por qué, si el agua de grifo es buena, en los restaurantes, bares y lugares públicos y privados, nos ofrecen directamente agua embotellada. La respuesta es muy sencilla: por los enormes beneficios económicos que da la venta de este producto.

Hay numerosas razones para avalar el consumo de agua de grifo, respecto al agua embotellada, tanto de índole social, como económica y ambiental, e incluso en aquellos aspectos relativos a su fiabilidad y calidad. Veamos algunas de ellas:

El consumo de agua de grifo favorece la protección de un bien común. El control público de los servicios de agua, y saneamiento, permite gestionar los recursos y ecosistemas hídricos de forma sostenible, teniendo en cuenta el interés general y los aspecto ambientales y sociales. El derecho humano al agua garantiza el acceso de todos los ciudadanos al agua de grifo, independientemente de su situación económica.
Por el contrario, el agua embotellada es un negocio privado cuyo objetivo fundamental es maximizar os beneficios, sin tener en cuenta sus numerosos impactos medioambientales. Desde la captación incontrolada de los recursos, el riesgo de sobre explotación de los acuíferos, la producción con controles diferentes a los exigidos para la potabilidad del agua, la distribución con la generación de gases de efecto invernadero y la utilización de envases, en una buena parte de plástico, con efectos contaminantes innegables. Un aspecto a tener en cuenta, es que el 95% de los manantiales reconocidos en España están explotados por compañías embotelladoras de agua.
El agua de grifo evita la generación de residuos plásticos. Estos residuos constituyen una de las mayores lacras del agua embotellada. Según los datos de la Estrategia Europea para el plástico, el 59% de los residuos plásticos generados en Europa son envases. Las cifras en España son de un consumo de 3.500 millones de botellas de plástico al año, cuyo reciclaje no se puede resolver con eficacia, salvo un pequeño porcentaje, contando con las tecnologías actuales. Resolver el grave problema de los residuos de plástico pasa por buscar alternativas.
El agua de grifo es más saludable y segura que el agua embotellada, sus controles se rigen por criterios de seguridad sanitaria, mientras que los del agua embotellada se rigen por criterios alimentarios, que son menos exigentes. En España se cifra en un 99,5% del total, el agua de grifo que cumple con las garantías de calidad sanitaria. Un dato: el 93% de las aguas embotelladas han presentado micropartículas de plástico que proceden del envase y del proceso de embotellamiento. Estas micropartículas contienen, según informes científicos, cantidades variables de antimonio, elemento perjudicial para la salud., cuya concentración en el agua puede incrementarse por el tiempo de almacenamiento y la exposición a la luz solar.
El agua embotellada es un gran negocio, que produce millones de beneficios para las empresas del sector. El lobby del agua embotellada en España que pertenecen mayoritariamente a empresas transnacionales de la alimentación (Nestlé, Danone, Coca-Cola, Pascual, Vichy Catalán y Mahou-San Miguel) (Nota 4), factura al año más de mil millones de euros. En Madrid, cuya agua es de una excelente calidad, el litro de agua de grifo cuesta de media 0,0015 euros, mientras que e litro de agua embotellada cuesta, como mínimo, 140 veces más cara. Ante la pregunta de cómo podemos incidir desde la sociedad civil para favorecer el consumo de agua de grifo y disminuir el de agua embotellada, minimizando sus impactos negativos sobre la sociedad y el medio ambiente, una veintena de organizaciones sociales, ecologistas sindicales y vecinales, hemos puesto en marcha la campaña “AGUA DE GRIFO, POR FAVOR”, que pretende informar y concienciar a los ciudadanos y a las instituciones públicas y privadas sobre la conveniencia de consumir agua de grifo. Esta campaña tiene los siguientes objetivos:

Poner en valor el agua de grifo y poner en evidencia los problemas derivados del consumo de agua embotellada, para disminuir su consumo.
Incidir en el sector de la hostelería, a través de una demanda social que exija que en los bares, restaurantes y establecimientos hoteleros, se disponga en primer lugar de agua de grifo, como ya se está haciendo en ciudades como París y Nueva York.
Impulsar actuaciones de las administraciones e instituciones públicas para favorecer el consumo de agua de grifo, como puede ser la instalación de fuentes y surtidores de libre acceso en espacios comunes e instalaciones públicas, o la adopción de leyes o normativas que obliguen a servir agua de grifo en la hostelería cuando el cliente así lo pida. Ya existen países europeos con legislación estatal en este sentido y en España algunas comunidades autónomas han iniciado este proceso, como Baleares, Navarra y Andalucía. Por eso decimos: ¡Por favor, agua del grifo! con tanta educación como firmeza y agradecemos a los establecimientos hoteleros, a las administraciones públicas y a las entidades públicas y privadas su contribución al uso racional de los recursos fundamentales y a la lucha contra los residuos.

[Fuente: Cuarto Poder. Erika González, Agustín Moreno y Enrique Ortega son miembros de Ecologistas en Acción]

6/1/2020

La Biblioteca de Babel

Thomas Piketty

Capital e ideología

Trad. de Daniel Fuentes Castro

Deusto, 2019, 1247págs.2019

Por una economía redistributiva plausible

Como admite el propio Piketti, la perspectiva y el alcance del celebrado El capital en el siglo XXI (2013) se resentían, por un lado, de la unilateralidad con la que era examinada la evolución de la desigualdad y la redistribución —esencialmente, desde el punto de vista de la experiencia histórica de los países más ricos— y, por otro lado, de la falta de consideración suficiente de la relación de lo anterior con la evolución de las ideologías desigualitarias.

El Rapport sur les inégalités mundiales (Seouil, París, 2018), del World Inequality Database codirigido por el propio Piketty, y ahora Capital e ideología, pretender llenar esas dos lagunas. Del WID y su centenar de investigadores repartidos por el mundo proceden los datos usados en el libro (a disposición del lector en http://WID.world) sobre la evolución histórica de las desigualdades de renta y de riqueza, tanto entre países como dentro de cada uno de ellos —con interesantes datos sobre países tan opacos y con una conformación e historia nacional tan distinta como China, Rusia, India o Brasil—. Lo cual posibilita un análisis cualitativo consistente —y novedoso desde el punto de vista de las categorías que dominan la medición de la riqueza, lastradas por la opacidad reinante en la información fiscal y patrimonial proporcionada por los estados— sobre uno de los temas centrales de nuestro tiempo, que Piketty relaciona acertadamente, además, con las crisis ecológica y democrática.

La adopción del concepto «regímenes desigualitarios» sintetiza el esfuerzo del economista francés por dejar claro que la desigualdad se sostiene sobre una ideología muy concreta («un relato propietarista y meritocrático») construida históricamente —y por tanto sujeta al cambio— y que se vale instrumentalmente de la liquidación de los mecanismos democráticos que deberían permitir —en vista de los niveles actuales de la desigualdad— la puesta en marcha de nuevos proyectos redistributivos.

La idea de «régimen neopropietarista», o de «cambio estructural» basado en la necesidad de estabilidad sociopolítica y de protección absoluta de los derechos de propiedad se sostiene en el dato de que la divergencia entre el ritmo de aumento de las fortunas y el crecimiento económico mundial no procede de la crisis financiera de 2008, como en general se supone, sino que es una tendencia estable desde ya desde la década de los 80, de arranque de los programas de liberalización del comercio y las finanzas y de reforma estructural de las áreas de protección social públicamente garantizadas.

Frente al riesgo (real) de una nueva oleada de competencia exacerbada y dumping fiscal y social, y para invertir la desigualdad, Piketty ofrece recetas centradas, por un lado, en una democratización profunda de las empresas y de los estados y, por otro, en una mayor progresividad fiscal sobre la propiedad con miras a garantizar oportunidades a los jóvenes y a instaurar una circulación permanente del patrimonio (sobre todo, del ocioso). «La clave es una organización alternativa de la economía mundial que permita desarrollar nuevas formas de solidaridad fiscal, social y medioambiental que reemplace a los tratados de libre circulación de bienes y de capitales que actualmente hacen las veces de gobernanza mundial».

Lejos de adoptar un estilo hermético, y a pesar de su longitud, Capital e ideología resulta un estudio de lectura fácil y amena, lo que sumado a su interés objetivo lo convierte en un libro altamente recomendable.

Antonio Giménez Merino

28/1/2020

Bhaskar Sunkara

Manifesto socialista per il XXI secolo

Laterza, 2019, 290págs.2019

El sastre de Ulm vive en Brooklyn

Al principio parece una novela utópica, ambientada en Nueva Jersey en 2036: a partir de los acontecimientos de un joven trabajador. El autor nos habla sobre la fealdad de la sociedad capitalista y cómo será la futura sociedad socialista, fundada en la cooperación en lugar de la competencia, en la autogestión, sobre la abolición del dinero, sobre el apoyo del Estado, sobre el desarrollo de la tecnología, sobre un igualitarismo no absoluto, pero con un abanico salarial reducido.

El relato muestra el socialismo del futuro basado en la democracia política, las decisiones tomadas desde abajo, el lado racional y ético de las personas, la mejora efectiva que el socialismo traerá en la vida diaria, en la liberación del trabajo y de las personas respecto al trabajo. Un mundo fundado en una especie de "comunismo democrático", dado que el autor también está a favor de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y de la supresión del trabajo asalariado.

Sin embargo, esta no es una novela, sino el prólogo del ensayo del Manifiesto socialista para el siglo XXI de Bhaskar Sunkara (Laterza, 290 pp., 18 euros). El autor, hijo de inmigrantes indios, vive en Brooklyn y ha ganado fama internacional gracias al éxito de la revista Jacobin (Jacobin Italy también se ha publicado durante un año), concebida y fundada en 2011, cuando era un estudiante universitario muy joven. El prólogo no indica la predilección del autor por el socialismo utópico; más bien, quiere resaltar la importancia de saber comunicarse escapando de la tradición académica para dirigirse a un público joven y recientemente politizado. Por otra parte, sirve para transmitir un mensaje importante: otro mundo es posible, es decir, puede haber una alternativa al capitalismo, y en el que viviríamos mejor que en éste.

El libro continúa por otra vía: una "historia del socialismo desde Marx hasta nuestros días", que también tiene un tono popular, típicamente anglosajón, aunque con un aparato consistente de notas. Tras examinar las principales ideas-fuerza de Marx, Sunkara se detiene en los eventos y protagonistas del socialismo marxista, desde Lassalle, Bernstein y Kautsky hasta Rosa Luxemburgo.

Luego pasa a hablar de los socialistas rusos, la Revolución de Octubre, los primeros gobiernos bolcheviques, el estalinismo. Sus juicios no son maniqueos, aunque a veces cuestionables. En general, lo positivo es la evaluación del trabajo de Lenin, para comprender las dificultades objetivas en las que operaba. El juicio sobre Stalin es mucho más negativo, pero también lo es cuando habla de Trotsky, descrito como no muy diferente (al menos desde un punto de vista ético-político) del de su rival histórico. El autor reconoce el gran progreso realizado por la Unión Soviética en las primeras décadas de su historia, pero considera "imperdonable" que "un modelo construido con errores y excesos, forjado en las peores condiciones, se convierta en sinónimo de la idea socialista".

El maoísmo tampoco convence a Sunkara. La reconstrucción del comunismo chino de la década de 1920 muestra sus luces y sombras: junto con el gran éxito en términos de progreso material, los muchos errores y, sobre todo, la prevalencia de un gobierno no democrático de la sociedad y el estado. Entonces, al final de la larga discusión, el desconsolado Sunkara concluye: "El socialismo nació como una ideología de democracia radical, de auto emancipación de los trabajadores, no como un instrumento de desarrollo gobernado por el estado". Quizás un "desarrollo desde arriba" puede ser un hecho históricamente progresivo, pero sigue siendo una "fórmula autoritaria".

Sunkara tampoco se hace ilusiones sobre el socialismo reformista. Después de algunas páginas sobre el primer gobierno laborista y sobre el gobierno de Blum, se demora mucho tiempo en el "caso sueco". Mientras elogia sus éxitos, el libro enfatiza que, eventualmente, en una fase recesiva, las contradicciones del capitalismo retoman el impulso reabsorbiendo los logros de los trabajadores. Tampoco las vías más tradicionales (nacionalizaciones, apoyo público al empleo) conducen a nada: debido a la fuga de capitales Mitterrand se vio obligado a una rápida retirada en comparación con las intenciones combativas del inicio. La “retirada socialdemócrata" fue codificada más tarde por líderes como Blair o Clinton.

Sunkara extrae una lección de esto: la acción de la socialdemocracia siempre encuentra límites estructurales, por lo que la única solución para el autor es salir del capitalismo. Se debe evitar el riesgo de convertirse en "accionistas minoritarios". Aunque no todos los socialdemócratas son iguales (hay una socialdemocracia que reactiva el conflicto, como en los casos de Sanders y Corbyn, en lugar de sofocarlo con la concertación), sus logros están destinados a ser reabsorbidos por la misma tendencia del ciclo capitalista y por sus crisis periódicas.

Un largo capítulo está dedicado a la historia del socialismo en los Estados Unidos. "¿Por qué no hay socialismo en los Estados Unidos?", preguntó Sombart en 1906. A esta pregunta Sunkara responde volviendo sobre la rica historia del movimiento socialista, sindical y político de los Estados Unidos desde las primeras décadas del siglo XIX: huelgas y luchas políticas, los Caballeros del Trabajo y los IWW, Daniel De Leon y Eugene Debs (quien postulándose por el Partido Socialista, obtuvo casi un millón de votos).

Un movimiento "multilingüe, geográficamente disperso e ideológicamente dividido", severamente reprimido, que nunca supo cómo darse una verdadera organización centralizada. Y los comunistas, activos desde 1919, no pudieron hacerlo mejor, demasiado subordinados a las directivas de Moscú y poco críticos con la URSS. La Nueva Izquierda tampoco sabrá cómo crear experiencias políticas duraderas e incisivas más adelante.

Sin embargo, después de décadas de derrotas y olvidos de la misma palabra "socialista", según Sunkara, el aire ha cambiado: "La pregunta hoy es si podemos hacer que la corriente principal sea la izquierda" y "construir un proyecto político independiente para la clase trabajadora que sea algo más que una oposición leal al liberalismo". Para hacer esto, dice Sunkara, necesitamos pasar de la socialdemocracia al "socialismo democrático", transformando verdaderamente la sociedad a través de "reformas no reformistas".

Para lograr esto, paso a paso, no solo se debe evitar caer en la "irrelevancia sectaria", sino también trabajar en los sindicatos, entre las masas, explotar los éxitos de Sanders y el pequeño pero fuerte grupo Democratic Socialist of America, pedir una ley electoral proporcional. Llegar a un nuevo partido socialista visible y creíble. Si bien no faltan pistas sobre la importancia de las luchas antirracistas, antisexualista y ambiental, el autor sigue colocando en el centro una política basada en la lucha de clases.

En este discurso, fuertemente optimista (quizás demasiado) y voluntarista, parece faltar una consideración del movimiento italiano, sobre todo a partir de Gramsci. Pero las últimas páginas reservan una sorpresa: el final es confiado a las palabras de Lucio Magri y de Pietro Ingrao que evocan el famoso cuento "El sastre de Ulm" de Bertolt Brecht. y Con ello Sunkara afirma que de nuevo y siempre, a pesar de todo, aún debemos intentar volar, partiendo de Brooklyn.

[Traducido del italiano por Joan Tafalla, Sabadell, 29 de diciembre de 2019: http://lallibertatdelsantics]

[Enlace al artículo en italiano: Il sarto di Ulm abita a Brooklyn, Il Manifesto, 28 de diciembre de 2019]

Guido Liguori

26/2/2020

Palmiro Togliatti

Lezioni sul fascismo

Editori Riuniti, 2019, 200págs.2019

Un estudio sobre el rostro social y cambiante de una amenaza

Historia. Una nueva edición de las Lecciones sobre el fascismo de Palmiro Togliatti, con prólogo de Paolo Ciofi, introducción de Piero Di Siena y prefacio de Ernesto Ragionieri, propuesta por los Editori riuniti de Roma. En el texto se avanza un "análisis diferenciado" del fenómeno: desde el programa rebelde de la plaza del Santo Sepolcro, pasando por la violencia de los patronos antisocialistas, hasta la fundación del estado totalitario.

La iniciativa de los Editori Riuniti de promover una nueva edición de las Lecciones sobre el fascismo de Palmiro Togliatti es, como siempre, muy oportuna (Prólogo de Paolo Ciofi, Introducción de Piero Di Siena, Prefacio a la primera edición de Ernesto Ragionieri, pp. 200, 15 euros). Un libro importante, no solo desde el punto de vista historiográfico (como reconoció Renzo De Felice), sino también por la lección de método que contiene y que aún nos habla.

Organizadas en enero-abril de 1935 en la escuela del Comintern de Moscú para los comunistas italianos, han llegado hasta nosotros gracias a las notas de un alumno encontradas y publicadas por Ragioneri en 1970. Las lecciones, por lo tanto, se remontan al período inmediatamente anterior al VII Congreso del Tercer Internacional, que lanzó la política de frentes populares. Pero ya la victoria del nazismo (enero de 1933) había arrinconado la política sectaria del “social-fascismo” y había dado paso, en primer lugar en Francia, a una nueva política de alianza entre las fuerzas de izquierda. Togliatti, que con dificultad había aceptado el giro estalinista de 1928 y que había sido dejado de lado en la Internacional Comunista, fue llamado a dirigir la nueva política junto con Dimitrov.

Por lo tanto, las lecciones deben colocarse en este pasaje, en el que Togliatti se convierte en uno de los protagonistas del comunismo internacional. Son la parte más sustancial (más de dos tercios) de un curso que el líder comunista mantiene sobre las fuerzas políticas italianas (socialistas, anarquistas, republicanos) y constituyen, con mucho, la parte más relevante, no solo cuantitativamente.

En las Lecciones sobre el fascismo, Togliatti acepta como punto de partida la definición de fascismo de la Tercera Internacional ("una dictadura terrorista de los sectores más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero"), pero a partir de ella pone en juego una interpretación original, que va más allá de las tesis respaldadas por otros intérpretes de la época, con la excepción de la reflexión de la prisión de Gramsci, convergente en muchos aspectos, pero desconocida en ese momento.

En la base de las Lecciones existe la conciencia de que con el nuevo protagonismo de las masas el viejo estado liberal ya no era suficiente. Los liberales italianos no lo entendieron y la burguesía tuvo que encontrar una solución diferente, recurrió al fascismo, dice Togliatti, porque "no puede gobernar con los viejos sistemas". En ese camino, el fascismo se convirtió por primera vez en Italia, en el partido unitario de la burguesía, (como antes solo la masonería lo había logrado).

Es remarcable en el libro, el "análisis diferenciado" del fascismo que Togliatti pone en marcha y que nos invita a distinguir entre fascismos en los diversos países y dentro del fascismo italiano a lo largo de su historia (desde el programa rebelde de la plaza del Santo Sepolcro, pasando por el fascismo patronal antisocialista, hasta la fundación del estado totalitario). El fascismo no siempre es el mismo, nos dice Togliatti, y nos equivocamos si definimos cualquier fenómeno reaccionario como fascista: una advertencia a tener en cuenta incluso hoy. El término debe usarse "cuando la lucha contra la clase obrera se desarrolla sobre una nueva base de masas con un carácter pequeño burgués". Los puntos de inflexión se identifican cuando el capital interviene y organiza el fascismo, a partir de 1921, y luego a partir de 1926, con la organización estatal de las masas.

Pertinente, y actual, resulta la autocrítica que Togliatti hace en estas Lecciones: los comunistas fueron incapaces, dice, de ver "las causas sociales" que determinaron el fascismo. Para vencerlo, uno tenía que "conquistar una parte de aquella masa" organizada por el fascismo y "neutralizar la otra parte". No fue hecho. El fascismo tomó el poder y comprendió tanto la "necesidad de algún elemento de organización del capitalismo, de algún elemento de la planificación", así como la necesidad de un control generalizado de las masas.

Por un lado, por lo tanto, el fascismo reproduce esa nueva relación entre economía y política, típica de la primera mitad del siglo XX y de todos los regímenes (democrático, socialista, comunista, fascista), para hacer frente a la crisis y modernizar la economía; por otro a partir de 1926 estableció un monopolio sindical: comenzó la "política de masas" del fascismo que ahora se había convertido en un estado, una política necesaria para la burguesía frente a la crisis económica. Aquí comienzan las maravillosas lecciones de Togliatti sobre el corporativismo y sobre "organizaciones colaterales" del fascismo. Los comunistas deben ingresar en ellas porque es donde están las masas, y se pueden aprovechar las contradicciones existentes en su vida real. Los trabajadores que se unen a los sindicatos fascistas y las organizaciones del “dopolavoro”, dice Togliatti, "no son nuestros opositores, son masas de trabajadores que debemos hacer todo lo posible por conquistar" y las masas "pueden hacer de estas organizaciones centros de resistencia, centros para luchar contra el fascismo ". Togliatti concluye: "Nuestro deber es ingresar a estas organizaciones y organizar la lucha por nuestros principios", ya que debemos "permanecer constantemente vinculados a la masa".

Estas son palabras que parecen dirigidas a los izquierdistas y comunistas de hoy, aunque sea en una situación tan diferente. Dirigidas a aquellos izquierdistas que ya no tienen relaciones de masas, que ya no están presentes entre los trabajadores, los trabajadores precarios, las clases populares, que a menudo renuncian a ir a buscar al pueblo allá donde está. Las palabras de Togliatti invitan a reflexionar.

[Traducción al castellano de Joan Tafalla]

[Fuente: Blog "La llibertat dels antics"]

Guido Ligouri

30/1/2020

Don Winslow

La frontera

Harper Collins, 2019, 957págs.2019

Tras El poder del perro y El cártel, La frontera culmina la trilogía de novelas escritas por Don Winslow a lo largo de veinte años sobre el fenómeno del narcotráfico en el continente americano. Funcionan como thrillers (para goce de los lectores compulsivos o insomnes), gracias a un estilo directo muy acorde a los constantes sobresaltos que provocan. Pero lo más destacable es su verosimilitud, fruto del exhaustivo trabajo de documentación que hay por detrás, y la tesis de fondo (sobre todo en esta última entrega): el paraestado que representan los cárteles de la droga en México (responsables de un estado de guerra permanente que se extiende más allá de ese país) no existiría sin una demanda masiva de drogas desde EE.UU. que mueve una economía de dimensiones estratosféricas y con implicaciones internacionales, y por tanto también importantes intereses políticos y financieros. El último de los niveles alcanzados, la administración central, era un foco de interés en la primer entrega (con la lucha sin cuartel contra el narcotráfico declarada por EE.UU. y su utilización por Reagan para financiar la lucha contrarrevolucionaria en Centroamérica) y es el objeto de atención primordial en La frontera, que completa así un ciclo cuya historia —vista desde abajo— empezaba en la reconversión forzada de campos de cultivo tradicional en campos productores de opio.

Antonio Giménez Merino

27/1/2020

Foro de webs

Omegalfa. Biblioteca libre

https://omegalfa.es/

Omegalfa es una biblioteca virtual, libre, abierta y gratuita con una amplia selección de autores/as y materiales en formato PDF y Word sobre ciencias sociales, literatura y otros contenidos culturales. Los temas que abordan son muy diversos, y van desde el marxismo, el capitalismo o la crisis económica hasta el ecologismo, el feminismo o el movimiento obrero, pasando por la memoria histórica, internet o el mundo rural. En la sección de literatura destaca su colección de Cuadernos de Poesía Crítica.

1/2020

...Y la lírica

Adrienne Rich

En aquellos años

En aquellos años, dirán las gentes, perdimos el rastro

del significado de nosotros, de ustedes

hasta encontrarnos

reducidos a yo

y todo ese asunto se tornó

estúpido, irónico, terrible:

intentábamos vivir una vida personal

y, cierto, aquella fue la única vida

de la que podíamos dar testimonio

Pero los grandes pájaros oscuros de la historia gritaron

y se sumergieron

en nuestro clima personal

Fueron decapitados en alguna otra parte pero sus picos y alas

se movieron

a lo largo de la costa, a través de los jirones de niebla

donde permanecíamos, diciendo yo.

En: Oscuros campos de la República

Ed. Norma, Santafé de Bogotá, 2000

Trad. de Jorge Yglesias

Que conste en acta

Las nubes y las estrellas no libraron esta guerra

los arroyos no dieron información

si las montañas lanzaron piedras de fuego en el río

fue sin tomar partido

la gota de agua que se mecía imperceptiblemente bajo la hoja

no tenía opiniones políticas

y si aquí o allí una casa

se inundó de aguas residuales atascadas

o envenenó a los que allí vivían

con lentas humaredas, durante años

las casas no estaban en guerra

ni tampoco los edificios estañados

planearon negar cobijo

a las ancianas sin techo o a los niños vagabundos

no tenían la política de hacerlos vagar

o morir, no, las ciudades no fueron el problema

los puentes no eran partidistas

las autopistas ardieron, pero no con odio

Incluso las millas de alambrada

extendidas en torno a barracones agazapados

diseñados para mantener a los indeseables

a distancia segura, fuera de la vista

incluso los tablones que tuvieron que absorber

año tras año, tantos sonidos humanos

tantos trasfondos de vómito, lágrimas

sangre que empapaba lentamente

no se habían ofrecido para esto

Los árboles no se prestaron a que los cortaran en tablones

ni las espinas a desgarrar carne

Mira todo esto a tu alrededor

y pregunta de quién es la firma

impresa en las órdenes, trazada

en la esquina de los planos de construcción

Pregunta dónde estaban las mujeres

analfabetas, barrigudas, los borrachos y los locos,

aquéllos a los que temes más que a nada:

pregunta dónde estabas tú.

Trad. propia

CONTABAS una historia sobre la guerra nuestra historia

una vieja historia y aún debe ser contada

la historia de lo nuevo que huyó de lo viejo

de cómo el gran sueño se tensó y cambió

el navío de la esperanza se estremeció sobre el pecho del témpano

los afectos secretos flaquearon y vacilaron.

Así somos derribados juntos así somos despedazados

en una temblorosa república sus labios de vidrio

partidos como si la grieta principal

no hubiera sido calculada desde el inicio en el poderoso patíbulo.

En: Oscuros campos de la República

Ed. Norma, Santafé de Bogotá, 2000

Trad. de Jorge Yglesias

30/1/2020

En la pantalla

Casa de América

«Poesía completa», de Ernesto Cardenal

Presentación de libro Poesía completa, de Ernesto Cardenal, con motivo de la celebración de su 95 cumpleaños.

La obra de Ernesto Cardenal se sitúa en las encrucijadas históricas y estéticas de una parte muy relevante de la poesía contemporánea. Desde que en los años cincuenta empezaron a circular copias mimeografiadas de algunos de sus epigramas, su capacidad para conectar con los lectores ha sido extraordinaria: así, Salmos, Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, los «poemas indios», Oráculo sobre Managua, Cántico cósmico o Telescopio en la noche oscura han modificado y ampliado las posibilidades de la dicción poética en el ámbito hispánico.

Participantes: María Ángeles Pérez López, poeta y profesora titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca y responsable de la edición de la obra; Alejandro Sierra Benayas, director de Editorial Trotta; Niño de Elche, músico.

24/1/2020

Boletín 187

Notas del mes

Ensayo

El extremista discreto

De otras fuentes

La Biblioteca de Babel

Foro de webs

...Y la lírica

En la pantalla

Cuadrar el círculo

Cataluña: «¡A por ellos!» versus «Marxem!» («¡Nos vamos!»)

La «Ley Aragonès» como síntoma del paso del estado social al estado regulador y de beneficencia

La cárcel contra la salud

¿Nos jugamos el futuro a la ruleta rusa?

Ni incendio ni enfermedad degenerativa

De lucha y de gobierno

Ensayo

El extremista discreto

De otras fuentes

La centralidad de la desigualdad

La Biblioteca de Babel

Foro de webs

...Y la lírica

En la pantalla