
Número 176 de febrero de 2019
Notas del mes
Por Juan-Ramón Capella
Sobre el juicio al procés (III)
Por José Luis Gordillo
Por Albert Recio Andreu
Retortillo, nunca cantar victoria sin conocer la respuesta del adversario
Por Miguel Muñiz
Por Albert Recio Andreu
(Eco)socialismo o barbarie: pues va a ser barbarie
Por Miguel Muñiz
Por Joaquim Sempere
Ensayo
Antonio Antón
De otras fuentes
Paparruchas de uno u otro signo
Rafael Poch de Feliu
La Unión Europea puede no sobrevivir al euro
Marshall Auerback
¿Cómo se dice «cool» en chino?
Rafael Poch de Feliu
Agustín Moreno
Rafael Poch de Feliu
¿Marcha inexorable hacia la catástrofe climática?
José A. Tapia Granados
Las ocho horas, una consecuencia de la huelga de La Canadiense
Soledad Bengoechea
La Biblioteca de Babel
Laya Films i el cinema durant la Guerra Civil
Esteve Riambau
En la pantalla
John Berger
El pacto Hitler-Stalin. El fiasco de la diplomacia occidental
Cédric Tourbe
Documentos
La insensatez de la división
Juan-Ramón Capella
El 15 de enero se cumplieron cien años del asesinato de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, fundadores del partido comunista alemán, inducido por los dirigentes de la socialdemocracia alemana en el gobierno, Ebert y Noske. Esos dirigentes derechistas del partido socialdemócrata alemán condenaron así a los que habían sido sus compañeros de partido.
No se pretende ahora referir las posiciones políticas y teoréticas principalmente de Rosa Luxemburg, de las más importantes dentro de la tradición marxista. (En la entrega de enero de la revista El Viejo Topo y en otros lugares de mientras tanto encontrará el lector material para informarse mínimamente.) Aquí, en cambio, se propone una reflexión sobre las consecuencias de aquellos asesinatos sobre el movimiento comunista y socialista.
La socialdemocracia alemana había acabado votando los créditos para la guerra interimperialista (1914-1918), que enfrentaría entre sí a millones de trabajadores conscriptos de varios paìses, en contra de lo acordado por la II Internacional. El partido socialdemócrata alemán había salido de la guerra debilitado moralmente y trastornado políticamente. Sus dirigentes asumieron en la República de Weimar la defensa de un orden contrarrevolucionario. Luxemburg y Liebknecht se opusieron a esta política socialista al fundar la Liga Espartaquista, y por eso aquellos dirigentes, Ebert y Noske entre otros, dejaron que les mataran y después de su asesinato miraron para otro lado.
Con estos antecedentes se entiende que Lenin impusiera, tras la Revolución de Octubre, sus 21 condiciones a los partidos que quisieran afiliarse a la III Internacional. Una de esas condiciones era la subordinación de las direcciones nacionales del movimiento a las directrices de la III Internacional en Moscú. No se podía confiar en dirigentes políticos como los de la socialdemocracia alemana. Pero eso tuvo como consecuencia que partidos importantes que hubieran querido adherirse a la III Internacional, como el partido socialista italiano, no lo hicieron para preservar su autonomía. El ala izquierda, entonces, del últimamente mencionado se rebeló para fundar, con Bordiga y Gramsci, el Partido Comunista de Italia, que se afilió a la Internacional Comunista (Gramsci diría más tarde que esa escisión había sido un error). Otros partidos también se dividieron, hasta crear la gran división (a veces nominal), entre socialdemocracia y comunismo.
Y desde entonces para la izquierda, cualquier izquierda política (y a veces metapolítica), hasta la más diminuta, opta por la división cuando una parte de ella se queda en minoría.
El gen de la división, que crea una multitud de cabezas de mosquito (o de chorlito) en la izquierda, ha ido a dar en resultados nefastos, el principal de los cuales, histórico, fue hacer posible la llegada de Hitler al poder. Pero no solo ese. A quienes se quedan en minoría en un partido de izquierda no se les ocurre ya aguantar; aguantar y esperar a que el tiempo le quite la razón a la mayoría y se emprenda otra política. Sobre todo no aguantan si de algún modo han quedado peligrosamente atrapados en la profesionalización política.
Cuando oigo hablar de sorpasso —de un grupo de izquierda a otro—, a estas alturas, procuro conservar el equilibrio mental. Porque, si el tal más que hipotético sorpasso tuviera algún sentido no retórico —esto es, si hubiera verdadero sorpasso en la opinión social y no en un ocasional cómputo de mayorías institucionales—, lo primero que habría que hacer, de producirse, es ofrecer a los sobrepasados la integración. Buscar la unidad en la diversidad. Creo que dividirse es siempre malo, por mucho que parezca ser una renovación. Con democracia y sin personalismos la división se puede evitar, y por eso hay que hacer cuanto se pueda por evitarla. Hay que tratar de comprender las posiciones de los nuestros que no son las nuestras. Porque seguro que contienen, aunque sea una chispa, de bondad político-social.
Vivimos tiempos en que hay que imponer varias transiciones. Unas al plazo más corto posible —recuperar la redistribución hacia abajo del producto social, por la disminución de las desigualdades; debilitar al máximo las estructuras patriarcales—. Cuando las máquinas desplazan a los trabajadores de los puestos de trabajo, hay que obligar al empresariado a tributar por esas máquinas: o trabajo o subsidio, pues todo el mundo ha de poder vivir.
Otras transiciones han de ser impuestas al plazo que sea y como sea, porque son absolutamente necesarias, como la transición a una economía sostenible. Ese es uno de los tres ejes de una política de izquierda, y probablemente a la larga el eje principal.
Las riñas de gallos más o menos parlamentarias no son de recibo, pues asuntos como los mencionados, en especial la transición energética, desgraciadamente no parece que vayan a avanzar por el camino de la racionalidad, sino que serán objeto de luchas encarnizadas porque implican que los grupos sociales dominantes difícilmente podrán mantener su sistema de privilegios adquiridos.
Las organizaciones de derechas, cuando consiguen una brizna de poder, la emprenden contra el feminismo y contra los más débiles, hoy los inmigrantes —que a nadie dañan por inmigrar, ni le quitan el pan a nadie, y que además son quienes sostendrán la seguridad social el día de mañana—; les atacan sin más objetivo que el de mantener o crear jerarquías sociales. Hay que imaginar con viveza, entonces, cómo guerrearán los de arriba, y los de abajo a quienes logren engatusar, para defender sus privilegios amenazados por el cambio de época que supondrá el inevitable futuro no consumista. Un futuro que se impondrá dramáticamente, por shock, si no se consigue racionalizar políticamente la transición a una economía sostenible.
Empieza un tiempo nuevo. Se trata de multiplicar y no de dividir. Hay que orientar a la sociedad hacia estos cambios y conquistar la hegemonía cultural y política que haga posible su realización.
Ahí se quede quien quiera pelearse por un plato de lentejas.
24/1/2019
Sobre el juicio al procés (III)
José Luis Gordillo
De jueces y marionetas
La sala del Tribunal Supremo que juzgará a los dirigentes independentistas está compuesta por siete magistrados y está presidida por Manuel Marchena, un fino jurista de mentalidad conservadora y autoritaria. Marchena también será el ponente de la sentencia de la causa que nos ocupa, cuyo contenido, de todos modos, deberá pactar con sus compañeros de sala, los cuales no responden en su totalidad al mismo perfil ideológico.
Dice el artículo 117 de la Constitución que los jueces deben ser “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Ese es el proyecto constitucional que no siempre se corresponde con la realidad.
En España hay 5.637 jueces y magistrados en activo. De ellos, 2.540 son hombres y 2.827 son mujeres, esto es, un 52,7% del total. Algunos jueces están encuadrados en asociaciones profesionales, las más importantes de las cuales son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia. Los periodistas acostumbran a utilizar este dato para clasificar a los jueces como conservadores o progresistas, como si unos tuvieran carnet del PP y otros del PSOE, lo cual es absurdo.
Claro está que todos los jueces, como el común de los mortales, tienen su escala de valores y su ideología, faltaría más, pero también tienen otros rasgos que influyen en su actividad profesional. Unos, por ejemplo, son muy trabajadores y otros unos vagos redomados; unos son muy ambiciosos y otros no; unos son unos ególatras de cuidado (de esos que para suicidarse sólo tienen que ascender hasta la cima de su ego y, a continuación, saltar al vacío) y otros humildes y discretos; unos son religiosos y otros ateos (y eso no significa, ni mucho menos, que unos sean progres y los otros fachas), etcétera, etcétera.
Hay bastante desconocimiento entre la izquierda acerca del funcionamiento y estructura del poder judicial. De entrada, hay mucha gente que todavía ignora que el poder judicial es eso: un poder del Estado, y que quienes lo ejercen toman decisiones muy relevantes para la vida de las personas. En general, los jueces no son marionetas de nadie, tampoco son máquinas expendedoras de sentencias, ni meros "instrumentos que pronuncian las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes", como pretendían Montesquieu o Beccaria, sino seres humanos de carne y hueso que, dentro de un determinado abanico de posibilidades legales, eligen y toman decisiones de las cuales son responsables por su adecuación a lo que prescriben las leyes.
Por otro lado, de los juzgados de instrucción y de primera instancia para arriba, los órganos judiciales acostumbran a ser colegiados, es decir, están compuestos por varios magistrados. Eso implica que sus fallos los adoptan por unanimidad o por mayoría, teniendo siempre cada juez la posibilidad de expresar posiciones discrepantes a las de sus colegas mediante la emisión de un voto particular. Este es, sin duda, el dato que mejor avala la vieja verdad según la cual interpretar y aplicar las leyes no ha sido, no es, ni va a ser nunca como sumar dos y dos.
Es frecuente leer o escuchar referencias y valoraciones genéricas sobre "los jueces" a partir de tal o cual actuación de alguno de ellos, cuando en realidad cada juez es hijo de su padre y de su madre. Nos iría mucho mejor a todos si adoptáramos la costumbre anglosajona de referirse a cada juez en singular, con sus nombres y apellidos, y si valoráramos sus decisiones una vez que éstas se hayan tomado, porque a los jueces por sus sentencias les conoceréis.
Por eso, la descalificación a priori de los jueces del Tribunal Supremo que deben juzgar la causa del procés está tan fuera de lugar como su defensa cerrada y acrítica. Ya se verá. Además, es frecuente valorar el trabajo de los jueces en función de cómo le va a cada uno en la feria. El caso de Manuel Marchena es muy representativo al respecto.
Marchena y los indignados
Manuel Marchena, muy denostado hoy por los independentistas, recibió grandes elogios de una parte significativa de ellos cuando en 2015 respondió positivamente (él y sus compañeros de Sala, pero él fue el ponente de la sentencia) a un recurso de casación interpuesto por el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya y el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que absolvió de todos los cargos a los ocho indignados procesados por participar, el 15 de junio de 2011, en el así llamado “cerco al Parlament”. Ese pretendido cerco fue en realidad una manifestación de protesta por los recortes sociales que se llevó a cabo en la parte exterior de las verjas del Parque de la Ciudadela de Barcelona, cerrado a cal y canto por la policía. Fue, pues, una manifestación que transcurrió a bastante distancia física del edificio del Parlament, ubicado en el interior de dicho parque, y bastante menos amenazadora que los disturbios protagonizados por algunos grupos independentistas a las puertas del Parlament el pasado uno de octubre.
Es cierto que la aludida manifestación dificultó —pero no impidió— la llegada al Parlament de los diputados, y que algunos de éstos fueron increpados, insultados y en algún caso vejados por los manifestantes, pero no hubo nada más: ni lesiones corporales, ni violencia contra las cosas, ni obstaculización real de la celebración del pleno previsto para ese día en el Parlament.
Esos hechos fueron considerados de extrema gravedad y en algún caso como algo parecido al 23-F por los políticos y tertulianos nacionalistas. Quien desee refrescar la memoria puede repasar los artículos que escribieron al día siguiente gentes como José Antich, Pilar Rahola o Artur Mas en La Vanguardia, o Quim Torra y Josep-Lluís Carod-Rovira en los diarios electrónicos El Matí y Nació Digital respectivamente (el antiguo dirigente de ERC, tras mostrar su rechazo a los hechos del día anterior y a que, entre otras cosas, muchas pancartas del 15-M barcelonés estuvieran escritas en castellano, literalmente invitó a los indignados a irse a mear a España). En este ambiente de linchamiento, se inició un proceso penal que en última instancia Marchena y sus colegas concluyeron imponiendo una pena de tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado. Es posible que algunos de los dirigentes independentistas actualmente procesados, como Joaquim Forn, Jordi Turull o Josep Rull, por ejemplo, recuerden con un poso de amargura aquella alabada actuación del juez Marchena y sus compañeros de sala (con la excepción de Perfecto Andrés Ibáñez, que discrepó del fallo mayoritario con un voto particular).
Las ocho personas condenadas fueron José Mª Váquez, Francisco José López, Ángela Bergillos, Jordi Raymond, Ciro Morales, Olga Álvarez, Rubén Molina y Carlos Munter. Cito sus nombres y apellidos para no contribuir a su invisibilización social. Estas personas, olvidadas por la opinión pública en general y por la opinión independentista en particular, nunca han alcanzado para el gran público el status mediático de "presos políticos", ni tampoco ha habido una radio o una televisión generalista que se haya interesado por su situación personal o por la de sus familiares. Más bien, tras ser tachados de golpistas y totalitarios, fueron objeto de una campaña de criminalización que dura hasta hoy y a la cual también se apuntó la derecha carpetovetónica de toda la vida.
Pues bien, esas ocho personas previamente habían sido absueltas de todos los cargos por la Audiencia Nacional; más en concreto, por un tribunal compuesto por Ramón Sáez Valcárcel, que fue el ponente de la sentencia, Manuela Fernández Prado y Fernando Grande-Marlaska, el actual ministro de Justicia, el cual, todo sea dicho, se mostró disconforme con el fallo. Esa absolución, como se ha recordado, fue recurrida por la Generalitat, el Parlament de Catalunya y el Ministerio fiscal.
Por tanto, hay jueces muy distintos en sus maneras de pensar. Ahora bien, que Manuel Marchena es un juez conservador y de mentalidad autoritaria algunos lo sabemos desde, como mínimo, la sentencia del caso de los indignados y el Parlament, la cual ha sido de las más duras que se han dictado en España contra el pacífico movimiento del 15-M. Otros, a lo mejor, lo han descubierto en el último año.
El control desde atrás del Tribunal Supremo
El pasado 19 de noviembre, el diario digital El Español informó a sus lectores sobre el contenido de unos cuantos mensajes de whatsapp enviados por el senador del PP, Ignacio Cosidó, a sus compañeros de grupo parlamentario.
En ellos, Cosidó justificaba y alababa el pacto al que habían llegado con el PSOE para la composición del Consejo General del Poder Judicial, es decir, del organismo de gobierno de los jueces.
Decía el senador popular que a resultas de esa negociación “el PP tiene 9 vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11”. Con ello, continuaba Cosidó, “no obtenemos los mismos [vocales] numéricamente, pero ponemos a un presidente excepcional, […] un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10, sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás [esto es, la sala de lo penal, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno, y también la que deberá dictar sentencia sobre la causa del procés] y presidiendo la sala 61 [competente, entre otras materias, de la ilegalización de los partidos políticos]”. El senador del PP, eufórico, concluía: “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea”.
Cosidó daba esas explicaciones a sus compañeros porque algunos de ellos no veían precisamente clara la jugada. El nombramiento del “gran jurista” —que no era otro que Manuel Marchena— como presidente del CGPJ y del TS, comportaba que éste abandonase la presidencia de la sala de lo penal, que podía enjuiciar a los diputados y senadores corruptos, y dejase de ser el ponente de la futura sentencia del juicio del procés, pasando esta tarea a Andrés Martínez Arrieta, considerado un magistrado progresista, y facilitando además la entrada a la misma sala a Susana Polo, otra magistrada calificada también de progresista. Este era el debate entre los senadores del PP que constituye, en sí mismo, una evidencia clara de cómo están las cosas en las alturas institucionales del poder judicial.
El escándalo que se montó por los whatsapps de Cosidó fue más que notable. Manuel Marchena, en un intento de escapar a la etiqueta de “gran jurista” del PP, que evidenciaban los mensajes del senador popular, dimitió y volvió a su antiguo puesto de presidente de la sala de lo penal y, en consecuencia, asumió otra vez la tarea de redactar el borrador de la sentencia del procés. Una mala noticia, sin duda, para los dirigentes independentistas procesados, pero también un indicio de que no siempre las cosas salen como algunos las planifican.
El asunto de los watsapps de Cosidó planeará sobre todo el juicio al procés y, con bastante seguridad, será invocado por los abogados de los acusados para fundamentar futuros recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
¿Conspiración para la rebelión?
Los mentideros judiciales de Madrid, una ciudad donde la rumorología es una actividad tan intensa como el tráfico rodado, sostienen que los jueces del Tribunal Supremo podrían optar finalmente por condenar a los independentistas catalanes por “conspiración para la rebelión”, además de por desobediencia y malversación de caudales públicos. Se non è vero è ben trovato porque eso excluiría la sedición, que a magistrados como Marchena le deben saber a poco para frenar el desafío planteado por los independentistas, y al mismo tiempo haría posible rebajar la elevada pena de la rebelión en uno o dos grados, dejándola en torno a los ocho años de cárcel que, de todos modos, se deberían sumar a los seis o siete por malversación de fondos públicos. La otra ventaja de esta opción sería salvar el prestigio de las altas autoridades del estado y de los jueces instructores de la causa.
Supuestamente, también sería útil para intentar frenar el ascenso electoral de Vox, un partido que, tras haber conseguido ser políticamente decisivo en Andalucía, va a tener un gran protagonismo en la vista oral porque ejerce la acusación popular. El juicio al procés será, sin duda, un gran espectáculo mediático y, por ello, una excelente plataforma para aumentar la popularidad de Vox.
Es cierto que el régimen del 78 amenaza ruina porque tiene grietas importantes desde hace años. Pero ahora ha aparecido una grieta en el lado derecho que, en interacción con los actos unilaterales de los igualmente derechistas independentistas catalanes, se va haciendo cada vez más grande. Es posible que este juicio afecte negativamente a la legitimidad de esta democracia de baja intensidad, pero si de verdad llegara a convertirse en el desencadenante de una transformación en profundidad del sistema político, ésta sería el resultado de la correlación de fuerzas existente en toda España, no sólo en Cataluña, y dicha correlación no parece muy favorable a un avance en el proceso de democratización, sino más bien a todo lo contrario.
Volvamos a lo que nos ocupa. Se incurre en conspiración para delinquir, dice el Código Penal, cuando dos o más personas se conciertan entre ellas para llevar a cabo un delito y toman la firme decisión de ejecutarlo (“no es una charla de café”, acostumbran a explicar los profesores de derecho penal en las facultades). En el caso del procés, los acusadores tienen por delante la tarea de probar que los encausados adoptaron en algún momento la firme decisión de inducir, promover o dirigir un alzamiento público y violento para alcanzar la secesión de Cataluña.
La fiscalía construye un relato conspiratorio en el que se van sucediendo una serie de actos que, al final, adquieren hegelianamente sentido cuando se produce la (supuesta) declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Esa declaración es de una gran relevancia en el escrito acusatorio porque sin ella su coherencia se derrumbaría como un castillo de naipes.
Es tan importante que el Ministerio Fiscal, después de haber dicho al principio de su escrito que se estuvo “a punto de lograr” la secesión (¡que santa Lucía le conserve la vista!), afirma que la declaración de independencia no fue meramente simbólica porque “[…] las autoridades de la Generalitat tenían preparado —para su aprobación inmediata— todo un paquete de normas que desarrollaban el nuevo marco jurídico de la República”.
Que esas normas se habían redactado es tan cierto como que el 27 de octubre se metieron en un cajón, así que tanto se pueden traer a colación para probar la voluntad de alcanzar la secesión como para probar lo contrario.
En todo caso, la fiscalía y el resto de acusadores deberán enfrentarse al testimonio de dos altos cargos de la Generalitat y hombres de confianza de Oriol Junqueras, Josep Lluís Salvadó y Raül Múrcia, quienes en una conversación privada celebrada el 30 de agosto de 2017 reconocieron que nada estaba preparado para la independencia: ni las famosas estructuras de estado, ni la financiación, ni nada de nada (las conversaciones fueron grabadas a instancias del juzgado n.º 13 de Barcelona y fueron difundidas por la agencia Europa Press el 31 de octubre de 2017). Así que, por ejemplo, cuando Josep Rull, por entonces conseller de la Generalitat, afirmó en una entrevista a Nació Digital el 19 de mayo de 2017 que todo estaba a punto para hacer efectiva la independencia, o mentía más que pestañeaba o vivía en la más absoluta de las inopias.
Si nada estaba preparado a una semana de la aprobación de las leyes de “desconexión” y a un mes del referéndum del 1-O, entonces probar lo de la firme decisión de llevar a cabo un (inexistente) alzamiento público violento para lograr la independencia, será una tarea ardua.
Por otra parte, Oriol Güell i Puig, pseudónimo de alguien que parece dedicarse al periodismo serio, ha desmontado con eficacia en su artículo “La hora de la verdad”, publicado en el portal Ctxt el pasado 9 de enero, la afirmación de que se hizo algo que mereciera el nombre de declaración de independencia.
Güell explica con mucho detalle la labor de disimulo y engaño que fueron tejiendo los dirigentes independentistas para, por un lado, hacer creer a sus bases que habían puesto rumbo hacia la secesión con paso firme y para, por el otro, poder tener una buena defensa frente a la acusación de rebelión en los inevitables juicios futuros. Ese tacticismo de baja estofa acabó cristalizando en una (supuesta) declaración de independencia en la que se distinguía entre una parte declarativa “sin efectos jurídicos”, que era la rimbombante y solemne, y otra que se suponía que sí los debía tener pero que se limitaba a “instar” al Gobierno de la Generalitat a adoptar una serie de decisiones que, además, nunca se tomaron. Todo eso revela cinismo profundo, hipocresía superlativa, estupidez supina, frivolidad extrema y mucha mala fe, pero también lo contrario a una firme voluntad de hacer realidad lo que se proclamaba.
Hay quien piensa que explicar esa verdad, esto es, explicar que esa declaración fue una farsa, puede ser la principal línea de defensa de los acusados para eludir la acusación de rebelión o de conspiración para la rebelión. Ojalá fuera así, ya que comportaría al mismo tiempo el harakiri político de los dirigentes independentistas y, tal vez, una condena reducida al no haber fundamento legal para el delito del que se les acusa. Sus bases se enterarían, de una vez por todas, de la inmensa tomadura de pelo de la que han sido víctimas y, a lo mejor, también eso calmaría a los catalanes no independentistas que vivieron con mucha angustia unos hechos que fueron más dramáticos en sus cabezas que en la realidad.
Me temo, sin embargo, que no caerá esa breva. Es más probable que se junten el hambre con las ganas de comer: el hambre de reafirmación del principio de autoridad de Marchena y los jueces de su cuerda, con las ganas de labrarse una excelsa reputación de mártires de la patria de los dirigentes independentistas, lo cual les ahorrará tener que dar explicaciones sobre los actos que protagonizaron y que han provocado en Cataluña una profunda herida social (aunque eso, tal vez lo más grave, no es un delito).
30/1/2019
¿Adónde vamos?
Albert Recio Andreu
I
En poco tiempo hemos pasado de la euforia al desconcierto, de ver como coaliciones alternativas pasaban a gestionar los ayuntamientos de muchas grandes ciudades a ser testigos de como una coalición derechista tomaba el poder en Andalucía (y amenazaba en las encuestas con extenderse por todo el país). Y cuando la amenaza de un nuevo “cuatrienio negro” parece cobrar fuerza, estalla la nueva crisis, la enésima, de Podemos en Madrid. Una crisis que puede leerse como un mero choque de egos, pero que es también el reflejo de problemas solapados a los que hay que prestar atención. De cómo se resuelva esta crisis puede depender el futuro electoral a corto plazo. Pero, sin plantear los problemas de fondo que subyacen a esta, es difícil que pueda consolidarse un espacio alternativo de largo recorrido. No hay una respuesta fácil a lo que hay que hacer, pero detectar dónde están los problemas puede ayudar a buscar soluciones.
II
Lo más obvio es considerar que en la disputa de Podemos hay un problema de personalismos. No solo entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, sino también entre Manuela Carmena y sus socios. Cualquiera que esté implicado de algún modo en el espacio de la izquierda detecta el excesivo peso que tienen los egos de algunas personas en la generación de conflictos. Siempre ha sido así, pero ahora tienen aún más recorrido por diversas razones. Por un lado, las estructuras sociales dominantes potencian el individualismo, el narcisismo; algo bastante perceptible en el sistema educativo, en el mensaje —visible y subliminal— de los medios de comunicación, en el deporte. Por otro, está el cambio en los propios modelos de organización política de la izquierda. En el pasado eran mucho más verticales y sometían a la mayoría de los militantes a una disciplina con poca voz. Conectaban con los viejos modelos de organización social, con la tradición de las organizaciones religiosas, con el funcionamiento de las colectividades locales en que las personas están sometidas a un continuo escrutinio social. Hoy muchos de estos mecanismos sociales no funcionan, especialmente en las grandes ciudades, y no es posible pensar en organizaciones tan estructuradas como en el pasado. No hay tampoco que añorarlas, pero es obvio que adoptar formas más abiertas genera otros problemas. En las viejas organizaciones se tendía a ahogar la voz disidente en beneficio de la disciplina. En las actuales, a menudo el exceso de voz genera confusión. Albert Hirschman nos proporcionó valiosas reflexiones sobre los mecanismos de voz, salida y lealtad que articulan las organizaciones humanas, y hoy parece más necesario que nunca volver a dichas reflexiones a la hora de construir organizaciones sociales vivas y estables.
Podemos nació de un impulso de gente joven, con mucha voluntad pero quizá también con bastante inexperiencia. A la gente de mi generación siempre nos ha parecido que muchos de estos nuevos activistas tendían a pensar que el mundo alternativo había empezado con ellos, que ignoraban la experiencia anterior, con todos sus altibajos. Y que el modelo organizativo adoptado pecaba de muchos problemas. Hoy estos son claramente visibles y abocan al peligro de una implosión. No han conseguido desarrollar una buena modulación de los egos ni generar un sentimiento lo bastante fuerte de cohesión y lealtad. Y, sin un equilibrio entre capacidad de voz individual y el sentimiento de colectivo, es imposible desarrollar una actividad organizativa permanente.
III
Reducir el problema de Madrid a un asunto de comportamientos personales es trivializar la cuestión. Hay temas de debate cruciales que afectan tanto a la configuración de las candidaturas como al proyecto sociopolítico.
En el primer campo el debate es entre una elección militante, refrendaria, de los componentes de las candidaturas y la formación de un equipo en torno a la persona que lidera el proyecto. Algunos lo plantean como un conflicto entre democracia y autoritarismo, pero esta es una forma maniquea de presentar la cuestión.
En todas las organizaciones, los movimientos sociales y en la sociedad en su conjunto, existen personas con capacidades, aptitudes y disponibilidades diferentes. Una buena organización es la que consigue que cada cual dé lo mejor de sí mismo, encuentre el espacio idóneo para proyectar su potencial y lograr que todo el proceso funcione. Conseguirlo siempre es algo difícil y que requiere una continua capacidad de revisar los procesos. En concreto, no se requieren las mismas aptitudes para hacer agitación social, para estudiar una cuestión o para participar en un debate que para gestionar un ayuntamiento. Y por esto hay que entender que las soluciones organizativas que son buenas para una cosa no lo son para la otra. No es lo mismo votar un programa o una propuesta tras un debate bien organizado que elegir por votación directa a todas las personas para ocupar un determinado espacio electoral. Y no es lo mismo porque en las elecciones personales se mezclan a menudo muchos aspectos: la popularidad de la persona, la pertenencia a una determinada camarilla o fracción, etc., que poco tienen que ver con su capacidad real para desempeñar una tarea concreta. Creo que bastante de ello hay en el conflicto entre Carmena y sus socios (una pugna que también está presente en los espacios de los Comuns). Es una disputa que puede ser enrevesada, pues a menudo se mezclan el mayor o menor personalismo del líder con la mayor o menor competencia de las personas de su equipo. Y no hay que perder de vista que en todas las organizaciones que conozco pulula una fauna de individuos dedicados “profesionalmente” a conseguir cargos, a figurar, pero en general poco eficaces para lo realmente importante (son los “sillas calientes” de todos los tiempos, que suelen ser especialistas en magnificar los problemas en beneficio propio). No existe una solución sencilla, pero me parece obvio que la única forma de salir de este atolladero es adoptar soluciones de compromiso, ver cómo funcionan y revisarlas al cabo del tiempo. En aquellos espacios donde lo crucial es la gestión, lo más sensato seguramente sea dejar que se constituya un equipo alrededor de la persona que va a liderar y evaluar su actuación al final del mandato. Ello no impide que, si se ha elegido mal al líder o este se ha rodeado de incompetentes, la cosa sea un fracaso, pero al menos se evita que el conflicto permanente y la falta de una orientación común bloqueen la gestión. En el caso de los organismos de mera representación se puede optar por un sistema más abierto, garantizando la existencia de un núcleo cohesionado. Y, en todo caso, este es un terreno donde lo peor son los fundamentalismos.
La otra cuestión es indudablemente política y ha estado presente en toda la trayectoria de Podemos: la elección entre una definición de izquierdas (en la línea de Unidos Podemos) y una apuesta “populista de izquierdas” en que prime el ofrecimiento de honestidad y responsabilidad con lo público. El movimiento de Errejón y Carmena se explica porque interpretan que el fracaso de Unidos Podemos en Andalucía es atribuible al hecho de haber abandonado la segunda opción en aras de la confluencia de Podemos con Izquierda Unida. Algo que resulta discutible por varias cuestiones.
Cuando emergió Podemos, en pleno desbarajuste socialista y en plena crisis, era factible que una nueva izquierda con un discurso reformista llegara a ocupar buena parte del espacio social que el PSOE había dejado abandonado y hasta captara audiencia entre votantes de centroderecha cabreados por los recortes, las preferentes o la corrupción. La coyuntura actual es diferente. Por una parte el PSOE de Pedro Sánchez, con todas sus limitaciones, ha recobrado algo de fuerza. Por otra, Podemos y sus aliados han sido ubicados nítidamente a la izquierda mediante campañas mediáticas masivas. Lo vivimos a diario en Barcelona, donde las campañas de las grandes empresas (especialmente Agbar), de los grupos de intereses (el sector turístico, el inmobiliario, el del coche) y de la mayoría de los medios locales tratan de describir la política de Ada Colau y su gente como un experimento irresponsable de izquierdismo. No somos nosotros quienes elegimos cómo definir nuestro espacio. Y, por otro lado, el campo de batalla se plantea en términos muy diferentes: la coyuntura económica y laboral ha cambiado, la cuestión catalana ha irrumpido en el centro del debate, la nueva ultraderecha auspiciada internacionalmente ha cobrado fuerza y las demandas sociales emergentes —tanto en el ámbito del género como en el ambiental— suponen nuevos espacios de confrontación con la derecha. Una cosa es adecuar el discurso, plantear respuestas realistas, y otra es olvidar que casi todos los grandes temas que tiene planteados el país conducen a una confrontación de ideas y proyectos que podemos situar en el eje izquierda-derecha.
IV
En la crisis de la izquierda en la general, y en la específica de Unidos Podemos, persisten otros muchos problemas que se acaban expresando en conflictos como el que estoy aquí tratando de entender.
En el núcleo del problema está sin duda la transformación que ha experimentado la sociedad, y que afecta a los tradicionales puntos de anclaje de las políticas de izquierdas. Los cambios son múltiples y variados, mutaciones en la estructura social propiciados por el propio desarrollo capitalista y las políticas públicas. Nunca ha existido la mera división de una sociedad entre una minoría capitalista y una masa proletaria, pues en la mayoría de los países persistía una enorme masa de campesinos, artesanos y pequeñas empresas familiares. Ahora que estos tres últimos sectores tienden a desaparecer, la población asalariada está asimismo segmentada en diversas capas que tienen, en general, unas condiciones materiales, una formación cultural y una experiencia vital diversas. Cambios en la organización de la producción, en su contenido y en su despliegue espacial; cambios en el propio funcionamiento del sector público; cambios en las formas de vida y de consumo que tienen impacto sobre la vida cotidiana, la experiencia vital y las formas de relación; cambios en las formas de socialización a partir de la eclosión de los medios de comunicación de masas (y también del desarrollo de toda una estrategia de marketing económico, político y social que consume ingentes recursos); cuestionamiento de las estructuras patriarcales y mayor alcance de los conflictos en torno al género; emergencia cada vez más visible de la crisis ecológica; cambios en la esfera institucional que restringen la capacidad de intervención de los poderes públicos a escala local o nacional, y, por si fuera poco, fallidas experiencias de los intentos de construcción de sociedades no capitalistas que han generado un enorme escepticismo acerca de cualquier intento de transformación radical. Cambios, en suma, que hacen difícil elaborar respuestas sencillas, que son advertidos con desigual intensidad y conceptualizados de forma diferente por cada persona, por cada colectivo, y que generan la necesidad de respuestas complejas difíciles de desarrollar y transmitir.
Reducir toda la cuestión, como se hace en uno de los debates actuales, a que se trata de un problema de identidades es erróneo. Es cierto que proliferan las identidades parciales, fragmentarias, pero su aparición es en buena medida el resultado de la dificultad de aprehender de forma sencilla una realidad compleja y de construir una alternativa que sepa desarrollar un enfoque integrador de los problemas y las respuestas a la situación actual. Ello sin contar el papel disruptor que juega la cuestión nacional en nuestro país; una cuestión en gran parte ajena a los problemas fundamentales de la especie humana (los que deben constituir el núcleo de cualquier proyecto transformador serio), pero que está ahí y genera unos movimientos que hacen aún más difíciles las respuestas.
Asimismo, la ausencia de esta visión explica también los problemas organizativos y políticos de la izquierda actual, en particular de Unidos Podemos y las confluencias. Ahí persisten diferencias de visión, tanto de la naturaleza de los problemas como de la forma de abordarlos. Diferencias que tienen también que ver con cuestiones tan triviales o sentimentales como la adscripción a unos símbolos o la mayor o menor simpatía hacia procesos sociales del pasado o de otros países. Diferencias que tienen que ver también con lo que se piensa que se puede hacer. Dichas diferencias explican por qué una parte del electorado es reticente a votar a unas u otras siglas, explican también muchos de los debates más enconados dentro de las organizaciones, y son fuente de rupturas y de continuos bloqueos organizativos. Y todo ello ocurre con “el enemigo a las puertas”, con el ascenso de fuerzas políticas que amenazan con institucionalizar la barbarie, como ya está ocurriendo en Brasil, Estados Unidos, Italia…
Hay que tratar de manejar estos problemas. En el plano analítico y de las propuestas políticas, se trata de desarrollar un marco de referencia que permita situar la complejidad y traducirla en una propuesta de acción comprensible. En el plano organizativo, se trata de buscar las fórmulas que permitan ser respetuosos con todo el mundo pero que sean compatibles con la concreción de una propuesta común. Que todo el mundo tome conciencia del peligro que entraña la “nueva derecha” y de que nuestros errores, nuestro sectarismo y nuestra indolencia los vamos a pagar muy caros.
V
Como estamos en tiempo de urgencias y hay que tomar decisiones, acabaré el comentario con alguna propuesta, la primera de ellas sobre el tema electoral. A nivel municipal creo que no hay otra alternativa que apoyar a los “ayuntamientos del cambio” (que en muchos casos lo han hecho aceptablemente bien), y pienso que tienen razón en construirse en base a equipos cohesionados. En todo caso, lo que habría que negociar es una fórmula de evaluación de su gestión hacia el final del mandato. En los otros planos, lo primero es pedir a todas las partes, a Podemos, Izquierda Unida, Llamazares y Errejón (e incluso apelar a los nacionalistas periféricos), que trabajen para evitar lo peor, esto es, que encuentren una fórmula de actuación electoral común, que cuando lo hagan sean capaces de explicarlo a sus respectivas bases, sean capaces de mostrar a esta parte de la masa social progresista, solidaria y sensible, que padece la situación pero no se moviliza, que se trata realmente de una situación peligrosa, de que realmente todo el mundo está dispuesto a impedir lo peor, que los proyectos son más importantes que las siglas y las personas. Y, después, que empiecen a organizar espacios para que la gente, la que está organizada y la que no lo está, pueda pensar tranquilamente sobre la complejidad del momento y pueda empezar a construir colectivamente, aunque sea de forma fragmentaria, alguna línea realista de transformación. Quizá sea pedir mucho. Pero tal vez sea lo mínimo que podemos hacer.
30/1/2019
Retortillo, nunca cantar victoria sin conocer la respuesta del adversario
Sobre la mina de uranio y el momento nuclear a inicios de 2019
Miguel Muñiz
En octubre de 2018 el proyecto Retortillo pareció iniciar el camino hacia el abandono definitivo. La apoteosis inicial y las altas cotizaciones en bolsas durante agosto, dieron paso a dudas crecientes sobre el apoyo político, rumores de falta de solvencia, luego se descubrió que faltaban informes técnicos, y se produjo la caída del precio de las acciones. Así que, cuando finalmente el gobierno del PSOE declaró que no lo respaldaría, el asunto pareció zanjado. Aunque quedaban aspectos pendientes,se podía considerar, con la debida prudencia, que se había logrado una victoria [1].
Nuevos hechos
Pero ha bastado comenzar 2019 para que prudencia y cautela se hayan mostrado justificadas; el 4 de enero, de manera inesperada, se supo que las acciones de la compañía impulsora (Berkeley Resources Limited) aumentaban un 51% su valor en bolsa; el 6 de enero, el ayuntamiento de Retortillo vota contra la aprobación de la preceptiva licencia urbanística para realizar obras de la empresa en el municipio; el 11 de enero la compañía comunica que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno a los dos informes presentados, lo que el CSN confirma el 12; se reactiva la movilización, el día 19 se realiza una cadena humana contra Berkeley, con participantes de España y Portugal, en la zona fronteriza de Saucelle; el 23 de enero, en una clara maniobra de propaganda, Berkeley comunica a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) que dispone de “informes favorables” al proyecto, que el precio del uranio sigue subiendo y que, como consecuencia de su política de recogida de muestras, había hallado indicios de oro, litio, cobalto y estaño en el territorio, por lo que solicita 12 nuevos permisos de investigación para un área de 350 kilómetros cuadrados; el mismo día el valor de las acciones se incrementa en un 25%; el 24, las contradicciones del informe de la compañía son denunciadas por la Plataforma STOP URANIO. El 25 de enero las acciones, que se cotizan simultáneamente en Londres, Sidney y Madrid, se valoraban a 0,53 dólares, muy lejos de los valores espectaculares de agosto de 2018, pero muy encima de la bajada que tuvieron en diciembre; el 28 parecía iniciarse otro descenso del precio [2]. Retortillo es la fase más avanzada del “Salamanca Uranium Project” de Berkeley; para conocer sus detalles y envergadura lo mejor que leer el documentado y riguroso artículo que José Ramón Barrueco Sánchez (uno de los portavoces de la Plataforma STOP URANIO) publicó en El salto, el 29 de octubre pasado [3]. Pero, más allá de vaivenes de accionistas y maniobras de propaganda, se trata de entender la lógica de lo sucedido y sacar conclusiones.
Berkeley
La poca información existente en internet muestra que Berkeley se constituyó en Australia, hacia el 2006. El 7 de noviembre del mismo año aparece una sola referencia empresarial, un informe para operar en la bolsa de Londres que detalla los contratos de servicio y la remuneración de los directivos, y hace referencia a la compañía nuclear francesa Areva como “aliado estratégico”; en ese informe ya se menciona Salamanca. Entre el 8 de mayo y el 9 de junio de 2009, la empresa lanza la oferta de acciones sobre el “proyecto Salamanca” y, tras la separación de Areva, en enero de 2010, aparece otro informe que indica que Berkeley vuelve a constituirse el 27 de noviembre de 2014, nuevamente en Australia, con un documento aprobado por los accionistas en que no se mencionan minas, uranio, ni nada concreto. Los informes anuales de 2008 a 2018 que se pueden consultar en su página web no aportan nada significativo, fuera de la lista de accionistas [4].
A pesar de que se presenta como “Berkeley Energía”, la supuesta “compañía” parece más una agencia de inversión con un solo “activo”: el “Proyecto Salamanca” y las acciones que le respaldan. Es significativo que, pese a que el nombre oficial sea Berkeley Resources Limited, las denominaciones con las que figura en Internet hayan ido cambiando a lo largo del tiempo (www.berkeleyresources.com.au, www.berkeleyenergy.com y, finalmente, www.berkeleyenergia.com ). En las webs que informan de la evolución de sus acciones, la compañía se define:
“Berkeley Resources Limited se dedica a la exploración, evaluación y desarrollo de propiedades de uranio en España. La propiedad emblemática de la compañía, el proyecto Salamanca, que consta de los depósitos Retortillo, Alameda, Gambuta y Zona 7, así como otros depósitos satélites, se encuentra en el oeste de España. Berkeley Resources Limited tiene su sede en Perth, Australia” [5] (Las negritas son mías).
La elección de palabras no es casual y ayuda a valorar el alcance del conflicto. No estamos ante una empresa minera con explotaciones activas, que puede cerrar un yacimiento si sus resultados son pobres, sino de una oficina de inversión que busca rentabilidad sin nada real detrás. De ahí el oro, el litio, el cobalto, el estaño…. Lo único tangible relacionado con Berkeley ha sido hasta el momento la destrucción de más de mil encinas, y un agujero de considerable tamaño en el terreno que ocupa.
Conclusiones
Que Berkeley sea una agencia financiera —y no una compañía minera— implica una ventaja y un riesgo en cuanto a la protección del territorio. El riesgo es, obviamente, que al tratarse de economía especulativa se puede mantener una presión continua e incontrolada, “fabricar” subidas de acciones, y aumentar la desinformación durante años, aprovechando la velocidad y la opacidad del “casino global” para construir ficciones sin ninguna base.
La ventaja es la fragilidad de estos procesos ligados a la economía virtual y la limitada incidencia que pueden tener en el terreno material, así como la posibilidad de que el “estallido de una burbuja” pueda dar al traste con todas las maniobras. La “empresa” parece haber abandonado las política de maquillaje social: el último movimiento de su campaña para ganar apoyos entre la población se remonta al 3 de septiembre de 2018, cuando presentó las 1.500 firmas recogidas a favor de la mina [6]. Desde entonces sólo se ha dedicado a las finanzas internacionales.
La perseverancia explica la capacidad del capitalismo para imponer sus proyectos. Berkeley puede ser desautorizada una y otra vez, y maniobrar desde la ficción financiera para seguir estando presente; esperemos que, a base de insistir, no logre lo que parece un signo de estos tiempos: que la ficción se imponga a la realidad. Frente a la perseverancia del destructor, la tenacidad del defensor, la Plataforma STOP URANIO, es el único obstáculo real en lo que quiera que pretendan.
La placidez nuclear de las eléctricas
Otro ejemplo de perseverancia de los que mandan lo tenemos en los preliminares del gran negocio que las eléctricas esperan hacer con el cierre pactado de sus siete reactores casi activos. La hemeroteca, a lo largo de enero, muestra la relajación con que afrontan el asunto. Ventajas de disponer de un poder político complaciente y unos medios sumisos, que procuran mantener temas importantes como éste fuera del conocimiento, y no digamos ya de la intervención, de chusma ignorante que sólo tiene poder para votar cada cuatro años.
Así, el día 23, Enel-Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP comparecieron en el Congreso “a puerta cerrada”, como debe ser. La lectura de las escasas informaciones publicadas muestran la discreción y el exquisito trato dispensado a los líderes nucleares: anonimato total, ni una respuesta concreta, ni una palabra fuera de lugar. Durante el mes, el abanico de “noticias” publicadas en una prensa declaradamente servil movería a risa, si no diese pena: las eléctricas se reúnen continuamente, un día están a punto de consensuar un intercambio de activos, otro están buscando un “árbitro imparcial” que decida sobre las nucleares, otro no piensan decidir nada hasta que no opine el gobierno, otro están dispuestas a seguir si el gobierno les baja los impuestos, otro le piden al gobierno que sea él quién marque las reglas, otro se entrevistan por separado (o de dos a uno) con el gobierno para explicarle sus cuitas, etc., y de tanto en tanto se mantiene la combinación de artículos de opinión, elogiosos o suavemente críticos, sobre las nucleares [7].
Realmente, si no fuese por la resistencia tenaz de STOP URANIO, y lo que nos enseña, no hubiese tenido sentido escribir este artículo.
Notas
[1] Un análisis de lo acontecido: Apuntes breves para enmarcar una victoria. Se abandona el proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca), en
http://www.mientrastanto.org/boletin-173/notas/apuntes-breves-para-enmarcar-una-victoria
[2] Ver
https://www.intelligentinvestor.com.au/company/Berkeley-Resources-Limited-BKY-249151 y http://www.expansion.com/mercados/2019/01/04/5c2f990a46163fc3108b4615.html
[3] Ver Información general sobre el proyecto de mina de Retortillo y todos los proyectos de Berkeley, 29/10/2018, en https://www.elsaltodiario.com/desconexion-nuclear/los-ultimos-estertores-de-berkeley-minera
[4] Ver sucesivamente http://berkeleyenergia.com/assets/AIM/appendix.pdf
http://berkeleyenergia.com/assets/Announcements/2009/090508-Prospectus.pdf
https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/9648/berkeley-resources-terminates-head-of-agreement-with-areva-12083.html
https://www.berkeleyenergia.com/wp-content/uploads/2016/06/141127-BKY-Constitution.pdf
https://www.berkeleyenergia.com/investor-relations/company-reports/
[5] Ver http://www.miningfeeds.com/stock/berkeley-resources-ltd-asx y https://www.intelligentinvestor.com.au/company/Berkeley-Resources-Limited-BKY-249151
[6] https://www.berkeleyenergia.com/media/email-campaign-archive/
[7] Ver:
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20190124/economia-electricas-defienden-congreso-3983342_age.html
https://www.elindependiente.com/economia/2019/01/21/endesa-e-iberdrola-congelan-pacto-nuclear-conocer-plan-sanchez-cerrar-centrales/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/15/companias/1547575409_520913.html
http://www.expansion.com/empresas/energia/2019/01/25/5c4a27f5e5fdea7b588b469d.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9624568/01/19/Iberdrola-y-Naturgy-piden-sin-Endesa-aplazar-la-decision-sobre-las-nucleares.html
etc., etc.
Miguel Muñiz Gutiérrez mantiene la página de divulgación energética www.sirenovablesnuclearno.org
29/1/2019
Agencias neoliberales
Cuaderno de postcrisis: 15
Albert Recio Andreu
I
En una visión simplista, el neoliberalismo se ha entendido como un mero proceso de mercantilización de las relaciones humanas. Mucha gente ha acabado por confundir capitalismo con mercado y a pensar que el tema social central es la “desmercantilización”. Siempre me ha parecido errónea esta percepción. El capitalismo real no funciona solo con mercado, sino que requiere de un conjunto de instituciones públicas que generan el marco legal y real en el que opera la vida empresarial. (También porque una gran parte de la actividad empresarial no funciona mediante intercambios mercantiles sino que utiliza poderosos sistemas de planificicación y gestión central). Y el neoliberalismo no ha sido una mera desregulación y ampliación del espacio del mercado, sino fundamentalmente una adecuación de las instituciones a los requerimientos de las élites dominantes.
Alguna de estas instituciones juega además un doble papel. De una parte desarrolla el marco institucional que permite al capitalismo desarrollar sus actividades. De otra, tiene además un importante papel a la hora de crear opinión, puesto que suele contener en su seno servicios de estudio y análisis que no sólo elaboran informes sobre las actividades específicas de la agencia sino que emiten informes sobre muchos otros puntos de la actividad económica. Su papel de creadores de opinión suele además estar marcado por el hecho de que sus propios equipos técnicos han sido educados y socializados en una cultura económica, en una tradición intelectual específica, por lo que sus informes suelen responder siempre a una misma línea interpretativa. Son auténticos guardianes del orden vigente, puesto que en buena parte sus miembros se creen lo que dicen. Actúan de “motu propio”, puesto que su formación específica les hace responder en un sentido sin necesidad de recibir órdenes (otra cosa es que estas posiblemente existen), igual que un centinela no tiene que esperar la orden de un general para disparar.
Los Bancos centrales suelen ser el paradigma de lo que estoy contando. Casi siempre respetuosos, cuando no directamente coaligados, con los grandes grupos financieros. Incapaces de intervenir en todo el cúmulo de desregulaciones, de irregularidades que propiciaron la burbuja financiera que estalló en 2008. E igualmente poco habladores en el momento actual, cuando se siguen manteniendo muchos de los mecanismos y riesgos financieros del pasado. Ni siquiera han dicho nada del nuevo sobre el tipo de corrupción bancaria que ha puesto de manifiesto el caso Villarejo por lo que atañe al BBVA. Y es que suele ser una constante que los desaguisados financieros y la corrupción empresarial solo se ponen en evidencia cuando el mal lleva años progresando. En cambio, esta misma institución, el Banco de España, ha vuelto a hablar profusa y reiteradamente cuando el Gobierno aplica alguna medida laboral, sea el aumento del salario mínimo, sea la promesa de revertir parte de la Reforma Laboral de 2012. En el caso del salario mínimo, su actuación es de nota, puesto que existe una amplia literatura económica que muestra que aumentos del salario mínimo como el actual no tienen impacto sobre el empleo (e incluso en algunos casos, el impacto es positivo).
II
Pero el Banco de España no está solo en esta labor de guardián. La otra gran pata la constituyen las autoridades y políticas de la competencia. En nuestro caso la CNMC (la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia).
Su existencia suena bien. Cualquier estudiante de economía es aleccionado desde su infancia (pues ahora la Economía ya se estudia en la ESO) en lo buena que es la competencia y lo malos que son los monopolios. La competencia apunta a un mundo económico relativamente igualitario, donde una miríada de empresas produce el mismo tipo de bien y los precios favorecen que acaben predominando las técnicas de producción más eficaces. El monopolio y sus variantes (oligopolio, oligopsonio, etc.) nos sitúan en un mundo dominado por abusones que acaparan una parte excesiva del producto social, que reducen el empleo y el bienestar, que pueden frenar el cambio técnico. A nadie le gustan los abusos, todos estamos a favor de que se apliquen las mejores técnicas, que los productos sean más accesibles y el empleo sea mayor. ¡Viva la competencia! Y para garantizarla, ahí está la legislación comunitaria sobre competencia (que es en gran parte el núcleo central de toda la legislación europea) y, en cada país, una agencia como la CNMC.
La CNMC en su función de guardián es como una especie de Polifemo que mira con un solo ojo y pierde de vista muchas cuestiones relevantes. De hecho, su campo de actuación predilecto es lo que yo llamo “monopolio horizontal”, el que influye en el precio de un solo producto. O sea, lo que mira es si un grupo de empresas se ponen de acuerdo para fijar el precio de un bien o servicio, o si una empresa pone condiciones a sus clientes que les impidan buscar otras alternativas en el mercado. El tema no es baladí y existe alguna buena razón para evitar que las empresas se coaliguen e impongan pactos abusivos (aunque la CNMC tiene a menudo dificultades para desarrollar su política porque muchas de las cuantiosas multas que impone acaban siendo anuladas por los tribunales a los que acuden las empresas multadas). Es sin embargo una cuestión posiblemente menor respecto a lo que yo llamo “monopolio dinámico”, que es el que explica la lógica de funcionamiento de las grandes empresas.
Por dinámico entiendo todas las prácticas empresariales orientadas a reforzar el poder social y de mercado de las empresas, a garantizarles un enorme flujo de ingresos a lo largo del tiempo. Y esto se consigue menos por la vía de una pequeña carga monopolística en un producto concreto como por muchos otros medios. De entrada, la mayor parte de empresas practican una enorme diversificación de productos que impide saber con claridad el precio que se paga por los mismos, si las diferencias de precios entre productos obedecen a diferencias de costes, etc. Los ejemplos de esta diferenciación de productos y precios son tan evidentes que basta citar algunos ejemplos para que se entienda: aviones, hoteles, yogures, modelos de coches, rebajas, son mecanismos por los cuales las empresas discriminan a diario y venden a diferentes precios el mismo producto. No es difícil que la búsqueda de un hotel en internet provoque que a la siguiente búsqueda el precio haya variado (o que si uno llama directamente al hotel consiga condiciones diferentes). El campo de las patentes, tan esencial en sectores como la industria farmacéutica, es otro terreno que escapa a las actividades de control de este tipo de agencias. Éstas se suman al coro que repite que las patentes son la precondición de que ese sector investigue en favor de nuestra salud.
Y hay aún un elemento más crucial de este “monopolio dinámico” que es la capacidad de las grandes empresas para destinar recursos a financiar campañas en los medios (los convencionales y los generados por las TIC), para influir sobre políticos y conseguir buenas regulaciones. Posiblemente sea esta la forma más perniciosa de poder monopolístico y, en cambio, es una cuestión que ni se estudia en los libros de texto ni forma parte de las preocupaciones de las agencias de la competencia. Hubo un tiempo, especialmente en Estados Unidos, donde los movimientos reformistas desarrollaron una lucha contra los monopolios que exigía su desmantelamiento. Pero esta es hoy una cuestión omitida por la academia económica y que ha dejado de formar parte de la intervención pública. En cambio, en muchos casos, bajo la bandera de la competencia se ha defendido el desmantelamiento de agencias públicas que garantizaban reglas limpias a todos los operadores.
Si se busca una ilustración de lo que significa este monopolio dinámico, es paradigmático el caso de Agbar, la empresa que gestiona la mayor parte del ciclo del agua en el Área Metropolitana de Barcelona (y que constituye el mayor grupo privado de gestión empresarial del ciclo del agua en España). Gestionar el agua en Barcelona siempre ha sido un buen negocio. Tanto, que la empresa consiguió mantener la gestión cuando su concesión había expirado (alguien debió hacer algo para que desapareciera la referencia escrita en el contrato). Cuando se destapó la irregularidad, la empresa se movió entre bambalinas y consiguió con poco ruido (y el apoyo de socialistas y convergentes) que se creara una nueva empresa, Aigues de Barcelona (80% capital de Agbar y 20% público), que se encargara del ciclo del agua en la mayoría de municipios del Área. Se hizo por via digital (algún dedo dio la orden), sin concurso ni competencia. Recurrimos las entidades agrupadas en Aigua es Vida y el Juez reconoció la irregularidad pero archivó la demanda. Más suerte tuvo el competidor de Agbar, Acciona (seguramente su equipo jurídico tenía más recursos), a quien el juez tomó en consideración y al final el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya decretó que la nueva empresa era ilegal. La pelea judicial está ahora en manos del Tribunal Supremo. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Barcelona había cambiado de manos. En el equipo de Ada Colau está uno de los líderes de Aigua es Vida (Eloy Badia) y se tomaron en serio el tema. Ya han podido mostrar que la valoración de activos que se hizo en su tiempo sobrevaloró los que aportaba Agbar y minusvaloró los que aportaba el sector público, por lo que existe una ventana de oportunidad para municipalizar el servicio del agua (como han hecho ciudades como Berlín, París y recientemente Terrassa). Desde Aigua es Vida se propició una consulta pública sobre la gestión del agua, aprovechando el nuevo reglamento de participación ciudadana de Barcelona. Y la respuesta de Agbar es una muestra palpable de lo que llamo monopolismo dinámico.
Su utilización masiva de recursos para mantener el negocio del agua ha combinado la propaganda (omnipresencia de sus actividades en los anuncios durante los últimos meses), la búsqueda de aliados (desde el apoyo a múltiples iniciativas de colectivos locales hasta la creación de un Consejo Asesor con presencia de los líderes de CCOO, UGT y la CONFAVC, la Confederación vecinal de Catalunya enfrentada en esta cuestión a la Federación de Barcelona), la presión sobre las entidades que defendemos la municipalización (desde amenazas de acciones judiciales hasta una campaña en los grandes medios a partir de un dossier que la empresa les envió), o el intento de dinamitar directamente el reglamento de participación municipal mediante la presentación de una sucesión interminable de recursos amparados en oscuras entidades. Hay también constancia de que nuevos medios de comunicación diseñados para realizar campañas anti-Colau gozan de su financiación. En suma, un despliegue de todos los recursos posibles (que en este caso provienen de la gestión de un servicio público) para garantizar su chollo para los próximos… años.
Y ya se sabe: todo este mal recurso de dinero público y estas prácticas auténticamente monopolistas no forman parte de lo que preocupa a la CNMC. Que sí ha corrido a hacer un informe (más bien un panfleto) en defensa de las plataformas de pisos turísticos y en contra de los intentos de los taxistas de regular el sector de las VTC. Y es que los taxistas son, como monopolistas, mucho más peligrosos que empresas como Agbar, o Uber.
III
Tal como está diseñada, la política de la competencia no solo tiene el sesgo de ignorar las prácticas monopolísticas más importantes. Al centrarse sólo en la cuestión de los precios, ignora los efectos colaterales de cualquier actividad económica. Que detrás de cada intercambio, de cada actividad empresarial, suelen haber más elementos afectados que los que intervienen en la transacción, que las acciones de cada individuo influyen sobre la vida de mucha otra gente, es algo que hasta la economía convencional ha reconocido con etiquetas como “externalidades” o “fallos de mercado”. De la misma manera que está cuestión forma parte de lo mejor de la economía crítica, de la mayor parte de luchas sociales y de las mejores regulaciones públicas. Buena parte de los movimientos sociales bajo el capitalismo han conseguido mejoras de bienestar, han impedido desastres cuando han conseguido imponer regulaciones que precisamente impiden costes sociales inaceptables. Este es el contenido básico de muchas regulaciones laborales (por ejemplo, la jornada de trabajo), de los controles ambientales, de la calidad de la vivienda, etc.
Si se deja libre al capitalismo, la generación de insoportables costes sociales y ambientales está garantizada. Una larga tradición de pensamiento crítico lo ha explicado, empezando por F. Engels y su libro modélico sobre la clase obrera británica. Muchos científicos, higienistas, trabajadores sociales, ecologistas, etc. y muchos movimientos sociales han contribuido a “domesticar la bestia”. Y precisamente este ha sido otro de los puntos de ataque de las políticas neoliberales: minimizar la importancia de esos efectos externos y centrar el punto de vista solo en los precios. Hacer perder importancia a lo que de verdad es relevante: la salud, las condiciones de la vida humana, las generaciones futuras, la biodiversidad y focalizar toda la atención en la baratura de bienes y servicios. Una forma de escaquear el debate social, de romper regulaciones responsables y de minimizar los efectos que tiene el enriquecimiento privado sobre la vida de la gente.
Es obvio que no todas las regulaciones son buenas ni eficientes. Que a menudo algunos grupos las utilizan para garantizarse prebendas y ventajas. Que siempre es necesario revisar los efectos de las regulaciones y adecuarlas. Pero lo que hace la CNMC, por ejemplo en el caso del conflicto del taxi, no es pedir una regulación que tenga en cuenta todos los factores en juego —las condiciones de vida y trabajo del sector, los impactos ambientales, la distribución del poder en el sector— para propiciar una regulación responsable, sino que se pone lisa y llanamente en favor de los que abogan por la liberalización total y de las plataformas del tipo Uber.
No soy un experto en el taxi. Es posible que haya un cierto componente monopolístico en el sector que no deba revisarse. Pero la información que va emergiendo pone de manifiesto otra realidad. De una parte, que mientras las licencias del taxi están mayoritariamente en manos de autónomos, que pasaron un examen básico y pagaron una cantidad sin duda abusiva para obtener la licencia, las de VTC están en muy pocas manos y después sirven para dar empleo a sus empleados en condiciones degradas. De la misma manera que la experiencia de ciudades donde la situación se ha liberalizado se ha traducido en una mayor congestión del tráfico (por el aumento de vehículos circulando en busca de cliente) y una ofensiva del sector contra el transporte público. Esto último ya ocurrió en Estados Unidos a principios del siglo XX: las empresas automovilísticas compraron sistemáticamente empresas locales de transporte público para hundirlas. Ahora que parece evidente que vamos a un mundo con restricciones al transporte privado en las ciudades, el nuevo nicho de negocio puede consistir en sustituir transporte colectivo por vehículos dependientes de plataformas. No parece por lo demás lógico que un mismo servicio esté operado por empresas regidas por regulaciones distintas que generan costes y efectos sociales diversos. No se puede cambiar la regulación del taxi sin un planteamiento que incluya condiciones de acceso, condiciones laborales e impacto sobre el tráfico. Y en este sentido, aunque puede ser defensivo, no parece descabellado tratar de diferenciar las condiciones operativas de VTC y taxi.
En suma, los casos del comportamiento del Banco de España y de la CNMC son indicativos de que aquí tenemos espacio donde pensar reformas de calado.
30/1/2019
(Eco)socialismo o barbarie: pues va a ser barbarie
Miguel Muñiz
El teniente de cazadores ordenó:
«La puerca tiene que nadar».
El cazador Runge regresó una hora después;
«La puerca ya está nadando».
Berlín, 1919
Enero es agua en el canal de Landwehr
donde van borrándose las manos
de Rosa Luxemburg.
Jorge Riechmann (1987)
Por desgracia el título no es una amenaza, sino una realidad. La barbarie nos acompaña desde hace tiempo. De nada sirve engañarse planteando alternativas para hacerle frente, fijar limites temporales (2030, 2050…) que cada vez son más irreales. Como escribe José A. Tapia Granados, con total honestidad, sobre el cambio climático: “Entonces, ¿qué hacer? Mi respuesta es, dicho mal y pronto, que no lo sé. Tengo enormes dudas, aunque algunas cosas son obvias.” [1].
La barbarie no es sólo el cambio climático (con sus sequías, inundaciones, extinciones de especies y alteraciones geográficas), es el agotamiento acelerado de recursos energéticos y naturales, las ingentes emisiones de residuos (sólidos, líquidos y gases), la contaminación química, la pérdida de suelo fértil, la escasez de agua potable…, todo aquello que alimenta el demencial binomio producción-destrucción, y sus consecuencias: migraciones masivas, hambrunas, exterminios, etc; el cuadro conocido que nos lleva al colapso.
El colapso, desigualdad creciente, acelerada y pavorosa, con su otra cara, la religión del crecimiento, del consumo como razón de existir. La base del individualismo y la codicia de las clases dominantes y acomodadas. La barbarie no es igualitaria [2], es plural. No es para los “seres humanos”, sino para grupos sociales concretos. Políticamente se concreta en múltiples variedades de neofascismos cimentados en violencia cotidiana y fanatismos identitarios y/o religiosos. Tampoco hay que extrañarse, es la respuesta política que aparece en la Historia ante las desigualdades, repetida siglo tras siglo, pero esta vez desplegada a una escala nunca conocida.
Se parte de los 3.800 millones de personas que constituyen hoy la llamada “clase consumidora mundial” [3]; personas que no van a renunciar a lo que consideran “suyo” debido a una propaganda omnipresente; pero es también la barbarie de los más de 3.400 millones de excluidos que forman las clases subalternas. Mejor 1984 que Un mundo feliz. La barbarie no es una excepción a la regla de que la realidad siempre supera la ficción.
A medida que aumentan las desigualdades, que aumentan las clases acomodadas, que se hunden más y más las clases subalternas, ¿qué pasará? ¿Tienen sentido las “alternativas globales”, las grandes palabras, o mejor centrarse en el conocimiento de la barbarie concreta?.
Conocimiento concreto. Saber cuántos somos, cuántos son. Las clases dominantes, las clases acomodadas (las clases consumidoras globales) y las clases subalternas no se reparten homogéneamente. Estudiar lo cercano, ¿cuál es su proporción en la Europa de hoy?, ¿y en España?, ¿cuántas personas forman las clases dominantes? ¿Cuántas las clases acomodadas? ¿Cuántas las clases subalternas? ¿Cuántas personas son realmente precarias, más allá de la precariedad oficial? Sin número no hay resistencia real, sólo discurso.
La realidad es compleja, dejar los porcentajes banales, eso tan confortable de que “somos el 99%”, o “el 80%, dejar el “todas y todos”, el tod@s, los “ismos” tan repetidos y tan vacíos, los ecologismos, ecosocialismos, ecofeminismos, decrecentismos, etc., abandonemos (si podemos) las zonas de confort trabajosamente conseguidas.
La barbarie se inscribe en la coherencia lógica del antropoceno, es la pauta dominante de la mayoría de la especie humana desde su aparición. En el siglo XX, el resultado natural de la semilla sembrada tras la primera y la segunda guerra mundial, arraigada y desarrollada durante los largos años de guerra fría; que eclosionó con la victoria absoluta del neoliberalismo a finales del siglo; que se expandió, ya iniciado el siglo XXI, vía especulación financiera desenfrenada, y que mostró su poder absoluto en 2008. Ha establecido la agenda, el proyecto que se desarrollará en el siglo XXI.
Analizar y resistir, cómo sobrellevarla y convivir dentro de ella aceptando su hegemonía, las complicidades que llevan a que se imponga. Analizar contradicciones concretas y puntos de ruptura, sin elevarlos a la categoría de alternativas. Dejando de redactar denuncias sin destinatarios tangibles y propuestas de movilización sin objetivos definidos, acciones, calendarios y balances críticos de lo que se hace. Cada escrito como resultado final de un trabajo social, no un llamamiento inicial a “hacer algo”. Se escribiría mucho menos, pero se actuaría mucho más.
Porque quien percibe la barbarie dispone de una ingente cantidad de información que crece día a día: artículos, discursos, panfletos, blogs, webs, libros, informes, monográficos, dossieres. Miles de expertos escriben. Un cálculo aproximado: sólo en 2018 se publicó un mínimo de 185 libros de denuncia de las múltiples facetas de la barbarie [4]; añadamos a ello informes, videos en youtube, webs, blogs y documentos de todo tipo. La desproporción entre lo publicado y lo actuado crece.
Estudiar las geopolíticas y buscar siempre el mal menor, no la alternativa satisfactoria, pero imposible de llevar a la práctica.
Notas
[1] 17/01/2019: ¿Marcha inexorable hacia la catástrofe climática? José A. Tapia Granados. Traducido del inglés para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=251392&titular=%BFmarcha-inexorable-hacia-la-cat%E1strofe-clim%E1tica?-
[2] 16 líderes de la sostenibilidad opinan. “Cómo puedes ayudar tú a revertir el calentamiento global”. Crowdsourcing. Traducido por Eva Calleja https://www.rebelion.org/noticia.php?id=251731 [3] Ver https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/09/27/a-global-tipping-point-half-the-world-is-now-middle-class-or-wealthier/ ; https://www.un.org/development/desa/es/news/population/world-population-prospects-2017.html
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201810041082464747-pobreza-en-america-latina/
https://www.lavanguardia.com/economia/20181021/452454099592/distribucion-riqueza-china-clase-media-espana-informe-datos.html [4] Aproximación realizada a partir del recuento en catálogos de librerías y publicaciones de entidades críticas con el actual estado de cosas.
Miguel Muñiz Gutiérrez mantiene la página de divulgación energética www.sirenovablesnuclearno.org
29/1/2019
Impuestos y riqueza social
Joaquim Sempere
La derecha política —con la aquiescencia de alguna gente que se dice de izquierda— no cesa de presionar para que se reduzcan los impuestos que paga la ciudadanía. En España —aunque la fiscalidad había alcanzado el 48,1% del PIB en 2012, antes de que el gobierno Rajoy la redujera— el poder de la derecha ha dado como resultado que la presión fiscal esté unos 7 u 8 puntos por debajo de la media de la UE, que en 2015 era del 47,2% del PIB de la Unión.
Aunque los fenómenos sociales son demasiado complejos para reducirlos a correlaciones simples entre índices, se puede señalar —contra el argumento de que la baja fiscalidad estimula la inversión y la creación de puestos de trabajo— que países con elevada presión fiscal, como son los del norte de Europa, tienen índices de paro muy inferiores a los españoles. Pero aquí me interesa ir más al fondo de la filosofía fiscal para situar el asunto en otro nivel más significativo.
En países industrializados ningún empresario podría desarrollar su actividad productiva si no hallara dispuestas, en su entorno social, unas condiciones determinadas: un personal alfabetizado y con calificaciones técnicas y administrativas disponible para ser contratado; unos sistemas de formación técnica y de investigación; unos servicios sanitarios que mantienen unos niveles aceptables de salud en la población, incluidas las personas empleadas en las empresas; unas infraestructuras viarias y ferroviarias que facilitan la circulación por todo el territorio, incluyendo el traslado del personal trabajador desde su vivienda hasta el lugar de trabajo y la distribución de los productos desde las empresas hasta los puntos de venta; un sistema de provisión de energía y de agua y de evacuación de residuos. Añádase a todo esto un sistema judicial y policial y unas cárceles para preservar el orden jurídico, un ejército, unos bomberos y una protección civil, unos mecanismos para compensar a la ciudadanía afectada por desastres naturales, y muy especialmente un sistema de seguridad social para proteger, al menos parcialmente, a jubilados, enfermos, parados y otras víctimas de inclemencias naturales y sociales. Gracias a este inmenso aparato de instituciones, la sociedad —y por supuesto la economía— puede funcionar sin fricciones insostenibles.
¿Quién provee estas condiciones? El estado, directamente a través de instituciones propias o indirectamente planeando y subvencionando servicios y entes privados o semipúblicos. Está claro que sin el conjunto de estas condiciones una economía moderna no puede funcionar, y que estas condiciones deben considerarse costes que contribuyen a la creación de riqueza. Que las empresas contribuyan con sus impuestos a financiarlas es de sentido común y responde a un criterio inmediato de justicia, o, si se quiere, a una asignación equitativa de los costes. Por esto la retórica antiimpuestos que pretende defender a las empresas de lo que a veces se califica de “prácticas confiscatorias” es pura demagogia destinada a ocultar aún más unas transferencias de recursos ya opacas de por sí. De hecho, teniendo en cuenta que las personas trabajadoras contribuyen a la Hacienda pública más de lo que les correspondería según los esquemas fiscales vigentes (ya que los propietarios del capital contribuyen menos gracias a la elusión y evasión fiscales), el capital opera una gigantesca acumulación por desposesión: se beneficia de unos servicios públicos a cuya financiación no contribuye como debiera, cargando la factura eludida sobre los hombros de la ciudadanía en general. Añádase a esto que los impuestos directos como el IVA, que se cargan proporcionalmente más a quien menos tiene —y que suponen una parte enorme de los ingresos fiscales—, refuerzan esta inequidad fiscal. Desde este punto de vista, hay que combatir el embuste de que los ricos pagan impuestos para que los pobres tengan servicios gratis: los ricos pagan menos de lo que deben (según unas normas sesgadas a su favor y que se eluden cuando se puede) y además lo que Hacienda ingresa sirve para sufragar los costes generales de funcionamiento de la sociedad, condición indispensable para que esos mismos ricos hagan sus negocios.
La ciudadanía, por su parte, debe saber que el gasto social cubre unas necesidades de educación, sanidad y protección social, entre otras, de vital importancia para su bienestar, y que por eso no ha de dejarse arrastrar por la demagogia antiimpuestos. Eso sí: debe reclamar que el reparto de la carga fiscal sea equitativo y que se cumpla de verdad el mandato de progresividad fiscal que prevé la constitución hoy vigente en España, erosionado y olvidado en el clima neoliberal imperante.
La falsa imagen social de una hacienda pública voraz y confiscatoria es muy potente. Extrae su fuerza de la falta de reconocimiento de que la riqueza de las sociedades es básicamente colectiva. Se basa en la suposición de que los impuestos que pago son una detracción o confiscación de unos ingresos que son incondicionalmente míos y no dependen más que de mi esfuerzo laboral o de mis derechos legítimamente adquiridos. Pero esta suposición es muy relativa: sin las interdependencias que vinculan las distintas actividades económicas no dispondríamos de los niveles de riqueza de que gozamos. Este “colectivismo” de la producción industrial avanzada se percibe cuando se trata de atribuir costes a unos y otros bienes y servicios públicos. Cuesta mucho definir hasta dónde el coste de una operación de apendicitis depende del trabajo del personal médico y de enfermería, de la gestión hospitalaria, del trabajo de mantenimiento, de las inversiones en sanidad, etc. Los bienes y servicios transferidos a sus beneficiarios son resultado de acciones colectivas de efectos indivisibles cuyas magnitudes microeconómicas son difíciles de segregar y calcular. Son riqueza social, directamente social, que se transfiere a quien los necesita.
La misma consideración debería llevar a revisar la propia distribución del producto social. ¿A qué lógica responde la retribución de los distintos agentes que participan en los procesos productivos? La respuesta más plausible es que responde a lógicas de poder. El gran capital utiliza su posición estratégica para acaparar la parte del león. Lo consigue deslocalizando la producción, poniendo a competir mano de obra pobre con la mano de obra mejor pagada (incluso por encima de las fronteras), chantajeando a los estados con desinvertir en el país para lograr mejor trato fiscal y menos reglamentaciones (laborales, ambientales y de todo tipo), etc. La lógica que se impone en primera instancia no es la del mercado, sino la del poder. El mercado interviene luego. Al terminar la segunda guerra mundial, en 1945, los trabajadores asalariados en Europa occidental sacaron ventaja de la derrota del fascismo e impusieron elevados niveles de salarios, de contratación colectiva y de protección social a los que el capital tuvo de sujetarse. Cuando un gobierno sube por ley el salario mínimo ocurre otro tanto. Así, las correlaciones de poder entre clases sociales establecen los marcos en que se concreta la distribución del producto social (que luego viene determinada en concreto por factores como, ante todo, la propiedad del capital y, luego, la calificación profesional, la antigüedad en el puesto de trabajo, las imágenes de excelencia asociadas a la tarea, etc.). Que esta distribución pueda variar de golpe debido a decisiones políticas indica que los mecanismos de distribución actúan en el contexto de una riqueza que es colectiva en su génesis. Pretender que la remuneración del trabajo y del capital responde a criterios objetivos es ilusorio. En una empresa cooperativa el abanico salarial puede ser, entre el trabajador menos pagado y el directivo mejor pagado, de 1 a 2 o de 1 a 3 (aunque la presión competitiva en una sociedad capitalista a veces empuja a aumentar ese abanico para no perder a ciertos técnicos o directivos), mientras que en empresas privadas grandes puede alcanzar márgenes mucho más altos, hasta alcanzar niveles desorbitados de 1 a 1.000 o 10.000. Es obvio que estas diferencias no tienen ninguna proporcionalidad con la riqueza creada.
El poder que el ordenamiento jurídico concede a la propiedad del capital permite imponer de manera bastante arbitraria la injusta distribución del producto social. Como decía ya a principios del siglo XX el socialista fabiano británico R. H. Tawney, una empresa es un equipo de personas que utilizan un capital para producir bienes y servicios; paradójicamente, sólo el propietario del capital tiene capacidad legal para decidir qué se produce, con qué amortizaciones y métodos de trabajo, y en última instancia para cerrar la empresa. Quienes la hacen funcionar de verdad (directivos, administrativos y obreros) son convidados de piedra, que a lo sumo pueden protestar si algo no les gusta o no les conviene. Se podría imaginar —remachaba Tawney— un equipo de personas que alquilan capital a un ahorrador, y le pagan religiosamente los intereses pactados por el préstamo. En lugar de ser el capital el que alquila el trabajo, como pasa en el capitalismo, sería el trabajo el que alquilaría el capital (como de hecho ocurre en las cooperativas). Es decir, las personas utilizarían la cosa, el capital, en lugar de ser la cosa la que utiliza a personas para crecer. Un resultado de este poner las cosas cabeza abajo es permitir que se acumulen fortunas inmensas en pocas manos. Y que unas pocas personas gobiernen y manipulen a multitudes. A eso Tawney lo llamaba, tal vez inadecuadamente pero con vigor expresivo, “feudalismo industrial”. Ese poder concedido por el ordenamiento jurídico a la propiedad del capital es un principio que debe ser subvertido en una sociedad democrática coherente, y es raíz de poder no sólo en la empresa, sino también en la sociedad.
Volviendo a los impuestos, y para mayor inri, el ordenamiento legal concede a los patronos la capacidad de ser recaudadores fiscales de sus propios asalariados: son los patronos quienes tienen el encargo formal de detraer del salario bruto de sus empleados la deducción para el impuesto sobre la renta y la cotización a la Seguridad Social y transferir estas sumas a la Hacienda pública y a la caja de la SS. Los asalariados, por lo demás, están sometidos a deducciones obligatorias para cumplir con sus deberes fiscales mientras que los dueños del capital pagan sus propias contribuciones por unas vías que les permiten muchas formas de elusión y evasión fiscales. Es la guinda de un orden fiscal que favorece al poderoso.
Creo importante difundir la idea de que la fiscalidad es una contribución a los costes generales de funcionamiento de la sociedad en contextos de elevada interdependencia socioeconómica. Esta idea debería contribuir a elevar la consciencia y la ética fiscales. Y debería traducirse en mecanismos más eficaces para lograr que cada sujeto económico pague lo que debe. A la vez, también me parece importante difundir otra idea: la de que la riqueza de las naciones es esencialmente social, que se presenta como indivisible y que su distribución viene determinada por factores ético-políticos. En otras palabras, las desigualdades insufribles que nos afligen tienen causas políticas, y por tanto deben poder modificarse y en su caso suprimirse por medios políticos.
30/1/2019
Ensayo
Antonio Antón
Salir del bloqueo
La victoria y el pacto de las tres derechas en Andalucía, el desalojo del Partido Socialista de la Junta y el debilitamiento electoral de las fuerzas progresistas, sean de izquierda o alternativas, ha puesto al descubierto la fragilidad de la dinámica de cambio de progreso en España. Ha sido un contrapunto a la victoria del socialista Pedro Sánchez en la investidura a la presidencia del Gobierno, con la expectativa del comienzo de un camino de progreso y de colaboración con Unidos Podemos y sus confluencias. Es necesaria una profunda reflexión y un impulso renovado para avanzar en la democracia y la igualdad, así como en la consolidación y unidad de las fuerzas del cambio.
Partiendo de estos hechos, desde un enfoque crítico de la sociología política y de los movimientos sociales, me centro en tres aspectos encadenados y complementarios para clarificar las opciones progresivas.
Primero, las dificultades y características de una estrategia de progreso por parte de las fuerzas del cambio, considerando las implicaciones del ascenso del bloque reaccionario de las tres derechas y la ambivalencia de la dirección socialista.
Segundo, cómo superar la situación de bloqueo político y, especialmente, la subjetividad de ansiedad existente en mucha gente progresista por el temor a un retroceso político y representativo, así como fortalecer, con fundamentos realistas, una activación cívica y una voluntad colectiva igualitarias y democratizadoras en torno a un renovado proyecto de país, democrático, social y plurinacional.
Tercero, cómo avanzar en una vertebración organizativa del conjunto de las fuerzas del cambio y, en particular, de Podemos sobre la base de una unidad y colaboración desde la pluralidad y el talante democrático e integrador, puestos en cuestión ahora por la crisis en Madrid (y estatal), a raíz de la candidatura autonómica de Íñigo Errejón con la plataforma Más Madrid y la respuesta contundente de la dirección.
Debates estratégicos y opciones políticas
En dos artículos recientes en Público (21/11), “El sendero socialista hacia las elecciones”, y en mientrastanto.e n.º 175 (enero de 2019), “Una oportunidad para el ‘sanchismo’”, he explicado la política del Gobierno socialista, sus apuestas y gestos positivos (acuerdo presupuestario, desescalada en Cataluña…), así como sus oportunidades y limitaciones; la principal: su indeterminación estratégica para consolidar un cambio sustantivo y una alianza de progreso, ahora y para la próxima legislatura. No me detengo en ello.
Señalo ahora un diagnóstico sintético de las fuerzas sociopolíticas, la inadecuación analítica y discursiva dominante y su influencia sobre la credibilidad transformadora alternativa.
Con la expresión pública, hace casi una década, de una amplia corriente sociopolítica indignada de carácter progresista y democrático frente a las clases gobernantes y su gestión regresiva, se rompió el relativo consenso político en torno al bipartidismo de la derecha liberal-conservadora y la socialdemocracia.
En particular, con la aparición de Podemos (y sus aliados), hace un lustro, se conformó un tercer espacio político alternativo. No hay dos bloques (o tendencias), sino tres (cuatro, contando con las corrientes nacionalistas). Este nuevo conglomerado democratizador y crítico responde a una demanda cívica y de justicia social basada en la igualdad y la solidaridad como valores republicanos, populares o de izquierda. Y está distante de otras tradiciones conservadoras, socioliberales o autoritarias. Era ineludible afirmar su carácter diferenciado de la vieja socialdemocracia, así como de sus componentes neoliberales y su dependencia de los poderes establecidos.
La dicotomía político-ideológica e institucional izquierda/derecha, con el monopolio del Partido Socialista a esa primera nominación, expresaba el viejo equilibrio bipartito y oscurecía el campo político emergente con un perfil democrático y de progreso, ya existente en el ámbito social. Extender ese esquema con las categorías centro y extrema izquierda sigue sin clarificar el carácter y la importancia de la nueva tendencia alternativa y contribuye a infravalorarla, deformarla y estigmatizarla (junto con otros apelativos: radical, izquierdista, populista…).
La dicotomía sociodemográfica élites (o arriba)/pueblo (o abajo), desde el año 2015, con el acceso alternativo en los ámbitos institucional, municipal, autonómico y parlamentario, es demasiado esquemática para definir la diversidad y el sentido de los adversarios, las alianzas y su base social, elementos clave para explicar los procesos sociopolíticos y elaborar e implementar una estrategia política y unos objetivos transformadores.
El problema interpretativo principal de ambos esquemas, objeto de controversia política, histórica y teórica, es dónde situar al Partido Socialista y al espacio alternativo, juntos o por separado y cómo nominar el conjunto. Es decir, predefinen qué intereses y objetivos compartidos u opuestos existen y cuál es el camino por recorrer juntos, de forma paralela o contraria. O, dicho de otra manera, en qué medida, momentos y condiciones son adversarios o bien socios y aliados para las fuerzas del cambio.
Esa ambivalencia socialista facilita el acuerdo en el ámbito local y autonómico, sobre todo en condiciones de mayor representatividad y control institucional alternativo, como en los Ayuntamientos del cambio. Y dificulta en los ámbitos estatal y europeo, más constreñidos por las estructuras económicas y los poderes establecidos.
La cruda experiencia del bloqueo político
El año 2016 supone una cruda experiencia: por un lado, la operación gran centro del pacto Sánchez/Rivera, con un programa socioeconómico neoliberal y continuista en lo territorial, así como con la subordinación de Podemos, Izquierda Unida y las convergencias, cuyas bases la rechazan justamente; por otro lado, el atisbo del desalojo progresista de Mariano Rajoy que el ‘susanismo’ neutraliza con la defenestración de Pedro Sánchez y la vía libre a la gobernabilidad del PP y el aislamiento alternativo de los nacionalistas catalanes. Esa pretensión centrista, normalizadora y autoritaria supone un gran desgaste de las expectativas populares de cambio de progreso y una fuerte inclinación a la pasividad y la resignación ciudadana.
En el último año, 2018, la activación sociopolítica, principalmente del movimiento feminista y los pensionistas, junto con la tenacidad crítica de las fuerzas del cambio y la firmeza del nuevo Sánchez, vencedor en las primarias socialistas, refuerzan la pugna contra la ‘normalización’ derechista; facilitan su investidura y favorecen esta nueva andadura provisional de aproximación entre ambas tendencias y la movilización social y feminista. Esa última evolución positiva no es definitiva ni firme como para aventurar un proceso de cooperación leal hacia un gobierno de coalición y unas políticas unitarias de progreso, más mediando el conflicto catalán y aunque se consigan avances en otros ámbitos municipales o autonómicos y en el propio pacto presupuestario. Pero constituye un paso necesario de confianza mutua entre las dos tendencias progresivas y mayor credibilidad compartida ante la sociedad. Su bloqueo es lo que produce frustración popular.
En todo caso, volvemos a estar ante tres escenarios, con tres tipos de alianzas entre los tres bloques o tendencias políticas: a) involución regresiva, centralizadora y autoritaria con el pacto de las tres derechas; b) gran centro con un pacto socioliberal y continuista en la articulación territorial entre Partido Socialista y Ciudadanos; c) un pacto de progreso entre PSOE y Podemos y sus aliados (y la aceptación nacionalista), con un nuevo ciclo democratizador, igualitario y plurinacional.
Por tanto, la dirección socialista, aparte de su diferenciación con la tercera vía centrista y neoliberal, mantiene una vía intermedia y ambivalente: depende y colabora con los poderes establecidos; representa demandas de una parte popular progresista. Ni es solo oligárquica (o de derechas o neoliberal), ni solo democrática (o progresista o de izquierdas). Cuando se utilizan estas expresiones inclusivas hay que diferenciar los dos polos internos y la persistente ambivalencia, asimétrica en cada circunstancia, de la socialdemocracia, junto con otras reacciones sectarias. No hay un campo homogéneo con la pugna por la visibilidad o completa hegemonía de una de las dos partes progresivas.
El reconocimiento de ese statu quo relativo es necesario, aunque las pugnas y las treguas sean prolongadas, sucesivas y no siempre democráticas. La combinación de colaboración y oposición es compleja y sometida a las condiciones de cada coyuntura. Evitar los riesgos de los bandazos de una posición a otra, sin suficiente fundamento, o cómo convivir con las dos al mismo tiempo, con las dosis e interacciones adecuadas, es lo habitual de la gestión política, de alianzas y la gestión institucional de progreso. Pero exige debate paciente, respeto a la pluralidad, cultura democrática y actitud constructiva. Y no siempre se expresa con claridad.
La difícil gestión de la subjetividad y los liderazgos
La indecisión socialista sobre el tercer escenario y la posibilidad real de los dos primeros genera lógica preocupación a la gente progresista y de izquierdas. El futuro de progreso pasa por la tercera opción; pero su materialización no es segura. No se trata de deseos de la élite representativa o de muchos activistas. El discurso determinista o voluntarista de una tendencia ascendente imparable que asegura ganar, a corto plazo, el poder institucional ha dejado de tener credibilidad; particularmente, con el relativo estancamiento de estos tres años y la experiencia de las dificultades, cuando además asoman riesgos de retroceso. Ahora hay que combatir el fatalismo: la impotencia y la resignación y, su contrario, las salidas falsas.
Pero el discurso voluntarista, por sí solo, es insuficiente. La aspiración para ganar las instituciones e implementar un cambio profundo se debe sustentar en el realismo, al mismo tiempo que en los valores éticos. Hay que combinar, como decía Max Weber, uno de los fundadores de la sociología, la ética de la responsabilidad, según resultados, y la ética de la convicción, con objetivos transformadores, sentido de la justicia y principios emancipadores; con un tercer elemento (aristotélico): la fortaleza de carácter y la valentía controlada.
Solo que, en el peor de los escenarios, de involución social y autoritaria de las principales instituciones y aislamiento de las fuerzas del cambio, la crisis consiguiente del modelo truncado de progreso, para la gente y la élite sociopolítica y representativa, crearía otra subjetividad, derrotista, y exigiría otra actitud de reafirmación democrática. Su impacto en Madrid (no ganar la Comunidad Autónoma y/o perder el Ayuntamiento), agudizaría esa sensación. Pero no seamos agoreros y, para momentos difíciles, citemos la sugerencia de otro autor distinto, Gramsci: pesimismo de la razón (realismo) en el análisis de la realidad y optimismo de la voluntad transformadora.
Hace dos años, en torno al proceso de la Asamblea Ciudadana de Podemos de Vistalegre II, publiqué, en Nueva Tribuna (11/01/2017), un artículo titulado “Podemos: Aprender de los errores”, con una reflexión crítica y la demanda, mayoritaria, de defender la unidad dentro de la pluralidad y reforzar un talante democrático y respetuoso. A la vista de los últimos acontecimientos en Madrid, tengo que afirmar que no solo hay personas que no aprenden, aunque haya habido treguas, sino que se reincide en errores con efectos destructivos para un proyecto común de cambio. Sin entrar en los detalles, valga una reflexión general al hilo de este tema sobre los grandes dilemas estratégicos para un cambio de progreso que es la cuestión de fondo que se debería dilucidar, para situar en otro plano los empecinamientos de parte.
No reincidir en los errores
Hace falta mejorar el proyecto, los discursos y los liderazgos alternativos y, en todo caso, evitar cometer grandes errores políticos y organizativos, especialmente actitudes poco pluralistas. Una ocasión clave sobre la capacidad democrática e integradora de los distintos dirigentes implicados la ofrece esta nueva crisis en Podemos de Madrid, ciudad y Comunidad Autónoma. El reto era demostrar, internamente, la capacidad unitaria de resolución del conflicto, en beneficio de un proyecto colectivo.
Parece que la división es irreversible, enquistada y dolorosa. Toca controlar los daños, evitar males destructivos mayores, aprender de los errores de sectarismo, rigidez e intolerancia y buscar un mínimo entendimiento. Seguirá pendiente la definición estratégica para asegurar un cambio de progreso y los liderazgos adecuados para ello, supuestos objetivos compartidos de todo el conglomerado. Como la deliberación ya está sesgada, la experiencia, con la aspiración a superar deficiencias y errores, dará más luz, aunque sea sometida a la pugna interpretativa y legitimadora de cada parte.
La gestión democrática de esta crisis es fundamental para un liderazgo político con credibilidad social para gestionar la pluralidad de posiciones y los intereses y demandas diversos de los distintos actores sociales y políticos. Se trata de construir un liderazgo democrático y ganador, imprescindible para consolidar y ampliar los electorados alternativos y legitimar su representación. Si fracasa en una gestión y solución integradora y no se supera el sectarismo y los intereses corporativos, perdemos toda la ciudadanía crítica y la mayoría no merecemos sus perjuicios.
La tarea de ampliar la base social y electoral del cambio es independiente del tipo de fórmula representativa: la plataforma de confluencia en Andalucía o antes en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña (no en las generales), ambas necesarias, no han evitado el descenso electoral; plataformas municipalistas plurales y unitarias como Ahora Madrid o Barcelona en Comú han tenido grandes éxitos y construido prestigiosos liderazgos. Hay que volver la vista a las dinámicas sociopolíticas de fondo y las estrategias que expresan discursos y liderazgos creíbles; o, si se prefiere, la orientación política y la calidad democrática, ética y organizativa de la representación y articulación partidista. El discurso, los liderazgos y la estrategia política son importantes, con la condición de que estén arraigados en la mayoría social y sean fuertes los vínculos y la interacción con las capas populares.
Pero, sobre todo, las palancas fundamentales del cambio vienen de la propia sociedad civil, de la participación ciudadana, la movilización sociopolítica y la protesta social democrática y progresiva de múltiples actores sociales, desde su autonomía respectiva. Y esa esfera de lo social, atravesada por un extenso tejido asociativo (desde el movimiento feminista al movimiento sindical o vecinal y numerosas asociaciones y plataformas cívicas), condicionado por distintas estructuras de poder y dominación y con diferentes motivos frente a la subordinación, precariedad y discriminación tienen su propia, específica y diversa dinámica reivindicativa y expresiva.
Y todavía más es necesario un talante autónomo y superador de la propia fragmentación, cuando la fórmula partidista o los liderazgos institucionales se adjudican una función representativa o gestora, sin mucha capacidad articuladora de la dinámica asociativa y movilizadora de base, responsabilidad en la que muchos dirigentes políticos se declaran impotentes o sin competencia. Los dos mundos, el partido-institución (el partido-movimiento tiene poca operatividad) y la participación cívica, corren de forma paralela. Pero, lejos de la clásica y nefasta instrumentalización electoralista o la reacción apolítica, la tarea común de un cambio de progreso con valores solidarios aconseja mutuo reconocimiento, perspectivas compartidas y colaboración fraternal.
En la medida de esa activación cívica y democrática se modificarán las trayectorias sociales de fondo que luego se expresan en los campos electorales. No hay atajos y menos los simplemente discursivos. Así, se genera la ilusión, las expectativas y la dinámica de un cambio auténtico de progreso, condicionando las vacilaciones de la dirección socialista y afianzando una alianza leal y la credibilidad transformadora que beneficie realmente a la mayoría social subordinada.
Un proyecto renovado de cambio
La apuesta del Gobierno socialista es un paso positivo de cambio y regeneración, pero insuficiente en lo socioeconómico, retórico en lo nacional y limitado, cuando no contradictorio, en las necesarias reformas sociales, laborales y políticas. Es un plan transitorio, sin garantías de su plena aplicación ni de su continuidad en un sentido de progreso. Es dependiente de su prioridad partidista por el ensanchamiento de su base electoral para incrementar su poder institucional y su margen de maniobra en la negociación de su preponderancia, programática y gestora, dentro de los equilibrios a pactar a su derecha (Ciudadanos) o a su izquierda (Unidos Podemos…), según le convenga tras las próximas elecciones locales, autonómicas y, sobre todo, generales.
Sin embargo, esa calculada indefinición genera desconfianza en ambos posibles socios, particularmente en los segundos que temen el aislamiento institucional y el bloqueo del cambio real. Los primeros (C’s) tienen la certeza de poder sumar con las derechas o, si no, con el PSOE, siempre con el deseo de neutralizar cualquier giro hacia la izquierda. Pero, particularmente, esa ambigüedad estratégica gubernamental, junto con una gestión timorata y retórica, genera incertidumbre popular sobre el tipo de ciclo político probable que se va configurando: gran centro o de progreso. Esa posición socialista difusa, sesgada más por la opción centrista y nacional-españolista del ‘susanismo’, no rearma o moviliza a la gente progresista tras una mejora sustantiva, social y democrática, siempre incierta y difícil. Y, además, como en Andalucía, no tiene la garantía de conseguir más apoyo ciudadano y poder frenar la involución reaccionaria comandada por las derechas.
Por tanto, la principal insuficiencia de la dirección socialista es la falta de determinación estratégica de los dos ámbitos fundamentales: implementar una firme política social, económica y fiscal progresista, empezando por el cumplimiento estricto de su acuerdo político con Unidos Podemos; articular una respuesta integradora del pluralismo nacional y democrática respecto del conflicto catalán, con un proyecto de país de países y comenzando por una respuesta proporcional y democrática a la petición desproporcionada de rebelión y la prisión provisional. Son dos elementos clave para fortalecer la unidad y la decisión de las fuerzas que propugnaron el desalojo gubernamental del Partido Popular y facilitaron el cambio gubernamental. Pero, sobre todo, generaría la dinámica y la expectativa necesarias para ganar las elecciones generales con un horizonte democrático, igualitario, solidario y de progreso.
O sea, la dirección socialista, en la práctica y en su apuesta estratégica, está en una posición intermedia, compatible con una inaplicación real y sustantiva de esos gestos políticos y una posible alianza de gran centro con Ciudadanos. Ya ha sido adelantada según los resultados previsibles, en algunas Comunidades Autónomas y sin descartar para el gobierno tras las elecciones generales. Es una realidad posible que se impone machaconamente y que desactiva la dinámica, la confianza y la expectativa de una estrategia conjunta por un cambio real de progreso.
Así, se cuestiona la imagen y el discurso de la existencia de un mismo campo político y de alianzas común con el bloque de las fuerzas del cambio o el bloque nacionalista. La dirección socialista, más ante la nueva ofensiva de las derechas, se muestra no más firme y definida, sino más vacilante y temerosa respecto de sus anuncios de giro social, democrático y plurinacional, quedando en gestos retóricos, y dejando abierto el acuerdo centrista.
Pero ello supone un reajuste del análisis de la relación de fuerzas y las estrategias de cambio. No habría dos campos, el reaccionario-derechista y el democrático-progresista sino tres (cuatro, con los nacionalistas), ya que en ese supuesto segundo hay dos polos diferenciados. La relación de las formaciones del cambio con el Partido Socialista no se establece con un aliado estratégico del mismo bloque (histórico) con el que cooperar en un recorrido común con un complemento de competencia virtual, con argumentos discursivos, para demostrar quién lo hace mejor. La cuestión es que, a veces, los caminos son distintos, incluso contrarios. La tarea conjunta es cómo asegurar el acuerdo o convivir en el desacuerdo, evitando el aislamiento propio alternativo.
Por otra parte, esa dura realidad de refuerzo de las derechas no necesariamente significa una trayectoria imparable hacia una involución política generalizada, tal como vaticinan las derechas y empieza a temer mucha gente. Pero no es un hecho aislado. Indica la existencia de una profunda pugna de fuerzas sociales y económicas, con importantes corrientes conservadoras, segregadoras y reaccionarias. Igualmente, se consolidan dinámicas nacionalistas excluyentes de signo españolista y centralizador, junto con el enquistamiento del conflicto catalán, que agudizan las dificultades para la articulación plurinacional y la convivencia democrática. Así mismo, persiste cierta debilidad del impacto estructural de la movilización cívica, así como deficiencias políticas e institucionales.
Demuestra la existencia de un bloqueo transformador del poder establecido hacia un cambio de progreso sustantivo y la profundización democrática, una falta de credibilidad ciudadana de las fuerzas y proyectos progresivos, una inconsistencia de discursos, estrategias y liderazgos alternativos. En consecuencia, existe un riesgo real de regresión autoritaria, de imposición de la ‘normalización’ institucional con cierre de la oportunidad de cambio de progreso y el retroceso de su apoyo popular.
En particular, explica la incapacidad representativa e institucional de las llamadas fuerzas del cambio para garantizar la consolidación de un campo democrático-progresivo e implementar un giro igualitario en lo social e integrador y pluralista en la articulación de lo nacional. Esa relativa impotencia transformadora, la crisis de la confianza en una dinámica ganadora ascendente, con su impacto en la subjetividad popular, y el desconcierto interpretativo y de legitimación de los distintos actores, acentúan la oscuridad respecto de las salidas. La crisis actual en la dirección de Podemos en Madrid (y en la estatal) no solo expresa división sino impotencia para abordarlas de forma sensata y unitaria.
En definitiva, si se clasifica a la dirección socialista con los de arriba o con la derecha (o con una izquierda o centroizquierda similares a la derecha), automáticamente y de forma estructural, serían adversarios estratégicos como las derechas. Solo cabrían acuerdos muy puntuales o genéricos (democráticos, de Estado, nacionales o procedimentales), pero no para el acceso y la gestión del poder institucional, sobre lo que primaría la confrontación o el antagonismo. Si se consideran en el mismo campo (de los de abajo, democrático o de izquierdas) que la tendencia democrático-igualitaria alternativa, se da por supuesto la dimensión estratégica de la pertenencia común, los intereses compartidos y la cooperación política, dejando como secundaria o en diferencias parciales la competencia, la crítica o la oposición, o solo en el plano cultural o discursivo.
No es solo ni principalmente una cuestión analítica; acertar con el diagnóstico sobre los escenarios y las tendencias políticas y una adecuada elaboración sobre el contenido y el tipo de alianzas a tejer tiene enormes implicaciones políticas y estratégicas. Sin embargo, sigue siendo fuente de división y conflictos en Podemos y demás confluencias, agudizado en estos momentos en Madrid. La articulación de este conglomerado, tan diverso y plural, es compleja: pero es un reto estratégico imprescindible, también para la construcción de liderazgos democráticos y unitarios.
Desde una perspectiva más amplia, una vez que los dirigentes alternativos han ido admitiendo que ‘solos’ (y frente al resto) no cuentan con el apoyo de una mayoría social suficiente y no pueden garantizar el control del poder institucional y cambiar los sistemas político, económico y la articulación nacional, pasa a primer plano la definición de las alianzas: la tarea de ganar representatividad se asocia a gobernar juntos, con su equilibrio en la gestión y su carácter programático.
El problema de fondo alternativo: tener credibilidad para garantizar un cambio real en las condiciones de la mayoría social y la dinámica política e institucional, con la articulación plural y unitaria correspondiente.
23/1/2019
De otras fuentes
Rafael Poch de Feliu
Paparruchas de uno u otro signo
¿Qué haríamos sin los profesionales que nos defienden de las influencias malignas?
A sus 33 años, Claas Relotius era un periodista estrella que acumulaba una decena de premios en Alemania, la mayoría de ellos por artículos publicados por el semanario Der Spiegel. Entre ellos aquella sobrecogedora historia de los dos hermanitos sirios secuestrados y torturados por el Estado Islámico que luego fueron formados para ser bombas humanas.
“En sus artículos las grandes líneas de la historia contemporánea se hacen claras, de repente todo aparece como algo absoluta y humanamente comprensible”, dijo del periodista el redactor jefe de Der Spiegel, Ullrich Fichter. Lástima que todo fuera inventado: los artículos de Relotius eran ficción, siempre en buena sintonía con las versiones dominantes en el mercado informativo, pero paparruchas al fin y al cabo: 55 artículos “completa o parcialmente” inventados entre los publicados por Der Spiegel.
En realidad, el “prestigioso semanario” (agencia EFE dixit), siempre ha publicado paparruchas. A principios de los ochenta efectué un vaciado de las noticias que Der Spiegel había publicado en las tres décadas anteriores sobre la Unión Soviética y una gran parte del material resultante reunía una dosis considerable de burda fantasía. Desde siempre esa publicación ha sido uno de los altavoces preferentes de la propaganda de la guerra fría en Alemania, vía filtraciones de las agencias occidentales de inteligencia. Naturalmente, lo mismo ocurría en el mucho mas soporífero informe de la prensa soviética. La diferencia era que en la URSS muy pocos daban crédito a lo que se publicaba (la ventaja de una mayor miseria impresa era que enseñaba a leer periódicos) mientras que en Alemania lo que decía el “prestigioso semanario” era objeto de devoción.
Grandes profesionales
Lo mismo ocurría con las crónicas de los corresponsales anglosajones en Moscú en los años noventa. Tras su paso por Moscú, uno de ellos llegó a dirigir el New York Times, su colega del Washington Post, también galardonado con el Pulitzer, sería después director del New Yorker… periodistas de peso. Por aquella época vivían en Moscú unos cuantos norteamericanos asilvestrados que capitaneados por un tal Mark Ames, fundaron un semanario en inglés que se llamaba The eXile. Cada semana se dedicaban a leer con lupa las crónicas de los dioses del New York Times, Washington Post, Independent. Financial Times y demás, en las que detectaban enormes cantidades de descarados plagios y fusiladas de la prensa rusa que se hacían pasar por riguroso informe propio. The eXile lo hacía con un desparpajo y un rigor admirables. La desacralización de aquellos medios y aquellos “grandes profesionales” fue rotunda.
Lo que ahora se llama “fake news” el diccionario de la Real Academia lo define como “paparrucha (“Noticia falsa y desatinada de un suceso, esparcida entre el vulgo”). Los periodistas, por lo menos una buena parte de ellos, son, desde siempre, esparcidores de paparruchas. Los hay de diversas categorías, pero los más cualificados son los militantes de causas poderosamente establecidas y apadrinadas. Véase por ejemplo, el caso de la angelical red documentalmente destapada en noviembre y diciembre por “Anonymous” llamada “Integrity initiative”, un escándalo que ha sido tan profusamente divulgado por la propaganda rusa como silenciado por los medios occidentales.
Contra la influencia perniciosa
“Defending Democracy Against Disinformation”, se define esta virtuosa Ong. Dirigida por dos tipos vinculados a los servicios secretos británicos, Daniel Lafayeedney y Christopher Donnelly, creada desdel gobierno de su majestad y con antenas en las embajadas del Reino Unido en muchos países, la “Integrity Initiative” (II) es financiada por el gobierno británico, la OTAN, el Departamento de Estado, el ministerio de defensa de Lituania y Facebook, según los documentos filtrados que nadie ha desmentido. Dedicada a “contrarrestar la desinformación y maligna influencia de Rusia en Europa”, la II se dedica a realizar operaciones de propaganda en países europeos. En muchos de ellos la organización dispone de “equipos” de periodistas y académicos, militantes de la defensa de occidente. Cada equipo tiene un líder y también, lo que parece un contacto en la respectiva embajada británica del país en cuestión. En Alemania, por ejemplo, los documentos dan cuenta de catorce miembros del “equipo” local, periodistas de medios como Tagespiegel, Die Zeit, Die Welt o el Berliner Zeitung. En el Reino Unido la II animó una campaña, otra más, contra Jeremy Corbin, presentándole algo así como el “tonto útil” de los rusos en la isla. ¿Y en España?
Superlópez al rescate
Los documentos de Anonymous relatan la operación realizada el pasado 7 de junio por los superlópez locales para impedir el nombramiento del Coronel Pedro Baños al frente de la Dirección de Seguridad Nacional. La Wikipedia explica así el asunto:
“El 7 de junio de 2018 se anunció que asumiría la Dirección de Seguridad Nacional de España con la responsabilidad del secreto de las comunicaciones del Gobierno, la coordinación de los consejos de Seguridad Nacional, Seguridad Marítima y Ciberseguridad, además de las gestiones de crisis migratorias y energéticas. 56 Días después trascendió que finalmente el Presidente de Gobierno Pedro Sánchez optaba por el General Miguel Ángel Ballesteros para el puesto”.
Un documento de la “Integrity Initiative”, explica así la secuencia: A mediodía del 7 de junio, el “equipo español”, liderado por un tal “Nico de Pedro”, que resulta ser “investigador principal del CIDOB”, el principal centro de relaciones internacionales de Barcelona, y “responsable del programa sobre Rusia”, así como por otros dos miembros, Borja Lasheras y Quique Badía-Masoni,
se entera de que el conocido pro Kremlin Pedro Baños está a punto de ser nombrado director del departamento de seguridad nacional que trabaja estrechamente con la oficina del presidente del gobierno y que es muy influyente en la organización de la política”. “A las 14:00 el líder del equipo español alerta a otros miembros del equipo y prepara un dossier para informar a los principales medios españoles. El equipo inicia una campaña en Twitter para intentar impedir el nombramiento.
15:45 : el líder del equipo español alerta al equipo británico de II que activa la red de II para generar apoyo internacional para la campaña de Twitter. El equipo británico crea un grupo de WhatsApp para coordinar la respuesta de Twitter, hacerse contactos en Twitter para concienciar y hacer que la gente retwitee el material. Publica el material de Nico de Pedro en la web española stopFake´s que fue retuiteada también por influencers clave. El equipo envía material a El País y El Mundo para publicar y alerta a contactos en las embajadas del Reino Unido y Francia.
Resultado: para las 19.45 el equipo español informa de que la campaña ha creado un ruido significativo en Twitter. Contactos en el Partido Socialista confirman que el Presidente del gobierno ha recibido el mensaje. Algunos diplomáticos también expresan preocupación. Finalmente, tanto el Partido Popular como Ciudadanos piden al Presidente del gobierno que pare el nombramiento.
Los nombres de algunos de estos superlópez a sueldo de la OTAN ya habían sido divulgados con motivo de otro encargo militante, este a cargo de la Ong del magnate George Soros: confeccionar una lista de periodistas “prorusos” durante la crisis de Ucrania. Pero estas cutres actividades remuneradas, de las que solo trasciende una pequeña parte, no son lo más corriente. Lo mayoritario es divulgar paparruchas por conformismo, por efecto de lo que llamo “el efecto rebaño” (el concepto gringo correspondiente es “mainstream”): dejarse llevar por la corriente en la que están las empresas mediáticas, editoriales y sabidurías convencionales de importación y a la que mucho informador conformista y sin criterio se suma, normalmente sin cobrar e incluso creyendo que defiende derechos humanos.
En este muestrario, el caso del periodista Relotius resulta hasta simpático. Él no participaba en campañas, por dinero, ni por convicción, ni por una mezcla de ambas cosas, o por ñoñez y tontuna vaciedad. Relotius embellecía con habilidad una realidad imaginaria y le sacaba partido. No era un mercenario, ni un agitador, sino un creador de la paparrucha. En el mundo del periodismo real, sus premios hay que considerarlos genuinos y bien merecidos.
[Fuente: Ctxt]
19/1/2019
Marshall Auerback
La Unión Europea puede no sobrevivir al euro
El euro está "celebrando" su vigésimo aniversario este mes y, sin embargo, no están descorchando botellas por todo el continente. Excepto, quizás, con la notable excepción de eurócratas delirantes como Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, que manifestó: “El euro se ha convertido en un símbolo de unidad, soberanía y estabilidad. Ha llevado prosperidad y protección a nuestros ciudadanos ... "
¡Algo de prosperidad!
Gran parte del continente se caracteriza por un desempleo de dos dígitos, aumento de la desigualdad, conflictos políticos y una virtual generación perdida de jóvenes que nunca han experimentado nada que se acerque remotamente a una economía robusta y exuberante. La integración basada en la codicia está dando mal nombre a la UE.
Lo peor de la Eurozona en su conjunto es la propia unión monetaria. El euro refuerza las desigualdades estructurales entre los estados miembros, así como entre los grupos sociales dentro de los países. También vale la pena recordar que su creación se suponía que era un paso intermedio hacia la formación inevitable de unos "Estados Unidos de Europa" de una autoridad fiscal supranacional, es decir, una unión federal en la que un gobierno central de toda Europa se hace responsable de la estabilización económica y la redistribución de los ingresos para toda la UE, mientras que la asignación de recursos se deja en manos de los gobiernos de los estados nacionales. Está claro que se está muy lejos de eso, dadas las tensiones políticas existentes entre las naciones acreedoras del norte germánico y las naciones deudoras de la periferia del sur.
Citando a Abraham Lincoln: "Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse". Tampoco puede mantenerse una unión monetaria sin una autoridad fiscal real que la acompañe. Dado que esto último parece políticamente imposible en el contexto del Brexit, de las protestas de los chalecos amarillos en Francia y de una coalición gobernante en Italia que abiertamente juega con el abandono del euro, el resultado más probable es la ruptura de la unión monetaria. O un modelo de integración que no sea simultáneamente un programa de enriquecimiento para la clase inversora.
En un mundo ideal, el fin del euro vendría a través de una acción coordinada: reintroduciendo las monedas nacionales y exigiendo inmediatamente que todos los impuestos y otras obligaciones contractuales públicas dentro de la nación sean denominadas en esa moneda con el objetivo de crear una demanda inmediata para esas monedas. Sin embargo, es mucho más probable que la disolución se produzca a través de una crisis disruptiva.
El hecho de que el euro haya sobrevivido durante 20 años no es señal de que nos estemos acercando al día de "una unión cada vez más estrecha", la antigua aspiración de los padres de la Unión Europea actual (originalmente comenzó como la Comunidad del Carbón y del Acero de seis naciones europeas). Más bien es un signo de subversión democrática, una tecnocracia enloquecida que ha sobrevivido al privar a los parlamentos nacionales electos del control de la política fiscal: impuestos, gastos y las políticas económicas centrales del estado-nación. El euro ha sido tanto el método como la causa de esta privación democrática, por diseño, no por accidente.
¿Cómo?, se preguntarán. Debido a que al substituir las monedas nacionales por una moneda supranacional la creación del euro rompió el vínculo entre el estado y el dinero, y con ello la flexibilidad para enfrentar las crisis económicas de una magnitud como las que se han experimentado a lo largo de la historia del euro (especialmente después de 2008). Se ha convertido, por lo tanto, en un instrumento de la codicia, ya que ha facilitado una transferencia masiva de riqueza hacia el nivel más alto de la sociedad europea, junto a una debilitación del estado de bienestar social.
Los parlamentos nacionales, pues, siguen estando constreñidos porque sin una moneda nacional carecen de la capacidad fiscal para responder (y también para enfrentar una posible quiebra, parecida a la de un estado estadounidense, que es un usuario, no un emisor del dólar). El discurso de Mario Draghi ("todo lo que haga falta") en julio de 2012 alivió el problema de solvencia de los mercados de bonos nacionales de los países de la Eurozona (porque el Banco Central Europeo es la única entidad que puede crear los euros necesarios para respaldar los bonos nacionales de manera creíble). Eso, junto a un cierto alivio de la austeridad fiscal, indujo a una modesta recuperación cíclica desde 2015 a 2018.
Pero la recuperación, en la manera en que se dio, ha resultado efímera. El crecimiento del PIB de la Unión Europea en su conjunto se ha extinguido y ahora está experimentando el crecimiento más bajo en cuatro años. Los billones de euros movilizados durante las crisis sucesivas se han dedicado principalmente a rescates bancarios encubiertos y a reciclar dinero para los acreedores, en lugar de ayudar al vasto ejército de desempleados. Codicia. Y mientras tras cada crisis sucesiva desde el comienzo del euro solo se ha conseguido hasta ahora evitar el estallido final de la unión monetaria, las pobres bases económicas se han mantenido constantes.
De hecho, el economista Michael Burrage comparó recientemente el desarrollo económico de los 12 miembros fundadores de la Eurozona con 10 países independientes, los cuales son comparables en términos de estructura económica, instituciones laborales y productividad. Sorpresa, sorpresa: los países de la Eurozona están en la cola. Vale la pena reiterar que este no es un problema de la "Unión Europea", sino un problema de la Eurozona porque el alto desempleo causado por la política de austeridad es una característica persistente de la Eurozona (EZ). Tengamos en cuenta que países como Noruega, Suiza e incluso el Reino Unido, acosado por los problemas del Brexit, están superando a los países de la EZ, especialmente en términos de desempleo.
El supuesto subyacente a una moneda común -a saber, que conduciría a una convergencia de las estructuras de producción, empleo y comercio de los países miembros- ha demostrado ser falso. Aparte de la propia moneda, lo único en común en la EZ ha sido el pobre crecimiento económico en prácticamente toda la región. Una unión monetaria de "talla única" no funciona. Existe una multiplicidad de desafíos (deuda privada, desempleo, automatización, educación, productividad de los trabajadores) que solo se puede resolver a través de estrategias de desarrollo nacional / supranacional socialmente más inclusivas (es decir, generosas). Pero eso está dentro del ámbito de la política fiscal, que a su vez se ve constreñida por la existencia de diferentes países que efectivamente "toman prestado" en una "moneda extranjera", lo que de facto el euro es, dada la separación institucional entre el estado y la moneda en sí. Así que volver a las monedas nacionales parece ser un primer paso necesario.
¿Por qué no simplemente intentar devaluar el euro?
Por un lado, confiar en los impulsos externos al crecimiento a través de la devaluación de la moneda depende de la disposición de otros socios comerciales para adoptar estrategias de crecimiento que se adapten al aumento de las importaciones resultantes (algo altamente problemático en el entorno cada vez más proteccionista de hoy). Además, durante períodos previos de debilidad relativa del euro el mayor beneficiario de lejos en la Eurozona ha sido Alemania, como lo demuestra el hecho de que el país tiene un superávit por cuenta corriente ahora un poco menos del 8 por ciento del PIB, que en gran parte comprende la mayor parte de los excedentes comerciales de la Unión Europea con el resto del mundo. El resto del bloque, particularmente los miembros mediterráneos, todavía están registrando un crecimiento inferior y niveles de desempleo sustancialmente más altos. En primera instancia, pues, una devaluación del euro ayuda a Alemania, no a la Unión Europea en su conjunto.
Además, la moneda común significa una política monetaria común, la cual ha amplificado las tensiones de la Eurozona, en lugar de mitigarlas. En el período previo a la crisis mundial de 2008 las tasas de inflación en los países mediterráneos fueron más altas, lo que significó que las tasas de interés reales fueran más bajas. Por lo tanto, el crédito barato alimentó burbujas de activos en países como Grecia, España y Portugal, lo que a su vez produjo la ilusión de que estaban "convergiendo" con las economías del norte de Europa. Por el contrario, las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE) posteriores a 2008 se mantuvieron demasiado altas durante demasiado tiempo para los países de la periferia ahora cargados de deuda y, por lo tanto, han sufrido una mayor caída desde la crisis financiera que Alemania.
El economista Servaas Storm ha cuantificado el impacto:
“Durante los años previos a la crisis de 1997-2007, ser miembro de la UEM benefició a todos los países... excepto a Alemania e Italia. Se estima que la pertenencia a la UEM hizo aumentar los ingresos reales per cápita en Grecia, Portugal y España en un 8-10%... Sin embargo, las cosas cambian considerablemente después de 2008. Ser parte de la Eurozona ha deprimido los ingresos reales en Grecia en un 16%, en Italia en un 8%, en Portugal en un 4% y en España en un 8% en comparación con el contrafáctico. En cambio, la mayoría de las economías "centrales" del norte... se beneficiaron de su pertenencia a la UEM, ya que se estima que sus niveles de ingreso per cápita reales son más altos que en el escenario contrafáctico "sin pertenencia a la Eurozona". Alemania destaca en este período posterior a la crisis de 2008-2014, con un alemán promedio con un ingreso real aproximadamente un 5% más alto que el contrafáctico estimado (no UEM)."
La política monetaria del BCE inicialmente fomentó burbujas de activos en la periferia y luego exacerbó la deflación de la deuda cuando estas burbujas explotaron. Sin embargo, al intentar mitigar la deflación de la deuda del sur posterior a 2008 las bajas tasas de interés resultantes impulsaron un auge en Alemania. Esto explica en gran parte por qué el ingreso real de Berlín es más alto que el contrafáctico estimado, lo que habría ocurrido si Alemania hubiera estado utilizando todavía el deutschmark, ya que el siempre vigilante Bundesbank probablemente habría elevado las tasas de interés de manera más rápida y agresiva.
Incluso con una política monetaria común, si los miembros de la Eurozona hubieran estado en una unión federal comparable a Canadá o los Estados Unidos, los responsables políticos podrían haber mitigado las divergencias regionales a través de transferencias fiscales o pagos compensatorios. Y el problema de los desequilibrios comerciales interregionales tampoco sería un problema (a nadie en Estados Unidos realmente le importa, por ejemplo, si Nueva York tiene un "déficit comercial" con Texas, debido a la existencia decisiva de esta unión federal que llamamos "Estados Unidos de América").
Pero a pesar de que no existe una unión fiscal común, los custodios de la Unión Monetaria Europea han impuesto una camisa de fuerza de austeridad fiscal como condición previa para ser miembro del euro (es decir, el perversamente denominado "Pacto de Estabilidad y Crecimiento", que ha generado un crecimiento mínimo y mucha inestabilidad ). Por lo tanto, los países que “se ganan" ser miembros del "Club Euro" obtienen el peor de los mundos posibles: capacidad mínima para impulsar el crecimiento a través de una política fiscal agresiva: solo austeridad fiscal. Al igual que uniéndose a una religión que ofrece el infierno, pero no el cielo, la austeridad fiscal exacerba los diferenciales de productividad (menos dinero para inversión, educación, bienestar social, mayor desempleo, etc) y bloquea a los países de lento crecimiento en la trampa de la deflación de la deuda y el estancamiento económico perpetuo (véase Grecia). Y no hay forma de "inflar" la deuda a nivel nacional, porque no existe una "imprenta nacional".
Por último, pero no menos importante, los campeones de la unión monetaria, especialmente los de Berlín, continúan predicando el mito destructivo según el cual el incremento de la competitividad a través de "reformas estructurales" (lo que generalmente significa la capacidad de despedir trabajadores con mayor facilidad y recortar los programas de bienestar social) de alguna manera permitirá a los países afligidos igualar el dinamismo económico de Alemania.
Sin embargo, como señala Storm, los países no pueden competir si la composición de las exportaciones en cada país es diferente: “Alemania es fuerte en la fabricación de tecnología media y alta, y esta fortaleza se manifiesta en un sólido rendimiento de las exportaciones así como en una limitada vulnerabilidad a los sobresaltos externos” (énfasis mío). El sólido rendimiento de las exportaciones se deriva en parte del hecho de que los productos de alta gama no son particularmente dependientes de los bajos costes laborales para competir globalmente. Por el contrario, los países de la periferia están generalmente atrapados en actividades de baja y media tecnología, muchos de los cuales compiten con China y, por lo tanto, están mucho más sujetos a su amenaza competitiva (la industria textil de Italia es un caso clásico).
El resultado es que lo que es bueno para Alemania no lo es tanto para Italia o Francia, y viceversa. Lo que se requiere son políticas industriales nacionales distintas, con el objetivo de acomodar y diversificar las estructuras comerciales existentes, particularmente, de los países mediterráneos.
Lamentablemente, la Eurozona no hace provisiones para esto debido en gran parte a la fobia de la Eurozona al déficit. Como escribí en otra ocasión:
“Hay un problema filosófico más amplio inserto en el pacto. En el origen de la aspiración a crear una "cultura de estabilidad" está implícita la creencia de que la deuda pública es invariablemente un mal, cuyas consecuencias deben detenerse a toda costa. Pero, como han demostrado claramente los acontecimientos de la última década, el aumento excesivo de la deuda del sector privado, especialmente en Asia y los Estados Unidos, ha desempeñado un papel mucho más desestabilizador en la economía mundial que la prodigalidad fiscal, lo cual socava uno de los principales fundamentos para mantener el Pacto de Estabilidad en su forma actual. Si decimos que el gobierno puede registrar excedentes presupuestarios durante 15 años, lo que estamos ignorando es que esto significa que el sector privado tendrá que registrar déficits durante 15 años (endeudándose por una suma total de billones de dólares para permitir que el gobierno retire su deuda). De nuevo, es difícil ver por qué los hogares estarían mejor con más deudas con el objetivo de que el gobierno les deba menos".
Hay muy pocos casos de una disolución controlada de una unión monetaria y un restablecimiento concomitante de las monedas nacionales. Un ejemplo reciente es lo que ocurrió después de la ruptura de la antigua Federación Yugoslava. Si bien el restablecimiento de las monedas nacionales se produjo con una disrupción económica mínima, la disolución no se produjo sin coste, ya que muchos de los miembros de la Federación Yugoslava se involucraron en una costosa guerra civil. Privados del genio organizador de Tito, los antiguos resentimientos reprimidos (fomentados en parte por transferencias fiscales de las regiones más ricas a las más pobres) estallaron cuando la federación se disgregó.
No hay duda de que una disolución coordinada de 27 países diferentes sería considerablemente más difícil. Considerése lo que está sucediendo ahora en el Reino Unido, donde un aparentemente "divorcio amistoso" (también conocido como "Brexit") lleva ocurriendo durante dos años sin que hasta el momento se haya resuelto nada, y al final puede que incluso no ocurra, dadas las restricciones que el Parlamento del Reino Unido está poniendo a sus negociadores. También vale la pena recordar que el Reino Unido ni siquiera comparte una moneda común, ya que retiene la libra.
En la Eurozona misma es probable que presenciemos estos mismos resentimientos cocidos a fuego lento en los países más ricos, los cuales durante mucho tiempo han criticado a los "gorrones mediterráneos". Imagínense lo que sucederá si la próxima erupción ocurre en Italia o Francia (con las protestas de los “chalecos amarillos” presagiando problemas allí): Grecia o Chipre serán juegos de niños en comparación.
En cualquier desenlace concebible, benigno o de otro tipo, casi seguro habrá imposiciones generalizadas de controles de capital y cierres bancarios (para evitar fugas de depósitos), así como el recurso a la protección industrial y los controles y apoyos gubernamentales para mitigar la caída resultante. Por no hablar de los interminables desafíos de los tribunales internacionales, dada la amplia tenencia de euros de las instituciones de todo el mundo.
Pero la alternativa del status quo es cada vez más insostenible, dados la enorme escala del desempleo juvenil, la creciente desigualdad y el número cada vez mayor de personas marginadas, empobrecidas y desposeídas por este experimento de sadismo económico que dura 20 años. Se necesita menos codicia para la supervivencia. Si se van a restablecer las monedas nacionales, ello debe venir con la recuperación de un estado-nación más comprometido con la soberanía popular genuina, un control más democrático -menos oligárquico- de la economía, el pleno empleo y una red sólida de provisión de bienestar social.
Hemos tenido en el curso de la historia europea demasiados ejemplos de las alternativas a considerar. "Una unión cada vez más estrecha" es una aspiración digna, pero no debe centrarse en un gobierno con sede en Bruselas, obsesionándose con la austeridad fiscal, la disciplina presupuestaria y enfocando sus prioridades en salvaguardar sus bancos a expensas de la población en general. Idealmente, una Unión Europea reformada debería encontrar sus manifestaciones más plenas a través de estados nacionales soberanos, cooperativos pero independientes, basados en los estados de bienestar social históricamente generosos que caracterizaron al continente tras la Segunda Guerra Mundial. La urgencia reflejada en el discurso de Mario Draghi ("todo lo que haga falta") hubiera sido más admirable si no se hubiera centrado en salvar el euro a toda costa, sino en establecer una economía de pleno empleo que beneficie a todos los ciudadanos europeos, no solo a sus financieros y oligarcas. No tiene sentido preservar una unión monetaria si conlleva el coste de sabotear el crecimiento económico y el amplio bienestar de los ciudadanos de la UE. Del mismo modo, el poder de la política fiscal del estado-nación no debiera restringirse, sino desplegarse libremente junto, o si es necesario sustituyendo, al “mercado" para asegurar que se logre una prosperidad equitativa para la mayoría, no para unos pocos.
[Traducción para esta revista de Jordi Martínez, 30.01.2019. Fuente: truthdig.com]
18/1/2019
Rafael Poch de Feliu
¿Cómo se dice «cool» en chino?
Damos por supuesta la futura superpotencia asiática, pero ¿quién es su Robert Redford?
Para llegar a ser una superpotencia global, en el siglo XX Estados Unidos se afianzó en una primera fase como potencia hegemónica del hemisferio occidental. Para eso tuvo que derrotar a otros aspirantes en Europa, como el Imperio alemán y la Alemania nazi. También derrotó al Imperio japonés en el Pacífico y a continuación contuvo a la Unión Soviética en muchas partes del mundo. Estados Unidos utilizó el hemisferio occidental como base de su proyección mundial. Algunos autores americanos (John Mearsheimer) dicen hoy que China está siguiendo esa misma vía. Su propósito actual es afianzarse como potencia hegemónica regional en Asia y desplazar a Estados Unidos de la región donde su economía ya es la principal. Desde esa base regional, dicen, expandirá su influencia y poder en el mundo de la misma forma que hizo Estados Unidos.
De perfidias y ansiedades
El ministro de exteriores chino, Wang Yi, dice que, “China no repetirá la vieja práctica de los países fuertes aspirantes a la hegemonía”. Los americanos, y en general los occidentales, no se lo creen. Como afirma el dicho, “piensa el ladrón que todos son de su condición”, así que para los occidentales, que inventaron el capitalismo y han dominado el mundo quinientos años sobre la fuerza y la coerción, resulta impensable otro modus operandi. Dicen que la prudencia china forma parte de lo mismo, aunque con mayor sutileza, eludiendo choques frontales, ocupando, por ejemplo, posiciones allí donde los intereses americanos eran menores o donde no había presencia alguna, como en determinados países y regiones de África… Que China haya concedido rebajas de deuda a 28 de los 31 países más endeudados del mundo, o que haya perdonado por completo las deudas a algunos de ellos como Afganistán, Burundi o Guinea, sería, en definitiva, una muestra de pérfido oportunismo para ganar posiciones más que de altruismo y buena voluntad.
Las ansiedades de este debate aumentan al constatarse que, tras setenta años de governanza occidental de la economía mundial, mientras Estados Unidos se repliega hacia actitudes proteccionistas e introspectivas, China le arrebata la iniciativa internacional con su defensa de la apertura globalizante y su oferta volcada hacia fuera de grandes proyectos de infraestructuras orientados hacia los países en vías de desarrollo, la “Nueva ruta de la seda” (Belt and Road Initiative-BRI) que el New York Times presenta como “una versión actual del Plan Marshall”.
Exportar, integrar
Tras veinte años acometiendo en su interior el mayor proceso de urbanización de la historia, construyendo nuevas ciudades y conexiones ferroviarias y autopistas entre ellas, China exporta al mundo en desarrollo su experiencia y su sobrecapacidad industrial y fabril, expandiendo así el papel de sus bancos y de su moneda. Para algunos eso no es más que, “un intento de solucionar los problemas chinos de sobrecapacidad, su creciente deuda y sus menguantes tasas de crecimiento a través de la expansión geográfica” (Martin Hart-Landsberg); para otros, un avance nefasto de la crematística que asfixiará aun más al planeta. Sin negar esas hipótesis, otros constatamos que el plan chino es actualmente el único proyecto integrador para un mundo que ya está integrado por sus dilemas existenciales: calentamiento global, avance de las desigualdades y de las capacidades de destrucción masiva. En el actual panorama, el BRI es la única alternativa a la sucesión de desastres bélicos llevados a cabo por Washington en lo que llevamos de siglo desde Afganistán hasta Siria, pasando por Irak, Libia y Yemen con su factura de sociedades enteras destruidas y unos cuatro millones de muertos…
Problematizar el horizonte
El debate sobre la interpretación del ascenso chino y su proyección mundial es un asunto de importancia central. Resultaría vano y arrogante pontificar sobre su desenlace futuro cuando estamos expuestos a tantas incertidumbres. Pero incluso sin entrar en las preguntas sobre si sabrá China mantener su estabilidad interna en las próximas décadas, sí podemos problematizar el horizonte de un dominio global de China.
Un estatus de superpotencia, en caso de realizarse, no solo depende de la economía y la potencia militar. “Cualquier imperio exitoso tiene que elaborar un discurso universalista e inclusivo” para ganarse el apoyo y consenso de la población fuera de sus fronteras, así como de los países y sus estados, observa la historiadora india Joya Chatterji. “Las transiciones imperiales exitosas alcanzadas por la dura fuerza de las armas y el dinero, también requieren salvas culturales-persuasivas de poder blando para su dominio global. España tuvo el catolicismo y la hispanidad, el Imperio Otomano el Islam, la URSS el comunismo, Francia e Inglaterra la francophonie y la cultura anglófona”. Estados Unidos ha sabido introducir su civilización en su globalización con un éxito extraordinario. China no tiene nada comparable; una escritura que en lugar de 26 letras tiene 5.000 caracteres, una ideología oficial “comunista” confusa y una civilización extraordinaria pero históricamente autocentrada y replegada en sí misma.
El declive de Estados Unidos como potencia es un hecho histórico, pero más allá de la pura economía, en el ámbito de lo que se conoce como soft power, la capacidad de influir vía su prestigio cultural e ideológico, la americanización cultural, el dominio de su lengua global, de sus pautas de conducta y modas, de la industria del entretenimiento, etc., sigue avanzando a todo vapor. En Europa occidental ha conquistado y colonizado, dejando un sello quizá definitivo, en las naciones más celosas de su idiosincrasia y manera de vivir, como Francia. En países como Rusia, donde pese a las rivalidades geopolíticas la occidentalización de la sociedad prosigue dinámicamente, ésta es, fundamentalmente, una americanización.
“En 1919 había una civilización europea con una cultura americana como variante”, escribe Régis Debray. Hoy tenemos “una civilización americana en la que las culturas europeas, con toda su diversidad, parecen variables de ajuste en el mejor de los casos y reservas indígenas en el peor. En un tablero de ajedrez eso se llamaría un enroque; en un cambo de batalla, una derrota”.
El humorista escocés Frankie Boyle observaba hace algún tiempo, a propósito de las películas americanas sobre Vietnam, que, “la política exterior americana es innoble, no solo porque los Estados Unidos vienen a tu país y matan a tus familiares, sino, lo que me parece aún peor: porque veinte años después regresan para hacer una película sobre aquello y te explican que la matanza de tus familiares entristeció mucho a sus soldados”.
¿Dónde está el Hollywood de China? ¿Quién es el Robert Redford o la Marilyn Monroe de China? ¿Cuáles son las palabras chinas de moda que nuestra población adopta antes de entenderlas sin molestarse en traducirlas? ¿Dónde están los collares de cuentas chinos, los dispositivos de ingenioso diseño y las tecnologías que compaginan el entretenimiento con el control policial, que apasionan a la juventud idiotizada? Damos por supuesta la futura superpotencia asiática, pero ¿cómo se dice cool en chino?
[Fuente: Ctxt]
16/1/2019
Agustín Moreno
La amenaza del FBI
El fascismo está ahí, no se crea ni se destruye, se transforma. Ahora se habla indistintamente de fascismo a secas, neofascismo y ultraderecha. El mundo ha cambiado tanto que formalmente es difícil un fascismo como el de los años 30 del siglo pasado, pero los discursos tienen muchos rasgos comunes y las diferencias pueden estar en factores como el grado en el uso de la violencia o la agresividad nacionalista. También hay un neofascismo que Antonio Méndez llama “fascismo de baja intensidad” (FBI), aunque esta versión renovada la centra más en el mercado, en lo económico y en lo mediático, que en el Estado. Ya Pasolini, en sus Escritos corsarios, decía “que la “civilización del consumo” es una civilización dictatorial. En suma, si la palabra fascismo significa la prepotencia del poder, la «sociedad del consumo» ha realizado muy bien el fascismo”. Podríamos decir que el FBI está a medio camino entre el neoliberalismo autoritario y el fascismo clásico, y se inclinará hacia un extremo u otro en función de las circunstancias.
Cuando el capitalismo ve peligrar su tasa de ganancia, recurre a las crisis económicas para recuperarla. Los efectos sociales son conocidos: paro, devaluación salarial, acumulación por desposesión o privatización de lo público, recorte de derechos sociales y laborales, y limitación de las libertades para frenar las protestas. Si no son suficientes las medidas neoliberales anteriores, a veces se recurre a la solución autoritaria. El fascismo es la receta del Estado capitalista para las situaciones extremas. En el siglo pasado, son conocidos los casos de Italia y Alemania, pero hay otras formas totalitarias como las sangrientas dictaduras latinoamericanas.
Actualmente se observa una dinámica de avance hacia gobiernos autoritarios en Hungría, Ucrania, Austria, Filipinas, Brasil… de crecimiento de la ultraderecha con el UKIP en Reino Unido, el Frente Nacional francés, la Liga Norte italiana, Alternativa por Alemania y la aparición de Vox en España; y de elementos fascistoides como Trump. Es un fenómeno global. Y el capitalismo no hace asco a estas fórmulas. Se puede ver en las reacciones de grandes empresas y bancos saludando el triunfo de Bolsonaro, un tipo admirador de Pinochet y de la dictadura que hubo en Brasil, que anuncia medidas antisociales, de persecución de todo pensamiento crítico y de vasallaje a EEUU.
Dada la contradicción cada vez mayor entre capitalismo y democracia, como señala Noam Chomsky, a las élites económicas les gustan las dictaduras si no pueden controlar el sistema político a su favor. Y cuando ven peligrar sus intereses, pueden utilizar alguna forma de fascismo para crear un clima de intimidación sobre la clase trabajadora y los sectores progresistas. Los neofascistas actuarán como los tontos útiles del capitalismo, para que las empresas aumenten sus beneficios a costa de la población.
La paradoja es que el fascismo, aunque esté alentado por el capitalismo, también es capaz de recabar apoyos entre sectores sociales que son precisamente las víctimas del sistema: desempleados, autónomos, pequeña burguesía y entre lo que se conocía como lumpenproletariado. Apoyos que son necesarios, si no intenta llegar al poder por la vía de la coerción. Como diría David Harvey, su estrategia será buscar la construcción del consentimiento, con un espectro de la población suficientemente grande para implantarse o ganar las elecciones. Este consentimiento se construye a partir del malestar social, con prácticas de socialización cultural enraizadas en las tradiciones, con el miedo y con el uso de los medios de desinformación masiva. Por ejemplo, sobre viejos valores tradicionales (creencias religiosas, sobre el país, bandera y símbolos, y la defensa de los roles habituales del hombre y la mujer). Pero sobre todo, moviliza los miedos al otro, a los migrantes, a la izquierda, a que el sistema se desplome, para enmascarar otras realidades.
Si el neofascismo presentase el fondo de su proyecto político como lo que es: la restauración del poder de las élites, no tendrían gran apoyo popular; pero si manipula y monopoliza conceptos como libertad (las libertades individuales), patria, familia, orden y tradiciones, sí puede conseguir la adhesión de significativos sectores de la población. Luego, si logran acceder al poder, se mantienen con el uso del aparato del Estado a través de la persuasión, la cooptación, el soborno, la amenaza, la represión y el clientelismo. Desde el poder les será más fácil mantener el clima de consentimiento.
La dura crisis económica de 2008 ha mostrado las vergüenzas del déficit democrático en la Unión Europea y ha derivado en brutales consecuencias sociales por las políticas de austeridad: desempleo, inseguridad laboral, recortes salariales, privatizaciones, debilitamiento del Welfare State. En paralelo, se ha producido una positiva modernización social: mayor igualdad entre hombres y mujeres, y respeto a la diversidad sexual; algo que genera incertidumbre en sectores de la población que ven moverse su mundo de falsas creencias. Estos avances sociales se convierten en excusas para el destape de la ultraderecha, que cree que ha llegado el momento de exponer sin complejos sus ideas y sus antivalores.
Los pilares del discurso cuestionan el modelo de construcción europea y el coste social de la austeridad, igual que se rechazaban las consecuencias de la crisis económica de la primera posguerra mundial y la crisis de 1929, y se reclamaba un refuerzo de los nacionalismos. Sustituyen el antisemitismo de los años treinta y el rechazo a los comunistas por la xenofobia ante la inmigración y la islamofobia. Es también una clara reacción del patriarcado que responde con furia ante el avance de la igualdad y explica las reacciones sexistas, antifeministas, homofóbicas y transfóbicas.
Pues bien, este FBI necesita un discurso simplón pero eficaz, y mucha emoción para atender a las demandas de quienes tienen más dudas que certezas. Lo construyen con engañosos mensajes como: “hay muchos inmigrantes y copan las ayudas sociales”, “primero, los españoles, los nacionales”, nada de mestizaje con los de fuera, defensa airada de las tradiciones más primarias y del dominio machista.
Es en el terreno de la instrumentalización de las emociones para un objetivo político, donde ganan a las fuerzas políticas clásicas, incapaces de hacer vibrar a sus partidarios. Y si hay más emoción en un acto de la ultraderecha que en un mitin de la izquierda o en un Primero de Mayo, el neofascismo puede llevar las de ganar por más que nos repugne su irracional discurso. Hoy no se ve emoción movilizadora más que en el feminismo, el independentismo catalán y, si acaso, en los pensionistas ¿Dónde quedó la indignación y la fuerza que desprendía el 15-M o las grandes manifestaciones de trabajadores y de las mareas ciudadanas?
A veces la izquierda nada en un océano de análisis racionales sobre la realidad, mientras el fascismo hace un uso racional de lo irracional y recurre a la liturgia y a la estética para hacer de la política un espectáculo. Son expertos en el manejo de emociones primarias y la manipulación de los medios es fundamental para su estrategia. Conviene tenerlo claro para entender por qué se produce el fenómeno y para combatirlo desmontando sus argumentos e intentando convencer, como bien propone Pascual Serrano.
Ante este preocupante panorama, es imprescindible que las fuerzas democráticas coordinen sus esfuerzos para aislar a quienes no creen en la democracia y solo se valen de ella para intentar destruirla. Algo que deberían aplicar las diferentes carpas del circo mediático para no convertirse en cómplices. No se puede dar carta de naturaleza a la ultraderecha sin correr un grave riesgo. Las visiones cortoplacistas son una amenaza en partidos conservadores que asumen el discurso de la ultraderecha para no perder votos o querer disfrazar sus malos resultados buscando apoyos en ella pensando que van a ser gratis. Esto es lo que desgraciadamente están haciendo PP y Ciudadanos con Vox en Andalucía, con su Pacto de la Vergüenza. Un acuerdo que aumentará la desigualdad con medidas como bajar los impuestos a los más ricos, primar la educación privada sostenida con fondos públicos y subir el sueldo de los altos cargos. Es una reaccionaria jugada redonda: los ricos serán más ricos, mientras se enfrenta a los penúltimos de la escala social (trabajadores y sectores populares) con los últimos (inmigrantes).
Debe haber una estrategia a escala europea que reoriente las políticas económicas y sociales para mejorar las condiciones de vida de la población e integrar a los sectores sociales marginados por la crisis y las políticas neoliberales. Es necesaria otra Europa más social y solidaria, más democrática para devolver la esperanza a los pueblos.
Y en el ámbito de España, hay que recuperar la ilusión desde la izquierda y los sectores progresistas defendiendo las libertades democráticas y proponiendo avanzadas políticas que den solución a los problemas reales de la población. Si para ello necesitan ser radicales, tendrán que serlo: lo importante es que se hagan desde la unidad, trabajando con la gente desde abajo y generando entusiasmo en torno a un hermoso proyecto en el que se participe. Es la forma de derrotar a toda nueva barbarie, que aunque la llamemos FBI es fascismo al fin y al cabo, con la única diferencia de que la cultura de la violencia aún no se ha hecho suficientemente explícita.
[Fuente: Cuarto Poder]
4/1/2019
Rafael Poch de Feliu
JFK y los demás, silenciados
Entre 1963 y 1968 el establishment de la seguridad nacional de EE.UU eliminó a los dirigentes de la oposición y a los principales políticos con veleidades de reforma.
* * *
La noticia saltó el 19 de enero. Un grupo de personalidades, intelectuales, juristas, actores y familiares, pidió que se reabran las investigaciones de los cuatro principales asesinatos políticos de los años sesenta en Estados Unidos. Se trata, por orden cronológico, de los casos del presidente John F. Kennedy, del activista Malcom X, de Martin Luther King y del senador Robert Kennedy.
Entre noviembre de 1963 y junio de 1968, el establishment de la seguridad nacional eliminó a los dirigentes de la oposición y a los dirigentes y activistas políticos con veleidades de cambio y reforma, incluido el presidente del país, los dos principales líderes de la oposición a la guerra de Vietnam -uno pedía la “retirada militar inmediata” (King) el otro solo “detener los bombardeos”- y al más influyente activista de la minoría negra. No hay otro caso comparable de una purga tan radical en ningún otro régimen parlamentario.
Crímenes de Estado
Constituido en Comité por la Verdad y la Reconciliación —un nombre que homenajea a la comisión que investigó los crímenes del apartheid en África del Sur— el grupo califica esos asesinatos de, “asalto salvaje y concertado a la democracia” y “actos organizados de violencia política” que tuvieron un, “impacto desastroso en la historia del país”. Todos ellos querían de manera diversa, “apartar a Estados Unidos de la guerra y dirigirse hacia el desarme y la paz, salir de la violencia y la división interior y avanzar hacia la amistad civil y la justicia”.
Sobre el asesinato de John Kennedy, el grupo dice que, “fue organizado en las altas esferas de la estructura de poder de Estados Unidos y llevado a cabo por elementos superiores del aparato de la seguridad nacional que utilizaron, entre otros, a personajes de los bajos fondos para ayudar a su ejecución y encubrimiento”. Recuerdan los “juicios farsa” que rodearon los cuatro asesinatos y apelan al Congreso a que exija la publicación de todos los documentos gubernamentales, que deberían haber sido desclasificados por completo en 2017 pero que la CIA y otras agencias mantienen en secreto.
Oficialmente todos fueron muertos en atentados obra de “locos solitarios”; Lee Harvey Oswald mató a John Kennedy antes de ser muerto a su vez por Jack Ruby, Malcom X, murió a manos de tres negros musulmanes, Marti Luther King cayó a manos del loco James Earl Ray y el senador Robert Kennedy bajo las balas de Sirhan Sirhan, un palestino perturbado.
Forman parte del grupo los hijos de Robert Kennedy, abogados y colaboradores de Martin Luther King, médicos y forenses de renombre que trabajaron en el caso JFK, el disidente Daniel Ellsberg que destapó los papeles del Pentágono, cantantes como David Crisby, el cineasta Oliver Stone, autor de una gran película sobre el caso JFK, actores de Hollywood, etc. La noticia era clara, incluso desde el punto de vista del espectáculo y las personalidades firmantes, pero muy pocos se hicieron eco de ella. Ningún gran medio español lo hizo.
¿Les suena Michael Hastings?
Mientras nos entretienen con las fechorías de los países adversarios, la simple realidad es que no solo de puertas afuera, donde es la principal dictadura del planeta, sino en sus relaciones interiores, Estados Unidos es un ejemplo bastante bueno de estado policial en el trato a sus propios disidentes, con uso del asesinato político encubierto en casos extremos y la violación permanente de derechos elementales de aquellos que considera políticamente peligrosos.
El vicepresidente Henry Wallace tuvo su correo controlado y su teléfono pinchado por la policía política, por defender que la amenaza soviética estaba siendo exagerada por el complejo de la seguridad nacional. Lo mismo le ocurrió al candidato presidencial George McGovern, a cantantes como Pete Seeger o Woodie Guthrie, músicos como Duke Ellington, científicos como Albert Einstein, los activistas del Occupy Wall Street o Black Lives Matter… En fín, desde que Eduard Snowden demostró documentalmente la existencia de Big Brother, y su encarnación en la NSA, las más básicas garantías constitucionales son negadas al conjunto de la ciudadanía mundial desde Estados Unidos.
Todos conocen el caso de la periodista rusa Anna Politkovskaya, pero a muchos menos les suena el nombre de Michael Hastings Los Solzhenitsin, Sájarov y demás de nuestro tiempo llevan nombres anglosajones; Eduard Snowden, Julian Assange, Chelsea Maning, etc.
La cobardía de Obama
La publicación del manifiesto no noticiado del Comité por la Verdad y la Reconciliación vino precedida en apenas quince días, por el fallecimiento del gran sociólogo norteamericano Norman Birnbaum. En su retrato de la cobardía de Barack Obama, Birnbaum explicaba hace unos años, en una entrevista con Deutchlandfunk, que el presidente tuvo muy presente durante su mandato el destino de otros personajes de la vida americana, como los cuatro mencionados, que llegaron a representar determinados riesgos de reforma. “Nuestro sistema tiene formas y maneras de advertir para que no se superen determinados límites”, decía. “Creo que en el caso de Obama, el presidente ha hecho para su persona esa lectura de nuestra historia”.
Desde la advertencia del Presidente Dwight Eisenhower, en su discurso de despedida del 17 de enero de 1961 (“Debemos cuidarnos de la adquisición de influencia injustificada, tanto solicitada como no solicitada, del complejo militar industrial", Oliver Stone inicia su película sobre JFK con esa cita), el presidente de Estados Unidos es un prisionero del aparato de seguridad nacional. “Ese aparato tiene sus propias leyes y sabe perfectamente cómo disciplinar a la gente”, decía Birnbaum a propósito de Obama.
Dándole la vuelta a lo que siempre se dijo sobre el comunismo, que era un sistema irreformable, la simple experiencia nos lleva a pensar más bien lo contrario: A lo largo de más de cuarenta años, los países del Este de Europa no pararon en intentar reformas hacia el “socialismo de rostro humano” que la URSS impidió siempre, el comunismo soviético fue tan reformable que hasta se autodisolvió, y en China y Vietnam se ha entronizado algo parecido a la “reforma permanente”.
Lo que se ha demostrado históricamente irreformable es más bien el sistema de Estados Unidos. Una sociedad de extrema desigualdad, desprovista de estado social, regida por el interés de una minoría y faro del mundo moderno, que elimina a los líderes que representan riesgos de transformación, y disciplina de paso a quienes llegan al poder con ínfulas de cambio.
Sacar a la luz esa historia, naturalmente, no es noticiable y cuando se saca a colación siempre hay algún genio que suelta aquello de la “teoría de la conspiración”. El concepto fue acuñado por la CIA en los años sesenta, precisamente para cortar el cuestionamiento de la increíble versión oficial de la muerte de Kennedy… Desde entonces no paran: cada vez usan más ese latiguillo, porque cada vez tienen más estiércol que ocultar.
[Fuente: Ctxt]
30/1/2019
José A. Tapia Granados
¿Marcha inexorable hacia la catástrofe climática?
En una Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, afirmó que vamos hacia el abismo y estamos pisando el acelerador a fondo. Pero lo dijo en septiembre de 2009. Han pasado ya diez años. Desde entonces, ¿ha ocurrido algo que sugiera que se ha frenado la marcha hacia el desastre, o que conseguiremos parar y salvarnos del abismo? Aparentemente sí, según el expresidente de EE.UU., Barack Obama, y una fuente de información científica no menos reconocida que la revista Science. Fue esa revista la que en las últimas semanas de la presidencia de Obama publicó un artículo en el que Obama afirmaba que en EE.UU., como consecuencia de las políticas puestas en marcha durante su presidencia, se han “desacoplado” las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y el crecimiento económico, y que las fuerzas del mercado cada vez empujan más hacia las energías limpias. Según Obama, eso debería servir para “desechar la idea absurda de que la lucha contra el cambio climático exige aceptar una reducción del crecimiento económico o del nivel de vida”. De hecho, Obama afirmó en el artículo que “aunque ese desacoplamiento es más pronunciado en EE.UU., en todo el mundo surgen datos que muestran que la economía puede crecer sin que crezcan las emisiones de dióxido de carbono”.
La demostración de Obama
Obama basaba su demostración del desacoplamiento entre el crecimiento económico y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la observación de que, entre 2008 y 2015, el producto interno bruto (PIB) de EE.UU. aumentó más de 10%, mientras que las emisiones de CO2 se redujeron 9,5%. Pero este uso de la estadística es inapropiado, ya que la conclusión básica que se infiere depende de una comparación de solo dos momentos aislados. Es cierto como dice Obama que entre 2008 y 2015 el PIB estadounidense aumentó al tiempo que se reducían las emisiones de CO2, pero eso no significa que ambas variables estén desacopladas. Significa que en dicho periodo las emisiones de CO2 disminuyeron por efecto de dos cosas: los procesos de desindustrialización, que se iniciaron hace décadas en EE.UU., y el estancamiento relativo de la economía estadounidense que siguió a la profunda recesión de 2008-2009.
Si en vez de comparar dos momentos aislados se examinan los cambios anuales durante el periodo 2008-2015, resulta evidente que el crecimiento económico y el de las emisiones están claramente “acoplados”, ya que la tasa anual de variación del PIB y la tasa anual de variación de las emisiones de CO2 muestran una correlación de 0,67. Esto indica que, en gran medida, ambas variables evolucionan juntas; es decir, que una variación baja o alta de una de las dos variables coincide generalmente con una variación respectivamente baja o alta de la otra, y viceversa. Por consiguiente, cuanto más crece la economía, cuanto mayor es la expansión económica, mayor es el incremento de emisiones de CO2 y, a la inversa, cuanto mayor es la contracción económica, la recesión, mayor será la reducción de las emisiones.
Por lo que sé, desde que se publicó el artículo de Obama en Science, nadie ha criticado su demostración del “desacoplamiento”. Han pasado dos años desde entonces y el nuevo presidente de EE.UU. y su gobierno están haciendo todo lo posible para estimular la extracción de carbón, gas natural, petróleo y todo tipo de combustibles fósiles, además de impulsar la construcción de gasoductos e instalaciones para que el uso de esos combustibles se facilite y abarate tanto como sea posible —a menudo a expensas del erario público— y se estimule así la actividad económica. A la vez se multiplican las informaciones sobre desastres climáticos en todas partes del mundo. En California, castigada por años de sequía, hubo incendios descontrolados que duraron semanas y provocaron cientos de muertos y cientos de miles de viviendas destruidas. Pero las fuerzas políticas de los cinco continentes no parecen prestar atención.
Medio siglo de crecimiento económico y emisiones de CO2
Si se examinan las emisiones de CO2 en el último medio siglo, no queda ninguna duda de que su evolución está directamente relacionada con el crecimiento económico. La conexión de ambas variables es obvia en la Figura 1 que muestra los cambios anuales de ambas. Tanto en la economía mundial en general (Figura 1, panel inferior) como en la economía de EE.UU. (Figura 1, panel inferior), cuanto mayor es la expansión económica, mayor es el crecimiento de las emisiones y cuanto mayor es la contracción económica (es decir, cuanto más severa es la recesión) mayor es la reducción de las emisiones. Las mayores variaciones del PIB mundial son las relacionadas con la Gran Recesión, periodo en el cual el PIB mundial, que no es sino la suma del PIB de todos los países, creció 2,7 billones de dólares en 2010, tras haberse reducido 1,1 billones en 2009. Esos dos años fueron, a su vez, los dos años en los que las emisiones de CO2 disminuyeron y aumentaron más en todo el periodo 1960-2015, con una reducción de 325 millones de toneladas en 2009 y un aumento de 1.795 millones en 2010.
En las décadas recientes hubo cierto número de años en los que disminuyeron las emisiones de CO2 en EE.UU. (Figura 1, panel superior), pero la mayor reducción de dichas emisiones fue la que tuvo lugar durante la Gran Recesión, en 2009, cuando las emisiones de CO2 disminuyeron 403 millones de toneladas. Las emisiones aumentaron mucho, 228 millones de toneladas, cuando en 2010 la economía estadounidense salió de la recesión, aunque no tanto como en 1970, cuando habían aumentado 306 millones de toneladas.
Figura 2 . Emisiones anuales de CO2 de México, España y Argentina, 1980-2015, en millones de toneladas
Los datos de otros países muestran una conexión similar entre emisiones y actividad económica. Por ejemplo, la Figura 2 muestra cómo en Argentina las emisiones crecieron casi de forma constante desde 1980, con algunos periodos en los que las emisiones se estancaron o aumentaron menos, todos ellos coincidentes con épocas de crisis económica, por ejemplo, “el corralito” a comienzos de siglo, y las crisis de mediados de los ochenta y principios de los noventa. La Figura 2 muestra también cómo en España las emisiones crecieron casi ininterrumpidamente desde los años ochenta, más lentamente en los años de menor crecimiento económico, hasta desplomarse a partir de 2007 por la crisis económica. En México la Figura 2 muestra más o menos lo mismo, aunque la recesión que se inició en 2008 tuvo menor efecto. Las emisiones per cápita de estos tres países, cuya evolución se muestra en la Figura 3, tienen una evolución similar, pero como España tiene el mayor nivel de ingreso de estos tres países y México el menor, las emisiones per cápita españolas son las mayores y las emisiones per cápita mexicanas las menores de esos tres países.
Figura 3 .Emisiones anuales de CO2 per cápita de México, España y Argentina, 1980-2015, en toneladas
Estos datos y otros muchos que podrían mostrarse indican claramente que el crecimiento económico está íntimamente conectado con las emisiones de CO2. En realidad, el crecimiento absoluto del PIB es el mejor indicador de la variación de las emisiones. Los únicos periodos en los que las emisiones de gases de efecto invernadero (fundamentalmente CO2 y metano, CH4) se han reducido han sido los años en los que la economía mundial detuvo su crecimiento y se contrajo, es decir, los periodos de crisis económica. Desde el punto de vista del cambio climático, las recesiones, es decir, las crisis económicas, son una bendición y la prosperidad económica es una desgracia. Esta realidad paradójica es ignorada o enérgicamente negada por la mayor parte de los economistas, políticos o intelectuales de los diversos campos y disciplinas, que suelen ver en el crecimiento económico el instrumento imprescindible para resolver los problemas de la humanidad en general y de cada país en particular.
Que el crecimiento económico sea la causa nunca mencionada del cambio climático es un elemento clave para explicar la terrible situación en que se encuentra la humanidad. El siglo XX fue el siglo de los combustibles fósiles. Haciendo funcionar primero las máquinas de vapor y luego los motores de combustión, los combustibles fósiles multiplicaron enormemente la capacidad humana para mover objetos o personas, para mantener artificialmente ambientes fríos o calientes y para multiplicar la producción de alimentos, aumentando la productividad de la tierra y del trabajo humano. Los combustibles fósiles desempeñaron un papel fundamental en las dos guerras mundiales, en las que se utilizó todo tipo de máquinas equipadas con motor de explosión para transportar, matar y destruir. De hecho, es indudable que un factor importante de la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial fue su falta de acceso a campos petrolíferos, con la consiguiente escasez de combustible para la maquinaria bélica de Alemania y Japón. Al facilitar el transporte barato, los combustibles fósiles han permitido la enorme expansión del comercio y el turismo mundial que ha tenido lugar en las décadas recientes.
Muchos piensan que el incremento de la capacidad humana para modificar a corto plazo el medio ambiente en nuestro beneficio ha sido una bendición, un triunfo de la civilización que nos ha hecho más sanos, más ricos, más felices y más sabios. Es evidente que hoy la gente vive más años y el analfabetismo casi se ha erradicado en muchos países. Además, hoy día grandes sectores de la población pueden consumir muchos bienes y servicios que en otros tiempos estaban solo al alcance de las minorías adineradas. Muchos de quienes lean este artículo probablemente consumen a diario productos procedentes de todos los continentes. Independientemente de donde vivamos, quizá comemos sardinas pescadas en aguas de Marruecos, vemos videos o programas de TV en aparatos fabricados en Taiwán, comemos lechugas de Chile, saboreamos vino de Argentina, de España o de Sudáfrica, viajamos en automóviles ensamblados en Corea o en Japón y vestimos ropas o calzamos zapatos fabricados en China, Vietnam o la República Dominicana. No solo eso, sino que, además, a veces visitamos esos u otros países. Lamentablemente, la ciencia del cambio climático muestra que, como los lectores de esta nota probablemente ya sospechan, todo eso es una golosina envenenada. Cada viaje transatlántico en avión implica un metro cuadrado menos de hielo en el Ártico. Al consumir esos bienes o servicios estamos siendo partícipes en la producción de enormes cantidades de gases de efecto invernadero, los gases que están haciendo aumentar la temperatura de la atmósfera y haciendo la Tierra menos habitable, tanto para nosotros como para las criaturas no humanas que queremos que sigan existiendo. Son esos los gases que, si el proceso no se detiene, llevarán a trastornos climáticos tales que llevarán a la muerte de cientos de millones de personas. Quizá, al fin de la humanidad.
Un proceso difuso, prolongado y global
Un aspecto crítico y emponzoñado del problema del cambio climático es que las emisiones de gases de efecto invernadero modifican el clima terrestre mediante un mecanismo difuso, acumulativo, prolongado y de ámbito mundial. Las olas de calor, los huracanes, las sequías y los incendios forestales que sufrimos hoy con mayor frecuencia de lo que sería de esperar si la concentración de CO2 en la atmosfera se hubiera mantenido a niveles preindustriales son los efectos de las emisiones gases de efecto invernadero producidas desde el comienzo de la revolución industrial, hace dos o tres siglos, y del consiguiente cambio climático que esas emisiones causaron. Además, y esto es clave, dada la forma en que está organizada nuestra economía, las emisiones están directamente vinculadas con las actividades que generan empleos y ganancias empresariales. Todo ello crea una enorme presión psicológica y social que exculpa a quienes producen los gases de efecto invernadero o a quienes consumimos los artículos cuya fabricación ha producido esos gases. Por supuesto que las empresas de combustibles fósiles, los fabricantes de automóviles y las compañías aéreas tienen una responsabilidad fundamental en el cambio climático, porque de sus actividades depende directamente la producción de una gran parte de las emisiones de CO2.Pero todas esas empresas pueden aducir que lo que producen son bienes deseados por millones de consumidores y, por lo tanto, están produciendo un beneficio social. La responsabilidad individual de las personas o de las empresas queda así diluida.
La triste realidad es que, desde que se descubrió el proceso de alteración progresiva del clima hace ya varias décadas, ha habido muchos discursos grandilocuentes y ampulosos, sobre todo de los políticos, sobre la importancia del tema, pero no se han puesto en vigor medidas efectivas para detener el proceso. Cuando se empezaron a medir sistemáticamente las concentraciones de CO2 en la atmósfera, en la década de 1950, se registraron concentraciones de unas 315 partes por millón (ppm), pero el registro aumentó más de una parte por millón (ppm) cada año y en la actualidad la concentración atmosférica de CO2pasa ya de 400 ppm. Estaba en 250 ppm en la época preindustrial y se estima que debería ser como mucho 350 ppm si se quiere que el clima no siga derivando rápidamente hacia la catástrofe. Pero la cifra, que debería bajar, sigue subiendo.
Tecnología y ganancia
Las nuevas tecnologías para producir energía limpia, sin emisiones de CO2, suelen presentarse como la solución del problema del calentamiento global, pero hasta la fecha no se ha demostrado que por sí mismas tengan ningún efecto significativo. Dinamarca es uno de los países a la cabeza de la innovación tecnológica y la producción de energía eólica. Una gran parte de la energía consumida en ese país es energía obtenida de fuentes renovables, producida sin emisiones de CO2. Los datos muestran sin embargo que las emisiones de CO2 vinculadas al consumo de la población danesa no se han reducido. Entre 1990 y 2014 el consumo total de energía en Dinamarca disminuyó ligeramente de228.000 a 210.000 millones de kilovatios-hora (Kw / h), mientras que la producción total de energía renovable se cuadruplicó con creces, de 13.300 a 54.000 millones de Kw/h. Pero las emisiones de CO2 derivadas del consumo total en Dinamarca fueron 58 millones de toneladas en 1990, 55 millones en 2014 y 54 millones en 2015; es decir, prácticamente no hubo variación. En 2014, Dinamarca seguía estando entre los 50 países con un mayor nivel de emisiones per cápita de CO2 relacionadas con el consumo interno, 9,8 toneladas por persona. Compárese por ejemplo con las 0,5 toneladas por persona de Nigeria, las 0,9 de Pakistán, o las 1,9de Bolivia (en lugar ascendente en la liga de emisiones per cápita pueden citarse las 2,2 toneladas per cápita de Vietnam, las 3,9 de México, 4,7 de Argentina, 5,0 de Españ a, 6,0 de China, 7,2 de Sudáfrica, 9,4 del Reino Unido, 17 de Australia y Canadá, 19 de EE.UU., 25 de Kuwait y 45 de Qatar).La creación de fuentes renovables de energía abarata la energía eléctrica y,si no se implementan otras medidas, puede hacer que aumente el gasto por ejemplo en gasolina para automóviles o en viajes de avión, que implican enormes emisiones.
La mayoría de los economistas y casi todos los políticos o bien niegan el problema del trastorno del clima, como hace Trump, o bien cuentan cuentos de hadas en los que el cambio climático se resuelve fácilmente con algunas innovaciones técnicas, como hacen Obama, Gore y quienes gestionan el Sistema Europeo del Comercio de Emisiones. La realidad es sin embargo que la única manera de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un nivel capaz de prevenir la catástrofe climática es la aplicación de políticas que influyan en la manera de producir y consumir en el conjunto de la economía mundial. Pero obviamente, si esas medidas se pusieran en práctica tendrían efectos muy importantes sobre el consumo individual. Es inconcebible prevenir que el cambio climático llegue aniveles catastróficos d3e millones de muertos si el tráfico aéreo, el comercio internacional, la producción de carne y la deforestación continúan arrojando cientos de millones de toneladas de CO2 y de metano, los dos principales gases de efecto invernadero, a la atmósfera.
Los lectores de este artículo pueden pensar como yo pensaba hasta hace un par de años que sus decisiones sobre consumir este o aquel producto son irrelevantes, porque esas decisiones individuales se ven diluidas en un mar de millones de decisiones de personas que deciden sobre su consumo únicamente en función de sus gustos o de su capacidad de pagar por lo que consumen. ¿Por qué preocuparme por mis emisiones de gases de efecto invernadero si son una parte infinitesimal del total de las emisiones mundiales? Mi viaje en avión a Nueva York o a Berlín es una gota en un océano y dejar de hacerlo será como si una persona que tiene cáncer se rasca: no servirá para nada. Un argumento a favor de no hacer nada que quizá es todavía más poderoso es preguntarse por qué debe uno preocuparse por las emisiones relacionadas con su consumo individual, cuando la responsabilidad principal la tienen las compañías de combustibles fósiles y los gobiernos que sirven a los intereses de BP, Gazprom, Exxon Mobile, Statoil, Repsol, General Motors, Toyota, BMW o Daimler Benz.
El problema está en que en que esa argumentación es falaz, porque cientos de millones de personas en los países africanos, por ejemplo, ni utilizan coches ni viajan en avión, ni consumen productos importados, bienes y servicios que consumimos muchos de quienes vivimos en países de medio o alto ingreso. Todos esos productos se producen a costa de emitir millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Cientos de millones de no-consumidores de países africanos, asiáticos y latinoamericanos apenas participan de la “fiesta” de la economía mundial y tienen así muy poca responsabilidad por el cambio climático en comparación, por ejemplo, con el autor de este artículo o con sus potenciales lectores, que utilizan automóviles o aire acondicionado, vuelan en aviones, comen carne y consumen productos importados, si no cada día, quizá cada semana, cada mes, o cada año. Pero somos nosotros, los habitantes de los países “desarrollados” quienes hacemos que esta forma de vida destructiva sea aceptable y atractiva para el resto de la humanidad. Esta idea no es ni mucho menos reconfortante. Para estar a gusto con uno mismo es mucho mejor echarle la culpa al sistema, o a otros.
Las empresas productoras de combustibles fósiles, los fabricantes de automóviles y entidades tales como las cámaras de comercio o las asociaciones de fabricantes que defienden los intereses empresariales conocían desde hace mucho tiempo las consecuencias de las emisiones de CO2. Los muchos miles de millones de dólares que invirtieron e invierten en desinformación buscan evitar que se aprueben medidas legislativas para reducir las emisiones, porque esas medidas supondrían una disminución importante de las ganancias empresariales. Reducir la actividad económica siempre reduce las ganancias de las empresas y es por ello que para el capital el crecimiento económico es la gloria que hace feliz a todos y la panacea que todo lo cura.
En su tiempo, allá por los años ochenta del siglo pasado, hubo economistas estúpidos que desarrollaron la teoría de la curva de Kuznets medioambiental, según la cual los problemas medioambientales primero aumentan con el crecimiento económico, pero luego disminuyen. Cuando se aplica al cambio climático y a la emisión de gases de efecto invernadero, la curva de Kuznets medioambiental supone que el crecimiento económico primero aumentará las emisiones de CO2, pero luego las reducirá. Por tanto, si se permite que la economía de mercado se desarrolle por sí misma, el cambio climático dejará de ser un problema. Frente al optimismo simplista de esta idea que todavía defienden muchos economistas, la realidad ha demostrado sin lugar a duda que las emisiones a escala mundial no dejan de aumentar con el crecimiento económico. Por el contrario, cuanto más se expande la economía mundial, más aumentan las emisiones.
Socialismo
A veces se afirma que la verdadera causa del cambio climático es el capitalismo, porque la manera en que está organizada la economía de mercado conduce inexorablemente a la expansión de la producción y, con ello, al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Para una persona de ideas socialistas que piense que el capitalismo debería terminarse, esta conexión entre el cambio climático y el capitalismo puede ser una razón más para luchar por una sociedad poscapitalista. Sin embargo, es obvio que para muchas personas el socialismo no es una opción atractiva en la actualidad. Quienes se definen a favor del socialismo tienen serias discrepancias sobre si sociedades como las que existieron en la URSS o en China pueden considerarse alternativas al capitalismo occidental, o incluso si pueden denominarse “socialistas” sin traicionar el significado esencial del término. Además, sea cual sea la respuesta a esta cuestión, el socialismo “soviético” siguió por lo general la misma vía industrializadora que las economías capitalistas del mundo occidental, produciendo cada vez mayores cantidades de gases de efecto invernadero. Y China, sea socialista o capitalista, con tasas de crecimiento económico astronómicas, de más de 10% desde la década de 1980, ha alcanzado el dudoso honor de convertirse en el primer emisor de dichos gases durante los últimos diez años. Lamentablemente, el ecosocialismo no parece un proyecto a realizar en el futuro inmediato.
Entonces, ¿qué hacer? Mi respuesta es, dicho mal y pronto, que no lo sé. Tengo enormes dudas, aunque algunas cosas son obvias. Oponerse a la extracción de combustibles fósiles, a la construcción de gasoductos o aeropuertos, exigir impuestos sobre la extracción y el uso de combustibles fósiles y luchar por una gran transformación social que ponga al sistema económico a funcionar racionalmente para la humanidad en vez de subordinarlo en todo a las necesidades del capital son aspectos obvios. Pero, además de todo eso, ¿deberíamos hacer énfasis en acciones individuales como hacernos vegetarianos o evitar a rajatabla la utilización de artículos de usar y tirar que implican enormes emisiones de CO2? ¿Debemos dejar de usar los aviones o los automóviles? ¿Deberíamos considerar que aquellas personas que viajan en avión o conducen automóviles a diario son tan irresponsables e insensatas como quienes incitan a fumar a los niños? Esto puede parecer exagerado, pero hay que recordar que hace tan solo unas décadas, los cigarrillos se anunciaban por ejemplo diciendo que tal o cual marca era la preferida por los médicos. Cuando yo era adolescente recuerdo que una vez recibí cigarrillos gratis de promoción en un acto celebrado en el Palacio de los Deportes, en Madrid. Si la memoria no me traiciona, eran de la marca Fortuna. Me hice adicto a la nicotina, claro, aún lo soy. Años más tarde, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense fumábamos en clase e incluso en los pasillos del Hospital Clínico. Hoy ya ni siquiera se fuma en los bares. Las costumbres cambian deprisa.
El climatólogo inglés Kevin Anderson, profesor de la Universidad de Manchester, se niega a viajar en avión o en automóvil desde hace ya bastantes años. Probablemente volar en aviones y usar automóviles privados son los dos aspectos del comportamiento individual que, junto con el uso de aire acondicionado y el consumo de carne, tienen mayores implicaciones en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, si el lector de este artículo vive en un país de renta media o alta, como muy probablemente será el caso si está leyendo este artículo, cuanto más se niegue a usar automóviles y aviones y use solo barcos o trenes para trayectos de larga distancia, se desplace al trabajo en bicicleta o transporte público o rechace el uso de artículos de usar y tirar (todo ello “cosas normales” que el entorno económico y social nos impone todo el tiempo) más “rarito” parecerá. ¿Hemos de embarcarnos entonces en una campaña de no consumir en la que apareceremos como “gente rara”, tontorrones que se empeñan en cosas que no sirven para nada? La historia de los movimientos por el cambio social está llena de casos en los que las acciones individuales parecieron estúpidas e inútiles. Quizá a partir de ahí pueda intuirse una respuesta. Los molinos de viento contra los que arremetía Don Quijote tienen una existencia muy real en nuestro mundo. Pero también hay muchos sanchos. Todos somos quijotes y sanchos a la vez.
2019
Como es sabido, la época de estancamiento económico que siguió en muchas partes del mundo a la Gran Recesión de 2008-2009 se superó finalmente. Entre 2012 y 2016 la economía mundial creció a tasas de entre 2,0% y 2,5%, en 2017 el crecimiento se aceleró hasta un 3,1% y según estimaciones preliminares puede haber llegado a 3,9% en 2018. El desempleo ha disminuido significativamente, prácticamente en todos los países del mundo, aunque en bastantes la economía comenzó a desinflarse durante 2018 y algunos países de América Latina parecen estar en recesión. Por supuesto, los datos preliminares indican que, como era de esperar, en 2017las emisiones mundiales de CO2 alcanzaron cifras récord y todo sugiere que en 2018 habrán aumentado aún más. Nuestro avance hacia el abismo no es a una velocidad constante, estamos acelerando. Una nueva recesión mundial que más de uno ya ve en el horizonte puede echar momentáneamente el freno a este tren desbocado en el que viaja la humanidad hacia la catástrofe. Una catástrofe que ya está empezando y que seguirá haciéndose real en una frecuencia cada vez mayor de olas de calor, sequías prolongadas, incendios forestales, lluvias torrenciales, huracanes, inundaciones y desaparición de grandes extensiones de costa, incluso países enteros, por subida del nivel del mar.
Todos, sobre todo quienes entendemos los aspectos generales del proceso, deberíamos pensar métodos para echar arena, o mejor, una llave inglesa, a los engranajes de la maquinaria infernal que nos lleva hacia la destrucción. Y ponerlos en práctica lo antes posible. A los más jóvenes es a quienes más les va en ello. Sin embargo, tristemente, jóvenes o viejos, muchos pensarán que el problema no es real, o que no les concierne, o que no hay nada que hacer y es mejor invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo por ejemplo en planificar las próximas vacaciones. Ahora los vuelos están baratos.
Apéndice: Referencias y fuentes
El artículo de Barack Obama que se cita, “The Irreversible Momentum of Clean Energy” (El impulso irreversible hacia las energías limpias), fue publicado en Science el 9 de enero de 2017 y está disponible en science.sciencemag.org/content/early/2017/01/06/science.aam6284.
Los datos de emisiones y crecimiento económico proceden de fuentes de Banco Mundial (www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=en_atm_co2e_pc&hl=en&dl=en) y de la base de datos CAIT del World Resources Institute(www.wri.org/our-work/project/cait-climate-data-explorer).
Kevin Anderson es un climatólogo inglés experto en cambio climático. En su página web (kevinanderson.info/blog/home-2) hay muchos artículos de gran interés.
* * *
Este ensayo que se publica en Rebelión presenta muchas ideas que aparecieron previamente en inglés en el artículo titulado “Inexorable March Toward Utter Climate Disaster?”, publicado en Capitalism Nature Socialism, vol. 29, n.º 4, pp. 21-30, 2018, donde se dan muchas más referencias y detalles sobre temas estadísticos que aquí solo se mencionan de pasada. Agradezco a Paco Muñoz de Bustillo su traducción de ese artículo, sobre la cual hice numerosos cambios para adaptar el texto al público de habla castellana. Quienes deseen más detalles sobre las referencias científicas en las que se apoya el texto o sobre la versión original en inglés pueden contactarme en jat368@drexel.edu.
[Fuente: Rebelión]
17/1/2019
Soledad Bengoechea
Las ocho horas, una consecuencia de la huelga de La Canadiense
“¡Ocho horas para trabajar, ocho para descansar y ocho para el ocio!” Este eslogan constituía uno de los sueños de la clase obrera mundial.
Una de las principales reivindicaciones del movimiento obrero tras la Revolución Industrial fue la limitación de la jornada de trabajo que a veces llegaba a alcanzar las 16 horas diarias. El objetivo se fue alcanzando en determinados sectores, pero los gobiernos se resistían a que la medida tuviera carácter estatal. En el caso de España, ya en 1891 se había declarado una huelga para conseguir esas anheladas ocho horas, pero no fructificó. Sería otra huelga, la de La Canadiense, convocada en Barcelona en febrero de 1919, ahora hace cien años, la que lo conseguiría. Después de cuarenta y cuatro jornadas de conflictos, el 3 de abril de 1919 el Boletín oficial del Consejo de Ministros decretó: “La jornada máxima legal será de ocho horas al día o cuarenta y ocho semanales en todos los trabajos a partir del 1 de octubre”. España se convertía así en el primer país de Europa que en ese momento daba reconocimiento legal a la legendaria reivindicación de los trabajadores de todo el mundo.
Se inicia la huelga de La Canadiense
El estallido de la huelga de La Canadiense a principios de 1919 coincidió en Catalunya con una situación de conflicto político y social, fruto de la atmósfera tensa que se respiraba en aquellos momentos justo acabada la Primera Guerra Mundial. El abogado de la época, Amadeo Hurtado, señalaba en sus memorias “que es difícil agrupar y ordenar los recuerdos tumultuosos del período convulso que comenzaba en la primavera de 1919, que producía el hundimiento de los imperios centrales, una revolución política en Alemania y Austria, revolución y guerra social en Rusia y Hungría, guerra civil en Irlanda, malestar en Italia y Turquía y fuerte agitación en los Balcanes”. En España la situación no auguraba sosiego. La paz había suspendido de súbito toda la producción de guerra disminuyendo el tráfico de mercancías. Algunas fortunas improvisadas temblaban, la inmigración de los últimos años se volvía un sobrante humano de difícil adaptación; la riqueza acumulada con tanta rapidez no se sentía demasiado fija yendo en busca de refugio y los ecos que llegaban de Rusia, que evocaban el triunfo de los bolcheviques, hacía concebir esperanzas a los obreros.
La conocida popularmente como La Canadiense era la empresa “Riegos y Fuerzas del Ebro”. Suministraba la energía eléctrica a Barcelona. Obtenía la energía en Camarasa, en el Pirineo leridano, cuyos propietarios eran los mismos que los de la compañía La Canadiense. A finales de 1918, al pasar parte de la plantilla de temporales a fijos, la empresa decidió bajarles el sueldo. Entonces, se despidió a cinco obreros, probablemente los más destacados. Ahí surgió la gran huelga de La Candiense. Se inició una huelga para que se les readmitiera, se afiliaron a la CNT, que no lo estaban. La CNT, sindicato confederal anarcosindicalista mayoritario en Cataluña, calibró que intervenir en el conflicto constituiría un verdadero éxito, dado que demostraría su capacidad de actuación fuera del área de influencia de Barcelona. Dado que entre 1916 y 1919 la CNT había experimentado un crecimiento espectacular, durante la huelga de La Canadiense el sindicato tuvo ocasión de ofrecer la imagen de una roca y demostró la mayor eficiencia. Realmente su postura le valió un gran triunfo sobre todo después de lo que se había impuesto en el Congreso de Sants, celebrado en 1918, en el que el Sindicato Único sustituyó al de oficio. El conflicto de Camarasa alcanzó su plenitud cuando se trasladó a la Barcelona de febrero de 1919. Uno tras otro los distintos sindicatos, el oficio de los cuales era necesario para el mantenimiento de la empresa, fueron declarándose en huelga.
El Capitán General, Joaquín Milans del Bosch, abuelo del Milans del Bosch que sacó los tanques a las calles en Valencia el 23F, respondió declarando el estado de guerra. El Arte de Imprimir, entonces, estableció la censura roja, negándose a imprimir el bando del Capitán General declarando el estado de guerra y militarizando a los trabajadores de la compañía. El 20 de febrero toda Barcelona quedó a oscuras, el 21 el ejército se hizo cargo del funcionamiento de la compañía pero la huelga persistía.
El 3 de marzo, la mayoría de los huelguistas de La Canadiense y de otras empresas que habían parado por solidaridad seguían en huelga. El gobernador civil y el jefe de policía presentaban la dimisión. El ingeniero industrial Carlos R. Montañés y Criquillión y Gerardo Doval les revelaban en sus cargos. El escritor Josep Plà, agudo y directo observador escribía: “en el ánimo de todos estaba presente la sensación de que los conflictos que se avecinaban tendrían unas proporciones nunca vistas. La información era confusa, difusa y controlada, y la oscuridad de la ciudad total; los barceloneses hacían provisión de velas. En la noche del 17 de marzo en Barcelona no se veía absolutamente nada; la oscuridad era completa”.
El nuevo gobernador civil y el delegado del gobierno, José Morote, que llegó a Barcelona con órdenes del gobierno de poner fin al conflicto, se pusieron manos a la obra. Se firmó un acuerdo por el que el gobierno se comprometía a liberar a los obreros presos, excepto a los que hubieran hecho uso de la fuerza. Se readmitiría a los huelguistas sin sanciones, se subirían los sueldos, se pagaría a los huelguistas los días perdidos por la huelga y se concedería la jornada de 8 horas.
Irrupción en el conflicto de la Federación Patronal de Barcelona
Justo cuando estallaba en Barcelona la huelga de La Canadiense, se daba a conocer una organización patronal que hundía sus raíces en el pasado: la Federación Patronal de Barcelona. Esta asociación resultó clave en este conflicto. Sobre todo porque formó un tandeo con el ejército. Liderada por empresarios de la construcción, acababa de redactar unos nuevos estatutos y pasaba a radicar su domicilio social en la Rambla Canaletas, 6, 1º. Era el mismo piso donde ya se encontraba lo que constituía su núcleo desde 1908.
Los estatutos de la Federación reflejaban fielmente el propósito de los hombres que había detrás de la organización. Pues bien, se pretendía que la Federación tuviese competencias hasta ahora desconocidas en el mundo organizativo empresarial. Salía a la palestra la cuestión de intervenir corporativamente cerca de los poderes oficiales. Es decir, se trataba de intervenir en todo lo refrende a las medidas legislativas relacionadas con problemas laborales. En suma, fundamentalmente, se quería crear un modelo único de contrato de trabajo.
Por otra parte, la pretensión de la Federación era establecer un control absoluto sobre el funcionamiento de sus sociedades adheridas. Un ejemplo, estas tenían la obligación de comunicarle cualquier indicio de conflicto que surgiese en alguno de los oficios que la integraban. Además, se pretendía que el control fuese más allá del ámbito barcelonés. Para hacerse socias de la Federación, las sociedades solo estaban obligadas a pagar una cuota de entrada, uno de los medios con los que se contaba para su financiación. La cuota variaba según el número de obreros que tuviera cada empresa afiliada. Esta premisa llevaba aparejada una jerarquización dentro de la organización; en otras palabras, la última decisión la tendrían los empresarios más importantes, en detrimento de los pequeños patronos.
El control también afectaba a los obreros: finalmente se hacía realidad el proyecto de crear una oficina de contratación; es decir, una bolsa de trabajo la función más destacada sería romper las huelgas. Para ello, la citada oficina dispondría de un fichero, donde obligatoriamente figurarían todos los datos personales de los asalariados de los patronos federados. En caso de huelga, la bolsa facilitaría a los patronos afectados los “obreros que se consideraran adecuados para reemplazar los huelguistas”. Esta misma oficina sería la encargada de redactar un contrato de trabajo común que sería obligatorio para todos los socios, y en el cual se estipularía una cantidad determinada que, tanto patronos como obreros, destinarían para casos de muerte, enfermedad o invalidez de los asalariados. Igualmente, se quería crear un seguro de enfermedad, restaurantes económicos, casas baratas y una escuela de aprendices para los hijos de los obreros. En definitiva, desde la Federación se trataba de hacer realidad la ilusión ya esbozada en ocasiones anterior: controlar de cerca no solamente la vida laboral, sino también el mundo social y personal de los trabajadores.
Otro punto crucial de los estatutos giraba entorno de la cuestión del locaut. De entrada, se señalaba que todos los patronos de un mismo ramo industrial estaban obligados a secundar las consignas de un locaut cuando un problema planteado en el sector durase más de diez días. Para ayudar a aguantar los posibles locauts se preveía la creación de un seguro mutuo de huelgas.
El mitin del “Noi del Sucre”
El día 19 de marzo tuvo lugar un mitin en la Plaza de toros de las Arenas. El líder cenetista Salvador Seguí (el “Noi del Sucre”), con su voz grave y profunda, pronunció su célebre discurso convenciendo a los obreros allí reunidos, contra todo pronóstico, de volver al trabajo y dar un plazo de 72 horas a las autoridades para liberar a todos los presos.
Siempre se ha invocado la huelga de La Canadiense como prueba del éxito de la CNT, dando a la palabra éxito diversos significados. Fue un éxito su organización y la capacidad de convocatoria que demostró tener el sindicato. El Sindicato único funcionó y los diversos mecanismos del engranaje se fueron parando en el momento preciso ofreciendo un espectáculo de fuerza que atemorizó a la burguesía. Milans del Bosch entonces tensó el hilo al no liberar a los presos en el plazo previsto en el mitin. Entonces, cinco días después, se iniciaba una nueva huelga: el día 24 de marzo comenzaba un conflicto que no tuvo nada que ver con el paro que se había sostenido en los dos meses anteriores. Convertido en huelga general, no finalizó hasta el 7 de abril. La huelga general de marzo-abril de 1919 tuvo una importancia decisiva en la vida social y política barcelonesa, puesto que durante el desarrollo de la misma se ensayaron todas las prácticas represivas que después se llevarían a cabo en los años posteriores. Además, la duración y virulencia de los conflictos pusieron nerviosos a los militares, siendo contenidos por Milans del Bosch con dificultades. Este conflicto fue, sin duda, la antesala de golpe de estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923.
Confraternización del ejército y las “fuerzas vivas”
El mismo día de comenzar la huelga general y cuando la ciudad al anochecer quedaba en la oscuridad absoluta, las “fuerzas vivas” comenzaron a movilizarse. El capitán general, Milans de Bosch, reunió en su despacho a todas las autoridades civiles, presidentes de la Diputación y Ayuntamiento, representantes de autoridades económicas, ex ministros y representantes de partidos políticos. Por su parte, el gobernador civil, convocaba a una reunión de autoridades y representantes de las entidades y corporaciones más importantes. Fueron invitados los líderes más relevantes de la vida económica, cultural militar, política y religiosa de Barcelona. Por la tarde, declarado de nuevo el estado de guerra, Milans del Bosch reunía de nuevo en su despacho a una serie de personalidades. Quedaba patente que la dirección de los acontecimientos iba a correr a cargo del militar. La ciudad fue ocupada militarmente y se pasó a dividirla por sectores; por su parte, líos soldados circulaban por las calles registrando a los transeúntes. Los cañones y los efectivos de la Cruz Roja ocupaban una buena parte de la Plaza de Cataluña, donde la tropa montó una especie de campamento. Los hombres inscritos en el Somatén hacían guardia paseando con el brazal y el fusil al hombro. El industrial Gual Villalbí, miembro de la Lliga Regionalista y ministro sin cartera en el franquismo, escribía aquellos días:
“Durante los días de aquella huelga, que fue cesando parcialmente y terminó a las dos semanas, por consejo de los sindicatos, pasé no pocas zozobras y mortificaciones. Intenté hacer de cartero, porque los carteros estaban también en huelga, e hice de somatén, porque no hubo fabricante, comerciante o alguien que tuviera al que conservar que dejara de serlo, prestando su servicio arma al brazo. En las horas medrosas de la noche, cuando agrupados en uno de los portales de las manzanas de casas que custodiábamos veíamos pasar lentamente el tiempo, se contaban historias terroríficas y circulaban noticias que causaban escalofrió y ponían en nuestra mano el ansia loca de disparar nuestras encopetas contra alguien, contra el enemigo oculto cuya vigilancia presentíamos y contra cuya súbita aparición creíamos estar en acecho”.
Pugna entre el poder civil y el militar
Ante la nueva declaración del estado de guerra el jefe del gobierno, Romanones, se resistió a refrendar esta declaración. Finalmente el 2 de abril accedió y un día después firmaba el decreto de la jornada laboral de 8 horas que había de entrar en vigor a partir del mes de septiembre de ese mismo año.
La suma de todos estos acontecimientos, donde la radicalización, la extensión y virulencia de los mismos se pusieron de manifiesto, aterrorizó a la burguesía catalana, que los percibía en un contexto revolucionario europeo. Su respuesta fue la de jugar en varios frentes alternativos en una búsqueda desesperada de retornar a la “armonía social. Por una parte, reformuló viejas concepciones doctrínales tradicionales y corporativas “armónicas”, ya elaboradas con anterioridad; por otra parte, y siempre agudizando la respuesta a medida que el conflicto se radicalizaba, respondiendo al Sindicato Único con la estructura patronal. Por último, magnificando la vía represiva sobre todo a través del ejército.
Esta actitud decididamente intervencionista de la patronal Catalana se llevó a cabo desde diferentes planteamientos, pero siempre utilizando las plataformas donde, de una forma a otra, sellaba representada: corporaciones —económicas, culturales, recreativas— Ayuntamiento, Diputación, Parlamento, Mancomunitat , y, a partir sobre todo de la nueva organización patronal: la Federación Patronal de Barcelona. Desde estas plataformas se incidió directamente sobre dos elementos claves con las que contaban las “fuerzas vivas” barcelonesas: Capitán general y Gobernación civil; en última instancia, eran los encargados de mantener el orden público. Fue precisamente el ejército el estamento que salió más fortalecido de los sucesos derivados de la huelga de La Canadiense.
Reflexiones subyacentes de una huelga emblemática
Cuando a principios de 1919 Barcelona quedó paralizada por la huelga de La Canadiense y la huelga general que le siguió las clases dominantes temblaron. Entonces elaboraron dos estrategias encaminadas a salvar el sistema: robustecer el sindicato patronal liderado por el sector de la construcción y establecer una serie de compromisos entre los patronos y un militar que se convirtió en una figura clave durante el año 1919 en Barcelona: Milans del Bosch, capitán general de Cataluña, precisamente unos de los fundadores de La Canadiense.
A partir de ahora, y hasta la llegada al poder de Primo de Rivera, Barcelona se convirtió en una ameniza latente para los sucesivos gobiernos de la Restauraron, hasta el punto que tuvieron que acceder a que gobernación civil pasara a ser, de hecho, una dependencia de capitanía.
Situada la reflexión en este punto conviene plantearse, ¿por qué ante otras alternativas unitarias de la derecha y la extrema derecha consiguió imponer sus condiciones un sindicato patronal liderado por industriales de la construcción? Quizás la respuesta es que aquella sociedad estaba dominada por los sindicatos –obrero y patronal. En este ascenso de la Federación tampoco no pude menospreciarse el carácter autoritario de sus líderes carismáticos (Félix Graupera, Joan Miró i Trepat, Tomás y Fernando Benet, Pons Solanas, entre otros). Y no podemos olvidar este elemento porque entraba la amenaza de futuras coacciones, incluso la de recorrer a la violencia no solamente contra los obreros, sino contra los patronos que no quisieran seguir sus consignas. Por último, tampoco puede olvidarse que dentro de la Federación iban ganando terreno los sectores más españolistas, que consiguieron el soporte de Milans del Bosch.
Por otro lado, no debe menospreciarse el hecho de que un sindicato patronal es una especie de cajón de sastre. A diferencia de un partido político un sindicato pone más el acento en la organización más que en la ideología. Su pragmatismo doctrinal le permite acoger y representar diferentes posiciones. Esta facultad de asumir la representación de todos los intereses quedó constatada en dos puntos clave: en el tema del nacionalismo y en la misma concepción del diseño del modelo político estatal, ya fuera monárquico o republicano. Los regionalistas dieron su apoyo a Milans del Bosch, un militar eminentemente españolista. De hecho, ante la amenaza de la “cuestión social”, relegaron sus peticiones autonomistas a un segundo plano.
Por otro lado, si bien por un lado el talante combativo de la Federación podía inquietar a los regionalistas, esta organización contaba al tiempo con unas bases que tenían una gran disposición para la movilización: pequeños y medianos patronos, comerciantes, artesanos.
Referencias
Bengoechea, S. (1994) Organització patronal i conflictivitat social a Catalunya. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Bengoechea Soledad (1998). El locaut de Barcelona (1919-1920). Barcelona: Curial.
Santos, M. C. (2003) Ángel Pestaña, el Caballero de la Triste Figura. Universitat de Barcelona.
[Soledad Bengoechea es doctora en Historia Contemporánea. Fuente: Viento Sur]
23/1/2019
La Biblioteca de Babel
Esteve Riambau
Laya Films i el cinema durant la Guerra Civil
Como veremos, la historia de la Guerra Civil en territorio catalán está ensombrecida, en el contexto del cine, por circunstancias como la quinta columna, la claudicación, la sustracción de caudales públicos o la puesta en peligro el régimen republicano.
Antes de Laya Films i el cinema durant la Guerra Civil, Esteve Riambau escribió —en algunos casos con Casimiro Torreiro— El paisatge abans de la batalla. El cinema a Catalunya (1896-1939), Historia del cine español (1995), Guionistas en el cine español. Quimeras, picarescas y pluriempleo (1998), La Escuela de Barcelona. El cine de la «gauche divine» (1999), Ricardo Muñoz Suay. Una vida en sombras (2007) y Productores en el cine español: estado, dependencias y mercado (2008). Una producción solvente en calidad de historiador del cine español. De estas obras, El paisatge abans de la batalla no fue editado nunca (acaso por una inmisericorde sanción al cine catalán).
En las últimas páginas de Laya Films i el cinema durant la Guerra Civil, Esteve Riambau describe el tesón de los miembros del Comissariat de Propaganda (de la Generalitat) y los detalles de la proeza y el empeño de los miembros de Laya Films, cuya «memoria merece todos los honores». No le falta razón, pero se trata también de la excepción que confirma la regla, porque el sector catalán durante los años de la guerra civil fue una plaza de intereses reaccionarios (cuando no del latrocinio más escandaloso).
Una muestra es el sector de la distribución en Barcelona y Hospitalet de Llobregat. El Sindicato Único de Espectáculos Públicos (SUEP) de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), a mediados del verano de 1936, ordena la socialización del cine. «A diferencia de Madrid —dice Riambau—, donde el peso sindical recae sobre las espaldas de la UTG, en la órbita comunista, el sector cinematográfico en Barcelona tiene un color hegemónico anarquista». De unos cuatrocientos sindicalistas afiliados al SUEP en el sector de cine al comienzo de la guerra, se pasa a once mil sindicados en 1937. En verdad curioso.
La socialización de cine —que cuenta con el apoyo de Joan García Oliver, dirigente anarquista y ministro de justicia— se vehicula a través del Comité Económico de Cines a cuyo cargo están Miguel Espinar Martínez (presidente del Comité Económico de Cines), Enric Grau Calafell (taquillero) y Marcos Alcón Selma (miembro del Sindicato del Vidrio y buscado por la policía). La realidad de esta socializaron revela coacciones, abusos y extorsiones (y acciones mucho más peligrosas como peleas y disparos).
Además, la socialización funcionó un caciquismo al servicio del cine norteamericano. En los cines anarquistas se proyectaron sólo películas yanquis (y algunas soviéticas, pero éstas eran películas de Film Popular y Laya Films: los anarquistas se habían propuesto combatir con el apoyo de imágenes soviéticas, aunque sin éxito).
En las salas socializadas no era posible pasar ningún tipo de cine documental (la Generalitat lo pasaba, a veces, en su propio palacio en la plaza de Sant Jaume o lo proyectaba en alguna escuela). Y en Barcelona se impidió la existencia de cualquier cineclub (mientras en el régimen republicano una quincena de cineclubs animaban el cine y promovían la pulsión contra los sublevados).
La obcecación con el cine norteamericano tuvo consecuencias nefandas en el sector de distribución. Mostrar solamente el cine de los Estados Unidos hizo entrar en crisis las distribuciones importadoras de cine de otros países (que en septiembre de 1936 dejaron de alquilarse por los anarquistas), de manera que la Generalitat hubo de asumir «el pago de las nóminas de las distribuidoras insolventes abocadas a la ruina».
Por tanto, una cosa eran las pequeñas distribuidoras y otra las distribuciones norteamericanas (fundamentalmente con películas abiertamente comerciales). En principio se pactó, entre anarquistas y majors, un 70 % (como en Francia) y un 30 % para los cines socializados. Pero en la práctica el Comité Económico de Cines fue incrementando su porcentaje con el avance de la guerra.
En cualquier caso, como dijo Jaume Miravitlles Navarra (1906-1988) –miembro, sucesivamente, de Estat Català, Partit Comunista Català, Bloc Obrer i Camperol, y en 1934 la Esquerra Republicana de Lluís Companys; y fundador de Laya Films y Catalònia Films— resulta totalmente contradictoria la actitud del anarquismo en pro del cine yanqui con echar en falta películas de otros países cuyo estreno era prohibido por los propios anarquistas. Los argumentos de Miravilles hicieron flaquear a muchos libertarios, pero no lograron que el Comité Económico de Cines cambiara su política basada en difundir el cine más atractivo.
Como razona Riambau, «uno de los problemas de los anarquistas para gestionar el sector cinematográfico es la idiosincrasia de sus dirigentes». O «los anarquistas socializaron las salas de exhibición pero no osaron hacerlo con la distribución. Eran muy conscientes que, de dar este paso, Hollywood —a través de la patronal representada en la Cámara Española de Cinematografía— cortaría en seco el suministro norteamericano de películas». Una contradicción flagrante, pues, de la cultura política.
Hay indicios de esta política cultural que permiten hacerse una imagen de lo que supusieron tres años de cines socializados. Josep Carner Ribalta, en nombre de la Generalitat —y frente a los anarquistas en el Gobierno—, hizo un «demoledor informe» titulado L’estat actual de la cinematogràfica a Catalunya. El texto dice que «se ha aplicado con un espíritu de nuevo burgués y capitalista más afamado que el anterior, utilizando a menudo la fuerza pública y la coacción». Y observó que «no se ha reconocido ninguna reclamación» ante los esfuerzos de los antiguos exhibidores. Se dejaron sin pagar alquileres de los locales, impuestos, facturas antiguas y material publicitario, y sólo se pagó a los trabajadores de los cines y a las distribuidoras norteamericanas.
Estos impagos generaron una suma de 4.796.000 pesetas que no se han podido nunca localizar. Dicho lisa y llanamente: «el destino de los ingresos del Comité Económico de Espectáculos se ignora. La colectividad no recibe ningún beneficio». Es decir, el sindicato de la CNT no recibió ningún dinero. No es posible saber lo que «se ignora», pero hay indicios de que algunos pistoleros tuvieron a su disposición los millones del cine en Barcelona.
Los hechos relativos a la exhibición y a la distribución no son los únicos que claman al cielo. También están los relativos a la producción, que cayó en manos de la quinta columna.
El primer especulador fue el francés Camille Lemoine, productor que crea en enero de 1932 Orphea Films (consiguió alquilar al ayuntamiento la sede del Palacio de la Química). Durante el periodo de la guerra civil Lemoine se ofreció como importador solvente de películas, pero luego vaciaba las latas y substituía su contenido con descartes. Después de conseguir de la Generalitat muchísimo dinero, huyó del país antes de ser identificado por la policía.
El realizador Francisco Elías Riquelme (también beneficiado económicamente por Lemoine, según según Román Gubern) era un hombre fuerte en Orphea Films que en agosto de 1937 fue nombrado director (curiosamente por los anarquistas). Miembro de las columnas clandestinas de la Falange, se dedicó desde entonces a que los quintacolumnistas tuvieran un lugar donde cobrar cada semana.
También demoró la periodicidad (y la financiación) de las películas y —por orden de Falange— y dificultó la realización de muchas películas rojas (casi todas), aumentando en cambio las comedias. La consigna de los fascistas estribaba en quemar toda clase de celuloide, negativos y copias. En septiembre de 1938 Elías huyó a México debido al riesgo de su actividad (que sin embargo parece que no fue detectada).
Entre toda esta mezquindad, también hubo alguna persona honrada. Como el periodista anarquista Mateo Santos Cantero (1895-1964), miembro de Cine Popular y director de la publicación Popular Films, que al iniciarse la socialización de los cines publicó (sin éxito) un artículo en que advertía a la CNT y a la FAI de lo que se debería hacer realmente para vencer al fascismo.
Mención aparte recibe una de las películas que se rodaron en Cataluña, aunque se suponía que su relato pasaba en Aragón: Sierra de Teruel (L’Espoir, 1939), que fue prohibida. Además, en Valencia, Popular Films (claramente afín al Partido Comunista de España) se dedicó entre otras cosas a la importación de cine soviético (nueve títulos) y era la distribuidora española de Laya Films.
También es reseñable la creación de la Comissariat de Propaganda (donde figuraba Jaume Miravitlles) y la gente que hizo Laya Films: Joan Castanyer, Ramón Biadiu Cuadrench, Josep María Maristany, Sebastià Parera, Manuel Berenguer y Joan Marine (operadores de cámara), Joan Serra, Antonio Cánovas (quintacolumnista, mira por dónde), Antonio Graciani y Conxita Martínez (montadores).
El problema es que Laya Films sólo existe en sus escenas pero no en sus montajes. «La producción de Laya Film es, a partir de 1939, un material confiscado, invisible y retenido por los vencedores de la Guerra Civil», como dice Riambau, puesto que el franquismo quiso embarrar el meritorio ejemplo que representaba. Así se despiezaron los montajes y se reorientaron a las secciones temáticas (para el NO-DO).
Laya Films producía un noticiario semanal en catalán y castellano (cerca de treinta películas), un documental mensual en inglés y francés y otros documentos de la guerra (llamados Noticiari de Laia Films o España en guerra). Tenían también la exclusiva y el doblaje de las películas soviéticas, unas cinco: la famosa Els marins del Kronstat (1936) pero también Les tres amigues (1936), El circ (1936) o La patria et crida (en realidad Suburbios, 1936). Hay, sin embargo, un problema, y que es que las importaciones soviéticas eran irrisorias en comparación con las norteamericanas. (Pero aún así, tal vez, ese cine influyó en un pequeño niño de siete años llamado Miquel Porter Moix, que después aireó su entusiasmo por el cine soviético de los inicios.)
En agosto de 1945 se produjo el incendio de Cinematiraje Riera de Barcelona y en 1950 se produjo un nuevo incendio en Madrid Films, donde se guardaban los fondos de Laya Films (que desaparecieron por completo). Al no poder contar con los cortos, el estudio de Riambau compila todo lo que se puede recoger en memoria de de Laya Films y el Comissariat de Propaganda. Laya Films, por ejemplo, no pudo estrenar en Barcelona y Hospitalet de Llobregat por responsabilidad del Comité Económico de Cines anarquistas.
El cine datado en este tiempo no ha sido explícitamente analizado en esta reseña, pero sí por Esteve Riambau en su libro. Aquí sólo se ha hecho mención a los factores consignados en éste que explican tanto lo concerniente a pistoleros y quintacolumnistas como al honorabilísimo trabajo de quienes hicieron lo imposible por vencer la guerra.
Josep Torrell
31/1/2019
En la pantalla
John Berger
Un regalo para Rosa
30/1/2019
Cédric Tourbe
El pacto Hitler-Stalin. El fiasco de la diplomacia occidental
¿Cómo es posible que dos enemigos como Hitler y Stalin llegaran a un pacto destructivo en agosto de 1939? La apasionante crónica del fiasco diplomático que llevó a la firma de un acuerdo con terribles consecuencias.
Nota: disponible solo hasta el 9-3-2019. Fuente: Arte TV
30/1/2019
Documentos
Dos informes sobre la desigualdad
Hace justamente un año, advertíamos del ensanchamiento de la precariedad y la pobreza en Europa desde la crisis de 2008 y el fracaso de la respuesta que se ha dado institucionalmente a través de la llamada «Estrategia Europa 2020» impulsada por el Consejo Europeo (“La desigualdad en niveles críticos”, mientrastanto.e, nº 164 de enero de 2018). Un nuevo informe de la EAPN confirma esta evolución, en consonancia con la situación mundial denuciada por Oxfam. —La Redacción
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EAPN
El estado de la pobreza
Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España. 2008-2017
https://www.eapn.es/estadodepobreza/
Un año más, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social presenta su VIII Informe anual de seguimiento del indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) en España. Evalúa minuciosamente el grado de (in)cumplimiento del objetivo de inclusión social en España contenido en la Estrategia Europa 2020, con un empeoramiento de las condiciones de vida de los más vulnerables en términos de desigualdad entre personas y regiones, pobreza infantil, pobreza severa, género o edad.
El informe pone el acento en un hecho muy relevante: el desconocimiento de lo que significa la pobreza real —reducida a una mera cuestión de datos sin conexión con sus causas ni con su impacto real sobre las personas—, lo que induce a una constante manipulación interesada de esta información.
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OXFAM
Iguales
Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas
Tal como explica la directora ejecutiva de Oxfam, Winnie Nyanyma, este informe-campaña muestra, a través de nuevas investigaciones y ejemplos de todo el mundo, la magnitud del problema que constituye la desigualdad económica extrema, y pone de manifiesto los diversos peligros que ésta comporta para la población mundial. Asimismo, identifica los dos principales factores que han impulsado el rápido aumento de la desigualdad en tantos países: el fundamentalismo de mercado y el secuestro democrático por parte de las élites. El informe destaca algunas de las medidas concretas que pueden adoptarse para hacer frente a esta amenaza y trata de demostrar que el cambio es posible.
28/1/2019