Dicho pronto y rápido en estos tiempos de gripe: el Parlament de Cataluña está gripado. Pero gripado no por virus —aunque también: ¿no será un virus el secesionismo?—, sino gripado como lo están los motores. ¿Cómo puede estar gripado un parlamento? Puede estarlo cuando su composición no se aviene con la población electoral. Entendámonos: se trata de un problema previo a las opciones políticas, de un problema de definición de la representatividad.

Trataré de explicarme: primero los antecedentes históricos, y luego las consecuencias.

El Estatut de Sau —¿os acordáis? Me refiero al primer Estatut de Autonomía en el régimen de libertades, allá por 1979— tenía unas disposiciones transitorias. Entre ellas una relativa a las elecciones al Parlament de Catalunya. Transitorias: eran disposiciones necesarias al no haber normativa al respecto, pero se suponía que el Parlament legislaría sobre esas cuestiones, dejando atrás la transitoriedad.

Sin embargo el Parlament nunca lo ha hecho, a pesar de que hubo no pocas peticiones que lo demandaban. No hay ley electoral catalana: en el oasis catalán vale la ley electoral general española con las precisiones establecidas por la Disposicion Transitoria Tercera del Estatuto de 1979, que el vigente, de 2008, declara subsistentes y en vigor.

Esa disposición señala que las circunscripciones electorales serán las cuatro provincias catalanas. Que el Parlament estará integrado por 135 diputados, de los cuales la circunscripción de Barcelona elegirá un diputado por cada 50.000 habitantes, con un máximo de 85 diputados. Las circunscripciones de Gerona, Lérida y Tarragona elegirán un mínimo de seis diputados, más uno por cada 40.000 habitantes, atribuyéndose a las mismas 17, 15 y 18 diputados, respectivamente, hasta 50 diputados.

Eso es lo que dice la ley en vigor. Pero veamos los números poblacionales que justifican esas diferencias en el número de diputados. Los datos corresponden a 2016.

En el año 2016 la población de la provincia de Gerona era de 753.576 personas; la de Lérida, de 434.041; y la de la provincia de Tarragona, de 792.299.

Las provincias de Gerona, Lérida y Tarragona totalizan 1.979.916 habitantes, lo que grosso modo corresponde a 50 escaños, a razón de 40.000 habitantes por escaño (aunque la distribución de la población parece haber cambiado respecto a 1979: Gerona y Tarragona deberían tener más escaños y Lérida menos).

Pero ¿y la provincia de Barcelona? Su población era en 2016 de 5.543.000 personas. Según la norma electoral en vigor le corresponde un tope de 85 escaños, a razón de un escaño cada 50.000 personas.

Sin embargo si se divide 5.543.000 por 50.000, el resultado es de 110, casi 111 escaños. Y si se dividiera, como en las restantes provincias, por 40.000, el resultado sería de 138 escaños. A los votantes barceloneses se les ha puesto un tope. Un tope de verdad.

De modo que tenemos lo siguiente: el Parlamento de Cataluña, para ser estrictamente proporcional a la población de la comunidad, tendría que tener 188 escaños; y sólo 160 si se mantuviera la agravada relación de un escaño cada cincuenta mil habitantes en la provincia de Barcelona para beneficiar a las demás. En todo caso, al parlament de Cataluña le faltan de 25 a 53 escaños para ser representativo de la población catalana.

Estos escaños que le faltan al Parlament explican que en Cataluña pueda haber reiteradamente una mayoría de votos poblacionales muy distinta de las mayorías parlamentarias. Y esa discrepancia, mantenida a lo largo de cuarenta años, arroja una sombra deslegitimadora a las actuaciones de esa institución.

Las mayorías políticas surgidas de la vigente asignación de escaños a las circunscripciones electorales catalanas han sido decisivas también en la política estatal general, pues los ejecutivos surgidos de ellas a menudo han sido un aliado de gobiernos sin mayoría en el congreso de los diputados español. Báculo prestado a condición de que los gobiernos de España no se quisieran enterar —como en la canción que cantaba la PIquer— de lo que se cocía en Cataluña.

Ya es mala la ley electoral general española; pero es doblemente mala su particularidad catalana. Una democracia representativa se basa en el igual peso o valor de los votos de los ciudadanos, lo que en este país no es en absoluto el caso.

Cambiar las leyes electorales es una prioridad de la democracia para llegar a tener un sistema político mínimamente decente.

Fijaos en aquellos que lo impiden.

6/2/2018

Romper los techos de cristal, despegarse de los suelos pegajosos

Albert Recio Andreu

Las economistas y sociólogas feministas han elaborado dos potentes metáforas para explicar la situación laboral de las mujeres. La del techo de cristal explica la dificultad que experimentan muchas mujeres para acceder a los niveles profesionales más altos, la bajísima presencia de mujeres en los puestos de poder, la falta de reconocimiento de la obra de muchas profesionales, etc. Un techo de cristal porque no está inscrito en normas formales, pero que opera con fuerza y se manifiesta en sus efectos. El suelo pegajoso, por el contrario, se refiere a la gran masa de mujeres condenada a ocupar los últimos escalafones de la pirámide ocupacional: empleos temporales, a tiempo parcial, de bajos salarios, considerados “no cualificados”, etc. Un suelo del que no pueden escapar en toda su vida laboral y que casi siempre se hereda de madres a hijas.

Ambas situaciones son una manifestación palpable de la persistencia del patriarcado y de su articulación con el capitalismo moderno. Un sistema, el capitalismo, generador de desigualdades y que ha encontrado en el patriarcado uno de los medios de legitimarlas. La impugnación que han hecho las teóricas del feminismo ha sido poderosa, y ha permitido el surgimiento movimientos de protesta y proposición que, de nuevo, están generando una nueva fase de luchas y reivindicaciones. Aunque no siempre se hace el mismo énfasis en una y otra cuestión, y aunque no siempre resulta claro que pueda ser compatible un ideal igualitario con el de una sociedad basada en una permanente carrera meritocrática, es evidente que se ha producido un notable avance en el reconocimiento de los problemas, así como en repensar la relación de éstos en la confluencia entre patriarcado y capitalismo.

No es el objetivo de esta nota entrar en el debate feminista. Se trata, por el contrario, de tratar de aplicar sus reflexiones a otros campos. Ya se está haciendo en el análisis económico, en el que los avances de la economía feminista están posibilitando (en sectores aún minoritarios) una nueva visión sobre la producción, la reproducción económica y el funcionamiento de las economías reales. En concreto y de forma muy modesta, creo que las dos metáforas son útiles para entender la situación política de la izquierda y sus dificultades para cambiar la realidad.

La política actual en España está encajonada en un marco que hace difícil y poco creíble el discurso de la izquierda. Un marco en el que confluyen aspectos globales y de tipo local.

Los locales son los que ocupan actualmente el centro de la vida política, y tienen que ver con la cuestión nacional, particularmente la catalana. Un debate que en los últimos meses se ha enconado no sólo por el impacto de los acontecimientos del pasado octubre, sino también porque el espacio nacional se ha convertido en el eje de la pelea por la hegemonía tanto en la derecha española como en el independentismo catalán. Y esta pelea por la hegemonía en ambos lados produce y reproduce tal cantidad de mensajes y mantras que hacen difícil introducir reflexión crítica o temas diferentes. En Catalunya, lo que mejor conozco, el movimiento en torno a la ANC ha generado un nivel de opinión y convencimiento en una parte del electorado (una mezcla de sentimientos encontrados: de rebeldía, de milenarismo, de xenofobia, de victimismo…) que va más allá de la táctica de los partidos. Más bien, dificulta la rectificación de sus políticas, una vez ha resultado evidente la fuerza del Estado central y la ausencia de apoyos internacionales para declarar la independencia. Y posibilita la continuidad de un procés que sigue cabalgando tras su derrota.

En el otro lado, el españolismo excluyente se ha convertido en el centro de la batalla por el control de la derecha entre PP y Ciudadanos (sin descontar el papel del ala más derechista del PSOE, interesada en mantener el poder en sus feudos tradicionales), lo que exacerba el conflicto hasta límites insospechados. La polémica sobre el catalán garantiza un conflicto abierto permanentemente. Ya lo he comentado muchas veces, el catalán resulta insoportable porque en Catalunya es la lengua dominante entre las clases medias cultas urbanas. Y aunque la Barcelona metropolitana es un mundo donde el bilingüismo opera con toda naturalidad, el uso del catalán en el entorno urbano es visto como una agresión por la cultura españolista. Lo que debería ser natural (que cualquiera que vaya a ejercer un cargo público en Catalunya entendiera la lengua de aquí) se convierte en discriminatorio o agresivo para las personas educadas en una visión monolingüe del estado. E impide desarrollar un proyecto federalista que, posiblemente, es el único que podría generar una nueva configuración del Estado.

Encerrados en el doble bucle nacionalista, con sus altavoces y sus redes de difusión, es difícil que un discurso alternativo, que a menudo tiende a escorarse a uno o a otro lado, en función de los vaivenes de la coyuntura, y provocando desconcierto en parte de sus seguidores, goce de relevancia.

El otro “techo” es más estructural; tiene que ver con la falta de credibilidad de los proyectos emancipatorios, tanto por el omnipresente discurso neoliberal como por el impacto de las regulaciones supranacionales, así como por el descrédito de la mayoría de los proyectos que se han autoproclamado anticapitalistas. Es un problema, como he dicho, más estructural, no específico del país. Y de difícil solución a corto plazo. Y es, también, donde necesariamente hay que buscar soluciones de compromiso que bloqueen las peores manifestaciones del capitalismo neoliberal, que hagan retroceder sus aspectos más depredadores. Es necesario generar nuevas iniciativas y experiencias de gestión alternativa, y abrir nuevas posibilidades de transformación social. Hay campos donde ya existen experiencias y propuestas al respecto, como se muestra en la gestión local, pero hace falta una elaboración más sólida (que siempre será contradictoria) que permita romper el mantra de que la izquierda alternativa no tiene un proyecto real de gestión económica.

III

Si el techo de cristal se encuentra en las alternativas y los proyectos, el suelo de chapapote está en la base social. El neoliberalismo (no sólo por sus políticas económicas, sino en gran medida por el cambio cultural propiciado desde los medios, los desarrollos tecnológico-culturales y, también, por un sistema educativo promotor de la individualidad competitiva) ha minado las bases sociales de organización alternativa. Y lo ha hecho por diversas vías. Aunque uno tiende a pensar que lo de organizar a la gente siempre ha sido tarea difícil, y que hay una cierta ingenuidad en pensar un pasado con masas permanentemente organizadas.

El problema más de fondo es el de la organización de la gente que padece más la explotación. No sólo porque sus condiciones materiales lo dificultan, sino también porque han sido sometidos a un proceso de marginación cultural que ha reforzado su dependencia. Hoy, cualquier debate político exige entrar en un debate técnico, pelear con el lenguaje, dominar capacidades organizativas que están ausentes en amplios sectores de gente que ha tenido una experiencia educativa insatisfactoria y que es sometida al bombardeo constante de las mil y una formas de marketing social. No todos se rinden, como ejemplifican los colectivos que han parado desahucios, las mujeres que han creado la red de las kellys, o los que se han rebelado en Murcia por el soterramiento de las vías. Gente capaz de articular solidaridad y protesta, pero que tiene dificultades para mantener una dinámica social de cambio. No todos los jóvenes de extracción obrera fracasan en el sistema educativo, pero a menudo el éxito conlleva el desclasamiento, pues entrar en una carrera profesional absorbente dificulta la generación de organización social. No es casualidad que sean jubilados con un buen nivel de salud, gente de la tercera edad, los que proliferen como activistas en muchas organizaciones sociales: tienen tiempo, algunos experiencia (por ejemplo, sindical), y no están sujetos a las presiones de la carrera competitiva que experimenta la gente de mediana edad.

En el otro extremo encontramos a la gente con niveles medios y altos de educación; existe a menudo mucho activista con buena formación en algún campo, con buenas intenciones sociales, pero donde a menudo el impacto de la cultura individualista se traduce en desconocimiento de la realidad social, en una cierta ignorancia de la complejidad de los temas (al fin y al cabo, el aprendizaje académico propende al saber especializado), en un cierto elitismo basado en el conocimiento y en un exceso de egos poco preparados para el tipo de transacciones que exige cualquier construcción colectiva. No es una crítica a nadie, todos somos producto de nuestra historia. Y la sociedad actual tiene muchos mecanismos que propician la fragmentación, el individualismo y la estratificación social. El problema es político: ¿Cómo construir un nuevo movimiento social igualitario en una sociedad marcada por la diferenciación social? Alberto Garzón lo planteaba en un artículo, que reprodujimos el mes pasado, en otros términos, en la necesidad de la izquierda de “ser pueblo”. Para mí, el problema es que hoy “el pueblo” está dividido en diversos estratos, sometido a dinámicas que generan extrañamiento entre sus partes, que dificultan una consolidación organizativa; no sólo en el plano político, también en los movimientos sociales que deben ser la base social de un movimiento de transformación. Éste es el núcleo de la cuestión organizativa, y lo que consolida el suelo pegajoso de las clases subalternas.

En el pasado, este problema se resolvió a través de la figura del Partido. Un partido donde algunas personas de las élites sociales ayudaban a la organización de la gente corriente. Algo que también se produjo en nuestro país por parte de la izquierda cristiana, de los curas de barrio reconvertidos en líderes sociales. En definitiva, en la “importación” de “intelectuales” a la clase obrera. Hoy este esquema es inválido, pues no existe el mesianismo y la confianza que existía cuando se pensaba que el capitalismo tenía los días contados. (Aunque se constató que cuando el sistema político se abrió y crecieron las oportunidades de progreso profesional no sólo hubo una descapitalización importante de intelectuales, sino que muchos líderes obreros pasaron a “mejor vida”. De nuevo, no es una crítica; el trabajo en la fábrica y la vida en algunos barrios es muy dura, y cuando el cambio no es inmediato escasean los aspirantes a mártir). Es inválido, también, porque la realidad es más compleja, y la simpleza de los viejos esquemas exige repensar las formas de organización.

En todo caso, creo que ésta es una cuestión crucial que debe plantearse en serio la nueva izquierda de Unidos Podemos y de los “Ayuntamientos del cambio”. Cómo generar densidad de organización social partiendo de las circunstancias reales. Cómo dar músculo a las organizaciones de base, de la gente pegada al chapapote. Hay algunas experiencias interesantes, como la cooperación de equipos técnicos con entidades de barrio, la generación de centros culturales en barrios obreros, o la promoción de escuelas de cuadros sindicales, pero es un terreno donde queda mucho por hacer y donde la izquierda transformadora tiene mucho que reflexionar y experimentar.

Volviendo a la coyuntura. Romper la dinámica del “enfrentamiento nacional” no va a ser fácil, pero no es imposible. Si Ada Colau consiguió ganar las elecciones en Barcelona fue, precisamente, porque su discurso y el de Barcelona en Comú cambiaron el eje del debate municipal, y pusieron las cuestiones de clase y modelo social en primer término. Y, por mucho que la dinámica de las banderas intente tapar el debate, tenemos ante nosotros una serie de sismos sociales de enorme amplitud y relevancia social. Solo a título de recordatorio:

- La crisis del sistema de pensiones

- La nueva crisis de la vivienda en las grandes ciudades

- La precariedad del empleo y la pobreza

- El deterioro de los servicios sociales

- La violencia y las desigualdades de género

(me gustaría incluir la cuestión medioambiental, pero hay que reconocer que excepto en algunos conflictos locales, se trata de un tema que por desgracia no genera la percepción social que merece, lo que no debe ser óbice para seguir trabajando el tema).

Situaciones que ya están generando respuestas sociales interesantes y a las que cabe dar fuerza y alternativas. No lo hará la izquierda alternativa sola, pero puede ser de ayuda en la búsqueda de respuestas tanto técnicas como políticas. La izquierda debe ofrecer alternativas allí donde la única respuesta de la derecha es más o menos la que dio Rodrigo Rato cuando fue interpelado en el Congreso de los Diputados. En estos campos, o al menos en alguno de ellos, es urgente empezar a decir cosas con sentido, a promover alternativas, a explicarle a la gente que cambiarlas exige muchos esfuerzos, en denunciar los intereses generales y particulares que se esconden, en ayudar a organizar la respuesta social. Quizás a corto plazo ni romperemos el techo ni despegaremos del fondo. Pero es la única vía posible para volver a cambiar el clima social.

26/2/2018

El arte y sus derechos: entre la censura y lo comercial

Joan Ramos Toledano

Desgraciadamente, el tema del copyright (derechos de autor, propiedad intelectual) sólo aparece en el debate público muy de vez en cuando, y normalmente por noticias como las que se pueden leer este mes: “La Guardia Civil bloquea 23 webs relacionadas con la descarga de películas”. Desgraciadamente porque se echa en falta que se dé la misma importancia a otros aspectos, estrechamente vinculados a los derechos de autor, como la posibilidad de los creadores de vivir de sus obras o, como mínimo, de recibir mayor cantidad de los ingresos generados por éstas.

También se echa en falta una mayor protección de los autores y creadores frente a otros ámbitos, como el de la censura. Durante este mes hemos asistido a tres situaciones un tanto surrealistas que muestran lo necesario de una mayor protección de la figura del artista en nuestro país. Se trata del secuestro judicial del libro «Fariña. Historias e indiscreciones del narcotráfico en Galicia», publicado en Libros del K.O, 2015, escrito por el periodista Nacho Carretero; la retirada por parte de IFEMA (Instituto Ferial de Madrid) de la exposición sobre presos políticos de Santiago Sierra en ARCO (Feria de Arte Contemporáneo de Madrid), al parecer porque contenía imágenes (pixeladas, por cierto) de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; y, finalmente, la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena al rapero mallorquín Valtonyc (José Miguel Arenas Beltrán) a tres años y medio de prisión por el contenido de sus canciones.

En estos tres casos, los motivos de la intervención estatal han sido distintos, aunque con un denominador común: la decisión se toma estrictamente por el contenido de las obras. En el caso de Fariña, el secuestro judicial del libro responde a la petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra), que aparece mencionado dos veces en el libro (una de ellas en una nota al pie). Ciertamente, podría ser que una referencia a una persona en un libro dañara su derecho al honor, por lo que existen mecanismos legales para remediarlo. De hecho, en las facultades de derecho se acostumbra a poner el derecho al honor como uno de los límites al derecho de la libertad de expresión. No existen, sin embargo, unas líneas claras que delimiten ambos derechos, por lo que suele ser el juez o tribunal el que deba ponderarlos. En este caso, sin embargo, el libro llevaba publicado desde 2015, por lo que el secuestro judicial parece una medida ingenua y desproporcionada, que ha tenido precisamente el efecto contrario. Fariña ha sido el libro más vendido en Amazon tras la decisión judicial, y su precio ha llegado a los 300€ por ejemplar en el mercado de segunda mano.

El caso del rapero Valtonyc parece todavía más grave, pues se trata de una condena a prisión (sin opción de conmutación de la pena) por el contenido de las letras de sus canciones. En concreto, la condena responde a los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona y amenazas no condicionales. Este tipo de sentencias sólo puede entenderse como un claro retroceso del ámbito de la libertad de expresión en España, con una figura penal tan arcaica como las «injurias a la Corona» (penada con hasta dos años de prisión) y con una interpretación judicial digna de países pseudo-democráticos. No parece casualidad que los delitos por enaltecimiento del terrorismo se hayan quintuplicado desde el final de la lucha armada de ETA; casualmente este crecimiento se ha dado con el actual Gobierno central. Es cierto que algunas de las letras de las canciones de Valtonyc son de mal gusto, su relevancia artística es cuestionable (por algunos, para otros tal vez no) y pueden resultar hirientes, desproporcionadas y amenazantes. Pero este tipo de expresiones ocurren a diario en las redes sociales, dirigidas tanto a representantes políticos (de derechas o de izquierdas, independentistas o no), a colectivos concretos (LGTBI, determinadas etnias, víctimas de atentados terroristas), a periodistas o a cualquier persona que participe en estas redes. La respuesta, a mi entender, debe ser de rechazo y condena social, independientemente del objetivo al que se dirijan. Pero el derecho penal, y la privación de libertad concretamente, debe reservarse para otro tipo de actuaciones. De lo contrario, la normalización de este tipo de sentencias nos aboca a una situación peligrosa, en la que la mera expresión (incluso la artística) puede ser objeto de condena penal, de cárcel. Además, y como ha ocurrido con el libro Fariña, el resultado ha sido opuesto a lo pretendido: el rapero ha logrado una gran popularidad y le han ofrecido cantar en múltiples salas de conciertos y festivales musicales.

Finalmente, el caso de IFEMA y ARCO, aunque con consecuencias más leves (la retirada de la obra de la exposición), parece también grave por el origen de la decisión. Tanto en el caso de Fariña como en la condena a Valtonyc, la decisión la ha tomado un órgano judicial, lo que garantiza ciertos derechos y respeto a un procedimiento regulado previamente, así como el derecho a la defensa por parte del acusado. En el caso de ARCO la censura ha sido ejercida por un órgano eminentemente político-comercial (IFEMA está formada por una representación compartida entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio; en menor medida, también por la Fundación Montemadrid). La presidencia de IFEMA es rotatoria, y este año le corresponde a la Comunidad de Madrid. De las tres entidades principales que dirigen el organismo, sólo el Ayuntamiento de Madrid mostró su disconformidad inmediata con la medida. El problema en este caso es que resulta fácil intuir que el desencadenante de la censura ha sido la inclusión de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en la exposición. Se trata, en este sentido, de la censura en sentido estricto, del estilo de países en el que la disidencia política (o su representación y difusión) no está permitida. ¿Cómo puede justificarse la retirada de esta obra, cuando hay cantidad de periódicos, políticos y ciudadanos que consideran y denominan presos políticos a estas tres personas? Y, peor aún, ¿cómo puede justificarse esta medida con la existencia de libertad de expresión o de libertad artística?

Resulta obvio que el respeto a estas expresiones (Fariña, Valtonyc, o la exposición de ARCO) no implica en ningún caso la asunción de sus mensajes, o que se compartan sus postulados. Pero resulta enormemente peligroso empezar a tratar las obras artísticas y expresiones culturales (y a los autores que hay detrás) desde la censura y, todavía peor, desde la represión penal.

Al margen de los problemas de la libertad de expresión, los artistas, autores y creadores encuentran problemas para desarrollar su actividad debido al propio marco normativo que regula sus obras. Éste se circunscribe, principalmente, a la normativa de propiedad intelectual. Debido a su configuración, el copyright tiene determinadas implicaciones negativas sobre los artistas, escasamente abordadas desde las administraciones públicas. Pero, en cambio, las infracciones de derechos de autor que perjudican a las empresas promotoras y comercializadoras de las obras sí obtienen una respuesta estatal.

La propiedad intelectual es una figura creada a imagen y semejanza de la propiedad privada, aunque con determinadas limitaciones importantes. La primera de ellas es que se trata de una propiedad limitada; tiene una duración, en términos generales (en España), de 70 años tras la muerte del autor. En realidad, y aunque jurídicamente se configure como forma específica de propiedad, estamos ante un derecho de explotación. El punto nuclear del copyright es la capacidad de explotar económicamente una obra durante un tiempo concreto de forma exclusiva. Otras consideraciones (la censura, el plagio o las condiciones materiales de los artistas) quedan excluidas de la propiedad intelectual, relegadas a ámbitos como el derecho penal, la condena social o sencillamente ignoradas (como es el caso de garantizar condiciones dignas para los autores). Más que derechos de autor deberían recibir el nombre de derechos de explotación de la obra. Es cierto que los artistas, al crear una obra, tienen todos los derechos —económicos y personales— sobre ésta. Pero también es cierto que muchas de ellas no pueden llegar a ver la luz sin una inversión importante, pocas veces al alcance de creadores y artistas (como ocurre en el cine) y, la mayoría, no obtienen publicación, difusión o comercialización si no es por la cesión de esos derechos patrimoniales a una empresa privada. Un libro o un disco de música requieren de editoriales y discográficas; las obras esculturales o pictóricas pueden requerir inversión inicial y patrocinio, así como una correcta difusión en galerías. La fotografía, por su parte, es sistemáticamente compartida a través de internet sin hacer mención de sus autores.

Uno de los problemas de este ámbito es que cada obra tiene unos rasgos característicos que requieren un tipo de regulación específica, al menos si se quiere acomodar los intereses de la industria con los más que legítimos intereses de los creadores y artistas, que aspiran no sólo a vivir dignamente sino a seguir creando. La normativa de propiedad intelectual, sin embargo, no se encarga de estos problemas, sino que centra su contenido en regular las características de los derechos económicos sobre las obras [1].

Es precisamente la importancia de estos derechos de explotación económica lo que provoca que los artistas encuentren dificultades para obtener medios suficientes para vivir dignamente y continuar con su actividad creativa. En primer lugar, por la cesión que hacen de sus derechos de explotación patrimonial en favor de empresas, que financian, publican y distribuyen sus obras. Ello no significa que estas empresas no puedan o deban obtener beneficios por dicha actividad, pero la realidad es que las condiciones son enormemente desiguales. En muchos casos, los rendimientos que obtiene el artista son mínimos e insuficientes, incluso en casos en que la obra ha obtenido un considerable éxito comercial y, por tanto, ha producido una gran cantidad de dinero. En segundo lugar, porque la necesidad de las empresas de sobrevivir económicamente propugna un modelo de negocio más basado en producir y promocionar obras exitosas en el mercado que en su valor estético o artístico, lo que relega al olvido o la infrafinanciación muchas obras valiosas. Algunas empresas, comprometidas con una visión distinta (determinadas editoriales; algunos sellos discográficos centrados en obras como el jazz; productoras de cine que apuestan por películas interesantes pero poco exitosas comercialmente) encuentran serias dificultades para mantenerse a flote dada la competencia con gigantes del sector de la comunicación y el entretenimiento.

Resulta llamativo, viendo el tratamiento que el Estado ofrece a determinadas expresiones artísticas, su enconada defensa de estos derechos de explotación. No es ninguna novedad que en determinados países se han producido cortes de conexión a internet, cuantiosas multas o incluso condenas penales para personas que accedían a contenidos protegidos mediante propiedad intelectual de manera ilegal. Estas descargas ilegales no afectan, generalmente, a la integridad o calidad de la obra. Pero pueden perjudicar los derechos de explotación de las empresas que hay detrás. Y digo pueden porque existe un debate sobre el efecto real de estas descargas sobre las ventas; los datos empíricos no son excesivamente claros al respecto, y en todo caso muestran que la incidencia de las descargas es menor de lo que alegan los lobbies del sector. Estos lobbies, sin embargo, han resultado enormemente efectivos a la hora de impulsar cambios normativos y endurecimientos de penas ante estas descargas.

Sería deseable que, en vez de dirigir todos sus esfuerzos al castigo y criminalización de estas conductas, el aparato estatal prestara debida atención a las condiciones en las que trabajan los artistas (algunos de ellos, como es común en el diseño gráfico, asalariados, y por lo tanto sometidos a condiciones laborales crecientemente pauperizadas) y estableciera unos mínimos de protección frente a determinadas empresas, sobre todo cuando éstas obtienen cuantiosos beneficios.

III

Mención aparte merece la noticia que se anunciaba al inicio, sobre el cierre de páginas web por parte de la Guardia Civil. Hay que decir que, en España, las condenas referentes a las descargas ilegales van dirigidas generalmente hacia quienes gestionan las páginas web, y no hacia los usuarios (como ocurre en muchos otros países como Francia, Alemania o Estados Unidos). Esta interpretación judicial le ha valido a España las quejas y presiones de Estados Unidos (principal exportador de contenido protegido por propiedad intelectual, con un potente lobby del sector), que llegó a incluirla en la conocida Lista 301 (una manera de denunciar, siempre según EEUU, el incumplimiento de los tratados al respecto, y de presionar para que se modifique la normativa o la actuación administrativa).

Al margen de la normativa centrada en proteger los intereses comerciales, la noticia del cierre de webs resulta llamativa por dos motivos. En primer lugar, porque muestra la incapacidad o falta de voluntad para abrir un debate en torno al papel de tecnologías como internet a la hora de acceder a determinados bienes de contenido cultural. Mucha gente que descarga películas, música o libros también los obtiene de forma tradicional. El libro electrónico no ha sustituido, como auguraban algunos cyberutópicos, al libro de papel; la venta de discos de vinilo está en auge y ha alcanzado máximos históricos, y a pesar de los precios, mucha gente va al cine. Estas descargas se producen, en la mayoría de casos, sin ánimo de lucro, como una forma sencilla, cómoda y gratuita de acceder a determinadas obras. Es cierto que quienes gestionan estas páginas web obtienen beneficios mediante la publicidad; de ahí que jueces y tribunales españoles dirijan hacia ellos sus actuaciones. Pero sigue siendo necesario un debate omnicomprensivo sobre las condiciones en las que trabajan los artistas y las posibilidades de acceso de la población a esas obras. Y, mientras tanto, los principales beneficiados son las grandes corporaciones empresariales dedicadas a la explotación de estos derechos. Y, los grandes perjudicados, los artistas y, en algunos países, la población.

En segundo lugar, porque es una medida completamente inútil. Según la noticia, han sido bloqueadas 23 páginas web que ofrecían diversas películas mediante el uso de redes P2P (peer-to-peer; significa que se comparten entre ordenadores, sin que estén almacenadas en un solo servidor). Otra noticia señalaba los mecanismos que utiliza la policía para evitar que estas webs se reabran cambiando el nombre o la extensión del dominio web. De las tres páginas web que menciona la primera noticia, publicada en El Mundo el 20 de febrero, una de ellas está ya accesible. En las otras dos no se puede acceder; en una aparece un aviso del ISP (proveedor de servicio de internet, que puede ser Vodafone, Movistar, etc.) y, en la otra, un aviso de la Guardia Civil comunicando que se ha procedido a limitar el acceso. Pero basta con utilizar un llamado VPN (Virtual Private Network) para saltarse las limitaciones. Por explicarlo resumidamente y de forma poco técnica, un VPN es un mecanismo que permite conectar a internet a través de otras conexiones, es decir, estableciendo una conexión virtual de forma que no sea posible saber fácilmente desde dónde conectamos. En la mayoría de los navegadores (Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer) existe la posibilidad de instalar un sencillo programa que permite, con un solo clic, conectar a internet mediante un VPN, por lo que es difícil saber si nuestro ordenador está en España, en Alemania, Somalia o Japón.

Con este sencillo mecanismo se puede conectar a la mayoría de estas webs bloqueadas por la policía, porque el bloqueo se realiza sólo para el Estado español. Generalmente, se solicita a los proveedores de servicio (Telefónica, Vodafone) que limiten el acceso a determinadas webs a sus clientes por orden judicial. Es lo mismo que ha ocurrido con la página web de contenidos deportivos Roja Directa. En teoría no se puede acceder desde España, pero sí desde Holanda. Además, existen los llamados «mirrors» (espejos), direcciones web que copian el contenido de otra por si esta primera resulta bloqueada. A efectos prácticos, sin embargo, son idénticas. Se trata de una medida, por tanto, que puede ser sorteada de manera sencilla y con escasos conocimientos informáticos.

En definitiva, este ha sido un mes malo para el campo de lo artístico. Los tres casos anteriores (ARCO, el libro Fariña y la sentencia contra el rapero Valtonyc) muestran un peligroso retroceso del ámbito de la libertad de expresión, en el que medidas políticas y judiciales amenazan con restringir lo que se puede y no se puede decir públicamente. Es un precedente peligroso, más aún teniendo en cuenta la cantidad de insultos y barbaridades que se dicen en las Redes, lo que puede terminar siendo abordado por la vía penal. El caso de ARCO, por su parte, preocupa porque parece ser que se trata de censura gubernamental, simple y llana.

El caso del cierre de webs no aporta nada nuevo (se han dado muchos anteriormente, la mayoría igual de inútiles en sus efectos prácticos), pero perpetúa una situación en la que se evita abordar el campo de lo artístico con propuestas políticas y, sobre todo, contando con la voz de sus principales actores, los artistas. Y, en cambio, se apuesta por mantener un sistema de medidas coercitivas cuyo único objetivo parece ser proteger los intereses de las grandes industrias del sector.

Notas

[1] En la propiedad intelectual continental (en contraposición al copyright) se regulan también los derechos morales o personales del autor. Éstos hacen referencia a elementos como la paternidad de la obra (su autoría) o la integridad de ésta. Son derechos que normalmente no prescriben, y pueden ser ejercidos por los herederos. Sin embargo, son numerosos los casos en que estos derechos se ven vulnerados por intereses comerciales. Sin ánimo de profundizar, se puede pensar en los cortes publicitarios de una obra cinematográfica televisada, o el coloreado de un filme originalmente en color. También ocurre al colocar obras de pintura o escultura en galerías cuyo entorno o propuesta cultural desvirtúa la naturaleza para la que fue creada la obra.

27/2/2018

Nuclear real, nuclear virtual. Cofrentes como ejemplo

Miguel Muñiz

En febrero de 2017 la industria atómica culminó la jugada definitiva. El CSN otorgó a Garoña la renovación hasta los 60 años; fue la última etapa de un paseo triunfal iniciado en 2012. Las reivindicaciones planteadas en 2006, cuando se sugirió el cierre de Garoña, se habían conseguido más allá de los más locos sueños. Se habían logrado éxitos como la separación de la renovación de licencia y la revisión de seguridad, o que los propietarios de una central pudiesen cerrarla cuando quisieran y volverla a abrir cuando lo deseasen sin pasar enojosos trámites como el estudio de impacto ambiental. Los 60 años a Garoña era el precedente que sellaba con broche de oro el futuro. Todo preparado para la gran fiesta de las eléctricas y el gobierno del PP.

Pero el señor Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, decidió arruinar la fiesta antes de que empezase.

Primero consideró insuficientes las garantías de beneficio económico que ofrecía Garoña, así que se negó a pedir la renovación. Convirtió lo que iba a ser una amable comedia de cierre consensuado con ENEL-ENDESA en un áspero melodrama, que concluyó con reproches y acusaciones en el momento del final definitivo; en segundo lugar, exigió seguridad económica, es decir, garantías de viabilidad del negocio dado los incrementos de costes que exigían las mejoras de seguridad física. La exigencia fue apoyada por GAS NATURAL – FENOSA con entusiasmo, y por ENEL – ENDESA, más tibiamente.

Concreción de la exigencia: rebaja de impuestos a las nucleares igual a seguridad de las inversiones. Método: presionar al PP; Iberdrola decide cuestionar el calendario de renovación de licencias de los reactores, exigir que el plazo se redujese al año previo a la revisión de seguridad de 2020 y 2021, llamar a la insumisión en la entrega de documentación al gobierno, y actuar en las centrales en que tenía participación. En este punto ENEL – ENDESA discrepó, y GAS NATURAL – FENOSA optó por callar y esperar acontecimientos.

Ante esta situación, el PP, vía ministro Nadal, decidió guardar las formas y ceder; durante junio de 2017 el gobierno fue emitiendo decretos que alargaban los plazos de renovación de licencias para cada central hasta mayo de 2019. Justificación: el redactado de la estrategia de transición energética y cambio climático a presentar ante la Unión Europea, algo que disiparía las dudas del futuro nuclear y animaría la seguridad de las inversiones. A continuación, el PP preparó un proyecto de decreto de centrales para intervenir en decisiones empresariales de cierre, en principio sobre térmicas de carbón y nucleares. Se escenifica un pulso entre parte del sector eléctrico y el poder político [1].

A partir de entonces proliferan declaraciones y artículos de opinión cruzados entre el señor Sánchez Galán, en el papel de empresario con visión de futuro y denunciante de falta de la viabilidad económica de las nucleares, y el señor Nadal, en el papel de moderador de las tarifas eléctricas y defensor los intereses de los consumidores. La escenificación de dicho pulso ha alcanzado momentos de gran intensidad dramática [2]. Un espectáculo virtual entretenido, que oculta la realidad; pero, a veces, la realidad se impone cuando menos se la espera.

Desde octubre de 2017, la central nuclear de Cofrentes entra en un estado de avería continuada.

La parada programada para la recarga de combustible comienza el 23 de septiembre. Cofrentes debía volver a funcionar 35 días después, pero las cosas se complican: el 30 de septiembre se detecta una avería mecánica; luego aparecen más problemas, el 8 de noviembre los medios informan de otra avería, y el 20 de noviembre se comunica que estará parada unos tres meses. El 5 de enero de 2018 se anuncia parada programada porque ha aparecido una nueva avería; el 13 de enero se comunica la puesta en marcha, pero el 23 de enero vuelve a estar parada; el 15 de febrero anuncia otra parada para labores de mantenimiento. Cofrentes lleva cinco meses sin funcionar con normalidad.

Paralelamente, van apareciendo noticias sobre el estado del reactor; el propio director de la central reconoce en las Corts valencianas que se han producido 12 notificaciones de averías entre 2017 y 2018, pero se reafirma en la seguridad de la planta [3].

Las características técnicas de lo que está sucediendo en Cofrentes se pueden conocer gracias al magnífico informe Incidentes en la nuclear de Cofrentes, elaborado por el Movimiento Ibérico Antinuclear, Ecologistas en Acción y la Plataforma Tanquem Cofrents (en adelante Informe METC), y presentado a los medios el 7 de febrero. Allí se detallan las tres graves averías producidas entre octubre de 2017 y enero de 2018 [4]. Basta señalar que las tres tienen incidencia en los dos puntos débiles de todos los reactores atómicos: los sistemas de refrigeración y las barras de seguridad que deben controlar la reacción, y detenerla en caso de accidente.

Cofrentes comenzó a funcionar el 11 de marzo de 1985. Su permiso de explotación caduca el 20 de marzo de 2021; entonces llevará 36 años de funcionamiento, pero tiene además una peculiaridad única: Iberdrola es la única propietaria. Se trata, pues, de la central ideal para que el señor Sánchez Galán ejemplifique, sin molestar a otras empresas eléctricas, sus declaraciones sobre incrementos de costes, dificultades económicas, y sus alusiones al cierre de nucleares.

Pero la central no se menciona en ninguna de las declaraciones y artículos del presidente de Iberdrola ni, por supuesto, en ninguna de las intervenciones del ministro de Energía. Cofrentes se ha convertido en un ejemplo de la distancia que hay entre la nuclear virtual y la nuclear real.

En la nuclear virtual se escenifica; se pueden leer críticas del señor Sánchez Galán a la maniobra del ministro Nadal de cargar las operaciones de desmantelamiento de las centrales a las empresas propietarias, por ejemplo el 21 de febrero de 2018; declaraciones sobre energía tan bien intencionadas como genéricas, como las del 20 de diciembre de 2017, el 19 de enero y el 22 de febrero de 2018; opiniones sobre "la inseguridad jurídica" y la falta de "un marco regulatorio estable", como el 30 de noviembre de 2017. Todas, por cierto, muy alejadas de la beligerancia que mostró en la Junta de Accionistas del 31 de marzo de 2017. Pero en ninguna de las declaraciones o artículos posteriores a octubre de 2017 se menciona Cofrentes, ni sus averías, ni su relación con los temas tratados, ni se alude a su cierre [5].

En la nuclear real, en cambio, se actúa según los beneficios y el negocio: el director de Cofrentes, Tomás Lozano, anunció en julio de 2017 que pedirá la renovación del permiso de funcionamiento; se exhibe la central en plena crisis, se organiza una visita internacional el mismo día que se realiza una parada, 8 de noviembre de 2017; el 5 de febrero de 2018 se celebra una reunión de expertos internacionales en emergencia nuclear en la propia central; se comparece ante las Corts el 20 de febrero para dar garantías de seguridad y continuidad... Y toda la información sobre paradas y averías se combina con apuntes y artículos que repiten hasta el cansancio la importancia de Cofrentes para el sistema eléctrico [6].

Cofrentes es la impugnación del relato nuclear virtual impuesto por la industria, especialmente por Iberdrola.

¿Nos situamos en el relato nuclear virtual o en la nuclear real?

La pregunta, lógicamente, va dirigida a las personas y colectivos que nos oponemos a la energía atómica, pues los que gobiernan (Nadal) o los que mandan (Sánchez Galán) saben perfectamente dónde se hallan en cada momento. Repasemos los hechos.

El 23 de febrero de 2017, la Plataforma Tanquem Cofrents, la coordinadora histórica de oposición a la central, organiza una conferencia de denuncia y anima a desarrollar una campaña de mociones municipales de rechazo (algo simbólico, y totalmente inútil a efectos de incidir en los que gobiernan o los que mandan). En la información se alude a la decisión de prórroga de Garoña del CSN, como algo que puede afectar a Cofrentes, pero no hay ninguna mención a que la decisión también implica a todos los reactores nucleares, tan peligrosos como Cofrentes al margen de delimitaciones territoriales. Todo queda en la denuncia local [7].

El 11 de marzo se despliega una pancarta en la presa de Contreras que vincula una rotura de la presa, y la consiguiente inundación, con lo acontecido en 2011 con el terremoto que provocó la catástrofe de Fukushima, catástrofe que fue agravada por el posterior tsunami [8].

El 29 de marzo, las Corts, con el voto del PSPV, Compromís y Podemos, aprueban una proposición no de ley pidiendo el cierre de Cofrentes cuando en 2021 finalice el permiso de funcionamiento, así como su desmantelamiento, y que no se construya el Almacén Temporal Individualizado (ATI) previsto. El redactado, publicado en el Boletín de las Corts el 25 de enero, no hace mención ni a Iberdrola, ni a las compañías eléctricas, ni a las otras centrales, ni a las demandas de alargamiento para todos los reactores que ya aparecían en los medios. Se queda en el ámbito local. Como era previsible, siete meses más tarde, el 18 de octubre, el gobierno del PP no toma en consideración la proposición no de ley y se limita a contestar en términos genéricos sobre la necesidad de la energía nuclear. Todo queda en una jugada política de consumo interno [9].

A lo largo de abril, mayo y junio se realizan actividades locales de denuncia de la central, sin vincularlas a las maniobras de las eléctricas para retrasar los plazos de presentación de documentación de todas las nucleares [10].

El 19 de septiembre se presenta un libro de Raquel Montón (Greenpeace España) y Francesc J. Hernández (profesor de sociología de la Universidad de Valencia). Título: "Txernòbil, Fukushima i la Central Nuclear de Cofrents" [11].

El 15 de enero de 2018, el grupo político Unidas Podemos - En Comú Podem - En Marea registran en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado una
Moción con los mismos contenidos que la aprobada en las Corts en marzo de 2017. Como era previsible dada la composición de la tal Comisión (16 representantes del PP sobre 27 miembros) [12], la Moción es rechazada el 13 de febrero con los votos en contra del PP y la abstención de los socialistas [13].

En resumen, mientras los que gobiernan y los que mandan combinan la retórica confusa en los medios con un silencio calculado sobre Cofrentes, mientras mantienen una actividad de cruda defensa del negocio, la oposición a la central se ha limitado al terreno virtual (presentación de libro e informe, campaña en Twitter) y la política institucional en el territorio. La única actividad de resistencia con referentes externos ha sido la participación en la redacción del informe METC. A efectos de resistencia, Cofrentes se limita al espacio nuclear virtual, desvinculado de los conflictos comunes que afectan a los otros seis reactores en funcionamiento en España.

En Cofrentes se repite lo acontecido en Almaraz (Extremadura) entre 2016 y 2017: denuncia estrictamente local y territorial (sin vinculación con todos los otros reactores), predominio del componente institucional (con una fugaz proyección de Portugal), discurso y análisis ajeno a las maniobras y acciones de las eléctricas que se desarrollan simultáneamente para asegurar sus intereses globales, y limitación a acciones simbólicas de la base de activistas [14].

El 23 de enero, en plena crisis de Cofrentes y en plena escenificación del pulso entre Nadal y Galán, Unesa, la Asociación Española de la Industria Eléctrica formada por Enel-Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, Viesgo y Electricidade de Portugal, decidió que las actividades empresariales de las divisiones nucleares de cada una de las compañías quedaban fuera de su línea de actuación. Pero menos de un mes más tarde, el 21 de febrero, aceptó que el Foro Nuclear, un conglomerado de 54 entidades que agrupa a empresas, asociaciones profesionales y centros de enseñanza relacionados con la industria, ostentase la representación de los intereses atómicos en Unesa [15]. La información publicada es ilustrativa de la capacidad de adaptación de tales intereses.

“El sector nuclear español sale fortalecido con la integración”, según destacó Foro Nuclear. Así, Foro Nuclear agrupa la división nuclear de Unesa con el objetivo de que el sector salga reforzado al integrar todas las actividades relacionadas con la energía nuclear en una única asociación. Foro Nuclear seguirá defendiendo, tal y como señala su presidente, Ignacio Araluce, la presencia de la energía nuclear en el mix eléctrico español “al tratarse de una fuente fiable, siempre disponible, capaz de liderar la producción eléctrica, ser la fuente que más horas funciona y la que más ayuda en la lucha contra el cambio climático, al no emitir CO2″.

(...)

“Todo esto hace que “las centrales nucleares sean esenciales en la transición energética de nuestro país”, señala Araluce. La integración de la división nuclear de Unesa es, para Araluce, una buena noticia para todo el sector nuclear español, que ha definido como una industria “puntera, tecnológica, exportadora de productos, servicios y tecnología a más de 40 países y reconocida a nivel internacional”. Un sector, en definitiva, “que apuesta por la I+D+i, generador de riqueza y empleo de calidad y que hay que dar a conocer, preservar e impulsar, algo que haremos intensamente en esta nueva etapa de Foro Nuclear”, apunta" [16]

El mundo virtual es fuente de debates abstractos y acciones simbólicas, de denuncias locales, de gestos políticos institucionales que no llevan a nada; en el mundo real las cuentas están claras y los objetivos definidos; y quedan unas semanas para que den el siguiente paso.

Notas

[1] Todo lo tratado en estos cuatro primeros párrafos fue analizado y documentado en su día en los artículos.
- http://www.mientrastanto.org/boletin-155/notas/inicio-de-la-ofensiva-pro-nuclear-cronica-de-febrero
- http://www.mientrastanto.org/boletin-161/notas/nucleares-en-septiembre-tic-tac-tic-tac-tic-tac
- http://www.mientrastanto.org/boletin-162/notas/hipotesis-de-un-futuro-nuclear-1
- http://www.mientrastanto.org/boletin-165/notas/sobre-transiciones-expertos-decretos-negociaciones-y-cuenta-atras-de-nucleares-en-

[2] Los elogios en la prensa especializada en economía y energía hacia la figura del presidente de IBEDROLA, son proporcionales a las críticas ácidas contra el ministro de Energía.
La máxima expresión de retórica victimista del señor Sánchez Galán en
- http://www.lavanguardia.com/economia/20170331/421338987182/Iberdrola-ignacio-sanchez-galan-centrales-nucleares-garona-junta.html
Expresiones de retórica populista del señor Nadal en
- http://www.elmundo.es/economia/2018/02/05/5a78464b268e3e84678b45a7.html
- https://www.elplural.com/economia/2018/02/05/nadal-carga-contra-las-electricas-y-las-tilda-de-monopolios

[3] Una selección de las más de 30 noticias recogidas
- http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-recarga-central-nuclear-cofrentes-1100-trabajadores-refuerzo-201709231236_noticia.html

- http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/09/30/59cfbdd0ca474127138b45c6.html

- http://www.amac.es/la-central-nuclear-de-cofrentes-anuncia-una-parada-programada/

- http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2018/01/10/un-fallo-provoca-una-nueva-parada-en-la-central-nuclear-de-cofrentes
- http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/01/15/nuclear-cofrentes-sufrio-nueva-parada/1666477.html

- http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/02/21/inspeccion-cofrentes-detecto-deterioro-valvula/1682205.html

- https://www.cuatro.com/noticias/economia/Cofrentes-Valencia-notificados-CSN-mantenimiento_0_2518950861.html

[4] Informe. INCIDENTES EN LA NUCLEAR DE COFRENTES. Movimiento Ibérico Antinuclear, Ecologistas en Acción y la Plataforma Tanquem Cofrents
https://www.ecologistasenaccion.org/article35731.html

[5] Referencias de todas las declaraciones y artículos del señor Galán mencionados.
30/11/2017
- https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-11-30/galan-Iberdrola-carga-contra-siemens_1486118/
30/11/2017
- http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-Iberdrola-pide-marco-regulatorio-estable-dejar-escuchar-anterior-ministro-equivoco-20171130134230.html
20/12/2017
- http://www.diariosur.es/opinion/palabras-20171221003346-ntvo.html
19/01/2018
https://elpais.com/elpais/2018/01/15/opinion/1516036907_044013.html
07/02/2018 - Apoyo a Galán desde Gas Natural Fenosa
- http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8922050/02/18/Gas-natural-no-ve-razonable-que-el-gobierno-quiera-que-asuma-desmantelar-las-nucleares-cuando-faltan-dos-anos-para-que-se-cumpla-su-vida-util.html
22/02/2018
- http://www.europapress.es/economia/noticia-galan-afirma-discusion-gobierno-centra-lograr-planificacion-energetica-largo-plazo-20180222114452.html
21/02/2018
- https://elpais.com/economia/2018/02/21/actualidad/1519199504_806213.html

[6] Referencias de los hechos señalados.
- 28/06/2017
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/06/28/energia-da-tiempo-central-nuclear/1586343.html

- 08/11/2017
http://www.cncofrentes.es/actualidad/noticias/detalle/20171108PrevisitaWANO
- 05/02/2018
http://www.cncofrentes.es/actualidad/noticias/detalle/180502ExpertosInternacionalesGestionEmergencias

- 20/02/2018
https://valencianews.es/valencia/comparecencia-del-director-la-central-nuclear-cofrentes-les-corts-valencianes/

- 28/11/2017. GRÁFICA DE AVERÍAS POR CENTRALES Y POR SISTEMAS AFECTADOS
https://www.lainformacion.com/empresas/Iberdrola-intenta-reactivar-la-nuclear-mas-potente-del-pais-averiada-desde-agosto/6337627

- 17/01/2018
http://www.lasprovincias.es/economia/central-cofrentes-cubre-20180117001952-ntvo.html
- 20/02/2018
http://www.lavanguardia.com/politica/20180220/44940230009/la-nuclear-de-cofrentes-opero-el-80--de-2017-y-notifico-diez-sucesos.html

[7] 12/02/2017.http://cadenaser.com/emisora/2017/02/12/radio_valencia/1486917334_129268.html y 22/02/2017. http://www.accioecologista-agro.org/spip.php?article5595

[8] 11/03/2017. http://www.accioecologista-agro.org/spip.php?article5619

[9] - 29/03/2017 . https://www.20minutos.es/noticia/2998357/0/parlamento-valenciano-central-nuclear-cofrentes-valencia/ Más en: https://www.20minutos.es/noticia/2998357/0/parlamento-valenciano-central-nuclear-cofrentes-valencia/#xtor=AD-15&xts=467263

- 25/01/2017 Boletín de las Corts http://www.cortsvalencianes.es/BASISCGI/BASIS/BOCV/WEB/IMAGENES_PDF/DDD/2963.pdf
- 18/10/2017 Respuesta del PP
http://senat.compromis.net/2017/10/18/compromis-censura-que-el-gobierno-obvie-la-peticion-de-les-corts-valencianes-sobre-el-cierre-de-cofrentes/

[10] http://www.accioecologista-agro.org/spip.php?rubrique160&debut_articles=10#pagination_articles

[11] - 19/09/2017. http://www.accioecologista-agro.org/spip.php?article5939

[12] - 11/01/2018. MOCION UP CIERRE DE COFRENTES SENADO
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=84842
- SENADO. COMISIÓN DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL.
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/composicion/index.html?id=S011002&legis=12

[13] - 13/02/2018. http://www.lavanguardia.com/vida/20180213/44760591998/el-senado-rechaza-pedir-al-gobierno-que-cierre-la-central-nuclear-de-cofrentes-en-2021.html
- 14/02/2018. RECHAZO MOCION UP CIERRE DE COFRENTES SENADO
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=91338

[14] - http://www.mientrastanto.org/boletin-152/notas/almaraz-es-una-grieta

[15] 23/01/2018. https://www.lainformacion.com/empresas/las-electricas-sacan-la-actividad-nuclear-de-la-asociacion-patronal-unesa/6340622

[16] 23/02/2018. http://www.energiadiario.com/publicacion/foro-nuclear-integra-la-division-nuclear-de-unesa-y-unifica-todas-las-actividades-relacionadas-con-esta-energia/

[Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro de Tanquem Les Nuclears – 100% RENOVABLES, del Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS, y del Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya. Mantiene la página de divulgación energética www.sirenoveablesnuclearno.org ]

27/2/2018

Combinación letal: la nueva crisis de la vivienda

Cuaderno postcrisis: 5

Albert Recio Andreu

El problema de la vivienda es estructural en el capitalismo, pero las disputas sobre el control del suelo son anteriores. Toda la historia del feudalismo está atravesada por conflictos sobre el control del suelo, de su producto. Y el nacimiento de la sociedad capitalista se caracterizó por una diversidad de confrontaciones sobre esta cuestión: el cercamiento de tierras comunales, el acortamiento de los periodos de arrendamiento, las desamortizaciones o la colonización, constituyen momentos clave en la acumulación de capital y en la generación de un proletariado urbano sin capacidad de auto-sostenerse. El conflicto de la vivienda es en gran medida una nueva versión de lo que antes acaeció fundamentalmente en el mundo rural: el control del espacio para satisfacer necesidades humanas básicas o como elemento de enriquecimiento. Y por eso la cuestión de la vivienda ha sido casi siempre un problema recurrente. Baste recordar las páginas que le dedica Engels para describir la situación de las viviendas del proletariado de Manchester a mitad del siglo XIX, o las que de Upton Sinclair sobre la clase obrera de Chicago a principios del siglo XX.

Los problemas de la vivienda han acechado de forma recurrente a las clases populares barcelonesas. El barraquismo formó parte del panorama de muchos barrios de la ciudad hasta 1989, año en que se derrocaron los dos últimos reductos. De la misma forma, la especulación fue uno de los ejes de la acumulación capitalista en la fase final del franquismo (fenómeno bien explicado en el libro colectivo “La Barcelona de Porcioles”). La otra cara de la moneda eran las interminables jornadas laborales que permitieron a la clase obrera de la época acceder a viviendas más que modestas. Tras la transición, las oleadas especulativas se han sucedido, sólo interrumpidas por la crisis “corta” —de 1991-1994— y la “larga” —de 2008 a 2015—. Y, en estas fases especulativas, el problema de la vivienda fue tan grave, especialmente en la fase final de la burbuja, que generaron respuestas locales a la evidencia del mobbing inmobiliario y el encarecimiento de la vivienda. Con la crisis llegó una versión más dramática del problema: los desahucios. Un fenómeno en sí mismo cambiante, pues al inicio afectaba a familias hipotecadas que habían dejado de pagar sus cuotas, mientras que posteriormente ha terminado afectando a personas que no pueden pagar el alquiler o a personas que han ocupado viviendas vacías ante la falta de oportunidades legales. Ahora entramos en una tercera fase, sin que las dos anteriores se hayan extinguido: la mera expulsión de personas por el fin del contrato de arrendamiento. Una nueva versión moderna, urbana, de una historia de desposesión que en el mundo rural tiene una larga trayectoria.

Que esto exige una respuesta social contundente es innegable. Que la misma se vaya a producir es más problemático. Aunque al menos bullen las iniciativas de respuesta; se multiplican las voces críticas en un amplio espectro, que abarca desde organizaciones cristianas con trayectoria en el tema de la vivienda hasta colectivos de barrio que luchan contra la gentrificación, pasando por sindicatos, asociaciones vecinales clásicas y, sin duda, con el impulso de las organizaciones que han nacido al calor de los nuevos conflictos (la PAH, la Plataforma contra la Pobreza Energética, el Sindicat de Llogaters…). Aún no está claro qué capacidad de respuesta colectiva tendrá todo este conglomerado. Las notas que siguen tratan simplemente de detectar los espacios del conflicto. Hay tres dinámicas básicas que explican la situación: las dinámicas de la especulación capitalista, la política de suelo y vivienda, y las condiciones de renta y trabajo.

La especulación sobre el suelo y la vivienda tiene larga tradición, y ahora se concentra en las grandes ciudades globales donde fluyen todo tipo de capitales y generan oleadas de revalorización del suelo. El espacio no es un activo homogéneo, y el problema de la renta del suelo ha preocupado desde el principio a teóricos de la economía. Las ciudades globales, las de más éxito, tienen diversos factores de atracción diferentes al resto de urbes. En primer lugar, muchas de ellas son ciudades turísticas, y el turismo necesita espacio de alojamiento que compite con el residencial. No hace falta explicarlo mucho, pues cualquiera que viva en una ciudad global conoce la presión por expandir las plazas hoteleras y los apartamentos turísticos. No deja de ser paradójico que la proliferación de estos últimos, lejos de generar una gentrificación de los barrios, lo que provocan es una degradación de la vida social —tanto porque prolifera un tipo de turista que busca la juerga como porque sustituye el comercio tradicional por comercios y bares especializados—.

En segundo lugar, las ciudades globales también atraen asalariados de las empresas punteras (diseñadores, informáticos, etc.), con mayor poder adquisitivo y dispuestos a ocupar los espacios urbanísticamente más atractivos de la ciudad. Parte del negocio de la rehabilitación de alto standing, o el surgimiento de nuevos barrios en antiguas zonas industriales (como ocurre en Barcelona en parte del frente marítimo de la ciudad), obedece a esta dinámica, y es allí donde se produce una palpable gentrificación. Y, por último, pero no menos importante, nos encontramos ante la proliferación de inversores que consideran que la inversión en edificios es una actividad no sólo rentable, sino menos incierta que la inversión industrial: los edificios son más versátiles que cualquier otra inversión productiva, y la posibilidad de comprar y vender a corto plazo es mayor, entre otras cosas porque no se requiere un conocimiento especializado como el que se exige para desarrollar cualquier otro tipo de negocio. De hecho, casi todos los grandes empresarios acaban dedicando parte de los beneficios de sus empresas en inversiones inmobiliarias, como muestra el caso ejemplar de Amancio Ortega, el principal propietario de Inditex.

Que a corto plazo la mera especulación constituye un negocio lo muestra el caso de las Socimis, empresas de inversión inmobiliaria que cotizan en bolsa, que llevan dos o tres años con beneficios muy superiores a los alquileres que perciben, beneficios contables que generan la revalorización de sus activos. Y que practican una política de “rotación de activos”, es decir, de compras y ventas orientada a “realizar” parte de esta revalorización especulativa. Seguramente, en algún momento este proceso volverá a estallar, pero en el entretiempo ya se han obtenido suculentos beneficios, y ya se verá quien paga finalmente el pato del fin de los buenos tiempos. En este caso, esta oleada especulativa provoca tanto un aumento de las rentas de la propiedad —que afecta especialmente a comercios y restauración— como puede provocar un cierto vaciamiento de los centros urbanos, debido a la proliferación de viviendas de lujo que entran en esta subasta especulativa sin que tengan un índice muy elevado de ocupación. Un especulador rico puede en muchos casos permitirse tener durante un tiempo una propiedad que sólo ocupa temporalmente, y que espera revender al cabo de cierto tiempo.

La salida de la crisis (o, al menos, de la recesión) se ha producido en todas partes con una elevada inyección monetaria por parte de los bancos centrales. Las dificultades de liquidez que constriñen a la mayoría de la gente no afectan ni a las grandes empresas ni al entramado de intermediarios financieros que están en la base de estos procesos especulativos. Y conecta las políticas de salida de la crisis con el nuevo auge inmobiliario, que se detecta en ciudades globales como Barcelona y Madrid.

III

La segunda pata es indudablemente la política de suelo y vivienda que desarrolla el país. La etapa neoliberal ha experimentado un largo ciclo de liberalización de la vivienda que ha agudizado los problemas de la política franquista de vivienda. Sucesivas desregulaciones del mercado de alquileres; recalificaciones urbanísticas por doquier; privatización del suelo público; ausencia de una política seria de vivienda pública; tratamiento fiscal favorable a la especulación; alta protección pública del sector financiero privado; son algunos de los pilares que han generado los sucesivos problemas de vivienda, y que han afectado a gran parte de la población. El estallido de la burbuja financiera pareció augurar un cambio de rumbo, pero en la práctica se han traducido en una nueva oleada de medidas que han agravado la situación: la nueva ley de arrendamientos de 2013, la legalización de las Socimis, el tratamiento de la crisis bancaria permitiendo traspasar (directamente o vía Sareb) los activos inmobiliarios “tóxicos” de manos de los bancos a verdaderos fondos-buitre internacionales, los cambios en la ley de costas, y los recortes en inversión pública. Medidas que, lejos de cambiar el modelo, se han diseñado para posibilitar un nuevo auge especulativo y para salvar las cuentas del sistema financiero.

Se trata de una situación perversa, porque se ha creado todo un entramado legal e institucional que favorece la proliferación de los movimientos especulativos que he intentado describir. Perversa porque el drama se concreta a escala local y afecta especialmente a los “Ayuntamientos del cambio” (especialmente en Barcelona y Madrid), que tratan de revertir una situación enquistada y se tienen que enfrentar no sólo a los destrozos de la crisis, sino también a los embates de la nueva especulación en un contexto de ausencia de suelo público, lo que dificulta desarrollar una agresiva política de vivienda.

La tercera pata del problema está en el mundo laboral y el reparto de la renta. La crisis hipotecaria fue en gran medida generada por el hundimiento del empleo. Antes de 2008 la gente estaba endeudada, pero pagaba sus cuotas semanales (por ejemplo, entre la población de reciente inmigración era habitual que el alquiler de habitaciones a compatriotas permitiera pagar la hipoteca, algo que se cortó cuando el propietario y sus allegados perdieron el empleo). Con el paro esto fue imposible. Con los nuevos empleos de bajos salarios también. Por ejemplo, la serie de la Encuesta de Condiciones de Vida que publica en I.N.E. muestra que desde 2012 las rentas salariales medias y los ingresos de los parados están a la baja. Y ya sabemos que las medias esconden una enorme dispersión salarial, y que los que han caído de verdad son los salarios históricamente más bajos. Y también lo ha hecho el nivel de cobertura social.

Con niveles de ingresos tan bajos es difícil el acceso a la vivienda privada. Es imposible no sólo la compra, sino obtener las garantías de un alquiler decente. Puede, incluso, que haya una conexión entre la caída de algunos ingresos salariales y el incremento de algunos alquileres, pues la caída de los primeros (para hoteles o comercios) se convierte en un mecanismo compensador del aumento de los costes de alquileres.

Los problemas de la vivienda reflejan, por tanto, la combinación de tres perversas dinámicas. Ninguna de ellas es inevitable, aunque todas tienen soluciones difíciles de aplicar en el actual contexto social. Pero se trata de soluciones que tienen su punto nodal en la política. No sólo en el marco estricto de la política de vivienda, sino también en los dos ámbitos restantes.

Los movimientos especulativos globales son potentes, pero se pueden amainar con políticas impositivas que dificulten la obtención de plusvalías a corto plazo (fijando niveles expropiatorios a los beneficios de tenencia corta, o aplicando tasas especiales para propietarios no residentes. En definitiva, creando desincentivos a una actividad que genera suculentos beneficios privados a costa de generar un altísimo coste social.

El control de los alquileres es otro de los campos de confrontación. Los economistas liberales argumentan que controlar los alquileres acaba por vaciar el mercado. Se trata de un argumento falaz. Es una cuestión de grado. No resulta entendible que un nivel de alquileres que garantice unos ingresos que cubran costos y den un margen moderado de rendimiento no vaya a resultar viable, como ocurre en otros países europeos.

Y, sin duda, es necesaria una nueva política de vivienda pública, así como cambios en las políticas laborales y de rentas para combatir el empobrecimiento que afecta a sectores importantes de la población. En suma, iniciativas que combatan el problema desde sus diversos ángulos. Una respuesta que exige una movilización persistente y tenaz para romper el círculo perverso que conduce a mucha gente a un laberinto sin aparente salida.

25/2/2018

Memorias feministas

Carme Bernat Mateu

La Historia ha sido el relato de los grandes acontecimientos y los grandes personajes. El paradigma positivista impregnó la práctica historiográfica y la historia era la verdad sobre el pasado, todo aquello que indiscutiblemente sucedió en tiempos anteriores al presente. Pero esta historia dejaba sujetos, epistemologías y prácticas sociales y culturales en la sombra. La historia estaba impregnada de silencios, ya que el relato hegemónico se construyó en torno a un único sujeto universalizado: hombre, blanco, heterosexual, económicamente acomodado, perteneciente a las esferas de poder, etc. Esta historia, eminentemente política, ha sido enormemente cuestionada por diferentes corrientes de pensamiento crítico, ya que una gran mayoría de la población (mujeres, personas del Sur Global, clases trabajadoras, LGTBIQ+, etc.) quedaba en la oscuridad perpetua de una historia única e indiscutible. Un relato universalizado que, a la luz de las revisiones críticas, mostró que era limitado y sólo se refería a un sector social minoritario. Aunque esta crítica ha sido ampliamente difundida en ámbitos académicos, el uso tradicional sigue siendo hegemónico en los libros de texto de las asignaturas de historia y en numerosos productos culturales.

La memoria también ha sido el relato de los grandes acontecimientos y de los grandes personajes. Las dictaduras del Cono Sur, la Guerra Civil española y la represión franquista, la resistencia al fascismo y el genocidio perpetrado por el Tercer Reich han sido, entre otros, grandes protagonistas de los relatos memorialísticos desde finales del siglo XX. Los movimientos de memoria llevan décadas reivindicando la necesidad de recordar y de romper el silencio en relación con diferentes hechos traumáticos del pasado: reparar y no olvidar la represión por motivos políticos como un ejercicio de justicia histórica y para evitar nuevos episodios atroces en el futuro. Pero generalmente, los estudios sobre la memoria y los movimientos de memoria histórica se focalizan de nuevo en acontecimientos políticos que tuvieron una enorme repercusión social en su contexto y un carácter generalmente dictatorial, represivo y violento.

Sin embargo, existieron y siguen existiendo otro tipo de violencias: opresiones invisibles, silenciosas, relegadas al ámbito de lo personal. Pero opresiones persistentes y casi ahistóricas, sin un final a la vista. Me refiero a las violencias derivadas de las estructuras de poder con tres brazos que rigen el sistema-mundo: el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Las violencias derivadas de las opresiones de género, clase y etnia, entre otras, son constantes y poco llamativas, ya que no responden a un golpe de estado o a un suceso político concreto.

Se necesita una memoria de las violencias sistémicas. Y no solo de las violencias y opresiones, sino más bien de las resistencias cotidianas, individuales y colectivas, anónimas, comunes, sencillas y organizadas... El recuerdo de la transformación de estas opresiones en impulsos de resistencia, en reivindicaciones y luchas, en movimientos contraculturales o en transgresiones más sencillas y cotidianas, más allá de la victimización y del romanticismo.

La memoria es instrumento para la transformación: tiene el poder de contribuir al cambio del orden normativo, porque posee la capacidad de la moldear e impregnar las identidades individuales y la acción colectiva. Atendiendo a este potencial de la memoria, y teniendo en cuenta que es una herramienta de poder, vemos la necesidad de desestabilizar las memorias hegemónicas e introducir nuevas epistemologías. Nuevos saberes situados y diversos, que partan de la interseccionalidad y de un análisis relacionado de los diferentes sistemas de dominación. Entre ellas, las memorias feministas, porque el orden tradicional de género se ha sostenido gracias a unas memorias selectivas, que han fomentado un orden conservador y opresor en la construcción rígida de feminidades y masculinidades. Y también porque el feminismo requiere de genealogías, referentes y ejemplos pasados, así como de inspiraciones para el futuro.

De todos estos presupuestos partimos en el proyecto Arada. Eina de feminismes i memòria (Arada. Herramienta de feminismos y memoria). Es un colectivo abierto y asambleario de mujeres y personas socializadas como mujeres, que engloba diferentes iniciativas relacionadas con la memoria feminista en València. Desarrollamos actividades de divulgación de historia crítica, con perspectivas feministas y decoloniales, y de sensibilización mediante la memoria feminista. Una de las actividades centrales que estamos desarrollando es la creación de un centro de documentación feminista, un archivo para recoger la documentación de colectivos feministas para depositarlos adecuadamente, difundirlos y preservarlos. De hecho, quienes estudiamos historia con perspectiva feminista conocemos la dificultad y escasa presencia de las mujeres en las fuentes históricas que se han preservado en muchos archivos. Por eso, entendemos este centro de documentación como un espacio necesario para la investigación, cuyo objetivo es conservar fuentes históricas como recursos indispensables para conocer el feminismo. Y también para la acción, ya que la memoria es un pilar central para la transformación futura.

Por otro lado, nos encontramos en el proceso de investigación y escritura de un libro de forma colectiva, a propuesta de Caliu Espai Editorial, con la memoria feminista como hilo conductor y como reflexión central, aunque los temas serán diversos: la memoria feminista y su relación con la memoria histórica, la memoria decolonial feminista, los espacios urbanos y su construcción en relación con los espacios de memoria de las mujeres, los usos políticos de la historia y su relación con el feminismo... Y por último, visitamos barrios y pueblos haciendo talleres lúdicos sobre memoria feminista y presentando nuestro proyecto, a petición de centros y movimientos sociales.

“Arada” es, en catalán, un instrumento agrícola que se utiliza para abrir surcos en la tierra (el arado, en castellano). Nuestro nombre es una metáfora del potencial del recuerdo y de la historia. De hecho, utilizamos la memoria como una herramienta: labrar el pasado para sembrar el futuro.

[Carme Bernat Mateu es investigadora en la Universitat de València]

26/2/2018

Obituario: Jacobo Muñoz

Redacción

Lamentamos profundamente la pérdida de Jacobo Muñoz, un filósofo que aportó una mirada lúcida al pensamiento emancipatorio contemporáneo.

Jacobo era lo contrario del filósofo mercader que trata de llamar la atención: la suya es una obra sólida, centrada en unos pocos libros fundamentales —el último, El ocaso de la mirada burguesa. Hay que situarle en ese lugar de encuentro de intelectuales consagrados al pensamiento emancipatorio, y que en los últimos tiempos ha sufrido pérdidas muy serias: Fernández Buey, Antoni Domènech y ahora Jacobo Muñoz. Cercano a la figura de Manuel Sacristán, quien le ayudó generosamente a preparar sus oposiciónes a cátedra.

Jacobo Muñoz creó con Manuel Sacristán la revista Materiales, antecedente de mientras tanto; siempre disponible para sus amigos, se le debe la conservación de un importante texto de Sacristán sobre Gramsci. Su pérdida parece confirmar el final de una época.

26/2/2018

Ensayo

José A. Estévez Araujo

Guía ilustrada de la Nación

El Procés de independencia de Catalunya plantea, entre otros, el problema de la delimitación de la nación española. Se discute la cuestión de si los habitantes de España pertenecen todos a una única nación o si existen diferentes naciones en el territorio español. La primera postura queda reflejada en la constitución española cuando señala que “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española”. La segunda se puede encontrar en el preámbulo a la Llei del Referéndum donde se dice que “El Parlament de Catalunya ha expressat de manera continuada i inequívoca el dret de Catalunya a l'autodeterminació. Així es va manifestar en la Resolució 98/III, sobre el dret a l'autodeterminació de la nació catalana, adoptada el 12 de desembre del 1989”.

La cuestión de fondo que confronta a ambas partes es dónde reside la soberanía. La constitución dice que “La soberanía nacional reside en el pueblo español”. La llei del referéndum dice que "El poble de Catalunya és un subjecte polític sobirà i, com a tal, exerceix el dret a decidir lliurement i democràticament la seva condició política". Aunque la Llei usa más el término “pueblo” que el término “nación” también afirma que, en la convocatoria del referéndum de autodeterminación, “hi conflueixen la legitimitat històrica i la tradició jurídica i institucional del poble català –només interrompuda a llarg dels segles per la força de les armes, amb el dret d'autodeterminació dels pobles”. La referencia a la historia y a la tradición parece poner de manifiesto que se está hablando del pueblo catalán como una comunidad con una identidad nacional.

La cuestión de qué es una nación es especialmente importante si no para resolver el debate, al menos para intentar desentrañarlo. Aquí la abordaremos empezando por exponer la noción de nación defendida por un nacionalista “progresista”, Xosé Manuel Beiras. Sus ideas nos servirán para determinar lo que podríamos llamar la "concepción nacionalista de nación" y los mitos que contiene.

Beiras señala en un texto sobre el tema [1] que la nación es una “comunidad de destino” y que la historia común es la “causa eficiente” que la produce. Las naciones no son, pues, entidades efímeras, sino que tienen un pasado y un futuro. Generalmente la duración histórica que se atribuye a las naciones es desmesuradamente prolongada. A mí me explicaron en la escuela que los españoles habían “reconquistado” la península durante una guerra que se prolongó nada menos que ocho siglos terminando a finales del XVI. Eso implica que ya existían españoles en el siglo VIII y que la Reconquista fue la recuperación de su territorio nacional previamente perdido por la invasión de los "moros". Cuando a un niño pequeño le inculcan esto, la versión aprendida y sus implicaciones se convierten en un punto de referencia de su conciencia histórica. Es necesario hacer un gran esfuerzo para desaprender el mito y entender cómo fue realmente la historia. Por ejemplo, es preciso aprender que las naciones son un fenómeno muy moderno (del siglo XIX) para darse cuenta de que hablar de “españoles” en el siglo VIII (o en el XVI puesto el caso) es algo, cuanto menos, engañoso.

La expresión “comunidad de destino” (que evoca lo que aprendíamos en FEN: “España es una unidad de destino en lo universal”) transmite la equívoca idea de que las naciones son “comunidades”. En sentido estricto, sólo debería hablarse de comunidades en el caso de pequeños grupos que pueden interactuar cara a cara y cuyos miembros se conocen personalmente entre sí. Muchos pueblos “primitivos” estudiados por los antropólogos son comunidades en ese sentido. Pero cuando hablamos de conjuntos integrados por millones de personas, la expresión "comunidad" no resulta adecuada. Tiene unas connotaciones que no se corresponden con lo que en realidad es una "sociedad anónima" cuyos miembros ni se conocen ni se conocerán nunca entre ellos y ni siquiera sabrán de la existencia los unos de los otros.

Esta visión de la nación como una comunidad se puso de manifiesto, por ejemplo, en el llamamiento del vicepresidente de la ANC el 30 de enero de 2018 en el que dijo "no permitiremos enfrentamientos fratricidas entre hermanos" refiriéndose a las desavenencias entre los partidos independentistas. Aquí la nación no solo es una comunidad, sino que es también una familia. Algo similar a las comunidades primitivas en las que sus miembros están vinculados por los lazos de parentesco.

La tesis de que la historia común es la "causa eficiente" del nacimiento de las naciones defendida por Beiras tiene connotaciones tramposas. Las naciones no son un producto espontáneo del devenir histórico. Es decir, no son el resultado automático de la acumulación de una serie de episodios. No son el fruto aleatorio de un acontecer casual. Las naciones tienen individualmente algún tipo de base histórica, pero son consecuencia de un proyecto político consciente y deliberado. Se fundan mediante la selección de una serie de hechos diferenciales que se vehiculan para construir una identidad común. En el caso de Catalunya, por ejemplo, el proyecto político de crear una nación se remonta a la pérdida de las colonias españolas y la consiguiente crisis del 98. España se había constituido como un imperio y no como una nación y su paso a ser una potencia de segundo orden creó una fuerte crisis de identidad. La burguesía catalana dejó de ver sentido al proyecto español y se afanó en construir uno propio. Esto no tiene nada de excepcional. Es un proceso que se repite en la construcción de todas las naciones europeas. El caso de Catalunya es un ejemplo de manual.

Beiras afirma en su texto que "la Nación [con mayúscula] es lógica e históricamente previa -preexiste- al Estado [también con mayúscula]". Esta afirmación es radicalmente falsa. En la historia europea son los estados los que construyen las naciones. Éstas son el resultado de un proceso de homogeneización brutal sobre unas diversidades previamente existentes. Las lenguas, por ejemplo, experimentan dos momentos especialmente intensos de homogeneización: uno, con la invención de la imprenta, el segundo con la implementación de la escuela obligatoria (se podría añadir un tercero: la difusión de la televisión). En ese sentido, hablar de la base histórica de las naciones tiene sus complicaciones. No es que haya una serie de rasgos que se vayan decantando como los cantos rodados de un río, sino que se construye una narrativa del pasado para, por utilizar la expresión de Hobsbawm, construir “tradiciones inventadas”. Con esto no se quiere decir que las naciones o las identidades nacionales sean meros fraudes, sino que en la construcción de esas entidades se incluyen una serie de mitos y se realizan procesos de naturalización.

Ahora bien, visto el carácter relativamente tosco de los relatos acerca de la nación, es preciso preguntarse de dónde extrae su fuerza movilizadora el nacionalismo.

Una de las explicaciones que se dan de esta capacidad movilizadora es que utiliza poderosos mecanismos pasionales. Este tipo de postura suele ir acompañada de actitudes hostiles hacia el nacionalismo. Una ilustración extraída del Procés es la alocución de Vargas Llosa al final de la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana en octubre de 2017. En su discurso, el escritor peruano afirmó que el nacionalismo moviliza impulsos irracionales. Los independentistas estarían azuzando las pasiones. En particular la "peor de todas ellas" la "pasión nacionalista". Por el contrario, él mismo y los asistentes a la manifestación estaban "armados de ideas y razones".

Resulta llamativo que todo un premio Nobel no se diera cuenta de que estaba participando en un acto nacionalista: en una movilización de afirmación nacional española convocada en contraposición a las movilizaciones de afirmación nacional catalana. Vargas Llosa estaba ante un público que enarbolaba banderas españolas o se envolvía en ellas. Hizo referencia a uno de los mitos del nacionalismo español: que España nació con los Reyes Católicos. Mientras, el público jaleaba "Puigdemont a prisión". Sin embargo, para el escritor peruano los nacionalistas eran "los otros". Él no estaba exaltando pasiones nacionalistas, sino transmitiendo mesuradamente razones e ideas.

Lo que resulta cuestionable de esta explicación es el destierro del nacionalismo al reino de lo irracional. La concepción tradicional de la relación entre razón y pasiones en que se basa esa tesis está completamente trasnochada. De acuerdo con ésta, las pasiones tienen un carácter peligroso y la razón es digna de toda confianza. Por tanto, es necesario que la segunda domine a las primeras. La peligrosidad de las pasiones deriva de su enorme capacidad de impulsar la conducta y de su carácter incontrolable. Eso les confiere una amenazadora capacidad destructiva.

Los neurocientíficos contemporáneos ponen en cuestión esa distinción radical entre razón y emoción. El homo economicus, un modelo de "racionalidad", sería incapaz de tomar decisión alguna sin la contribución de las emociones. El aparato racional y el aparato emocional de un ser humano tienen que cooperar para que éste pueda decidir. Damasio lo demostró experimentalmente, analizando la conducta de personas que habían sufrido lesiones en el lóbulo frontal. Probó que la orientación emocional resultaba necesaria incluso para tomar decisiones meramente instrumentales. Quienes tenían desconectada la amígdala y el lóbulo frontal eran incapaces de decidir ni siquiera qué día y hora les iba mejor para la siguiente visita [2].

Una versión más sofisticada que la de Vargas Llosa y que pretende también explicar la movilización nacionalista por el recurso a mecanismos irracionales es el denominado "primordialismo". Se trata de una teoría utilizada por los antropólogos para dar cuenta de los enfrentamientos étnicos y nacionales. El término "primordialismo" se refiere a una serie de sentimientos considerados básicos o primordiales: los que las personas experimentan hacia los miembros del grupo familiar. Son vínculos afectivos que crean lazos muy fuertes y que, a la vez, pueden desencadenar conductas agresivas frente a quien amenace a la familia. Los enfrentamientos étnicos o nacionales se explicarían por la extrapolación de esos sentimientos básicos a grupos mucho más amplios. La etnia o la nación serían vistas y sentidas como una gran familia [3].

El enfoque primordialista está íntimamente ligado al colonialismo y a la idea de progreso. Esta forma de atavismo sería una característica de los pueblos primitivos, pero la irracionalidad de éstos puede superarse mediante procesos modernizadores: ésa sería la misión del colonialismo. La "modernización" comprendería entre otras cosas, transformar a las personas en individuos, implantar una economía de mercado, instaurar sistemas representativos como los de las naciones occidentales y establecer sistemas de educación obligatoria. Con esas mejoras, los pueblos dejarían de ser "primitivos" y esos impulsos atávicos que les llevaban a sangrientas guerras étnicas desaparecerían o al menos serían contenidos por medio de la razón modernizadora.

Los enfrentamientos étnicos y nacionales a los que se refiere el primordialismo son enfrentamientos internos o civiles. Sin embargo, la modernización no los ha impedido. Yugoslavia era un estado moderno en muchos sentidos (Sarajevo había sido sede olímpica) y, sin embargo, se desintegró por una sucesión de sangrientas guerras étnicas. Estos enfrentamientos se reproducen también en democracias largamente asentadas, como lo demuestra la proliferación de partidos racistas en Europa. La actitud y, en ocasiones, la conducta de sus miembros respecto de los inmigrantes no es muy diferente de la hostilidad étnica estudiada por los antropólogos. La tesis que propone el primordialismo parece, pues, inadecuada. La vía de la modernización entendida como la occidentalización del mundo, o no controla suficientemente esos mecanismos atávicos, o bien, el diagnóstico primordialista es equivocado.

Uno de los errores (o falsedades) del primordialismo es no tener en cuenta que los enfrentamientos étnicos, especialmente en África, fueron promovidos por las potencias coloniales. Éstas trazaron fronteras arbitrarias que no se correspondían con las divisiones étnicas. Pero, sobre todo, se apoyaron en unos grupos en contra de otros para ejercer su dominio colonial. La excepcional novela Medio sol amarillo de Chimamanda Ngozi Adichie pone de manifiesto la responsabilidad de la administración colonial inglesa en los enfrentamientos subsiguientes a la independencia de Nigeria y, en particular, en la guerra de Biafra. Otro error del primordialismo es que éste presupone la existencia de unos sentimientos y emociones naturales en los seres humanos. Sin embargo, las emociones y sus manifestaciones están moldeadas culturalmente. Lo que hoy día entendemos por amor (dentro de la pareja) es un producto histórico. Ese tipo de sentimiento no se daba en los matrimonios hasta épocas relativamente recientes, según los historiadores de la vida cotidiana. Aprendemos a sentir y a expresar nuestras emociones como parte de nuestro proceso de socialización. Ahí estriba la debilidad de afirmar que son los sentimientos familiares extrapolados los que explican los enfrentamientos étnicos y nacionales. No existen sentimientos familiares universales, ahistóricos y pre-culturales. No se pretende con esto decir que en las movilizaciones nacionalistas no intervengan elementos emocionales, sino que la relación entre razón y emoción es enormemente compleja. Decir, como Vargas Llosa, que el nacionalismo es irracional y la democracia racional no aporta ninguna comprensión del nacionalismo y sólo sirve para descalificarlo. Probablemente, lo que le falta hoy día a las democracias es, precisamente, la capacidad de despertar pasiones.

Hemos descartado por mítico el relato de la Nación y por simplista la tesis de la irracionalidad de los movimientos nacionalistas. Ninguno de los dos sirve para explicar la capacidad movilizadora del nacionalismo en general, ni del Procés en particular.

Llegados a este punto, puede resultar de utilidad explicativa la tesis de Benedict Anderson (el hermano de Perry) de que la nación es una comunidad "imaginada" [4]. Eso quiere decir que existe sólo en la mente de las personas, concretamente, en su imaginación. Los miembros de una nación se imaginan una identidad compartida que crea una relación horizontal con todos sus connacionales.

El hecho de que los rasgos que se atribuyen a la nación sean imaginados no les niega efectividad a la hora de movilizar a las personas. Lo imaginario no es lo mismo que lo fantástico. Muchos soldados han ido a la guerra y han resultado muertos o heridos por defender a su "patria".

La imaginación tiene la capacidad de evocar cosas que no están presentes. También puede representarse cosas inexistentes, algunas de las cuales son posibles. La imaginación puede convertirse, pues, en la fuente que está en el origen de los proyectos transformadores.

Los mecanismos capaces de hacernos imaginar la nación son propios del denominado por Anderson "capitalismo impreso". Los periódicos crean la posibilidad de que grandes conjuntos de personas presten atención simultáneamente a una cuestión o acontecimiento. Eso genera una sensación de conexión. El tema está presente en la mente de todos. Cada uno de nosotros lo sabe. Podemos sacar ese tema para conversar con cualquier desconocido. No nos conocemos personalmente unos a otros, pero sabemos en qué están pensando los demás, aunque ni siquiera sepamos de su existencia. Basta examinar la conexión que genera una final europea o mundial de fútbol en la que participe “nuestra” selección, o un acontecimiento que haya ocupado las primeras páginas de los periódicos, como los sucesos de agosto de 2017 en las Ramblas de Barcelona.

Anderson se queda en el capitalismo impreso. Hoy tenemos que añadirle el capitalismo audiovisual y el capitalismo digital. La televisión potencia enormemente la capacidad de que un acontecimiento sea visto simultáneamente por millones de personas. La fuerza es aún mayor si se añaden los recursos de Internet y las redes sociales. Puede que no exista una comunidad en el sentido de Tönnies, es decir, un conjunto de relaciones basadas en el conocimiento personal y en las interacciones cara a cara. Pero la potencia de la simultaneidad dota a la imaginación de la capacidad de evocarla como existente.

En el caso del Procés, la fuerza de la comunidad imaginada ha resultado enormemente intensificada. Los medios de comunicación se han ocupado del tema en sus primeras páginas continuadamente durante muchos meses. Las redes sociales han servido para articular las movilizaciones. A través de éstas, el tema del Procés se ha convertido en un trending topic permanente. Quienes vivían en Catalunya sabían que el Procés estaba en la mente de todos los demás. También sabían que había muchas personas que concordaban con ellos. Además, las movilizaciones multitudinarias confirieron a la comunidad imaginada una suerte de realidad tangible.

Como se ha señalado, la imaginación tiene capacidad proyectiva. Nos permite representarnos cosas no existentes, pero posibles. Los proyectos parecen tener tanta o más capacidad movilizadora de los grupos que las identidades construidas retroactivamente. Más que el relato mítico del nacionalismo, la movilización suscitada por el Procés ha sido producto de un proyecto: la independencia de Catalunya. En este supuesto concreto hay que mirar más hacia el futuro que hacia el pasado para entender la capacidad movilizadora del Procés. Los catalanes no se movilizaron porque su sistema "constitucional" (sic) hubiera sido abolido después de 1714. Tampoco se movilizaron en realidad por la decisión del tribunal constitucional en relación al Estatut. Se levantaron movidos por un proyecto de futuro: construir una república catalana. Esa era la base de la ilusión y el contenido de la imaginación. España no tenía un proyecto equivalente. Su único proyecto era impedir la realización del proyecto catalán.

La intensidad de la comunidad imaginada, unida a la existencia de un objetivo compartido explican la fuerza movilizadora del nacionalismo catalán mucho mejor que las remisiones al irracionalismo. Sin embargo, es necesario analizar las características de ese proyecto para completar la explicación.

Algunos elementos de lo que Laclau denomina "populismo" pueden resultar útiles en este punto, aunque esto no significa estar de acuerdo con su concepción del fenómeno populista [5]. Lo que nos puede resultar útil son las ideas de "significante vacío" y de "agregación de demandas". Laclau concibe la dinámica político-institucional en términos de demandas. Los ciudadanos plantean exigencias a las instituciones y éstas responden a ellas. Cuando son incapaces de hacerlo, se genera una crisis institucional. En ese contexto, se abre la posibilidad de la utilización de mecanismos populistas. Uno de ellos son los significantes vacíos. Se trata de "palabras" que no tienen ningún significado preciso. Esta característica les permite agregar demandas muy diferentes e, incluso, contradictorias. Cada cual confiere al significante vacío el sentido más acorde con sus propias exigencias. Muchas palabras o expresiones han sido utilizadas de ese modo en muy diversos contextos: "democracia", "progreso", "regeneración" o "America first". La independencia de Catalunya ha funcionado, si no como un significante vacío, sí como un concepto vago susceptible de agregar demandas de naturaleza muy diferente.

Cuando a mí me preguntan si estoy a favor de que Catalunya sea independiente, mi respuesta es "depende de para qué". ¿Qué tipo de proyecto socioeconómico desarrollará esa república independiente? ¿Existe una voluntad decidida de reducir las desigualdades sociales? ¿Dejaremos de ver gente sin hogar, durmiendo en la calle? ¿Se crearán expectativas de trabajo digno para los jóvenes? ¿Seremos independientes de la Troika y del Banco Central Europeo? ¿Cómo se distribuirán los costes generados por el proceso de independencia, que serán, previsiblemente, de gran magnitud? Esas son preguntas generalmente dejadas sin respuesta y que revelan un componente populista en la formulación del proyecto supuestamente común del Procés. En la independencia pueden proyectarse aspiraciones muy diversas e incompatibles entre sí. Eso, unido a la intensificación de la imagen de comunidad, puede servir para entender, al menos en parte, la fuerza movilizadora que el independentismo ha demostrado tener.

Notas

[1] El texto se titula "Las 'cuestiones nacionales' en el estado español actual", está incluido en un libro editado por Ana Domínguez, titulado Repensar la España plurinacional, publicado por Icaria en 2017 y reproducido en Sin Permiso el 13 de enero de 2018.

[2] Puede verse, entre otros, DAMASIO, A. R. El error de Descartes: la razón de las emociones. Andrés Bello, 1994.

[3] Sobre el primordialismo y las críticas al mismo, véase APPADURAI, A. La modernidad desbordada. Fondo de cultura económica Buenos Aires, 2001.

[4] ANDERSON, B. Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. Verso Books, 2006.

[5] LACLAU, E. La razón populista. Fondo de cultura Económica, 2012.

28/2/2018

De otras fuentes

Juan Ramón Capella

Un sistema electoral deficiente

Apunte para la reforma constitucional

El sistema electoral español no lo modela solo la Constitución: hay además una ley electoral. Entre ley y superley construyen una especie de fraude electoral sistémico, reiterado en cada elección, pues el sistema tira a la papelera muchos votos y tiene muy poco de proporcional.

No hay sistema electoral perfecto —dicen, y es verdad—; pero se le quita importancia a la clamorosa imperfección del que tenemos al aducir que ha dado estabilidad al orden político en su conjunto.

Quien así opina adopta, obviamente el punto de vista de los elegidos y no el de los ciudadanos, los electores. Tropezamos aquí con una de las características del sistema constitucional actual: se trata de un sistema centrado en los partidos, partitocrático, y no en la ciudadanía, en las personas vistas políticamente. Dicho de otra manera: se ha creado una cultura política cuyo eje son los partidos y no la ciudadanía, la gente, que ha modelado las percepciones de los analistas y de los comentaristas. El resultado: una cultura política superficial.

Examinemos, en concreto, cómo es el proceso electoral y cuáles son sus condiciones básicas.

La parte que corresponde a la Constitución del 78 en este aparato comevotos es la siguiente: dispone que el sistema ha de ser proporcional. Estipula que la circunscripción electoral es la provincia, y en lo que atañe a las elecciones al congreso de los diputados —lo principal a tener en cuenta aquí—, establece que éste puede tener de 300 a 400 diputados.

El resto del dibujo lo establece la ley electoral general. Esa ley, en lo esencial, recoge un proyecto preconstitucional de Fraga Iribarne, al que se han añadido pequeñas modificaciones que no hacen al caso respecto del problema de la falta de proporcionalidad.

Lo esencial de ese dibujo es lo siguiente: se trata de un sistema electoral plurinominal —y no de un sistema uninominal—, de lista bloqueada. Cada partido o agrupación de electores propone la suya. El ciudadano no tiene nada que tachar o añadir: solo puede dar su aquiescencia a una lista. Solo su aquiescencia, pues como se ha señalado se trata de un sistema electoral esencialmente partitocrático, donde se da preeminencia a los partidos y no a los ciudadanos. A éstos se les hubiera podido empoderar de otra manera; por ejemplo, con la posibilidad de tachar nombres de las listas o la de ejercer un voto doble: de voto (afirmativo) y de veto, de castigo a listas o a nombres.

La diferencia entre los sistemas de lista y los uninominales reside, en que en estos últimos, con gran número de distritos electorales, se da una posibilidad de mayor conocimiento y control de los candidatos y de su trayectoria política por parte de los electores; mientras que en los sistemas plurinominales la preferencia se refiere a partidos y no tanto a personas.

El proceso electoral español es proporcional a una sola vuelta electoral. En Francia, p.ej., el proceso es mayoritario a doble vuelta: en la primera sólo quedan elegidos los candidatos que superan determinadas mayorías, lo que permite alianzas entre los partidos para la segunda ronda electoral que elegirá a los demás. El sistema a una sola vuelta favorece la formación de dos grandes partidos hegemónicos, mientras que la doble vuelta favorece un sistema de partidos múltiples y flexibles, capaces de aliarse con facilidad para la segunda ronda.

El sistema electoral español es formalmente proporcional por definición de la Constitución, pero materialmente no lo es o lo es muy poco: éste es el quid de la cuestión electoral.

Los dos pasos que destruyen la proporcionalidad los dan las circunscripciones electorales y el sistema de asignación de escaños.

Veamos primero el dibujo de las circunscripciones. La parte principal de la máquina de engullir votos corresponde a la ley electoral. Para empezar, asigna un mínimo de dos diputados por provincia y a Ceuta y Melilla uno a cada ciudad. Fija en 350 el número de diputados. Y para distribuir los 248 diputados restantes hay que contemplar dos cosas: la distribución de escaños por provincia y la asignación de escaños en función de los resultados del escrutinio.

La atribución de un mínimo de dos diputados por provincia significa que en las provincias menos pobladas se exigen muchos menos votos para determinar un diputado que en las más pobladas. He aquí una primera y grave ruptura del principio constitucional de la proporcionalidad. Se favorece de un modo general que sean las provincias del despoblado mundo agrario el que prevalezca en detrimento de las grandes ciudades. Como si el sistema de la ley se hiciera contra los votantes de Madrid y Barcelona.

Pero la desproporción queda determinada incluso antes, en la propia Constitución, al establecer que la circunscripción electoral es la provincia. Claro: las comunidades autónomas no existían en 1978; habiéndolas, las circunscripciones electorales deberían ser éstas, lo que haría consecuente no primar a nadie y repartir todos los escaños estrictamente en función de la población con derecho a voto de cada comunidad autónoma.

El número de diputados del congreso influye también en la desviación de la proporcionalidad. Si se aceptara el número máximo posibilitado por la Constitución actual, 400 —número muy inferior a los 500 o más diputados de sistemas cercanos—, la distribución de escaños podría aproximarse más al mandato constitucional de la proporcionalidad.

Un ejemplo claro de desproporción escandalosa en la asignación territorial de escaños lo suministra, aunque en elecciones autonómicas, la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto catalán de 1979: una norma transitoria cuidadosamente conservada en vigor hasta hoy, y que ya dura casi cuarenta años.

En virtud de esa norma, en Barcelona ha de haber un diputado cada 50.000 habitantes, con un máximo de 85, y en las restantes provincias catalanas uno cada 40.000, hasta 50 diputados.

Si multiplicamos 50.000 por 85 obtenemos la cifra de 4.250.000, inferior en más de un millón y cuarto a la población de la provincia barcelonesa, que era de 5.543.000 habitantes en 2016. Dicho de otro modo: Barcelona tendría que elegir no 85 diputados sino por lo menos 110. Los casi dos millones de habitantes totalizados por las restantes provincias catalanas eligen 50 diputados al parlamento catalán. Eso basta para explicar, sin más, por qué en elecciones catalanas la mayoría de votos puede no traducirse en mayoría de escaños.

Además, si en la provincia de Barcelona se diera un diputado cada 40.000 habitantes, como en las demás provincias catalanas, entonces su número tendría que elevarse a 138 por lo menos. Está claro que los habitantes de la provincia de Barcelona sufren un tipo nuevo de discriminación: discriminación geográfico-política en elecciones autonómicas.

La distribución de escaños por provincia en la ley electoral general no es tan escandalosa como en Cataluña, que también usa esa ley, aunque lo hace con la excepción en la distribución de escaños antes referida, pues a sus mayorías parlamentarias la tal excepción les ha parecido mejor que tener una ley electoral propia.

Todo lo anterior se refiere al desproporcionado número de escaños asignado a las circunscripciones electorales. Lo que sigue se refiere al sistema de asignación de los escaños de cada circunscripción, esto es, al sistema por el cual los votos determinan la asignación de los escaños a cada partido o agrupación de electores. Atenderemos al sistema referido al Congreso de los diputados.

Se hubiera podido recurrir a otros sistemas de asignación (parece que el más proporcional es el método de Sainte Lagué, no adoptado aquí). La traducción de los votos en escaños se rige por un método derivado de la ley matemática d'Hont que expone el art. 163 de la ley electoral.

Ante todo se prescinde de dos tipos de votos: los de los partidos o agrupaciones que no superan el 3% del total, por una parte, y por otra los votos en blanco.

Los votos en blanco expresan falta de confianza en las propuestas políticas o en los equipos políticos que se presentan a las elecciones. La práctica de excluirlos puede ser considerada antidemocrática. En circunstancias normales, se trata de pocos votos ciudadanos; sin embargo en alguna circunstancia el número de votos en blanco puede crecer, y hasta resultar abrumador. El Ensayo sobre la lucidez de Saramago se puede ver como un aviso poético al respecto. Por eso cabe proponer que esos votos se tengan como "votos a la agrupación de los votos en blanco", y dejar escaños vacíos en caso de que el número de aquellos votos les permita entrar en línea de cuenta en una distribución proporcional.

También podría ser discutible el precepto legal de prescindir de los votos que no superan la barrera del 3% en una circunscripción electoral. Sobre todo porque, de aceptarse una de las propuestas de reforma constitucional que figuran más abajo, esos votos —esas voluntades ciudadanas— podrían llegar a surtir efectos.

El procedimiento general de asignación es el siguiente: en cada circunscripción se ordenan de mayor a menor, en una columna, los votos de los partidos que han obtenido más del 3% del total. Luego cada una de esas cifras se divide por 1, 2, 3... hasta el número de escaños a distribuir, formando filas con esos cocientes. Los escaños se asignan a los partidos que obtienen los cocientes mayores.

Este sistema de reparto tiene la característica de inutilizar gran número de votos, que nunca entrarán en línea de cuenta. Son los votos que han dado lugar a cocientes que no determinan nada en ningún caso.

Eso hay que cambiarlo: tras cada voto despreciado por el mecanismo electoral de asignación de escaños hay un ciudadano despreciado.

El modo de acabar —al menos, significativamente— con la inutilización de votos constiría en la creación, al lado de unas nuevas circunscripciones electorales por comunidades autónomas, de un Colegio Estatal de Restos al que fueran a sumarse los votos de cada partido que no han entrado en línea de cuenta en las circunscripciones, así como el total de los votos en blanco, y distribuir en ese colegio un número concorde o proporcionado de escaños a los partidos o agrupaciones de electores.

En conclusión: habría que modificar la Constitución y la ley electoral en los siguientes puntos:

Constituir en circunscripción electoral a las comunidades autónomas;

Instituir un Colegio Estatal de Restos;

Asignar a cada circunscripción electoral un número de escaños estrictamente proporcional a su población;

Elevar el número de diputados a 400 o más.

Ninguna reforma de la Constitución de 1978 saneará el sistema parlamentario si no se reforma el sistema electoral, si no se acaba con el escándalo del desprecio a la proporcionalidad, que es desprecio a la ciudadanía.

En los años de vigencia del sistema constitucional las opciones políticas reales de la ciudadanía no se han visto reflejadas con exactitud en el parlamento. Si así hubiera sido, otras hubieras sido las mayorías, otras las alianzas, y seguramente menor la corrupción política. El sistema electoral es una de las grandes vergüenzas del sistema político español. O más exactamente: el sistema tiene beneficiarios y perjudicados: vergüenza para los beneficiarios opuestos a la rectificación.

[Juan Ramón Capella es catedrático de Filosofía del Derecho. Su último libro es Impolíticos Jardines (Trotta, 2016)]

[Fuente: infoLibre]

8/2/2018

Patricia Castro

La demonización de la clase obrera catalana

Hay ciertas cosas que la izquierda y la clase trabajadora de este país no deberían olvidar nunca, como ese abrazo el 9 de noviembre de 2014 entre David Fernàndez de la CUP, con el presidente de la Generalitat Artur Mas, el día que se celebró la consulta sobre la independencia de Cataluña. Aunque fuese un gesto de cariño humano, no era con una simple persona más, sino un abrazo con el responsable de uno de los mayores recortes en derechos sociales de toda la etapa democrática moderna en Cataluña. Otra imagen que se debe recordar, es el espectáculo bochornoso que dio el Govern en manos de CiU, cuando ordenó “limpiar” la Plaza Cataluña de indignados acampados por el 15M desalojándolos a palos; en aquellos tiempos los Mossos aún eran cuerpos represivos –no como ahora que son el adalid de la paz y la no-violencia– provocando cientos de heridos. Y el gran punto de inflexión que muestra el inicio de la escalada del independentismo en Cataluña, ese 15 de Junio de 2011 con Aturem el Parlament, donde entre 2000 y 4000 manifestantes –según fuentes oficiales y de otros medios– lograron impedir la entrada de los diputados al Parlament, consiguiendo imágenes como Artur Mas y Núria de Gispert accediendo en helicóptero. Aquí comienza la etapa dorada del nacionalismo catalán, que daría al mundo las imágenes de manifestaciones multitudinarias el 11 de septiembre de aquel mismo año, con su estrategia por desmovilizar a las masas de indignados con sus protestas en contra de todas las élites y poderes financieros. Así se logró borrar cualquier cuestionamiento a las castas regionales y se fijó el enemigo en un Madrid expoliador lejos de quienes ejercían el mando en Cataluña, que culminó con el referéndum celebrado el pasado 1 de Octubre.

Durante estos últimos años se ha impuesto el relato identitario de una Cataluña que debía ser soberana frente al maltrato del Estado español. Se debe incidir en que las comunidades autónomas tienen uno de los mayores niveles de autogobierno de todos los países de la UE. Pero mientras una parte ha estado hablando en nombre de todo un pueblo, las instituciones catalanas dejaban de lado los derechos inherentes a la democracia, como lo son las políticas sociales a favor de la igualdad, la justicia social, sanidad pública, mejora en la educación, una vivienda asequible, la creación de puestos de trabajo estables y dignos. A pesar de todo eso, el independentismo ha sido visto por muchos como una fuerza progresista dentro de la bochornosa España, aunque sus actuaciones y políticas demostrasen lo contrario. Pues bien, desde que la derecha hizo olvidar a la izquierda independentista –y a la que aún no se ha decidido si la independencia es algo bueno o malo– que para ser de izquierdas se necesita algo más que el carnet del partido y el nombre, se han llevado a cabo las mayores aplicaciones de políticas neoliberales en Cataluña de toda la historia de la comunidad, sin que apenas ningún partido haya dicho, ni hecho nada. Sólo una débil oposición de los Comunes y Podem han plantado algo de cara –también sumidos en muchas disputas internas por la falta de una postura clara respecto a la independencia–; visto con perspectiva el Procés ha disuelto a la izquierda y la poca que queda está muy desavenida. ¿Quién se podría haber imaginado algo así? ¿Desde cuándo el nacionalismo ha sido un movimiento de izquierdas? Quizá lo que se ha querido ocultar bajo la Estelada son justamente las corruptelas, la lista infinita de escándalos de Convergència i Unió: Adigsa, Cas Palau, Millet, las ITV, Pallerols, el 3%… que ejemplifican los desmanes de esa élite catalana incrustada en el poder desde los tiempos de Franco y de la pequeña burguesía que reclama su parte del pastel.

En cuanto a recortes sociales hemos podido ver como los presupuestos en sanidad de 2010 eran de 9.875,8 millones de euros a pasar en 2015 a ser 8.467 millones de euros; en 2017 aumentó hasta 8.876,1 millones de euros pero nunca se han recuperado los niveles de antes de la crisis. Las listas de espera en 2010 ascendían a un total de 153.916 personas, llegando este 2017 a los 170.490; se redujeron las camas disponibles en los hospitales de 14.072 a 13.063. También debemos recordar que se dejaron de cubrir bajas y se cerraron plantas de hospitales enteras para reducir el gasto en personal. Siempre los planes de CiU como portadores del neoliberalismo en Cataluña –en ocasiones sirviendo de ejemplo al PP a nivel estatal–, fueron privatizar los servicios públicos, en este caso la sanidad. El máximo exponente de este proyecto, lo encontramos en la puesta en marcha del consorcio sanitario por parte del Conseller de sanidad Boi Ruiz, que se quiso implantar en Lleida como prueba piloto antes de extenderlo a toda Cataluña, y que fue paralizado gracias a la lucha de la Marea Blanca y la movilización ciudadana. Recientemente se han retomado los planes para ponerlo en marcha de nuevo, y tanto ERC como CUP se han mostrado indiferentes a la privatización de estos servicios. En este camino de venta del sector público sanitario tenemos la actuación de una Generalitat que recortaba más de mil millones en sanidad pública, mientras que aumentaban las transferencias del Servei Català de la Salut (CatSalut) con centros privados del grupo IDC –Ibérica de Diagnóstico Cirugía, un holding sanitario nacido a finales de los años 90– que forman parte de la red de uso pública. El CatSalut habría pasado de transferir a IDC 71,1 millones de euros en 2010 a 127 millones en 2012. La privatización de los servicios del estado de bienestar ya afecta hasta el agua; en 2014 el Área Metropolitana de Barcelona fue el primer territorio Cataluña donde todas las actividades vinculadas con la gestión del agua se pusieron en manos del capital privado, gestionado por Agbar. En la actualidad, desde la alcaldía de Barcelona gobernada por Ada Colau, líder de Barcelona en Comú, se está peleando por recuperar el control público de la gestión del agua. Si el gobierno catalán en manos de partidos independentistas cree tanto en el poder del pueblo y el uso de referéndum para determinar su voluntad, ¿por qué no se sometieron a las urnas estos tipos de recortes criminales?

En cuanto a educación, Cataluña sólo destina un miserable 2,8% del PIB frente a la media europea del 5,2% y de un 5,6% de la OCDE. Recordemos que este gobierno era el quería abandonar España para cercarse a la UE y ser la nueva Dinamarca, pero para eso debería de invertir un 8,75% de su PIB como lo hacen los daneses. Incluso el tan odiado Estado español invierte más en educación que los catalanes, un 4,1% en 2015. El capital humano es lo más importante que tiene un país para desarrollarse, pero en este caso el gobierno catalán parece estar en contra del desarrollo de su propio pueblo. Incluso Laos invierte más porcentaje de su PIB en educación, un 3,32%, de lo que lo hace Cataluña. Recordemos que ni la izquierdista CUP, ni PDeCAT/CiU, ni tampoco ERC han querido cambiar la financiación de la escuela catalana que sufre recortes desde 2011, donde la peor parte se la ha llevado la escuela pública con una reducción del presupuesto del 16,7%, frente a un 11,6% de la concertada. Como vemos, estos cambios han ido apuntalando un gobierno dirigido a esas “clases medias” que pueden pagar servicios concertados y reduciendo lo que se dedica a las clases populares. Es muy difícil saber cuánto gasta en educación concertada el Govern, pero se sabe que financia 17 escuelas del Opus Dei que en 2016 recibían más de 29,6 millones de euros; estas escuelas además segregaban por sexos. Tampoco vemos como esa hegemonía de izquierdas que se asumía desde el Procés independentista haya hecho nada en contra de la subida de más de un 30% de las tasas universitarias en estos últimos años, o que haya que pagar un 40% de sobrecargos para estudiar segundas carreras –en el resto de España no es así–. De esta forma se penaliza a los que menos recursos tienen y se pone un freno muy grande para obtener estudios superiores entre las capas trabajadoras; la movilidad entre las diferentes clases sociales se vuelve una quimera.

Recordemos que en Cataluña cerca de 18.792 alumnos estudian en módulos prefabricados, esos que nos recuerdan a los típicos barracones –símbolo indeleble del desarrollismo franquista–. Mientras el Govern de Puigdemont se dedicaba a dar millonarias subvenciones a escuelas privadas religiosas, y hacía la independencia desde sus palacios y despachos, el pueblo ha pagado las consecuencias y afronta la dura realidad. Tan solo en el área metropolitana de Barcelona hay más de 4000 estudiantes en barracones. La pobreza y exclusión social entre los ciudadanos menores de 18 años ha aumentado hasta el 32,9 % en Cataluña en 2014, con respecto al 29,5% en 2013, llegando a un total de 480.000 menores de edad. Se ha pasado de la inversión de 1.800 euros por alumno y año en las guarderías en 2010, a 875€ en 2012, llegando a cero euros en la actualidad, obligando a la diputación a asumir esos 875€. Los municipios que no han podido reponer la otra parte del monto, simplemente han visto reducidos sus servicios en los mejores casos a la mitad, obviamente afectando de nuevo a quienes menos tienen, en zonas con economías deprimidas, generando un círculo de pobreza del que resulta imposible escapar. También se sabe que la Generalitat desvió a la concertada 81 millones de euros previstos para las guarderías públicas entre 2012 y 2014. Quienes necesitan de la ley y el Estado son los más pobres y dependientes, por tanto a quienes más afectan los recortes del estado de bienestar son a las clases populares, que no tienen más remedio que usar los servicios públicos menguantes, al mismo tiempo que son los que principalmente los financian. Además de la congelación de salarios, el alto desempleo, la precariedad laboral y la temporalidad son factores a tener en cuenta.

El paro en Cataluña en 2011 era de un 19,8% que ha bajado hasta un 14’6% en 2017. Estos datos en vez de repercutir en una mejora de vida de los ciudadanos se han hecho a costa de sus derechos. Por no hablar de cómo se maquillan estos datos, y se condena a una parte de la población, en especial a los más jóvenes, a continuar sus estudios y por lo tanto a no poder independizarse y tener un proyecto de vida. En 2010 el salario medio anual bruto era de 28.444€ y en 2015 de 28.861€. Si miramos un poco más, podemos ver que un 75% de la población catalana cobra menos de 30.160€ al año, solo un 10% de los trabajadores supera los 42.426€ al año. Las diferencias son aún mayores si comparamos entre mujeres de las clases más bajas con sus compañeros hombres; en 2014 los hombres cobraron 7.122€ al año más que las mujeres. La brecha salarial solo hace que aumentar, en 2009 era de 6.434 euros la diferencia entre ambos sexos. El principio de igualdad entre hombres y mujeres es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad justa, y presuntamente debería haber sido un objetivo prioritario de aquellos que enarbolaban el proceso catalán como la defensa de una república feminista.

Los datos también reflejan la precariedad del cinturón rojo, la periferia de Barcelona, donde un tercio de los trabajadores apenas es mileurista, a la vez que la ciudad encabeza la lista de los precios más altos en vivienda y alquiler de pisos de todo el país. Los jóvenes sufren mucho la entrada al mercado laboral y la brecha generacional es enorme; según datos de CC.OO los que entran ahora al mercado laboral cobran un 33% menos que en 2008. Toda esta presión del mercado y precarización también ha afectado a la salud de los trabajadores, un 65% de asalariados catalanes ha sufrido estrés laboral en los últimos dos años. El modelo neoliberal de servicios es total, con un 90% de la ciudad dedicada al sector terciario, generado un 12% del PIB catalán y un 14% del empleo –unos 452.300 trabajadores–. Recordemos por otra parte que los salarios no crecen al nivel de la inflación y por lo tanto la pérdida de poder adquisitivo es mucho mayor. Además el empleo que se crea es temporal y mucho de estos puestos son a tiempo parcial, en 2014 los contratos temporales sumaban unas 529.300 personas. Volvemos a toparnos con un trato desigual a las mujeres, llegando a ser un 78% de los trabajadores dedicados a tiempo parcial en Cataluña; de este tipo de contratos unas 100.000 personas trabajan a jornada parcial porque no encuentran un empleo a tiempo completo. Los recortes también han llegado a nuestros mayores, afectando a los pensionistas, que han perdido 674€ anuales de poder adquisitivo desde 2010.

Vistos estos demoledores datos de pérdida de calidad de vida en los ciudadanos catalanes, convendría saber qué significa la democracia para los partidos independentistas que van de derecha a izquierda estética –y cosmética–, pero de hechos pocos, se entiende. ¿Libertad para qué? ¿Libertad para quién? ¿Y con respecto a dónde? En una Europa donde se intervienen los países a conveniencia de los poderes en la sombra, donde se rescatan bancos con intereses ridículos del 1%, pero la deuda de los países se ha llegado a financiar al 4%, 5% o incluso al 9%, no se entiende una independencia de una España que no es soberana para entrar de cabeza a esa Unión Europa que poco tiene de hermandad y mucho de empresa –si se mantiene al margen de la UE es para convertirse en paraíso fiscal, peor aún–. Donde el expolio fiscal de las grandes empresas, de las élites, transnacionales y las oligarquías financieras es permitido por todos los gobernantes del continente. La independencia como país la tenemos que retomar quitándole el poder a una Europa dirigida por la Troika –el BCE, el FMI y la UE–, de la que estamos intervenidos pagando los intereses de una deuda que los ciudadanos no elegimos contraer y donde los grandes capitales y rentas no pagan ni un céntimo. Por no hablar del proceso de desindustrialización y creación de una economía enfocada a los servicios y turismo, impidiendo desarrollar economías de bienestar de la periferia europea, sobre todo del sur subdesarrollado con el que se apuntala a unas élites y se condena a la pobreza y miseria al común de los trabajadores; el poder de los sindicatos y el movimiento obrero es nulo, viéndose incapaces de exigir ningún tipo de mejoras sustanciales. En Cataluña, el modelo que plantean de crecimiento de la economía tanto PDeCAT como ERC es más de lo mismo: un país de servicios y turismo, totalmente dependiente del capital extranjero. Una independencia a la moda de los tiempos que corren: neoliberal.

Al final quienes más aportan al esfuerzo fiscal son las capas trabajadoras que levantan el país, ya que no se produce una redistribución de la renta, que debería romper la acumulación del capital con tal de frenar los monopolios y la concentración en manos de unos pocos. Sin este tipo de políticas es imposible que una economía sana surja y no puede desarrollarse el fortalecimiento del Estado de Bienestar. Por esta mala gestión de las políticas fiscales, las comunidades que más pagan son las que más habitantes tienen, puesto que son los trabajadores los únicos que contribuyen a las arcas y no pueden defraudar al Estado; las regiones con más habitantes son Cataluña, Andalucía y Madrid, de ahí el mítico lema “España nos roba”. Esta explicación encaja con el caso reciente de Tabarnia –las provincias de Barcelona y Tarragona– donde se acumula la mayor parte de la población trabajadora; por tanto es el principal motor económico de la Comunidad Autónoma, generando sólo la zona del Área Metropolitana de Barcelona un 52% del PIB catalán.

Si nos fijamos más en detalle en las cifras que nos dejaron las elecciones del pasado 21 de diciembre al Parlamento de Cataluña, podemos apreciar que el independentismo era más difuso en toda Barcelona y periferia, donde la primera fuerza más votada fue Ciudadanos, en comparación con el resto del territorio. Un primer análisis nos hace pensar que en las ciudades, en este caso Barcelona, al ser más cosmopolitas y abiertas hay más mezcla cultural, y el lazo de identidad es menos fuerte que en las zonas rurales. Allí el identitarismo nacionalista cala más hondo puesto que el sentimiento se basa en la exclusión y cohesión en base a unas tradiciones comunes –pueblo seria Cataluña, y el antipueblo España–. Este carácter distintivo que muestra el interior de Cataluña está unido a las familias con raíces catalanas, donde la estructura de clases tradicional regional se mantiene, siendo la figura habitual el terrateniente y pequeño propietario de tierras, a diferencia de otras regiones latifundistas del resto de España como el campo andaluz o extremeño. Cabe destacar que el componente mestizo de los grandes núcleos urbanos es una características destacables de la clase obrera catalana, que suele ser de distinta procedencia, tanto de otras regiones del país como del extranjero y con residencia en AMB, además de ser tradicionalmente la mano de obra barata usada por la burguesía, por tanto en estas regiones urbanas es donde más se acumula la pobreza y menos nacionalismo hay.

Las élites y partidos que dirigen el Procés han sabido borrar cualquier atisbo de lucha social y de clases que se haya podido dar en estos años, prácticamente apagando los focos de protesta que aparecieron con el 15M. Podemos ver similitudes con la jugada maestra neoliberal que Thatcher aplicó tan bien durante los años 80 en Inglaterra, donde ya no había sociedad, sino individuos y familias. En la actualidad, en Cataluña todo el mundo es clase media, ya no hay pobres, solo oprimidos por el Estado español. El movimiento independentista ha conseguido vaciar de significado las palabras como pueblo, democracia, justicia e igualdad para rellenarlas con el significado que más le convenga, como todo populismo de derechas ha hecho a lo largo de la historia. En la lucha por la liberación del pueblo catalán poco importaban las clases sociales que lo componían, aunque éstas tuvieran intereses antagónicos. En un futuro –nunca concreto y realizable– explicaban los partidos de izquierda independentista ya se enfrentarían a sus adversarios, una vez que fuesen un país soberano. Durante este tiempo, partidos tan radicales como la CUP, se opusieron a medias para luchar en contra de las políticas neoliberales, votando a favor de los presupuestos de Junts pel Sí con recortes dramáticos del estado de bienestar catalán y llamando traidores a una parte minúscula de la izquierda que comenzó a cuestionar los términos de esa independencia. Tirando de hemeroteca podemos encontrar las recientes declaraciones de Mireia Boya, representante de la CUP, llamando traidora a Ada Colau por su postura sobre el referéndum de autodeterminación, o en otras posicionándose en contra de los sindicatos mayoritarios –COOO y UGT– adoptando actos propios de la patronal.

La clase media catalana que se sumó al movimiento independentista no lo hizo por querer crear una sociedad más justa, sino porque quería recuperar el poder adquisitivo que había perdido por culpa de la dura crisis económica, que erosionó su nivel de vida. Debemos recordar que la capacidad de compra de los catalanes, la evolución de los salarios medios descontando la inflación, es un de 5,8% menos que en 2011. Poco a poco fueron creando un relato comprado por la mayoría, obviamente empujado desde las instituciones y los medios de comunicación catalanes, e invisibilizando a las clases populares que no tenían voz y en ocasiones tampoco voto; los representantes políticos pocas veces defendían a los votantes de clase trabajadora. Para entender la manipulación de los medios catalanes y su militancia férrea a favor de la independencia –actuando en muchas ocasiones más de órgano de propaganda que de información–, debemos investigar su fuente de financiación. En 2015, la Generalitat concedió subvenciones de 810.719€ a La Vanguardia –diario que reparten gratis en el metro de Barcelona–, 463.987€ a El Periódico de Catalunya, 457.496€ a El Punt Avui, 313.495€ al diario Ara; también siendo la principal fuente de ingresos de los periódicos digitales, como es el caso de Elnacional.cat que recibe 389.712€ anuales o Nació Digital, del que entre subvenciones y publicidad institucional obtiene un 92% de su financiación de fondos públicos, unos 778.651€ anuales. Mediante esta subvención a los medios se consigue un control absoluto de los mismos y un domino del gobierno, así como el mantenimiento del statu quo que otorgaba tener acceso a todos los presupuestos y repartirlos a su antojo. Así se acababa creando una red clientelar por la cual estos medios rendían pleitesía y opiniones favorables al gobierno, y el gobierno les devolvía esta lealtad en forma de subvenciones. Este mecanismo hace tiempo que lo viene señalando el economista Vicenç Navarro, usando el término Nacionalpatrimonialismo. La televisión pública catalana tiene en plantilla a 2.319 trabajadores, muy lejos de los más de 1.467 de la televisión andaluza, la segunda con más trabajadores de España. La corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), matriz de TV3 ha elevado el presupuesto destinado a los salarios de la plantilla un 33% desde 2012, hasta escalar a los 159,6 millones de euros en 2015. Haciendo una comparativa con las dos principales cadenas de televisión privadas españolas, podemos comprobar el gran desfase entre presupuesto y trabajadores, Mediaset destinó 83,4 millones de euros en 2015 mientras que el presupuesto de Atresmedia fue de 44,97 millones; entre los dos grupos cuentan con 6.623 empleados.

La periferia barcelonesa de los barrios populares de la capital sigue sin recuperarse de su etapa gloriosa como cinturón rojo industrial, donde se encontraban todas las fábricas de la región hasta que se desmantelaron por las políticas neoliberales durante los gobiernos de Pujol en Cataluña, y a nivel estatal de Felipe González y Aznar. No se han repuesto esos trabajos seguros, dignos y que permitían a los trabajadores ordenar sus vidas y crear lazos con la comunidad; en su lugar se ha dejado paso a puestos mucho peor pagados en centros comerciales, restaurantes, hoteles y empresas del sector servicios, sin contar a la administración pública, que también ha sido duramente recortada. Aproximadamente un 90% de los trabajadores de la ciudad lo hacen en el sector servicios, según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona. Por otra parte las diferencias de rentas entre los barrios de la ciudad solo han hecho que crecer, en 2008 la renta media por cápita entre los diferentes barrios era 34,4% entre zonas ricas y pobres, en 2013 era de un 43,4%; en 2017 la renta de una familia de Pedralbes multiplica por 7 veces la de las familias de Trinitat Nova. La erosión continua a las mal llamadas clases medias es todo un hecho, podemos ver la reacción de éstas a los recortes y su posicionamiento a favor de un proceso que defendiese sus intereses perdidos, en este caso el movimiento independentista. Desde 2010 las familias con rentas bajas han aumentado un 81%, aunque el estereotipo de Barcelona y su amplia clase media siguen en el imaginario colectivo. Las rentas en Sant Andreu y Nou Barris son de 13.790€ y de 10.799€, siendo ciudad Meridiana el barrio dentro de Nou Barris que sale peor parado. En los distritos de Eixample y Gràcia, barrios donde ganó Junts per Catalunya –la coalición de Puigdemont y el PDeCAT–, se encuentran por encima de la media de rentas y con una tasa de paro inferior a la media de la ciudad, junto con los barrios más ricos, Sant Gervasi y Les Corts. Los más pobres, Sant Andreu y Nou Barris es donde se registra la tasa más alta de paro en la ciudad en 7 de sus 10 barrios, llegando a un 49,4% del total de desempleados de Barcelona en 2014. También es en los distritos de Sant Andreu, Nou Barris, Horta-Guinardó y Sant Martí donde se registra un paro de mayor duración, acaparando un 43,9% del total de la ciudad, en comparación con los barrios de mayor movilidad como Eixample, Sarria-Sant Gervasi y Gràcia.

El paro en la ciudad de Barcelona es un 9,23% con respecto a la media de la AMB de un 11,50%, esto es debido a que se da una expulsión de las capas trabajadoras con bajas rentas y desempleadas hacia poblaciones y barrios de la periferia con alquileres y viviendas más baratos; la tasa de paro en las ciudades colindantes sube hasta el 13,45% en Badalona, 11,42% en Cornellà de Llobregat, un 16,77% en Sant Adrià del Besós, un 12,16% en Sant Boi de Llobregat o un 13,73% en Santa Coloma de Gramenet. El paro de larga duración afecta al 26,1% de la población barcelonesa desempleada, que lleva al menos dos años sin trabajo. De este grupo donde el desempleo afecta con más dureza, la mayoría tiene más de 45 años y 6 de cada 10 son mujeres con una educación general y se dedican al sector servicios. Otro indicador del malestar, en este caso de los adolescentes, es que el 11% de los menores de 16 años no pueden hacer con regularidad actividades de ocio debido a su coste, y esta pobreza como bien hemos mostrado está incrustada en los barrios más pobres, sumando otra razón para la desconexión con la comunidad. En 4 de cada 10 de estas familias, el gasto para cubrir las necesidades de vivienda supera el 30% de los ingresos totales. En el cuartil de ingresos más bajo este porcentaje se eleva hasta casi el 65%.; en las familias más ricas, no pasa del 16%. 1 de cada 10 niños sufre obesidad infantil, un fenómeno estrechamente vinculado con la malnutrición y la pobreza. En los barrios de mayor renta este fenómeno solo afecta al 6,6% de los niños, en el de menor renta sube hasta el 16%. Otra de las cifras preocupantes son las familias que no pueden pagar las actividades extraescolares; de media un el 7,5% de los niños en Barcelona no puede participar en ellas pero la desigualdad territorial vuelve a ser clave. En los barrios ricos solo el 4% de los niños no asisten a las actividades; en los pobres 2 de cada 10. Por no hablar de los datos de afiliación sindical, donde un 21,2% de los indefinidos pertenece a algún sindicato frente al 11,7% de los temporales, dejando desprotegidos totalmente a los trabajadores, siendo los temporales los que peores condiciones laborales tienen; también es grave la baja afiliación de trabajadores extranjeros con 6,6% de sindicación penalizando de gran manera su inclusión en la sociedad.

Un breve repaso a las elecciones de los últimos años en Cataluña nos hará entender este proceso de invisibilización de las capas trabajadoras de la AMB. Como podemos comprobar con los resultados electorales, la mayoría de los votos al partido de Ciudadanos son de la provincia de Barcelona, de los 3 diputados que sacaron en 2010, los 3 fueron por esta provincia. En 2012, de los 9 que obtuvo, 8 fueron por la provincia de Barcelona; en 2015, 17 de 25 procedían de esta circunscripción. De los resultados del pasado 21-D, 24 de los 37 escaños –bastante más de la mitad– provenían de Barcelona, una de las 4 provincias de Cataluña. Podríamos concluir que la clase obrera solo vota a Ciudadanos, o se pasa al bando independentista, pero no sería del todo fiel a la realidad.

Debemos mirar los resultados del resto de partidos que representan el ideario obrero tradicional para entender qué sucede; en este caso tendríamos en cuenta tanto al PSC, partido de voto tradicionalmente obrero, y los votos de la antigua ICV-EUiA o de los nuevos En Comú-Podem, como fuerzas que acaparan el voto de los trabajadores barceloneses. Aquí sí que podríamos advertir que los votantes de este último partido acumulan más estudios universitarios en comparación con el resto de fuerzas no procesistas. El PSC en 2010 consiguió 18 de sus 28 diputados en Barcelona. En 2012, 14 de sus 20 escaños; en 2015 fueron 12 de 16, y este pasado 21 de diciembre 13 de un total de 17, mucho más de la mitad. Observando los resultados de ICV-EUiA encontramos el mismo patrón, obteniendo 8 de sus 10 diputados en 2010 por Barcelona. En 2012, 10 de 13 escaños. En 215 ya con CatalunyaSíqueesPot fueron 9 de 11; en 2017 En Comú-Podem obtuvo 7 de los 8 diputados por la provincia de Barcelona. El peso del cinturón rojo es innegable como bastión de la clase obrera, aunque no tenga conciencia de sí misma, sí que vota en conjunto a determinadas fuerzas políticas; es una realidad innegable.

A raíz del 15M producido en 2011 y del cambio de rumbo con la diada multitudinaria del 11 de septiembre de aquel mismo año, como protesta por los recortes del Estatut d’Autonomia, Artur Mas estratégicamente situó la independencia en el corto plazo. Un plan enfocado en borrar las expectativas de cambio de las clases populares movilizadas o simpatizantes con esas acampadas en la Puerta de Sol, rodeando el congreso y el Parlament, buscando sumar en las filas del independentismo a las clases medias catalanas. La participación en las elecciones fue aumentando y junto con esto el apoyo a los partidos independentistas, hasta las pasadas elecciones del 21 de diciembre en las que Ciudadanos dio la sorpresa –en realidad muy predecible–. En los cuadros previos podemos ver cómo ha evolucionado el voto y se ha repartido en estos últimos años.

Son tesis similares a las que explica Owen Jones en su detallado análisis de la denostada y criminalizada clase obrera inglesa, los Chavs, donde explica como la clase trabajadora ha sido tratada como etnia blanca y no como clase socioeconómica, un subgrupo marginado en comparación con el Reino Unido de las amplias clases medias; en Cataluña una buena aproximación al término serían los charnegos. La identidad charnega es muy habitual en una clase trabajadora catalana fruto de la inmigración en los años de la dictadura proveniente del campo andaluz y de Castilla, siendo castellanohablante en su gran mayoría y con una minoría del 27,8% catalanoparlante en la zona del AMB. Recordemos que es en la zona metropolitana de Barcelona donde se concentra la gran parte de la clase trabajadora catalana y castellanoparlante, en contraposición con el resto de comarcas del interior y norte donde lo habitual es ser catalanoparlante, sumando más de un 60% de la población; a destacar como un logro de la comunidad que un 94,3% de la población entiende la lengua local. Si bien una parte del pueblo catalán –propietarios de tierras del interior, las capas medias y trabajadores con raíces catalanas de generaciones– ha caído en el populismo nacionalista, otra parte importante, esa clase social más baja, olvidada por los políticos y prensa con un contexto cultural más mestizo, ha decidido votar en masa a Ciudadanos, el estandarte de la derecha neoliberal española, con un carácter marcadamente anticatalán y siendo el partido de la oligarquía estatal –el Ibex 35–, con las manos limpias a diferencia de sus homólogos del Partido Popular al no arrastrar un pasado franquista. Ha conseguido canalizar el descontento de los excluidos del Procés, así se explica que en los mismos territorios donde Ada Colau ganó la alcaldía hace dos años, son los que hoy votan en naranja, dejando al descubierto las carencias para representar los intereses de la clase trabajadora por parte de los Comunes.

El futuro de la clase trabajadora

Sólo con el resurgir de la clase obrera como motor de transformación de la sociedad, la llamada a romper con la tiranía que ha ocultado su existencia, siendo ésta un grupo olvidado por las élites catalanas y sus aliados, junto con las posiciones de poder del Estado central, donde PP-PSOE han sido cómplices e incapaces de mover un solo dedo; cuando han reaccionado ha sido tarde y mal, y siempre en contra del pueblo que dicen representar. Por tanto no podemos depositar las esperanzas de cambio de los partidos independentistas que nos han traído hasta esta situación límite, sin una estrategia clara para materializar esa independencia prometida, a la vez que ha ido excluyendo a las clases populares porque no mostraban suficiente catalanidad al no ceder a posiciones independentistas y han sido tratadas como ciudadanos de segunda. Aun así hay que destacar la voluntad del pueblo por disipar la escalada de tensión en estos últimos tiempos y la defensa de mecanismos democráticos para superar la crisis, donde encontramos que un 82% de los catalanes creen que la solución es un referéndum de independencia pactado.

La dinámica de la política a nivel europeo es preocupante, en la que la derecha avanza, incluida en España, con esa lepenización del partido de Puigdemont, y ese giro autoritario del PP, o el gran incremento de los naranjas neoliberales en tierras catalanas. Tampoco puede ser la alternativa el socioliberalismo de ERC que no ha tenido ningún reparo a la hora de aplicar políticas de recortes durante el gobierno de Junts pel Sí, o la anquilosada socialdemocracia del PSOE, otro partido más de la casta corrupta. Opciones como Izquierda Unida, Podemos, las Mareas, los Comunes, y cualquier alternativa que proponga otro modelo de país, tienen grandes retos que enfrentar, debiendo estar a la altura para representar los intereses de la clase trabajadora, luchando por ese más que necesario cambio y la recuperación de la soberanía como pueblo. Necesitamos pelear junto con el resto de comunidades para revertir los recortes y las medidas neoliberales aplicadas en España, así como encontrar una solución a la gran crisis social, política, institucional y económica que atraviesa este país. Otra tarea pendiente resulta la democratización de la UE y la lucha contra la imposición de los dictados del mercado como el dios todopoderoso de nuestra era. Se necesitan voces críticas que señalen los problemas de nuestra sociedad y la falta de democracia y bienestar entre las capas bajas, para poder aplicar los conceptos de republicanismo que no deberían faltar en ningún país democrático que se precie: la búsqueda de la libertad, el derecho a la igualdad y el respeto por la fraternidad. Nuestros vecinos portugueses nos muestran que el camino de unión por la izquierda –entre la socialdemócratas y los comunistas– se puede, que además de generar esperanza también obtiene resultados muy positivos con una reducción del desempleo, así como un crecimiento del país y una mejora considerable del bienestar social. Para que algo parecido sucediese en este país, las izquierdas regionales, en este caso ERC y CUP deberían dejar esa histeria colectiva a la que se han sumado con la derecha neoliberal catalana y por la que han dado la espalda a sus aliados de izquierdas a nivel estatal.

Quien logre solucionar el conflicto catalán y por tanto el problema territorial, tendrá la llave para desbloquear el tan ansiado cambio en toda España. Los retos que quedan pendientes a la clase trabajadora y sus representantes políticos van desde la necesidad de reformular el sindicalismo, llevándolo más allá de los centros de trabajo grandes. Hoy en día los trabajadores están más dispersos y atomizados que nunca, y prácticamente sin afiliación en el sector terciario y muy minoritario entre la juventud, con un dato muy alarmante de un 3% de sindicación en los menores de 30 años. Debemos luchar por una mejora de las pensiones –de la que algunos políticos ya ni garantizan–para dotar de una vida digna a nuestros mayores, de las que muchas familias a su vez dependen al no tener ingresos estables, ni de calidad, y organizar a su vez a estos sectores de la población con disponibilidad de tiempo y experiencia. La creación del Sindicat de Llogaters en Barcelona apunta a ser una de las soluciones del problema de la vivienda para hacer presión contra el alza de precios y especuladores de la ciudad. Como tarea indispensable encontramos también la urgencia por recuperar una sanidad pública que de oportunidades y calidad de vida a las clases populares; una educación pública que fomente el espíritu crítico de nuestros jóvenes y accesible a todos que sea motor de vertebración e integración social, así como una universidad abierta y procesos formativos profesionales que doten al país de técnicos en todas las áreas para poder desarrollar el máximo potencial de la comunidad.

No se debe olvidar tampoco la defensa por parte del pueblo catalán de sus señas de identidad, su cultura y las lenguas que lo componen –se debería recuperar parte del antiguo sueño del PSUC–. Las lenguas siempre son motivo de riqueza cultural, siendo las vehiculares en dicho territorio tanto la catalana como la castellana y las lenguas maternas de las poblaciones foráneas, para construir una unión popular y social; así como volver a potenciar asociaciones y vida vecinal para reestructurar esa convivencia perdida y la comunidad que servía de red de apoyo en los malos tiempos, creaba unos lazos familiares fuertes. Venimos de un largo proceso de recortes y privatizaciones, donde el neoliberalismo ha arrasado prácticamente con todas las viejas instituciones que daban un cierto descanso y seguridad a las personas. El trabajo por recomponer parte de lo destrozado es descomunal, pero detrás de todo ese titánico esfuerzo hay mucho por ganar, construyendo una Cataluña para todos y todas, donde las diferencias por origen, género o clase sean borradas. Debemos recordar activamente que justamente la clase olvidada por los medios y marginada de la política es la que tiene en su mano el cambio en este país y el poder transformarlo. En ellos está la clave del cambio en Cataluña y el futuro de España.

Fuentes:

http://ajuntament.barcelona.cat

http://www.idescat.cat

http://elpais.com

http://www.eleconomista.es

[Fuente: Dinamite Mag]

23/1/2018

Inés Royo Aspa

Jaume Botey, radicalment compromès amb les persones des dels marges

El passat 15 de febrer, va marxar l'activista, teòleg i professor, justament quan fa quinze anys de la manifestació a Barcelona contra la guerra de l'Iraq. Una companya de lluites repassa la seva vida, coherent amb les seves idees.

Vaig conèixer el Jaume i la Maria Pilar el gener del 2002, un any abans de la invasió de l'Iraq (ara en fa 15 anys), en un viatge a l'Iraq organitzat per la CEOSI, la Campanya Estatal contra l'Ocupació i per la Sobirania de l'Iraq. Una delegació d'unes cent persones de tot l'Estat pretenia denunciar l'embargament dels EUA, manifestar el rebuig a la guerra, donar suport al poble iraquià —visitant hospitals, escoles, portant-hi un milió de llapis als nens— i fer sensibilització a la tornada, conscienciant la gent de la injustícia d'aquella guerra anunciada.

Amb el seu posat seriós, persona curiosa, sabia escoltar, connectat visceralment amb el món, tenia a més, un vessant jovial, de jove rebel i entremaliat que se'm va guanyar incondicionalment des del primer moment. Recordo dues anècdotes amb ell durant el viatge: la primera, amb l'Elena Viusà a qui va demanar que li comprés un carret de fotos al carrer dels llibreters, a Al-Rasheed street de Bagdad, i ella que no s'aclaria amb l'àrab, entrant i sortint de les botigues sense trobar-ho i nosaltres riu que riu. La segona, amb l'Antonio Raya, amb qui es va colar sense saber-ho en una mesquita en el moment de la pregària i no els va quedar altre remei que posar-se a resar amb la resta de musulmans, fent les genuflexions, amunt i avall, quan ens ho explicava ens foníem de riure. Jaume era una persona sorprenent i fascinant.

En Jaume Botey i Vallès va néixer a Barcelona el 19 de juny de 1940 i ha mort a l'Hospitalet de Llobregat, on vivia des del 1968, als 77 anys. Fill de Jaume i de Victòria, eren sis germans, quatre nois i dues noies. El seu pare, en morir la seva primera dona, la Joaquima, de tuberculosi, es va casar amb la seva germana i van tenir dos fills més, el Jaume i la Montserrat. Tots sis tenien els mateixos cognoms i eren igual de germans. Segons paraules del Jaume, va viure una infància de família pobra i van passar molta gana.

Vivien al barri obrer del Poblenou, al carrer Llull, a l'edifici on tenia la seu principal La Caixa, de la que el seu pare n'era treballador. Eren uns altres temps on La Caixa era al servei de la gent i del poble. Aquest pis portava molts records al Jaume, dels últims anys de la seva mare, i era el seu refugi, casa d'estiu on es recollia per descansar i convidar amics. Era també lloc de pas i acollida de companys mexicans, guatemalencs, nicaragüencs i de tantes altres lluites i causes. Ple de records i estris de la seva infància: recordo una fotografia de la família Botey a una Rambla del Poblenou més entranyable i tranquil·la que la d'avui, amb els plataners de sempre. En Jaume devia tenir uns cinc anys amb pantaló curt, prim i amb uns ulls grans que ho escrutaven tot. A la biblioteca familiar, molts reculls de premsa, records i articles que guardava del seu germà gran, Francesc. Molt admirat pel Jaume, va ser sacerdot escolapi (1931-1996) i va treballar per la defensa de les comunitats més marginades, gitanos i persones immigrades, al Camp de la Bota on vivia en una barraca i on va aixecar una escola i altres serveis socials. Quan el van empresonar a la presó de Zamora, per capellans rebels, el Jaume se’n va anar a viure amb els gitanos durant un any i mig per continuar la seva tasca.

Llavors en Jaume, que havia sigut ordenat capellà, va demanar anar a l'Hospitalet i el van nomenar rector de la parròquia del barri de Can Serra, on va ser professor a l'Institut de Batxillerat Torras i Bages (1968-75) i que era la "casa de tothom". Seguint les directrius del Concili, d'acostament als obrers, no volien construir una església, però això va ser molt controvertit i al final amb els veïns es va decidir que sí, però que ho faria la gent i no una constructora. Les festes del Viti, l'emblema del tambor i el joc de la confusió volguda, van caracteritzar aquells anys de transició. La voluntat d'aglutinar va fer que es digués Casa de la Reconciliació. Com molts altres capellans obrers no volia ser només funcionari de l'administració de sagraments. Des de l'ensenyament d'adults seguint el mètode Freire i passant per les lluites socials amb l'Associació de veïns de Can Serra contestant el model de planificació urbanística del barri, al mític terreny de la Carpa, on després de 10 anys de lluites van aconseguir una escola, un mercat i una plaça pública. Molt més tard, el 2013, en fundar el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant (CELHI), va esdevenir-ne el president. El 1999 va rebre el Premi d'Honor de la ciutat.

Llicenciat en Teologia, en Jaume era un capellà sense sotana. El pare Botey, planer i accessible, treballador incansable, home bo, erudit, de vasta cultura i principis, i radicalment compromès amb les persones, va acabar "penjant els hàbits" i es va casar amb la Mª Pilar Massana Llorens el 25 de juliol de 1982, companya de vida i de lluites, ara fa 35 anys i mig. L'estiu de 2007 vam celebrar tots emocionats en una festa de barri a Can Serra els seus 25 anys de casats.

Doctor en Antropologia i Filosofia de la facultat de Lletres de la UAB, va ser professor d'Història de la Cultura i de Moviments Socials des del 1975 i fins el 2015. Bon coneixedor de l’Amèrica Llatina i de les seves lluites socials, hi havia viatjat en nombroses ocasions, especialment a Mèxic (a Maconí, al Querétaro on el seu germà Francesc —el Pare Panxo— va passar els últims 25 anys de la seva vida treballant amb una comunitat de miners), Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bolívia, etc. Va ser també president de la Casa de la Solidaritat i de la Cooperativa l'Olivera, projecte modèlic engegat el 1974 a Vallbona de les Monges, a la Catalunya interior, que treballa per la integració social incorporant persones amb dificultats de manera activa en tot el procés.

Llavor de grups tan diversos com Creients en Diàspora, on vaig conèixer l'Agustí de Semir, vinculat amb la fe, les religions, les persones immigrades, la interculturalitat, amb un dejuni pels drets de les persones sense papers; era partidari de donar visibilitat i un paper més actiu a la dones en la vida de l'Església. Participant del Fòrum Universal de les Religions (2004) i impulsor incansable del debat interreligiós. Membre del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia va escriure diversos Quaderns: El Déu de Bush, Converses amb Agustí de Semir, Construir l'esperança i Capellans obrers. President de l'associació Cristianisme al segle XXI, un assidu dels Fòrums socials mundials de Porto Alegre, del Fòrum social català... Interessat pel món àrab i per la causa palestina, havia visitat Sabra i Shatila (Líban); membre de la PASI (Plataforma per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq) organitzadora a Barcelona del Tribunal de l'Iraq de 2005 dins del marc de la CEOSI i un dels impulsors de la Plataforma Aturem la Guerra. D'altra banda, en Jaume i la Maria Pilar han estat a més a més, els mecenes de moltes causes oblidades i necessitades, iniciant grups de tota mena, de debat, de reflexió, de denúncia dels abusos de poder, per la pau, connectant persones, creant vincles entre associacions, sumant esforços.

Interessat pel món àrab i per la causa palestina, havia visitat Sabra i Shatila (Líban). Era embre de la Plataforma per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq, organitzadora del Tribunal de l'Iraq de 2005 i un dels impulsors de la Plataforma Aturem la Guerra.

Intel·lectual, estudiós, lector incansable, escriptor i pensador, una mena d'homo universalis, amb una obra extensa, molts articles i col·laboracions, mai deia que no a participar en una conferència, la presentació d'un llibre o una xerrada de barri. Es pot veure un llistat dels seus principals llibres i articles en aquests enllaços.

Pel que fa al seu vessant polític, en Jaume, com ell es definia, militant d'esquerres, va ser a l'Hospitalet el primer regidor d’ensenyament dels Ajuntaments democràtics entre 1979-83 per la llista del PSUC i més tard, regidor a l'oposició (1987-95) a les llistes d'Iniciativa per Catalunya. Entenia la feina com un servei a la comunitat. Membre fundador el 1998 i més tard president d'EUiA (2000-2002), escindida d'ICV. També fundador del Partit Socialista Unificat de Catalunya Viu, en quedar el PSUC dissolt dins d'Iniciativa per Catalunya Verds.

Gran admirador d'en Xirinacs, en Jaume “llegia la vida” amb un caràcter vital i aglutinador, un viscut senzill i auster, tossut, de no cansar-se, d'esperit crític, amant del transcendent, erudit i afable amb un discurs ordenat, punyent i directe. Ha estat un mestre de vida per molts que li reconeixem en la seva coherència i voluntat de permanència el gran mèrit de perseverar en la construcció d'un món millor, abordant aquesta tasca des de tants vessants, buscant la justícia social, la defensa dels oprimits i el seu Déu encarnat en totes les coses. Ens has obert els ulls, fet mirar entre línies per veure molt més enllà. Infinitament gràcies Jaume per la teva generositat i amistat.

[Fuente: Directa.cat]

19/2/2018

Baltasar Garzón y Gaspar Llamazares

Manipulación o reinserción

El caso Diana Quer ha vuelto a traer a la opinión pública el terrible asunto de la violencia criminal contra las mujeres y los más vulnerables junto a debates como el de su tratamiento informativo o el de la prevención, represión y rehabilitación policial y penal. Se ha vuelto a poner en evidencia nuestra incapacidad como sociedad para desembarazarnos de esta lacra machista, cuando Gobierno y poderes públicos muestran exasperante lentitud a la hora de poner en marcha las medidas acordadas en el denominado Pacto de Estado contra la violencia de género.

Se han vertido respuestas frecuentes en forma de prejuicio machista y populismo punitivo, alimentando un clima represivo de banalización de la prisión como fórmula fácil para acallar el desorden social o político. Los mismos medios, que a lo largo de la desaparición de Diana Quer especularon con la familia y sus costumbres en busca de culpables, han agitado después el clima de venganza contra su presunto asesino, poniendo en duda la posibilidad de rehabilitación y abonando el terreno para una condena poco menos que a perpetua. En lo político, ha bastado con que varios partidos hubiesen presentado iniciativas de derogación de la prisión permanente (con anterioridad a la localización del cuerpo sin vida de Quer y el arresto de su supuesto asesino) para que la campaña del populismo punitivo esté servida.

Nada compensa el dolor por la perdida de un ser querido. Resulta humano que la familia de la joven Quer pretenda la máxima pena en derecho para quien tan brutalmente le ha arrebatado la vida. Sin embargo, es una muestra de la peor política del oportunismo y populismo penal la campaña del Gobierno Rajoy-Partido Popular exigiendo el mantenimiento de una figura penal (la prisión permanente revisable) impuesta por mayoría absoluta en solitario al resto de grupos parlamentarios y a buena parte de los operadores y asociaciones relacionados con la justicia.

Hay datos que refutan los dictados drásticos de las emociones o la inconveniencia de legislar al calor del shock y la sensibilidad por un crimen tan horrible. España es de los países europeos con menos delitos y menor número de asesinatos de estas características. Nuestro código penal establece unas de las más largas penas de cárcel y un alto cumplimiento de las mismas. Nuestra tasa de encarcelados es de las mayores de Europa. Penas de hasta 40 años de prisión podrían equipararse a una cadena perpetua, incluso a la muerte a plazos, pues renuncian a cualquier tipo de rehabilitación, optan por la retribución y aniquilación de la persona: a partir de 20 años de encierro la desestructuración de la personalidad es total y, por ende, podría ser catalogada como otra manera de pena degradante.

Tampoco se reflexiona sobre la inutilidad disuasoria de la prisión perpetua. Los países con mayores penas sufren índices más elevados de este tipo de delitos. Pero para el populismo punitivo lo de menos es la finalidad de la pena, que no debería ser la venganza, sino la rehabilitación y resocialización del condenado (ahí los poderes públicos y la sociedad española tenemos márgenes más amplios de mejora). Sin embargo, lejos de favorecer las experiencias educativas y rehabilitadoras, las administraciones —en especial los últimos responsables penitenciarios del PP—, recurren únicamente al encierro sin esperanza. En cárceles cada vez más modernas, pero más inhumanas y con ambientes más favorables al tráfico y consumo de estupefacientes, a desarrollar trastornos mentales y a los suicidios.

El PP hace con este asunto un ejercicio de enorme cinismo. Apoyado por Ciudadanos en la mesa del Congreso, mantiene cerrada a cal y canto la producción normativa. Recordemos que la primera batalla perdida con las víctimas en el proceso penal se produjo con el Estatuto de la víctima del delito, que introdujo su intervención en la fase de ejecución de la pena sin correctivo restaurativo y sin prever partida presupuestaria para las oficinas de atención a las víctimas.

Se esgrimen además falsos argumentos sobre un supuesto tipo de crímenes no rehabilitables. Estudios científicos solventes muestran similares tasas de reinserción para crímenes distintos y demuestran que lo fundamental es el tratamiento educativo, terapéutico y rehabilitador que se lleve a cabo.

Existen modelos alternativos de rehabilitación y reinserción que han rebajado las tasas de reincidencia a mínimos, como el de las unidades terapéuticas y educativas, en los que España y Asturias han sido pioneras. Este tipo de modelos, junto con las organizaciones no gubernamentales de apoyo a la educación, la rehabilitación y la reinserción, son los que dan verdadera medida del desarrollo de una sociedad. Apostemos por ellos.

[Fuente: infoLibre]

8/2/2018

Agustín Moreno

La segregación escolar o el techo de cristal de los chicos de la clase obrera

Hace poco se ha reeditado un estudio clásico de la sociología de la educación y de la etnografía urbana, Aprendiendo a trabajar, de Paul Willis. Se basa en un seguimiento de jóvenes de familias obreras británicas, en sus dos últimos años de escolarización y al comienzo de su inserción en el mercado laboral. Analiza la resistencia a la escolarización y desmonta el mito neoliberal de que cualquier persona puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza, independientemente de su origen social: los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. Tiene toda vigencia su conclusión sobre cómo el sistema educativo perpetúa las desiguales relaciones sociales existentes.

Conviene conocer que el sistema educativo inglés y galés es la mezcla de dos sistemas: a) el tripartito de la ley de 1944, que establece tres tipos de escuelas: para alumnado aventajado orientado a las carreras de letras (grammar schools), a las de ciencias (technical schools) y las secondary schools para los alumnos de menor rendimiento, que es una prolongación de la enseñanza primaria; b) las comprehensive schools, que teniendo a todo el alumnado bajo un mismo techo y con el mismo currículo, le distribuye en grupos homogéneos en función de su rendimiento escolar. ¿A qué nos suena? A la LOMCE, una ley profundamente segregadora (PMAR, FPB, 4º ESO propedéutico con tres itinerarios), que facilita las políticas en este sentido y que consolida los recortes de la inversión educativa.

Lo anterior no es nada comparado con la deriva que ha adquirido nuestro sistema educativo. Una reciente investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (PDF) sobre la magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas, compara los resultados con los países de la Unión Europea (UE), utilizando los datos PISA2015. Los demoledores resultados indican que España es uno de los países más segregadores de Europa, con cifras muy alejadas de los países de su contexto más cercano. En concreto, España está en sexto lugar, mientras que Reino Unido está vigésima posición y Finlandia en último lugar. Todo es coherente con el primer puesto en desigualdad por renta que tiene España y que ha alarmado a la UE, o con los ocho puntos por encima de la media que tenemos en abandono escolar temprano.

La segregación escolar en las comunidades ofrece resultados extremos. Algunas se encuentran entre las más bajas de Europa (Illes Balears, Galicia y Aragón) y otras como la Comunidad de Madrid con una segregación muy alta, solo superada por Hungría dentro de la UE. Son los lodos de las agresivas políticas del PP de Esperanza Aguirre, González y Cifuentes, favorecedoras de una estrategia donde la educación no persigue la igualdad, sino la desigualdad. El estudio constata la incidencia de las políticas educativas regionales respecto la segregación escolar por los criterios de admisión en los centros, mostrando que el fomento de la educación privada, de la competencia entre centros mediante la publicación de rankings o la creación de un distrito único, configuran sistemas educativos inequitativos que atentan contra la igualdad de oportunidades.

La Comunidad de Madrid es quien más ha impulsado la creación de un sistema de mercado escolar y políticas de selección del alumnado por nivel socioeconómico. Se ha instaurado la libre elección por parte de (algunas) familias y estudiantes a través del establecimiento de un distrito único; se publica un ranking de centros según los resultados de pruebas estandarizadas externas en colegios de educación infantil y primaria e institutos de secundaria; se desarrolla una cuestionada política de creación de centros bilingües que produce procesos de selección del alumnado con más recursos, excluyendo a los que tienen más dificultades. Además, está la apuesta decidida por la educación privada, siendo la Comunidad de Madrid la región de España con más estudiantes matriculados en centros de titularidad privada, aunque esté financiada con dinero público y la llamen concertada; una red privada que basa su oferta en evitar la mezcla social del alumnado, y que busca el negocio económico e ideológico-religioso.

En Vallecas conocemos bien esto y venimos denunciándolo. Sufrimos un proceso de agresión a la escuela pública que se refleja en estos datos: el 80% del alumnado con dificultades se concentra en los centros públicos, que a su vez se han visto sometidos a fuertes recortes de profesorado y de recursos. Este desequilibrio en la escolarización produce guetos en algunos centros públicos.

No se puede esperar ningún cambio desde el poder actual. Cuando Rajoy pide a los españoles que tienen que ahorrar para educación (derecho que debe ser gratuito), nos anuncia que va a seguir con los recortes y el proceso de privatización; que no va a haber equidad educativa en España (dando más a quién más lo necesita) ni igualdad de oportunidades apoyando a quién tiene más capacidad, sino a quien tiene más dinero. Es la decisión política de apostar por escuelas para ricos y escuelas para pobres, como modelo neoliberal educativo que reproduzca fielmente un modelo social injusto por desigual. Brutal.

Esa es, en el fondo, la jugada de la segregación: la reproducción del sistema social y cultural con todas sus desigualdades, como si se tratase de un sistema de castas o estamentos, a pesar de la igualdad teórica que las leyes y la Constitución dicen garantizar. La segregación escolar es un poderoso mecanismo para convertir en un espejismo la igualdad de oportunidades.

La cuestión principal que debe abordar el pacto educativo es si apuesta por la segregación o por la integración. Segregar para perpetuar el sistema social con todas sus desigualdades, o integrar para garantizar más equidad, igualdad de oportunidades y una sociedad más justa. Según la respuesta que dé, será un fracaso o un acierto en términos de futuro para este país. La existencia de ese techo de cristal que produce la segregación escolar para la mayoría de la población de origen socialmente humilde, es el mayor fracaso para una sociedad que aspire a ser de verdad democrática. Es la escuela pública, de todos y para todos, la que debe articular el sistema educativo y el instrumento más útil para la igualdad y la cohesión social.

[Fuente: Cuarto Poder]

11/2/2018

Alberto Garzón

Pensionistas rodeando el Congreso

El pasado 22 de febrero los alrededores del Congreso se llenaron de manifestantes, la inmensa mayoría jubilados y jubiladas, exigiendo pensiones dignas. La convocatoria pública la había realizado la Coordinadora de Pensionistas en Defensa del Sistema Público de Pensiones, y fue todo un éxito. Es más, el resultado ha sido tan importante que pilló descolocado al propio Gobierno. Aunque seguro que no sólo al Gobierno. Obsérvese un detalle al respecto.

Normalmente el Gobierno no permite ese tipo de concentraciones, entre otras cosas por la existencia de un controvertido artículo 494 del código penal que amenaza con penas de prisión a los que se manifiesten ante las sedes del Congreso de los Diputados. Sin embargo, es habitual que se permitan pequeñas concentraciones de no más de una decena de personas en la plaza de las Cortes, justo enfrente de los «leones». De estas hay muchas cada semana. Probablemente el Gobierno esperara encontrarse con algo de este tipo, pues jamás habría permitido que miles de personas desbordaran los alrededores del Congreso evocándonos las manifestaciones de 2012. El impacto simbólico de rodear un Congreso como protesta por la política del Gobierno o de su sistema político es enorme, y un Gobierno en minoría no puede permitirse ese lujo.

De hecho, cuando bajé a la manifestación me encontré con un panorama similar al de las manifestaciones del 2012. Entre los manifestantes había de todos los perfiles políticos. Muchos votantes de IU, PCE y de Podemos, pero también del PSOE. Incluso algunos me confirmaron que eran votantes del PP, aunque probablemente no estuvieran ya muy convencidos de repetir. Había personas muy politizadas, que eran militantes de nuestra organización, pero también personas que era la primera vez que bajaban a una manifestación. Había personas con pensiones medias y altas, y también personas que disfrutaban de una pensión ridícula. Hubo un señor que se me acercó llorando y que me dijo, casi sin poder articular las frases, que lo estaba pasando muy mal y que teníamos que hacer algo. Su cara, su forma de expresarse y sus palabras eran propias de alguien que estaba al límite.

Las pensiones es uno de los derechos más importantes que tenemos conquistado en nuestro país. En realidad es parte de nuestro salario. Forman parte de lo que se llama salario social y que incluye el salario directo (nuestra nómina), el salario indirecto (los servicios públicos financiados con impuestos) y el salario diferido (las pensiones). En nuestro país el sistema es además un ejemplo de solidaridad generacional, ya que disfrutamos del llamado «sistema de reparto» que permite que las cotizaciones sociales de las personas que trabajan hoy sean las que financian las pensiones de las personas jubiladas hoy. Y mueve una gran cantidad de dinero que es también un codiciado tesoro para las entidades financieras, motivo por el cual desde hace décadas promueven la privatización parcial o total del sistema. Una privatización que conllevaría el empobrecimiento de los pensionistas más pobres pero también, muy probablemente, el del resto de los jubilados puesto que su sistema se basa en el rendimiento de inversiones que no siempre salen bien.

Sobre todo esto ya escribimos hace ya ocho años un libro de acceso gratuito titulado ¿Están en peligro las pensiones públicas? (pdf) y que tuvo un enorme éxito de difusión. Pero entonces, a partir de 2010, todos los intentos que habíamos puesto en marcha desde las organizaciones políticas de izquierdas para movilizar al conjunto de pensionistas habían sido en vano. Iniciamos varias campañas políticas que apenas se tradujeron en pequeñas concentraciones públicas y bastantes actos para hacer pedagogía. El sector de mayor edad de nuestra población se mostraba aparentemente pasivo ante los recortes que bien se venían encima o que bien directamente se produjeron con las reformas de 2011 (PSOE) y de 2013 (PP). Algunos analistas achacaban al carácter conservador de este sector poblacional la causa de este comportamiento. Aun hoy, y según el CIS, de los votantes mayores de 65 años el 28,8% vota PP, el 19% PSOE, el 10,9% a Ciudadanos y sólo un 3% vota a Podemos, IU y las confluencias. Un importante contraste con los votantes entre 18 a 24 años (6,3% PP, 11,5% PSOE, 8,4% Ciudadanos y 23% Podemos, IU y las confluencias).

Todo esto hasta ahora. Algo se ha activado en esos sectores poblaciones y ha provocado una intensísima movilización como fue la del pasado jueves. Pero no se va a quedar ahí. Uno de los manifestantes me dijo: «esto sólo acaba de empezar». Es muy probable que así sea, porque se dan las condiciones desde hace mucho tiempo y episodios como los del pasado jueves ayudan a crear una identificación común entre los pensionistas que va más allá de lo electoral.

Todo esto coincide, además, con la preparación de una gran movilización feminista para el día 8 de marzo. El feminismo es ahora mismo, de lejos, uno de los movimientos con más vida, conciencia y fuerza para transformar la sociedad. No es homogéneo, por supuesto, pero sus reivindicaciones son justas y son el vector por el que decenas de miles de mujeres y hombres jóvenes se están politizando.

Mi impresión es que vamos a entrar en una primavera en la que se va a ir recuperando la movilización social, y en la que además ello servirá como viento de cola para el crecimiento de los espacios electorales alternativos al Régimen. Pues, y esto es para mí lo más importante a efectos analíticos, estas movilizaciones sociales son el claro reflejo de que la crisis de régimen no se ha cerrado y de que existe en este momento una tremenda disputa en torno al modelo de país que se va a construir para las próximas décadas. ¿Qué país queremos para las próximas generaciones? ¿Qué orden social imperará a partir de ahora? Esas son parte de las preguntas a las que muchos colectivos sociales y políticos, entre ellos los de pensionistas y feministas pero también los que luchan por el soterramiento del AVE en Murcia o contra la mina de uranio en Salamanca, están respondiendo con movilización.

[Fuente: Publico.es]

25/2/2018

La Biblioteca de Babel

Luisa Carnés

Tea Rooms. Mujeres obreras

Epílogo de Antonio Plaza

Hoja de Lata, 2016, 256págs.2016

Si, pese a tener por costumbre entregarse con avidez a la lectura, el nombre de Luisa Carnés no le dice nada, no se preocupe: es normal. Carnés (1905-1964), a quien han calificado como la gran novelista de la Generación del 27, adscrita a la novela social de preguerra, tenía todas las papeletas para ser invisibilizada y caer en el olvido: mujer, comunista, exiliada. Por fortuna, la editorial Hoja de Lata ha recuperado a una novelista inmensa, como se puede constatar en Tea Rooms. Mujeres obreras, una obra que puede ser caracterizada como novela-reportaje, en la que Carnés plasma la cotidianeidad de un salón de té, reflejando espacios y sobre todo personajes que conocía bien, ya que uno de sus empleos fue precisamente de camarera. De clase obrera (entró a trabajar a los doce años), también deja constancia de la experiencia de vivir en la pobreza, de la efervescencia del movimiento obrero en el primer tercio del siglo XX en España y, sobre todo, de la posición de la mujer en una sociedad en la que se atisbaba una oportunidad para su emancipación. Mediante trazos firmes, sin florituras, Carnés ofrece un retrato de grupo que le permite criticar la explotación laboral y sus tremendas consecuencias para las mujeres obreras, atrapadas entre las obligaciones domésticas, la religión, la tradición, y una sociedad que las cosifica y les impone patrones de comportamiento basados en el género. Tea Rooms. Mujeres obreras es un llamamiento a la emancipación de las mujeres a través de la cultura y la lucha colectiva, y la autora no se cansa de poner ese mensaje en boca de sus personajes: “ahora ante la mujer se abre un nuevo camino, más ancho, más noble: ese camino nuevo de que os hablo, dentro del hambre y del caos actuales, es la lucha consciente por la emancipación proletaria mundial”.

El muy oportuno epílogo de Antonio Plaza, que contextualiza la vida y obra de la autora, sirve para confirmar lo que ya se atisba en la novela: Luisa Carnés fue una intelectual comprometida con la igualdad de la mujer, con la lucha obrera, con la construcción de un mundo más justo y menos cruel (“La sociedad viene causando víctimas desde hace millares de años. Por lo tanto, no es una sociedad humanitaria. Es una sociedad llamada a desaparecer”). Lo más preocupante es que su relato suena aterradoramente actual. Pero es de 1933.

Rosana Alija Fernández

27/2/2018

El extremista discreto

El último mohicano

Especialistas

Un aspecto central del dogma neoliberal es que los políticos son gente de poco fiar, desconocedores de los temas que tratan, manipulables por su dependencia de los votos. Mejor entregar las instituciones serias a la gestión de especialistas, a gente formada en un área de conocimiento, ajena a las vicisitudes electorales, bien informada. O, simplemente, crear instituciones que no puedan tener interferencias políticas, que tengan tareas bien acotadas y cuyos puestos estén ocupados por gente profesionalmente prestigiosa. El nuevo modelo de Bancos centrales que deja en manos de los expertos la gestión de la política monetaria es el ejemplo paradigmático de esta reflexión institucional. Los críticos hace años que tratan de explicar la perversidad de este esquema, pero sólo parecen convencer a la gente mejor informada.

Si uno quiere entender de qué va esto del Gobierno de los especialistas, ahora tenemos un ejemplo fuera del esotérico campo de la gestión económica. La gestión de una parte sustancial del conflicto catalán ha pasado de manos de los políticos, al de los especialistas. O sea, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Y su labor, especialmente el primero, lejos de ofrecer salidas, está complicando la solución. Porque sólo necesita atenerse a la ley y a su interpretación “técnica de la misma”, sin negociación posible. Y resulta evidente que la decisión de encarcelar por largo tiempo a gente sin juicio, o su particular definición del delito de rebelión, no hace sino echar más leña al fuego y cerrar salidas políticas al conflicto. Dudo que Puigdemont hubiera ganado las elecciones sin los encarcelamientos, y aún menos que pudiera mantener el grotesco pulso por ser investido virtualmente si los encarcelados no siguieran en prisión, y sin que otra mucha gente estuviera amenazada de acompañarles. A un juez no se le puede pedir que aplique la ley de acuerdo con un criterio de oportunidad política. Una vez judicializado el proceso, éste queda en manos de lo que estos especialistas consideren oportuno. Y parece bastante claro que en la situación actual la cúspide judicial se ha erigido en defensora de una determinada lectura del derecho, y va a explotar al máximo su oportunidad de ampliar su espacio de poder. Más o menos es lo mismo que hacen otros organismos de especialistas (por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que acaba de hacer un requerimiento a los Ayuntamientos para que cedan el uso de los carriles-bus a Uber y Cabify en función de la aplicación de su concepción de cómo deben funcionar los mercados).

Cuando he tratado de explicarle a un economista neoliberal afín al independentismo catalán que este “gobierno de los especialistas” está complicando las cosas, su respuesta ha sido la esperada: es que no son especialistas, sino juristas ligados al Gobierno promocionados por el PP y, por tanto, meros ejecutores de la política que éste prefiere. Como si el resto de organismos formados por especialistas no fueran lo mismo. Integrados por gente afín al poder, político y económico, con predominio de visiones reaccionarias sobre la sociedad, imbuidos de una particular visión del mundo y habitualmente promocionados gracias a las influencias de los poderes a los que están conectados. Sólo hay que ver la simbiosis de los responsables de los bancos centrales con el poder financiero, o la composición de los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear.

Hace demasiado tiempo que el gobierno de los especialistas en diversos campos impide un verdadero debate político. Y permite a los distintos poderes una gestión delegada que trata de esconder sus intereses bajo una pátina tecnocrática. En Catalunya, y me temo que en el resto de España, estamos al albur de lo que hagan dos grupos antagónicos de políticos insensatos y un cuerpo técnico que juega a favor de uno de los bandos, y que genera argumentos para que el otro siga perseverando en su cerrazón.

14/2/2018

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Marea Pensionista

Salvemos las pensiones

www.mareapensionista.org

3/2018

Boletín 166

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Romper los techos de cristal, despegarse de los suelos pegajosos

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Combinación letal: la nueva crisis de la vivienda

Memorias feministas

Obituario: Jacobo Muñoz

Ensayo

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