
Número 119 de diciembre de 2013
Notas del mes
Capitalismo etéreo: de subcontratas, fondos financieros y autoritarismo tecnocrático
Por Albert Recio Andreu
Crisis institucional en la Justicia española: el último justo en Sodoma
Por Carlos Hugo Preciado Domènech
Varsovia, noviembre de 2013. El colapso definitivo de un modelo
Por Miguel Muñiz
¿Tiene remedio el Psoe para la izquierda?
Por Juan-Ramón Capella
Los accidentes de trabajo: asumir riesgos por tener que trabajar
Por Joaquín Juan Albalate y Jesús Matamala Bacardit
La Ley del Emprendedor y el auge de la defensa del interés propio
Por Víctor Ginesta Rodríguez
Partidos y movimientos sociales en un terreno confuso
Por Joan Busca
Por José Manuel Barreal San Martín
Obligación y voluntariedad de la asignatura de Religión
Por Miguel Ángel López Muñoz
El extremista discreto
Diez aforismos nada propositivos
Fuertebrazo
Invectiva contra el neorregeneracionista
Rodrigo de Castilla
La Biblioteca de Babel
La historia falsa y otros escritos
Luciano Canfora
En la pantalla
Dermot O'Connor
All watched over by machines of loving grace
Adam Curtis
Pino Solanas
Fanfarria Taquikardia
...Y la lírica
Nicanor Parra
De otras fuentes
No hizo falta que vinieran los bárbaros
Agustín Moreno
José Manuel Naredo: "España se caracteriza más que por su neoliberalismo por su neocaciquismo"
J. V. Barcia Magaz
Juan Francisco Martín Seco
Suzanne Goldenberg
Antoni Aguiló
Dret a decidir? Així no, gràcies
Carlos Hugo Preciado Domènech
El programa de Raúl Castro y sus contradicciones
Samuel Farber
Gonzalo Pontón
Documentos
DesBanka: Manifiesto por una banca pública, ética y social
Foro de webs
Capitalismo etéreo: de subcontratas, fondos financieros y autoritarismo tecnocrático
Cuadernos de estancamiento: 4
Albert Recio Andreu
El capitalismo se parece cada vez más a la imagen de Dios habitual en las religiones monoteístas. Un ser lejano, inasible, irresponsable, incorporal, que se manifiesta a través de oráculos, al que no se le pueden pedir explicaciones... Y, como ocurre al menos con el catolicismo, si las cosas nos van mal, si nos equivocamos, es culpa de nuestra alma mortal, no de sus fallos de diseño. Sin duda, el capitalismo real es otra cosa, personas concretas que se enriquecen, que adoptan decisiones, que influyen sobre las condiciones de vida de millones de personas, cuyo modelo organizativo y comunicativo actual está diseñado para que ese poder y ese comportamiento aparezcan diluidos bajo la forma inmaterial de “los mercados”, “los reguladores globales”.
Los acontecimientos recientes nos dan nuevas pistas sobre cómo se ha producido este “endiosamiento” (en el sentido de la opacidad) del capital y nos ayudan a entender mejor cuales son sus mecanismos de poder.
Subcontratas
La exitosa huelga de las basuras de Madrid ha sido, más allá de la merecida victoria obrera, una buena lección para mucha gente. De una parte sobre el comportamiento de estas empresas, verdaderos tahúres que “compiten” por mercados cautivos con cartas marcadas: rebajan precios que después acaban traduciendo en una rebaja de condiciones laborales y (posteriormente) en un deterioro del propio servicio. Algo que ya se ha experimentado en otros muchos casos y que constituye un mecanismo que garantiza beneficios a costa de generar costes a la sociedad: a la propia plantilla y a los receptores del servicio. De otra, sobre el papel de la alcaldía, responsable de subcontratar sin control un servicio público y después desentenderse de las consecuencias laborales que genera el contrato. Aunque Ana Botella es una muestra visible de irresponsabilidad social, con matices propios de cada cual, cosas parecidas se pueden oír de la mayor parte de nuestros políticos (yo se las oí hace cuatro meses al alcalde de Barcelona, una persona más accesible que su colega madrileña, refiriéndose a otro conflicto de otra subcontrata municipal).
Las subcontratación no es sólo el producto de las políticas privatizadoras del sector público sino que constituye una fórmula creciente en el funcionamiento del mundo empresarial. La justificación de su proliferación descansa en una particular lectura de la división del trabajo: la complejidad de las actividades productivas es tal que cuanto más especializada es una empresa mejor conocimiento tendrá de su parcela y por tanto más productiva será. La subcontratación permite a las empresas concentrarse en aquellas facetas donde son más productivas y dejar que cada especialista se ocupe de su tarea. Esto, que como principio teórico puede resultar creíble, en la práctica es mucho más oscuro y, junto a razones de eficiencia, se detectan fácilmente otras que o tienen poco que ver con ésta o que directamente cuestionan su verdad.
Si la eficiencia técnica fuera la razón fundamental del crecimiento de las cadenas de subcontratación lo que encontraríamos es la proliferación de empresas especializadas negociando de tú a tú entre sí y generando entre todas una actividad productiva compleja. En la práctica, la realidad es bastante distinta (y parto del conocimiento de investigaciones propias o ajenas): la subcontratación se traduce en la formación de una estructura empresarial jerarquizada, en la que las rentas empresariales son más importantes cuando más alto se está en la jerarquía del proceso. La subcontratación es tanto más habitual cuanto más intensiva en trabajo humano es una actividad; y también los salarios y las condiciones de trabajo son peores cuanto más baja está la actividad en la jerarquía organizativa, cuanto mayor es la consideración de “auxiliar” de la actividad que se realiza (la limpieza suele ocupar en muchos casos el nivel más bajo de ingresos y consideración).
La vida laboral de los empleados en subcontratas suele estar marcada por una doble disciplina: el poder de su empresario directo y el poder del cliente. La subcontratación no siempre lleva a la eficiencia. Cuando lo que requiere el subcontratante es un servicio a medida, complejo a menudo, se encuentra con que el subcontratador le ofrece un servicio estándar que casa mal con sus necesidades y es fuente de numerosos problemas de ajuste (un ejemplo de este tipo lo suele proporcionar la externalización de servicios informáticos). En cambio lo que siempre le da una enorme ventaja al subcontratante es la elusión de buena parte de sus responsabilidades laborales y sociales, como ponen en evidencia los numerosos casos de las grandes multinacionales pescadas in fraganti (algunas de tan glamurosas como Apple o Nike) con explotación brutal en las plantas de sus proveedores (lo que generalmente da pie a algún ejercicio de constricción, alguna operación publicitaria y un cambio de proveedor para salir airosos del tema).
Pero aún resulta más patente que la eficiencia técnica y la especialización tienen poco que ver con el meollo del asunto cuando se analiza a qué se dedican las empresas de subcontratas públicas y las llamadas “empresas de servicios” que actúan en el sector privado. Estas últimas lo que hacen es simplemente cubrir parte de la actividad de trabajo manual en todo tipo de empresas industriales; si son especialistas de algo es de gestionar mano de obra manual barata. En el caso de las contratas públicas, la cosa es tanto más escandalosa puesto que son las mismas empresas que tradicionalmente han vivido de los contratos de obra pública las que han creado filiales de servicios que se ocupan de todo aquello que el sector público externaliza. No hay más que ver quién está detrás del conflicto de Madrid: FCC (Esther Koplowitz y familia), OHL (el grupo industrial del ex Ministro tardofranquista Villar Mir) y Sacyr, empresa creada por antiguos directivos de Ferrovial bien relacionados con Felipe González y que tras diversos avatares ahora tiene como principal accionista a la familia Carceller (descendiente del ministro de Industria de Franco durante la guerra civil, propietaria del grupo petrolífero Disa, principal accionista de la cervecera Damm y ahora inmersa en un intrincado proceso por fraude fiscal), a quienes se sumaba la propia Ferrovial (de la familia Del Pino, cuyo fundador fue un alto directivo del Ministerio de Obras Públicas durante el franquismo). Si ampliamos el radio de visión más allá de las basuras de Madrid, nos encontramos con que de forma sistemática aparecen estas mismas empresas, el resto de grandes constructoras (ACS, Acciona...) y alguna empresa más (Eulen) entre las tradicionales adjudicatarias de gran parte de servicios externalizados. Otra forma de seguir sacando dinero de las arcas públicas en un modelo más estable que el de las obras. Hace pocas semanas los tribunales impidieron al Ayuntamiento de Guadalajara sacar a concurso la externalización de todas las actividades públicas por cincuenta años, en un solo paquete, en una muestra clara que lo que prima no es la especialización y el conocimiento, sino la entrega de lo público a una casta de empresas rentistas. Seguro que el intento no es el único.
Más allá de externalizar riesgos, fragmentar la acción colectiva, discriminar precios y/o ceder rentas, la mayor parte de políticas externalizadoras tienen otro aspecto común: el desprecio por el trabajo directo y la presunción de la excelencia directiva. Los empresarios y políticos que externalizan actividades lo hacen en parte convencidos de lo trivial de las tareas subcontratadas, de la no necesidad de mimarlas, supervisarlas, entenderlas. De que el trabajo básico es cosa de subpersonas y que en cambio lo sublime es simplemente dirigir. Toda la expansión de la externalización esta atravesada por este desprecio del trabajo común, por esta ignorancia de la importancia de la cooperación. Forma parte del proceso de deslegitimación de los derechos de la gente común, de la justificación del aumento de las desigualdades, de la despreocupación por los resultados reales de la actividad laboral y de la obsesión por el excedente monetario. Capitalismo especulativo, depredador, ignorante en estado puro.
Fondos financieros
Otro rasgo común de los tiempos es la creciente —el proceso no es nuevo pero diría que tras la crisis se ha acelerado— pérdida de identidad de la propiedad capitalista y su sustitución por empresas que tienen en común su opacidad societaria, que se presentan más como organizaciones, fondos de inversiones, empresas de capital riesgo, etc. En el capitalismo decimonónico cada empresa tenía su propietario claramente definido. En el período del capitalismo financiero aún persistían líneas de propiedad patentes, el capital financiero se asociaba a bancos concretos, o muchas grandes empresas industriales estaban bajo control de algún propietario o cuando menos de una élite directiva arraigada en la empresa. Ahora, de forma creciente, las empresas pasan a manos de fondos financieros que gestionan capitales de orígenes diversos, que tienen como señuelos a unos pocos directivos. A la hora de exigir responsabilidades, se hace difícil detectar todas sus líneas de poder. Su enfoque de funcionamiento es mucho más voraz que en el capitalismo tradicional, puesto que se basa en la búsqueda de rentabilidad financiera a corto plazo. Sus responsabilidades más difíciles de detectar puesto que utilizan un entramado de formas societarias donde casi nunca queda claro quién es quién, donde la extracción de excedente de una de sus empresas participadas se camufla como devolución de préstamos o pago por servicios, donde la maraña societaria ayuda a eludir el pago de impuestos. Subcontratas y empresas financieras constituyen una estructura pensada para aumentar la extracción de plusvalía, para eludir responsabilidades.
Por muy escandalosa que sea la sentencia del Prestige, lo peor de todo es que los responsables primarios del suceso (los que fletaron un buque en mal estado) ni siquiera se sentaron en el banquillo. Lo que se descubre en muchas empresas en crisis es que antes han sido descapitalizadas por sus fondos propietarios, como es el caso de Panrico. Hoy asistimos en nuestro país a un proceso acelerado de cesión a este tipo de empresas de gran parte de los fondos inmobiliarios y de créditos dudosos de los grandes grupos bancarios. Ellos son los que van a hacer el trabajo sucio de acosar a los deudores, a los hipotecados, y dejar al margen la imagen de una banca que había sido golpeada por las movidas de la PAH y de las preferentes.
Cuando escribo estas líneas, en mi barrio hay una reunión para ver como nos defendemos de una de estas operaciones especulativas: una empresa propiedad de un ente territorial (un consell comarcal) ha vendido a uno de estos fondos (Azora) casi trescientas viviendas públicas. Es la misma empresa que ha comprado en Madrid tres mil viviendas a Imvisa. La empresa es un simple gestor de fondos financieros (reconoce en su web que el 60% del capital está en manos de entidades financieras y fondos de pensiones) dirigida por dos ex altos directivos del área financiera del Santander y presidida por el ex presidente de Goldman Sachs España, banco que también está implicado en la operación madrileña. ¿Cuál será su gestión? ¿A quién deberemos dirigirnos si se producen los más que probables desalojos de morosos (basta un mes de retraso con la nueva ley) o el gestor no cumple su tarea de mantenimiento de los bloques?
Detrás de estas empresas-pantalla están los ricos, los grandes capitalistas y las entidades financieras, pero este modelo organizativo hace más difícil su control social, diluye responsabilidades, mixtifica la relación que existe entre la propiedad capitalista y los efectos sociales de su gestión. Con estos mecanismos de delegación-camuflaje la verdadera clase dominante toma cada vez más la forma de una casta de parasitarios-rentistas.
Autoritarismo tecnocrático
La tercera pata del proceso de liquefacción del capital pasa por presentar sus intereses como meras opciones técnicas. Un proceso que tiene el doble efecto de debilitar las críticas y trasladar el enfrentamiento del campo capital-trabajo al de la relación ciudadano/súbdito-élite política. La forma como se ejerce esta traslación es variada. Las políticas de puertas giratorias son quizás su versión más evidente, pero el proceso se encuentra mucho más sofisticado, por ejemplo, en el control que ejercen los grandes intereses económicos en las instituciones reguladoras (bancos centrales o reguladores sectoriales) o en los procesos de elaboración de propuestas “técnicas”, como es el caso del comité de expertos que ha legitimado el asalto a las pensiones.
Este desvío del poder desde la política a los expertos y reguladores tiene dos ventajas claras para el conflicto social. La una, que cuanto más méritos profesionales y académicos presentan esos “expertos” más difícil es que sus críticos obtengan un mínimo de credibilidad social. Su legitimidad se ha cocido a fuego lento, en los abruptos mecanismos de control que pueden detectarse en algunos ámbitos académicos (especialmente en el de la economía) o en el simple hecho de que tienen un largo historial de conocimiento del tema (por ejemplo alguno de los participantes en la comisión de expertos de las pensiones lleva mucho tiempo publicando la misma matraca, aunque en algunos casos sus previsiones —demográficas y financieras— fueran desmentidas por la realidad. La condición de “especialista” en el tema es en cambio vedada a gente que ha realizado trabajos más sustanciosos pero que no forma parte del punto de vista que interesa a las élites). La otra ventaja es que la ira de la gente contra las agresiones cotidianas acaba dirigiéndose hacia los políticos que nombran y acatan esas propuestas expertas, lo que deja fuera de plano el papel que tienen los principales beneficiarios de las mismas.
Es evidente que para que estas políticas sean factibles se requiere la cooperación activa de académicos y técnicos. Y para ello funcionan los mecanismos de adoctrinamiento, promoción, adulación (y marginación de los disidentes) detectables en la mayor parte de espacios de poder. El camuflaje del capital requiere aliados y cómplices. Y por ello el análisis de las formas de dominación no puede reducirse a la simple constatación del dominio capitalista sino que debe contemplar todos los procesos sociales que ayudan a generar esta masa social de legitimadores del sistema.
El autoritarismo tecnocrático tiene su cara abrupta en el mero autoritarismo político. Cuando las masas incultas (y algunos demagogos) se rebelan contra sus asépticos planes no queda otra que hacerles entrar el bien por la vía del palo. Por ello cada vez la deriva del autoritarismo tecnocrático va tomando la forma de un sistema político meramente autoritario. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana (seguro que elaborada por insignes juristas para que pase todos los filtros) es la mera prolongación de la lógica de la reforma laboral (que a su vez hilvanaron insignes especialistas en derecho laboral, uno de ellos presidente del Tribunal Constitucional) y de la nueva ley de pensiones (elaborada por insignes sociólogos y economistas académicos).
El que el gran capital trate de ser etéreo no impide que lo podamos ver. Simplemente se requiere de un mayor esfuerzo colectivo para conseguir que todo el mundo vea al rey desnudo. Y para empezar a tomar medidas de recuperación democrática y de mayor transparencia social, para atacar directamente los intereses de esta casta de rentistas parásitos en que han devenido las élites capitalistas locales y mundiales.
30/11/2013
Crisis institucional en la Justicia española: el último justo en Sodoma
Carlos Hugo Preciado Domènech
En el proceso desconstituyente continuado por el PP e iniciado por el Principal Partido de la Oposición (PPO) con la reforma del art. 135 de la CE, la inminente designación de vocales del CGPJ revela que en la Sodoma de la vida política española todavía queda algún justo.
Tras la LO 4/2013, norma (otra más) que pervierte la CE para someter a los intereses del Ejecutivo lo poco que quedaba del CGPJ y de la garantía institucional de la independencia judicial, PP y PPO se han repartido ya el pastel de los vocales judiciales (12), tras repartir la tarta de los no judiciales (8), con una concesión testimonial a los partidos minoritarios. Entre otras menudencias, estos vocales serán los que elijan a los integrantes del TS y a parte de los del TC, así como a todos los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.
Así, el órgano de gobierno de los jueces es ahora una subdelegación más del gobierno, Subdelegación del Gobierno del Poder Judicial, podríamos llamarlo, lo cual es particularmente importante en el mismo momento —caprichos del destino— en que un señor de Castellón, aficionado a los juegos de azar, ha sido agraciado con cuatro años de prisión por fraude fiscal, fruto del capricho de la díscola Temis.
Esta diosa de la justicia, siempre dada a la rebeldía y el dislate, tiene ahora que atarse en corto, pues últimamente está bastante desbocada, con más de 300 casos del particular corruptódromo nacional acumulándose en su balanza.
Es lógico que ante tal realidad, la clase política decida llegar a acuerdos lo más rápido y ágilmente posible, a diferencia de lo que ha ocurrido en la designación de CGPJ anteriores, para evitar que Temis continúe con su particular bacanal. Para ello no ha dudado en suspender un proceso de designación de vocales iniciado, reformar la LOPJ al socaire de la mayoría absoluta y situar en la nueva institución, la Subdelegación del gobierno del poder judicial (SGPJ), a alguien como el presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que decidió el pasado mes paralizar las resoluciones judiciales contrarias a la privatización de la Sanidad madrileña, y que todas las decisiones al respecto fuesen tomadas por medio centenar de magistrados, donde hay una clara mayoría favorable a que la Comunidad de Madrid siga con su proceso privatizador.
Así está la cosa. Sin embargo, en esta Sodoma política Tomás Gómez amenaza con dimitir de su cargo de Senador —¡sí, un político en España!— si el Senado mantiene el acuerdo con el SGPJ, lo cual nos recuerda al pobre Lot clamando a Jehová por la salvación de Gomorra y Sodoma mientras buscaba a 10 justos que las libraran de su particular apocalipsis. Y es que Tomás cree, y con razón, que la marea blanca sería menospreciada con el nombramiento de quien ha intentado apagar la llama de esperanza que para sus ejemplares, constantes y organizadas movilizaciones en defensa de la salud de todos Temis había alumbrado en Madrid, suspendiendo cautelarmente el voraz proceso privatizador.
Al menos queda un justo en el Senado, aunque ello no dé para mucho, si no es que provoca una revuelta en el propio PPO que permita afrontar un nuevo proceso constituyente que regenere la democracia en este país. No es muy probable que lo haga quien a iniciativa del BCE ha consumado la reforma de la clave económica del estado social (art. 135 CE) imponiendo manu miniltari la estabilidad presupuestaria por obra y gracia de la troika comunitaria, finiquitando así toda tentativa keynesiana de salida de la crisis. Ojalá me equivoque.
El problema de este país es que las instituciones ya no cumplen con su función: el TC ha caído, el Gobierno obedece lo que manda la troika sin rechistar a cambio de créditos para salvar a los bancos que financian las campañas del partido de turno, los bancos no dan créditos a los emprendedores, el banco de España no controla a los bancos, la justicia va lenta porque el gobierno la deja sin medios para funcionar, de forma que las condenas por corrupción son anecdóticas y sujetas siempre al comodín del indulto; el Parlamento ya no controla al Gobierno, que sólo permite comparecencias de su presidente de forma extraordinaria; la prensa está sujeta a los intereses de los grandes grupos y los periodistas son trabajadores precarios cuya honestidad se premia con el despido; y ahora... ahora le toca a Temis. Temis empezaba a desentonar en este lodazal corrupto, pues a pesar de su espada ajada, su balanza rota y su venda carcomida, seguía cumpliendo de vez en cuando, sólo de vez en cuando, su función: proteger los derechos fundamentales de los desahuciados, despedidos, consumidores, mujeres maltratadas, imputados, presos y todos los parias de la sociedad.
Si los vocales de la novedosa Subdelegación del Gobierno del Poder Judicial siguen en su política de nombramientos el mandato de sus designantes es de temer que el deterioro institucional continúe hasta límites insoportables y si el Poder Judicial cae, el último bastión de defensa de lo que queda de Constitución habrá cedido y muchos jueces/as que prometimos servir una Constitución, que poco o nada tiene que ver con lo que ahora contemplamos, nos sentiremos legitimados para apoyar un proceso/s constituyente/s que regenere aquella democracia que nos dejamos en 2007, con el inicio de la crisis económica, en que PP y PPO entregaron el Estado social a cambio de financiar la bancarrota bancaria. Ahora es el turno del Estado de derecho.
[Carlos Preciado es magistrado especialista en el orden social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y profesor asociado de derecho penal de la Universitat Rovira i Virgili]
26/11/2013
Varsovia, noviembre de 2013. El colapso definitivo de un modelo
Miguel Muñiz
El 24 de noviembre finalizó en Varsovia la COP19, la 19ª edición de las “Cumbres del Clima” que vienen celebrándose desde la firma de la Convención Marco sobre Cambio Climático, en la ya lejana “Cumbre de la Tierra” de Río de Janeiro, en 1992.
Convocada entre el 11 y el 22 de noviembre, el desarrollo de la COP19 no se ha apartado ni un ápice de lo sucedido en las 18 ediciones anteriores: largas sesiones públicas con grandilocuentes discursos, pactos y alianzas forjadas en los pasillos, imposibilidad de concretar nada en el plazo establecido y, finalmente y como siempre, prórroga de las sesiones un par de días para disimular la inutilidad del evento con algo parecido a un acuerdo “de última hora”.
El desinterés con que se ha seguido el acontecimiento, y su escasa repercusión informativa, es otra prueba del agotamiento de un proceso que ya solo sirve para guardar las formas, pero que carece de sentido desde hace más de 12 años [1].
En esta lógica se inscribe un hecho inédito: el 21 de noviembre, un día antes del final oficial de la “Cumbre”, 13 ONG, entre las que se contaban Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra y OXFAM Internacional, como más conocidas a nivel europeo, abandonaron las sesiones como protesta por la imposibilidad de alcanzar ningún acuerdo. La noticia pasó casi tan desapercibida como la del final de la propia “Cumbre”, lo que es significativo si se considera que se trata de organizaciones cuyo principal instrumento de denuncia es la proyección mediática.
El abandono de la COP19 representa la constatación definitiva del fracaso de un modelo de intervención pública en conflictos ambientales presentados como “problemas”, lo que merece una reflexión.
Dicho modelo se basaba en dos ejes complementarios, uno político y otro social. El político eran encuentros internaciones realizados en el marco de las Naciones Unidas, que definían acuerdos globales consensuados que se debían concretar en políticas locales de obligado cumplimiento [2]. Se instauró en 1992, como ya se ha comentado, con la redacción de las dos Convenciones Marco: la de Cambio Climático y la de Biodiversidad; lo que significó el reconocimiento oficial de las investigaciones y denuncias impulsadas desde los años setenta por el movimiento ecologista.
Para la concreción de políticas se instituyeron las denominadas COP (Conferences Of Parts), reuniones en las que se debían formalizar acuerdos y organizar su cumplimiento. La más conocida, la COP3, aprobó el Protocolo de Kioto. Aquí intervenía el otro eje del modelo: un despliegue de información científica combinada con intervención social delegada.
La información científica corría a cargo del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático); su creación, en 1988, supuso un importante hito: por primera vez, un organismo científico era referente para el desarrollo de políticas, por el carácter objetivo de sus documentos, y por el procedimiento de consenso científico usado en su redacción [3]. El IPCC adquiría así el carácter de voz universalmente reconocida de la comunidad científica, y su información servia de acicate al trabajo realizado en las COP [4].
Complementariamente, la intervención social delegada corría a cargo de un conglomerado heterogéneo de ONG que comparten un rasgo común: mediante el pago periódico de una cantidad de dinero, la sociedad delega en un equipo de profesionales especializados la tarea de promover los cambios políticos y económicos necesarios para afrontar el “problema”, lo que, teóricamente, permite a dichos profesionales actuar “sin injerencias”. Se reproduce así, a escala local, el papel asignado al IPCC a escala global.
En este esquema los medios de información actúan de dinamizadores: son los encargados de sustituir la presión social activa que se da en cualquier conflicto por la denominada proyección mediática. En el caso del cambio climático, dicha proyección se basa en la presentación de documentos que detallan las implicaciones del “problema” y esbozan las alternativas técnicas que permitirían abordar su “solución”. Los documentos son realizados por los profesionales de la ONG, o por especialistas contratados, lo que lo convierte en un referente a ser tenido en cuenta por los poderes políticos y económicos implicados.
En algunas ONG la proyección mediática incluye la realización de acciones no violentas de tipo espectacular a cargo de personas voluntarias o de especialistas: despliegues visuales con elementos identificativos (ropa uniforme, detalles gráficos repetidos), despliegue de pancartas en edificios o lugares emblemáticos, interferencias en ámbitos de debate o decisión cerrados al público para poner de manifiesto exclusiones de la agenda del acto, etc.
Por lo tanto, el papel de los medios de información en la intervención social es clave; el ciclo campaña de denuncia/acción espectacular/publicidad de la acción/presentación de alternativas/respuesta social en forma de captación de nuevas aportaciones/y nueva campaña de denuncia permitía a la ONG ampliar su base de afiliados, y presentarse como interlocutor social que representa la sociedad civil; pero eran los medios, la complicidad con los profesionales de la información, la que permitía salvar la distancia entre la acción de unas decenas o centenares de activistas y el conjunto de dicha sociedad civil.
Este es el modelo que, tras larga y penosa decadencia, ha colapsado finalmente en Varsovia; aunque durante las últimas décadas del siglo pasado su éxito mediático contribuyó a disimularla, su fragilidad era considerable, si tenemos en cuenta los intereses a que se enfrentaba.
La base del modelo, la evidencia científica, fue cuestionada por los poderes económicos y políticos que se benefician del sistema energético vigente. El trabajo del IPCC pronto fue tachado de “teoría incompleta”; la metodología: las proyecciones informáticas realizadas en base a la recogida de datos fue ridiculizada; el propio trabajo de campo que permitía la obtención de datos fue impugnado, dando amplia publicidad a otros trabajos que, supuestamente, ofrecían datos contrarios, o exagerando cualquier error puntual.
Se cuestionó así el carácter del IPCC como portavoz de la “comunidad científica”. Los pocos científicos que criticaban los informes del IPCC, alineándose con los intereses de las empresas y los gobiernos interesados en mantener el sistema energético, eran presentados poco menos que como heroicos “disidentes”, que “luchaban” contra una “burocracia científica” pagada por organismos internacionales arriesgando sus carreras.
Los responsables del IPCC, por lo tanto, fueron acusados de subordinar el rigor en la investigación a sus intereses de promoción profesional. El punto culminante del conflicto se produjo en diciembre de 2009 cuando, a pocos días del inicio de la 15ª Conferencia del Clima de Copenhague, los medios de información hicieron públicos unos correos electrónicos (que eran una mínima parte de varios cientos robados de los servidores de la Universidad de East Anglia, en Gran Bretaña) en los que algunos científicos del IPCC usaban términos que cuestionaban la validez de sus informes.
Aunque hubo una investigación por parte de la Universidad, múltiples aclaraciones por parte de los científicos implicados y alguna dimisión, el robo de datos (que nunca se aclaró, ni fue obra de ningún aficionado) tuvo el resultado apetecido, y el papel del IPCC quedó comprometido. Posteriormente se realizó una campaña difamatoria destinada a erosionar el prestigio del presidente del IPCC, Rajendra Pachauri, campaña que llegó a extremos pintorescos.
Y en todo este proceso los medios de información también fueron claves. Como fueron claves para desactivar la traducción de la mitigación del cambio climático al neoliberalismo mediante los mercados de “derechos de emisión”, y a su principal valedor, el ex-vicepresidente norteamericano Al Gore, que pasó de compartir el Premio Nobel de la Paz en 2007, a estar casi en paradero desconocido en la actualidad.
Los medios de comunicación tienen dueños con vinculaciones económicas con los poderes interesados en mantener el actual “status quo” energético, y dueños que son, en última instancia, quienes determinan la línea editorial de los medios. El papel clave de los medios en el funcionamiento del modelo quedó seriamente comprometido desde el momento en que las prioridades de los que mandan alzaron la voz.
Porque el cambio climático no es un “problema”, es un conflicto en toda regla entre los intereses del conglomerado energético y la mayoría de la población, un conflicto con implicaciones sociales potentes. Y un conflicto de tal magnitud que desborda un modelo de bases sociales tan frágiles.
Constatar el colapso del modelo no supone ningún avance en la construcción de las redes sociales que han de hacer frente a los impactos del cambio climático y promover la transformación necesaria del sistema energético hacia la sostenibilidad. Pero permite descartar una vía que se ha revelado inútil.
Notas
[1] En la COP 7, reunida en Marrakech entre octubre y noviembre de 2001, fueron aceptados todos los llamados “mecanismos de flexibilidad”, incluidos los llamados “sumideros de CO2”, lo que implicó la renuncia a políticas de cambio en el modelo energético a corto y medio plazo.
[2] Un análisis en profundidad de las contradicciones y debilidades del modelo global puede encontrarse en el segundo capítulo del libro de Hermann Scheer Imperativo energÉtico (Icaria, 2011), aquí solo se analizará el sistema de intervención en el mismo desde la sociedad civil.
[3] El IPCC detalló una terminología específica en sus informes para indicar cálculos de confianza basados en sus diagnósticos consensuados. En dicha terminología una afirmación era: prácticamente segura (cuando tenía más del 99% de probabilidades de que fuese cierta); muy probable (cuando tenía de un 99 a 90% de probabilidades); probable (de un 90 a un 66% de probabilidades); de probabilidad media (del 66 al 33%); improbable (del 33 al 10%); muy improbable (del 10 al 1%); y excepcionalmente improbable (menor del 1% de probabilidades).
[4] Los informes del IPCC realizan diagnosis de la evolución del Cambio Climático y pronósticos sobre sus efectos en los ecosistemas globales y las regiones ecológicas del planeta. Para más información ver http://www.ipcc.ch/
[Miguel Muñiz es miembro de Tanquem les Nuclears–100% Renovables]
27/11/2013
¿Tiene remedio el Psoe para la izquierda?
Juan-Ramón Capella
¿Tiene remedio el Psoe para la izquierda? Así parecía creerlo el grupo de personas de izquierda que se propusieron participar desde fuera en una conferencia de ese partido.
La conferencia ya ha tenido lugar, y no ha aportado más que lo que se podía esperar: una dosis añadida de cosmética.
El Psoe ha sido una gran empresa de servicios políticos, como otros partidos socialistas —singularmente el alemán y el francés—. Tiene en común con ellos haber apostado desde los años ochenta del pasado siglo por políticas económicas neoliberales. Eso significa que esa gran empresa de servicios (de recaudación de votos, entre otras cosas) es un instrumento de los designios estratégicos del capital financiero. Su perspectiva para llegar al poder en España está hoy por hoy muy lejos si nos atenemos a la fuerza que tuvo en el pasado: tal vez sueñe con lograr en la próxima legislatura una mayoría relativa, pero hoy por hoy eso está más que verde, y las iniciativas que ha tomado hasta ahora no parecen acercarle a ella.
El Psoe está siendo abandonado por sus militantes de base (los que son algo más que votantes), y es cada vez más un partido de cargos públicos.
Lo que más fácil tiene el Psoe, dado su desgaste ya experimentado y el que experimenta ahora el Partido Popular, es aspirar a componer con éste un gobierno de concentración en el que, compartiendo como siempre con el Pp la política neoliberal, pueda imponer, si se materializara cierta recuperación económica, algún gasto social que sirviera para recauchutarle de nuevo en el futuro. También podría ofrecer algún apaño para la cuestión catalana y maquillajes constitucionales menores, de esos que se hacen por arriba. Con eso conseguiría un pequeño éxito político y podría dar algo de trabajo a los numerosos empleados de la empresa que se han quedado a dos velas en esta legislatura.
Me parece ilusorio creer que en esta situación el Psoe pueda dar un verdadero vuelco a su política. Pues eso supondría abandonar el neoliberalismo económico, esto es, la ubre de la que ha mamado después de la dictadura. Y tampoco se ve a sus dirigentes y a sus cuadros estar por la labor de reaparecer en los agrupamientos sociales en los que hace muchos años, muchísimos, anidó. "Partido socialista", referido al Psoe, es un verdadero anacronismo.
En esta situación las bienintencionadas personas de izquierda que tienen en la mente que a pesar de todo el Psoe recaudará aún muchos votos —pues la realidad social es la que es, ya que este país no ha tenido educación política en décadas y décadas—, y por eso tratan de acercarse a esa empresa-partido para susurrarle al oído prédicas de izquierda, no pueden cosechar otra cosa que buenas palabras, y quizá algún ofrecimiento. En plata, polítiquería de la vieja.
Más sentido tendría ofrecer a los antiguos activistas del Psoe disgustados con éste un lugar para el activismo fuera de él, a la izquierda de ese partido, en los movimientos cívicos que finalmente acaso logren aportar a la sociedad algo políticamente innovador.
Esta crisis ha puesto en movimiento multitud de burbujas políticas pequeñas. Si cristalizan en una gran ilusión colectiva vertebrada pueden hacer saltar las válvulas de seguridad del sistema. Entre ellas, por supuesto, la siniestra gran coalición que puede surgir tras las próximas elecciones generales.
El objetivo institucional estratégico de la izquierda no puede ser otra cosa que una asamblea constituyente que establezca reglas del juego nuevas y más democráticas. Pero eso no es desde luego todo: está la cuestión de la Unión Europea, un desastre para nosotros; y están las cuestiones centrales del trabajo y ecológica. Nada de esto se puede abordar si no cobra forma un sueño colectivo de adaptación a una forma de vivir más igualitaria, menos depredadora y más solidaria.
27/11/2013
Los accidentes de trabajo: asumir riesgos por tener que trabajar
Joaquín Juan Albalate y Jesús Matamala Bacardit
Introducción
La enésima tragedia humana de los cinco mineros sepultados a quinientos metros bajo tierra en una mina de carbón de un pueblo de León, ha vuelto a recordar que, al menos para algunos y de forma aunque sea efímera, trabajar aún puede conllevar la muerte. Es algo de lo que no suele ser objeto de debate cotidiano ni en las tertulias radiotelevisivas, ni en las universidades, ni en las empresas, ni en el espacio público; a no ser que se presente un desastre de un calibre como el antes citado. En todo caso, al día siguiente, ya nadie se acuerda del suceso y la vida sigue como si nada hubiera sucedido.
La muerte y, más en concreto, su anticipación artificial, no la desea, en principio, nadie que esté en su “sano juicio”, por mucho que hayan siempre personas que, por diversos motivos personales o sociales, la persigan. Sin embargo, se estima que, cada vez, hay un mayor número de accidentes o muertes que, como dicen los demógrafos o los psicólogos, “buscan” la muerte más o menos, conscientemente. Sólo hay que mirar, por ejemplo en el campo del ocio, donde es común observar cómo ciertas personas arriesgan su vida cuando deciden llevar a término innumerables prácticas para superar lo insuperable para la gran mayoría, que pueden conducir, en el peor de los casos, a una muerte gratuita. Es una de las paradojas de la sociedad capitalista actual: mientras unos arriesgan su vida para salvar a otras vidas o a la suya propia, otros arriesgan su vida para “vivir experiencias” insólitas o únicas aunque sea a costa de encontrar la muerte.
Pero retornando a los accidentes o/y las patologías que se padecen en razón a tener que trabajar y que dan como resultado directo o indirecto la enfermedad, la invalidez o, incluso, la muerte, ni son “buscados”, ni mucho menos deseados. Y es que contraer una enfermedad grave por absorber gases tóxicos o morir de un accidente de tráfico in itinere por tener que desplazarse al trabajo, es uno de los percances más injustos que aún se producen en el mundo productivo actual.
1. La visión social de la siniestralidad
Si hay algún componente que mejor indica cuál es el estado de la calidad del empleo de un país, ese es, sin duda, el grado de siniestralidad laboral. Otros componentes como el nivel de cualificación del trabajo o del salario, la mayor o menor intensidad del trabajo, la estabilidad en el empleo, el cambio continuado de los turnos de trabajo, por no hablar de las desigualdades de género o la compatibilidad con la vida no laboral; son, ciertamente, indicadores importantes que señalan también dicho estado pero no alcanzan el mismo rango de "calidad" del empleo. El riesgo de las consecuencias que se derivan de esos componentes no es comparable con el que se sigue de las actividades que comprometen la salud y la vida de los trabajadores.
De forma parecida, la siniestralidad laboral es también un buen detector del tipo de sistema productivo y de las formas que se resultan para organizar el trabajo dentro de un determinado modelo capitalista. Según se trate de un modelo que busca la obtención del beneficio, a partir de organizar el trabajo con bajos salarios, baja cualificación y alta intensidad en trabajo manual o, por el contrario, se busque ese beneficio a partir de buenos salarios, alta cualificación y una considerable inversión tecnológica que garantice el incremento de la productividad; así será, uno u otro, el grado de siniestralidad que se deparará para la sociedad (Castillo, 2007: 7).
Hablar de siniestralidad es hablar de enfermar, quedar inválido o, peor aún, morir por no poder eludir la obligación de desplazarse para trabajar donde el empleador ha decidido, unilateralmente, ubicarse, o por tener que desempeñar un trabajo peligroso, nocivo o arriesgado psicológica o físicamente, como único medio para poder obtener unos ingresos o ganar un salario con el cual costear el precio de los bienes y servicios necesarios para vivir.
La siniestralidad constituye uno los escándalos sociales más inmorales que, año tras año y todavía en pleno siglo XXI, acontecen en las actuales sociedades capitalistas, más si se tiene en cuenta la existencia de numerosos avances que hoy se disponen en materia ergonómica, tecnologías antropocéntricas y de salud y seguridad laboral, la implementación sistemática de las cuales podrían mitigar o remediar buena parte de las consecuencias de la reiterada omisión o insuficiencia de las inversiones que realizan los empresarios al respecto, a menudo, eludiendo o burlando el cumplimiento de lo legislado por la propia ley de riesgos laborales de 1996.
Si bien la siniestralidad laboral es intrínseca al propio trabajo humano (desde las primitivas bandas de cazadores y recolectores, el riesgo para la salud física y mental asociado a la transformación de la naturaleza ha sido una constante de la vida social humana), desde que apareció el modelo de producción industrial capitalista; ese riesgo se incrementó sustancialmente (Castillo, 2007: 4) y, aunque desde finales del siglo XIX nacerían las primeras instituciones para prevenirlo, aún en nuestros días el riesgo de accidentes y de enfermedades profesionales en España sigue siendo muy elevado, al menos, en comparación con otros países de nuestro entorno.
A pesar de que las cifras anteriores tienen una cierta antigüedad y de que las diversas estructuras económicas de los países citados en el cuadro son distintas y han podido varia durante estos últimos diez años, los datos que se muestran en el cuadro anterior ponían de manifiesto la fuerte disparidad que hay entre los accidentes mortales y los generales (suma ponderada de los leves, graves y mortales) que acaecen en cada territorio analizado.
Probablemente, transcurridos unos años, estos datos habrán ido a la baja en todos esos países, como consecuencia de la disminución de la actividad económica y del correspondiente empleo, especialmente, en aquellos sectores productivos, particularmente, intensivos en trabajo y poco cualificado, altamente generadores de accidentes, como la agricultura, la construcción y algunos subsectores relacionados con la producción metálica y las industrias extractivas pero no, presuntamente, por una mayor conciencia preventiva de los empresarios —y a veces, de los propios trabajadores, todo hay que decirlo— aumentando las inversiones en esta materia en plena crisis económica.
2. Las causas de la siniestralidad en España
Las fuentes que se suelen manejar sobre accidentes laborales suelen proceder del registro estadístico que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de los denominados “daños súbitos a la salud”. Sin embargo, este registro no contempla, entre otras cosas, los daños que se ocasionan con el paso del tiempo como consecuencia de factores como, por ejemplo, el estrés, pero que tampoco tienen en cuenta el envejecimiento prematuro de las personas por el desgaste de su salud, los trastornos psicológicos, por la misma carga de trabajo mental, etc., además de que se desestima la inclusión de todos los accidentes que sufren los trabajadores autónomos o los inmigrantes “sin papeles” (Castillo, 2007: 4-5), (Castillo, 2005: 9), a pesar de que trabajen, por no hablar de los millones que trabajan en la economía sumergida todavía en peores condiciones, hoy tan extendida.
Los análisis de la siniestralidad laboral habida en España durante los últimos años indican la existencia de una clara concentración de los accidentes en función de tres grandes factores: los relacionados con el mercado de trabajo, los derivados de la descentralización de la estructura productiva y los procedentes del tipo de ubicación de las ocupaciones dentro de la división del trabajo actual (Castillo, 2002: 147-150).
• Desde el punto de vista del mercado de trabajo, la edad y la categoría del puesto de trabajo ocupado demostraba, a finales de los noventa, un potencial explicativo elevado: mientras los jóvenes de 16 a 19 años sufrían una tasa de incidencia general de accidentes del 133,5% y los de 20 a 24 una de 110,9%, en cambio, para los que tenían entre 55 y más años que aún trabajan, esa tasa era del 55,4%. Situación ésta claramente ligada con las tasas de precariedad contractual: mientras en 1999 los jóvenes de 16 a 19 años tenían una tasa de contratos temporales del 86,4%, esa tasa se situaba entre los de 20 a 24 en el 69,6%. Y es que, desde la reforma laboral de 1994, el crecimiento de la siniestralidad ha sido continuo (al menos hasta 2002), concentrándose en los trabajadores temporales, cuya tasa triplicaba la de los trabajadores indefinidos.
Esas altas cifras de temporalidad se asociaban a una elevadísima rotación de puestos de trabajo distintos que impiden la acumulación de experiencia y saber hacer. En otras palabras, la ausencia de experiencia es otro factor de accidentalidad que explicaba el 45% del total de accidentes habidos en España durante la década de los noventa.
En definitiva, el perfil del accidentado era el de un joven, sin contrato fijo ni expectativas de hacer carrera, con alta rotación en puestos distintos y, por tanto, sin experiencia en un oficio (Castillo, 2002, 148).
• Desde el punto de vista de la descentralización productiva, la constante disminución de la dimensión empresarial ha deparado que el máximo riesgo se concentrara en los centros de trabajo que poseen entre 26 y 50 trabajadores y los que tienen entre 100 y 500.
Ahora bien, hay que subrayar que, en ese marco dimensional, muchos de los accidentes provienen de la actual organización del trabajo marcada por las dificultades de coordinar y ajustar la elevada fragmentación y subcontratación del trabajo —y del tipo de puestos de trabajo que se crean en ese contexto— que hoy sucede entre empresas y que tiende a transferir las malas condiciones del trabajo (incluyendo la siniestralidad asociada a estas), desde la empresa “cabecera” hacia otras empresas con menos capacidad de negociación de mercado en la cadena productiva. Todo ello, presidido por los intensos ritmos de trabajo que impone el sistema de producción just in time (Castillo, 2002: 149), que no permiten ni el raciocinio ni el necesario descanso par eludir mejor los riesgos que constantemente aparecen.
Es de ese modo, que muchas grandes empresas tienen tasas de accidentes menores porque, cuando exportan fragmentos de su producción a terceras empresas, generalmente pymes, exportan también las correspondientes “tasas de accidentabilidad”, ya que pueden imponer condiciones de trabajo perores que conllevan a un mayor riesgo para los trabajadores subcontratados [1].
En definitiva, todo apunta a que la intensificación del trabajo, la baja cualificación, los bajos salarios y la precariedad sean las características que presiden la organización y gestión del trabajo en el sistema productivo español. Ese es el caldo de cultivo del desgaste prematuro de la fuerza de trabajo, de los accidentes, de los daños a la salud (Castillo, 2002: 153).
• Desde el punto de vista de la ubicación de las ocupaciones, cabe añadir también que las ocupaciones de los accidentados son, mayoritariamente, las peor colocadas en la división del trabajo dentro de las empresas o de los sistemas productivos, es decir, dentro de los puestos de trabajo que componen el denominado por algunos marxistas “trabajador colectivo”. Entre estas ocupaciones se concentra el 75% del total de accidentes leves.
Son puestos de trabajo ocupados, como ya se ha dicho, por jóvenes sin experiencia, “débiles” ante el marcado de trabajo y moldeados en sus expectativas por ese marcado y, por el contrario, “fuertes” para desempeñar los puestos de trabajo que exigen una carga de trabajo intensiva. Un modelo de “obrero”, por otro lado, adaptable al nuevo inmigrante descualificado, con menos capacidad de negociación, si cabe, que los autóctonos, a los que se fuerza a jugarse la vida para ganársela (Castillo, 2002: 150).
Estos trabajadores se ubican, sobre todo, en la construcción y en el metal, ambos sectores que explican el 28% de los accidentes habidos durante los últimos años, donde la temporalidad (construcción), y la intensidad del trabajo y la subcontratación en cascada (industria) se han convertido en “norma”. Pero, más allá de esas ramas tradicionalmente propicias a la accidentabilidad, otras menos mencionadas, como el comercio al por mayor y menor, la hostelería, incluso las Administraciones Públicas, por no hablar del transporte, concentran otra parte importante de los accidentes, cuestionando las supuestas “buenas condiciones de trabajo” del sector servicios.
Esto podría explicar que, por ejemplo, la tasa de accidentalidad de las Islas Baleares fuera en 1998 de 102 por cada mil habitantes, mientras la media española se situaba entonces en 67. En un sector, como el turístico-hotelero, se concentran también los rasgos antes avanzados para la construcción y, en menor medida, para la industria del metal: máxima precariedad contractual (sólo un 6,5% eran contratos indefinidos), baja o nula cualificación previa y ritmos de trabajo intensivos, etc.
Nota
[1] El 75% de las empresas españolas tienen cinco o menos trabajadores, lo cual supone que el 10% de los trabajadores (los que trabajan en esas empresas) trabajen en centros donde no existe delegado sindical ni prevención propiamente dicho, y otro 30% más lo haga en centros de trabajo de 5 a 49 trabajadores en los que, no sólo no existe Comité de Seguridad y Salud, sino que en más del 40% de estas empresas tampoco existe delegado sindical .a pesar de poderlo tener- ni de prevención (Castillo & López Calle, 2007: 168).
Bibliografía
Caprile, Maria et al. (2008), "La qualitat de l’ocupació a Catalunya", en Montagut, Teresa (coord.), Societat catalana, Barcelona: Associació Catalana de Sociologia, Institut d’Estudis Catalans.
Castillo, Juan José (2002), "Accidentes de trabajo en España: la construcción social de la normalidad", Sociología del Trabajo, nº 44, pp. 145-155.
Castillo, Juan José (2005), "Contra los estragos de la subcontratación: trabajo decente", Sociología del Trabajo, nº 54, pp. 3-38.
Castillo, Juan José y López Calle, Pablo (2007), "La salud laboral en España hoy: analizar las causas complejas para proponer políticas adecuadas", en Castillo, Juan José y Castillo, Santiago, Estado, política y salud de los trabajadores. España 1883-2007, Sociología del Trabajo, nº 60, pp. 149-171.
Castillo, Santiago (2007), "El Estado ante el accidente, la seguridad e higiene en el trabajo, 1883-1936", en Castillo, Juan José y Castillo, Santiago, Estado, política y salud de los trabajadores. España 1883-2007, Sociología del Trabajo, nº 60, pp. 13-76.
Juan Albalate, Joaquín (2011), Sociología del trabajo y de las relaciones laborales, Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona.
[Joaquín Juan Albalate y Jesús Matamala son profesores de Sociología de la Universidad de Barcelona]
7/11/2013
La Ley del Emprendedor y el auge de la defensa del interés propio
Víctor Ginesta Rodríguez
El pasado 26 de julio se aprobó la Ley 11/2013, con el título de “Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo”. Contra lo que pudiera parecer, estas medidas no han sido adoptadas por motivos de necesidad asociados a la crisis económica sino que —y esta es la principal idea de esta nota— la crisis ha servido como excusa y como ventana de oportunidad para realizar estos cambios con menor resistencia, puesto que se aduce que son “la única alternativa posible” para salir del atolladero.
Ricardo Fernández, director ejecutivo de la edición española de “Global Entrepreneurship Monitor” —el más importante informe comparativo sobre estadísticas de emprendeduría—, destacaba en el prólogo de la última edición que se debe pasar de una economía dirigida —basada en empleos seguros y buenos, economías de escala, estabilidad, homogeneidad y continuidad— a una economía emprendedora, la cual iría asociada a conceptos como flexibilidad, novedad, creatividad, originalidad o diversidad. Dentro de esta nueva economía emprendedora estarían las más recientes medidas de apoyo al emprendedor y las recientes reformas laborales, cuyo objetivo es que el mercado gane flexibilidad.
La observación de Fernández habla a las claras de un proceso de cambio para el que debemos remitirnos a un giro neoliberal que se extiende hasta cuarenta años atrás, desde el golpe de Estado en Chile y la trilateral del 73. Cuatro décadas en las que el pensamiento neoliberal se ha convertido en koiné. Así, la reciente ley de apoyo al emprendedor no es una medida nueva y adoptada con carácter de urgencia; au contraire, como ahora veremos a partir de los informes, los planes de los partidarios del mercado y de los órganos directivos de la Unión Europea hace años que son uniformes y consecuentes acerca de la necesidad de fomentar el espíritu emprendedor y hace años que están pidiendo esta ley en los documentos oficiales.
Bosquejo de la Ley del Emprendedor
Ya desde el preámbulo de la ley se destaca que se requiere una nueva estrategia de “política económica” que siente las bases para “un crecimiento que permita crear empleo”. Para ello, se referencia a “las reformas estructurales que se aplican en España desde principios de 2012” y se presenta como un paso más del necesario “esfuerzo reformista para recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo”. Dentro de estas “reformas estructurales” se hace referencia a la necesidad de una mayor flexibilidad que permita ajustar los precios y salarios relativos para así aumentar la competitividad.
Se destaca que las pymes y los autónomos son “los principales motores para dinamizar la economía española” y que es esencial cambiar “el marco regulatorio e institucional” para impulsar ganancias de productividad y optimizar los recursos”. Para ello, se señala como imprescindible que “se potencie y facilite la iniciativa empresarial” estableciendo un “entorno que promueva la cultura emprendedora”, así como la creación y desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y de valor añadido.
El carácter eventual y ad hoc de la ley es destacado cuando se indica que toma con “carácter de urgencia” medidas dirigidas a desarrollar “la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de la economía española”.
Al entrar en los 4 capítulos y 16 artículos de la ley se observa que ésta se basa en facilitar tanto el emprendimiento por la vía de diversos descuentos a las y los jóvenes que quieran ser autónomos o empleados por cuenta propia, como la el uso del capital de la prestación de desempleo para crear una empresa. Otros objetivos son dotar a los empresarios de incentivos fiscales para contratar a distintos colectivos sobre cuya tasa de paro el gobierno considera que se debe actuar de forma urgente —como jóvenes y personas mayores de 45 años— y agilizar el funcionamiento del mercado laboral, mediante acuerdos de marco laboral público-privado o creando el Portal Único de Empleo. Para ello, se flexibiliza más el mercado laboral integrando nuevos contratos precarios de prácticas para jóvenes y se ofrecen distintos incentivos fiscales para la creación de empresas y la dinamización de la entrada y salida de las mismas, y se busca una minimización de la aversión al riesgo con distintas nuevas estrategias que atañen a las posibilidades de uso y de adscripción a la prestación por desempleo.
Así, con el eviterno argumento de la necesidad de crear empleo como excusa, los neoliberales han implementado una serie de reformas en el mercado para acondicionarlo y amoldarlo a su gusto. La generación de un “ambiente emprendedor” incluye la necesidad de crear continuas situaciones de competencia, la reducción del gasto público, introducir la emprendeduría en los planes educativos y el fomento de la inversión privada en innovación y desarrollo. Asimismo, se han puesto en marcha cursos de fomento de la emprendeduría entre los jóvenes para que haya una mayor familiarización y naturalización, al tiempo que la capitalización en Investigación y Desarrollo queda externalizada hacia la iniciativa privada, y se realizan planes e iniciativas con el objetivo de mejorar la percepción pública de la misma. Se pudiera esperar que todo esto fuera con motivo de la crisis. Sin embargo, una lectura de los documentos de la Unión Europea nos dice justo lo contrario…
Los orígenes de la ley en los planes de la Comisión y del Consejo
Entonces, contra lo que se vende continuamente, esta ley no obedece a una estrategia para solventar un problema tan grave como es el de la crisis económica y el elevado desempleo; no, esta ley forma parte de un conjunto de reformas estructurales solicitadas por los órganos de decisión de la Unión Europea desde mucho antes de la crisis. Se pueden rastrear indicios de esta Ley del Emprendedor ya desde marzo del 2000, cuando el Consejo Europeo de Lisboa empezó una política activa de incentivación de la emprendeduría y de la iniciativa económica privada.
Documentos posteriores como el Green Paper de la Comisión Europea del 2003 sobre “Entrepreneurship in Europe” ya introducían la necesidad de elaborar programas para trabajar la emprendeduría a nivel individual, empresarial y societario e incidían en la necesidad de crear un ecosistema más saludable para el emprendedor y sus necesidades.
De hecho, a partir de este documento y de las reacciones que suscitó entre los diferentes actores que respondieron a una pregunta sobre cómo mejorar la iniciativa empresarial en Europa, vio la luz el 11 de febrero de 2004 un “Programa Europeo a favor del espíritu empresarial” que tenía tres objetivos específicos: Que haya más personas con mentalidad empresarial; Que haya mejores resultados de las empresas que se reflejen en una mayor competitividad y crecimiento; Un mejor clima empresarial.
En este programa había cinco “ámbitos políticos estratégicos” en los que era necesario intervenir para conseguir un mayor espíritu empresarial: fomentar la mentalidad empresarial; animar a un mayor número de personas a convertirse en empresarios; orientar a los éstos hacia el crecimiento y la competitividad; mejorar el flujo de financiación; y crear un entorno administrativo y reglamentario más favorable a las pymes. La justificación que se daba por aquel entonces es que hay una correlación positiva entre espíritu empresarial y resultados económicos, puesto que el espíritu empresarial es el “motor principal de la innovación, la competitividad y el crecimiento”.
En 2007 se introduciría un programa para el mercado laboral, con el que se quería conseguir un mercado de trabajo con disposiciones más dinámicas y flexibles. Este programa recibe el nombre de “Flexicurity” y quiere políticas de empleo adaptadas a la globalización, para lo que se requieren “respuestas rápidas” y un “mercado laboral más flexible acompañado de niveles de seguridad que permitan abordar simultáneamente las nuevas necesidades de empleadores y empleados”. Para ello, las empresas, especialmente las pymes, deben “adaptar su mano de obra a unas condiciones económicas cambiantes” y establecer una “estrategia integrada para potenciar, a un tiempo, la flexibilidad y la seguridad en el mercado laboral”. En definitiva, se pretende conseguir “disposiciones contractuales flexibles y fiables; estrategias globales de aprendizaje permanente; políticas activas del mercado laboral eficaces; sistemas de seguridad modernos”.
Desde la comprensión de la gobernanza, la flexicurity pretende que aquellos trabajadores que son más propensos a alternar períodos de trabajo con períodos de inactividad —mujeres, jóvenes o personas de mediana edad— puedan entrar a trabajar más fácilmente que con legislación estricta.
Siguiendo la línea cronológica, el 2 de marzo de 2010 sale a la luz el paper “Europe 2020: A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth” editado por la Comisión Europea y que pretende marcar los objetivos a perseguir por Europa durante los próximos diez años. Este programa sería el que influenciaría más la Ley del Emprendedor y puede verse como un plan integrado que pivota alrededor de esta figura del emprendedor. Se apunta a “la necesidad de una fuerte política de coordinación en la eurozona” y a “una nueva agenda que requiere una respuesta europea coordinada, incluyendo a los Social Partners y la sociedad civil”. Para ello, “se debe mirar más allá del corto plazo”. Europa “necesita volver a la ruta” y “permanecer en ella”.
Europe 2020 destaca cinco objetivos europeos para 2020 que también deben ser objetivos nacionales: objetivos dirigidos hacia “el empleo; la búsqueda de innovación; para el cambio climático y la energía; para la educación; para combatir la pobreza”. Estos objetivos se van a conseguir mediante tres preceptos y prioridades que se refuerzan mutuamente: un crecimiento inteligente, un crecimiento sostenible y un crecimiento inclusivo.
Para ello, se requiere crear una “cultura emprendedora” y un “ecosistema económico”. La emprendeduría está presente tanto en las reformas del mercado de trabajo, como en el inciso de una mejor educación o el requerimiento de mayor innovación y desarrollo.
En el caso de la educación, por ejemplo, se habla de integrar al emprendimiento dentro de los planes educativos, y que éstos generen una mayor capacidad y conciencia emprendedora. También la emprendeduría va ligada a la necesidad de una mayor inversión privada en investigación y desarrollo. Así, vemos que es el “cómo” el factor a desarrollar; todo va alrededor del valor añadido y de la aportación económico-monetaria posterior.
Conclusión: el capitalismo esquivando la crítica
A partir del análisis de esta evolución he pretendido mostrar muy someramente que los orígenes ideológicos de la Ley del Emprendedor son anteriores a la crisis. No son medidas destinadas a solucionar un problema concreto desvelado con la crisis, sino que forman parte de una “revolución silenciosa” neoliberal que ha venido gestándose durante cuatro décadas.
La naturalización y expansión del credo neoliberal basado en la emprendeduría se basa en un doble eje: por un lado, se intenta realizar un cambio cognitivo que incentive la “actividad emprendedora” de las personas. La emprendeduría es vista como algo deseable y con ella se apela a que “entre todos saldremos de la crisis”. Se aduce que la búsqueda del interés propio produce un efecto derrame que es beneficioso para todos y se dice que es la mejor forma con la que uno puede servir a la sociedad. Es un modelo que defiende que el egoísmo es casi un deber social. De entre las medidas de la Ley del Emprendedor, la introducción de la emprendeduría en los planes educativos ejemplifica la voluntad de crear una “cultura emprendedora” mediante un cambio en el marco cognitivo. Por otro lado, también se llevan a cabo las medidas y modificaciones legislativas —como la reciente Ley del Emprendedor o las medidas laborales de tipo flexicurity— que sean necesarias para generar bolsas de incentivos que alimenten este proceso de cambio social.
Estas medidas apologéticas del interés propio forman parte de un programa más amplio que incluye recortes de las funciones administrativas del Estado, la privatización de empresas públicas y la externalización de servicios antes realizados por el Estado. Es decir, cosas que antes eran catalogadas como de interés público son ahora satanizadas por ineficientes y obstaculizadoras de la búsqueda del interés propio, que es lo que los neoliberales entienden realmente como garantizador del interés público.
Como decía, la crisis ha acelerado y facilitado este cambio, convirtiéndose en la excusa perfecta para reforzar sin ambages el discurso favorable al egoísmo —los múltiples programas de televisión surgidos en tiempos recientes alrededor de la idea de la emprendeduría son un fehaciente ejemplo de ello— y para implementar el conjunto de medidas que acompañan a dicho discurso y que pretenden favorecer su puesta en práctica. Así pues, el desánimo asociado a la crisis económica, la necesidad de soluciones y el arraigo de un discurso crítico con el llamado Estado del bienestar están sirviendo como catalizadores de un cambio de modelo societario cuya implementación hace tiempo que es deseada por sus partidarios.
Este nuevo modelo societario viene enmarcado en un tormentoso cuadro contextual que, más allá de los efectos de la crisis económica en sí, incluye la caída en desgracia del sistema de partidos políticos, escándalos de corrupción, los efectos adversos de la globalización y la indecisión de una izquierda incapaz de plantear una alternativa potente en el espacio público que contrarreste el discurso del interés propio. Un modelo que ya está produciendo mayores desigualdades sociales y que ensancha el espacio entre grupos hegemónicos y grupos en situación de riesgo. Esta apología de la economía flexible y emprendedora ensalzadora de la precariedad va a generar nuevas bolsas de pobreza y, en consonancia con el neoconservadurismo, amenaza con una vuelta a los roles de género tradicionales —el programa flexicurity combinado con el desmantelamiento de los servicios públicos incentivan una vuelta a la tradicional división sexual del trabajo—.
Y es que, ante todo, la incentivación de la emprendeduría en tiempos de crisis es una muy hábil maniobra dialéctica del capitalismo: se están quitando bienes y derechos sociales al tiempo que se proclaman las salidas conjuntas a la crisis con un “entre todos” que, paradójicamente, apela al individualismo y al interés privado. Esta formulación ha facilitado el desarme de la crítica puesto que bajo propuestas filosóficas favorables al interés propio se remite a una idea de bien común. Parece que estamos ante una vuelta por todo lo alto de aquel viejo mecanismo defendido por los moralistas escoceses en los albores del capitalismo que rezaba que la búsqueda egoísta del bienestar privado terminaba goteando y revirtiéndose en bienestar público. Lo que sí está claro es que esta crisis y la respuesta a la misma son la última constatación de la capacidad del capitalismo para esquivar de forma exitosa la crítica a su dinámica interna.
30/11/2013
Partidos y movimientos sociales en un terreno confuso
Comentarios prepolíticos: 20
Joan Busca
La relación entre organizaciones sociales y partidos políticos siempre ha sido compleja. En los viejos tiempos de la izquierda comunista se trataron de elaborar propuestas para diferenciar espacios, pero no siempre funcionaron. Las vanguardias políticas, orientadas hacia la toma del poder, siempre estuvieron tentadas de cooptar las organizaciones sociales, entendidas como mero campo de captación de cuadros, extensión de sus políticas y búsqueda de apoyos a sus propuestas. Uno tiene la sensación que con matices el problema se produjo tanto en las corrientes marxistas del movimiento obrero como en las de matriz anarquista, aunque los modos y los mecanismos pudieran diferir. En los años del tardofranquismo las cosas fueron a veces aún más ridículas, varias de las pequeñas vanguardias que se autoproclamaban “el embrión del verdadero partido comunista” trataban de ampliar su base social creando diferentes pseudomovimientos sectoriales bajo su completo control.
Ahora las cosas son distintas pero uno tiene la sensación de que los problemas reaparecen bajo otras formas. La crisis del “comunismo real”, la jibarización de la izquierda organizada, el descrédito de la política, han dado paso a un cambio de visión sin que se resuelvan los problemas de fondo. Hoy los partidos tienen muy mala prensa y lo que mola son los movimientos sociales. Los aspirantes a crear una vanguardia política tratan de adoptar la forma de movimiento sociopolítico sin tener en cuenta lo que verdaderamente pretenden, un objetivo claramente político (incluso a menudo electoral) e influir en los movimientos reales para que se acerquen a sus posiciones. Muestras de ello tenemos de muchos tipos. La misma Izquierda Unida se presenta como un “movimiento” cuando en realidad no es más que una organización política con una estructura peculiar debida en parte a la negativa del Partido Comunista de España de disolverse en otro tipo de organización política y en parte porque funciona como una especie de coalición de varias organizaciones. Pero no es el único, en Catalunya la CUP, el Procés Constituent o la misma Assemblea Nacional Catalana se ven a si mismos como movimientos sociales, lo que ha menudo genera algunos problemas de interacción.
No todos los problemas emergen de la vertiente política organizada. Hay también activistas no organizados en partidos que tratan de diferenciarse de éstos, que exigen a menudo “pureza” organizativa (o peor aún, pequeños núcleos de activistas que se consideran asimismo movimientos sociales tout court). Y son asimismo frecuentes los desencuentros entre movimientos y organizaciones sociales por una mera competencia de espacios, imágenes, protagonismos etc.
Hay mucho de afán de protagonismo en todo ello (mucho de espíritu de vanguardia camuflado), pero hay también mucho de ausencia de reflexión colectiva sobre problemas con los que tropezamos una y otra vez. En gran medida hay mucho de monoteísmo organizativo en demasiados líderes y de ausencia de reflexión organizativa —en la que la derecha y el capital nos llevan una ventaja considerable—.
La izquierda, toda ella, no ha sabido superar un enfoque organizativo segmentador y demasiadas veces excluyente. Creo que la cuestión estriba menos en reelaborar una distinción clara entre diferentes tipos de organizaciones como en buscar fórmulas organizativas claramente operativas, potenciadoras de la acción colectiva y que permitan pelear en muchos frentes.
Para ello habría que adoptar, cuanto menos, unos principios simples. En primer lugar entender que los campos de acción y dominación son diversos y por tanto que requieren formas de organización especializadas de tipos también diversos. En segundo lugar, que hay que potenciar el máximo de participación democrática en los procesos, y que ésta debe estar orientada a la ampliación de las iniciativas, a la generación de solidaridades y al respeto mutuo. En tercer lugar, que el protagonismo debe entregarse en cada caso a la organización o movimiento que ya está trabajando un tema. Y en cuarto, que la pluralidad de espacios es útil cuando permite mejorar la eficacia de la producción intelectual, la organización, la legitimación social, las iniciativas de acción, pero que para que el concierto suene bien siempre hay que saber modular los ritmos y las dinámicas de cada proceso. Venimos de un mundo donde la competitividad, la dominación, forman un componente esencial de la vida. Y posiblemente nuestra forma de pensar las maneras de organizarse está contaminada por esta experiencia. Por ello es crucial ir avanzando propuestas que se puedan traducir en dinámicas sociales más participativas y creativas que las que producen las culturas de la rígida demarcación organizativa.
30/11/2013
Un maestro y un niño
Centenario de A.Camus
José Manuel Barreal San Martín
A las maestras y maestros de la Escuela Pública que están sufriendo a Wert
El 7 de noviembre fue el centenario del nacimiento de Albert Camus, en Argel. Sobre Camus se dijo: “Los españoles deberíamos hacer con los artículos que nos dedicara [Camus] un breviario de la dignidad humana… todavía la especie es capaz de engendrar de vez en cuando ‘hombres humanos’, como Albert Camus”.
Camus escribió mucho y bien. Novelas y relatos; obras teatrales y ensayos. En reconocimiento a toda su obra le fue concedido el Premio Nobel de Literatura en el año 1957.
Camus fue, y es quien es, entre otras razones, gracias a un maestro que tuvo la bendita idea de convencer a su abuela y a su madre, dos mujeres decisivas en su vida, de que el joven Albert no debía dejar la escuela y ponerse a trabajar. Su madre, Catherine, descendiente de campesinos de Menorca, analfabeta y medio sorda, creía que el destino de su joven Albert era ser tonelero como lo había sido su marido o como lo era su hermano, analfabeto y mudo. Sin embargo, aquel maestro, Louis Germain, que había educado a Camus en los pocos pero decisivos años de la enseñanza primaria, convenció a aquella familia de que debía hacer un sacrificio económico y permitir que el niño Camus pudiera hacer el Liceo y el bachillerato. Así fue, como Camus se graduó como bachiller, fue a la universidad de Argel, se hizo periodista y todo gracias a su maestro que fue capaz de ver más allá del aula.
Todo esto lo cuenta Camus en su libro inacabado El primer hombre, obra que el escritor estaba elaborando cuando le llegó el fatal accidente automovilístico del 4 de enero de 1960 que acabó con su vida.
Muchos años después de aquello, el niño Albert Camus tiene ya 46 años; le escribe una carta a su querido maestro con el que no ha perdido contacto. En ella le cuenta que ha esperado a que se apagara el ruido que ha rodeado su premio Nobel, premio que, dice él, no ha buscado ni pedido; “cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto… y de confirmarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continuarán siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le abrazo con todas mis fuerzas”.
Louis Germain le contesta en una larga carta que ha pasado a los anales de la pedagogía moderna. Entre otras cosas, dice en ella:
Antes de terminar, quiero decirte cuánto me hacen sufrir, como maestro laico que soy, los proyectos amenazadores que se urden contra nuestra escuela.
Creo haber respetado, durante toda mi carrera, lo más sagrado que hay en el niño: el derecho a buscar su verdad. Os he amado a todos y creo haber hecho todo lo posible para no manifestar mis ideas y no pesar sobre vuestras jóvenes inteligencias. Cuando se trataba de Dios (está en el programa), yo decía que unos creen y otros no. Y que en la plenitud de sus derechos, cada uno hace lo que quiere. De la misma manera, en el capítulo de las religiones, me limitaba a señalar las que existen, y que profesaban todos aquellos que lo deseaban. A decir verdad, añadía que hay personas que no practican ninguna religión. Sé que esto no agrada a quienes quisieran hacer de los maestros unos viajantes de comercio de la religión y, para más precisión, de la religión católica. En la escuela primaria de Argel (instalada entonces en el parque de Galland), mi padre, como mis compañeros, estaba obligado a ir a misa y a comulgar todos los domingos. Un día, harto de esta constricción, ¡metió la hostia «consagrada» dentro de un libro de misa y lo cerró! El director de la escuela, informado del hecho, no vaciló en expulsarlo. Eso es lo que quieren los partidarios de la «Escuela libre» (libre… de pensar como ellos). Temo que, dada la composición de la actual Cámara de Diputados, esta mala jugada dé buen resultado. Le Canard Enchainé ha señalado que, en cierto departamento, unas cien clases de la escuela laica funcionan con el crucifijo colgado en la pared. Eso me parece un atentado abominable contra la conciencia de los niños. ¿Qué pasará dentro de algún tiempo? Estas reflexiones me causan una profunda tristeza.
27/11/2013
Obligación y voluntariedad de la asignatura de Religión
Miguel Ángel López Muñoz
Desde que la educación en España comenzó a dejar de ser nacionalcatólica, allá con la Ley General de Educación (LGE) de 1970, la alternativa a la religión no ha dejado de ser un problema a la hora de organizarla en Colegios e Institutos. En esto (tampoco en esto), ni el regreso de la democracia ni la revisión del Concordato de 1953, realizada entre 1976 y 1979, aportan nada nuevo.
Con la LGE se creó la fórmula de “oferta obligatoria y elección voluntaria” tan afecta a la partitocracia del consenso que acometió la llamada “transición a la democracia”, la cual heredó y conservó la estructura de poder del Estado, feliz ante la expectativa de “acomodar” el franquismo sociológico. Una de las pruebas es esta, la cuestión de la religión en la escuela, donde el artículo 27 de la Constitución y los Acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales, sólo vinieron a dar carta de naturaleza a lo que ya se estaba haciendo.
En esa fórmula se encuentra el nudo gordiano del problema. En primer lugar, que la obligatoriedad pase del alumno al Centro evidencia que quien plantea esta fórmula se encuentra lejos de concebir tanto la posibilidad de una protección efectiva de la libertad de conciencia de los menores, como la necesidad de una enseñanza confesionalmente neutra que dé cabida a todos para poderse encontrar en el espacio público. Por un lado la protección de la libertad de conciencia queda anulada a partir del momento que se concede a los Centros y a sus Consejos Escolares la categoría de intérpretes del Derecho Civil, pasando a depender por tanto dicha interpretación de sus respectivas idiosincrasias formadas y forjadas bajo el nacionalcatolicismo. Además, la protección efectiva de la libertad de conciencia queda eliminada en la medida que los Colegios y los Institutos se llenan de sacerdotes en una primera oleada y de seglares minuciosamente elegidos en función de su ideología en una segunda oleada, que forman una red de parafuncionarios que no sólo evangelizan en las clases sino que pasan a pertenecer a unos Claustros generalmente apáticos pero sensibilizados ante sus “situaciones personales”. A día de hoy, por ejemplo, en muchas comunidades autónomas este parafuncionariado tiene más derechos que el profesorado interino y más estabilidad de destino que buena parte de los funcionarios de carrera, ante la indiferencia y pasividad de unos profesionales y unos representantes sindicales que expresan como pueden el virus, inoculado en sus cerebros de pequeñitos para controlar su conciencia, llamado “temor de Dios”.
Por otro lado, la neutralidad confesional real, en democracia, sólo pasa por la igualdad negativa de todas las convicciones (religiosas y no religiosas), dado que una interpretación positiva, como pretende hacer el pluriconfesionalismo travestido de aconfesional que padecemos, no es ni posible económicamente ni deseable para desterrar la discriminación de convicciones que tantos siglos de persecuciones, sufrimiento y muerte nos ha legado. Esa igualdad negativa en el trato público de todas las convicciones sólo se consigue a partir del momento en que el estado actual de la ciencia se convierte en criterio de una actuación curricular y pedagógica, tanto para las Administraciones como para los profesionales que transforman y contextualizan las normativas en realidades palpables. En este sentido plantear sacar la religión del horario lectivo como hace el PSOE, posible constitucionalmente, más allá de la crítica por hipócrita y electoralmente oportunista, es una propuesta que continúa vinculando al parafuncionariado de catequistas con los Centros educativos, por muy voluntaria que sea su elección. Tan sólo dos cuestiones al respecto: ¿cómo se garantizaría “la libre elección del alumnado” de transporte? ¿Qué problema existe en que las confesiones utilicen sus propios establecimientos para formar a sus fieles, lugares financiados ya de por sí con abundante dinero público?
En segundo lugar, la elección voluntaria presenta múltiples vías de coacción, desde los contextos de secularización social en los que aplica, hasta la autónoma y no siempre mal intencionada interpretación de los Centros para organizar la “alternativa” a la religión o materia “espejo”. En cualquier caso, la laxitud y la desidia con que los Centros y la Inspección Educativa han asumido la aplicación de las disposiciones legales tan solo ha supuesto nuevos focos de conflictividad tanto a nivel organizativo como a nivel social en relación al trato recibido por los alumnos.
Dejando a un lado la simbología confesional en espacios comunes que a día de hoy se mantiene en Centros públicos, especialmente de Primaria, o la organización de actividades extracurriculares y complementarias, de obligada participación y de carácter confesional, no cabe duda que no tomarse en serio la organización de la Atención Educativa (la “alternativa”) ha supuesto un amortiguador contraproducente para la toma de conciencia de lo pernicioso del problema de la religión en la escuela. Los datos ayudan a confirmar esta idea: según una reciente encuesta realizada a 600 profesores, casi el 80% de los encuestados no quiere que la religión sea evaluable como prevé la LOMCE, pero por otro lado, en una mezcla de irresponsabilidad profesional y de venganza con finalidad “progre”, a la hora de impartir la materia de Atención Educativa, en aquellos Centros en los que se oferta —hecho que no ocurre en todos, con la conformidad latente de la Inspección Educativa— se hace todo lo posible para vaciarla de contenido, por muy “no curricular” que deba ser, convirtiéndola en una hora de guardería o situando la materia al final del horario de la jornada lectiva. ¡Ocultando el impacto confesionalista en la Escuela! ¿O acaso debe valorarse positivamente su efecto en la progresiva disminución, año tras año, del alumnado en la materia de Religión? Olvidando la explicación multicausal de los hechos, pensar que convertir la “alternativa” en hora libre atraería a más alumnado en detrimento de la materia de Religión, sólo desvela la naturaleza del progresismo de salón, de revolucionario de fin de semana que únicamente pretende satisfacer su hipócrita instinto anticlerical sin abordar las cuestiones de fondo. Pensar y actuar de este modo sólo justifica un retroceso normativo tal y como supone la LOMCE en este ámbito. De hecho, altos representantes del Ministerio de Educación, como la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, justifican la reforma en base a que en la “alternativa” no se hace “literalmente nada”.
España es un país de soberanía limitada. Sólo desde el respeto y la no discriminación a la pluralidad de convicciones, con la consiguiente articulación normativa que haga posible la convivencia libre y en pie de igualdad de las conciencias, será posible una soberanía sin tutelajes particularistas, sean religiosos o de cualquier otro tipo.
Mientras tanto, todo sigue igual: educación confesionalizada de facto y con exigencias insaciables de la Conferencia Episcopal, red de catequistas infiltrados con aspiraciones a consolidar su “funcionariado” y legitimación del adoctrinamiento religioso con dinero público y en Centros públicos. Para mayor desgracia, se alimenta un asunto que solo contribuye a la ideologización de la educación y su consiguiente politización y electorización.
[M. A. López Muñoz es profesor de Filosofía y director en un Instituto de Enseñanza Secundaria]
15/11/2013
El extremista discreto
Fuertebrazo
Diez aforismos nada propositivos
La izquierda posmoderna es la que cree que todo lo líquido se solidifica en el aire.
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La izquierda posmoderna llegó a lo posmoderno sin antes haber pasado por lo moderno.
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Si al intelectual posmoderno se le entendiera fácilmente, dejaría de ser considerado como un intelectual.
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Hay intelectuales “críticos” que son críticos sólo con el pueblo.
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De entre todos los falsos intelectuales, el tertuliano político es el más auténtico.
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Antes el intelectual era la conciencia crítica del pueblo; ahora el pueblo se está convirtiendo en la conciencia crítica del intelectual.
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La “economía del conocimiento” no se basaba en un conocimiento de la economía.
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Socialdemocracia actual: el fin no es nada y el movimiento no lo es todo.
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Vivimos dos dramas: el primero es que andamos buscando a líderes y tribunos; el segundo es que no los encontramos.
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El “europeísmo” no es otra cosa que el internacionalismo de los capitalistas europeos.
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29/11/2013
Rodrigo de Castilla
Invectiva contra el neorregeneracionista
El neorregeneracionista es un espécimen intelectual tan listo como frívolo.
El neorregeneracionista es políticamente transversal y arraiga, con diferente intensidad, tanto en los ambientes progres como neoliberales.
El neorregeneracionista está presente en toda Europa pero se desarrolla con particular facilidad en el sur del continente, y por lo tanto también en España (naciones históricas incluidas).
El neorregeneracionista pregona su pensamiento mediante el artículo periodístico y la tertulia política de radio y televisión.
El neorregeneracionista, pues, escribe y habla durante todo el día y, por ende, apenas le queda tiempo y ganas de leer.
El neorregeneracionista se cree la reencarnación del intelectual regeneracionista de principios del siglo XX. Pero es sólo su versión caricaturizada.
Y eso porque el neorregeneracionista lleva hasta el paroxismo un defecto que ya estaba presente en los análisis de los regeneracionistas originales: enjuiciar los problemas de una sociedad en base a criterios morales, literarios e (seudo)históricos.
Para el neorregeneracionista, estos criterios son eternos y consustanciales a la manera de vivir de los pueblos de España. Y además, remiten a un juicio negativo acerca de la naturaleza antropológica de estos mismos pueblos.
En efecto, el neorregeneracionista está convencido de la bondad de las “leyendas negras” que apuntan a un endémico retraso socioeconómico y cultural del país y a su periódica inclinación al “guerracivilismo”.
Naturalmente, el neorregeneracionista desconoce —y si no lo desconoce razona como si lo desconociese— que todos los países de su entorno geográfico, incluso aquellos que más admira por su “modernidad”, han sufrido a lo largo de su historia guerra civiles, profundas divisiones entre corrientes de pensamiento, fracturas sociales y resistencias por parte de las clases dominantes a favorecer una evolución progresiva de sus sociedades.
En suma, el neorregeneracionista es víctima del provincianismo cultural que él mismo recrimina a sus conciudadanos.
Ello no obstante, el neorregeneracionista sabe que el relato sobre la “España negra” le es funcional en cualquier momento y situación: cuando las cosas van bien, dirá que España se aleja al fin de su retraso ancestral y se encamina hacia la suspirada “regeneración”; y cuando van mal, afirmará que el país vuelve a su penosa condición original.
Por eso el neorregeneracionista tiene siempre una respuesta para todo y para todos.
Eso sí, el neorregeneracionista es consciente de que sus relatos, leyendas y “narrativas políticas”, le permiten soslayar la tarea, propia de los intelectuales, de estudiar la causalidad histórica por la que se han generado los problemas que padecen sus conciudadanos.
Porque el neorregeneracionista no conoce la economía e ignora el alcance y características de los problemas sociales e institucionales de su país, ya que pasa de los aburridos (pero esenciales) datos y estadísticas que reflejan su auténtico estado.
Dicho de otro modo, el neorregeneracionista evita la complejidad de la sociedad. En él todo se simplifica y trivializa con metáforas, ocurrencias estilísticas, analogías históricas y citas unamunianas, orteguianas, vicensvivianas, costianas, etc.
Pero, y lo que es más importante, al soslayar la complejidad de la sociedad, el neorregeneracionista evita el tener que analizar y evaluar las decisiones de la “élite dirigente” que, desde hace más de 35 años, gobierna este país que va camino del colapso.
No, el neorregeneracionista sabe que, escudándose en sus leyendas y relatos metahistóricos y —cómo no— interclasistas, puede trasladar la responsabilidad de los problemas actuales a toda la sociedad, en bloque.
En definitiva, y de mirar bien, el neorregeneracionista culpabiliza a sus lectores de la situación del país: del paro, de la corrupción, de las disfuncionalidades de una administración pública en quiebra, etc. Al tiempo que, de forma ingenua y simplona, ensalza la modernidad y la eficiencia de los países del norte y de la Unión Europea. Los mismos países e instituciones que ahora dictan las draconianas políticas de austeridad que van desmoronando tanto el tejido productivo como la cohesión social de los países del sur.
Es por todo ello por lo que:
No habrá una regeneración de España sin el conocimiento riguroso de su historia y de su presente por parte de los ciudadanos.
O, lo que es lo mismo, no habrá una regeneración de España sin un conocimiento riguroso de la acción desplegada por las “élites” dirigentes en las últimas décadas ni de su repercusión en la vida de la sociedad en su conjunto (y de las clases trabajadoras en particular).
No habrá una regeneración de España si su sociedad interioriza un complejo de inferioridad (que el neorregeneracionista intenta inocularle por todos los medios) respecto a otros países de Europa y a las instituciones ademocráticas de la Unión Europea, cuyos dirigentes practican una política que colinda con el imperialismo manifiesto (con la colaboración de una clase política española sobre la que el mismo neorregeneracionista evita pronunciarse).
No habrá, en fin, una regeneración de España mientras individuos como los neorregeneracionistas sigan creando opinión y contribuyendo a moldear el sentido común de la población.
* * *
25/11/2013
La Biblioteca de Babel
Luciano Canfora
La historia falsa y otros escritos
Trad. de Inés Campillo Poza, Antonio Antón y Regina López Muñoz
Capitán Swing, 2013, 496págs.2013
Hay que felicitarse por la edición en castellano de este libro, por otra parte excelentemente presentado desde el punto de vista editorial —buen papel, excelente tamaño de los tipos y ninguna racanería en la disposición del texto, amén de bellas páginas de guarda—. El lector obtiene así un hermoso libro además de una obra interesantísima, como es norma tratándose de este autor.
La historia falsa reúne en realidad tres libros de L. Canfora: ¡Europa nos lo exige!, de 2012; La naturaleza del poder, de 2009, y La historia falsa, de 2008, presentados en este mismo orden.
¡Europa nos lo exige! se compone de quince análisis o reflexiones sobre la falsedad fundamental de la Unión Europea, de la moneda única y los reglamentos que la rigen, y sus consecuencias sociales. Es un texto vivo y polémico que da cuenta sobre todo de las condiciones políticas impuestas por la UE y el Banco Central Europeo al derribar o formar gobiernos y al dictar políticas antipopulares. Es un excelente retrato de la falsificación de la política hecha aparentemente en público y de la inanidad actual de la arena electoral. Y también una crítica del gobierno supuestamente "técnico" de la UE y de la pretendida imposibilidad de política alternativa a la existente. Ahora bien: Canfora señala que "la eventual izquierda que resurja tendrá que esforzarse mucho para hacer olvidar lo que ha hecho en perjuicio de las clases asalariadas y del país en su conjunto". Hay que aplicarse el cuento: cosas como la reforma constitucional de Zapatero —que obliga a pagar la deuda antes que salarios, pensiones y servicios públicos—, o el europapanatismo de tanta gente ante la política económica europea o el euro mismo, han de ser enérgicamente rechazadas. En el libro de Canfora no hay complacencia, sino análisis, y un análisis político que está a años luz del comentario epitelial que suele asomar en las páginas de los periódicos y en las tertulias de la tele. Sólo por esta parte ya vale la pena el volumen entero.
La naturaleza del poder reúne ensayos acaso de otra naturaleza; más en profundidad, se diría. Se trata de una reflexión no por fragmentaria menos interesante sobre los conceptos con los que se analiza el poder. Ciertos epígrafes, como "Jefe", "Cesarismo", "pueblo profundo", etc., abordan en el fondo el tema de las cambiadas formas y estructuras que asume el poder hoy, que ya no responden más que transmutándolas a las formas y estructuras del pasado. El lector se beneficiará aquí de la acumulación de sabiduría política de la izquierda intelectual italiana. Canfora no ha cambiado de chaqueta y prolonga esa tradición criticándola con autoridad y buen sentido. (Lo del cambio de chaqueta viene a cuento porque tanto en Italia como en España muchísimos intelectuales, al descubrir lo infundado de sus antiguas certidumbres, han cambiado de bando, mientras que otros escarban exacerbadamente en su dogmatismo progresista. Canfora, como saben bien los que le siguen, escapa a estas dos categorías.)
La historia falsa, tercera y más amplia parte del libro comentado, puede ser devorada como una novela de Le Carré, con la particularidad de que aquí el autor es un historiador de formación clásica que reflexiona sobre las falsedades documentales que acaban convirtiéndose en verdades aceptadas sin ton ni son. Los temas centrales de la falsificación histórica son en este caso dos —aunque de pasada comparezcan otras, como el falso "Informe secreto de Khrushev" que circuló trufado de alteraciones por la CIA—: el testamento de Lenin y una "extraña carta" dirigida a Antonio Gramsci, detenido en vísperas de su proceso, por el secretario general de su partido en funciones, Ruggero Griego, remitida desde Moscú, y que está en el origen del distanciamiento de Gramsci de esa dirección del Partido Comunista de Italia durante su encarcelamiento. Pero vayamos por partes.
La falsificación del texto conocido como testamento de Lenin, debida naturalmente a Stalin, consistente en el añadido de una frase descalificadora de Trotsky, así como el aplazamiento y limitación del conocimiento del texto leninista por el conjunto de los dirigentes soviéticos, que finalmente lo descartaron y ocultaron, ocupa sesenta páginas. En ellas Canfora examina con gran precisión las circunstancias en que se tomaban al dictado las palabras de un Lenin muy mermado por sus ictus, y los procedimientos para conservarlas preservando su autenticidad, por una parte, y las inserta, por otra, en el contexto de las alternativas políticas existentes en aquel momento y las tomas de posición de quien estaba dejando de ser la primera autoridad de la Rusia revolucionaria. Quien haya leído El último combate de Lenin de Moshe Lewin encontrará aquí respuesta a las cuestiones que se planteaban en ese interesante libro de 1967. En este punto es ante todo el lado historiador de Canfora el que toma la palabra.
El caso de la extraña carta que a Gramsci, preso, le hizo encabritar es más complejo. Digamos que es una carta redactada al menos en parte por Grieco en Basilea, enviada a Moscú para que desde allí, y con remitente explícito en el Hotel Lux —donde se hospedaban los dirigentes comunistas extranjeros— le fuera expedida a Gramsci, encarcelado —por lo que la carta sería leída en todo caso por las autoridades—, con un contenido incompatible tanto con la estrategia de Gramsci (y Terracini) en su proceso ante el Tribunal Especial fascista cuanto con las negociaciones secretas, a través del nuncio vaticano en Berlín, Pacelli, para intercambiarles por obispos presos en la Unión Soviética. Sin embargo el estudio interesante y prolijo de Canfora en La historia falsa es revisado y ampliado en publicaciones posteriores de este autor, sobre todo en Spie, Urss, antifascismo. Gramsci 1926-1937, de 2012, y en Gramsci in carcere e il fascismo, también de 2012.
El trabajo de Canfora en La historia falsa se centra en la posibilidad de que aquella carta, además de imprudente e inoportuna, fuera en parte una falsificación policial sobre la base de una carta verdadera. En los dos libros posteriores Canfora examina otra posibilidad: la de que la carta fuera en realidad una provocación.
En cualquier caso, a causa principalmente de esa carta, Gramsci no quiso tener contacto ninguno con la dirección del PCd'I que representaba Griego, manteniéndose en cambio en contacto con Togliatti, a quien le llegaban todas las cartas de Gramsci copiadas por su cuñada y remitidas a través de Piero Sraffa, naturalmente con el conocimiento del preso.
Canfora esclarece las circunstancias de la detención de Gramsci, atribuida hasta ahora a su propia imprudencia (un supuesto que acogió entre nosotros M. Sacristán en su libro sobre Gramsci), y señala las irresponsabilidades de quienes estaban encargados de velar por la seguridad del principal dirigente del partido.
Los textos del trabajo de Canfora sobre la historia de la carta de Grieco y de otras cartas, y de la ocultación y censura durante mucho tiempo por el PCI de ciertas cartas de Gramsci en la cárcel, tienen extraordinario interés para comprender, primero, los avatares terribles de los comunistas bajo el fascismo; luego, para entender la fecundidad de la política de Togliatti a partir de 1944-1945 en la estela de Gramsci; y, además, para comprender las dificultades que crea fabricar una historia bien pulida —que escamotea por ejemplo la penetración del partido comunista por la policía política fascista— cuando las contradicciones y las insuficiencias son un elemento de la realidad.
Canfora nos previene de la falsificación en política; nos previene contra las falsedades puestas en circulación que acaban pasando por historia verdadera. Lo cual tiene particular interés en nuestro propio tiempo, cuando el futuro de escasez de petróleo está determinando guerras y limitaciones de las libertades que, mediante falsedades, se tienen que justificar ante poblaciones crédulas e inconscientes de los peligros verdaderos que las amenazan también a ellas.
J.-R. Capella
27/11/2013
En la pantalla
Dermot O'Connor
No hay mañana
30/11/2013
Adam Curtis
All watched over by machines of loving grace
La influencia de Ayn Rand sobre Alan Greenspan y su génesis de la crisis financiera
Los canales de televisión de Estados Unidos no dejan de transmitir entrevistas a Alan Greenspan a propósito de la publicación de su último libro, El mapa y el territorio (The Map and the Territory). Desde CBS a BBC, pasando por NPR, Greenspan es recibido amablemente para que diga lo que quiera. El ex presidente de la Reserva Federal está casado con Andrea Mitchell, periodista con más de 30 años de carrera en la televisión, y los medios de comunicación son muy respetuosos con los cónyuges de sus miembros, más aún si pertenece a la high society. Si esta convención no fuera tan poderosa, un periodista de esos que pueblan la Televisión Española, preguntaría directamente a Greenspan si tiene esquizofrenia, o si a los 87 años se siente, por fin, seguro de su existencia.
La primera pregunta está relacionada con las constantes contradicciones de Greenspan. No es normal hacer el mayor mea culpa de la historia y declarar que se le ha derrumbado la fé en el libre mercado, para luego desdecirse de lo dicho; o señalar con gran euforia que se deben derogar todas las rebajas de impuestos de la era Bush, para luego afirmar que el camino correcto… es la rebaja de impuestos. Rebajar los impuestos es lo que aconsejó Greenspan a Ronald Reagan, George Bush I, Bill Clinton y George Bush II. Rebajas de impuestos que en dos décadas y media sumieron a Estados Unidos en la bancarrota presupuestaria. ¿Quien entiende a Alan Greenspan?
La segunda pregunta (¿está seguro de su existencia, señor Alan Greenspan?) está relacionada con una parte aún más oscura de la vida de quien fuera durante casi dos décadas el hombre más poderoso de la economía mundial. Como afirma Nathaniel Branden, amigo de Greenspan en los años 40, Greenspan abrazaba la corriente del positivismo lógico que se puso de moda a comienzos del siglo XX, y que aplicaba un racionalismo radical que dudaba de todo. Nathaniel Branden fue quien presentó a Greenspan a la escritora Ayn Rand (1905-1982). Y Greenspan se unió al pequeño colectivo que formaban Rand, Joan Mitchell, Nathaniel y Barbara Branden, con gran devoción. Ese colectivo se reunía todos los sábados en el departamento de Rand en Nueva York, para leer la novela que Rand iba escribiendo, La rebelión de Atlas, en la que planteaba los puntos centrales de su filosofía. En este texto, Ayn Rand expone su concepción del egoísmo, la codicia y el antialtruismo. Para Rand, el egoismo es el bien y el altruismo es el mal. El capitalismo no solo es un sistema eficiente y práctico sino también un sistema donde impera la moral individual.
El libro fue publicado en 1957 y expone las tesis más radicales del liberalismo, donde glorifica el derecho de las personas a vivir exclusivamente para su propio interés. Sólo interesa hacerse rico, reducir el gobierno a la mínima expresión, y eliminar a los pobres, descritos como parásitos sociales incapaces de vivir, al igual que los funcionarios públicos.
Bajo el lema “La codicia es buena”
Aunque fue un fracaso en su época, La rebelión de Atlas fue el libro favorito de Alan Greenspan. Incluso Greenspan publicó una entusiasta carta en New York Times, defendiendo el libro de Ayn Rand de las críticas que decían que “ese libro fue escrito con odio”. Estados Unidos no era aún la nación individualista que es hoy, y junto a sus sólidas cifras de crecimiento y desarrollo, también mostraba una importante disminución de las brechas de desigualdad. Por eso debieron transcurrir 30 años para que el lema “la codicia es buena” (como se ve en Wall Street, de Oliver Stone, 1987), se permeara en los hábitos sociales junto al exitismo, la “realización personal” y el individualismo que en los años 80 promovió Milton Friedman en la televisión con su serie Libre para elegir.
En 1986, Ronald Reagan, también admirador de Ayn Rand, sacó a Paul Volcker de la Reserva Federal porque éste se negaba a aplicar la desregulación financiera que promovían los economistas de Chicago, e instaló en su lugar a Alan Greenspan, quien de inmediato inició la operación de la desregulación financiera. El éxito aparente de estas medidas le permitió a Greenspan ser confirmado en el cargo en cinco ocasiones, bajo los gobiernos de Bush I, Bill Clinton y Bush II. Ahora se sabe que las políticas desregulatorias de Alan Greenspan fueron perjudiciales para la economía mundial: alentaron todas las burbujas y las crisis financieras del último cuarto de siglo.
En la Reserva Federal, Alan Greenspan aplicó al pie de la letra la filosofía randiana: reducción de impuestos a los más ricos, derogación de las leyes que imponían controles a los bancos, como la Ley Glass-Steagall, que separaba las actividades de la banca comercial y la banca de inversiones; la desregulación total del sistema financiero y el impulso al comercio de derivados, que de la nada fue creciendo exponencialmente hasta alcanzar un tamaño de 700 billones de dólares. Estos procesos desregulatorios provocaron entre 2000 y 2001 las cuantiosas quiebras de Enron y WorldCom, que obligaron a masivos rescates del gobierno; las operaciones plagadas de codicia de Goldman Sachs y JP Morgan (este último obligado a pagar esta semana 13.000 millones de dólares por la manipulación con las hipotecas subprime y el uso de información privilegiada). Las políticas implantadas por Alan Greenspan marcan un oscuro legado en la economía mundial, y ese oscuro legado lleva el nombre de Ayn Rand. A continuación este documental de Adam Curtis, realizado para la BBC en 2011, que nos muestra parte importante de esta historia.
[Fuente: Marco Antonio Moreno, El blog salmón]
10/11/2013
Pino Solanas
La guerra del fracking
A través de un viaje hacia el yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén, con el especialista Félix Herrero y la investigadora Maristella Svampa, se recogen reveladores testimonios de los pobladores y técnicos sobre los efectos contaminantes del nuevo proceso de explotación de petróleo y gas no convencional. El fracking destruye el subsuelo y contagia las napas de agua con cientos de sustancias químicas nocivas. En los EE.UU. está causando uno de sus mayores daños ambientales y ha provocado la protesta de las poblaciones afectadas y de miles de artistas, científicos e intelectuales. En las provincias argentinas, decenas de municipios han prohibido la instalación de estos pozos, declarándose libres de fracking.
El gobierno nacional perdió el autoabastecimiento de gas en el 2005 y en lugar de enfrentar la crisis desarrollando las cuencas petroleras no exploradas o las energías renovables, optó por la explotación con fracking, la más costosa de todas. YPF acaba de firmar un acuerdo por 35 años con la americana Chevron —heredera de la Standard Oil— para explotar Vaca Muerta, uno de los yacimientos mas ricos del mundo. Se trata de la más grave entrega de recursos patrimoniales realizada en estas décadas. Además de violar la ley de hidrocarburos, el convenio no ha sido tratado por el Congreso Nacional y se lo negaron a la justicia. El 28/8/13 una movilización de 10.000 personas en Neuquén, marchó hacia la Legislatura para protestar por el acuerdo y fueron violentamente reprimidos.
10/11/2013
Fanfarria Taquikardia
Procesión herexe
Galiza, Outono 2013. Chovía, como non. Non había neve aínda, pero si castañas e porco. Preguntáronnos si podíamos tocar nunha procesión. ¿Qué é iso? ¿Qué se toca nunha procesión? O que queirades... dixeronnos. E asi foi. Fin.
24/11/2013
...Y la lírica
Nicanor Parra
El anti-Lázaro
Muerto no te levantes de la tumba
qué ganarías con resucitar
una hazaña
y después
la rutina de siempre
No te conviene viejo no te conviene
el orgullo la sangre la avaricia
la tiranía del deseo venéreo
los dolores que causa la mujer
el enigma del tiempo
las arbitrariedades del espacio
Recapacita muerto recapacita
¿que no te acuerdas cómo era la cosa?
a la menor dificultad explotabas
en improperios a diestra y siniestra
Todo te molestaba
no resistías ya
ni la presencia de tu propia sombra
Mala memoria viejo mala memoria
tu corazón era un montón de escombros
—estoy citando tus propios escritos—
y de tu alma no quedaba nada
A qué volver entonces al infierno de Dante
¿para que se repita la comedia?
qué divina comedia ni qué 8/4
voladores de luces-espejismos
cebo para cazar lauchas golosas
ése sí que sería disparate
eres feliz cadáver eres feliz
en tu sepulcro no te falta nada
ríete de los peces de colores
Aló-aló, me estás escuchando
quien no va a preferir
el amor de la tierra
a las caricias de una lóbrega prostituta
nadie que esté en sus cinco sentidos
salvo que tenga pacto con el diablo
Sigue durmiendo hombre sigue durmiendo
sin los aguijonazos de la duda
en la quietud de tu propio ataúd
en la quietud de la noche perfecta
libre de pelo y paja
como si nunca hubieras estado despierto.
No resucites por ningún motivo
no tienes por qué ponerte nervioso
como dijo el poeta
tienes toda la vida por delante.
26/11/2013
De otras fuentes
Agustín Moreno
No hizo falta que vinieran los bárbaros
Esperábamos a los bárbaros de la Troika. Y para que no llegaran, los nuestros empezaron a tomar medidas brutales que convirtieron los dos primeros años de la legislatura en el Gran Saqueo de salarios, derechos sociales y laborales. Y hasta de sueños. Dijeron hacerlo porque no había más remedio y porque era lo que había que hacer, cuando en realidad la crisis es una excusa para acabar con todo y dejar una sociedad irreconocible, un futuro inhabitable para la mayoría. Como dice Rafael Chirbes: cambió el paisaje humano, agotada la euforia y el deseo infinito de lo superfluo, regreso a la necesidad, el miedo al futuro en la cara.
Así, en el ecuador del gobierno de Rajoy, el paro ha crecido y la pobreza se extiende, los salarios se han devaluado, siguen los recortes del gasto social y el desmantelamiento de lo público, el país se ha puesto en almoneda. Todo ello para que la banca y las grandes empresas vuelvan a obtener fabulosos beneficios, para que el PIB crezca el 0,1%. Valiente victoria pírrica sobre los trabajadores y la mayoría social. Dos años después hay más desempleo, más precariedad, más desprotección y más desigualdad. Brutal balance de la gestión de Rajoy. Veamos.
El paro es intolerable. Según la EPA del tercer trimestre de 2013 hay 5.904.700 millones de desempleados. Hace dos años había 4.978.300. Es decir, ha crecido en casi un millón de personas y la tasa de paro ha pasado del 21,52% al 26,11%. La ocupación ha bajado de 18,1 millones a 16,8 millones. Y aunque el paro bajó el último trimestre en 73.000 personas, el empleo solo creció en 40.000 personas, un empleo precario creado en los servicios y el turismo. Estas cifras se explican porque la gente ha dejado de buscar empleo y muchos se han ido del país (85.000 personas menos en un trimestre), ya sean emigrantes que retornan o emigrantes españoles. Si no fuera por ello, el paro sería mayor. Pero los españoles hemos vuelto a coger las maletas ¿cuántos jóvenes españoles titulados están sirviendo cafés en Alemania o Reino Unido? ¿Cuántos becarios o investigadores haciendo fotocopias? Esa es la perspectiva más inquietante y el mayor peligro para un país cuando tiene a una clase política que no está a su altura.
La precariedad no se reduce por más reformas laborales que se apliquen. Y la perspectiva de futuro es que el único empleo que tal vez aumente sea el contrato temporal a tiempo parcial y mal retribuido. Inseguridad y miseria como horizonte.
La pobreza crece. Dice Cáritas que la “pobreza severa” ya afecta a tres millones de españoles. Estamos hablando de personas que viven con menos de 307 euros al mes y su número se ha duplicado desde 2008. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que analiza datos de Eurostat, el riesgo de pobreza o exclusión social alcanza al 28% de la población española, habiendo crecido en los últimos años. Los hogares con todos sus miembros en paro son 1.807.700, cuatrocientos mil más que hace dos años. Cuatro millones de parados (dos tercios del total) no tienen prestaciones por desempleo. El paro de larga duración se ha multiplicado por nueve desde el inicio de la crisis, pasando de 393.200 a 3.456.400 parados con más de un año sin encontrar empleo.
Los recortes y el desmantelamiento de lo público se han recrudecido. Desde la privatización de hospitales públicos madrileños a la liquidación de la ayuda a la dependencia. En Educación la reducción de la inversión y la Ley Wert son un ataque brutal a la escuela pública y a la igualdad de oportunidades. El recorte de becas deja a decenas de miles de estudiantes fuera de la universidad, a cientos de miles de niños sin libros o sin comedor. Madrid ha suprimido la mitad de las ayudas para que los niños de familias más pobres coman al menos en el colegio. Hace dos años eran 120.000 alumnos y hoy son 52.000. Unicef da datos de 200.000 niños que se encuentran en riesgo de pobreza en la región. Y este ajuste sin fin no ha acabado: la UE nos exige otros 35.000 millones de recortes para los próximos años. Y el obediente gobierno Rajoy seguirá priorizando su política económica hacia la reducción de la deuda, olvidándose del principal problema del país: el paro.
La devaluación salarial ha sido salvaje y se encamina al 20%, al no poder devaluar una moneda propia. Los asalariados sufren el mayor retroceso de poder adquisitivo desde 1982. La reforma laboral consigue que se pacten congelaciones y retrocesos salariales. Algo que empobrece a la población, anula el consumo y dificulta la recuperación y la lucha contra el paro. Hasta el punto que la OIT ha desaconsejado ahondar en la devaluación salarial en España, ya que puede castigar aún más el empleo. Así se consagra un modelo económico de competitividad tercermundista reforzado por el gravísimo retroceso en I+D.
Las pensiones están a punto de sufrir otro demoledor ataque con la excusa del factor de sostenibilidad y la desindexación de la revalorización respecto al IPC. La reforma de pensiones no tiene otro objetivo que repartirse un botín de 100.000 millones de euros, como afirman Adoración Guamán y Héctor Illueca. Los sindicatos deberían convocar una movilización general tras las manifestaciones del 23 de noviembre para frenar la reforma y no ser cómplices por omisión.
Han puesto al país en almoneda. La euforia de Botín diciendo que llega mucho dinero a España no se traduce en creación de actividad y de puestos de trabajo. Si acaso se dirigen a la actividad financiera especulativa en Bolsa y a la compra de activos y de empresas españolas saneadas, que cambian de mano, pero que ni se crea empleo ni se come con ello. Un ejemplo es la entrada de Bill Gates en FCC.
Este “capitalismo fullero”, como lo llama Albert Recio, es difícil que nos saque de la crisis. Un capitalismo que sabe que, haga lo que haga, se hará cargo de las pérdidas el resto de la sociedad mediante la intervención pública, nacionalizando éstas y privatizando de nuevo cuando se haya saneado. Lo hemos vivido muchas veces, por la gran relación entre el estado y el gran capital. Lo podemos volver a vivir con las tarifas eléctricas, las autopistas o el depósito de gas Castor.
Los grandes éxitos de Rajoy son: que la gran banca dispara sus beneficios casi un 80% en los primeros nueve meses de 2013 (cinco grandes bancos ganan 7.251 millones de euros), las grandes empresas del IBEX ganan un 13% (20.561 millones en el mismo periodo); un PIB que crece un 0,1%; la existencia de 6 millones de parados sin esperanza de encontrar empleo a medio plazo; un rescate a la banca que nos va a costar unos 40.000 millones de euros a los ciudadanos. No es de extrañar que el presidente del gobierno obtenga el rechazo de tres de cada cuatro españoles y que suspendan todos sus ministros.
La derecha son malos gestores. A la equivocada política económica hay que añadir que la pésima gestión realizada no logra tapar los tópicos repetidos como mantras (hemos hecho lo que había que hacer, la luz al final del túnel…). Wert y Ana Botella son ejemplos de gestores desastrosos, especialmente brillantes en no resolver nada y crear problemas donde antes no los había. Y Rajoy, con su diletantismo, hace que se pudran serias cuestiones de Estado como la cuestión soberanista en Cataluña, que va a estar presente en la agenda política aunque practique la política del avestruz.
Desmoralización ciudadana por los escándalos de corrupción a la que contribuye la actitud de Rajoy y del PP. Las mentiras y el intento de tapar los escándalos Gürtel y Bárcenas, esperando a la prescripción de los delitos, no contribuye precisamente a la ejemplaridad y la decencia política. Las reformas legales en marcha recuperan el pensamiento más reaccionario (reforma del aborto y del Código Penal), intentan endurecer la represión de las protestas populares contra las políticas antisociales (anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana) o buscan nuevas formas de seguir aplicando políticas privatizadoras y de reducción del sector público (Reforma de la Administración Local).
Es evidente que nuestros bárbaros no eran la solución. Son el problema. Y la pregunta a hacernos es qué va a ser de nosotros si siguen. Porque, como decía Paco Fernández Buey, aquí están de nuevo nuestros bárbaros, vestidos como antes, como siempre, sin ser reconocidos por la multitud que puebla las calles, gritando contra las barbaridades de los otros bárbaros imaginarios que no llegaron nunca.
La lucha ejemplar de los barrenderos de Madrid marca un camino de cómo hay que combatir los despidos, la reforma laboral y los abusos. El 20 de noviembre tienes una cita para defender la educación pública. El 23 de noviembre no te quedes en casa: tienes la ocasión de identificar a los bárbaros, de denunciarlos a voz en grito y de contribuir a echarlos. Algo que cada vez está más al alcance de nuestra mano, siempre que no optemos por el suicidio político colectivo.
[Fuente: Cuarto Poder]
19/11/2013
J. V. Barcia Magaz
José Manuel Naredo: "España se caracteriza más que por su neoliberalismo por su neocaciquismo"
Es la voz más prestigiosa y reconocible de la economía ecológica española, sintetizando en su pensamiento reflexiones globales sobre el papel de la economía, con análisis concretos de cómo el modelo capitalista, “empecinado en el consumismo y el extractivismo, nos conduce a un contexto de colapso biosférico”. Galardonado con el Premio Nacional de Medio Ambiente, con el Geocrítica y el Panda de Oro, José Manuel Naredo no se muerde la lengua cuando sostiene que “se ha venido abajo la idea lineal de progreso y otras muchas promesas de la sociedad industrial capitalista”.
Leyendo algunas de sus obras da la sensación de que nos aproximamos a un punto de no retorno.
El resultado final del actual sistema económico conduce a nuestro planeta a un contexto de depauperación física y degradación ecológica. Ese escenario, al que denominamos “Tanatia”, será incompatible con la vida, al menos tal y como la entendemos. Se ha venido abajo la idea lineal de progreso y otras muchas promesas de la sociedad industrial capitalista. Estamos viviendo el final de una etapa donde muchas opciones políticas, aparentemente diferentes, coincidían en su óptica productivista y económica.
Y, sin embargo, parece que los grandes poderes se obstinan en mantener esa dirección.
Proseguir por la senda diseñada desde el capitalismo no es ni posible ni deseable. No es posible porque nuestra forma de extraer recursos naturales y de consumirlos no tiene en cuenta los límites del planeta. El capitalismo ignora el fin del ciclo ecológico. Sus defensores cifran ese ciclo desde la cuna donde se origina un producto, hasta la tumba de ese producto, pero luego obvian lo que haría que el ciclo pudiera ser sostenible, que es la reposición ecológica de lo consumido. Por otro lado, decíamos que no era deseable, ya que son las grandes transnacionales las que mediatizan y condicionan las políticas en el mundo, negando la democracia a sus habitantes, acaparando y dirigiendo el flujo de recursos y capitales y utilizando el planeta como un sumidero cada vez más incapacitado para producir funciones de reequilibrio ecológico.
Es como si la economía no tuviera en cuenta la finitud del planeta.
El imperialismo del actual modelo económico ha colonizado nuestras mentes hasta separarnos de la Tierra. Se ha trabajado denodadamente en enmascarar la dependencia física del planeta, imbuyéndonos en una cultura consumista donde lo que manda es la capacidad de adquisición ocultando el verdadero coste ecológico de lo consumido. Debemos acabar con la falsa dualidad entre ser humano y naturaleza, porque somos parte de la naturaleza y, como parece evidente, no podremos vivir sin ella.
¿Qué lecciones podemos extraer de la crisis?
Lo primero que deberíamos responder es si cómo sociedad y especie estamos dispuestos a extraer alguna lección que nos haga cuestionar nuestra forma de organizarnos con el planeta. El futuro es innegable, pero de seguir por el camino actual ese futuro puede ir a peor. Si arriesgamos una mirada retrospectiva podremos concluir que en tiempo de dificultades se produce el surgimiento de ideologías autoritarias de corte fascista. Sin embargo, hay que señalar que ante otros momentos delicados de nuestra historia, ahora media un hecho diferencial innegable, que es aquél que guarda relación con la destrucción ambiental, lo que reduce extraordinariamente nuestro margen de maniobra y el tiempo para reaccionar sin entrar en una fase de entropía biosférica.
¿Qué opinión le merecen los augurios gubernamentales que sitúan a España en el comienzo de la recuperación económica?
Tras tantos años de crisis, tantos brotes verdes, volvemos a ver cómo se saluda con gran fanfarria cualquier dato que tomado aisladamente pueda arrojar alguna interpretación positiva. Y todo ello para volver a lo mismo. Pues bien, hay que ser honesto y dejarlo claro: no volveremos a los niveles económicos de antes de la crisis. Pero es que además, no se ha estudiado lo que le ha pasado a este país, ni se han asumido responsabilidades, ni se ha buscado a los responsables. Tomar conciencia de nuestros males es el primer paso para intentar salir de esta situación y, desde luego, esto no se está haciendo. El dinero “a espuertas” celebrado por Botín responde a la liquidez estadounidense que busca la inversión en un país que se ha convertido en una ganga para la especulación con pesadillas como la de Eurovegas. Las mejoras y los beneficios seguirán siendo acumulados por las grandes empresas mientras la sociedad en su conjunto seguirá siendo empobrecida.
¿Cuánto de coyuntural y cuanto de estructural tiene la crisis?
Yo ya he sido testigo de tres burbujas inmobiliarias, lo que quiere decir también burbujas financieras. Estamos viviendo el desastre de los ciclos lógicos del capitalismo, donde tras la euforia especulativa, nos encontramos con una depresión llena de deudas donde la receta que se quiere aplicar es más de lo mismo. El cambio debe venir por una transformación cultural y no se producirá a través de una muda de sombrero político a partir de opciones que de facto comparte, el mismo esquema productivista y especulativo.
¿Qué proyección de futuro hace del capitalismo en España?
De no lograr que se produzca un cambio sustancial, estamos abocados a un neocaciquismo plagado de operaciones especulativas y macroproyectos urbanísticos. Los políticos que nos han gobernado y gobiernan son tributarios de las grandes constructoras que se han inflado a hacer cosas sin sentido ni dimensión. España se caracteriza más que por su neoliberalismo por su neocaciquismo. Ni libre mercado ni mano invisible. Aquí las estaciones del AVE se ponen lejos de las poblaciones para favorecer crecimientos inmobiliarios que van a beneficiar a personas con nombres y apellidos. Todo ello hará que la crisis sea más larga y que tienda a encadenar burbujas especulativas.
¿Qué características debería tener un modelo de economía ecológica para nuestro país?
Una gestión razonable del mundo físico exige ordenar con criterios económicos el reino difuso de los materiales. Dicho de otra manera, debemos desplazar nuestra atención económica hacia los condicionantes físicos como forma de habitar nuestro planeta a través de procesos de cooperación y simbiosis con la naturaleza. Es vital no volver a las andadas para que nuestra ruina no sea irremisible. No podemos volver a caer en un aquelarre inmobiliario y de obras públicas. El monocultivo del ladrillo nos ha empobrecido y ha absorbido todas nuestras energías.
¿Cómo estima los programas económicos de los partidos mayoritarios?
Viendo cuáles son sus prácticas tengo suficiente. Dedico mi tiempo a cosas que considero más útiles. Es imprescindible un saneamiento político de fondo.
¿Hay motivos para la esperanza?
Es necesario seguir teniendo afán por vivir para seguir construyendo de otra manera, con otros objetivos. Es importante seguir apostando por la reconversión mental. Ahora hay mucha gente haciendo muchas cosas para salvar el mundo. Yo personalmente me muevo por cuestiones vitales sin esperar resultados.
[Fuente: La Marea]
18/11/2013
Juan Francisco Martín Seco
Dos pavos reales
El pasado día 7, supongo que por una de esas coincidencias forjadas por el destino, dos ex presidentes del Gobierno presentaron en Madrid sendos libros. Provienen, aparentemente, de espectros ideológicos muy distintos, casi opuestos. Pertenecen a cada uno de los dos partidos que, de forma alternativa, han venido ejerciendo desde hace más de treinta años el poder en España. Sin embargo, sus respectivos discursos guardan una gran similitud. Ambos están convencidos de haber sido el mejor presidente del Gobierno que ha existido. En los dos está ausente el menor asomo de autocrítica.
Uno y otro, inflados de vanidad y de orgullo, se sienten investidos de un carácter providencial y, lo que es peor, creen que tienen la solución para los terribles males que afligen hoy a nuestro país, y contemplan con conmiseración o desprecio a los líderes que les han sucedido en sus respectivas formaciones políticas. Los ningunean. Pretenden, aunque con estilos distintos, seguir mangoneando e influyendo en la política actual. Eso sí, desde las alturas, sin mancharse demasiado las manos, desde las poltronas bien retribuidas de las fuerzas económicas.
No seré yo el que disculpe o defienda a los políticos que han sucedido en el PSOE o en el PP a Felipe González o a José María Aznar, pero a estos últimos no se les puede eximir de culpa; es más, serán sin duda los máximos responsables del grave estado en que se encuentra en estos momentos la economía española. Ambos han sido artífices de la modificación que en España se ha llevado a cabo en el pensamiento político hasta configurarlo de acuerdo con los principios del neoliberalismo, haciendo inviable el Estado social e incluso la democracia.
Felipe González en España, al igual que Schröder en Alemania o Tony Blair en Gran Bretaña, ha descafeinado el pensamiento socialdemócrata hasta dejarlo convertido en neoliberalismo con un tinte de progresismo superficial y barato. En su época se comenzó a desarticular el mercado laboral, con la simpleza de que más vale un empleo malo que ninguno, transformándose una multitud de puestos de trabajos fijos en precarios, que han ido consolidando a lo largo del tiempo un mercado dual.
Fueron los ministros de Felipe González los que popularizaron la frase de que mejor que dar peces es enseñar a pescar, con la que pretendían justificar los recortes hechos en las prestaciones del seguro de desempleo, y fue en tiempos de Felipe González cuando se acuñó el discurso falaz acerca de que el sistema público de pensiones estaba en peligro, que sin reformas era inviable, reformas que se orientaban siempre a la baja y que comenzaron y se ejecutaron en su mandato. De la misma manera se extendió la idea de que lo privado siempre es más eficiente que lo público y se iniciaron las privatizaciones de todas las empresas públicas.
En el ámbito ideológico se cuestionaron todos los principios de la socialdemocracia, incluida la fiscalidad progresiva. Es más, se asumió, se aprobó y se firmó el Tratado de Maastricht que implicaba a medio plazo, tal como estamos comprobando, no solo la muerte del Estado social, sino también de la propia democracia. Hoy se sostiene que la doctrina socialdemócrata ha muerto. No es cierto, continúa siendo perfectamente válida e incluso necesaria. El problema es que ha sido abandonada y traicionada por los partidos que ostentan tal denominación.
De aquellos polvos derivan estos lodos, y todos los lodos posteriores, por eso resulta curioso que en la última conferencia política el secretario general actual gritase enfáticamente que el PSOE había vuelto; ¿a dónde?, ¿a los orígenes?, ¿al felipismo?, ¿al socioliberalismo? Nunca lo han abandonado; con mayor o menor acierto, desde hace muchos años han estado instalados en esa plataforma.
A pesar de su engreimiento, soberbia y ostentación, Aznar no ganó el Gobierno, se lo regaló el PSOE, al igual que le otorgó carta blanca y le facilitó el camino para realizar las políticas más conservadoras. Bien es verdad que Aznar nunca se ha jactado de hacer una política de izquierdas, pero de lo que sí se ha vanagloriado es de hacer la política más eficaz, con elevadas tasas de crecimiento y creación de empleo, pero lo que generó en la práctica fue una burbuja especulativa puro aire, que antes o después tenía que explotar. Él, tan contrario al déficit público, permitió que España adquiriese un enorme déficit exterior cuya lógica contrapartida fue el mayor endeudamiento adquirido hasta entonces por la economía nacional. La herencia que dejó fue la de un país hipotecado hasta unos niveles extremadamente peligrosos, e hipotecado con unos créditos no orientados a sectores productivos, sino a hacer zanjas, vallas y a poner ladrillos, que en gran medida nadie después iba a utilizar.
José María Aznar presume de haber conseguido que España entrase a formar parte de la Unión Monetaria. Fatal éxito. Primero porque el voluntarismo y el afán de crear la moneda única primaron sobre todo rigor económico, hasta el punto de modificar y flexibilizar las condiciones de convergencia de manera que pudiesen incorporarse al euro todos los países que lo deseasen; luego no existió tal éxito. Segundo porque la mayoría de los males presentes provienen de esa incorporación. La ratonera en la que se encuentra actualmente la economía española tiene su origen en haber renunciado a nuestra propia moneda sin las contrapartidas adecuadas y necesarias.
A los gobiernos de Aznar les cabe también el triste honor de desmantelar el sector público y dejarlo sin capacidad de reacción. Entregaron al sector privado las grandes empresas públicas con lo que privaron al Estado de los suculentos beneficios que estas periódicamente le proporcionaban y dejaron inermes a los consumidores ante las abusivas políticas practicadas en los servicios estratégicos por los nuevos oligopolios privados.
En la postración del Estado y en su incapacidad para reaccionar ante la crisis económica tiene también mucho que ver la transformación a la que se ha sometido al sistema fiscal, reduciendo su progresividad y su suficiencia. Los déficits públicos de hoy tienen su origen en la caída de los ingresos, caída que se debe, al menos en parte, a las dos reformas que los gobiernos de Aznar realizaron, cuyas consecuencias negativas quedaron ocultas en un principio por la burbuja, pero que aparecieron tan pronto como esta se pinchó.
No creo que ni González ni Aznar puedan dar lecciones de nada. Más bien tendrían que ponerse el sambenito y pedir perdón a la sociedad española porque ellos son culpables, quizá en mayor medida que los gobernantes posteriores, de la triste situación en la que España se encuentra.
[Juan Francisco Martín Seco es economista. Fuente: www.martinseco.es]
26/11/2013
Suzanne Goldenberg
Solo 90 compañías causaron dos tercios de las emisiones de calentamiento global producidas por el hombre
La crisis del clima del Siglo XXI ha sido causada en gran parte por solo 90 compañías, que entre ellas produjeron cerca de dos tercios de las emisiones de gases invernadero generadas desde el comienzo de la era industrial, como muestra una nueva investigación.
Las compañías varían desde firmas de propiedad de inversionistas —nombres muy conocidos como Chevron, Exxon y BP— hasta firmas de propiedad estatal y bajo dirección gubernamental.
El análisis, publicado por la revista Climatic Change, y bien acogido por el ex vicepresidente Al Gore como un “paso crucial hacia adelante” estableció que la vasta mayoría de las firmas estaban en el negocio de producir petróleo, gas o carbón. “Hay miles de productores de petróleo, gas y carbón en el mundo —dijo el climatólogo y autor Richard Heede en el Climate Accountability Institute en Colorado—. Pero los que toman las decisiones, los directores ejecutivos, o los ministros de carbón y petróleo si uno lo limitara a solo una persona, podrían ser transportados en un autobús Greyhound o dos.”
La mitad de las emisiones consideradas fueron producidas solo en los últimos 25 años, mucho más allá de la fecha en la que gobiernos y corporaciones se percataron de que las crecientes emisiones de gases invernadero de la quema de carbón y petróleo estaban causando un peligroso cambio del clima. Muchas de las mismas compañías también poseen sustanciales reservas de combustibles fósiles que —si son quemadas— ponen al mundo ante un riesgo cada vez mayor de un peligroso cambio climático.
Los expertos en el cambio climático dijeron que el conjunto de datos es el más ambicioso esfuerzo hecho hasta la fecha por responsabilizar a productores individuales de carbono, en lugar de los gobiernos. El panel de cambio climático de las Naciones Unidas, el IPCC, advirtió en septiembre de que al ritmo actual el mundo corre peligro de agotar dentro de 30 años su “presupuesto de carbono”, la cantidad de dióxido de carbono que podría emitir sin entrar en la zona de peligro sobre 2 ºC de calentamiento. El ex vicepresidente de EE.UU. y defensor del medio ambiente Al Gore dijo que la nueva contabilidad del carbono podría reajustar el debate sobre la responsabilización por la crisis climática.
Dirigentes reunidos en Varsovia esta semana para conversaciones de la ONU sobre el clima, se enfrentaron repetidamente por el tema de qué países tienen la responsabilidad de resolver la crisis climática (emisores históricos como EE.UU. o Europa o las economías ascendientes de India y China). Gore, en sus comentarios, dijo que el análisis subrayó que no era solo tarea de los gobiernos actuar respecto al cambio climático. “Este estudio es un paso crucial hacia nuestro entendimiento de la evolución de la crisis del clima. Los sectores públicos y privados por igual deben hacer lo necesario para detener el calentamiento global —dijo Gore a The Guardian—. Los que son históricamente responsables de la contaminación de nuestra atmósfera tienen una clara obligación de formar parte de la solución.”
Entre ellos, las 90 compañías en la lista de máximos emisores produjeron un 63% de las emisiones cumulativas globales de dióxido de carbono industrial y de metano entre 1751 y 2010, ascendiendo a unas 914 gigatoneladas de emisiones de CO2, según la investigación. Todas, con la excepción de siete de las 90 son compañías energéticas que producen petróleo, gas y carbón. Las siete restantes son fabricantes de cemento.
La lista de 90 compañías incluye a 50 firmas de propiedad de inversionistas, sobre todo compañías petroleras con nombres ampliamente reconocidos como Chevron, Exxon, BP, y Royal Dutch Shell y productores de carbón como British Coal Corp, Peabody Energy y BHP Billiton. Unas 31 de las compañías que componen la lista son compañías de propiedad estatal como Saudi Aramco de Arabia Saudí, Gazprom de Rusia y Statoil de Noruega. Nueve son industrias dirigidas por gobiernos, que producen sobre todo carbón en países como China, la antigua Unión Soviética, Corea del Norte y Polonia, la anfitriona de las conversaciones de esta semana.
Expertos familiarizados con la investigación de Heede y la política del cambio climático dijeron que esperan que el análisis ayude a romper el impase en las conversaciones climáticas internacionales. “Parecería como si esto podría romper la obstrucción —dijo Naomi Oreskes, profesora de historia de la ciencia en Harvard—. Hay todo tipo de países que han producido una cantidad tremenda de emisiones históricas de los que normalmente no hablamos. No hablamos normalmente de México o Polonia o Venezuela. Por lo tanto no se trata solo de rico contra pobre, es también productores contra consumidores, y ricos en recursos contra pobres en recursos.”
El climatólogo Michael Mann afirmó que espera que la lista conduzca a mayor escrutinio del uso de las compañías del petróleo y el carbón de sus reservas restantes. “Lo que pienso que sería un cambio radical en este caso es el potencial para una identificación clara de las fuentes de futuras emisiones —dijo—. Aumenta la rendición de cuentas por la quema de combustibles fósiles. No se puede quemar combustibles fósiles sin que el resto del mundo lo sepa.”
Otros se mostraron menos optimistas sobre que llevar las cuentas de manera más exhaustiva de las fuentes de emisiones de gases invernadero facilitaría el logro de la reducción de emisiones requerida para evitar un catastrófico cambio climático. John Ashton, quien sirvió como negociador jefe del cambio climático del Reino Unido durante seis años, sugirió que los resultados reafirman el papel central en la economía de las entidades productoras de combustibles fósiles. “El desafío que enfrentamos es pasar en el espacio de no mucho más que una generación de un sistema de energía intensivo en carbono a un sistema energético neutral en carbono. Si no lo hacemos no tendremos ninguna probabilidad de mantener el cambio climático dentro del umbral de los 2 ºC —dijo Ashton—. Al destacar la manera en la cual una cantidad relativamente pequeña de grandes compañías se encuentran al centro del actual modelo de crecimiento intensivo en carbono, este informe destaca ese desafío fundamental.”
Mientras tanto, Oreskes, quien ha escrito extensivamente sobre la negación del clima financiada por las corporaciones, señaló que varias de las principales compañías en la lista han financiado el movimiento de cambio climático: “Para mí una de las cosas más interesantes en las que hay que pensar es la coincidencia de productores en gran escala y del financiamiento de campañas de desinformación, y cómo eso ha retrasado la acción”, dijo.
Los datos representan ocho años de exhaustiva investigación de emisiones de carbono con el transcurrir del tiempo, así como la historia de propiedad de los principales emisores. Las operaciones de las compañías cubren el globo, con sedes de las compañías en 43 países diferentes. “Esas entidades extraen recursos de cada provincia con petróleo, gas natural y carbón en el mundo, y procesan los combustibles para obtener productos comercializables que son vendidos a consumidores en cada nación de la Tierra”, escribe Heede en el documento.
Las mayores de las compañías de propiedad de inversionistas fueron responsables de una parte más grande de lo normal de las emisiones. Casi un 30% de las emisiones fueron producidas solo por las mayores 20 compañías, estableció la investigación. Según el cálculo de Heede, las compañías petroleras y productoras carbón dirigidas por el gobierno en la antigua Unión Soviética produjeron más emisiones de gas invernadero que ninguna otra entidad, algo menos de un 8,9% del total producido con el transcurrir del tiempo. China llega cerca, en segundo lugar, con sus entidades dirigidas por el gobierno que representan un 8,6% de las emisiones totales del globo. ChevronTexaco fue el principal emisor entre las compañías de propiedad de inversionistas, causando un 3,5% de las emisiones de gas invernadero hasta la fecha, y Exxon está bastante cerca con 3,2%. En tercer lugar, BP causó un 2,5% de las emisiones globales hasta la fecha.
El historial histórico de emisiones fue basado en el uso de registros públicos y datos del Centro de Información y Análisis de Dióxido de Carbono del departamento de energía de EE.UU., y tuvieron en cuenta las emisiones a todo lo largo de la cadena de producción y distribución. El centro estimó las emisiones industriales globales desde 1751 en 1.450 gigatoneladas.
[Suzanne Goldenberg es corresponsal medioambiental de The Guardian en EE.UU. Este artículo, publicado originalmente en The Guardian, ha sido traducido al castellano por Germán Leyens para Rebelión]
26/11/2013
Antoni Aguiló
¿Democracia sin partidos?
La democracia representativa como sistema de partidos competitivos en el poder se ha revelado completamente inútil para proteger y mejorar las condiciones de vida en términos de salud, educación, vivienda, trabajo y servicios públicos, lo que se ha traducido en la deslegitimación creciente del sistema de partidos debido a su complicidad con intereses económicos privados y a la adopción de políticas regresivas en lo político, social y ambiental.
Si algo tienen en común las actuales luchas por una democracia real es la reivindicación de nuevas formas de hacer política. Consignas coreadas masivamente en calles y plazas de todo el mundo, como “no nos representan”, “el pueblo unido avanza sin partido” o “no es democracia, es partidocracia” revelan un profundo malestar respecto a la democracia representativa y sus instituciones (Parlamentos, partidos, elecciones, etc.). Las primaveras árabes, Occupy Wall Street, el 15M, Que se Lixe a Troika en Portugal, el movimiento estudiantil chileno, Yo soy 132 en México y el Movimiento Passe Livre en Brasil son algunas de las expresiones más visibles de la búsqueda de formatos participativos más allá de la política liberal. No es casual que buena parte de sus activistas repudie la presencia de banderas partidarias o rechace la vía electoral como la principal y única forma de promover la transformación social.
Si valoran la democracia, los partidos no pueden permanecer al margen de las lecciones de la calle; de lo contrario, serán superados por formas de asociación democrática más directas y horizontales. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, estas lecciones?
1) Ni apolítica ni antipolítica. Los movimientos por la democracia real no constituyen una forma de antipolítica ni una modalidad de apoliticismo. Aunque su aparición está estrechamente vinculada a la crisis y sus efectos, no se trata de un fenómeno coyuntural o de corta duración, sino del despertar gradual de un letargo político para ajustar cuentas pendientes con la democracia y el capitalismo. La crisis provoca pobreza y desigualdad, pero también genera luchas y radicalidad. La política surgida en las calles expresa la heterogeneidad de formas de lucha apartidarias que albergan la esperanza de un nuevo contrato democrático en sintonía con las necesidades y aspiraciones de la mayoría. Se trata, en este sentido, de luchas por la reinvención de la democracia.
2) Contra la democracia desrepresentativa. Las luchas por la democracia real cuestionan la inercia de los partidos predominantes, que con la globalización neoliberal han abandonado dos de sus funciones principales (la representación política ciudadana y la transmisión de valores cívicos y democráticos) para convertirse en meros carteles electorales del capitalismo. Para reproducir sus condiciones de dominación, el neoliberalismo captó a políticos y se infiltró en sus partidos para que gobernasen a favor de sus intereses particulares. Para ello fue necesario vaciar la representación político-electoral de todo contenido social utilizando los medios de comunicación como instrumento de manipulación, además de sobornos, favores, donaciones ilegales, pactos ocultos, comisiones y otras formas de corrupción. Se formó así una clase política privilegiada compuesta, en palabras de Marx, por “cuadrillas de especuladores políticos que alternativamente se posesionan del poder estatal y lo explotan por los medios y para los fines más corrompidos”, convirtiendo los Parlamentos en comités de empresa donde la representación política es un servicio al alcance de quienes tienen medios para pagarlo; una clase que vive a costa de una democracia plutocrática globalizada, sin participación social, de sujetos apáticos e individualistas, represiva, desposesora de derechos, sin redistribución social, anclada en el discurso de la falta de alternativas, supeditada al mercado y saturada de corrupción.
3) Uso contrahegemónico de la democracia representativa. Las actuales luchas por la democracia tienen que aprender a utilizar los instrumentos dominantes de manera alternativa y liberadora, como plantea Boaventura Santos. Entre ellos se encuentra la democracia representativa. Hacer un uso contrahegemónico de la democracia representativa significa rescatar las potencialidades de la representación para ponerla al servicio de la emancipación social y del gobierno popular; consiste en luchar por otras formas y prácticas representativas que primen el componente democrático sobre el carácter elitista y mercantilista de la representación (neo)liberal. ¿Pero qué otras formas de representación? Una cosa parece cierta: la gente quiere modelos de organización y participación diferentes. Las nuevas formas de representación pasan por la complementariedad y la articulación entre diferentes formatos organizativos. Si aceptamos el ejercicio de la representación mediante una estructura parlamentaria, ¿por qué los partidos ostentan el monopolio de la representación?, ¿por qué no pueden postularse a cargos electivos candidatos de movimientos sociales? Los partidos por la democracia real tienen que ser partidos de retaguardia que acompañen a los movimientos sociales y aprendan con las nuevas experiencias de participación. ¿Y qué otras prácticas representativas? Prácticas silenciadas por la versión dominante de la democracia representativa, como el mandato imperativo, la rendición de cuentas, la transparencia de los procedimientos, la revocabilidad de los cargos públicos o la rotación de cargos y funciones.
4) Complementariedad democrática. La democracia representativa es insuficiente para avanzar hacia democracias reales. La construcción de democracias más sólidas tiene que combinar la democracia representativa con elementos de democracia participativa que incorporen mecanismos de consulta popular, deliberación vinculante y poder de veto ciudadano, como preveía el malogrado proyecto constitucional islandés. La participación social mediante referéndums, plebiscitos, presupuestos participativos y acceso real a la presentación de iniciativas legislativas populares va en esta línea. Pero no basta. También es necesario fortalecer la diversidad democrática, reconociendo como legítimas las tradiciones de democracia horizontal y participativa existentes fuera de los Parlamentos, como el asamblearismo, el anarquismo, el consejismo, el cooperativismo, etc.
5) La lucha por la democracia real debe comenzar en el interior de los partidos y movimientos que la defienden. La falta de democracia interna, los personalismos, el seguidismo militante, el inmovilismo de las cúpulas, el arribismo y la escasa autocrítica, entre otros vicios, deslegitiman a los partidos como agentes de democracia. La regeneración y dignificación de la participación social en la política pasa por la democratización de los partidos.
En un tiempo en que la democracia corre el riesgo de convertirse en un objeto arqueológico, se impone como necesidad la resignificación de la política y del ejercicio democrático en clave social y participativa. Los partidos políticos con vocación democrática pueden jugar un papel relevante en este desafío, siempre que se comprometan con lucha por la democracia real, se coloquen del lado de la indignación generalizada de la población y hagan converger la democracia de las calles y plazas públicas con la vida institucional y partidaria.
[Antoni Aguiló es filósofo político y profesor del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra. Fuente: Público.es]
3/11/2013
Carlos Hugo Preciado Domènech
Dret a decidir? Així no, gràcies
En l'actual context econòmic, social i polític català l'anomenat "dret a decidir" ha cobrat un protagonisme gairebé monogràfic en els mitjans de comunicació, les tertúlies, i el debat ciutadà.
Hom està d'acord en que el poble té dret a decidir. Un consens semblant s'obtindria si hom pretengués organitzar un referèndum sobre el dret a la llibertat, sobre el dret a la igualtat o, fins i tot sobre la justícia social. Molt poca gent assenyada s´hi podria oposar amb arguments sòlids; precisament per que el dret a decidir, la llibertat, la igualtat o la fraternitat o justícia social son tots valors o axiomes de general acceptació a la nostra societat, que formen part de la genètica de la convivència tal i com avui l'entenem i que, per tant, llevat de rars supòsits, tothom assumeix com a valors propis.
La qüestió canviaria radicalment si passéssim a concretar què és allò que hem de decidir, què tenim llibertat de fer, en què som iguals i fins a on arriba la solidaritat. Probablement si la decisió comportés crear una frontera i sortir d'Europa, la llibertat fos de prohibir la entrada als que vinguessin de la resta de la península sense un visat, la igualtat fos només respecte els catalans i no respecte la resta dels europeus, i la solidaritat es limités al sí de les nostres fronteres, el consens inicialment aconseguit s'esvairia, tant més conforme més es precisés el valor inicial (decisió, llibertat, igualtat, fraternitat) en decisions concretes.
Malauradament allò que contemplem als mitjans no fa sinó confirmar el raonament que acabem de fer: La deliberada inconcreció de la qüestió a decidir i de les seves conseqüències pretén empènyer als ciutadans a decidir quelcom sense contingut concret, perquè després siguin uns altres els que concretin allò que hem decidit. Tot comença i s'acaba en una votació, sense que ningú ens expliqui què passarà l'endemà. "Ara toca decidir, i desprès ja us direm què és allò que heu decidit i les seves conseqüències."
Per aquesta raó quan algú es pregunta ¿què hem de decidir?, ¿qui ha de decidir?, ¿com s'ha de decidir?, ¿quan s'hauria de decidir?, ¿per què hem de decidir?, o qüestions com ¿qui pagarà les pensions?, ¿ens mantindrem a la UE?, ¿haurem de creuar una frontera amb passaport per anar a València o a l'Aragó?, ¿quin tipus d'estat serà aquest futur estat català?, ¿hauran d'obtenir permís de treball a Catalunya els que vulguin mantenir la nacionalitat espanyola?.... els desacords i les discussions brollen sense aturador, com és lògic, perquè de decidir en general a decidir en concret n'hi ha un bon tros, que molts no estan interessats en recórrer, al menys fins que no s'hagi produït la anhelada decisió.
Així, al poble se li demana "fe" i ha de deixar-se de "raons", doncs les raons que poden condicionar les decisions individuals no són altre cosa que "pors". Dinàmiques maniquees d'aquest tipus que fan impossible de situar-se fora del binomi unionistes/independentistes són formes de manipulació social que pretenen l'etiquetatge de la població per definir fronts, mesurar forces i traçar estratègies que serveixen a unes elits polítiques en plena crisi de credibilitat, però que no contribueixen a convèncer a molta gent raonable que veu sense resposta preguntes essencials sobre la seva vida i el seu futur.
Davant d'aquesta situació de crisi de la raó, tractarem de fer un anàlisi desapassionat i raonable de les qüestions que es plantegen a l'entorn del dret a decidir i conclourem que aquest dret, tal i com s'està desenvolupant, no és pas un exercici de democràcia, sinó més aviat tot el contrari.
Què hem de decidir?
Es diu que hem de decidir tenir un Estat propi, diferent de la resta d'Espanya. I ho hem de fer "nosaltres", el poble català. Que el català es un poble o una nació ningú ho pot posar en dubte, però hauríem de precisar què és un poble o nació, atenent a les concepcions pròpies del Dret Internacional, doncs un Estat és, entre d'altres coses, un subjecte de Dret internacional.
L'actual concepte de poble al Dret internacional fusiona la concepció alemanya o objectiva, segons la qual el poble es delimita per un territori geogràfic, una llengua, una cultura, unes tradicions, unes costums, una història i consciència nacional comunes; amb la concepció francesa o subjectiva, que delimita el poble per la voluntat de viure en comú.
Partint d'aquest concepte, tenir un Estat propi és un dels continguts possibles del dret d'autodeterminació dels pobles, que es defineix com un dret humà fonamental (arts. 1.2 i art. 55 Carta ONU i art. 1 PIDCCPP de 16 de desembre de 1966) i es recull tant a la Resolució 1514 (XV Assemblea), sobre la concessió de la independència als països i pobles colonials com a un dret de tot poble (no només els colonitzats), com a la Resolució 2625 (XXV Assemblea) sobre els principis de dret internacional referits a les relacions d'amistat i a la cooperació entre els Estats que consagra el principi de la igualtat de drets i de la lliure determinació dels pobles.
Des d’aquesta òptica la primera qüestió que sorgeix és: el poble català rau només a la Comunitat Autònoma de Catalunya o més aviat abasta tots els territoris de llengua catalana: Rosselló, Comunitat Valenciana, Illes Balears...? Si la resposta és aquesta, la decisió de tenir un Estat propi, com a poble, no li correspondria només a l'actual Comunitat Autònoma catalana, doncs aquesta es només una part —car que important— del poble català. Per tant, identificar poble català amb Comunitat Autònoma de Catalunya és un exercici de reduccionisme que no podria —des de l’òptica internacional— significar que qualsevol decisió pressa només a Catalunya com a Comunitat Autònoma fos una decisió del poble català com a tal en exercici del seu dret a l'autodeterminació.
En efecte, el dret d'autodeterminació, conforme a l'esmentada Resolució 2625, comprèn: l'establiment d'un Estat sobirà i independent, la lliure associació o integració en un Estat independent o l'adquisició de qualsevol altre condició política lliurement decidida per un poble.
Arribats en aquest punt, cal dir que el dret d'autodeterminació ve limitat en la pròpia Resolució 2625 de l'ONU, en el sentit de que aquest dret no autoritza o fomenta cap acció encaminada a trencar o menyscabar, total o parcialment, la integritat territorial d'Estats sobirans o independents que es comportin de conformitat amb el principi d'igualtat de drets i de la lliure determinació dels pobles i que estiguin dotats d'un govern que representi a la totalitat del poble pertanyent al territori sense distinció per motius de raça, credo o color. Per tant, els Estats sobirans que exerceixin el poder amb legitimitat es beneficien de la clàusula de protecció de la seva integritat territorial front al dret d'autodeterminació del pobles que integrin l'Estat.
A més, el dret d'autodeterminació pot ser extern (secessió, fusió amb un altre Estat...) o intern (adquisició de condició política: autonomia, estat federat, regió, etc. En aquest sentit el dret d'autodeterminació va ésser exercit pel poble català al 1978 quan va decidir adquirir la condició política de Comunitat Autònoma a dintre d'un Estat. La llibertat d'aquesta decisió no creiem que es pugui qüestionar a hores d'ara, malgrat que es venia d'una cruenta dictadura i òbviament això era un fort condicionant. En aquest sentit, es podrà qüestionar la seva oportunitat o el seu encert, però no la llibertat amb què es va prendre, doncs precisament a Catalunya és on va obtenir un recolzament més ampli. Val a dir que només a Barcelona van votar a favor de la CE 2.095.467 persones i en contra només 109.530.
Si ara el poble català vol tornar a exercir com a poble el dret a l'autodeterminació hauria de ser tot ell, i no només la Comunitat Autònoma catalana; però, a més a més, aquest exercici, conforme a l'esmentada Resolució 2625, no podria trencar la integritat territorial del Estat espanyol, llevat que es sostingui que l'Estat espanyol no es comporta de conformitat amb el principi d'igualtat de drets i de la lliure determinació dels pobles, quan, precisament en el seu origen a 1978 hi ha una decisió sobirana dels pobles català, gallec, basc i espanyol de constituir-se en un únic Estat.
D'altra banda, difícilment es pot dir que l'Estat espanyol no representa a la totalitat del poble espanyol, doncs hi ha —amb totes les imperfeccions que es vulguin— un sistema electoral amb representació política (Congrés) i territorial (Senat) i, no ho oblidem, les Comunitats Autònomes són Estat. Més difícil encara seria afirmar que el govern espanyol —en relació al poble català— governa distingint entre els ciutadans per motius de raça, credo o color. A més, el sistema polític espanyol compta amb mecanismes de reforma total de la pròpia Constitució, tot i que amb la rigidesa pròpia d'aquests supòsits (art. 168 CE), per la qual cosa difícilment es pot sostenir que el poble (català, basc, gallec, etc.) no pugui exercir el seu dret d'autodeterminació, per bé que s'exigeixin unes majories especialment reforçades, com és lògic si es pretén una mínima estabilitat i continuïtat de la nova forma política que pogués sortir de la reforma, majories molt semblants a les que s'exigeixen per la reforma de l'actual Estatut d'autonomia (vegeu arts. 222 i 223 EAC i art. 168 CE).
Aquestes reflexions no suposen que allò que no es legal no sigui legítim, sinó que si es volen constituir nous marcs de legalitat, la legitimitat ha d'estar ben fonamentada i, la identitat, la pàtria i la mera voluntat, quan perden de vista la realitat objectiva de que el fenomen que coneixem com poble català va més enllà de la actual Comunitat autònoma de Catalunya i que el dret a decidir ja es pot exercir per vies constitucionals, perden també la legitimitat en la decisió que es pretén adoptar.
A més a més, crida l'atenció que la consulta es vulgui fer en termes binaris (sí/no) sobre una qüestió concreta, quan les estadístiques que es fan anar pel propi Govern de la Generalitat evidencien que hi ha un 25 % de la població que no vol que la consulta es dugui a terme o bé li es indiferent [1]. Amb aquestes dades, es raonable afirmar que el plantejament binari de la qüestió, excloent altes possibilitats, obligarà a un 25% de ciutadans a pronunciar-se sobre dos opcions que no comparteix o no li interessen. A més, pot haver-hi ciutadans que vulguin la independència si i només si es fa d'acord amb la Constitució, de forma que no es pot excloure aquesta qüestió de la consulta, com s'ha proposat [2], doncs això no li mancaria claredat, sinó que aclariria a què està disposat el votant, donades les conseqüències que una consulta il·legal podrien comportar per la població catalana.
Per concloure, plantejar la pregunta en termes binaris del tipus: "¿vol que Catalunya esdevingui Estat independent?" exclou de l'àmbit de decisió altres opcions, que la propaganda oficial anomena "terceres vies", i que poden ser per molta gent la primera, la segona o la única opció. Per exemple: estat independent, estat lliure associat, estat confederat, estat federat, comunitat autònoma, regió. És evident que tota opció que no entri dintre de l'escenari binari (independència sí/no) és força molesta pels que estan impulsant l'autoanomenat procés de transició nacional.
Conclusions
Els ciutadans de la Comunitat Autònoma de Catalunya podem ser consultats sobre la nostre opinió, però no podem decidir per tot el poble català, sense comptar amb tots els seus integrants, el fet de constituir un nou Estat independent, doncs l'únic titular del dret d'autodeterminació a nivell internacional és el poble, i no una part d'ell.
Havent-hi vies constitucionals d'accés al dret d'autodeterminació no son admissibles vies alienes a la de la reforma constitucional, doncs això pugnaria amb la resolució 2625 de l'Assemblea General de la ONU, que diu que el dret d'autodeterminació no autoritza o fomenta cap acció encaminada a trencar o menyscabar, total o parcialment la integritat territorial d'Estats sobirans o independents que es comportin de conformitat amb el principi d'igualtat de drets i de la lliure determinació dels pobles i que estiguin dotats d'un govern que representi a la totalitat del poble pertanyent al territori sense distinció per motius de raça, credo o color.
El fet de plantejar la consulta en termes binaris exclou pel cap baix un 25% de la població, que hi està en contra o no li interessa la decisió en aquests termes i simplifica la qüestió barrejant a aquells que voldrien un Estat independent accedint-hi per la via legal o els que voldrien accedir-hi per altres vies.
El fet de plantejar la consulta en termes binaris exclou o desvalora opcions com la confederació, la federació, la lliure associació o el manteniment com a Comunitat Autònoma o fins i tot la reducció d'autonomia, de forma que la consulta plantejada en aquest termes (si/no) a qui interessa és als que volen un estat independent, però no als que volen un canvi de forma política que no impliqui la independència, doncs aquests últims només podran dir que no, i no es tindrà en compte, per tant, la seva legítima opció.
Qui ha de decidir?
Aquesta segona qüestió és tant o més important que el "què hem de decidir". En l'apartat anterior ja hem apuntat que si el que es vol decidir es l'autodeterminació d'un poble qui ho ha de fer es tot el poble, i no només una part com es pretén.
A banda d'aquest problema, el "qui" planteja altres qüestions igualment importants. En primer lloc, la suposada consulta sobre si es vol que Catalunya esdevingui Estat independent es planteja fer amb criteris exclusivament quantitatius (una persona un vot), que no tenen en compte la distribució demogràfica al territori, per la qual cosa resulta obvi que qui decidirà el futur de la totalitat del territori serà la Província de Barcelona, que compta amb 5.536.152 habitants, en contrast amb Girona: 760.516; Lleida: 440.526; i Tarragona: 809.328 habitants [3]. Si aquest desequilibri demogràfic no es pondera o corregeix exigint una majoria suficient a cadascun dels territoris, siguin municipis, comarques o províncies, el resultat de la votació seria poc representatiu de la voluntat de la majoria dels territoris. Per exemple: 2/3 dels municipis de la província o comarca que representin 2/3 de la seva població seria una bona solució. Entendre el contrari podria comportar que per la voluntat de Barcelona i en contra de la unanimitat de les altres províncies, comarques o municipis, aquests/es es veiessin empesos a una secessió contrària a la seva voluntat. Seria paradoxal que per assolir l'actual estatus autonòmic s'exigís majoria del cens a cada territori (província) i per assolir la independència no s'exigís res més que la regla una persona un vot, amagant la decisió dels territoris (vid. art. 151 i 152 CE), que d'aquesta manera no tindrien "dret a decidir".
Un segon problema és si els ciutadans de la resta d'Espanya tenen o no dret a decidir o al menys a opinar sobre què part del territori d'Espanya es segregui, amb les conseqüències econòmiques, polítiques i socials que això implica. No sembla pas molt democràtic obviar tot pronunciament de qui, a hores d'ara, té interessos importants a Catalunya, tant d'ordre personal, com econòmic o social. Menys encara si tenim en compte que a 1978 els ciutadans/es de Catalunya van decidir integrar-se en el poble espanyol com a ens polític sobirà, de forma aclaparadorament majoritària. Si el que es vol realment és atendre a criteris participatius, cívics, representatius i democràtics [4], s'hauria de donar la oportunitat d'opinar sobre aquesta qüestió a la resta d'Espanya; a banda del pes que aquesta opinió pugui o no tenir en el resultat final.
La predelimitació de l'àmbit personal de la consulta a on previsiblement es pot donar una victòria pot ser una estratègia política vàlida, però no es pot qualificar de mínimament democràtic un procés que es desentén de paràmetres tan importants com la densitat demogràfica als territoris o la consulta a tots els individus afectats directament per la decisió.
Una última qüestió que planteja el "qui" és el tema de la majoria suficient. ¿De quina es tracta? En situar-nos fora de les vies constitucionals aquest és un tema que resta en mans d'uns poders constituïts que no tenen legitimitat suficient per decidir-ho.
A banda d'això, el més raonable no pot ser afirmar que una majoria simple, doncs seria fàcilment variable i una decisió d'aquesta magnitud ha de tenir un recolzament social important. Això exigiria un quòrum de participació mínima (vora un 70% dels electors), doncs no es pot presumir que els qui no votin estan d'acord amb el resultat, sigui quin sigui, sobre tot si es planteja un dilema en termes binaris, com hem dit. A més d'aquest quòrum, s'hauria d'exigir una majoria suficient per garantir una estabilitat. 2/3 o 3/5 dels que votessin, per tal de canviar la situació actual.
Conclusions
El dret a l'autodeterminació és de titularitat dels pobles. Una part d'un poble no pot decidir per tot ell.
Un poder constituït, com la Generalitat de Catalunya, no té legitimitat democràtica per decidir quina es la majoria suficient, fora de la Constitució, per acordar una secessió del territori de la Comunitat Autònoma catalana.
Els resultats d'una hipotètica votació, per tenir una mínima qualitat democràtica relacionada amb els territoris afectats, haurien de ser referits i ponderats per territoris (províncies, comarques, municipis...), exigint majories sòlides a cadascun. El contrari suposa posar en mans dels ciutadans de Barcelona el destí de tot el territori català.
Els ciutadans espanyols haurien de poder opinar sobre una qüestió que els afecta directament, si és que es vol parlar d'un procés realment democràtic.
S'hauria d'exigir un quòrum mínim de participació (70%) i una majoria suficient (2/3, 3/5...) per adoptar una decisió d'aquesta mena i, en qualsevol cas, s'hauria de dur a terme d'acord amb l'art. 168 de la CE.
Com s'ha de decidir?
El dret a decidir no és qualificable com a democràtic si no el precedeix una informació complerta, veraç i exhaustiva sobre les conseqüències de cadascuna de les opcions i la mesura en que aquestes afectarien a drets tant bàsics com les pensions, prestacions socials, infraestructures, relació amb Espanya i la resta de països de la UE, model d'estat que es proposa, i un llarg etcètera.
Des de les institucions catalanes s'estan llançant missatges altament equívocs a la ciutadania, com per exemple amb el tema de la permanència a la UE, quan vàries institucions comunitàries i els propis Tractats constitutius de la UE deixant clar que una secessió de Catalunya la deixaria fora d'Europa, amb tot el que això comportaria a curt i mitjà termini en la vida diària i en els drets dels ciutadans. No sembla que aquesta variable (pertànyer a la UE o sortir-ne) hagi de formar part del contingut de la pregunta que es vol fer a la ciutadania, la qual cosa és molt preocupant. Més preocupant encara és que als qui es fan aquestes qüestions en públic se'ls titlli reiteradament d'atiar el discurs de la por. Igual que el sortir o no de la UE, hi ha multitud de qüestions en les que no s’està donant un mínim de informació exigible des dels més elementals postulats democràtics: finançament del nou estat, pagament del deute heretat, moneda, forma política.... És evident que tota opció que no entri dintre de l'escenari binari (independència sí/no) és força molesta pels que estan impulsant l'autoanomenat procés de transició nacional. ¿Es això voler escoltar al poble, o només es vol escoltar allò que es vol sentir?
Voler decidir informadament no és tenir por, és exercir el dret a decidir amb autèntica llibertat. Una decisió no informada mai pot ser una decisió lliure, sinó un exercici de fe. Des de la propaganda oficial no es vol informar, es vol que es decideixi independència sí, independència no. Foragitar de la decisió elements importants en la ponderació de la resposta es exigir fe per sobre de raó; quelcom que pot convenir als creients o als patriotes, però no a la gent que es guia per criteris de raó o seny.
Per què hem de decidir?
A part dels arguments de caire històric, identitari o d'exaltació nacional, els greuges econòmics són els arguments que es fan anar per fonamentar el dret a decidir.
Catalunya és terra d'acollida, de fraternitat i de tolerància, i ho ha sigut secularment. No sembla gens responsable que arguments de caire passional o identitari es vulguin imposar sobre d'altres com la raó, la convivència i la necessitat de dialogar; quelcom que des de l'exercici responsable dels que ostenten els poders públics s'hauria de promoure.
Es paradoxal que molta part dels problemes de caire social que avui pateixen els ciutadans i ciutadanes catalans vinguin d'unes polítiques neoliberals europees que ningú sembla qüestionar. Ningú demana el dret a decidir sobre la sobirania social, sobre el dret d'un poble a disposar dels seus recursos i a no ser espoliat per tapar els desmans dels mercats financers, que cinc anys després de la crisi segueixen estant igual de desregulats. S'arreglaran aquests problemes aixecant un altre frontera? Serà positiu pel poble català separar els territoris on es parla el català per una nova frontera?
Aquest silenci sobre la sobirania social es lògic, doncs la pàtria per la pàtria uneix als patriotes d'esquerres (si això no és un oxímoron) i els de dretes, però la pàtria com a mitjà d'emancipació de les classes desafavorides exclou del consens "transversal" a la gent d'esquerres, que prioritzen el discurs social per sobre del nacional.
En aquesta situació de greu crisi social el perquè hem de decidir no es pot limitar a un "perquè sí, perquè hi tenim dret", sinó que ha de cercar quelcom de solidaritat i responsabilitat social en el raonament. Arguments de caire identitari i d'exaltació nacional no poden seguir brandint-se per enfrontar gent que conviu pacíficament, ni pel govern espanyol ni pel govern català, doncs s'estan promovent desconfiances, rancúnies i ressentiments entre la ciutadania, la qual cosa unida a la greu situació de crisi social pot desembocar fàcilment en extremismes de tots els signes que facin perillar la convivència, com és ben palès als països del nostre entorn i a Espanya, on estan començant a ressorgir moviments d'ultradreta, basats en la exaltació nacional i la intolerància.
Finalment, la Constitució ha proporcionat un marc convivencial que ha donat al poble català un grau d'autonomia i llibertat molt superior al tingut durant segles, fins i tot superior al que es tenia abans del 1714, per la qual cosa valdria la pena d'intentar millorar aquest marc convivencial i no trencar-lo. Decidir és un dret de tota persona i de tot poble, però la decisió ha de poder-se adoptar informadament, ponderant els pros i els contres des de la raó i des de la voluntat de conviure i millorar la situació social i no des de l'identitarisme, la rauxa, el ressentiment o l'odi.
Per tot això, val a concloure que en qualsevol procés constituent s'han de respectar uns paràmetres bàsics perquè se'l pugui qualificar de democràtic, i en aquest moment el procés sobre el dret a decidir que s'està duent a terme a Catalunya té un dèficit democràtic quelcom més que preocupant.
Notes
[1] Informe del Consell Assessor de la Transició nacional, p. 30. http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/07/25/21/43/63684651-2219-42c3-bc5c c1d8ce06fe65.pdf
[2] Informe del Consell Assessor de la Transició nacional, p. 86. http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/07/25/21/43/63684651-2219-42c3-bc5c c1d8ce06fe65.pdf
[3] http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=245&lang=es
[4] Arguments legitimadors de la consulta el·laborats pel "Consell assessor per a la transició nacional".
[Carlos Hugo Preciado és magistrat especialista en l'ordre social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i professor associat de Dret Penal de la Universitat Rovira i Virgili. Font: El Periódico de Catalunya]
19/11/2013
Samuel Farber
El programa de Raúl Castro y sus contradicciones
I. Introducción
Raúl Castro ha implementado un gran número de cambios que han abarcado muchas facetas de la sociedad cubana. En el ámbito político, dichos cambios comparten ciertas características: una liberalización política (y cultural) significativa y muy bienvenida, pero sin democratización alguna; y la flexibilización de reglas administrativas y concesiones a las demandas populares, pero sin el reconocimiento de derechos ciudadanos independientes de la discreción del gobierno.
La nueva reforma migratoria, que tomó efecto en enero del 2013, es un ejemplo de una liberalización significativa que ignora el derecho de los ciudadanos de entrar y salir del país cuando lo consideren conveniente. Por un lado, ya no se les confiscan los bienes a los emigrados y no es necesario el permiso especial para salir del país. Bajo las nuevas reglas, basta con presentar un pasaporte vigente y el visado del país de destino para viajar al exterior. Pero, por el otro lado, los ciudadanos cubanos no tienen derecho al pasaporte. El artículo 23 del Decreto-Ley No. 302 del 16 de octubre del 2012 que estableció la reforma migratoria, explícitamente menciona que el gobierno puede negar el pasaporte a los ciudadanos que caigan en ciertas categorias, entre las que está la de cubanos contra quienes esté pendiente alguna “medida de seguridad”, la de cubanos para los cuales “razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen”, y la de los solicitantes que carezcan “de la autorización establecida, en virtud de las normas dirigidas a preservar las fuerzas de trabajo calificada para el desarrollo económico y social y científico-técnico del país, así como para la seguridad y protección de la información oficial.” Al mismo tiempo, el artículo 24.1 prohibe la entrada al país de varios tipos de personas, incluyendo a aquellas que hayan estado involucradas en “organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano” o “cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen”. O sea que el gobierno cubano puede legalmente negar la entrada a la isla a cualquier cubano residente en el exterior que esté opuesto al régimen. Si bien la reforma extendió a 24 meses la permanencia legal en el exterior de los ciudadanos cubanos que viajan por asuntos particulares [1], los obliga a obtener el permiso del gobierno cubano para legalizar dicha estancia. De otra manera, serán considerados legalmente como “emigrados”, lo que implica, por ejemplo, la pérdida de sus pensiones. Los cubanos que hayan obtenido permiso del gobierno para residir en el exterior solamente pueden quedarse en Cuba 180 días cuando visiten la isla (90 días en el caso de aquellos legalmente considerados como “emigrados”). Por lo tanto, el nuevo reglamento, si bien liberaliza la política migratoria, de nuevo penaliza con pérdida de derechos a los que viajan al exterior, sean estos “emigrados” o no, e ignora por completo el principio democrático de que el derecho de libre movimiento reside en la ciudadanía y no en el Estado. Por otra parte, hay que reconocer que, hasta el momento, la ley se ha aplicado más liberalmente de lo que muchos, incluyendo este autor, esperábamos como, por ejemplo, es el caso de los médicos que ahora tienen muchas más posibilidades de viajar por cuenta propia. El gobierno también ha permitido que disidentes conocidos como Eliecer Dávila, Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, y especialmente Yoani Sánchez, a la cual se le había prohibido anteriormente salir del país en un sinnúmero de ocasiones, pudieran obtener sus respectivos pasaportes y viajar al exterior. Por otra parte, la disidente Gisela Delgado Sablón denunció que se le habia negado el permiso de salir del país con derecho a regresar porque su nombre aparecía en una “lista de personas que pertenecen a grupúsculos contrarrevolucionarios” [2].
Si bien la liberalización debida a estos y otros cambios que incluyen un mejor trato de los gays, ha sido significativa, no se puede decir lo mismo con respecto a la democratización del sistema político. Continuando con una tradición de más de cincuenta años, el gobierno de Raúl sigue pretendiendo que la manipulación desde arriba puede hacerse pasar por democracia. Así lo demostraron los preparativos y realización del VI Congreso del Partido Comunista Cubano de abril 2011. En anticipación al congreso, Raúl Castro hizo un llamamiento para una “discusión abierta” de tres meses, de diciembre 1, 2010 a febrero 28, 2011 sobre los Lineamientos iniciales propuestos por el PCC. Estas “discusiones” pretendieron ser democráticas, pero fueron organizadas de manera tal que negaron y subvertieron la esencia de la democracia. La prensa oficial tuvo el control exclusivo de qué y cómo reportar sobre lo que ocurría en las discusiones en las oficinas, fábricas y centros comunitarios del país. Los participantes en estas discusiones no tenían organización propia ni podían comunicarse y organizarse para apoyar sus demandas con los participantes en las discusiones en otros lugares. Como resultado, los que participaban en una discusión en un lugar determinado se enfrentaban como un grupo aislado a la organización a nivel nacional de los gobernantes, el PCC. Es significativo que del 15 al 30 de noviembre de 2010, el período inmediatamente anterior a la “discusión abierta”, el Partido organizó seminarios en todos los municipios para preparar a los cuadros que iban a participar en las reuniones con los miembros de base del partido, los trabajadores y comunidades [3]. Eso quiere decir que el Partido tenía cuadros entrenados que iban a estar presentes en cada discusión para “guiarla” y transmitir las “orientaciones” que venían de arriba. Está claro que este proceso de discusión no fue un debate democrático, sino un proceso comparable a los buzones de quejas y sugerencias de las empresas capitalistas que los gerentes usan para apaciguar a sus empleados y, a veces, para afinar la administración de la empresa.
Todo proceso auténtico de reforma democrática implica necesariamente la apertura de los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, en el proceso de Glasnost de Gorbachov hubo órganos de prensa muy críticos como Ogonyok y Argumenty I Fakty que circulaban ampliamente entre la población y no estaban restringidos a grupos relativamente pequeños. Pero en la Cuba actual, estos medios siguen controlados por el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista Cubano encabezado por Rolando Alfonso Borges. Es un número muy limitado de cubanos los que tienen acceso —a través del Internet, que tiene una penetración muy escasa en la isla, y a través de publicaciones católicas de limitada circulación como Espacio Laical— a puntos de vista que difieren significativamente de la línea gubernamental. La inmensa mayoría de la población en la isla depende de la prensa y televisión oficial para informarse de lo que sucede en Cuba y en el resto del mundo. Aparte de la pequeña concesión que permite a los cubanos acceso a Telesur, la estación patrocinada por el gobierno venezolano, no ha habido cambios o reformas significativas que hayan ampliado los puntos de vista transmitidos por los medios masivos de comunicación.
II. Carácter de los cambios y reformas económicas
Al asumir el mando del Estado cubano en el 2006, Raúl Castro se enfrentó con una situación económica crítica [4] que requería medidas drásticas, lo cual ha llevado al gobierno a dedicarse principalmente a tratar de revitalizar la economía. Pero ha cometido errores e impuesto trabas que en la práctica han socavado y hasta negado muchos de sus supuestos propósitos. Algunas de éstas, como no anticipar las medidas necesarias para complementar las nuevas reformas en el empleo, podrían atribuirse a la ineficiencia burocrática y son, por lo menos en principio, remediables. Pero hay trabas que tienen un origen más profundo y estructural y son fruto de contradicciones que provienen principalmente del temor de los jefes políticos y burocráticos a perder su poder, control y privilegios como resultado de una reorganización del orden existente.
Las reformas agrícolas, esenciales para la economía cubana para poder alimentar a una población que depende en gran parte de productos importados, son un ejemplo. Hasta noviembre del 2012, el gobierno había distribuido 1,5 millones de hectáreas (58% del total de tierras baldías del Estado), a 174.271 personas [5], la gran mayoría de las cuales no tenían experiencia alguna en la agricultura. De acuerdo al Decreto-Ley 300 de 2012, que reemplazó al Decreto-Ley 259 de 2008, se amplió la cantidad de tierras entregadas a los usufructuarios privados a 67,10 hectáreas o 5 caballerías [6]. El gobierno también permitió, después de haberlas prohibido, las “bienhechurías”, tales como la construcción y mejora de las viviendas campesinas [7], y se comprometió a compensar al campesino por éstas en caso que no se renovara el contrato de usufructo. Pero el gobierno no estuvo igualmente dispuesto a garantizar el derecho al usufructo más allá de diez años, aunque en principio éste puede renovarse periódicamente al final del contrato por otro período similar. En contraste con la política mucho más liberal adoptada en China y Vietnam, la ley que limita la duración del usufructo de la tierra obviamente desalienta el esfuerzo individual de los campesinos y campesinas y sus familias y la inversión de capital. Además, aunque más de la mitad de las tierras entregadas están cubiertas con marabú, un tipo de maleza común en Cuba, el gobierno no provee créditos para ayudar a erradicarla [8]. El usufructario también está obligado a vincularse a una de las varias “cooperativas” agrarias oficiales y a vender al Estado la mayor parte de su producción a precios establecidos por Acopio, la agencia estatal a cargo de dicha tarea. Aunque en China y Vietnam, como en Cuba, la propiedad de la tierra quedó en manos del Estado, los usufructuarios chinos y vietnamitas, a diferencia de los cubanos, deciden qué plantar, a quién vender y a fijar el precio [9].
Dadas estas limitaciones y dadas las dificultades que los campesinos privados afrontan para conseguir las herramientas e insumos básicos para limpiar, preparar y cultivar la tierra, así como para transportar y distribuir el excedente de sus cosechas [10], no es sorprendente que los resultados de la reforma agraria hayan sido mediocres. Los vaivenes recientes de la producción agrícola no cañera, que disminuyó 5% en 2010, aumentó 5% en 2011 y 1,7% en 2012, y decreció 7,8% en el primer trimeste de 2013 (en comparación con el primer trimestre de 2012), mientras que la ganadería decreció 4,3% en 2012 y aumentó 16,8% en el primer trimeste de 2013 (de nuevo en comparación con el primer trimestre de 2012), dejan a la producción agrícola cubana muy por debajo de la producción alcanzada en la inmensa mayoría de dichos productos en 1989 [11]. Mientras tanto, los precios de los productos agrícolas aumentaron un 20 por ciento en 2011, lo cual puede obedecer, en parte, al crecimiento de la demanda interna más allá de la oferta [12] así como al hecho de que Cuba importa 70% de los alimentos que consume, y está por lo tanto expuesta al aumento de precios en el mercado agrícola internacional.
III. ¿Por qué los cambios y reformas no han podido emular el modelo sino-vietnamita?
Desde ya hace un tiempo, el régimen de Raúl Castro ha mostrado una inclinación al modelo sino-vietnamita, en el sentido de crear un capitalismo de Estado que monopoliza el poder político a través del Partido Comunista, y que controla los sectores estratégicos de la economía como la banca, mientras comparte el control del resto de la economía con un sector capitalista privado tanto doméstico como extranjero. En el plano ideológico y político, Raúl Castro ha expresado su admiración por el modelo chino declarando, a la manera altermundista, que el éxito de China demuestra que “otro mundo es posible” [13]. Pero la implementación de dicho modelo se ha quedado a medias.
Cómo se explica esta situación? El propio Raúl Castro ha expresado en varias ocasiones su descontento con la lentitud de los cambios impulsados por su gobierno, atribuyendo la falta de progreso a “la barrera psicológica formada por la inercia, el inmovilismo, la simulación o doble moral, la indiferencia e insensibilidad y que estamos obligados a rebasar con constancia y firmeza” [14]. Si bien estas barreras psicológicas existen, es necesario identificar las raíces socio-estructurales y clasistas que las estimulan y reproducen. En ese sentido es, sobre todo, el sistema burocrático que rige la economía cubana que sistemáticamente reproduce irracionalidades e ineficiencias económicas [15], y fomenta actitudes que socavan el sentido de responsabilidad de grupos e individuos tanto entre los gerentes como entre los trabajadores. No cabe duda de que, por ejemplo, la alta burocracia es responsable de no haber anticipado la necesidad de medidas complementarias a la legalización del trabajo por cuenta propia en las ciudades, como la creación de un sistema de créditos y precios al por mayor. Aunque esto se trató de remediar más tarde, lo que no parece tener remedio bajo las contradicciones del gobierno de Raúl Castro son las limitaciones programáticas a las reformas, que sistemáticamente limitan su éxito, tanto en el caso de la legalización del cuentapropismo mismo como en el caso de la falta de seguridad e incentivos a los usufructuarios de tierras distribuidas por el Estado. Asimismo, es el control desde arriba del partido único, y la carencia de derechos ciudadanos, lo que estimula y reproduce la “doble moral”, ya que la gente dice una cosa en privado y otra en público para no meterse en problemas con las autoridades, lo que pudiera seriamente afectar, como mínimo, sus posibilidades educacionales y de trabajo.
El análisis estructural aquí propuesto sugiere que muchos líderes del gobierno temen, con razón, que un cambio más decidido en la dirección del modelo sino-vietnamita los haga perder su influencia sobre sectores de la burocracia y hasta sus propios empleos. Por ejemplo, cualquier cambio mayor en la administración de la agricultura cubana que pudiera poner en peligro a la estructura burocrática de Acopio, la agencia encargada de colectar los productos agrícolas producidos por los campesinos privados.
En este contexto, hay que tener en cuenta la tensa relación con los Estados Unidos, especialmente dado que, a diferencia del gobierno chino, que tenía relaciones favorables con su diáspora capitalista [16], el gobierno cubano todavía no se ha vinculado con los capitalistas cubano-norteamericanos (aunque algunos de estos últimos, tales como el grupo Cuba Study Group, dirigido por Carlos Saladrigas, han mostrado su interés en invertir en la isla una vez que el gobierno provea ciertas garantías legales para sus inversionistas).
Es en este contexto de atrincheramiento burocrático donde el modo de funcionar político de Raúl Castro juega un papel crítico, reforzando o rompiendo ese estancamiento. Aunque ha criticado a la burocracia en numerosas ocasiones, siempre lo ha hecho de manera general y abstracta y jamás se ha atrevido a violar el consenso burocrático para señalar individuos o sectores de la alta burocracia específicamente responsables por decisiones erróneas o fallidas y así “sacudir la mata” (expresión ampliamente usada en Cuba a principios de la revolución, cuando el objeto era eliminar del poder a aquellos que eran percibidos como opuestos a la radicalización del proceso y/o la influencia comunista). Las críticas específicas se han limitado a funcionarios menores y medianos a través de las columnas del periodista José Alejandro Rodríguez en Juventud Rebelde y en la sección de quejas que aparece semanalmente en el Granma. Aunque ese silencio ha sido una tendencia general en los sistemas de tipo comunista, es especialmente notable en el caso cubano. En contraste, el líder comunista soviético Yegor Ligachev retó públicamente a Gorbachev y lo mismo sucedió en China, donde divisiones públicas entre los líderes llegaron al grado extremo de las confrontaciones que ocurrieron durante la Revolución Cultural de los sesenta, y donde más tarde varios líderes comunistas abierta y públicamente resistieron a Deng y su proyecto económico.
Esa ansia de Raúl y del alto liderazgo por mantener el consenso burocrático explica que Fidel Castro, el gran micromanager de la economía cubana, no haya opinado absolutamente nada en sus “Reflexiones” sobre los cambios económicos promovidos por su hermano. El comportamiento de Fidel demuestra por lo menos un pacto implícito con Raúl, conforme al cual limita sus opiniones a aquellos temas, como política extranjera y el medio ambiente, donde no haya diferencias con su hermano. Hay que tener en cuenta que desde muy temprano, Fidel Castro demostró una gran afinidad por el monolitismo político [17], que Raúl y otros asociados cercanos compartieron. Esa inclinación castrista por el monolitismo fue probablemente reforzado por las consecuencias negativas de las divisiones que ellos presenciaron entre los líderes de países como Argelia y Grenada, con quienes tenían relaciones muy estrechas.
Es posible que la mentalidad de Raúl Castro como un ejecutivo empresarial que afirma la delegación de poderes, refuerce en él un afán de consenso, especialmente con “su gente”: aquellos ministros y funcionarios que sustituyeron a los que habían sido nombrados por Fidel. También hay que tener en cuenta que, como la gestión empresarial puede fracasar por muchas razones aparte de la dedicación y eficiencia de los gerentes, el enfoque de Raúl en delegar el poder y juzgar por resultados pudiera tener el efecto quizás no anticipado de proveerle mucho más poder, autonomía y seguridad a los cuadros del aparato burocrático que la que tenían bajo Fidel Castro. Estas características del estilo de ejecutivo empresarial con el que Raúl gobierna puede impedir la solución de muchos de los problemas antes mencionados y por lo tanto dificultar el éxito de cambios estructurales y hacer de Raúl Castro un “reformador truncado”, en contraste con líderes como Deng y Gorbachev que concretaron muchas de sus decisiones, aunque en el caso de Gorbachev estas hayan fracasado. Raúl Castro no es ni parece ser ni el equivalente cubano de Deng ni de Gorbachev.
El estilo de ejecutivo empresarial de Raúl también corre el riesgo de establecer en la isla lo que el historiador de la URSS Robert V. Daniels llamó la “burocracia participativa” que caracterizó la URSS de Leonid Brezhnev. Conforme a Daniels, la “burocracia participativa” significó que expertos y funcionarios al nivel local adquirieron, junto con otros miembros de la burocracia, un nivel significativo de seguridad e influencia, a costa del alto liderazgo, o que por lo menos la vulnerabilidad era mutua [18]. Esta “burocracia participativa” debe haber jugado un papel importante en convertir la era de Brezhnev (1964-1982) en la “era del estancamiento”.
IV. ¿Qué tipo de comunista es Raúl Castro?
Resulta paradójico que Raúl Castro se haya convertido en el “reformador” que “ablanda” la línea dura de Fidel. En los primeros años de la revolución era al revés: Raúl era el de la línea dura, y Fidel era el pragmático y hasta el conciliador. ¿Cambió Raúl Castro su ideología política? En realidad, ni Raúl cambió ni ha sido más o menos comunista que Fidel. Lo que pasa es que fue y sigue siendo un tipo de comunista diferente del que Fidel Castro eventualmente llegó a ser.
Es muy significativo el hecho de que Raúl, cinco años más joven que Fidel, se unió inicialmente a la Juventud Socialista (JS), el grupo juvenil del PSP (Partido Socialista Popular), los comunistas cubanos que seguían la línea política de Moscú. A diferencia de los grupos de acción político-gangsteril, y más tarde del Partido Ortodoxo —un partido demócrata populista opuesto al Comunismo— a los que Fidel se unió, la JS y el PSP eran organizaciones de cuadros disciplinados que cumplían fielmente las tareas asignadas por una organización verticalista, nada democrática y con tendencias marcadamente burocráticas, y nada caudillista. Aunque sectarios y dogmáticamente estalinistas, los comunistas cubanos eran también pragmáticos y oportunistas. El PSP/JS no compartía la tendencia a la violencia tan enraizada en el populismo revolucionario, lo cual no excluyó que estuvieran dispuestos a sacrificarse especialmente dadas las persecuciones de las que habían sido victimas desde el comienzo de la Guerra Fría a finales de los cuarenta.
Si bien Raúl Castro dejó atrás la disciplina organizacional de la JS/PSP, que era opuesta hasta 1957-58 a la lucha armada contra Batista, aún cuando se unió, en 1953, a su hermano Fidel en el ataque al Moncada, y estuvo con él en la cárcel y durante el exilio posterior en México, preservó sus ideas y orientaciones políticas. Antes de que la expedición del Granma saliera de México con rumbo a Cuba a fines de 1956, Raúl Castro preparó un testamento político no con su hermano Fidel, sino con otro expedicionario, Antonio López Fernández (mejor conocido como Ñico López, que murió más tarde cuando fue apresado y ejecutado por el ejército de Batista), cuya procedencia política era igual a la de Raúl. Dicho testamento abogaba por “un gobierno de Liberación Nacional como realmente lo interpreta el Partido de los obreros cubanos [una clara alusión al PSP y no al Movimiento 26 de Julio] y en un mañana no muy lejano, por ideas más avanzadas todavía en lo económico y social, en la forma gradual que requieran los procesos de los pueblos” [19]. Ya en la Sierra, Raúl Castro demostró sus inclinaciones y talentos organizativos, confirmando su “afinidad electiva” con el tipo de organización y disciplina férrea del JS/PSP cuando en marzo de 1958, salió con un grupo de rebeldes de la Sierra Maestra y estableció un nuevo frente de guerrillas, el II Frente Oriental Frank País. En ese Frente, Raúl estableció una organización más desarrollada y eficiente que la de Fidel Castro en la Sierra Maestra, con la creación de varios departamentos como los de Guerra, Sanidad, Justicia, Educación, Finanzas, Propaganda y Construcciones y Comunicaciones. También creó la Escuela Política José Martí, el Buró Agrario y el Buró Obrero, aunque estos tres últimos estuvieron subordinados a la Comandancia Central en la Sierra Maestra [20].
Continuando la orientación política que había manifestado en su testamento político escrito en el exilio mexicano, Raúl Castro se unió después de la victoria del 1° de enero de 1959 a Ernesto “Che” Guevara (cuyo rompimiento con Moscú comenzó a finales de 1960) y otros líderes revolucionarios afines al comunismo de tipo soviético, para encabezar, en 1959, la tendencia a la que mucha gente llamó de “los melones” (“verde por fuera, roja por dentro”) dentro del Movimiento 26 de Julio. Esta tendencia colaboró con el PSP para combatir no sólo a la derecha conservadora opuesta a la revolución, sino también a los liberales y a los revolucionarios anti-imperialistas independientes —David Salvador, Marcelo Fernández, y Carlos Franqui entre otros— que desde las filas revolucionarias se opusieron a un curso pro-comunista, mientras que Fidel Castro se mantenía por encima de dichas polémicas en esa época [21]. Es importante recordar que cuando Fidel Castro visitó los Estados Unidos en abril de 1959 y públicamente se distanció del comunismo, Raúl Castro se alarmó y lo llamó por teléfono para decirle que se estaba diciendo en Cuba que los yankis lo estaban seduciendo [22]. Conforme a documentos soviéticos desclasificados, Raúl Castro, durante un breve tiempo, pensó en crear un cisma en el Movimiento 26 de Julio para convencer a su hermano de que no podría gobernar sin los comunistas [23].
Como consecuencia de su política, Raúl Castro siguió una línea más dura que la de otros líderes revolucionarios. De hecho, cuando Fidel Castro nombró a Raúl como su sucesor, a finales de enero de 1959, parte de su propósito fue comunicar el mensaje político de que si lo asesinaban, el líder que vendría después sería aún más duro y radical que él. En las décadas que siguieron, numerosos ejemplos confirmaron la disposición de Raúl a jugar el papel del “duro”, desde 1968, cuando presentó el largo informe acusatorio contra la “microfacción” de viejos comunistas cubanos encabezados por Aníbal Escalante [24], hasta 1996, cuando encabezó el ataque contra el Centro de Estudios sobre América (CEA), un think-tank del Partido Comunista Cubano que había agrupado a un número significativo de los académicos e intelectuales cubanos más importantes, que estaban realizando una serie de estudios con un espíritu crítico y creador [25].
Mientras jugaba el rol del “duro” represivo, Raúl Castro siguió aportando su talento organizativo y pragmático, especialmente como Ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Después del colapso de la URSS, cuando la falta de recursos materiales forzó al gobierno cubano a reducir las fuerzas armadas de un total de 297.000 personas en 1991 a solamente 55.000 en 2005 [26], el ejército, bajo la dirección de Raúl, se dedicó a desarrollar sus actividades económicas, a través de la corporación económica GAESA y sus gerentes y técnicos, las que se convirtieron en las empresas más importantes en la isla. Anteriormente, en 1987, a pesar de que Cuba pasaba por el “Período de Rectificación” de corte guevarista, Raúl Castro comenzó a implantar su sistema de “Perfeccionamiento Empresarial” dentro de las empresas del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias [27] que él presidia. Con esto introdujo elementos de racionalidad económica, copiados del mundo capitalista, con respecto a la organización, disciplina y eficiencia.
V. Conclusión
El comunismo de Fidel Castro se caracterizó por un componente muy fuerte de “voluntarismo caudillista”. El comunismo de Ernesto “Che” Guevara fue aún más voluntarista que el de Fidel y también más ideológico, y lejos de ser caudillista, fue casi impersonal. El comunismo de Raúl Castro está muy influido por su formación temprana en el JS/PSP y su profunda “afinidad electiva” con el funcionamiento de esa organización como un órgano altamente disciplinado, nada democrático y frecuentemente represivo, y al mismo tiempo poco voluntarista y eminentemente pragmático. Pero Raúl Castro también tiene temor a la division, y su deseo de mantener el consenso burocrático perpetúa el atrincheramiento de la burocracia gubernamental, lo que obstaculiza la reorganización del sistema hacia el modelo sino-vietnamita que tanto le “gusta” a él.
Afortunadamente, el régimen de Raúl Castro ha extendido significativamente la liberalización cultural y hasta cierto grado, la liberalización política que ya había comenzado en los noventa bajo el impacto del desastre económico provocado por el colapso de la URSS. Queda por delante, ni más ni menos, la democratización económica y política de la sociedad cubana.
¿Que está ocurriendo en ese sentido? Por un lado, la Iglesia Católica, la única institución independiente de importancia, en su afán hegemónico, está auspiciando a un grupo de personas con “procedencias ideológicas disímiles” que proponen una larga serie de medidas democratizadoras para la sociedad cubana, que aunque bienvenidas no especifican ni la agencia de cambio, ni el sistema económico que debe reemplazar al sistema imperante en la isla [28]. Por el otro lado, cuando la Iglesia habla en nombre propio, su portavoz laico proclama abiertamente que hubiera querido que Raúl Castro reformara el PCC para “hacer transitar el país hacia un régimen bipartidista de oposición leal” y facilitar, entre otras metas “la inexorable inserción de Cuba —desde lógicas autóctonas— en las redes de producción de la economía mundial capitalista.” Pero como, según este portavoz, es demasiado tarde para que el liderazgo histórico de la revolución lleve a cabo esta tarea, se dirige a las Fuerzas Armadas (a las que caracteriza como la única otra institución aparte de la Iglesia Católica que va a continuar “incólume” por “doscientos años más”) y tácitamente las invita a entrar en un pacto político, indicando que “las Fuerzas Armadas, como la Iglesia Católica, tienen la responsabilidad patriótica y moral de velar y facilitar el mejor de los futuros posibles para Cuba.” Como de costumbre, ni este ni otros portavoz del catolicismo oficial cubano mencionan la movilización popular ni la creación de nuevas instituciones democráticas de base como agentes del cambio, y reiteran, una vez más, sus perspectivas desde arriba [29].
Una buena parte de la naciente izquierda crítica democrática, aunque con mucho menos peso político que la Iglesia, está proponiendo la autogestión obrera y campesina como la vía hacia la democratización de la sociedad cubana. La decisión reciente del gobierno de crear unas 230 cooperativas experimentales en varios sectores como el transporte, la gastronomía, y la construcción, han creado algunas expectativas entre estos partidarios de la autogestión. Es imposible predecir cómo se desarrollarán esas nuevas cooperativas, aunque si nos guiamos por la experiencia de las cooperativas agrícolas oficiales en Cuba, controladas desde arriba por el Estado, no hay por qué esperar mucho de las nuevas por lo menos en cuanto a la autogestión [30].
Además, aún dentro de la nueva izquierda crítica, las propuestas de autogestión tienden a subestimar, y hasta ignorar, la necesidad de un planeamiento a nivel nacional y que será el PCC quien monopolizará ese planeamiento a menos que se elimine su monopolio. La experiencia yugoslava del siglo pasado demostró que una auténtica autogestión a nivel local sólo puede funcionar cabalmente si hay planeamiento a nivel nacional y si éste es democrático, en vez de originarse en los dictados del binomio partido único/mercado. Después de todo, las decisiones con respecto a cuestiones vitales como la tasa de acumulación y consumo, política salarial, impuestos y prestaciones sociales afectan a toda la sociedad y economía y por lo tanto limitan significativamente lo que se puede decidir en cada centro de trabajo. Finalmente, hay que notar que la autogestión requiere una motivación e involucramiento por parte de sus integrantes. Es precisamente un movimiento demócratico, desde abajo, lo que puede generar en la gente la motivación para controlar democráticamente tanto su centro de trabajo como todo el país.
Notas
[1] “Actualiza Cuba su Política Migratoria,” Diario Granma, 16 de octubre de 2012, Año 16, Número 286. http://www.granma.co.cu/2912/10/16/nacional/artic11.html.
[2] Samuel Farber, “Flexibilización Sí, Movimiento Libre de Ciudadanos No,” Havana Times, octubre 22, 2012, http://www.havanatimes.org, Haroldo Dilla Alfonso, Inmigración. Del Anuncio a la implementación: ¿qué ha cambiado en la reforma migratoria? Cuba Encuentro, 18 de febrero de 2013, http://www.cubaencuentro.com Redacción CE, “Niegan la salida a Gisela Delgado”, Cubaencuentro, 8 de febrero de 2013, http://www.cubaencuentro.com.
[3] “El Sexto será un congreso de toda la militancia y de todo el pueblo”, Diario Granma 14, no. 314 (9 de noviembre de 2010), p. 4, www.granma.co.cu/2010/11/09/nacional/artic03.html.
[4] La crisis económica que Raúl ha confrontado desde 2006 tiene varias dimensiones que incluyen un nivel muy bajo de productividad, problemas muy serios creados por la dualidad monetaria, la reducción dramática de la producción azucarera, la ineficiencia y desorden en el transporte y distribución de la producción agrícola, y la creciente desigualdad económica, especialmente entre blancos y negros.
[5] Carmelo Mesa-Lago, Cuba en la era de Raúl Castro. Reformas económico-sociales y sus efectos, Madrid: Editorial Colibrí, 2012 y “Los Cambios en la Propiedad en las Reformas Económicas Estructurales de Cuba,” Espacio Laical, Suplemento Digital No. 223/febrero 2013, p. 5. https://blu162.mail.live.com/default.aspx?id=64855.
[6] “Decreto-Ley 300 sobre entrega de tierras entra en vigor,” Juventud Rebelde, 10 de diciembre de 2012. http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2012-12-10/.
[7] Carmelo Mesa-Lago, “Los Cambios en la Propiedad en las Reformas Económicas Estructurales de Cuba”, p. 3.
[8] Ibid., p. 4.
[9] Ibid., p. 6.
[10] Ver la discusión de varios de estos problemas de la agricultura cubana en mi libro Cuba Since The Revolution of 1959. A Critical Assessment, Chicago: Haymarket Books, 2011, 59-66.
[11] Carmelo Mesa-Lago, “Los Cambios en la Propiedad en las Reformas Económicas Estructurales de Cuba,” 5-6, y ONE [Oficina Nacional de Estadística e Información. República de Cuba] “Sector Agropecuario. Indicadores Seleccionados Enero-Diciembre 2012, 3. http://www.one.cu/mensualprincipalesindicadoresagropecuario.htm ONE, “Sector Agropecuario. Indicadores Seleccionados Enero-Marzo 2013. 1-Comentarios. http://www.one.cu/mensualprincipalesindicadoresagropecuario.htm.
[12] Carmelo Mesa-Lago, “Los Cambios en la Propiedad en las Reformas Económicas Estructurales de Cuba,” p. 6.
[13] “Raúl en Shanghai,” Granma, jueves 21 de abril de 2005, p. 8.
[14] Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y Ministros en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 1 de agosto de 2011, “Año 53 de la Revolución” Diario Granma, Martes 2 de agosto de 2011, Año 15/Número 214. http://www.granma.co.cu/2011/08/02/nacional/artic03.html.
[15] Para una discusión más detallada de estos procesos, ver el capítulo 2 de mi libro Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment, especialmente las pp. 52-62.
[16] Conforme al especialista Ezra Vogel, apróximadamente dos terceras partes de la inversión directa extranjera en China entre los años 1979 y 1995, provino de Hong Kong, o por lo menos a través de la “Puerta Sureña” entre Hong Kong y la China continental. No cabe duda de que los chinos de ultramar jugaron un papel muy importante en estas inversiones. Ezra Vogel, Deng Xiaoping and the transformation of China, Cambridge, Ma. and London, Inglaterra: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011, p. 403.
[17] Para una discusión mas detallada de esta característica de Fidel Castro, ver mi libro The Origins of the Cuban Revolution Reconsidered, Chapel Hill, N.C.: The University of North Carolina Press, 2006, pp. 66-67.
[18] Robert V. Daniels, The Rise and Fall of Communism in Russia, New Haven y Londres: Yale University Press, 2007, p. 301.
[19] Heberto Acosta, “Hacia Tuxpan”, Granma, Jueves, 23 de noviembre de 2006, p. 5. Con respecto a la militancia de Ñico López en las filas del PSP, ver Angelina Rojas Blaquier, “La Unidad Como Factor de Triunfo. El PSP entre 1952 y 1961. Una Visión desde la Historia,” Calibán, octubre-noviembre-diciembre, 2008, p. 3. http://www.revistacaliban.cu/articulo.php?article_id=34.
[20] Eduardo Pinto Sánchez, “II Frente Oriental: 55 años de victorias,” Juventud Rebelde, 9 de marzo de 2013, p. 2. http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2013-03-09.
[21] Samuel Farber, “The Cuban Communists in the Early Stages of the Cuban Revolution: Revolutionaries or Reformists,” Latin American Research Review, Vol. XVIII, No. 1, 1983, especialmente pp. 71-73.
[22] Rufo López Fresquet, My 14 Months with Castro, Nueva York: World, 1966, pp. 111-112 y Edward González, “The Cuban Revolution and the Soviet Union, 1959-1960” Ph. d. dissertation, University of California en Los Angeles, 1966, pp. 376-379.
[23] Aleksandr Fursenko y Timothy Naftali, “One Hell of a Gamble”: Khrushchev, Castro and Kennedy, 1958-1964, Nueva York: Norton, 1997, pp. 18 y 359.
[24] Informe Raúl Castro, “Porqué están Presos Aníbal Escalante y Otros Ex-Dirigentes del P.C. Cubano”, La Habana (?): Edición Documentos Latinoamericanos, 1968.
[25] Por ejemplo, el tipo de “socialismo de mercado” propuesto por Julio Carranza, Luis Gutiérrez, y Pedro Monreal en La Restructuración de la Economía, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1995.
[26] Hal Klepak, Cuba’s Military 1990-2005, Nueva York: Palgrave Macmillan, 2005, p. 254.
[27] El escritor exiliado Carlos Alberto Montaner, un defensor entusiasta del neoliberalismo económico, sostiene que Raúl Castro fue inspirado por los cambios económicos propuestos por Gorbachov, al grado que hizo traducir su libro Perestroika, y lo repartió entre muchos de sus oficiales. Carlos Alberto Montaner, “Raúl Castro y el dilema de Gorbachov”, Exteriores, 24 de mayo de 2010. http://exteriores.libertaddigital.com/raul-castro-y-el-dilema-de-gobachov-1276237819.html.
[28] Ver Laboratorio Casa Cuba, “Cuba soñada – Cuba posible – Cuba futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato”, Espacio Laical, Suplemento Digital No. 224/marzo 2013. https://blu162.mail.live.com/default.aspx?id=64855.
[29] Lenier González Mederos, “Las Fuerzas Armadas y el Futuro de Cuba,” Espacio Laical, Suplemento Digital No. 224/Marzo 2013. https://blu162.mail.live.com/default.aspx?id=64855.
[30] O. Fonticoba Gener, “Cooperativas No Agropecuarias. Camino a la actualización del modelo económico”, Granma, 11 de diciembre de 2012, p. 8. Varios autores, “Se buscan socios”, Juventud Rebelde, 15 de diciembre del 2012. http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2012-12-15 Oscar Espinosa Chepe, ¿Nuevas cooperativas, otras camisas de fuerza? Cubaencuentro, 10 de abril de 2012. http://cubaencuentro.com.
[Publicado en Herramienta, República Argentina, noviembre de 2013. El autor nació y se crió en Cuba y ha publicado muchos artículos y libros sobre este país. Su ultimo libro es Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment, Chicago: Haymarket Books, 2011.]
27/11/2013
Gonzalo Pontón
La memoria de habituación
Desde que Ángel Viñas comenzó a documentarse para escribir El oro español en la guerra civil (Instituto de Estudios Fiscales, 1976) hasta este libro sobre Las armas y el oro: Palancas de la guerra, mitos del franquismo, han transcurrido casi 40 años. Una vida de investigación infatigable en todos los archivos posibles, españoles y extranjeros, de análisis ponderado y escrupuloso de los hechos y de desmontaje, pieza a pieza, de los fraudes y mitos de Franco y del franquismo. Este libro que hoy presentamos supone la demolición de los cuatro pilares básicos de la mitología franquista sobre la guerra civil española. Desde la ciencia histórica, hasta el día de hoy, nadie ha podido refutar las conclusiones del profesor Viñas.
Y, sin embargo, Ángel se sigue preguntando —también lo hace en este libro— ¿por qué, tras publicar los resultados inapelables de su investigación científica, coincidentes y validados por otros grandes historiadores profesionales, los mitólogos siguen escribiendo y publicando papeles que, saltando sobre lo ya demostrado, glosan y defienden el Antiguo Testamento franquista? Pues bien, querido Ángel, ya he encontrado la respuesta a tu pregunta.
Mientras viajaba en el tren hacia aquí iba yo corrigiendo las pruebas de un próximo libro de David Jou que se titulará El laberinto del tiempo. Cuando explica los mecanismos de la memoria asociada al tiempo, el Dr. Jou dice: “Los diversos modelos teóricos de memoria y aprendizaje son puestos a prueba en organismos sencillos, como el caracol de mar Aplisia, o en sanguijuelas. Por ejemplo, se golpea ligeramente una parte del caracol y se observa cómo retrae sus cuernos. Al primer toque los retrae rápidamente, ya que tiene sensación de peligro. Al cabo de varias toques sin que nada ocurra, la sensación de peligro disminuye y no retrae tan velozmente los cuernos o, al final, ni siquiera se toma la molestia de retraerlos: ha almacenado una memoria de habituación.”
Exactamente, Ángel: al principio, cuando les tocabas los cuernos —dicho sea con perdón— los mitólogos se retraían rápidamente, luego se acostumbraron porque no ocurría nada y ahora ni se inmutan: han almacenado una memoria de habituación. Y eso es lo malo: tras casi 40 años la memoria de habituación al franquismo se ha enquistado no solo entre los mitógrafos o ciertos dirigentes políticos, sino entre una buena parte de los ciudadanos. Deberíamos preguntarnos por qué. Los historiadores habéis cumplido con vuestro deber y, en tu caso, casi de un modo heroico, pero vuestro trabajo no ha sido suficiente para erradicar una interpretación del mundo basada en el culto al poder absoluto, el fanatismo y la intolerancia. Tal vez lo que ha fallado es que no hemos sabido formar ciudadanos, como decía don Ramón Carande. O, mejor, no hemos querido. Digo esto porque, ahora que podemos ver con cierta perspectiva histórica los apaños de la transición, no podemos seguir negando que no exigimos responsabilidades a los culpables (no digo ajuste de cuentas, que nadie quería ni pidió), pero es que ni siquiera nos atrevimos a reivindicar los logros democráticos de la República. No nos atrevimos a llamar a las cosas por su nombre y permitimos que sobrevivieran las prácticas y actitudes antidemocráticas propias del régimen de Franco, seguramente aterrados ante la posibilidad de que los militares volvieran a las andadas. No sirvió de nada: volvieron. La forma en que se llevó a cabo la transición, en la que los políticos de izquierda “renunciaron a sus principios a cambio de que se les permitiera participar en el juego parlamentario que proponían los mismos que lo habían asaltado y destruido en 1936” (Josep Fontana), permitió que se amnistiasen los crímenes cometidos en los cerca de cuarenta años del régimen. Al acordar la amnistía se alimentó la memoria de habituación. Si no, ¿cómo podemos explicar que aún no se haya condenado, desde las más altas instancias del estado, los crímenes del franquismo? ¿Por qué se rechazan sistemáticamente los recursos de revisión de miles de show trials del franquismo, entre ellos los de Joan Peiró, Miguel Hernández o Lluís Companys, a quien se mantiene la plena validez de la sentencia del consejo de guerra que le condenó a muerte por el delito de “rebelión militar”? Lo ha vuelto a impedir el fiscal del estado… ¡en 2010! ¿Por qué ha de ser la ONU la que recuerde al gobierno actual que la identificación de los asesinados por el franquismo y la entrega de los restos a las familias es un deber del estado y no un capricho de sus deudos? ¿Por qué ha de ser la judicatura argentina la que persiga a los torturadores de Franco?
El pasado lunes 25 de noviembre, en su artículo habitual en El País, Almudena Grandes, comentando el fallo del tribunal que juzga el caso Prestige, decía que una de las dos cosas que se espera de los ciudadanos es que no piensen. Y añadía: “Que expriman la presunta fragilidad de su memoria hasta alcanzar la exacta proporción de amnesia y simpleza que nos recomiendan ciertos tribunales”. Tiene toda la razón: para los ciudadanos, la amnesia; para los políticos neofranquistas, la memoria de habituación. ¿Qué otra cosa, si no, puede explicar el de otro modo patológico comportamiento del ministro Wert? ¿Cómo explicar, si no es por la memoria de habituación, la ley que va a aprobar el gobierno el próximo viernes reprimiendo con sanciones absurdas al pueblo si se manifiesta ante sus representantes? ¿Tendré que hablar de la memoria de habituación de José María Aznar, que le viene de su abuelo?
La memoria de habituación es muy peligrosa porque, como explica el profesor Jou, la conciencia y la memoria se alimentan mutuamente en la construcción de un yo profundo. El sábado pasado vi en televisión, como seguramente la mayoría de ustedes, el congreso del frente de juventudes del PP. Aquellos jóvenes vociferantes me dieron más miedo que sus mayores entrando en la librería Blanquerna el 11 de septiembre pasado dispuestos a imponer, con los puños y las pistolas, la idea falangista de España. Protegido por un mamparo de tablas, como de madera de cajas de melones, el líder máximo decía que él no iba a levantar el pie del acelerador de la ordalía social a que nos viene sometiendo (bueno, Rajoy no lo decía exactamente así). Los cachorros aplaudían y bramaban: “¡España!, ¡España!” cada dos minutos. Pero el delirio patriótico se desbordó incontenible, como un tabor de regulares, cuando Rajoy dijo que él no iba a jugar con la soberanía de España. En ese momento, los atildados jóvenes, mitad monjes mitad consejeros delegados, se pusieron en pie entonando a voz en cuello: “¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy eppañó, eppañó, eppañó!”. Coño, pensé yo, ¡como los melones! Pero en realidad el campo semántico de sus vivas traducía arrogancia, intolerancia y desafío; es decir, fascismo.
Termino ilustrando cómo el mismísimo general Franco, de cuya muerte se cumplen hoy 38 años (tantos como la duración de su dictadura), supo intuir los mecanismos de la memoria de habituación, y para ello nada me parece más apropiado que recurrir a sus propias palabras. Voy a leerles un corto párrafo, precisamente, de su testamento: “Por el amor que siento por nuestra Patria os pido que perseveréis en la unidad y en la paz, y que rodeéis a Don Juan Calos de Borbón [antes había escrito “al futuro rey de España”] del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido”. Por lo menos en lo que concierne a la “lealtad” y a la “colaboración”, no cabe duda que el difunto Caudillo puede descansar en paz.
[Fuente: Pasado & Presente]
28/11/2013
Documentos
DesBanka: Manifiesto por una banca pública, ética y social
Invitamos a adherirse a este manifiesto y a la campaña por una banca pública ética y social a las persones, organizaciones y asociaciones que lo deseen. Pueden adherirse escribiendo un e-mail a la siguiente dirección de correo: desbanka@gmail.com
MANIFIESTO POR UNA BANCA PÚBLICA, ÉTICA Y SOCIAL
Una de les manifestaciones más visibles de la privatización y desmantelamiento del Estado social es el reparto del botín de las cajas de ahorro entre los principales bancos privados: BBVA, Santander, la Caixa y Sabadell.
Los bancos nacionalizados (Bankia, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia), a los que se han inyectado millones de euros de fondos públicos, pertenecen legítimamente a la ciudadanía. Aún podemos impedir que sean regalados a entidades privadas y reclamar que sus infraestructuras constituyan el embrión de una banca pública.
Frente a la banca privada especuladora
proponemos la creación de una
banca pública, ética y con control social.
Exigimos recuperar les cajas reprivatizadas y nacionalizadas y los activos de la Sareb para ponerlos al servicio de la sociedad.
- Para preservar el dinero público utilizado.
- Para crear un parque de viviendas públicas.
- Como herramienta para superar la crisis actual restableciendo el flujo de crédito y para impulsar otro modelo productivo con criterios éticos y sostenibles.
- Como contrapeso al poder de la banca privada.
- Como impulsora de unas finanzas transparentes, éticas y con control democrático y social y como parte de una estrategia para recuperar la soberanía económica.
En suma, para convertir los servicios financieros en un servicio público.
desBanka
Por un frente ciudadano contra el poder financiero.
30/11/2013
Foro de webs
EconoNuestra
El colectivo econoNuestra surgió como un espacio que agrupaba a economistas e interesados en la economía crítica con un objetivo fundamental: colaborar con los movimientos sociales en la elaboración de un diagnóstico y una salida a la crisis. Para ello, este colectivo promueve actividades y ofrece sólidos materiales de reflexión acerca de temas como, por ejemplo, la situación económica actual, la reforma laboral, la Unión Europea y la crisis de la zona euro y los movimientos sociales.
28/11/2013
Somos Ninguén
Señalamos aquí la página web de Somos Ninguén, un colectivo gallego en cuya página web el lector podrá encontrar reflexiones y materiales muy estimulantes para ir construyendo entre todos una práctica política de izquierdas robusta e inteligente. Reproducimos a continuación la presentación del colectivo.
* * *
Richard Sennett dicía que a autocompracencia —a actitude guiada polo principio de que todas as cousas son as mellores posibles no mellor dos mundos posibles— unida ao individualismo está a minguar a capacidade das persoas para algo que as persoas levaban facendo desde tempos inmemoriais: cooperar. Cando nada do existente merece ser desafiado e cando cada un debe ocuparse en exclusiva dos seus propios asuntos, a idea de cooperar para acadar un fin superior ao que conseguiría cada parte por separado naufraga.
As persoas que conformamos Somos Ninguén rexeitamos a autocompracencia, non cremos vivir no mellor dos mundos posibles. Avogamos tamén por combater o andazo do individualismo separador que só interesa aos ocupantes dos Palacios. Así, a nosa avinza quere traballar mancomunadamente na Crítica do existente, tanto no vencellado coa situación política xeral como coa situación particular das esquerdas. E quere facelo aplicando xa, na práctica, o que o comunitarismo implícito a toda esquerda aconsella: situar o nós sobre o eu.
O mesmo que o fedello do Ulises de Homero, Somos Ninguén porque gozamos xogando a despistar un chisco aos Cíclopes. Como @s zapatistas que protagonizaron o primeiro grande alzamento antineoliberal iluminándonos o camiño, Somos Ninguén porque pensamos que a vantaxe do pasamontañas é que detrás del pode estar calquera. Somos Ninguén, tamén, porque os nosos e as nosas son aquelas que nos libros de historia non adoitan aparecer individualizados co nome propio e si como turba anónima ou espectro ameazante.
O boletín Somos Ninguén terá unha periodicidade mensual e dedicarase á reflexión política. Primaremos a elaboración, por parte do consello de redacción, dun editorial mensual de análise da conxuntura. Unido a isto, o colectivo actuará como prescriptor de artigos e outros materiais tanto propios como alleos.
Somos Ninguén é un proxecto en construción. No ano V da última crise sistémica do capitalismo globalizado queremos chantar estes alicerces sen saber moi ben —e sen preocuparnos demasiado— como serán as paredes, as fiestras nin o teito.
Polo momento, esta é a nosa humilde casa. A entrar nela é que vos convidamos.
28/11/2013
Revista "Crítica Jurídica"
Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho
http://www.ceiich.unam.mx/0/53RevCri.php
Coordinada por el jurista Óscar Correas, Crítica Jurídica es una revista mexicana que investiga principalmente la vinculación entre derecho y ejercicio del poder, con miras a influir en el pensamiento jurídico contemporáneo mediante la crítica a la ideología jurídica.
30/11/2013
Revista "Jacobin"
Jacobin es una de los medios de información más importantes con los que cuenta actualmente la izquierda estadounidense. En él se pueden encontrar artículos valiosos sobre política, economía y cultura que quieren ofrecer un punto de vista socialista para ir configurando una alternativa global de sociedad.
26/11/2013