Los datos de la corrupción generalizada en la política y en las instituciones españolas están a la vista de todos. El abismo entre lo que los potentes consideran normal y lo que la mayoría de las gentes ven como inmoral e inaceptable está ahí, y es inaceptable. Pero no es lo esencial. Que los árboles no nos impidan ver el bosque.

El bosque es el fracaso de las políticas emprendidas desde los años ochenta del siglo pasado, la supuesta modernización de España. Todo el castillo de naipes se ha venido abajo: cada año se predica la recuperación para más adelante y cada año la crisis y el paro se vuelven mayores, y se precarizan y debilitan los diferentes vínculos que cohesionan la sociedad. ¿De quién, de dónde y para hacer qué pueden surgir las inversiones que pongan en movimiento a seis millones de parados? ¿Qué perspectiva pueden tener los españoles? ¿Hacia dónde nos llevan las políticas de recortes que descapitalizan los hogares, las escuelas, las universidades, los dispensarios y los hospitales, el comercio y las industrias, incluidas las industrias culturales clave?

¿Desde dónde se ha gestado esta catástrofe que no tendrá fin mientras manden quienes mandan y han mandado? Repasemos la historia.

El capítulo primero de esta historia es la transición: una transición que las gentes vivían alegremente como fin de la dictadura pero que creaba un sistema político deliberadamente hermético a sus demandas para que, a pesar de las libertades, el sistema de dominio social siguiera igual. Como hemos podido ver.

El capítulo segundo es el viraje político emprendido por Felipe González en el gobierno: una política económica neoliberal. O sea, las primeras privatizaciones, el ingreso en la Unión Europea, el desmantelamiento exigido por ésta de algunas grandes industrias como la siderurgia, la construcción naval, la minería, y la limitación, también europea, de la ganadería y la agricultura. Aunque gracias a las ayudas europeas todo fue posible: las olimpiadas de Barcelona, la expo de Sevilla, la alta velocidad ferroviaria... Ahí empezó la alegría mientras se desmantelaba parte del país. Las viviendas valían cada vez más y muchos se creyeron millonarios. El gobierno repartía alegremente las cartas de los grandes negocios; algunas compañías e instituciones públicas fueron puestas bajo el mando de franquistas reconvertidos.

Se entró en la Otan contra la opinión de la mayoría de los españoles, que aceptaron el engaño de que no estaríamos en su estructura militar. Era un primer auge del timo, del fraude: un gobernador del Banco de España, un director general de la Guardia Civil, una directora del Boletín Oficial del Estado y algún ministro tuvieron que pasar una temporada a la sombra. Mario Conde desvalijaba Banesto desde dentro pero recibía doctorados honoris causa. El estado organizó una banda de delincuentes, los GAL, para matar etarras al margen de la ley. Un ministro, Corcuera, propugnaba que la policía entrara en las casas pegando una patada en la puerta y otro, Barrionuevo, dirigía el terrorismo de estado. La UGT fue extorsionada en la persona de Nicolás Redondo; Comisiones Obreras defenestró pasito a pasito a Marcelino Camacho.

Así se llegó al tratado de Maastricht de 1991, contra cuya firma Izquierda Unida se quedó sola, acompañada únicamente por los activistas de la izquierda extraparlamentaria: todos denigrados desde el periódico sagrado, El País, por no hablar de los demás. El tratado de Maastricht creó una unión monetaria pésimamente diseñada, desequilibrada y a la larga inviable, al unir economías nacionales desiguales, como se señaló entonces y la crisis del euro demuestra ahora.

El proceso de construcción de la Unión Europea trasladó una parte sustancial de la soberanía política del pueblo español a organismos (Comisión y Consejo Europeos) no elegidos democráticamente y tampoco controlables por un parlamento europeo que carece de poderes reales ni, como es natural, por los ciudadanos. Todo esto sucedió sin que los españoles apenas piaran. Se entiende, pues, que después de que España perdiera su soberanía monetaria y una buena parte de su soberanía política, la UE ordenara al gobierno de Aznar que hiciera los deberes neoliberales correspondientes a partir de 1996.

Y Aznar los hizo, congeló salarios, privatizó Iberia para unos colegas de su cole, Telefónica para otros, siempre a muy buen precio. Declaró edificable la práctica totalidad del territorio español. Los constructores se pusieron a construir, las Cajas de Ahorro, repartidas entre el PP, el PSOE y los nacionalistas, se pusieron a prestar, los ayuntamientos a urbanizar y cobrar, y todos a poner el cazo para recibir —para su partido o para su bolsillo o ambas cosas a la vez— su parte del negocio. Se creó así un tupido tejido industrial vinculado al ladrillo edificado sobre el terreno pantanoso del crédito. Y un mercado de favores de intenso tráfico. Eran los tiempos en que el abanico de las diferencias de ingresos se abrió casi a 360 grados.

La tercera revolución industrial, la de la informática, hizo posible técnicamente, mientras tanto, el crecimiento de la globalización —un ejército internacional de mano de obra barata— y una onda larga de expansión. El neoliberalismo lo invadió todo más por el cambio tecnológico que por méritos propios hasta que llegó el crack del año ocho: toda la pirámide del crédito se desplomó porque el capitalismo experimentó la mayor de sus inherentes crisis sistémicas de sobreproducción, cuando de pronto nadie puede pagar lo producido y todo se viene abajo.

En esas estamos. En el caso de España, el Estado carece hoy por hoy de margen de maniobra económica y la persistencia del neoliberalismo le enfanga en la deuda cada vez más. El Estado dilapida bienes colectivos de los españoles. El empresariado ha obtenido una reducción brutal de los costes laborales y disciplina a todos blandiendo la regalada libertad de despedir. Pero ¿en qué ha invertido en España? El país se descapitaliza a pasos agigantados en material y en personal: ni los mejor formados con cargo al erario público encuentran trabajo aquí.

¿Adónde llevan las políticas económicas neoliberales del Psoe y del PP que no sea al abismo, a empeorar y empeorar? Ya empieza a ir para atrás el conjunto neoliberal de la eurozona. ¿Alguien puede creer que este empresariado nuestro, entregado al lujo y a la corrupción, va a crear industrias capaces de poner en movimiento siquiera a la tercera o incluso a la cuarta parte de los millones de parados?

***

Se trata pues de hacer otra cosa: de crear bienes sostenibles y distribuir bien esa riqueza. De trabajar y redistribuir: redistribuir el trabajo y cerrar el abanico de las diferencias de ingresos, redistribuyendo también las rentas. ¿Cómo hacerlo posible?

Algunos de los pasos necesarios son:

El primer paso es político: hay que reformar en profundidad el régimen político, lo que exige la convocatoria de unas cortes constituyentes si se quiere llegar hasta el final.

No sólo hay que jubilar o poner a la sombra al personal político incapaz que ha venido gobernando el sistema: hay que abrir paso a gentes nuevas no infectadas por la corrupción.

Hay que ingeniar un sistema político que quede en manos del pueblo. Que éste pueda controlar y que cuente con mecanismos sólidos de exigencia de responsabilidades. Las públicas y las privadas. Que resuelva además lo que dejó a medias la primera transición. Crear unas instituciones que sean realmente nuestras.

Y esas instituciones tendrán que recuperar soberanía. Renegociar Maastricht o denunciar ese tratado. Utilizar las capacidades conjuntas que tendrá entonces el Estado para reorientar y estimular la producción. Y si eso supone nuevos sacrificios a todos, que esta vez sirvan para algo —y no como ahora, cuando los de arriba se lucran a nuestra costa, a costa de nuestros salarios, nuestra sanidad, nuestra educación—; que sirvan para que recuperemos colectivamente la perspectiva y los valores de quienes siempre hemos vivido de nuestro trabajo.

Cortes constituyentes.

Renegociar Maastricht o denunciar ese tratado.

Quita y espera de la deuda.

Impulso industrial, agrario y comercial, sostenible, desde el Estado remozado.

20/2/2013

Cuaderno de depresión: 18

Albert Recio Andreu

Juventud encadenada

Ser joven implica estar inmerso en un proceso vital que transcurre entre la infancia y la edad adulta; entre la escuela y el mundo laboral; entre la familia en que uno ha nacido y la emancipación; entre los sueños de un futuro impreciso y el encasillamiento en la cotidianidad de la edad media. Es un tiempo de aprendizaje, de experimentación, de cambio, también de frustraciones, de renuncias, de elecciones. Una etapa que el cambio económico y social propiciado por el desarrollo del capitalismo maduro ha alterado en sus modos y su duración. Aunque las historias personales de cada cual pueden diferir enormemente, el modelo dominante hasta finales de los años sesenta fijaba el final de la juventud antes de los veinticinco años. Cuando una gran parte de la gente había culminado su proceso de educación-formación, se había entrado en el mercado laboral (especialmente los jóvenes de sexo masculino) y en bastantes casos se había contraído matrimonio. En las cinco últimas décadas, este proceso se ha prolongado considerablemente y las experiencias se han diversificado. Las causas que han provocado este cambio son diversas: prolongación del proceso de educación formal, cambios en la estructura familiar, consumismo, cambios en las relaciones entre los sexos... y, cómo no, transformaciones del modelo laboral. Hoy en día incluso los análisis estadísticos tienden a considerar jóvenes a las personas hasta los treinta años de edad. Pero, en todo caso, persiste la condición de tránsito que siempre ha caracterizado a la vivencia de la edad joven.

Desde siempre, en el plano laboral este tránsito ha dado lugar a una posición de fragilidad, con la formación de figuras laborales específicas: aprendices, becarios, meritorios, botones... Una situación que se justifica por la presunta existencia de un proceso formativo. También desde siempre, la juventud es uno de los grupos que experimenta con mayor intensidad las caídas de empleo en las recesiones. Hay dos mecanismos básicos que explican esta incidencia más acusada. El primero actúa de forma casi automática: cuando la coyuntura se tuerce, las empresas dejan de contratar nueva mano de obra (siempre es más fácil y menos traumático dejar de contratar que despedir), lo que corta de raíz el acceso al empleo a quienes están ingresando en el mercado laboral. El segundo es que, al ocupar puestos de trabajo menos consolidados, son firmes candidatos a perder el empleo cuando las cosas empiezan a ir mal. Las transformaciones productivas de los últimos años han acrecentado la importancia de estos empleos precarios juveniles, e incluso es visible que existe un segmento de actividades en las que mayoritariamente se emplea a jóvenes: tiendas de moda, restaurantes de comida rápida, actividades de ocio, etc. Su presencia se explica en parte por la forma en que están diseñados estos negocios, la imagen que la empresa quiere ofrecer, la relación con la clientela... Pero tiene también mucho que ver con la plasticidad, la disponibilidad y el bajo precio de esta mano de obra. Las mismas transformaciones que han propiciado el alargamiento de la vida juvenil proporcionan las condiciones de esta adaptabilidad de los jóvenes a las demandas del capital.

La combinación de pulsiones consumistas y soporte familiar convierte a la juventud en un ejército de reserva adaptable a empleos con pequeños ingresos, de corta duración, inestables, puesto que, si bien estos no les permiten cubrir sus necesidades vitales, les garantizan el acceso a los bienes de consumo que exige su particular estatus social. Hay una clara conexión, al menos en España, entre esta situación y la prolongación de la edad de emancipación. Por otro lado, el proceso formativo al que se encuentran sometidos da lugar a una trayectoria laboral paradójica en que la precariedad es la norma. Por un lado, cuanto más largos son los procesos formativos (y muchos se han prolongado ostensiblemente), más probable es que los mismos incorporen situaciones de precariedad laboral en grados diversos, desde el becario universitario al estudiante en prácticas, pasando en algunas profesiones por la experiencia del trabajo gratuito como puerta de entrada a una improbable carrera profesional (el vocablo meritorio, hoy en desuso, define bien esta situación, la de un no-empleado, la del que hace méritos para llegar a algo). En muchos casos, estos “empleos formativos” se combinan con los “empleos alimenticios” no formativos en actividades en las que también concurren jóvenes sin un alto nivel de educación formal. Evidentemente, los jóvenes se diferencian unos de otros por muchas razones —sexo, origen nacional, nivel educativo y clase social—, y por tanto la forma en que suceden estos procesos es diversa. Para la juventud de bajo nivel educativo y origen obrero, el modelo predominante es el del empleo en estos segmentos juveniles de los servicios (o durante mucho tiempo, solo para los chicos, la construcción). Para los jóvenes con estudios, su presencia en el mercado de empleos juveniles de bajo nivel está en proporción inversa al estatus social de sus familias, del mismo modo que entre ellos podemos encontrar importantes diferencias en el proceso de “meritoriaje”: los más ricos son los que tienen mayores posibilidades de alargar su proceso formativo (incluidas estancias en el exterior), de llevar a cabo una promoción mejor organizada, de establecer relaciones que les permiten entrar en los lugares adecuados. Esta combinación de consumismo, precariedad laboral y carrera competitiva individual (fuertemente interiorizada, especialmente entre las personas con mayor éxito educativo) constituye, en dosis diversas, el modelo dominante de empleo juvenil.

La crisis ha resultado devastadora para este modelo. La destrucción masiva de empleos, primero en la construcción y posteriormente en otros sectores, ha dejado sin expectativas laborales a miles de jóvenes, si bien las cifras del paro juvenil están infravaloradas porque una parte de estas personas han dejado de buscar empleo (han vuelto a la escuela o simplemente pululan por la vida como pueden), pasando a la categoría de “inactivos”. Los recortes del gasto público han cercenado a la vez muchas de las posibles carreras de la gente con estudios, pero también las oportunidades de empleo o reciclaje educativo del resto. La vieja ilusión de las distopías del consumismo y la gloriosa carrera profesional ha desembocado en la pesadilla del “no hay empleo”, “emigra como puedas”, “aguanta hasta que la economía se recupere”. Aun así, el drama va por barrios y unos son mejor tratados que otros. Para unos el estigma de los “ni-nis” está siempre presente y les rebaja a basura social (se prefigura una imagen de vagos, inútiles, inempleables...), mientras que para otros se sigue manteniendo el espejismo del “mejor preparados que nunca”, aunque ahora este epíteto autocomplaciente se traduce en “búscate la vida en otra parte porque aquí tu preparación no sirve de nada” o “hazte emprendedor y créate tu propio empleo”.

Parece claro que una sociedad decente no puede tolerar que millones de jóvenes no tengan un empleo digno ni perspectivas de encontrarlo, y que cualquier programa de acción debe tratar de dar respuestas a esta juventud que ahora percibe un horizonte negrísimo. Y esto es lo que ha entendido hasta el Partido Popular, que en el último debate del Estado de la nación ha presentado como medida estrella un nuevo programa de empleo juvenil; un programa que, sin embargo, no aporta ninguna novedad esencial: solo ahonda en los mismos defectos que la reforma laboral del año pasado, que la enmienda a peor. Porque lo único que ofrece el PP es más de lo mismo, tanto en materia de generosísimas subvenciones a las empresas contratantes como nuevas modalidades de precarización laboral, con contratos temporales generalizados y la posibilidad de encadenar diferentes formas de contratación precaria (en prácticas y en formación). Un modelo que condena a la gente de menos de treinta años a una precariedad completa (con efectos para el resto de su vida laboral) y que constituirá un verdadero proceso de “aprendizaje” en la sumisión y la miseria con vistas a la edad adulta (siempre que no se prolongue en el futuro la edad para ser considerado joven).

Lo falaz es considerar que los problemas laborales de los jóvenes son fruto de su condición de tales. Son, en cambio, problemas generados por las debilidades y los fallos de la estructura productiva, las políticas macroeconómicas y la ausencia de un planteamiento social que promueva una economía adaptada a las necesidades de la gente. El consumismo y la competitividad individualista han contribuido a minar las ideas de un empleo digno para una vida digna y han atrapado a los jóvenes en una visión del mundo que se ha mostrado fracasada. El problema del desempleo juvenil no puede afrontarse haciendo hincapié en su condición juvenil. Exige, en cambio, transformaciones económicas que garanticen una vida aceptable a todo el mundo, que adecuen la actividad laboral, los procesos formativos y la vida cotidiana en un planteamiento coherente. Para salir de la trampa de más precariedad para combatir el paro juvenil, debemos desarrollar propuestas macro y microeconómicas, de reorganización productiva y de las condiciones de vida, capaces de romper el encadenamiento a la lógica del trabajo precario y el desempleo.

Recesión a la europea

Los últimos datos de crecimiento económico publicados por Eurostat indican que la tenacidad en aplicar políticas de ajuste está dando sus frutos. Casi todos los países de la Unión Europea están en recesión o a punto de entrar en ella. En el último trimestre del año, el PIB de la Unión Europea cayó un 0,3% y el de la zona euro el 0,6%. La caída de la actividad no solo afecta a los países con graves problemas (Grecia, España, Italia, Portugal, Eslovenia...), sino que también alcanza a la todopoderosa Alemania y a otros como Bélgica, Holanda o Dinamarca. Oficialmente, Europa en su conjunto no está en recesión porque dicha situación se da cuando la caída del PIB afecta a dos trimestres consecutivos, y algunos de estos países aún no han alcanzado esta situación.

La otra cara de la moneda es la última estadística publicada por Eurostat, la de personas en riesgo de exclusión (lo de “riesgo” siempre me ha parecido un eufemismo para camuflar lo impresentable, que hay gente que lo pasa rematadamente mal en el plano económico). Se trata de un indicador que combina tres variables: personas en riesgo de pobreza (personas cuya renta está por debajo del 60% de la renta media del país), personas con privación (personas que no pueden satisfacer algún tipo de necesidad básica) y porcentaje de hogares en los que nadie tiene empleo (trata de medir la “exclusión laboral”). Aunque las tres cosas están interrelacionadas, son diferentes entre sí. Por ejemplo, en muchos países los ancianos son pobres en términos de renta pero pueden satisfacer sus necesidades básicas (por ejemplo, tienen solucionado el tema de la vivienda), mientras que otras personas jóvenes con rentas algo superiores al nivel de pobreza pueden tener mayores problemas para pagar el alquiler o la hipoteca. Los datos que presenta Eurostat corresponden a 2011, y, vista la evolución económica en el último año, debemos esperar que los datos de 2012 sean aún peores. El dato agregado es que el índice de exclusión a escala europea se sitúa en el 24,2% de la población. Hay que aclarar que se trata de una cifra que en cada país se mide de forma independiente (es decir, que si un país tiene este porcentaje de pobreza y exclusión quiere decir que casi una cuarta parte de sus habitantes son pobres en relación con el nivel medio de renta y consumo del propio país), de modo que si el dato se elaborara a escala europea (o sea, como si hubiera un solo país) la cifra se dispararía debido a las enormes desigualdades existentes entre los diferentes países. España se sitúa en este ránking por encima de la media, en el 27%, en un nivel parecido a Irlanda (29), Italia (28) y Portugal (27), y lejos de los estados con más pobres (Bulgaria, Lituania, Rumania) y de los más igualitarios (República Checa, Noruega, Islandia, Suecia...).

Las razones de la pobreza y la desigualdad son estructurales; tienen que ver con la larga historia de desarrollo capitalista, generador de enormes desigualdades entre personas y territorios, y también con las políticas que se han llevado a cabo en los diferentes países. Todos los estudios comparativos que conozco muestran que las sociedades más igualitarias lo son porque han desarrollado políticas y mecanismos en esta dirección, tanto en el plano de la política fiscal (impuestos y gasto público) como en el de la distribución primaria (desigualdades de salarios especialmente). Pero parece claro que la razón del agravamiento de la situación son las políticas adoptadas de austeridad y de competitividad basada en la devaluación salarial.

En un mundo organizado bajo otras instituciones, una caída del PIB del 0,5% podría ser irrelevante. Podría significar simplemente que hemos renunciado a producir algo innecesario o inadecuado, y por tanto que hemos trabajado menos. En las sociedades actuales hay mucha producción superflua, innecesaria o directamente dañina, cuya desaparición no causaría ninguna merma de bienestar social (sino que posiblemente la aumentaría). Pero, en las sociedades capitalistas, cualquier caída de la actividad se traduce en un desastre social en forma de quiebras empresariales, despidos masivos, desempleo y pobreza. Si, además, la caída de la actividad privada va acompañada de una reducción del gasto público, el resultado es el desastre total, el que ya estamos padeciendo muchas de las personas en numerosos países. Por eso la política de recortes impuesta por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional puede tildarse sin ambages de irresponsable y criminal. Resulta hasta cierto punto cínico que en un documento reciente del economista jefe del FMI, Oliver Blanchard, se reconozca que se ha minusvalorado el impacto de las políticas de recorte público, cuando al mismo tiempo su institución (y la Unión Europea) sigue insistiendo en la inevitabilidad y la bondad de las mismas. La infravaloración de los impactos positivos de la actividad pública y la minimización de los costes sociales (voluntarios o involuntarios) generados por la actividad privada han constituido uno de los ejes centrales del discurso neoliberal. Y, a pesar de que la crisis ha puesto de manifiesto su falacia, no han perdido ni un gramo de contumacia a la hora de imponer políticas a los despavoridos habitantes de los estados con problemas.

Merkel, Rehn y sus adláteres están consiguiendo imponer una austeridad que lleva al decrecimiento, no por la vía del ajuste racional que proponen sectores del ecologismo político, sino por la vía irracional del caos y el deterioro de la vida social. Y van a conseguir que, como ocurrió anteriormente con otras políticas irracionales propugnadas por las élites alemanas, al final la casa les caiga encima a ellos mismos. El hecho de que la Alemania que impone ajustes esté también en recesión, o a las puertas de la misma, es el resultado directo de aplicar políticas de ajuste que acaban teniendo un efecto bumerán, aunque este efecto tendría que ser muy potente para que les obligara a realizar un cambio de rumbo.

Cuando el fracaso de unas políticas es evidente y quienes las aplican se empecinan en ellas, solo queda la salida de forzar cambios desde fuera. Y para ello hace falta combinar la movilización, la crítica a los resultados (para deslegitimar su acción) y las propuestas. Estas últimas deben ir encaminadas en una doble dirección: a corto plazo, la interrupción de la austeridad pública y su sustitución por políticas expansivas orientadas a la generación de empleo y bienestar social y a impulsar políticas de reestructuración productiva orientadas a la sostenibilidad; y, en todos los plazos, introducir transformaciones institucionales orientadas a reducir las desigualdades y generar un nuevo marco de organización económica que, entre otras cosas, evite que una pequeña caída del nivel de producción se traduzca en un drama social.

El mercado de la corrupción

La nueva tanda de revelaciones sobre las cuentas del PP y los diversos affaires que afectan a la familia Pujol y a diversos líderes locales de CiU y del PSC en Catalunya, ha vuelto a poner en la picota a los políticos profesionales. Sin duda el nivel de los casos de corrupción, la sucesión de escándalos, es tan elevado que no permite solventarlos con el viejo esquema de “es imposible evitar que se cuele algún corrupto”. Se trata de un problema estructural, que afecta tanto a la esfera política como al poder económico, a la forma en que se desarrolla la cooperación público-privada. La corrupción ha existido siempre, pero ha crecido en la fase neoliberal.

El nivel de corrupción español tiene una relación directa con lo que podríamos llamar “neoliberalismo mediterráneo”, que caracteriza a nuestra estructura productiva. Por una parte, el enorme peso del sector inmobiliario-turístico, que ha protagonizado una buena parte de la corrupción a escala local. El mapa de esta corrupción es muy extenso, pero su peso aumenta en todo el litoral mediterráneo e insular, donde la presión urbanística ha sido mucho mayor y las posibilidades de obtener ganancias, importantes.

El otro gran eje han sido las contratas públicas, un campo siempre abonado a ello en todas partes (hace unos años, el autoritario gobierno de Singapur acusó a la alemana Siemens de ser la empresa más corrupta del mundo, y la huella de los contratistas alemanes y de otros países se advierte en los problemas de la deuda griega, ligada a las obras de los Juegos Olímpicos). Pero en el caso español tiene mucho que ver la vieja relación del gran poder económico, ligado al capital financiero, con el Estado. Venimos de la España de La escopeta nacional. De un modelo que salió poco tocado de la transición y que se reconvirtió exitosamente con el apoyo de las políticas neoliberales. En la mayor parte de las grandes empresas del país, el papel del sector público como cliente principal o regulador amigo está presente. En muchos los nexos con la vieja política son claros, como lo ejemplifican casos como el de Villar Mir, ex ministro del tardofranquismo (propietario de OHL, una de las que aparece en el listado de Bárcenas, y de un importante grupo industrial obtenido con importantes ayudas públicas provenientes de la reconversión industrial); o la familia March, la que financió el avión con el que Franco inició el golpe de Estado, principales propietarios de ACS; o la familia Del Pino, cuyo patriarca creó Ferrovial (implicada en el caso Palau) siendo director general de Ferrocarriles y cuñado de un ministro de la época; o Florentino Pérez (el socio de los March en ACS), que inició su andadura como concejal de UCD en Madrid; o sus socios los Albertos, hijos respectivamente de un ministro y de un alcalde franquista de Madrid. Las privatizaciones de empresas públicas en la década de los noventa favorecieron el acceso de otra camada de empresarios-amigos del poder a una nueva gama de altas empresas. En unos mercados opacos donde las decisiones políticas son cruciales para determinar la escala del negocio y la rentabilidad, no parece exagerado esperar que la corrupción florezca como uno de los mecanismos por los cuales las empresas “compiten” para llevarse el premio (de la misma forma que el doping es una posibilidad real en un mundo deportivo en que lo único que importa es ganar o batir una marca). Hablar de mercados competitivos en sectores que explotan servicios públicos suena a entelequia. Todo el mundo que los ha estudiado en serio ha descubierto su enorme opacidad, la incapacidad real del Estado de controlar el día a día de estas empresas, su capacidad de manipular el mercado real.

La corrupción es escandalosa y está claramente anclada en el actual modelo de gestión pública. Y por ello resulta aún más insoportable que sean los mismos políticos que han tolerado, ignorado y participado en esta situación quienes propugnen reforzar la colaboración público-privada y ampliarla a nuevos campos, incluso procediendo a facilitar la gestión de servicios públicos a empresas sin experiencia alguna en el sector (como ha ocurrido recientemente en Catalunya, donde la Generalitat ha concedido la gestión de un Centro de Atención Primaria en L’Escala a la empresa Eulen, un grupo dedicado a la limpieza, la vigilancia y la gestión de ETTs) alegando motivos de eficiencia.

Romper con la corrupción pasa sin duda por una reforma de los sistemas de representación política, la financiación de los partidos, y la transparencia y argumentación de las decisiones públicas. Pero pasa también por una reestructuración de las formas y el funcionamiento del mundo empresarial, el mercado y las políticas públicas, por poner punto final al insoportable poder de un puñado de empresas que actúan simplemente como muñidores de las arcas públicas, generando importantes costes sociales a la población en forma de condiciones laborales degradadas, servicios caros y a menudo deficientes, parasitismo social y degradación de la vida pública.

28/2/2013

¿Pagan impuestos las grandes corporaciones?

Miguel Ángel Mayo

El contribuyente de a pie

Las reglas del juego de la tributación de una persona física son muy claras: por cada 100 euros de consumo deberá pagar un impuesto adicional denominado IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) con carácter general del 21%, en concepto de impuesto indirecto. Además, una vez descontados unos mínimos, por cada 100 euros de ingresos deberá pagar un impuesto denominado IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) que variará entre un 24,75% y un 52% de dicha renta. Los beneficios fiscales, prácticamente inexistentes en el IVA, supondrán un incremento del precio del producto con el consabido sobreesfuerzo económico por parte del consumidor. Y por su parte, en el IRPF, una vez eliminada la deducción por adquisición de viviendas, solamente las Aportaciones a los Planes de Pensiones (que no son una deducción, sino un diferimiento de renta) podrán paliar significativamente el importe a pagar al fisco.

El resultado final de todo ello es que el esfuerzo fiscal que sostiene a la Hacienda Pública española lo protagonizan los contribuyentes con rentas medias, fieles al ingreso derivado de impuestos como el IVA y el IRPF. Los datos hablan por sí solos: más del 75% de los ingresos del Estado derivan de estos dos impuestos que recaen directamente sobre el consumo (IVA) y sobre las rentas del trabajo (más del 80% de la recaudación del IRPF proviene de ellas). Con todo, lo peor es la imposibilidad de evitar ambos impuestos en los periodos de crisis o de pérdidas de ingresos. Si a un contribuyente le sobreviene cualquier incidente que le supone una minoración de su capacidad económica, sea por una mala administración o por un suceso que escape de su control, ese descubierto en el banco o esas pérdidas no sólo no podrá descontarlas del impuesto, sino que el impuesto seguirá gravando todas y cada una de sus operaciones.

Por el contrario, el mundo de la fiscalidad de las empresas —en especial de las corporaciones empresariales que operan en diversos países, con distintos impuestos en cada nación y complicados flujos dinerarios entre las filiales— se convierte en un amplio universo en el que el resultado siempre viene a ser el mismo: el establecimiento de mecanismos de ingeniería fiscal creados con el objetivo de disminuir los impuestos que tienen que pagar por sus beneficios.

Sin emitir a priori un juicio sobre la legalidad de dichas prácticas, sí podemos denunciar su nulo carácter redistributivo y equitativo desde el punto de vista de la justicia tributaria. Porque es un hecho que puede determinar que la riqueza generada en un territorio finalmente deje de tributar o bien tribute en un país distinto, con el consiguiente decremento de la recaudación en ese territorio, su empobrecimiento y el incremento de la presión fiscal sobre los contribuyentes que no pueden deslocalizar ni maquillar sus resultados fiscales. El objetivo del presente artículo es hablar más en profundidad de este problema.

Las grandes corporaciones

Si analizamos los informes de auditoría de 2010 registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores por las diez principales empresas españolas por capitalización bursátil (Telefónica, Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol, Inditex, Abertis, ACS, Gas Natural y Ferrovial), veremos que en conjunto reflejan unos beneficios de casi 51.300 millones de euros antes de impuestos. Según los cálculos que hacen las propias compañías en sus memorias, el pago teórico —el que tendrían que realizar al tipo nominal del 30%— roza los 15.300 millones de euros. A pesar de ello, la cantidad que llegó a Hacienda fue mucho menor. Según las cuentas oficiales, el gasto por impuesto de estas diez sociedades españolas ascendió a 12.242 millones de euros, lo que supone un tipo impositivo del 23,9% sobre el beneficio antes de impuestos. Es decir, seis puntos menos que el oficial, lo que equivale a más de 3.000 millones de merma. Todo ello tras aplicar deducciones, reducciones, créditos fiscales y otras figuras para rebajar el pago de impuestos.

Pero ni siquiera esta cifra del 23,9% de tipo impositivo medio de las grandes empresas representa el pago real efectivo, esto es, el ingresado directamente a la Hacienda Pública. Una parte de esa cuota se pagó, pero otra correspondía a impuestos diferidos (que no suponen un abono en ese momento). Pues bien, descontando la parte de cuota diferida, el tipo efectivo de las grandes firmas nacionales se reduciría aún más, llegando al 21%. Aun así, y por increíble que parezca, incluso el tipo del 21% está lejos de ser el pago real. Las compañías eluden facilitar las cifras de abono fiscal efectivo en España, pero la Agencia Tributaria sí lo hace. Y sus cuentas dicen que los grupos consolidados españoles (y entre ellos están la mayoría de las grandes empresas que cotizan en Bolsa) tributaron a un tipo fiscal efectivo medio del 14,5%, lo que representa menos de la mitad del 30% nominal. Los últimos datos disponibles se refieren a la liquidación de 2008 y los expertos consultados aseguran que la tasa no sólo no ha subido desde entonces, sino que ha bajado incluso más. El resultado es un desplome del Impuesto sobre Sociedades entre los años 2006 y 2010 de cerca del 70%. En efecto, la tributación de las compañías pasó de 41.675 millones en el 2006 a 13.383 en el 2011 (el 68% menos), mientras que en el mismo período los ingresos del Estado por el IRPF subieron casi 4.000 millones (un 6%), e incluso el IVA, cuya recaudación cayó —lo hizo mucho más moderadamente: 1.237 millones— el 2% menos en seis años.

Si bien esta caída es ya de por sí espectacular, lo es más si tenemos en cuenta que el mayor frenazo de la economía española durante la crisis actual fue en 2009, cuando se produjo una caída del PIB del 3,6%. ¿Cómo es posible que los impuestos que las empresas pagan a Hacienda se desplomen a un ritmo veinte veces superior que el de la economía en general? Si se analizan los datos que facilita la Agencia Tributaria se llega a una conclusión tan interesante como llamativa: son precisamente las empresas con mayores ingresos declarados las que menos aportan al fisco. Así, mientras una empresa con menos de 60.000 euros de ingresos anuales paga un tipo medio efectivo por encima del 22%, las que facturan más de 180 millones no llegan ni al 20%, y las de más de 1.000 millones, por debajo del 17%.

La explicación de esta gran paradoja reside en que las grandes corporaciones pueden acceder a servicios de asesoría fiscal especializados para informarse de las vías mediante las cuales reducir al máximo su factura a Hacienda, bien haciendo uso de las numerosas ventajas que les ofrecen nuestras leyes, o bien bordeando e, incluso, superando en demasiadas ocasiones los límites fijados por ellas.

¿Se está haciendo todo lo debido?

Hay dos instrumentos de calado para evitar esta discriminación negativa entre los tipos de gravamen del contribuyente de a pie y los tipos efectivos de las grandes corporaciones. En primer lugar, la amplia reforma del Impuesto sobre Sociedades llevada a cabo por el gobierno y con la que se pretende ingresar cerca de 5.400 millones más. Entre las modificaciones introducidas por esta reforma podríamos destacar el establecimiento de un pago fraccionado mínimo para grandes empresas, la limitación de la deducción de los gastos financieros, la eliminación de la libertad de amortización para las grandes empresas y la reducción de los porcentajes de determinadas deducciones empresariales.

En segundo lugar, hay que señalar la reciente sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que ha dado la razón a la Agencia Tributaria y ha mantenido que la empresa informática estadounidense Dell debe tributar por todos los ingresos de su negocio español obtenidos entre 2000 y 2003, al entender que su filial irlandesa, en cuyo nombre se facturan los productos que la multinacional vende en España, tiene una presencia lo suficientemente “sustancial y significativa” en el territorio español como para considerarse como establecida permanentemente (en contra de lo que sostenía la defensa de la multinacional acerca de que su filial española actuaba únicamente como “comisionista”). La decisión también confirma que, para que un negocio basado en internet tribute en España, basta que con tenga en nuestro país personal dedicado a la gestión de la página web destinada al mercado español, rebatiendo el argumento de Dell de que también es necesario de que tenga un servidor de internet dedicado en España. Ante la réplica por parte de Dell recordando la existencia de una interpretación homologada por la OCDE que exige la existencia de ese servidor dedicado, el TEAC recordó que varios países, entre ellos España, han presentado reservas a esa interpretación y que no debe aplicarse mientras no haya una decisión final.

Tanto los razonamientos sobre la facturación desde Irlanda como sobre la venta por internet pueden ser relevantes y afectar a otras multinacionales de tecnología y comercio electrónico como Apple, Google, Amazon, eBay o Facebook. Por poner un ejemplo, Apple facturaba desde Irlanda el 99% de sus ventas en España.

Alternativas al actual sistema

Las dos medidas anteriores pueden ser vistas como una tirita insuficiente para tapar la hemorragia recaudatoria que padece nuestro sistema fiscal, especialmente en lo relativo a la escasa tributación de la riqueza empresarial, bien directamente por medio del fraude fiscal, bien por complicadas técnicas de elusión fiscal. Así, las grandes fortunas y las grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en 2010, esto es, un 71,8% del total del fraude en España, lo que además supone triplicar el fraude de pymes y autónomos, según el informe Lucha contra el fraude fiscal en la Agencia Tributaria elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Éstos proponen la creación de un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros de facturación, que son declaradas sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas. Esta única medida permitiría recaudar 13.943 millones de euros adicionales durante el próximo año, además de mejorar la equidad del sistema fiscal al reducir las diferencias entre el menor tipo efectivo de las grandes corporaciones y el mayor de microempresas y pymes, acercando así el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas. Fruto de ello, el Ministerio de Hacienda ha decidido tomar medidas para intentar atajar los abusos que, en materia de fiscalidad, cometen las grandes multinacionales. Con este objetivo —y tras los movimientos en el mismo sentido que se están produciendo en el Reino Unido, en Alemania y en Francia— la Agencia Tributaria va a poner en marcha una oficina especializada para reforzar la vigilancia contra las grandes empresas que se aprovechan de su implantación en varios países para eludir el pago de impuestos.

Dichas medidas son del todo necesarias, ya que no es legítimo sobrecargar de impuestos al ciudadano sin ofrecer unas prestaciones sociales acordes a los impuestos pagados y viendo como las verdaderas fuentes de riqueza eluden sistemáticamente la factura fiscal y sortean los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad que deben regir un sistema impositivo como el nuestro. Como dijo Edmund Burke: "Agradar cuando se recaudan impuestos y ser sabio cuando se ama son virtudes que no han sido concedidas a los hombres".

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto.e y coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha)]

26/2/2013

Desahucios: el drama de una gran estafa

Ernest Cañada

Si algún fenómeno ilustra con mayor claridad la naturaleza de la crisis que se vive en España es el de los desahucios de miles de familias que no han podido cumplir con los pagos de sus hipotecas. Lejos de ser un “problema social”, como recordó en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), el pasado 5 de febrero de 2013, los desahucios son parte de una estafa generalizada, la que han cometido los bancos contra la mayoría de la población. Y de esto va fundamentalmente esta crisis: del fraude que están cometiendo unos pocos, en su mayoría vinculados al poder financiero y a la gran patronal, contra la gente, ese 99% que se corea en las manifestaciones en decenas de ciudades de todo el país.

La gestación de una estafa

Entre 1998 y 2007, cuando estalló la crisis financiera, en España cada año se negociaron más de 800.000 hipotecas. En solo 9 años fueron cerca de 8 millones. La construcción de viviendas fue desmesurada, y se llegaron a hacer más viviendas que en Francia, Alemania e Inglaterra juntas. Pero las familias no se hipotecaron porque quisieran, si no porque no tuvieron alternativa, tal como explicó Ada Colau ante la citada Comisión. Durante años las políticas públicas hicieron que la única vía para acceder a una vivienda fuera el sobreendeudamiento. Las viviendas de alquiler, cuyo mercado fue desregulado, eran caras, inestables y estaban en mal estado. Asimismo la política fiscal desgravaba la compra pero no el alquiler. Las autoridades públicas insistieron que no había una burbuja inmobiliaria —incluso cuando todos los indicadores eran más que evidentes [1]—, que la adquisición de una vivienda era la mejor inversión que uno podía hacer, y además había que hacerla rápido, antes de que su precio subiera. De este modo, la compra se convirtió prácticamente en la única vía para resolver esta necesidad vital, porque la vivienda en alquiler no era una alternativa real.

Muchas personas, siguiendo las recomendaciones de las distintas administraciones públicas, lo que hicieron fue comprarse una vivienda. Y para ello accedieron a los préstamos hipotecarios que ofrecían las entidades financieras en condiciones muy dudosas. Por una parte, recordó Colau ante los diputados, los créditos se ofrecieron mediante contratos que las mismas entidades financieras elaboraban sin posibilidad de cambio, incluían cláusulas abusivas y nunca se informó en dichos contratos que la hipoteca, en caso de impago, no quedaba saldada con la devolución de la casa, si no que la deuda podía perseguir al deudor de por vida, hasta su completa cancelación. Por otra parte, las tasaciones fueron hinchadas con precios sobrevalorados por empresas tasadoras impuestas por los mismos bancos. Además se concedieron préstamos a personas cuyos ingresos eran demasiado bajos y que claramente iban a estar en una situación de riesgo.

Cuando estalló la crisis

El resultado fue que entidades financieras, empresas inmobiliarias, constructoras y algunas administraciones públicas se lucraron enormemente con lo que constituyó un fraude hipotecario generalizado, tal como denunció la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en su Manifiesto de presentación.

Pero cuando la crisis estalló ninguno de estos actores asumió responsabilidad alguna que, contrariamente, se trasladó en su totalidad a quienes contrajeron las deudas. De este modo, mientras miles de viviendas están vacías, sin venderse o alquilarse, y se concentran cada vez más en manos de las entidades financieras, que se han quedado con los inmuebles de las constructoras y empresas inmobiliarias endeudadas y quebradas, a quienes sí se han perdonado sus deudas a cambio de los inmuebles, miles y miles de familias son sacadas de sus casas por no poder hacer frente a las hipotecas que asumieron. Según datos de la PAH actualmente están siendo desalojadas de sus casas más de 500 familias al día, lo que supone que desde que estalló la crisis en 2007 se hayan producido más de 400.000 desahucios. El mismo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial reconoció que las ejecuciones hipotecarias o desahucios habían aumentado más de un 134% durante el año 2012.

El incremento de los desahucios ha provocado una situación de desamparo y empobrecimiento de una gran cantidad de personas. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2012, el 12% de las personas sin hogar habría sufrido un desahucio. También se han incrementado dramáticamente el número de suicidios asociados a esta causa, aunque los datos estadísticos oficiales tienen serias limitaciones en este aspecto. En los últimos días, se han producido al menos cinco suicidios directamente asociados a desahucios. El pasado viernes 8 de febrero un hombre de 36 años, activista de Stop Desahucios, con esposa e hija, con una orden de desahucio por impago de alquiler se suicidaba en Córdoba; el lunes 11 lo hacía un hombre de 56 años en Basauri, País Vasco; el martes 12 una pareja de jubilados en Calvià, Mallorca, después de recibir el aviso de desalojo; y el miércoles 13, en Alicante, lo hacía un hombre de 55 años momentos antes de llegar la comisión encargada de su desahucio. Se trata de los casos más recientes, pero la lista es muchísimo mayor. En esta situación, resulta revelador que el periodista Antonio Maestre haya elaborado por medio de googlemaps un mapa de suicidios relacionados con los desahucios y las dificultades económicas provocadas por la crisis en España.

El conocimiento de las consecuencias directas de la política vigente en materia de vivienda y préstamos hipotecarios, hizo que Ada Colau acusara de criminal al secretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pelliter, durante la comentada comparecencia. Momentos antes que ella interviniera el representante de la banca había ninguneado el problema de los desahucios, considerando que “la legislación española era estupenda”, en un acto más de la evidencia del poder del sistema financiero sobre los estados [2].

También desde fuera de España han arreciado las críticas y denuncias a esta política de vivienda e hipotecaria. La población inmigrante que llegó del extranjero para trabajar y acabó contrayendo hipotecas para poder acceder a una vivienda, se encuentra ahora que, además de perder su vivienda por impago de la deuda contraída, y todo el dinero que invirtieron en ellas, tienen que seguir pagándola aunque retornen a sus lugares de origen y con la amenaza de embargo de sus ingresos por las entidades financieras en esos mismos países. Esta situación llevó el pasado 21 de enero de 2013 a Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo de Ecuador, a interponer una demanda contra España en el registro del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la política de desahucios.

Lucha social y alternativas, el protagonismo de la sociedad civil

Frente a la inacción de los poderes públicos españoles, la sociedad civil ha tenido que organizarse para analizar y denunciar el problema, pero también para defender los derechos y necesidades de la gente ante los desahucios y, finalmente para proponer cambios en las políticas públicas. Buena parte del liderazgo público en la lucha social frente al problema de la vivienda ha estado a cargo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Constituida en febrero de 2009 en Barcelona, hoy tiene núcleos organizados en más de cien municipios de toda España.

Por medio de estas estructuras la gente se ha auto-organizado para defenderse y apoyar a sus vecinos ante los desahucios, e incluso se ha logrado involucrar a colectivos como los cerrajeros que se han comprometido en muchas ciudades a no participar en más desalojos. También se ha presionado a las entidades financieras o se ha acompañado a la gente en las negociaciones para lograr gran cantidad de daciones en pago (saldo de la deuda con la entrega del inmueble), condonaciones de deuda, o que algunas familias fueran realojadas en viviendas públicas. E incluso en algunos municipios han desarrollado cierta obra social, ofreciendo estructuras de protección y acompañamiento a las personas más desamparadas. Pero sobre todo, lo más importante es que organizándose la gente ha logrado darse esperanza. Rodrigo Fernández Miranda, investigador de Alba Sud, destacaba que en respuesta al “paulatino deterioro del vínculo entre ciudadanía e instituciones públicas y al aumento de la injusticia social, emerge una ciudadanía más activa que está ensayando una democracia participativa y real” [3].

En esta perspectiva cabe entender el trabajo desarrollado por la PAH con la presentación en el Congreso de los Diputados de 1.402.854 firmas a favor de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para cambiar la legislación hipotecaria en España. Entre las principales medidas propuestas incluyen la dación en pago con carácter retroactivo, moratoria universal para los desahucios y un alquiler de carácter social. El 12 de febrero de 2013 el Congreso de los Diputados ha tenido que aceptar, con el voto favorable de todos los grupos políticos pese a su rechazo hasta último momento del Partido Popular, que se debata esta ILP. La presión ciudadana fuera y dentro del Congreso es cada vez más fuerte y previsiblemente continuará en ascenso si no se aceptan las propuestas “de mínimos” planteados por la voz de la calle.

La lucha contra los desahucios es parte esencial de este relato sobre la crisis. Es parte de la lucha de los de abajo contra los de arriba, la necesaria respuesta social a una crisis que, en realidad, no es más que una gran estafa.

Notas

[1] Sobre las características del sector de la vivienda en España véase: José Manuel Naredo y Antonio Montiel Márquez, El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano, Icaria Editorial, Barcelona, 2011.

[2] José Antonio Estévez, El poder del sistema financiero sobre los estados, Alba Sud, 25 de diciembre de 2011.

[3] Rodrigo Fernández Miranda, Desahucios: cuando el Estado también entregó las llaves de su casa, Alba Sud, 27 de enero de 2013.

[Este artículo forma parte de la serie “España: relatos de una crisis”, elaborada por el autor para la Rel-UITA.]

20/2/2013

El mercado de las certificaciones: las empresas certificadoras y la universidad

Antonio Madrid Pérez

El ámbito de la certificación se ha convertido en un espacio de negocio estratégico. El fenómeno es muy interesante porque permite ver cómo se privatizan algunas funciones relacionadas con la actividad universitaria que tradicionalmente se habían organizado como funciones públicas. A continuación se habla de la certificación de conocimientos y competencias de estudiantes universitarios y otras personas interesadas (profesores, personal de administración, profesionales…) mediante un sistema organizado y controlado por empresas privadas. Este sistema de certificación ha sido avalado por la Conferencia de rectores de la universidad española (la CRUE).

La reforma de los planes de estudio universitarios que se hizo con motivo de la implantación a la española de los criterios del ‘Espacio europeo de educación superior’ (el conocido como plan Bolonia) introdujo, entre otras novedades, las ‘competencias’ como contenido del aprendizaje de los estudiantes universitarios. Las nuevas titulaciones (los grados y los másters universitarios) identificaron competencias junto a los contenidos de aprendizaje que tradicionalmente habían tenido las asignaturas. Por ‘competencia’ se entendió la combinación de varios elementos: la adquisición de conocimiento, el desarrollo de habilidades y saber aplicarlos a situaciones concretas. Así, por ejemplo, una competencia de los estudios jurídicos puede ser: comprender y reflexionar críticamente sobre los valores implícitos en el Derecho.

La incorporación del aprendizaje por competencias a los planes de estudio supone, entre otras cosas, que el estudiante universitario ha de ser formado y evaluado sobre ellas. Pero también significa otra cosa, la obtención de la titulación universitaria debería suponer que el estudiante maneja con suficiente solvencia las competencias incorporadas en los planes de estudio que ha seguido.

En medio de este contexto, surgió hace años una iniciativa que se insertó progresivamente en el ámbito universitario: la certificación de competencias mediante lo que se conoce como CERTIUNI. Mediante la web de la “Conferencia de rectores de la universidad española” (http://www.crue.org/) se puede acceder a este sistema (http://www.certiuni-crue.org/). En esta página se explica que este sistema permite a las universidades “ofrecer sistemas de acreditación en algunas de las competencias más demandadas en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior”.

La primera pregunta que surge es si este sistema queda integrado en el mapa de titulaciones y en los sistemas de evaluación de las universidades o si es un sistema complementario por el que el estudiante (o persona interesada) deberá pagar. Se trata de lo segundo. Es decir, los rectores españoles avalan un sistema privado de certificación de competencias que complementa al sistema público de titulaciones ofrecidas por las universidades.

¿Cómo funciona CERTIUNI?

El sistema funciona de la siguiente forma. Se ofrecen certificaciones en idiomas, informática y competencias personales. Por ejemplo, en informática, uno de las certificaciones que se expide es en relación al manejo de Microsoft Office Outlook 2010. En idiomas, se ofrecen pruebas sobre distintos idiomas: francés, alemán, inglés y español. En el apartado de competencias personales, el estudiante puede elegir entre dos pruebas, una larga y otra corta. La larga (4,5 horas) evalúa cuestiones como la cordialidad de la persona examinada, su capacidad para dirigir personas, su resistencia al estrés, la capacidad de adaptación o la capacidad para resolver conflictos en el equipo de trabajo. La prueba corta (1,5 horas) es una selección reducida de la oferta evaluativa que se hace en la prueba amplia.

Para realizar estas pruebas, la persona interesada (estudiante, profesor, administrativo…) ha de inscribirse y pagar el precio de la prueba. Los precios varían según el tipo de examen on line que se haga. En el examen de idiomas puede ir, según las competencias que se quieran certificar, desde 56 a 105 €. Los exámenes consisten en tests on line o las pruebas correspondientes que se establezcan. Una vez realizado el test se emite un certificado que la persona puede incorporar a su currículum vitae.

Las pruebas se organizan en aquellas universidades que lo solicitan a la estructura de CERTIUNI. Por acoger una jornada de certificación, la universidad puede recibir una compensación por los gastos de gestión, difusión, etc. que realice. Entre las instituciones colaboradoras se encuentran: la Universidad de Cambridge, el Goethe-Institut, el Departamento de Empresa y Ocupación del Gobierno catalán o la Confederación española de organizaciones empresariales, entre otras. Las multinacionales participantes: Microsoft, Linux Professional Institute, Oracle, Zentyal y Scrum Manager. El socio tecnológico es PUE (Proyecto Universidad Empresa S.L.).

La empresa Proyecto Universidad Empresa S.L. fue creada en 1998, con un capital social suscrito de 3.005,06 €. La propia empresa explica que es una institución académica fundada bajo un acuerdo de colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). De hecho, tuvo su primera sede social en un edificio de la UPC. Entre sus objetos sociales está: “a) La prestación de los servicios de enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional; la educación superior y cursos de orientación universitaria; la capacitación; formación, y profesionalización de personal para empresas; el ejercicio de la enseñanza para la formación empresarial en todos sus ámbitos, en especial mediante el ejercicio de cursos de especialización”. En junio de 2012 se amplió este objeto social añadiendo lo siguiente: “diseño, coordinación, gestión y ejecución de proyectos educativos; consultoría y asesoría educativa; realización de exámenes de certificación”.

Esta empresa trabaja como centro certificador en España de otras empresas de ámbito internacional: Pearson VUE, Prometric y Certiport. Su director ejecutivo y administrador es José Antonio Ufano Ribadulla. En una entrevista de julio de 2012, planteaba su visión de futuro: que la certificación fuera exigida para acceder al mercado laboral. Tanto la certificación de la persona que quiere acceder a un puesto de trabajo, como la certificación del centro formativo.

Las cuentas anuales de esta empresa en 2011 indican una cifra de negocio de 2.888.386 € (en 2010 fueron 2.292.165) y un resultado al cierre del año 2011 de 575.682 € (en 2010 fueron 269.863 €). En 2011 esta empresa ingresó 547.047 € en concepto de subvenciones, donaciones y legados (en 2010 fueron 294.693 €).

Sobre el modelo CERTIUNI

Ante este modelo de certificación surgen varias cuestiones.

1. Stricto sensu, las ‘certificaciones’ ofrecidas mediante este sistema no son tales. Son informes que realiza una empresa privada a petición de la persona interesada. Es extraño que las universidades no hayan desligado su función certificadora de los informes que puede hacer una empresa privada acerca de los conocimientos que tiene una persona en el manejo de nuevas tecnologías, idiomas y competencias personales. (Sobre esta cuestión puede consultarse: Francisco López Merino, El acto de certificación, La Ley, Madrid, 2009).

2. Una universidad bien pensada y gestionada ha de ofrecer estudios de calidad. Es decir, no puede vender humo. Esto afecta a sus contenidos curriculares de las titulaciones, incluidas las competencias. Algo preocupante sucede cuando a un estudiante universitario que cursa un grado o un máster se le sugiere implícitamente que acuda a un sistema privado de certificación (previo pago complementario) para acreditar sus conocimientos. Si estos conocimientos son relevantes han de formar parte de la titulación universitaria. La pregunta que surge a cualquier estudiante es: entonces ¿qué ‘certifica’ el título que voy a obtener al finalizar mis estudios universitarios?

3. La universidad, en tanto que servicio público, tiene capacidad para incorporar, si fuera necesario, los sistemas de comprobación on line de conocimientos. Si las universidades no saben cómo evaluar las competencias que han incorporado a sus titulaciones, o encuentran que han de ser ampliadas, tendrán que buscar un sistema coherente que fortalezca la estructura pública, y no fomentar sistemas privatizadores. De otra forma, ella misma apuesta por la devaluación de sus titulaciones.

4. Un sistema como CERTIUNI se vuelve atractivo bajo una premisa: mejorar el currículum de la persona interesada de cara a encontrar trabajo. El certificado que se recibe, y que la persona incorpora a su currículum, tiene el valor probatorio que la empresa le dé durante el proceso de selección. Ni más ni menos.

5. La actividad de certificación ocupa un lugar estratégico en el contexto actual. Está en juego la hegemonía institucional en lo referente a la formación universitaria. Si no se corrige la tendencia, las universidades acabarán sometidas a sistemas privados que certificarán su capacidad para crear y transmitir conocimientos. En vez de ser las universidades públicas las que establezcan los criterios a seguir, pueden verse (y en parte así está ya sucediendo) sometidas a sistemas privados de evaluación de la competencia formativa de las universidades.

25/2/2013

¿Hacia un derecho policial del enemigo?

Eduardo Melero Alonso

Una de las piedras de toque de la salud de nuestro Estado de derecho es la actuación de la policía. En este texto pretendo llamar la atención sobre un par de prácticas policiales que resultan muy preocupantes: la inobservancia del deber de portar en el uniforme el número de identificación y la realización de interrogatorios por policías encapuchados.

Como parte de su uniforme, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía están obligados a mostrar el "distintivo de identificación personal", en el que se recoge su número de funcionario (así lo establece la Orden INT/1376/2009, de 25 de mayo). Esta obligación da contenido al derecho de los ciudadanos a identificar al personal de la Administración, reconocido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Es, además, un mecanismo de protección frente a la actuación arbitraria de la policía: un instrumento modesto pero al fin y al cabo una medida garantista. El incumplimiento de esta obligación ha de considerarse como falta grave, que implica una sanción de suspensión de funciones desde cinco días hasta tres meses, según la Ley Orgánica 4/2010 del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

En la práctica, hay muchos policías que no portan en su uniforme el distintivo de identificación personal, algo que suele ser habitual en el caso de los antidisturbios cuando visten el chaleco protector. Para ser justo, y partiendo de mi experiencia personal, tengo que reconocer que hasta hace poco tiempo era difícil encontrar un policía que portara la identificación; en la actualidad su uso se está haciendo algo más generalizado. Así, en la manifestación en Madrid del 23 de febrero, la mitad de los policías que vi en la plaza de Embajadores no iban identificados, mientras que en la plaza de Neptuno todos llevaban identificación; en ninguno de los casos tenían puesto el chaleco.

El hecho de no portar el distintivo de identificación personal es una medida que favorece la impunidad de la actuación policial. Indirectamente, además, puede afectar al derecho de defensa de los ciudadanos. Se ha pretendido justificar que los policías no vayan identificados como una medida de protección frente a denuncias falsas de abusos policiales. A mi juicio, esto no tiene ningún sentido, ya que las declaraciones de los policías tienen valor probatorio. Esto significa que para desvirtuar lo que dice un policía hay que aportar alguna prueba, pues no es suficiente afirmar que se ha producido un abuso. Eso sin tener en cuenta que presentar una denuncia falsa es un delito previsto en el Código Penal.

En cualquier caso, resulta llamativa la complicidad de los mandos policiales y de los responsables políticos en esta cuestión. Si hubiera voluntad de acabar con esta práctica se acabaría en dos días. Bastaría con enviar a algún agente para controlar que los policías porten la obligatoria identificación e iniciar los expedientes sancionadores pertinentes contra quienes hayan incumplido esa obligación. Los responsables políticos no están por la labor. Como la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que no ve ningún problema en que los antidisturbios oculten su distintivo de identificación debajo del chaleco protector.

Mucho más preocupante que la falta de identificación es el hecho de que se están realizando interrogatorios por policías vestidos de paisano y encapuchados. Así, en la comisaría de Moratalaz, un auténtico agujero negro de nuestro Estado de derecho, se realizaron interrogatorios de este tipo a los detenidos tras las protestas contra la reforma laboral en febrero de 2012 y tras la huelga general del 14 de noviembre.

La Dirección General de la Policía ha pretendido justificar los interrogatorios por policías encapuchados en que se trata de una medida de protección de seguridad de los agentes ante posibles atentados y en la eficacia de la acción policial, partiendo de que no está prohibido el uso de prendas que cubran el rostro de los agentes. El uniforme reglamentario de la policía no recoge ninguna prenda que cubra el rostro, según la Orden INT/2160/2008. Además de impedir el ejercicio del derecho a identificar a los funcionarios públicos, la realización de interrogatorios por policías encapuchados contribuye a crear una atmósfera intimidatoria en las comisarías. Pero sobre todo, vulnera el derecho de defensa que es parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución. Así lo ha señalado el Defensor del Pueblo en una recomendación formulada en diciembre de 2012, en la que se indica que debería prohibirse expresamente el uso de prendas que cubran el rostro dentro de las dependencias policiales.

Estas prácticas ponen de manifiesto una lógica común. Los intentos de justificar estas actuaciones policiales suponen una interpretación torticera del ordenamiento jurídico, que reduce los derechos de los ciudadanos a una mínima expresión. Éste es el "canon policial" de interpretación jurídica que pretende vaciar el contenido garantista de las normas que regulan la actuación del Cuerpo Nacional de Policía.

Estas actuaciones también demuestran que la policía está tratando a determinadas personas no como ciudadanos, sino más bien como enemigos. No es casualidad, por tanto, que el jefe superior de Policía de Valencia llegara a calificar como enemigos a los estudiantes que se manifestaban. A mi juicio, la práctica policial está dando lugar a la formación de un derecho administrativo del enemigo que consiste en la reducción para determinados grupos de personas de las garantías legales que establece nuestro ordenamiento jurídico. Este derecho policial del enemigo no se recoge en las normas, no es derecho normado, sino derecho practicado; no por ello despliega menos efectos en la realidad.

El problema es que para los policías enemigo puede ser cualquiera que ellos decidan que es un enemigo. Entre ellos los ciudadanos que protestan, pero también los extranjeros que residen en nuestro país y que se ven sometidos, por ejemplo, a continuos requerimientos de identificación por el simple hecho de tener un color de piel o unos rasgos diferentes.

26/2/2013

Comentarios prepolíticos: 14

Joan Busca

Populismo, gobernanza y política alternativa

Hace tiempo que el populismo se ha convertido en un mal sueño para las castas políticas en el poder; o al menos el adjetivo se aplica a todas aquellas propuestas que se salen de las reglas del juego dominante. El renacer del “populismo” se inició en Latinoamérica con los triunfos sucesivos de Chávez, Correa, Morales, el matrimonio Kirchner, etc., pero ahora está llegando a la vieja Europa, y la victoria del Movimento Cinque Stelle en las elecciones italianas ha hecho sonar todas las alarmas del poder.

No soy un experto en el tema y me voy a mover, por tanto, por un campo minado. Solo me atrevo a exponerlo en esta sección para aficionados que mientras tanto me permite cubrir. La aplicación del calificativo “populista” tiene sin duda un toque peyorativo, despectivo y hasta cierto punto antidemocrático, pero hay algunos rasgos de estos movimientos y líderes que ciertamente me resultan inquietantes. En primer lugar, por su acendrado personalismo, siempre he pensado que el socialismo y la democracia solo tienen sentido si son plurales, si mucha gente es protagonista, si los cargos son efímeros y la gente es capaz de asumir roles distintos a lo largo del tiempo. Uno siempre ha pensado que una sociedad aceptable es aquella en que la gente está informada y tiene opciones de reflexión y debate, en que se justifican las medidas adoptadas y se realiza un escrutinio atento de sus efectos e impactos, en que la rectificación es el resultado de la evidencia experimental. En segundo lugar, también por el tono a menudo mesiánico de sus propuestas. Un tono que a menudo deja fuera de campo las contradicciones y las complejidades de la realidad. La propia tradición de la izquierda radical ha estado contaminada por el peso de líderes carismáticos, por la simpleza de las respuestas; de ahí mi prevención frente a los movimientos en que predominan el liderazgo personal y la acción sin debate. Pero estos —el personalismo, la proclama acrítica, la negación de la mediación— son rasgos que se pueden encontrar en un abanico muy variado de registros políticos, y no tiene sentido incluir en el mismo saco de los populistas a los grupos de extrema derecha xenófoba que proliferan en muchos países europeos que a estos “neopopulismos” que incorporan muchas demandas de izquierdas. El nerviosismo que suscitan los líderes latinoamericanos o Beppe Grillo (o la CUP catalana) me parece menos una preocupación por sus formas (al fin y al cabo existe una larga tradición de compadreo del establishment europeo con populistas de derechas y con cosas mucho peores, como mostraba la presencia del dictador tunecino Ben Alí en la Internacional Socialista) que el temor a que sus demandas y exigencias conduzcan a desarrollar políticas que quebranten las reglas del juego de lo permitido por las élites dominantes. Lo sabemos desde los tiempos de la Trilateral: lo que preocupa a dichas élites es demasiada democracia, demasiada igualdad, no su ausencia. La gobernanza a la que se refieren no es la de permitir un proceso pacífico de autogestión social, sino el mantenimiento de privilegios y cotas de poder intocables. Desde este punto de vista, este “neopopulismo” de izquierdas es, a la vez, un síntoma de los tiempos y un reto.

Ciertamente, explorando las cosas que plantean estos nuevos movimientos sociales o políticos (Cinque Stelle, Piratas, Indignados, etc.), uno piensa que hay demasiadas inconcreciones y contradicciones para que esto acabe representando una alternativa real al poder del capital. En cierta medida me atrevería a decir que estos movimientos son, sobretodo, un resultado del fracaso de la experiencia socialista clásica y de los cambios sociales generados en las sociedades capitalistas en la fase neoliberal. Son un producto de la situación actual. Por una parte, el fracaso del modelo soviético ha generado el descrédito de los grandes proyectos del pasado. Puede alegarse que muchas de las viejas ideas son útiles, que deben ser analizadas, que siguen vigentes. Pero lo cierto es que la revisión debe ser importante en planos muy diversos —el de la gestión económica, la participación política, las libertades individuales— y que difícilmente puede esperarse que la vieja izquierda tradicional vuelva a recuperar su predicamento de antaño.

Las sociedades capitalistas maduras han cambiado en muchos aspectos, y esto se refleja también en las formas de la política. Hoy existen amplias capas de población con educación superior o, simplemente, con un amplio acceso a fuentes de información. Una población que el consumismo ha elevado a la cota de “individuo que toma decisiones”, decisiones que en muchos casos están pensadas para producir efectos a corto plazo. Una población que ha visto fragmentarse e individualizarse sus condiciones laborales y que en bastantes casos habita en espacios que tampoco ofrecen un cauce comunitario. Una población que en los últimos diez años ha experimentado a la vez el cinismo y la impotencia de las élites políticas, y que a menudo es incapaz de entender el lenguaje críptico y vacío en el que se desenvuelve el teatro político. Y una población que experimenta día a día una degradación de las condiciones de vida y una ausencia de respuestas que permitan mejoras tangibles a corto plazo.

Existen las condiciones para que gane audiencia quien centre sus críticas en la casta dominante, quien recoja puntos del programa que parezcan soluciones fáciles a los conflictos planteados. Soluciones a menudo elaboradas por esta misma gente. Creo que, en definitiva, se trata de movimientos que recogen muchas de las frustraciones sociales de la gente en un contexto de ausencia real de un proyecto alternativo global. En este espacio, a lo que queda de la izquierda tradicional la dejan fuera de juego su conservadurismo, su respeto a las formas y, a menudo, su falta de audacia.

Y, en cambio, sigue siendo más necesario que nunca un proyecto político que articule la reflexión serena, el proyecto pensado con la acción combativa, la denuncia y el ataque frontal (parafraseando al psicólogo Daniel Kahneman, una izquierda que articule el pensar rápido y el lento, la respuesta meditada y la iniciativa enérgica). Creo que muchos de estos movimientos son expresivos de la situación, pero que corren el peligro de perderse en vías sin salida. Sin embargo, una izquierda alternativa que recoja esta situación debe ser capaz de navegar en estos mares. Básicamente, en dos planos fundamentales, ofrecer una respuesta clara a los males de las políticas del capital (lo que no es incompatible con mantener buenas demandas reformistas) y practicar una forma de actuación que dé confianza a la gente y se desmarque de los viejos modos de la política institucional y de las organizaciones bajo el control de la cúpula.

III

El desafío es difícil, pero la situación requiere tratar de explorar esta vía de combinar lo mejor de la vieja experiencia de la izquierda y las demandas democrático-radicales que expresan en parte estos neopopulismos. En España ello es esencial para ayudar a quebrar el régimen que instauró la transición y que cada vez resulta más evidente que aquello se configuró como una nueva versión, puesta al día, de la vieja Restauración borbónica, cambiando conservadores y liberales por peperos y socialistas y realizando algunas concesiones a las intensas demandas sociales. Hoy este régimen está quebrado en casi todos sus componentes —la casa real, los partidos del poder, las respuestas a las necesidades sociales, el cinismo de las élites económicas—, pero la forma en que se desarrollará esta crisis no está escrita. Mucho dependerá de cómo sepamos responder a la misma y conseguir que de la misma salgamos con un sistema institucional favorable a la mayoría o con una nueva versión de gobierno autoritario conservador. Por esto es tan urgente que sepamos encontrar puentes de relación entre una alternativa reflexiva y las demandas radicales, pero a veces inmaduras, que expresan estos nuevos movimientos.

28/2/2013

La novela femenil y sus lectrices o la perversión de la crítica literaria en España

Sonia Herrera

La novela femenil y sus lectrices es un libro de Laura Freixas publicado en el año 2009 por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba en el que se realiza un análisis de la crítica literaria actual y del desprestigio constante de los críticos (en su mayoría varones) hacia las mujeres y lo femenino en la literatura. Partiendo de un interés personal por la discriminación de la mujer en la industria editorial, Freixas aborda dicha temática desde tres ángulos relativos a las editoras, a las escritoras y a las lectoras. Más tarde, en los capítulos siguientes, la autora aborda en profundidad la materia acercándose a la ideología que se transmite a través del lenguaje en la crítica, al llamado mercado de las novelas femeninas y a los premios y cánones literarios. En el último capítulo, Laura Freixas analiza cuatro relatos escritos por mujeres (El árbol, de María Luisa Bombal; Lo que queda enterrado, de Carmen Martín Gaite; La habitación diecinueve, de Doris Lessing, y Amor, de Clarice Lispector).

Pero antes de adentrarnos en los contenidos de La novela femenil y sus lectrices sería conveniente tener presentes algunos datos. Las mujeres representan el 73% de los licenciados en Filología, el 50% en Ciencias de la Información y el 65% en Filosofía y Letras [1]. Pero si tenemos en cuenta además los datos recogidos por el informe Hábitos de lectura y compra de libros en España (2010), elaborado de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y el Ministerio de Cultura, observamos que de los libros que se publican en España de autores españoles, son de mujeres solamente un 20-25%. En cambio, leen frecuentemente —lectura diaria o semanal— el 39% de los hombres y el 48% de las mujeres. ¿Y qué dicen los críticos? ¿Qué cuentan “los que saben” o dicen saber? Tengamos presentes sus propias palabras recogidas por Freixas a lo largo de años de trabajo:

“Salvadas algunas torpezas expresivas, el estilo de Clara Sánchez se ajusta a la materia novelada y sobre todo a la voz de su protagonista narrador. Esta adecuación no era fácil de conseguir, pero Sánchez acierta y la lleva a cabo. En este sentido aporta un pequeño disentimiento o quizá no tan pequeño, a cierta poética ginocéntrica, muy en boga, que limita, si no clausura, el alcance de la realidad humana. Tal disentimiento es digno de gratitud. La corrección política, en el sentido español del término, se nutre a menudo de tales escoramientos”.

(Miguel García Posada, El País, 29-4-2000)

“Y la fórmula policial sigue siendo rentable para autores y editores. De modo que, una vez convencida la industria editorial de que las mujeres leen más que los hombres, o compran más libros, y prefieren las escritoras a los escritores, estaba claro que iban a empezar a aparecer señoras que cultivaran el modo best-seller, no ya en la línea de la novela femenina tradicional, de Corín Tellado a Danielle Steel, sino al modo de los formula writers varones del género negro”.

(Horacio Vázquez-Rial, ABC Cultural, 22-9-2001)

“… el amplio mercado de la novela femenil, en la que decaen hasta escritores de verdad…”

(Ángel García Galiano, Revista de Libros, diciembre de 1998)

“W. A. Mitgusch sabe escribir, pero su prosa bordea siempre la línea semiborrada que separa la buena literatura de lo que suele llamarse ‘literatura de mujeres’.”

(Miguel Sáenz, Diario 16, 6-9-1990)

“La autora de Deja que la vida llueva sobre mí [Nuria Amat] no escribe obras femeninas ni reivindicativas. Tampoco novelas de temática previsible ni productos de venta fácil. No asume identidad alguna, ni siquiera la del “segundo sexo”. (…) Nuria Amat quiere ser, y es, escritora a secas”.

(Juan Goytisolo, “Escritora a secas”, crítica de Deja que la vida llueva sobre mí y Poemas impuros, de Nuria Amat, Babelia, 29-3-2008)

“Hay otras mujeres escritoras en España ahora, pero las dos que he leído (un poco) siguen la vieja tradición. Una quiere ser "un gran hombre" y toma nuestros manierismos. La otra quiere ser “muy mujer” según la estampa de los calendarios (alfeñique con vainilla y caramelo casero).”

(Ramón J. Sender a Carmen Laforet, febrero de 1967, en Puedo contar contigo. Correspondencia, Ediciones Destino, Barcelona, 2003, p. 100)

A la luz de la investigación de Laura Freixas, La novela femenil y sus lectrices desentraña los prejuicios más arraigados en la crítica literaria española a través de múltiples citas de diferentes publicaciones que ilustran cómo la asociación entre mujer/femenino y literatura lleva casi siempre acompañada la desvalorización de la obra. La muestra periódica de estadísticas a lo largo del texto pone de manifiesto la clara desventaja de la que parten las mujeres en la industria editorial, donde los hombres siguen siendo una aplastante mayoría, a excepción de las agencias literarias donde las mujeres pudieron incursionar siguiendo la estela de la primera gran agente, Carmen Balcells.

La novela femenil y sus lectrices extrae de las críticas literarias publicadas en el Estado español las ideas más misóginas que entorpecen el acceso al prestigio de las mujeres en la literatura, tales como “la supuesta correlación entre la feminización del público lector y la corrupción del gusto” [2].

Según las encuestas y listas de periódicos citadas en esta obra, la proporción de libros escritos por mujeres entre los más vendidos ronda el 30% en narrativa y es prácticamente inexistente en no ficción y poesía. Basándose en estos y otros muchos datos, Freixas hace visible en el primer capítulo de su libro la escasa cuota (cuantitativamente hablando) que ocupan las mujeres en la industria literaria de nuestro país, a pesar de que los medios de comunicación hablen de “boom de la literatura femenina”.

Dejando a un lado las estadísticas, los ejemplos de críticas literarias expuestos por la autora denotan una notable carga de negativismo hacia la literatura escrita por mujeres, expresando de una forma más o menos velada connotaciones de género que identifican a las escritoras como una amenaza a la calidad literaria, aunque sean éxito de ventas. Para luchar contra esa supuesta “amenaza”, los críticos (recordemos que en su mayoría son hombres o mujeres que prácticamente se excusan por serlo) denigran y deslegitiman las obras escritas por mujeres e identifican con lo masculino a aquéllas que sí consiguen el favor de la crítica.

Otra de las principales ideas que plantea el texto de Laura Freixas es la omnipresencia de la masculinidad en la literatura y, por consiguiente, su asociación con lo universal. Los hombres (ya sean escritores o lectores) quedan eximidos de la carga de género como un rasgo particular que defina su gusto o su pericia artística.

El segundo capítulo de la obra se centra (tal como se anticipaba más arriba) en el lenguaje vinculándolo al empleo que la crítica literaria hace del mismo para denostar a las mujeres. Recurriendo con frecuencia al diccionario, la autora demuestra que existe todo un acervo de términos y expresiones que ofenden y ultrajan a las mujeres, mientras que no existen las palabras equivalentes para los varones. Este hecho expone principalmente dos ideas relevantes para la autora: que el lenguaje nos impide (me incluyo) ser sujetos universales representativos de toda la humanidad (para la crítica representamos lo particular, lo específico) y que dicho lenguaje a su vez está empapado de ideología; una ideología patriarcal y misógina que no escapa de los círculos literarios, que atribuye valores negativos a todo lo relacionado con lo femenino y que sitúa sistemáticamente a las mujeres en el ámbito del amor, la sexualidad y la maternidad.

Otro rasgo destacable extraído del estudio de Freixas es la adjudicación constante de ciertas características a los libros escritos por mujeres y supuestamente dirigidos a mujeres. Dichos rasgos (particular, comercial, intimista y feminista) nunca se usan de modo objetivo/descriptivo sino con un claro afán de desacreditar a la obra y a su autora.

En lo concerniente a las lectoras, los datos aportados por la autora de La novela femenil y sus lectrices indican que, desde que tienen un mayor acceso a la educación y al conocimiento, las mujeres son sensiblemente más asiduas a la lectura que los hombres, pero de nuevo la crítica arremete perniciosamente contra la mujer como consumidora de cultura, dibujándola como una “intrusa” que “lee malos libros o lee mal libros buenos” [3], una idea que ya se debatió mucho durante el siglo XIX cuando ciertos autores (todos varones) intentaban poner cortapisas a la independencia intelectual de las mujeres trayendo a colación el mismo argumento basado en prejuicios sobre la calidad artística que esgrime la crítica hoy en día y que interrelaciona la cultura de masas con lo femenino y, por ende, con lo defectuoso. Según Freixas, para la crítica, la “alta cultura” sigue reservada a lo masculino.

Una idea interesante que se desprende de la lectura minuciosa de La novela femenil y sus lectrices es la de que ese ataque persistente contra las mujeres como escritoras y lectoras que las devalúa como sujetos constructores de conocimiento se deriva del temor a que la mayor instrucción de las mujeres conlleve un cuestionamiento de las jerarquías y los roles de género.

En el capítulo dedicado a los premios y cánones, Laura Freixas refleja una pasmosa realidad de exclusión de las mujeres en los cánones sobre literatura publicados, así como un panorama muy poco alentador en cuanto a los premios donde la proporción de mujeres ganadoras está muy por debajo de la mitad (sobre todo en los premios institucionales). Además, la progresión en la presencia de mujeres entre los galardonados de los premios que aparecen en la obra no mantiene ninguna continuidad. Por ello, según la autora, es necesario un mayor acceso de las mujeres —feministas, añadiría yo— a los puestos de poder intelectual para que el progreso cuantitativo repercuta en un cambio cualitativo respecto a la mujer.

Por último, en el capítulo “Mentiras, secretos y silencios”, en el que la autora analiza cuatro relatos escritos por mujeres (Bombal, Martín Gaite, Lessing y Lispector) [4], nos encontramos con unas características comunes en sus historias. Por un lado, con el uso de elementos simbólicos como la ventana o el espejo que representan la separación entre el mundo interior y exterior (lo privado y lo público) y la búsqueda de la identidad. En segundo lugar, con el uso de metáforas relacionadas con la naturaleza desde una doble vertiente: una vinculada al bienestar de las protagonistas y otra que muestra una naturaleza violenta y desazonadora. Un tercer aspecto es la incomodidad que las protagonistas de los relatos sienten con respecto al lenguaje al verse imposibilitadas para expresar su identidad, sus emociones o sus angustias, hasta que descubren formas alternativas de expresión como el uso del cuerpo, los silencios o las mentiras (aunque dicho lenguaje esté fuera de la razón convencional y patriarcal). Por último, la cuarta característica compartida por estos relatos es el argumento: la huída como liberación de sus vidas en busca de una identidad propia.

Parafraseando a Andreas Huyssen (citado en la obra que nos ocupa) se podría decir que el análisis de Freixas conjuga tanto lo que Flaubert odiaba de Madame Bovary como lo que pretendía encarnar, ya que el texto aúna una actitud subjetiva y emocional ante la cultura, al mismo tiempo que argumenta con ironía, objetividad, inteligencia y control de los recursos técnicos [5], elaborando un discurso innovador, enérgico y encorajado sobre la marginación de la mujer en la literatura causada por la perversión machista de la crítica.

Notas

[1] Datos proporcionados por Clásicas y Modernas, asociación para la igualdad de género en la cultura.

[2] Palabras textuales de la autora que hacen referencia a una crítica de Santos Alonso publicada en el número 83 de la revista Leer en 1996.

[3] Expresión de la propia autora extraída del apartado “Lecturas —y lectoras— peligrosas”.

[4] En palabras de Laura Freixas, “mujeres que toman la palabra, que no son objeto sino sujeto de conocimiento”.

[5] Alusión al apartado “¿Alta cultura… masculina, versus baja cultura… femenina?” del capítulo 3.

[Sonia Herrera es colaboradora de mientrastanto.e y comunicadora audiovisual]

23/2/2013

¿Anécdota o síntoma?

Malas reacciones en la izquierda a la intervención de Beatriz Talegón

Javier Delgado

Beatriz Talegón, la joven socialista que abrió (bien) la boca contra las actitudes de los dirigentes socialistas fue abucheada por las "mareas" madrileñas después de varios días de recibir mensajes negativos de gente "de la izquierda". Sin embargo, algunas de sus frases son antológicas, con el añadido de haberlas pronunciado desde su puesto de secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, en la fecha y en el marco en que las pronunció: “Me pregunto de verdad si nosotros podemos darle a los ciudadanos una respuesta cuando vosotros, líderes políticos, les decís que los entendéis, que sufrís porque somos socialistas. ¿De verdad sentimos ese dolor aquí dentro?, ¿de verdad podemos entender lo que estamos pidiendo al mundo desde un hotel de cinco estrellas? […] Desgraciadamente, no hemos sido los socialistas del mundo los que hemos animado a la gente a salir a la calle ni a movilizarse, y lo que debería dolernos es que ellos están pidiendo democracia, están pidiendo libertad, están pidiendo fraternidad, están pidiendo una educación pública, una sanidad pública y nosotros no estamos ahí […] Luego os llenaréis la boca en vuestros discursos hablando del desempleo juvenil, de que os preocupan mucho los jóvenes: no os preocupamos en absoluto porque nos tenéis aquí y ni siquiera venís a preguntarnos cuál es nuestro punto de vista […] Tenemos mucho que decir porque a la gente le interesa saber qué piensan los jóvenes, porque somos nosotros los que estamos pagando las consecuencias de vuestra acción o de vuestra falta de acción".

Se la empezó a tratar enseguida como si fuera un pez gordo del socialismo español de sesenta y cinco años, en vez de una joven socialista de veintinueve. Así no se anima a nadie, y menos a personas con cargos orgánicos en un partido, a que se posicione ante las realidades actuales, incluidas las realidades actuales del socialismo (que ahí están, nos gusten o no). Como siempre, la izquierda ("la izquierda"), haciendo amigos. ¿Volvemos a la época de la consigna estalinista de que a los socialistas había que denunciarlos como socialfascistas? ¿Y luego qué haremos cuando Stalin no nos pueda decir ya que mejor buscamos alianzas con ellos para crear Frentes Populares? De nuevo ahora salen los "puros" a facilitar movimientos y fisuras en los viejos partidos de la clase obrera. Parece que les resulta más importante distribuir carnets de “verdadera izquierda” y de negar el pan y la sal a quien no vio antes La Verdad…o no la dijo. Hay mucho de “pandillismo” y poco de sensatez política en esta forma de actuar ante el “extraño”.

Las bases sociales del PSOE se merecen más a una Beatriz Talegon que a un Rubalcaba, ¿o no? ¡Ah! Que son lo mismo, ¿no? Siempre la finura de análisis de los grandes organizadores de derrotas, muchos de ellos verdaderos tapones que han impedido que la gente joven se acerque a las organizaciones populares que pastorean desde hace años con esa penosa suma de viejas actitudes organizativas inflexibles y ultra jerárquicas y discursos dogmáticos refritos, más propia de miniestalines y de miniayatolás que de dirigentes de la izquierda del siglo XXI.

Me parece que hay que discurrir un poco más, queridos camaradas de las calles, de las tribunas partidistas y de las mesas camillas. Menos narcisismo y más inteligencia (incluso "cálculo" político) acaso facilitaría más el avance hacia mejoras concretas de las condiciones de vida de la mayoría de la población. ¡Salvo que haya quien sueñe (y "los sueños de la razón producen monstruos") que sólo con que unos cientos de miles de manifestantes salgamos a la calle se cambiará la Historia. Así. En directo. Sin alianzas, sin negociaciones, sin mayores mediaciones políticas.

¿No podemos ver en acciones como la de esta joven dirigente socialista un efecto positivo de nuestros empeños? ¿No lo podemos ver, precisamente, como una pequeña victoria nuestra? Para mí la intervención de Beatriz Talegón es, en gran medida, un triunfo nuestro, de la gente que lucha no solo con micrófonos más o menos prepotentes. Ella ha percibido por dónde está la razón y el futuro y se ha atrevido a decirlo alto y claro. Por supuesto, otros, con otros compromisos (no solo ideas ni recuerdos) decimos otras palabras en otros sitios, pero cada uno, desde su circunstancia, puede apoyar los cambios.

Creo que es momento histórico de acumular fuerzas, ampliar base social y política, aprovechar fisuras en todos los tinglados a favor de esos cambios en las actitudes de quienes aún hoy se aferran a sus historias de poder, de quienes también lo hacen a sus historias de marginalidad buscada o marginación impuesta y de quienes pretenden haber estado siempre en posesión de la clave de la revolución. Y, sobre todo, es momento de abrir nuevas perspectivas a esa inmensa mayoría de ciudadanos que busca una expresión política a sus enormes preocupaciones sociales.

¿Alguien cree que esta situación va a resolverse en cuatro días y que ya tenemos todo "el poder de la calle" en nuestras manos? ¡Por favor!¿Alguien presume que no puede haber movimientos de involución incluso en el seno de la sociedad civil? No hay nada escrito sobre nuestro futuro colectivo. Y hay tantos intereses creados en las más pequeñas organizaciones populares (proporcionalmente más, incluso, en una asociación de vecinos) que en los viejos partidos y sindicatos. ¿No convendría que miráramos lo viejo que hay en lo nuevo y lo nuevo que hay en lo viejo? ¿No podríamos mirar con ojos de querer ver? ¿Ya lo sabemos todo?

El asunto que trato en estas líneas no es, obviamente, la política oficial de la dirección del PSOE, sino el hecho de que Beatriz Talegon, dirigente española internacional de las JJSS, ha emitido determinados mensajes públicos que me merecen atención positiva. No se trata de pedir peras al olmo, sino de analizar el efecto de la existencia de un olmo concreto en un paraje concreto. Esa intervención puede (no es seguro, pero puede) facilitar o animar ciertos cambios positivos para la mayoría de la ciudadanía en el ámbito en el que se mueve esta joven. No hago juicios de intenciones sobre ella: propongo reflexionar sobre qué actitud en la gente de la izquierda puede ser más productiva para cambiar la correlación de fuerzas en nuestro país y el mundo de hoy. No hay cambios sociales reales sin convencimientos particulares; a lo más que se llega sin ellos es a vencer pero no convencer, y ya sabemos (¿o no?) a qué lleva eso.

Javier Delgado,

Zaragoza

23/2/2013

En la muerte de Rosa Rossi

Una gran hispanista italiana

Juan-Ramón Capella

El 3 de febrero se ha llevado a Rosa Rossi (1928), destacada hispanista, catedrática de Lengua y Literatura Españolas en la universidad de Roma 3, bien conocida en España, cuyas obras a veces polémicas han sido comentadas y apreciadas por figuras muy destacadas de nuestras letras.

Rosa Rossi había nacido en Canosa, en la Puglia, en el seno de una familia de propietarios agrarios. Recibió una educación católica en su familia y en colegios de monjas. Sus padres tenían su casa en Nápoles, por lo que cursó sus estudios superiores en la Università Federico II. Rosa hablaba un italiano cristalino —y un castellano muy correcto y preciso—; uno de sus rasgos personales más destacables era la belleza de su voz.

Tal vez convenga recordar algunos de sus libros traducidos al castellano. Teresa de Ávila. Biografía de una escritora, reconstruye la génesis de los textos de una mujer que se atreve a escribir, y cuya escritura es piedra de escándalo. Rosa Rossi se situaba en ese libro en la perspectiva del ser mujer de Teresa, en el intento de comprensión de su espiritualidad, es decir, de su mente, y de su práctica de fundadora, al margen de su etiquetado póstumo como santa. En Escuchar a Cervantes y sobre todo en Tras las huellas de Cervantes propone una clave de lectura de la compleja personalidad de este autor como persona diversa, lo que permite al lector de hoy abordar la obra cervantina desde un punto de vista desmitificado en el que recupera su auténtico relieve y su propia respiración el distanciamiento crítico de Cervantes respecto de la sociedad que le tocó vivir (cuyos peores aspectos aún están en nuestra cultura). El trabajo de Rosa publicado en la revista mientras tanto "El triple movimiento de la mente de Miguel de Cervantes" se inscribe también en esta relectura original y creadora. Y en Juan de la Cruz. Silencio y creatividad Rosa Rossi se ocupó de una de las cimas poéticas y espirituales de nuestra literatura, abordando también hasta el fondo su difícil obra en prosa. Juan de la Cruz es para R. Rossi un marginado, un clandestino, un enemigo del poder de unos sobre otros, y a través de los informados análisis de la escritora podemos descubrir también el placer de leer no sólo la genial poesía sino también la prosa de un autor que la cultura oficial sepulta, como a Teresa, bajo la lápida de "místico".

El lector habrá adivinado ya que Rosa Rossi fue una comunista y una feminista. En Nápoles cursó estudios y cimentó su amistad con Giulia Adinolfi, unidas ambas al grupo de jóvenes y brillantes comunistas napolitanos que escuchaban a Croce y leían a Marx. Rosa, una joven que tras la liberación de Italia empleaba los domingos en distribuir casa por casa L'Unità, la prensa del partido al fin legal, junto a su compañero Renzo Lapizzirella, el neurólogo a quien Togliatti convirtió en redactor de la inolvidable Rinascita, más tarde confidente de Luigi Longo, el nuevo secretario general del PCI. Rosa, escritora también de ficción, siempre capaz de llevar adelante un análisis original, amiga muy querida de Manuel Sacristán, de carmelitas y dominicos estudiosos de la filología, que acogió y orientó en Roma a tantos estudiosos españoles. Rosa Rossi fue una pensadora marxista sin dogmas, introductora de la diferencia y del género en el análisis textual, abierta a la duda y también sensible al indicio.

Rosa Rossi fue colaboradora e impulsora de mientras tanto; participó siempre que pudo en los "círculos de mientras tanto", las sesiones de discusión que la revista organizaba con sus lectores barceloneses en sus primeros años. Con ella desaparece una de las grandes estudiosas de la literatura española, que deja en nuestro país a muchas personas deudoras de su inteligencia y huérfanas de su impagable amistad.

13/2/2013

Rosa Rossi: la discreta sabiduría

Valentí Gómez i Oliver

Acaba de fallecer en Roma la escritora e hispanista Rosa Rossi (1928-2013). Su dedicación tantos años a las letras hispánicas ha sido ejemplar, proporcionando a los lectores una serie de obras de extraordinario interés, como sus estudios sobre Cervantes (Tras las huellas de Cervantes), Teresa de Jesús (Biografía de una escritora), Juan de la Cruz (Silencio y creatividad) o la Breve storia della letteratura spagnola, por sólo citar algunas. Su amistad de juventud con Giulia Adinolfi y Manuel Sacristán la estimuló a relacionarse —en plena época de lucha antifranquista— con intelectuales y escritores españoles, estableciendo un puente entre España e Italia de gran importancia cultural. Su gran generosidad y discreción humana —de las que dan fe mi labor universitaria en Italia durante más de treinta años— me incitan a terminar este sentido recuerdo y homenaje a su memoria con estos versos:

Discreción

Del sur recalaste en Roma

con vocación de escritora,

de Teresa gran lectora

tu lucidez siempre asoma.

8/2/2013

El donante de fundamentos

Julio Anguita

La mañana del 15 de junio del 2012 me hallaba en el parque de Pedralbes, soleado y acogedor. Había escogido el lugar para preparar la intervención que aquella tarde tendría en Sabadell. Ante mí se abrían dos opciones, hacer una exposición sobre la situación económica y política, o bien anunciar aquello a lo que con otros compañeros me había comprometido hacía meses en Madrid, un llamamiento a la ciudadanía para que desde ella, en toda su pluralidad, pudiese surgir una posición de cambio y de regeneración. Tal vez por desconfianza, avalada por la experiencia vivida, tal vez por el cansancio que explicita el DNI, me inclinaba por la primera de las posibilidades.

Estaba en esta disyuntiva cuando fui sobrepasado por dos hombres, uno que parecía de treinta y tantos años y otro que, caminando con dificultad, mostraba que ya había superado los sesenta, de aspecto desmejorado y cansino. Se sentaron a pocos metros de mí y entonces creí reconocer a Francisco Fernández Buey. Mi primer impulso de acercarme fue contenido por la incertidumbre que me suscitaba el mayor de ellos. Llamé por teléfono a Manolo Monereo y le comuniqué mis dudas; su respuesta me ilustró acerca del mal que hacía tiempo aquejaba a Paco, al Buey, como le llamaban con ternura los íntimos. Le pregunté si estimaba que debía abstenerme de acercarme para que su evidente enfermedad no le produjese una azarosa situación o, por el contrario, debía entablar con él una relación, interrumpida después de mi marcha de Madrid a Córdoba en el año 2000. Manolo me aconsejó acercarme y así lo hice.

Cuando me reconoció, su semblante se manifestó alegre, cercano, cordial. Y departimos. Aquel hombre seguía en la acción, analizaba la situación como si su enfermedad no existiera, planteaba la necesidad de no abandonar, de no cesar en la lucha. Y todo ello razonado, medido, reflexionado; de la misma manera que un manantial brota y expande su preciado líquido, sin estridencias, como hacen los convencidos, los reflexivamente convencidos. Mis dudas se disiparon al instante; Sabadell sería el marco en el que se lanzaría la idea del Frente Cívico.

Sobre la personalidad de Fernández Buey, su cultura, preparación, talante humano y militancia consciente, yo no puedo añadir nada que sus compañeros de mientras tanto no hayan dicho y vayan a decir en ese número dedicado a él. Pero sí quisiera rendir reconocimiento a lo que Paco ha influido en mí. Yo no he sido del grupo de íntimos; aunque mis responsabilidades en IU, a la cual aportó ideas y trabajos y una conexión en cuanto a valores y actitudes, hayan hecho de su muerte una de esas malas realidades que a uno le impactan en la vida. Tengo la sensación de haber perdido un referente insustituible.

Raras han sido las conferencias o exposiciones que he debido hacer en cuya preparación no haya consultado este o aquel libro, artículo o trabajo de Fernández Buey. Soy deudor intelectual de una multitud de autores, amigos, compañeros y correligionarios que me han ido aportando ideas, contenidos y visiones nuevas de viejos problemas, y Paco me ha aportado algo que traslado a los lectores: los fundamentos sobre los que las apuestas políticas, filosóficas o vitales se convierten en proyecto vivido y transmitido.

Los fundamentos son aquellos núcleos de vivencias, sentimientos, razonamientos, reflexiones y actitudes que constituyen la materia prima sobre los que cualquier proyecto político o de vida se construye. Recuerdo haber oído a Fernández Buey disertar sobre Marx y hacerlo con las claves culturales y de lenguaje propias de nuestro tiempo, nuestras vivencias y nuestras emociones.

El profesor que es capaz de traducir a la actualidad lo que hay de intemporal, por universal, en el pensamiento o en la obra de alguien que vivió en otra época no hace otra cosa que conectar con otro ser vivo que, espacio temporal aparte, se acerca a nuestra cotidianidad. Nuestra vida está llena de apuestas, valores, conceptos y pulsiones emotivas perfectamente incardinadas en un todo que constituye nuestra actitud ante la vida y sus problemas. Actuamos según nuestras convicciones pero estas necesitan de algo más que voluntad o convencimiento; necesitan del ordenamiento racional sustentado en las vivencias de lo cotidiano. En ese sentido el profesor Buey era como un Sócrates, un constructor de proyectos basándose en el sentido común de lo percibido de primera mano. Era un descubridor de fundamentos que continuamente donaba, regalaba, difundía. La razón, la claridad y la ética están en deuda con él.

[Un problema de tiempos ha impedido que esta nota encabezara el número monográfico de la edición impresa de mientras tanto dedicada a la memoria de Paco Fernández Buey. (N. d. E.)]

13/2/2013

Ensayo

Bill Blackwater

Las contradicciones del keynesianismo medioambiental

“El keynesianismo medioambiental” es una amplia escuela de pensamiento que defiende que el gasto público en objetivos “verdes” puede rescatar simultáneamente a la economía de la recesión y al planeta de la destrucción. Tras el colapso de Lehman Brothers estas ideas ganaron un enorme tirón político. En octubre de 2008, el programa Medioambiental de las Naciones Unidas pedía un “Nuevo Acuerdo Verde Global” (Global Green New Deal) para el que recomendaba al G20 dedicar un 1% del PIB mundial.

Aunque este enfoque parece muy fundamentado, en realidad sufre de un defecto fatal. Para funcionar económicamente, estos proyectos dependen de que continúe el crecimiento de la economía de consumo —lo que en sus propios términos esta escuela de pensamiento reconoce como medioambientalmente insostenible—. Aún se comprende menos su corolario: si estos proyectos funcionasen medioambientalmente, no serían económicamente sostenibles. Al menos no dentro de una economía capitalista. Lo que en realidad hace falta es alguna forma de inversión socializada que no deba conseguir un retorno económico.

Tres ideas del keynesianismo

Hay de hecho tres ideas distintas en las recetas políticas en discusión. Si cualquiera de ellas se puede atribuir o no con exactitud a Keynes es otro punto que no vamos a explorar aquí.

La primera es el efecto multiplicador. Esta dice que una subida en el gasto público llevará a olas adicionales de gasto privado ya que aquellos que reciben un pago gastan parte de ese ingreso en otros bienes y servicios, los receptores gastan parte de él, etc. Este es el principio tras los planes nacionales de estímulo, como la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009. La idea es que, en una recesión, el gobierno interviene para comprar más bienes y servicios con el objetivo de restaurar el flujo de demanda en la economía. El enfoque del keynesianismo medioambiental ha sido centrar este gasto público en proyectos que llevasen simultáneamente a beneficios medioambientales —instalando aislamientos, por ejemplo—.

La segunda idea se remonta a las políticas de Franklin Delano Roosevelt. La inversión pública en el New Deal tenía como objetivo no solo inyectar demanda a corto plazo en la economía, sino construir infraestructuras —autopistas, presas y puentes— que llevasen a un mayor crecimiento a largo plazo. El keynesianismo medioambiental argumenta que las inversiones en infraestructura verde expandirán la economía en nuevas direcciones.

La tercera idea se solapa con la segunda y se deriva de la premisa de que el futuro desarrollo de la economía mundial está obligado a estar dominado por tecnologías bajas en carbono. Su argumento es normalmente un llamamiento en defensa de los intereses nacionales —al invertir en I+D en las industrias del futuro un gobierno ayudará a que su economía sea internacionalmente competitiva—.

Estímulos verdes a corto plazo y sus críticos medioambientales

El efecto multiplicador fue una característica de numerosos planes nacionales de estímulo lanzados en 2009. Normalmente fueron criticados por los ecologistas porque los componentes verdes quedaban eclipsados por un gasto mucho mayor en áreas intensivas en uso de carbono. Tim Jackson, autor del libro Prosperidad sin crecimiento, hizo una crítica más profunda: criticó el concepto mismo de efecto multiplicador como instrumento medioambiental ya que se basa en que los receptores del dinero público gasten parte de su ingreso en otras cosas. Esto solo puede reforzar los impactos intensivos en el uso de carbono del gasto convencional en consumo. A pesar de esto, Jackson siguió apoyando firmemente las propuestas del keynesianismo medioambiental porque apoyaba el segundo y tercer conceptos, relacionados con el uso de la inversión verde para transformar la economía.

En realidad, las mismas objeciones que hace a los estímulos verdes a corto plazo se aplican a la inversión verde a largo plazo. Para que esta última funcione con éxito como inversión económica, debe llevar a una expansión de la economía de consumo —con todo el estrés que esto supondría sobre los recursos medioambientales, por no hablar de los sumideros de carbono—.

Inversión verde a largo plazo: el “ala económica”

Quienes abogan por el gasto público en I+D y en proyectos de infraestructura se dividen en dos campos. El primero es aquella ala económica (Nicholas Stern, por ejemplo) que acentúa que esta es la clave para la expansión económica. Normalmente comparan la inversión verde con olas anteriores de desarrollo de infraestructuras (por ejemplo ferrocarriles, autopistas, electrificación), y plantean que llevará a una nueva revolución industrial. Pero hay fuertes razones para dudarlo. Más proyectos de infraestructura verde —por ejemplo, granjas eólicas— son solo recambios más caros de lo que ya tenemos. Para los negocios y los hogares no habría diferencia en lo que sale del enchufe, ya haya sido producido por un panel solar o por una planta de carbón.

Esto nos lleva a un segundo problema. Si usamos el análisis de Marx, el sector energético forma parte de la Sección I —producción de medios de producción— sobre la que se basa la Sección II —producción de bienes de consumo—. Los que abogan por la inversión verde tienden a argumentar que el gasto en infraestructura en energía baja en carbono llevará a la creación de nuevos trabajos y riqueza. Pero el beneficiario directo de tales inversiones sería simplemente un subsector del Sector I, que no emplea mucha gente. Para que la inversión en energía baja en carbono lleve a un aumento de empleos y riqueza sería necesario que produjese una expansión en la Sección II, la economía de consumo convencional. ¿De dónde más el sector energético extrae un beneficio? No solo la inversión verde será solo tan verde como el gasto en objetos de consumo, por tanto, sino que para a) recuperar el aumento de costes y b) llevar a un crecimiento económico, tendría que llevar a una expansión del gasto en consumo.

La inversión verde a largo plazo: el "ala medioambiental"

Otro grupo de gente que defiende la inversión verde acentúa la protección medioambiental sobre el crecimiento económico. Los podemos llamar el ala medioambiental. Tim Jackson, por ejemplo, está en este grupo. Las contradicciones subyacentes en sus argumentos son las mismas que las del ala económica puesto que ellos, también, justifican sus propuestas sobre bases económicas.

El ala medioambiental tiende a construir la defensa económica de la inversión verde como sigue. Presuponen que los costes de la producción de energía con el business-as-usual (si todo sigue igual) seguramente aumentarán:

Los combustibles fósiles serán más escasos y por tanto más caros;
Seguir usando combustibles fósiles llevaría a unos peligrosos cambio climático y costes económicos; y,
Los gobiernos probablemente van a imponer un aumento de los costes sobre el carbono.

A continuación argumentan que invertir en proyectos de energía con un uso bajo de carbono llevará a unos ahorros financieros comparables a los del business-as-usual. A menudo concluyen que está garantizado que tales inversiones darán beneficios y que cuanto mayores sean los precios del petróleo o las tasas sobre el carbono, mayor será el beneficio.

Un problema con estos argumentos está relacionado con el efecto rebote, por el que un aumento en la eficiencia en el uso de un recurso tiende a aumentar la demanda al disminuir los precios. El ala medioambiental normalmente defiende que las inversiones en eficiencia energética producirán un giro al generar ahorros de costes. Pero para que estos ahorros se conviertan en beneficios hay que gastarlos. La cuestión es: ¿en qué invertirán los hogares y empresas este dinero caído del cielo? Más consumo personal e inversión empresarial simplemente reforzarán la insostenibilidad de la economía de consumo. En esencia, la defensa económica del ala medioambiental depende del efecto rebote.

Se produciría un problema opuesto si un aumento de los costes de la energía eliminase el efecto rebote. Hay buenas razones para creer que un sistema bajo en carbono sería más caro que el actual (por ejemplo, las granjas eólicas no generan cuando no hay viento, y todavía necesitan plantas de gas/carbón como respaldo). Esto podría significar que todos los ahorros son absorbidos para cubrir el aumento de los costes de energía. No habría por tanto ninguna explosión de la demanda y la economía se encontraría atrapada por los costes de la inversión en tecnologías baja en carbono.

La economía del cambio climático

El problema dominante en el ala medioambiental es su combinación de

ahorros comparados con un escenario futuro contrafáctico con
un retorno con beneficios de la inversión actual

El cambio climático es un ejemplo clave. Como fenómeno nuevo supone un nuevo coste. Invertir en infraestructura baja en carbono, imponer tasas al carbono y construir defensas contra las inundaciones puede reducir los nuevos costes impuestos por el cambio climático en el futuro, comparado con no hacer nada. Pero eso no es lo mismo que reducir un coste existente y disfrutar de un dinero en metálico caído del cielo que se pueda gastar en otras cosas —y usarlo para devolver la inversión inicial—. Mientras tanto, la mitigación del carbono es en sí misma un nuevo coste. Será una rémora a la economía actual (comparada con otras inversiones que podrían crear más trabajos y oportunidades de comercio) y puede ralentizar simplemente la tasa a la que nos haremos más pobres en el futuro.

Macroeconomía medioambiental

El ala medioambiental normalmente entiende mal las implicaciones de sus propuestas. Normalmente comprenden que las ideas del ala económica son medioambientalmente insostenibles, pero no que las suyas lo son económicamente —en una economía capitalista, se entiende—. En la práctica, el crecimiento se pasa a escondidas en sus supuestos como una constante teórica. Sin esta suposición sus propuestas no tienen el sentido económico convencional que proclaman. Tim Jackson, por ejemplo, concibe una economía sin crecimiento (en la práctica, una que se contrae hasta alcanzar un estado estacionario) y todavía espera que la inversión en la economía de bajo carbono genere un retorno. Pero un retorno implica un aumento en el poder real de compra sobre aquel que se disfrutaría con los fondos iniciales. Esto, a su vez, exige que la economía en su conjunto crezca. Hay numerosas razones para esto.

Primero, si la economía deja de crecer, se produciría una implosión deflacionaria en la que esa en realidad se contraería.

Segundo, para que una inversión en un sector de la economía vaya bien, otros sectores de la economía también deben crecer. Por ejemplo, como ya se ha expuesto, las granjas eólicas solo conseguirán beneficios del consumo de las empresas y los hogares.

Tercero, si la economía se contrae, aunque una inversión (en turbinas de viento, digamos) vaya bien desde su punto de vista, un inversor podría terminar con una parte mayor de la economía de mañana, pero solo podría comprar por un valor menor de bienes y servicios.

Cuarto, si las inversiones se financian con préstamos en lugar de con ahorros, los ingresos futuros de estas inversiones tendrían que ser mayores que los costes de hoy más el interés —imposible en una economía que se ha contraído permanentemente—.

Conclusión

Para resumir, si las propuestas del keynesianismo medioambiental van bien económicamente, dañarán al medio ambiente. Y si son medioambientalmente efectivas no serán económicamente sostenibles en una economía capitalista que exige un crecimiento incesante. Los ecologistas partidarios de estas ideas tienden a creer que sus propuestas son sostenibles tanto económica como medioambientalmente. Pero este error a menudo se produce al mezclar los ahorros futuros que podrían venir de evitar el peligroso cambio climático con un crecimiento de los beneficios que podría producir un retorno de las inversiones actuales. Como el cambio climático es un nuevo coste, reducir sus efectos futuros no eliminará la carga de costes existente ni liberará recursos que podamos gastar en otras cosas. En total, el keynesianismo medioambiental es una teoría fracasada de cómo el capitalismo se puede salvar de sí mismo. No hay una razón para creer que pueda a la vez estimular el crecimiento y adaptarse a los límites medioambientales.

La implicación es que hace falta un enfoque mucho más radical: algo que vaya más allá de Keynes, cuya caja de herramientas política se reducía a rescatar a la economía capitalista de depresiones ocasionales. El keynesianismo no es la respuesta porque en el fondo se trata de expandir la demanda, mientras nuestro problema medioambiental hoy exige reducirla. Pero lo que hay que recordar es que las inversiones en mitigación y en adaptación al cambio climático son necesarias. No nos harán más ricos, pero si aceptamos esto, podemos también aceptar que de todas formas tampoco vamos a ser más ricos porque hay que limitar el crecimiento para evitar el desastre medioambiental. Lo que hace falta es un nuevo mecanismo para dirigir una parte importante de los recursos actuales a tales proyectos —no basado en la rentabilidad y el retorno económico—.

Básicamente esto significa que el capitalismo es incompatible con una rápida transición a un mundo con un uso bajo de carbono. Es esencial por tanto que el estado tenga un papel decisivo en la asignación de los recursos económicos para el bien común —y que más ecologistas lleguen a reconocerlo—.

[Bill Blackwater, escritor y periodista freelance, vive en Londres. Es editor asociado de la revista trimestral Renewal. A Journal of Social Democracy y autor del blog We are all Wotan, en el que apareció este texto en su versión original. Entre sus artículos recientes se encuentran "El negacionismo de los ecologistas progresistas" ["The Denialism of Progressive Environmentalists"] (Monthly Review) y "Dos hurras por el keynesianismo medioambiental" ["Two Cheers for Environmental Keynesianism"]. La traducción al castellano es de Carlos Valmaseda.]

26/2/2013

La Biblioteca de Babel

Luis Montes, Fernando Marín, Fernando Pedrós y Fernando Soler

Qué hacemos para conseguir que la lucha por una vida digna incluya la exigencia de una muerte digna

Akal, 2012, 61págs.2012

En la actualidad la lucha por los derechos es un compromiso ineludible de las personas responsables no sólo ante los derechos ya reconocidos a los ciudadanos, sino también respecto a aquellos otros justificados y reclamados por sectores sociales ante las autoridades políticas, los profesionales y la magistratura. En este contexto el objeto de este libro pudiera parecer ocioso, sin embargo, cuando las técnicas biomédicas permiten prolongar la vida sin posibilidad alguna de recuperar la salud, reclamar el derecho a la eutanasia constituye una vindicación fundamental inseparable de la aspiración de las personas a llevar una vida digna. Y esto porque: “la muerte también forma parte de la vida. Morir constituye el acto final de la biografía personal de cada ser humano y no puede ser separada de aquella como algo distinto. Por tanto, el imperativo de la vida digna alcanza también a la muerte. Una vida digna requiere una muerte digna” [1].

El libro que reseñamos está dedicado por entero a responder a la pregunta ¿qué hacemos por una muerte digna? Los autores, para satisfacer ese objetivo, emplean un lenguaje claro y preciso, con el cual abordan analítica y conceptualmente todos los extremos que envuelven el problema de la buena muerte [2]. Este recorrido se inicia precisando el sentido necesario del derecho a morir con dignidad en el siglo XXI, descartando a la vez otros que se le atribuyen por ignorancia o mala fe. Se justifica además este nuevo derecho individual desde la perspectiva moral como condición necesaria para reclamar su reconocimiento legal en una sociedad plural y democrática. Los autores proponen eliminar los adjetivos que con frecuencia se le añaden al término “eutanasia” en tanto éstos añaden confusiones innecesarias que oscurecen el debate y, además, se utilizan para descalificar conductas ya admitidas moral y legalmente. Proponen que el término eutanasia se aplique solamente para “la conducta que produce la muerte a petición libre, informada y reiterada del interesado”. Por consiguiente, de acuerdo con la Ley de Autonomía del paciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre) no es eutanasia el rechazo del paciente a un tratamiento, ni la limitación del esfuerzo terapéutico por el médico.

Los autores en su itinerario se ocupan también de “La ley y la propiedad de la vida”, sosteniendo que en una sociedad democrática las leyes constituyen el referente ético común de la ciudadanía y, por lo tanto, desde los principios y valores de la constitución española —recogidos principalmente en los artículos 1, 10 y 15, CE— son el referente principal para legalizar la eutanasia, porque si “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, pueden ser sometidos a torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes” (art. 15, CE) la interpretación que ha de hacerse del mismo es que se incumple este precepto constitucional cuando se obliga a un paciente desahuciado a vivir contra su voluntad, es decir se le obliga a llevar una vida indigna, sin respetar el libre desarrollo de la personalidad. Interpretación que se ve reforzada por el contenido de la Ley de Autonomía del Paciente y por otras disposiciones contenidas en el Convenio de Oviedo (1997) suscrito por el gobierno español. Con estos fundamentos dónde enmarcar el debate sobre la eutanasia; los autores apuestan, en primer lugar, por descartar el discurso de la “sacralidad de la vida” en beneficio de la “calidad de vida” y, en segundo lugar, por considerar la respuesta social expresada en los diferentes sondeos de opinión llevados a cabo por el CIS, la OCU, la ADMD y por la experiencia de los países de nuestro entorno cultural, en los que se ha legalizado la eutanasia. Estos datos son suficientes para seguir con la discusión que aboque al reconocimiento legal de esta conducta sin prejuicios y con las garantías necesarias.

En el capítulo siguiente se abordan “Los derechos en relación con el final de la vida”. De entrada sorprende que en nuestro país donde el desarrollo legislativo de los derechos sanitarios ha sido en los últimos años mayor que en otros países próximos, sin embargo, los poderes públicos incumplen sistemáticamente la regulación de este nuevo derecho. Si bien se ha regulado el “testamento vital”, o “Documento de Instrucciones Previas” ni siquiera a su respecto las autoridades se lo han tomado en serio; carencia que manifiesta la falta de información que reciben los pacientes y, lo más grave, la falta de información que recibe el personal sanitario en las diversas fases de su formación. Similar dejación manifiesta la autoridad cuando mantiene silencia respecto a la “objeción de conciencia” de los profesionales. Con ello, tácitamente, está permitiendo que se haga un uso torticero de ese supuesto derecho en la medida que “en demasiadas circunstancias se invoca la objeción para obligar al paciente a hacer lo que quiere el médico” vulnerando el derecho del paciente a la información pero, también incurriendo en conductas vejatorias en tanto son “un ataque contra la integridad física y moral que van contra la legislación”.

En el libro se apuesta por la generalización de los cuidados paliativos de calidad y por el necesario cambio del paradigma médico. No obstante, esta apuesta no cancela la necesidad social de legalizar la conducta eutanásica en la medida que los cuidados paliativos pueden contribuir a minimizar el sufrimiento de los pacientes y de sus familias pero, también, hay que considerar que continuará existiendo la demanda de otros pacientes que manifiestan que quieren morir para acabar con la indignidad a que los ha conducido la enfermedad. Por ello es necesario conseguir el objetivo antes prefigurado como “muerte digna”; proceso que los autores ejemplifican a partir de la muerte de Karen Ann Quinlan (en Estados Unidos), Eluana Englaro (Italia), Ramón Sampedro y muchas otros hasta el presente y que ha conducido a la regulación de la muerte digna en países como Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, etc. En nuestro país, pese al fracaso de las distintas propuestas de algunos grupos políticos presentadas en el Parlamento, la discusión continúa aunque es obvio que son necesarios más esfuerzos individuales, profesionales y sociales para conseguir que este asunto se active y resuelva, porque “la aspiración a morir de una forma coherente con la biografía de cada individuo” es un sueño al que aspiran las personas para sí mismas, sin necesidad de estar enfermos.

Por último el libro concluye con la pregunta ¿qué hacemos para ejercitar los derechos que ya tenemos? Los autores formulan los siguientes actuaciones: difundir la filosofía de la muerte digna, superando así el tabú de la muerte; formar sobre la muerte a los jóvenes en todos los niveles educativos en tanto este es un suceso inevitable; difundir el conjunto de derechos que amparan a las personas en el ámbito sanitario, a la información, a consentir, a la elección de un tratamiento durante y al final de la vida, etc.; a hacer un testamento vital que permita al paciente a mantener el control del final de su vida; a solicitar una asistencia sanitaria de calidad respetuosa con la biografía y la voluntad de las personas; a exigir respeto superando el paternalismo médico, todavía existente entre los profesionales sanitarios; a denunciar cuando se considere que no se respeta la voluntad de las personas y hacerlo dentro y fuera del sistema sanitario y esto no para judicializar la asistencia sanitaria, sino para acabar con la impunidad de actitudes que provocan sufrimientos evitables; con la judicialización es necesario, también, obligar a los magistrados a pronunciarse ante este problema y darlo a conocer mediante los medios de comunicación; se demanda asimismo la necesaria formación de los profesionales sanitarios, sobre los derechos de los pacientes y sobre los fundamentos de la ética al final de la vida; importante es también que se apoye la demanda de un Estado laico, impidiendo que las asociaciones religiosas hagan prevalecer sus cosmovisiones sobre las del resto de la sociedad; para lo cual es necesario promover en las formaciones políticas la asunción de esta demanda; y, por último, los autores consideran imprescindible el compromiso individual y social de los ciudadanos/as con la reivindicación del nuevo derecho individual.

El derecho a morir con dignidad ha de ser una conquista más de las libertades hasta ahora conseguidas y cuya consecución ha de ser el resultado de la implicación de toda la sociedad. El contenido de este libro sobre la eutanasia, breve, informado y muy bien escrito, a mi entender, hace recomendable su lectura y divulgación.

Notas

[1] “Exposición de motivos”, de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Morir. Ley 2/2010, de 3 de marzo, Parlamento de Andalucía.

[2] A simple vista se aprecia que la eutanasia y el suicidio asistido pueden coincidir aunque, es obvio, que son conductas diferentes. Ambas son formas de muerte voluntaria cuya diferencia consiste en quién da la muerte: en el suicidio asistido es el propio sujeto quien se da muerte y en la eutanasia da muerte otra persona.

Ascensión Cambrón

27/2/2013

Antoni Comín y Luca Gervasoni Vila (coords.)

Democracia Económica

Hacia una alternativa al capitalismo

Icària, 2011, 544págs.2011

Democracia económica es una obra pensada antes de la crisis del modelo capitalista neoliberal y fruto del trabajo de diferentes autores que han reflexionado sobre aquellas experiencias existentes que suponen el anticipo a un sistema alternativo: el cooperativismo, el sindicalismo, la banca ética y el consumo responsable como prácticas transformadoras, debido a que su forma de funcionar y organizarse desprende unos valores distintos a los del sistema capitalista. Gran parte del libro está destinada a hacer un análisis filosófico de un capitalismo calificado de injusto y a enfocar la propuesta hacia el modelo económico propuesto por David Schweickart, la Democracia Económica, asimilable a un socialismo autogestionario que utiliza el mercado como herramienta.

El peso de la reflexión filosófica y de teoría política en torno a la injusticia del capitalismo se da desde los postulados del liberalismo igualitario y de la Teoría de la Justicia de John Rawls en debate con el marxismo analítico. Para situar el análisis se presentan unas consideraciones previas en las que se identifican las injusticias que son estructurales en el capitalismo: la dominación y el despotismo en el ámbito productivo (los trabajadores no pueden desarrollar sus capacidades ni influir en el proyecto empresarial), la injusticia en la distribución de los recursos productivos, la falta de libertad real y la injusticia en el ámbito motivacional. En definitiva, el funcionamiento del capitalismo desarrolla valores y calidades mentales muy alejados de la solidaridad.

Rawls considera el capitalismo como un sistema injusto partiendo de sus dos “Principios de Justicia”: los derechos básicos y libertades, y el principio de la diferencia (la situación de cada persona se encuentra influenciada por factores que no puede escoger, la lotería natural y la lotería social, por lo que el criterio distributivo de bienes sociales —renta, riqueza y poder— debe maximizar el bienestar de los más desfavorecidos, aunque haya desigualdad entre ellos y los mejor situados). Para los postulados de este autor, el desigual acceso a la propiedad del capital es la injusticia propia del capitalismo, de manera que no cuestiona la propiedad privada en sí misma, sino su distribución.

Pese de la influencia de la Teoría de la Justicia de Rawls, la base del libro se encuentra en la dialéctica entre Rawls y el marxista analítico Gerald Cohen, que se ve superada por la síntesis de Philippe Van Parijs. Discutiendo sobre la desigualdad salarial producida por el criterio meritocrático de la productividad marginal del trabajo, Rawls la encuentra justa en tanto que acaba dando un mejor resultado total a partir de los incentivos motivacionales para los mejor dotados para producir, beneficiando así al conjunto y mejorando la situación de los menos favorecidos. Según los postulados del liberalismo igualitario rawlsiano, entre los principios de justicia de la sociedad (ámbito público) y la moral privada de cada individuo hay una frontera que no se puede traspasar, ya que no se puede entrar en la estructura motivacional de cada uno. Cohen le debate que el “principio de la diferencia” es contradictorio por definición, dado que justifica la desigualdad. Y para él, una distribución más igualitaria, sin disminuir el producto, siempre será más justa. Tampoco acepta la desigualdad como algo necesario para mejorar la situación de los desfavorecidos. La raíz de su argumentación es que la estructura motivacional de las personas no es invariable y eso es relevante si ésta entra en contradicción con los principios de justicia de la sociedad. Cohen comparte que los mejor dotados para la producción lo son en gran medida por la lotería social y la lotería natural y no por sus propias decisiones responsables, por lo que la desigual retribución salarial fruto del criterio de la productividad marginal del trabajo es injusta.

La síntesis que da sentido al libro la dan las ideas de Philippe van Parijs, un liberal igualitario cercano al marxismo analítico. La superación del debate entre Rawls y Cohen consiste en que Van Parijs introduce un nuevo ámbito entre lo público (principios de la justicia, Estado) y lo privado (estructura motivacional del individuo), donde se puede influir en los valores privados sin caer en el totalitarismo. Se trata del ámbito en el que se dan las costumbres y las normas informales y en que se van generando valores a los que cada ciudadano puede sumarse individual y voluntariamente. Es allí donde, a través de iniciativas ciudadanas y prácticas sociales, se pueden cambiar los valores.

Esto entronca directamente con el hecho de que prácticas sociales como el cooperativismo, el sindicalismo, la banca ética y el consumo responsable, que emanan valores y un funcionamiento distintos a los del capitalismo, sean capaces de crear nuevos valores para superar el sistema. Estas cuatro experiencias abarcan el mercado de trabajo, el mercado de finanzas y el mercado de bienes y servicios, es decir, el conjunto del funcionamiento de la economía. Desde el ámbito social, donde los individuos se pueden sumar voluntariamente a los nuevos valores generados, se puede avanzar hacia un nuevo socialismo democrático y autogestionado.

El modelo de socialismo que tiene en mente el grupo de autores es, con matices, el de la propuesta de Democracia Económica de David Schweickart: un socialismo eficiente y democrático de tipo autogestionario y que asume el mercado competitivo como instrumento útil para un funcionamiento eficaz y para fijar prioridades. Para Schweickart, las empresas serían propiedad de la sociedad, que las cedería a asociaciones de trabajadores para que las autogestionaran de manera democrática a cambio de un impuesto sobre el beneficio. Los trabajadores dejan de ser así una mercadería para convertirse en los protagonistas de la empresa, fijando la distribución de los beneficios, la organización, la disciplina, etc. Paralelamente, se permitirían pequeñas empresas privadas y, elemento fundamental de este proyecto, se apostaría por la desaparición de un mercado privado de capitales al crearse fondos democráticos de planificación de inversiones.

La conexión de todo ello con el modelo cooperativo, la organización de los trabajadores y la banca ética es evidente. A esto hay que sumar el consumo responsable como una cuarta pata de cambio del modelo económico y de un nuevo estilo de vida. En el modelo cooperativista, a partir de la propiedad conjunta y la gestión democrática, el elemento organizador es el trabajo y no el capital, por lo que su funcionamiento no sólo se contrapone al capitalismo, sino que genera nuevos valores: satisfacción en común de necesidades y alcance de objetivos, de igualdad, de solidaridad y soberanía de la persona. El cooperativismo tiene puntos débiles: las tensiones a las que le somete el mercado entran en conflicto con sus valores y su funcionamiento, generando prácticas no cooperativas, problemas de gestión, no asimilación de los intereses de los trabajadores que no son socios cooperativistas, etc. Pero también tiene puntos fuertes como el valor de la ayuda mutua, que permite entre distintas cooperativas poder superar el problema de las economías de escala, o el espacio que gana el trabajo cognitivo.

El valor del trabajo cognitivo, donde ganan terreno las emociones, la informalidad y el conjunto de la propia vida del trabajador, entronca directamente con la reflexión sobre el sindicalismo. En los argumentos de José Luis López Bulla sobre el sindicalismo como elemento democratizador, se constata que hay que dar el salto de la reivindicación parcial a un discurso coherente a nivel general que entre a reflexionar sobre el concepto de empresa y que se empeñe en humanizar el trabajo. Más allá del número de horas en el trabajo, hay que reflexionar sobre qué ocurre durante el tiempo de trabajo y actualizar el concepto de productividad. El autor afirma que el sindicalismo sigue funcionando según el paradigma fordista (pensado para el trabajo manual estable en grandes empresas), por lo que ha aumentado la distancia entre el trabajador y el sujeto social (el sindicalismo). En consonancia con esto, es necesaria una reforma cultural y organizativa del sindicalismo que se centre en la participación y no en la decisión de las direcciones y que tenga en cuenta las distintas subjetividades de los trabajadores.

En el ámbito del mercado financiero, que tanta responsabilidad ha tenido en la actual crisis, encontramos las distintas experiencias de banca ética y su gran capacidad transformadora. La banca ética desarrolla operaciones de ahorro e inversión que garantizan un uso justo del dinero, esto es, inversiones socialmente responsables que compaginan un objetivo ético y un objetivo financiero. La práctica, a partir de principios morales justos, en la actividad financiera traslada a las personas esos valores, de ahí la importancia de excluir determinadas inversiones y promover otras con interés social. La banca ética debe guiarse bajo un criterio de sostenibilidad económica, pero valorando la rentabilidad social del proyecto. Para asegurar esta aportación social hay que ser transparente en las inversiones y realizar un seguimiento de las actividades generadas por cada inversión.

La otra gran novedad (cuando menos, para la mayoría de personas) en las prácticas económicas y sociales que tienen capacidad de generar nuevos valores es el consumo responsable, es decir, entrar a plantear alternativas en el mercado de bienes y servicios. El consumo es una de las piezas básicas del capitalismo y refuerza la concentración de poder y el actual modelo de producción globalizada, sin derechos y perspectiva medio ambiental. Sin embargo, si de verdad tomáramos conciencia de este tema, podríamos escoger responsablemente qué consumimos y cuánto consumimos, utilizando el consumo como un voto. Experiencias como las cooperativas de consumo son muy útiles para articular un consumo responsable, ya que reducen la distancia entre el productor responsable y el consumidor responsable y fomentan el producto de proximidad. Pero el consumo alternativo no acaba aquí. Para satisfacer necesidades no todo pasa por la compra, sino que hay otros modos de consumo como la autosuficiencia, el intercambio o el alquiler. Aun así, hay un paso previo que es la propia reducción del consumo, reutilizar los objetos y hacerlos más duraderos. El consumo responsable necesita de dos fundamentos previos: formación e información. Formación en la familia y la escuela para ser consciente del impacto social y ambiental de cada producto (tipos de materiales, residuos, mano de obra, durabilidad, calidad, etc.) y también para desactivar la creación de necesidades innecesarias (valga la redundancia) y el impulso de consumo continuo o como forma de ocio. La falta de información para poder escoger qué productos consumimos (la procedencia, materias primas, condiciones de los trabajadores, impacto ambiental) y dónde lo consumimos (políticas de empresa, estabilidad y condiciones de trabajo, etc.) es uno de los problemas a solventar y sobre el que las administraciones públicas deben jugar un papel fomentando sellos estándar de etiquetaje social.

Las distintas experiencias que se dan en estas cuatro realidades tienen un potencial transformador considerable siempre y cuando los que las protagonizan tomen conciencia de los valores que desprenden, de que son una alternativa al sistema y que han de entrar en contacto entre ellas; un contacto territorial y sectorial para conseguir crear un mercado social que se guíe por la democratización de los procesos, la distribución igualitaria de la riqueza y la inclusión social. Solamente así será posible una alternativa de funcionamiento dentro del sistema alejada de los principios estructurales del capitalismo, y que crezca hasta dar la vuelta a la situación.

Estamos, pues, ante una obra que plantea una vía de cambio de sistema desde la sociedad, algo que falta en la izquierda política y social de este país debido a que tenemos una cultura política que nos lleva a pensar en cambios estructurales de poder realizados desde las instituciones (por ende, a la espera de cambiar lo todo de golpe algún día, no tenemos la costumbre de involucrarnos en proyectos alternativos cotidianos). La reflexión sobre un cambio que ocurra sin que el Estado sea necesariamente el protagonista, aporta una visión que casi siempre olvidamos y que, a día de hoy, con el Estado que no tiene el poder de antaño para influenciar a la economía y controlar el capital, nos obliga a explorar otros caminos. Con todo, aunque la importancia del Estado para dar vida al cambio político, económico y social sea mucho menor, tampoco puede olvidarse. Y en este libro se deja de lado, si bien tal vez no por olvido sino para presentar otra manera de planear la cuestión. En fin, se echa en falta una reflexión sobre cómo debe funcionar el Estado en el socialismo democrático autogestionario más allá de la breve descripción cuando se habla del modelo de Democracia Económica. También en el apartado de la banca ética hubiera sido interesante incorporar el concepto de banca pública con comportamiento ético, puesto que la propiedad pública en si misma no es garantía de ética. Es de justicia decir que en los capítulos dedicados al consumo responsable esta carencia no existe, con interesantes aportaciones sobre balances sociales y, a mi entender, una muy útil aportación sobre cláusulas sociales para la Administración Pública a la hora de contratar bienes y servicios para ella o para la ciudadanía.

Ricard Ribera Llorens es politólogo; Twitter: @RicardRibera

Ricard Ribera Llorens

28/2/2013

Samantha Weinberg

Acusando desde la tumba

Una historia verdadera de asesinato y ADN

Biblioteca Buridán/Ediciones de Intervención Cultural, 2010, 348págs.2010

Sin duda lo peor de este libro es su título: no sólo por su tremendismo sino sobre todo por ese uso realmente abusivo del gerundio que está penetrando el castellano por la colonización cultural anglosajona. Pero se trata de un libro muy entretenido e informativo en direcciones muy diversas.

La autora es una periodista británica que sabe relatar muy bien, pero hace más que eso. El libro puede ser leído como una novela negra, por la invitación a devorarlo que comparte con este subgénero literario. Pero no es una novela, sino el relato ágil de unos crímenes reales y del proceso policial y judicial de su investigación y enjuiciamiento. Y, aquí, la novedad: el relato queda intercalado, paso a paso, por una historia de las investigaciones sobre el ADN que están completamente justificadas por la urdimbre de los crímenes en cuestión. El lector profano en materia de genética se ve así ilustrado gracias a la gran habilidad pedagógica de la escritora, e inducido por ello a saber más sobre el asunto. De otro lado, no es cuestión menor la observación sociológica que despliega la autora, una británica con cierta capacidad de distanciamiento acerca del modo de vivir de sus primos —por emplear la expresión de Le Carré— del otro lado del Atlántico.

Por si todo esto fuera poco, se obtienen informaciones valiosas acerca del uso de la investigación del ADN en la práctica criminalística y judicial, así como interrogantes sobre este uso, gracias al cual no pocos inocentes condenados por crímenes que no habían cometido han recuperado la libertad, pero que también ha llevado a muchas personas, dada la brutalidad del derecho penal norteamericano, a sufrir las formas de ejecución capital tan crueles como refinadas técnicamente que esa cultura acepta junto con la mismísima pena de muerte o asesinato de estado.

J.-R. C.

26/2/2013

En la pantalla

Matthieu Lietaert y Friedrich Moser

Los negocios de Bruselas. Cómo se gestiona Europa

He aquí un excelente documental sobre los poderosos grupos de presión que colaboran con las instituciones europeas mientras diseñan sus normas en materia política y económica. Un documental que nos tendría que advertir acerca de la falacia de la consigna, repetida por los gobiernos nacionales europeos, "Nos lo pide Europa".

27/2/2013

Adam LeWinter y Jeff Orlowski

Chasing Ice

El 28 de mayo de 2008, Adam LeWinter y Jeff Orlowski filmaron un histórico desprendimiento de hielo en el graciar Ilulissat, en el oeste de Groenlandia. Como consecuencia del evento, de 75 minutos de duración, el glaciar se retrajo más de un kilómetro y medio y expulsó una masa de hielo de casi cinco kilómetros de ancho.

Estas imágenes forman parte del documental Chasing Ice. Para más información: www.chasingice.com.

28/2/2013

Chirigota de la Pulisia Necional

¡¡Quillo, que soy compañero!!

3/2/2013

...Y la lírica

Alfonso Costafreda

Versos escribo (1951)

Todo es inevitable. Ahogando la luz surge,
poderosa y tenaz, la pesadilla.
En el cuerpo ligero late la pesadumbre:
un mar de sombras se desborda
de la orilla inmortal a nuestra orilla. Pero versos escribo en busca de claridades.

Y en la fe de mi verso sabiendo, sin vacilar afirmo
el absoluto sentido de la vida
en una tierra sin sentido.

28/2/2013

De otras fuentes

Rodrigo Fernández Miranda

La deuda y la espada: neoliberalismo en América Latina y el sur de Europa

Las mismas políticas neoliberales que desde los años setenta han menoscabado sistemáticamente el bienestar de muchos países de América Latina, desde 2008 se están imponiendo en los Estados del sur de Europa. Basta echar la vista poco tiempo atrás para conocer cuáles son las consecuencias políticas, sociales y económicas que conlleva, inevitablemente, la aplicación de estas recetas.

* * *

Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación: una es con la espada, la otra con la deuda

John Adams, segundo presidente de EE.UU. (1797-1801)

El neoliberalismo es un modelo que aspira a imponerse como regulador de la vida política, económica, social, cultural, y también de los entornos naturales. Su implementación se hace a través de una receta universal, que no requiere de adaptación a las realidades y particularidades de cada país o región. Esto no se debe a la implacabilidad de su diseño teórico ni a la idoneidad de su praxis, sino al objetivo nuclear que se pretende alcanzar con este modelo: crear las mejores condiciones posibles para la acumulación capitalista.

Con una visión estrictamente utilitarista de la economía y la sociedad, el neoliberalismo en el marco de la globalización económica es una vía para el sometimiento de los Estados-nación a los intereses del capitalismo global. El Estado sigue siendo un actor clave que interviene reciamente en la economía, aunque no en contraposición o como fuerza de compensación o reequilibrio frente al mercado, sino directamente alineado y subordinado a éste.

Bajo el paradigma neoliberal, las rentas del capital y el equilibrio de los indicadores macroeconómicos tiene absoluta primacía sobre la inclusión y la cohesión social, hecho que conlleva, necesariamente, un amplio y profundo coste social en los territorios en los que se pone en marcha. Si las ideas diseñadas por académicos de la Escuela de Chicago e impulsadas por el poder económico transnacional a partir de los años setenta no respondieran a los intereses de la clase dominante global, el modelo neoliberal sería asumido como un gran fracaso en la historia del pensamiento y la práctica de la disciplina económica.

Los mismos programas que desde los años setenta han deteriorado de forma drástica el bienestar de muchos países de América Latina (AL), se están imponiendo desde 2008 en el sur de Europa. En este contexto, es interesante observar de forma comparativa los impactos políticos y socioeconómicos de la aplicación de estas recetas. Basta echar la vista poco tiempo atrás para conocer cuáles son las consecuencias que conlleva, inevitablemente, el neoliberalismo.

La deuda y la espada

La historia de la implantación del neoliberalismo ha estado relacionada con la deuda externa. La cuarta crisis de la deuda latinoamericana [1], iniciada en 1982 con el default de México, dio lugar al inicio de la llamada “década perdida” de América Latina.

Con el pretexto de reducir el déficit público y liberar divisas para el pago de la deuda externa, durante los siguientes años comenzaron a aplicarse en la región los dogmas neoliberales. Los llamados planes de ajuste estructural (PAE) produjeron una gran transferencia neta de capitales desde la región hacia el Norte económico (más de 200.000 millones de dólares). En concepto de “servicio de la deuda”, entre 1982 y 2000 AL devolvió más de cuatro veces el stock total de su deuda [2]. El endeudamiento, incluyéndose la estatización de la deuda privada de las oligarquías nacionales, creció sin parar desde entonces (Toussaint, 2003):

Aunque fue la deuda de países latinoamericanos lo que dio inicio a la hegemonía del neoliberalismo, sin embargo, se debe ir más atrás para conocer la dócil aceptación de esta doctrina en la región: los golpes, la represión y el terrorismo de Estado de los años setenta. Los gobiernos militares [4] generaron una enorme deuda externa y fueron dando lugar, a punta de fusil, al desmantelamiento del Estado y a la articulación de una nueva forma de dependencia económica y dominación política. Un resultado: el enorme acrecentamiento de la brecha entre clases populares y élites.

En Europa la denominada “crisis de la deuda soberana” que derivó en la “crisis financiera” también supuso un paso adelante en la instalación de un férreo programa neoliberal en el sur del continente, en los países peyorativamente llamados PIGS [5]. El trasfondo del endeudamiento público de la periferia europea se relaciona directamente con la hegemonía de un sistema de gobierno y un Banco Central (BCE) afines con los intereses de la banca y de la economía alemana.

El BCE imprimía dinero para prestarlo a un tipo de interés muy bajo a la banca, no a los Estados de la UE. La misma banca compraba deuda pública a un interés varias veces mayor (6 o 7 veces en el caso español). Si el Estado hubiera recibido fondos del BCE al 1% de interés (lo que pagaba la banca), a 2012 la deuda pública sería del 14% del PIB, no del 90%. En lugar de imprimir dinero para comprar deuda pública y de esa manera reducir el interés que pagan los Estados periféricos [6]: “El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros” (Navarro, 2012).

La deuda externa se constituye como forma de dominación. Los mercados son quienes definen las políticas públicas, induciendo un ajuste sin precedentes, con el subterfugio de una hipotética recuperación de la confianza de estos mismos mercados. Mercados que “castigan” o “premian” haciendo variar el precio del financiamiento público, en función de la medida en que las decisiones políticas sean más o menos beneficiosas para sus intereses, siempre especulativos, pecuniarios y de corto plazo.

Lo que el neoliberalismo dejó (y deja)

El Consenso de Washington fue el marco en el cual se formalizó la hegemonía del neoliberalismo en casi toda AL. Los ejes centrales de las políticas propuestas por el Consenso eran: desregulación económica, privatización, reducción del nivel salarial, apertura y liberalización de flujos de bienes y capitales extranjeros, y prioridad de los intereses del capital financiero. En concreto, sus líneas de actuación se centraron en los siguientes aspectos de los países deudores (Bell Lara & López, 2007).

Medidas que, en última instancia, se resumían en un cambio de los ejes de poder: la retracción de un Estado, cada vez más limitado en su capacidad y su autonomía, y la expansión de un mercado, cada vez más poderoso y presente en más aspectos de la vida del país.

Las décadas de neoliberalismo en AL dejaron secuelas a diferentes niveles. Consecuencias de la implementación de este modelo que, con las diferencias del caso, empiezan a ser incipientes en los países neoliberalizados de la periferia europea.

Desigualdad. El paso del neoliberalismo por América Latina dejó a la región como la más desigual del planeta. En el período entre 1975 y 1995 el 83,9% de la población latinoamericana residía en países en los que la desigualdad se acentuó. En 2001, AL sufría el peor nivel de desigualdad desde que éste se calcula (CEPAL, 2001).

A la transferencia de riqueza Sur-Norte, se le añade la transferencia entre clases sociales, con una pérdida sostenida de ingresos y poder adquisitivo de las clases medias y medias bajas (los salarios en el Producto Bruto disminuyeron 10 puntos en estas dos décadas).

Este mismo resultado está teniendo el neoliberalismo en el sur de Europa: desde 2012, después de cinco años consecutivos de crecimiento, el Estado español ocupa la primera posición en desigualdad social de la UE. Seguida de cerca por Grecia y Portugal, España es por primera vez el país con una mayor distancia entre rentas altas y bajas.

Desempleo y precarización del trabajo. El desempleo ha sido otra de las duras manifestaciones de las políticas neoliberales en Latinoamérica. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2002 la tasa de desempleo en la región fue la más alta de las últimas dos décadas. Los jóvenes y mayores de 50 años fueron entonces especialmente castigados por aquel mercado de trabajo.

A la falta de empleo se le sumaba la precarización y el rápido retroceso de conquistas y derechos adquiridos por décadas de lucha sindical y obrera. La mentada “flexibilización laboral” conllevó una importante reducción de la seguridad en el trabajo, con “contratos basura” y despidos más fáciles y baratos [7]. A la inseguridad laboral se le añadía el miedo de los trabajadores a perder el empleo: en 2004 el 76% de las personas empleadas en la región consideraba que podía estar desempleada durante el siguiente año (Corporación Latinobarómetro, 2004).

Subiendo la vista en el mapa, el desempleo en el territorio español superaba a finales de 2012 el 26% de la población activa (más de 6 millones de personas desempleadas y la destrucción de 850.000 puestos de trabajo desde la Reforma Laboral [8]), mientras que en Grecia alcanzaba la cifra record del 26,8%. La tasa de desempleo juvenil superaba el 50% en España (INE, 2012) y el 61,7% en Grecia (ELSTAT, 2013).

Empobrecimiento. Entre 1990 y 1999, 11 millones de personas se incorporaron a las bolsas de pobreza de AL. En los albores del siglo XXI, el 43,8% de la población latinoamericana vivía en condiciones de pobreza y un 18,5% en condiciones de indigencia (CEPAL, 2001).

Volviendo a la periferia europea, a finales de 2012 la tasa de pobreza económica en España superaba el 25% (Fundación Luis Vives, 2011) y los hogares sin ingresos aumentaron un 50% desde el inicio de la “crisis” (Fundación FOESSA, 2012). En Grecia un tercio de la población estaba en situación de pobreza en diciembre de 2012, 11 millones de personas frente a 3,1 millones que lo estaban un año antes.

Este deterioro de las condiciones de vida de las mayorías supone una movilidad social descendente: una parte significativa de las clases medias se incorporan a la creciente “nueva pobreza” que va dejando tras de sí el neoliberalismo.

Recorte de derechos y decadencia democrática. La transferencia de poder hacia las élites económicas globales, con la connivencia de las instituciones políticas nacionales, supone un avance en la expropiación de la soberanía popular y el recorte de derechos sociales y políticos. La ciudadanía es limitada y la política vaciada de contenido, “el reino del ciudadano termina en la antesala de la economía […] La democracia se convierte en un mecanismo para elegir quién va a ejecutar las decisiones de un organismo transnacional. La política nacional se vacía de poder” (Bell Lara & López, 2007).

El equilibrio del presupuesto público se persigue recortando partidas directamente vinculadas con derechos sociales de amplias mayorías, a pesar del enorme fraude fiscal de grandes capitales (en España se estima en 80.000 millones de euros). En nombre de la “eficiencia” se ponen en marcha procesos de mercantilización y privatización: de esta manera, lo que eran derechos se convierten en mercancías, accesibles sólo para quienes tengan capacidad de comprarlos. Asimismo, se añaden otro tipo de intervenciones del Estado como el retraso en la edad de jubilación, la reducción de salarios, la reducción del seguro por desempleo, la limitación o eliminación de beneficios sociales y laborales, entre otros.

Las instituciones políticas comienzan a sufrir una crisis de legitimidad, reduciéndose la afección social y la participación electoral. Entre 1980 y 1995 disminuyeron los niveles de participación electoral en AL (Lavezzolo, 2006), mientras que en 2012 en las elecciones griegas un 45% del electorado se abstuvo de votar, un 44% lo hizo en las del Principado de Asturias y un 37% en las de Andalucía: en todos los casos, los comicios más abstencionistas de la democracia representativa [9].

En AL a finales del siglo pasado entre el 30 y el 40% de la ciudadanía consideraba que el voto no tenía poder de cambio: un “desencanto con la democracia” (Corporación Latinobarómetro, 2004). En 2012 “los políticos” se convirtieron en el tercer problema más importante percibido por la sociedad española (INE, 2013). Analizando este dato en perspectiva histórica, se puede apreciar la evolución del descrédito de “los políticos en general, los partidos políticos y la política” en España (CIS, 2013) [10]:

Parece evidente que lo que el neoliberalismo dejó en América Latina es equivalente a lo que está dejando en el sur de Europa.

Cambio de rumbo, cambio de época

En América Latina, tras el colapso social devenido de décadas de neoliberalismo, varios países emprendieron un cambio de rumbo político y económico, bajo una fuerte presión de unos movimientos populares cada vez más fortalecidos.

Grandes revueltas populares y una sangrienta represión del Estado fueron dando paso, más o menos gradualmente, a la remoción de gobiernos cómplices de la “dictadura de los mercados”, al nacimiento de nuevos sujetos políticos y al inicio de un cambio de rumbo en la región. La intensificación de la lucha social dio lugar a hechos históricos de rebeldía colectiva, como el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994 (gobierno de Salinas de Gortari), las revueltas indigenistas, la toma del Congreso y el establecimiento del “Parlamento del Pueblo” en Ecuador en enero de 2000 (gobierno de Jamil Mahuad), el 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina (gobierno de De la Rúa), la “guerra del gas” en Bolivia en 2003 (gobierno de Sánchez de Losada), entre otros.

Desde entonces, en estos y otros países latinoamericanos se fueron poniendo en marcha profundos procesos políticos de “desneoliberalización”. A las políticas de desendeudamiento externo, fortalecimiento del mercado interno, sustitución de importaciones o redistribución de riqueza, se fueron añadiendo medidas como la expropiación y re-estatización de empresas públicas, el control político de recursos estratégicos en el territorio, la creación de nuevas instituciones o la transformación de algunas de las existentes. Asimismo, destaca una política internacional de limitación de la incidencia de países centrales [11] e instituciones financieras internacionales en las economías nacionales de la región, y el fomento de una democracia con mayor participación popular.

Este proceso de cambio tuvo como resultado la reversión de algunos indicadores, tendencias y dinámicas socioeconómicas que el neoliberalismo había dejado en herencia en la región.

La creación de empleo mejoró sustancialmente desde el período postneoliberal en la región. El nivel de desempleo en AL y el Caribe alcanzó en 2012 el 6,4% de la población activa (su mínimo en 22 años, con la creación de más de 30 millones de puestos de trabajo), acompañado por una expansión del 3% del empleo asalariado formal cubierto por la seguridad social y un aumento de los salarios reales del 3% (OIT & CEPAL, 2012).
El nivel de pobreza en la región pasó del 48,4% en 1990 al 30,4% en 2011; y durante este período la indigencia se redujo del 18,6% al 12,8%. Entre 2002 y 2011 más de 50 millones de personas salieron de la situación de pobreza o indigencia en países de AL (CEPAL, 2012). Entre 2003 y 2009 en Argentina se duplicó la clase media, de 9,3 a 18,6 millones de personas (Banco Mundial, 2012).
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en AL pasó de 0,573 en 1980 a 0,704 en 2010 (PNUD, 2010). Argentina alcanzó en 2011 un nivel de desarrollo humano “muy alto”, mientras que Uruguay, Brasil o Ecuador se posicionaron como países con desarrollo humano “alto” (PNUD, 2012)
Indicadores relacionados con derechos sociales como la educación y la sanidad también pueden ilustrar esta evolución: la esperanza de vida y el nivel de alfabetización en AL crecieron como media un 9% y un 10%, respectivamente, entre 1990 y 2010 (PNUD, 2012).

También, se ha incrementado en la región la participación en procesos electorales y el apoyo social a las instituciones políticas. Los gobiernos que oficiaron este cambio de rumbo fueron revalidados por amplias mayorías repetidamente en las urnas. Por otra parte, bajo el liderazgo principalmente de Brasil y Venezuela, se fueron retomando lazos solidarios y reforzando la integración regional: además del aumento del comercio, la cooperación y las inversiones Sur-Sur, durante este período se crearon espacios, agendas, posiciones y demandas comunes entre varios de los Estados latinoamericanos.

Las políticas en la región están redefiniendo una nueva ecuación entre mercado, Estado y sociedad, lo que implica una reconfiguración de los pilares elementales de la convivencia. Esta redistribución del poder tiene como correlato una fuerte presión de los poderes económicos nacionales y transnacionales (justamente, quienes bendijeron y se beneficiaron de los años de neoliberalismo), generalmente apoyados por las corporaciones concentradas de comunicación [12]. El permanente intento de desestabilización de estos procesos políticos forma parte del accionar de las clases dominantes, llegando incluso a provocar golpes de Estado (sin militares) contra gobiernos electos [13].

Otro hecho relevante de este proceso en AL es que la política va volviendo a ocupar la centralidad, mientras que una parte creciente de la ciudadanía exige un espacio en la toma de decisiones políticas, en los últimos años se ha extendido un profundo debate ideológico en amplias capas de las sociedades de la región (CEPAL, 2012).

Estos procesos, llenos de retos y contradicciones, tienden a una reapropiación de la soberanía económica y la independencia política. Y, aunque sería arriesgado valorar su evolución futura, hasta el momento están teniendo como resultado mejoras en las condiciones de vida de amplias mayorías sociales. Además, están contribuyendo a quebrar la ortodoxia de la cultura global, el pensamiento único y la arquitectura socioeconómica que la globalización neoliberal había dejado en herencia.

Recordar, aprender y seguir actuando

La observación de la historia latinoamericana reciente permite comprender el potencial de destructividad del neoliberalismo y lo determinante de las luchas sociales en el territorio para erradicar el modelo. Cuando el sur de la Eurozona está iniciando su propia “década perdida”, se hace necesario revisar esta historia y aprender de lo sucedido en otras partes del planeta que han sido sometidas al mismo modelo que la Troika, Alemania y las instituciones políticas de la periferia europea presentan como inevitablemente dominante.

Pocas dudas caben de lo que sucederá en el sur de Europa si esta deriva continúa. Cuanto más arrastre el poder económico al poder político-institucional, cuanto más se avance en este camino neoliberal, más destrucción económica, social y medioambiental será producida; y más tiempo y esfuerzo colectivo será necesario para reconstruir la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de los países.

El hecho de que esta región parta de una situación de bienestar material significativamente mayor al de AL durante la “década perdida” no significa que el daño vaya a ser menor, sino que la caída es desde un punto más elevado, y el menoscabo social y económico será mucho más abrupto.

Las transformaciones políticas, la conquista y reconquista de derechos o las mejoras sociales no se alcanzan a partir de las concesiones y la resignación voluntaria de privilegios de las clases dominantes. En este contexto, la construcción y el sostenimiento de un modelo alternativo más justo y equitativo parece únicamente posible a partir de las luchas y el conflicto social por una redistribución del poder político.

América Latina está aprendiendo de un pasado al que sus mayorías no quieren regresar. Parte de la ciudadanía, la sociedad civil, organizaciones, colectivos y movimientos sociales del sur de Europa están asumiendo el desafío de cuestionar la esencia del poder político-institucional, plantar cara al neoliberalismo, empezar a organizarse y a transitar una etapa de luchas y resistencias emancipadoras que se tornan imprescindibles.

Notas

[1] Los países de América Latina han sufrido cuatro crisis de la deuda. La primera, en 1826 y se prolongó hasta la mitad del siglo XIX; la segunda se inició en 1876 y terminó a inicios del siglo XX; la tercera, durante los años 30. La cuarta es la que dio comienzo en 1982.

[2] En concepto de “servicio de la deuda”, entre 1982 y 2000 América Latina devolvió 1.452.000 millones de dólares. En 1982 el total de la deuda de la región se elevaba a 333.200 millones de dólares.

[3] Evolución de la deuda externa en algunos países de América Latina y el Caribe y en el conjunto de la región, expresado en millones de dólares.

[4] Algunos ejemplos de dictaduras cívico-militares en la región durante los años setenta y parte de los ochenta: Augusto Pinochet en Chile (1973-1990); Proceso de Reorganización Nacional en Argentina (1976-1983); Aparicio Méndez en Uruguay (1976-1981) y Gregorio Álvarez (1981-1985); Aldredo Stroessner en Paraguay (1954-1989); Hugo Banzer en Bolivia (1971-1978).

[5] PIGS (“cerdos”) es un acrónimo que comenzaron a utilizar algunos grandes medios de comunicación británicos y estadounidenses para hacer referencia al grupo de países periféricos de Europa: Portugal, Irlanda, Grecia y España.

[6] Esto no es así para Alemania, que desde el estallido de la “crisis financiera” se financia en los mercados internacionales a coste cero e incluso negativo. Es Alemania la beneficiaria de la crisis y del euro: “El crecimiento alemán se ha logrado empeorando las condiciones laborales y sociales para incrementar sus precios menos que los demás países de la zona euro, y obtener grandes superávit en su balanza de pagos que, sin el euro, no hubieran sido posibles ya que habrían provocado un reajuste de las monedas” (Zafiur, 2013).

[7] Seguramente, el caso más flagrante de este tipo de precarización sea el de las zonas francas, territorios con condiciones legales, fiscales, laborales y medioambientales muy ventajosas para la producción y la exportación de mercancías. En 1992 América Latina contaba con 124 zonas francas en su territorio.

[8] A la reforma laboral impulsada por el Gobierno del Partido Popular (Real Decreto-Ley 03/2012), hay que añadirle la promovida por el anterior Gobierno del Partido Socialista (Real Decreto-Ley 10/2012).

[9] Asimismo, la orientación del sufragio no determina el rumbo de la política económica, lo que supone una pérdida de calidad democrática y una extensión de la frustración política. En el Estado español la primera batería de medidas neoliberales antisociales fueron puestas en marcha por el Partido Socialista, con un recorte de gasto público de 15.000 millones de euros a mediados de 2010. Posteriormente, el Partido Popular intensificó y profundizó esta deriva política.

[10] Medido en porcentaje de multirrespuesta. Pregunta: cuáles son los tres principales problemas que existen actualmente en España.

[11] Sobre este punto debe añadirse que la política exterior de EEUU, el país históricamente con mayor injerencia externa en la región, a partir de 2001 se centró mucho más en el control de Oriente Medio, facilitando que un bloque de países latinoamericanos limitaran su incidencia imperialista.

[12] Además de grupos multimedia transnacionales como CNN, Fox o Prisa, que critican de manera sistemática y sesgada estos procesos en América Latina, se añaden corporaciones nacionales que adoptan un abierto papel de oposición política, como Rede Globo en Brasil, Globovisión en Venezuela, Clarín en Argentina, entre otros.

[13] Por ejemplo, el “golpe de Estado parlamentario” en Paraguay en 2012 o el “golpe de Estado judicial” en Honduras en 2009 que terminaron con el derrocamiento de Lugo y Zelaya, respectivamente, o los fallidos “golpe de Estado mediático” en Venezuela en 2002 o el “golpe de Estado policial” en Ecuador en 2010.

Bibliografía citada:

Banco Mundial. (2012). La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Banco Mundial.

Bell Lara, J., & López, D. (2007). La cosecha del neoliberalismo en América Latina. FLACSO. Estudios del desarrollo social: Cuba y América Latina.

CEPAL. (2001). Notal de la CEPAL. Septiembre de 2001. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CEPAL. (2001). Notas de la CEPAL. Marzo de 2001. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

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Colectivo IOE. (2012). Crece la desigualdad en España. Colectivo IOE.

Corporación Latinobarómetro. (2004). Latinobarómetro 2004. Corporación Latinobarómetro.

ELSTAT. (2013). Instituto Nacional de Estadística de Grecia (ELSTAT).

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Fundación Luis Vives. (2011). Modelos europeos en la evolución del Tercer Sector Social. Obra Social Caja Madrid.

INE. (2013). Barómetro del INE enero de 2013. Instituto Nacional de Estadística.

INE. (2012). Encuesta de Población Activa (EPA). 4º trimestre de 2012. Instituto Nacional de Estadística.

Lavezzolo, S. (2006). Adversidad económica y participación electoral en América Latina, 1980-2000. HAL.

Navarro, V. (30 de octubre de 2012). La gran estafa de la deuda pública. Público.

OIT; CEPAL. (2012). Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. Organización Internacional del Trabajo y Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

PNUD. (2010). Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo humano. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

PNUD. (2011). Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Subcomandante Marcos. (1997). La cuarta guerra mundial ha comenzado. Le Monde Diplomatique.

Toussaint, E. (2003). América Latina y el Caribe: salir del impase de la deuda y el ajuste. Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTL) - Centro Nacional de la Cooperación al Desarrollo (CNCD).

[Fuente: Alba Sud]

25/2/2013

Jacques Sapir

Sobre las elecciones italianas

Tras conocerse los resultados de las elecciones italianas, los comentarios se multiplicaban. El gobierno francés se apresuró también a hacer un comunicado minimizando la importancia de estos resultados. Más le hubiera valido afrontar directamente la realidad, aunque solo fuera para sacar las conclusiones correspondientes. Pero ha preferido atrincherarse en una actitud de denegación, esta vez con el apoyo de una parte de la prensa francesa. Mucho se había alabado al dirigente del partido Demócrata, Pier Luigi Bersani o al tecnócrata reconvertido en político, Mario Monti. Sin embargo, bastaba con salir de la burbuja parisina, con mirar la prensa italiana, británica o americana para tener una pequeña idea de lo que iba a ocurrir. Pero se dice que no existe la realidad fuera de lo que algunos cenáculos quieren opinar. Pues bien; observemos un poco esas elecciones y sus resultados e intentemos extraer de ellos los puntos importantes.

El primer punto que sobresale de estos resultados es evidentemente la amplitud del rechazo a las políticas inspiradas por Bruselas y Berlín pero también, recordémoslo, por París. Los partidos que defienden estas políticas sólo representaron el 40% de los electores (el PD de izquierda de Bersani 29,5% y la alianza de centro derecha de Mario Monti, 10,5%). Los partidos que rechazan estas políticas y que en realidad rechazan la lógica del euro han alcanzado más de 54% de los sufragios (el PDL de Silvio Berlusconi, 29% y el M5S de Beppe Grillo, 25, 4%). Sería imposible imaginar una mayor desautorización a quienes presentaban al gobierno Monti como un "salvador” de Italia. La multiplicación de impuestos, a menudo vividos como injustos, los recortes salvajes del presupuesto cuyas víctimas han sido los hospitales, las escuelas pero también los sistemas de pensiones, los retrasos escandalosos en los pagos por parte del Estado explican ampliamente esta situación. La prensa francesa puede criticar a la “máquina” Berlusconi, pero no podría esconder eternamente el hecho de que si un político expulsado y abucheado vuelve casi como triunfador es claramente porque hay un rechazo masivo de la política puesta en marcha por sus sucesores. Además, este discurso convenido no puede explicar el éxito del Movimiento 5 estrellas (M5S) de Beppe Grillo.

Esto conduce entonces al segundo punto importante: el error manifiesto de los sondeos y de las estimaciones “a pié de urna”. Dos partidos han sido las víctimas de estos errores: el PD, al que se le atribuía un 33% y que al final obtuvo 29,5% (alrededor de cuatro puntos de diferencia) y la alianza de centro derecha de Mario Monti, a quien los sondeos atribuían un 12% y que en realidad solo obtuvo un 10,5%. El PDL de Silvio Berlusconi aparece como relativamente estable. Es por lo tanto el M5S quien se ha aprovechado de estos errores, ya que se le atribuía entre un 18 y un 20% y en realidad obtuvo más del 25% de los sufragios. Es conveniente decir acto seguido que estas elecciones eran las primeras elecciones generales a las que se presentaba el M5S. La tarea de quienes realizaban los sondeos y las previsiones era pues de lo más difícil. Pero si se tienen en cuenta las cifras, y si se admite que un cierto número de electores del M5S (1 de cada 5) no quisieron expresar a quién habían votado en los sondeos “a pié de urna” esto quiere decir que antiguos votantes tanto de izquierda como de derecha se han decantado hacia el movimiento de Beppe Grillo. Esta hipótesis se ve avalada por la notable similitud entre previsiones y resultados reales para el PDL lo que confirma el hecho de que Silvio Berlusconi es reconocido como el jefe de su formación y que su discurso es ampliamente asumido por sus votantes. El voto para el PDL no ha sido un voto “vergonzante”, sino al contrario claramente asumido. Lo que esto quiere decir es que hay que buscar esencialmente en la izquierda (y secundariamente en el centro derecha) el verdadero granero de las fuerzas del M5S.

Esto conduce entonces al tercer punto: los electores italianos querían enviar un mensaje y han utilizado a tal fin los medios que tenían a su disposición. Se puede censurar el sistema electoral italiano, ciertamente más “bizantino” que “romano”; se pueden hacer todos los comentarios posibles e imaginables sobre la retórica, tanto de Berlusconi, cubierto de escándalos y superviviente del “bunga bunga”, como de Beppe Grillo. A falta de partidos más presentables, los italianos han votado por aquellos que les parecían los menos nocivos, o dicho de otra manera, los menos comprometidos con la mortífera política de austeridad y los menos sumisos a las órdenes de Bruselas y a los dictados de Berlín. Estamos en presencia de una manera de protestar estructurada más que ante un simple voto “protesta”. El hecho de que el M5S haya vencido en ciertas ciudades en las últimas elecciones municipales tendría que haber alertado a los observadores.

Las consecuencias para la coalición de izquierdas que representa el Partido Democrático son importantes: la erosión de este partido en los últimos sondeos y posteriormente en los resultados, es particularmente importante. Con un 35% de los votos atribuidos a menos de un mes de las elecciones obtiene finalmente el 29,5%. El problema reside en la posición insostenible que adoptó: la de defender una “austeridad con rostro humano”. Los italianos han intuido que de rostro humano no habría casi nada y que solo quedaría la austeridad. Empero, esto plantea un temible problema a las fuerzas llamada “socialdemócratas” en la Europa del sur. Sus discursos ya no tienen ninguna credibilidad en el marco económico que es el de la zona euro. Se trata o bien de adoptar un discurso tradicional de derechas o bien de romper con las quimeras de una Europa federal; no hay medias tintas posibles.

Llegamos pues al cuarto punto. Estas elecciones han supuesto, como ya se ha dicho, una sonora derrota de la tecnocracia. A este respecto, recordamos lo que se decía en una nota dedicada no solo a la cuestión del “orden democrático” sino también a la Dictadura y a la Tiranía: “El orden democrático permite pensar las nuevas formas de la Tiranía (las agencias independientes) de darles un nombre preciso (el BCE, la Troika, la devolución de los principios del Estado a la Unión Europea sin respeto por las reglas devolución) pero también mostrar lo que podrían ser otras vías que no condujeran a usurpaciones de soberanía. El orden democrático permite así refutar las ilusiones de una tecnificación de las opciones políticas y de volver a dar toda la importancia a la propia política. Nos permite pensar la Tiranía y en consecuencia la rebelión legítima”.

Es a una rebelión legítima a lo que hemos asistido en estas elecciones. Es conveniente tomar conciencia de ello.

[Este artículo, traducido al castellano por Beatriz Quirós Madariaga, ha sido publicado por Rebelión]

28/2/2013

Wu Ming

Hay un espacio vacío que el Movimento 5 Stelle ocupa… para mantenerlo vacío

Ahora que el Movimento 5 Stelle parece haber “estallado” en las elecciones, creemos que no se puede aplazar más una reflexión sobre el vacío, la ausencia, que el movimiento de Grillo y Casaleggio representa y administra. El M5S administra la ausencia de movimientos radicales en Italia. Hay un espacio vacío que el M5S ocupa… para mantenerlo vacío.

A pesar de las apariencias y de la retórica revolucionaria, creemos que en los últimos años el M5S ha sido un eficaz defensor de lo existente. Una fuerza que ha funcionado como “tapón” estabilizando el sistema. Es una afirmación contraria a la intuición, parece absurda, si miramos solo al contexto italiano y, sobre todo, si no vamos más allá de la primera impresión. ¿Cómo puede ser? ¿Grillo estabilizador? ¿Precisamente él, que quiere que se vaya la vieja clase política? ¿Precisamente él que, según dicen todos, se está preparando para ser un factor de ingobernabilidad?

Creemos que en los últimos años Grillo, conscientemente o no, ha garantizado la estabilidad del sistema.

En los últimos tres años, mientras en los otros países euromediterráneos y en general en Occidente se extendían, y en algunos casos radicaban, movimientos inequívocamente antiausteridad y antiliberales, aquí eso no ha pasado. Sí que ha habido luchas importantes, pero han quedado confinadas en territorios restringidos, o han durado muy poco. Muchas chispas, pero no las necesarias para encender el fuego, como sin embargo ha pasado en otros lugares. Nada de indignados aquí, nada de Occupy ni de primaveras de ningún tipo, nada de “Je lutte des clases” contra la reforma de las pensiones.

No hemos tenido una plaza Tahrir, ni una Puerta del Sol, ni una plaza Syntagma. No hemos luchado como se ha luchado —y en algunos casos se sigue luchando— en otros lugares. ¿Por qué? Las razones son múltiples, pero hoy queremos desarrollar una sola hipótesis. Puede que no sea la más importante, pero creemos tenga cierta relevancia.

Aquí, una gran cantidad de “indignación” ha sido interceptada y organizada por Grillo y Casaleggio —dos ricos sexagenarios provenientes de la industria del entretenimiento y del marketing— a través de una franquicia político-empresarial con grandes dosis de copyright y de marca registrada, un “movimiento” rígidamente controlado y liderado desde un vértice, que recoge y emula reivindicaciones y consignas de los movimientos sociales, pero mezclándolas con apologías del capitalismo “sano” y con discursos superficiales centrados en la honestidad del político/administrador individual, en un programa embarullado donde coexisten propuestas liberales y antiliberales, centralistas y federalistas, libertarias y de extrema izquierda. Un programa passepartout que recoge de aquí y de allá, típico de un movimiento diversivo.

Prestad atención: el M5S divide el mundo entre un “nosotros” y un “ellos” en un modo completamente distinto al de los movimientos mencionados anteriormente. Cuando Occupy propuso la separación entre el 1 y el 99% de la sociedad, se refería a la distribución de la riqueza, yendo directamente al centro de la desigualdad: el 1% son los multimillonarios. En caso de haberlo conocido, Occupy hubiese incluido también a Grillo. En Italia, Grillo forma parte del 1%.

Cuando el movimiento español retoma el grito de las caceroladas argentinas: “¡Que se vayan todos!", no se refiere solo a la “casta”, y no está añadiendo implícitamente: “Ocupemos nosotros su puesto”. Está reivindicando la auto-organización y la auto-gestión social: probemos a hacer lo máximo posible sin ellos, inventemos nuevas formas, en los barrios, en los puestos de trabajo, en las universidades. Y no por medio de los disparates tecno-fetichistas de Grillo ni de las cantidades ingentes de retórica de los pequeños roedores de tipo “parlamentario”: son prácticas radicales, juntarse para defender la comunidad de los excluidos, impedir físicamente desahucios y ejecuciones hipotecarias, etc.

Entre los que “se tienen que ir”, los españoles incluirían también a Grillo y Casaleggio (¡inconcebible un movimiento liderado por un millonario y por una empresa de publicidad!), y también a aquel Pizzarotti que en Parma hace meses que gestiona la austeridad ignorando las ampulosas promesas electorales hechas una tras otra.

Ahora que el movimiento de Grillo entra en el Parlamento, votado como último recurso por millones de personas que con razón encontraban repugnantes o en todo caso inadmisibles las otras opciones políticas, termina una fase y comienza otra. El único modo de comprender la fase que comienza es entender cuál ha sido el rol de Grillo y Casaleggio en la fase que termina. Para muchos se han comportado como pirómanos. Para nosotros, lo han hecho como bomberos.

¿Puede un movimiento que nació como diversivo convertirse en un movimiento radical que tenga como objetivo abordar cuestiones cruciales y que separe el “nosotros” del “ellos” a través de las justas líneas de fractura? Para esto, primero tendría que suceder otra cosa. Tendría que verificarse un Evento que introdujese una discontinuidad, una escisión (o más) dentro del movimiento. En pocas palabras: el movimiento de Grillo tendría que evitar ser su “prisionero”. Por ahora no ha sucedido, y es difícil que lo haga. Pero no imposible. Nosotros, como siempre, apoyamos la rebelión. Incluso dentro del Movimento 5 Stelle.

[Este artículo, en su versión en castellano, ha sido publicado por el periódico Diagonal]

27/2/2013

Mario del Rosal Crespo

¿A quién sirve el Banco Central Europeo?

La visita del actual presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, antiguo vicepresidente de Goldman Sachs International (2002-2005), presidente de la comisión italiana de privatizaciones (1993-2001) y consejero honorario de la Brookings Institution (desde 1993), ha despertado una notable expectación entre la opinión pública española. La razón fundamental es, probablemente, la sensación general que el ciudadano tiene de que este organismo, como el resto de instituciones de la esfera de la Unión Europea, no sólo no está ayudando a España a afrontar la crisis, sino que está acelerando sus peores efectos sobre la clase trabajadora y las capas más débiles de la sociedad.

Y, sin embargo, esta indignación no pasa de ser más bien intuitiva debido al desconocimiento general que hay en relación a las funciones concretas que el BCE des arrolla y sus consecuencias. ¿A qué se dedica el BCE? Y, sobre todo, ¿a quién sirve el BCE?

Esta institución, cuyas raíces beben directamente de las teorías monetaristas desarrolladas por la Escuela de Chicago, diseñadas por el Fondo Monetario Internacional e implementadas por los pioneros del neoliberalismo (Thatcher, Reagan y Pinochet), tiene un objetivo único —el control de la inflación—, un prohibición expresa —financiar directamente a los Estados— y una condición necesaria —su independencia política—.

La inflación como obsesión

Las teorías monetaristas afirman que la inflación es uno de los principales problemas que afectan al funcionamiento de la economía capitalista y que los prejuicios que genera ponen en peligro la eficiencia y la competitividad, lo que provoca, además, importantes daños a algunos de los grupos sociales más débiles, como los pensionistas o los asalariados. Estos argumentos —tan caros al Bundesbank y a su álter ego, el BCE— esconden otras razones: el problema que la inflación supone para los acreedores —es decir, la banca— y, sobre todo, el hecho de que el control de la inflación es la excusa perfecta para implantar una política económica destinada a imponer la contención del salario real y la reducción del salario relativo (esto es: la parte del PIB que revierte en los trabajadores a través de los salarios).

No se trata de discutir si la inflación es o no tan mala como la pintan, sino en aclarar cuáles son los factores que realmente la provocan. Y es justo aquí donde el alma monetarista del BCE se hace evidente, puesto que sólo tiene una respuesta para ello: los salarios. El resto de factores, como la monopolización y cartelización de los mercados o la dinámica de lucha social por los ingresos, son sistemáticamente olvidados. El resultado es obvio: puesto que los salarios son los únicos culpables de la inflación, sólo se puede acabar con ella conteniéndolos o, en lo posible, reduciéndolos. Las estrategias para lograrlo son lamentablemente bien conocidas por todos: ataques constantes a los sindicatos, degradación imparable de los derechos laborales, segmentación de la clase trabajadora, notable tolerancia ante el paro crónico y creciente, etc.

La actual crisis no es más que una nueva vuelta de tuerca en una estrategia que lleva funcionando a pleno rendimiento desde la fundación del BCE (1998) y el nacimiento del euro (1999). Los resultados a lo largo de estos catorce años han sido ciertamente exitosos para el capital, como lo demuestra el hecho de que el salario relativo se haya hundido en toda la zona euro desde su implantación o que, en el caso extremo de España, incluso el salario real haya caído.

Prohibición de financiar a los Estados

Los estatutos del BCE prohíben que esta institución financie directamente a los Estados miembros de la zona euro y confirma su total irresponsabilidad ante la deuda soberana de los países. Con ello se pretende, según las teorías dominantes, estimular la responsabilidad de los gestores del erario público y fomentar el equilibrio presupuestario.

La intención real de esta política es bien distinta: abrir en canal un gigantesco espacio de negocio para los capitales privados. El resultado es tan lucrativo para unos pocos como dramático para la mayoría: la burbuja especulativa de la deuda pública. Esta burbuja obedece a una dinámica tan sencilla como perversa: la eliminación radical de la posibilidad de beneficios especulativos en el mercado europeo de divisas a raíz de la puesta en marcha de la moneda única, unida a las inmensas posibilidades que ofrece la desregulación total del movimiento de capitales y su sofisticación técnica, empuja a los grandes fondos al mercado de bonos públicos. Y como el BCE se niega sistemáticamente a facilitar financiación a los Estados, cuando éstos se encuentran con problemas financieros graves derivados de la escasez de ingresos o el exceso de gastos generados por la crisis, no tienen más remedio que acudir a estos mercados, donde los grandes fondos privados los esperan como agua de mayo para hacer su agosto.

Y, para mayor ignominia, el BCE decide abrir la barra libre del dinero barato a la banca con la supuesta intención de que el crédito fluya a empresas y consumidores. Pero el resultado no es otro que más madera para la especulación con la deuda pública. El mecanismo no puede ser más palmario: al capital financiero le basta con el simple trámite de prestar a los Estados a tipos abusivos dinero obtenido del BCE a tasas históricamente bajas. Esta dinámica hace que las instituciones financieras y los grandes fondos se conviertan en los beneficiarios directos de un trasvase masivo de ingresos de los contribuyentes a la banca y los fondos especulativos. De ahí que el BCE, cual bombero pirómano, esté avivando constantemente el fuego de la especulación con deuda pública.

Por lo tanto, no hay que buscar las razones de la pertinaz caída de los salarios sólo en los efectos de la crisis mundial o en las criminales contrarreformas laborales, ni la subida de la prima de riesgo únicamente en los veleidosos “mercados”, sino, además, en la intolerable estrategia de un BCE que, en total sumisión al capital financiero, se desentiende de sus obligaciones como banco central, demostrando diariamente su desprecio por la ciudadanía y su falta genética de voluntad para ayudar a la recuperación económica.

Independencia política

Es impensable que este tipo de estrategias radicalmente contrarias al interés público puedan llevarse a cabo durante mucho tiempo a menos que la institución encargada de ponerlas en práctica esté protegida firmemente frente al contrapoder que la democracia puede representar. Para ello, el BCE ha cimentado sólidamente su omnipotencia autocrática sobre la base de la creencia insistentemente disfrazada de ciencia económica según la cual algo tan complejo técnicamente y con efectos a medio y largo plazo como la gestión monetaria debe dejarse en manos de “expertos” independientes del poder político. Así, liberados de la cortedad de miras de gobiernos preocupados por las próximas elecciones y del populismo que esto puede engendrar, los técnicos del BCE, perfectamente ajenos a la democracia y totalmente irresponsables de sus actos, supuestamente podrán implementar la política monetaria que debe hacerse, sea o no del agrado de los ciudadanos. “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, que dirían los antiguos. O, en román paladino: el despotismo ilustrado.

Aunque esta convicción profundamente antidemocrática no es exclusiva del BCE, esta institución es un caso único en el mundo por su extremismo, no igualado ni por la Reserva Federal de los EE.UU. ni por ningún otro banco central en el ámbito de las economías capitalistas desarrolladas. El resultado de esta pretendida independencia política sólo puede ser uno: dejar el poderoso brazo de la política monetaria directamente en manos del capital financiero, arrancándoselo al Estado, y convirtiendo a la clase trabajadora en espectador impotente de su propia ruina.

Así pues, ¿a quién sirve el BCE?

[Mario del Rosal Crespo es doctorando en economía internacional por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de economía de bachillerato. Este artículo se publicó en rebelión.org]

27/2/2013

Agustín Moreno

Protesta y profesionalidad

El FMI dice que 2013 va a ser peor que 2012. Tampoco va a ser fácil en la educación. La situación general de paro y empobrecimiento de la población repercutirá en nuestro alumnado y en sus familias. La escuela no es ajena a lo que pasa en la sociedad. Son momentos de pesimismo, de desesperanza, de conflictos sociales que se trasladan al ámbito privado y al escolar. Se viven todo tipo de situaciones: familias que se van del país, desahucios, falta de recursos para libros, comedor o extraescolares.

Los recortes aplicados en educación suponen la desinversión de más de 6.000 millones de euros. Se pretende bajar del 4,9% del PIB al 3,9% y las consecuencias se notan gravemente. Recorte de profesorado y personal, aumento de ratios, supresión de becas de libros y comedor, no sustitución de las bajas, endurecimiento de las condiciones de trabajo: más jornada, menos salario y ningún reconocimiento por la Administración. Y sus efectos no son más destructores gracias al esfuerzo y coordinación de toda la comunidad educativa, empeñados en defender la escuela pública con la máxima calidad.

La ley Wert parte de la filosofía de que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades, agudizará los problemas por su apuesta descarada poruna educación segregadora, antidemocrática y confesional. Hay muchos actos de debate y denuncia. Pero ahora toca que los sindicatos y las AMPA, la Marea Verde, establezcan un calendario de movilización contundente por la retirada de la ley y por la dimisión del ministro. Hay que pararla o sentar las bases para derogarla con el cambio político. Si se pierde una conquista, se puede volver a ganar de nuevo. Hoy hay más conciencia de los derechos y más capacidad de lucha y de actuación.

Hay que evitar que nos contamine en exceso el pesimismo ambiental. Huir de situaciones y debates tóxicos que quitan energía y deprimen si nos descuidamos. Se trata de hacer compatible protesta y profesionalidad. Que sigamos luchando por algo justo. Mejoremos en el aula y cooperemos con los compañeros/as. Tenemos la calle, la libertad de cátedra y la obligación de crear complicidades. Siempre nos quedarán los alumnos y un oficio maravilloso.

[Fuente: Escuela, n.º 3.970]

1/2/2013

Gabriel González

La unidad empuja desde abajo

La unidad de los de abajo y las direcciones (cúpulas o aparatos) de los partidos

Sin un un proceso constituyente desde abajo para construir una fuerza política poderosa, hegemónica y representativa, frente a una hipotética confrontación electoral se dará la circunstancia de que la mayoría social que actualmente rechaza las políticas impuestas por la minoría gobernante sufrirá el voto disperso a la vez que concurrirá a esa confrontación con una sociedad escéptica a creer que de semejante dispersión podrá pergeñarse una respuesta solvente a los tremendos problemas que padecemos. Algunos optaremos por formaciones políticas minoritarias o en extremo minoritarias, engrosaremos la mayoría abstencionista o como mucho votaremos resignadamente por las opciones menos alejadas de nuestras aspiraciones de otro mundo que veremos difícilmente posible, sin motivos para implicarnos decididamente, con lo cual, y tras analizar los resultados, constataremos que siendo mayoría real quedaremos en situación de minoría en número de representantes en el Parlamento. Podremos echar la culpa a ley electoral, a “la abstención” o decir que somos ignorantes, etc. Todo ello escapes exculpatorios de una mirada superficial.

Esa situación facilitará a la minoría triunfante (PP–PSOE) obtener los apoyos suficientes para consolidar el modelo absolutista de los mercados (Podrían realizar algunos cambios menores, incluidos los territoriales y del modelo de estado, pero sin tocar el dogma neoliberal). Por tanto, no es suficiente una coalición electoral más o menos amplia de lo que hay, una Syriza a la española derrotada electoralmente y autocomplaciente porque “vamos por buen camino”. Sólo tenemos una opción, señalada por Rajoy: alcanzar la mayoría absoluta con nuestras propias fuerzas en las condiciones realmente existentes. Lo curioso de estas palabras de Rajoy, pronunciadas varias veces, no es que sean una indicación de nuestra debilidad, sino que son ahora indicativas de lo posible. Pero se deben cumplir algunos requisitos para que esta circunstancial mayoría social pueda emerger como fuerza creadora y constituyente de una nueva realidad: que aquéllos elementos con amplia visión y capacidad integradora logren constituir una dirección política del proceso superadora de las reticencias pseudo-ideológicas y capaz de implicar a la mayoría abstencionista en un proyecto vital radicalmente democrático y solvente. La responsabilidad fundamental en esta emergencia la tienen las direcciones de los partidos con aspiraciones de cambio, pero también los dirigentes de la sociedad civil organizada y las personas que viendo como el viejo régimen se tambalea pueden y deben decir su palabra ahora. No habrá una segunda oportunidad. No se pueden mantener las condiciones sociales a voluntad, todo cambia, todo se renueva, y el poder lo hace especialmente rápido, no requiere de grandes reflexiones y acuerdos entre muchas partes, el poder ve y actúa… salvo en momentos de debilidad aparente, y en el avance de nuestras fuerzas también hay obstáculos: esas pequeñas agrupaciones políticas que pretenden acceder a una posición de influencia en el conjunto del amplio movimiento para dirigirlo de acuerdo a sus intereses, sin comprender que sus intereses no son realizables en el terreno estricto de la competencia y que sólo podrán realizar una parte de ellos cediendo su parte al todo, para verse incluídas en la marea ciudadana en marcha. Así, icluídos en el anónimo colectivo, pueden ejercer su influencia dialogando, señalando las verdades, convenciendo. Pero también pueden, eso sí, mantenerse como dulces derrotados llevándose por delante nuestras aspiraciones de cambio. No debemos permitírselo.

Y tampoco instalarnos en la inacción esperanzada de que “ocurra algún cambio” No ocurrirá. Nosotros tenemos que provocar el cambio que queremos ver. Podemos proponer, desde abajo y sin “referentes”, nuestros puntos de vista, proyectos, acciones para la creación de esa fuerza política emergente. No contra los políticos o partidos actuales o sin ellos, pero no sin nosotros. Reflexionar conjuntamente las bases programáticas de gobierno para ser refrendadas por la mayoría social, discutir y proponer las personas que mejor pudieran representar al movimiento, para ser refrendadas también por la mayoría social.

Estamos hablando de un proyecto constituyente de los de abajo en una formación política para ganar las elecciones nacionales, autonómicas y locales, ahora y en las condiciones presentes. Descartemos, pues, los viejos pactos electorales de partidos minoritarios para ejercer la oposición. Descartemos también las coaliciones preelectorales incompletas y con ánimo de sumar matemáticamente supuestos votos estables que dejan estar la abstención en su estática indiferencia.

Descartemos la espera del príncipe azul revolucionario. Y si viene, echémoslo a patadas. Siendo lo que somos, con las fuerzas que tenemos y en el lugar en que estamos, hagamos la democracia ahora, desde aquí abajo y empezando por nuestro entorno más próximo, exigiéndonos excelencia en la acción.

[Fuente: Attac]

27/2/2013

Gonzalo Pontón

En un viejo país ineficiente

“En los años anteriores se habían desplomado muchas bancas privadas, pero ahora no se trataba ya del hundimiento de entidades financieras particulares, sino de la bancarrota. La quiebra no solo obligó a consignar todos los ingresos fiscales al pago de los intereses de la deuda y a su amortización, sino que dejó en manos de los acreedores la centralización del producto fiscal recaudado y la supervisión del pago de los intereses.” ¿El reino de España en 2013? No: el reino de Mallorca a finales del siglo XIV. Los historiadores Antoni Furió, José Antonio Sebastián, Enrique Llopis, Francisco Comín, Carlos Barciela, Carles Sudrià i Jordi Maluquer de Motes han escrito conjuntamente España en crisis. Las grandes depresiones económicas, 1348-2012, que acabamos de publicar y que analiza las principales depresiones sufridas por la economía española desde la Peste Negra del siglo XIV hasta la Pasta Negra de nuestros días. Su lectura atenta nos permite advertir que más que a factores externos o a los deeds of God (epidemias, inundaciones, sequías, hambrunas y mortandades), en la génesis, gestión y enquistamiento de todas esas crisis, lo determinante es la incompetencia de los gobiernos, sus políticas fiscales, el despilfarro público, la especulación y la corrupción a gran escala. Desde la famosa pirula del Cid “Campeador” hasta la ominosa cacografía de Luis “el Cabrón”, la sombra de un prócer (o de varios) cobija las innumerables renegociaciones de la deuda soberana, las suspensiones de pagos o las bancarrotas del viejo país ineficiente. Es, como la de las adelfas, una sombra enloquecedora y mortal. Bajo ella se engendró nada menos que el Banco de España. En 1780, tras la penúltima guerra contra Gran Bretaña, el estado español volvía a estar en crisis: los ingresos fiscales rondaban los 800 millones de reales, pero los gastos alcanzaban los 1.500 millones. Huérfano de la plata americana, bloqueada por la guerra, y agotadas todas las posibilidades de financiación exterior e interior, el gobierno de José Moñino no podía pagar ni los gastos del rey Carlos, también cazador aunque no putero, que ascendían a poco más de 90 millones de reales (una futesa, comparada con los espléndidos 300 reales anuales que podían sacarse un labrador o un artesano). Quiso la divina providencia que apareciera entonces por la Corte el caballero Francisco Cabarrús, financier de Bayona, ilustrado, reformista, defensor del comercio libre con América, amigo de Campomanes y Jovellanos, bien relacionado internacionalmente. En suma, un Rodrigo Rato de la época. Con la noble idea de sacar al país de l’embarras, Cabarrús vendió al conde de Floridablanca, al ministro de Hacienda, Miguel Múzquiz (que también era financiero), y al de Indias, José Gálvez el siguiente producto: él conseguiría de un consorcio de banqueros franceses y holandeses 135 millones de reales en letras de cambio (los más) y en metálico (los menos) a cambio de la autorización para extender 148,5 millones de reales en papel que se llamarían “vales reales” y que tendrían un doble valor: serían títulos de la deuda, pero también podrían circular como moneda fiduciaria por su valor facial. Los vales eran atractivos para determinados inversores: se podían utilizar para pagar impuestos y aranceles y también para operaciones mercantiles de gran calado, porque los primeros vales tenían un valor nominal de 9.000 reales. Rentaban, además, un 4% anual de interés, es decir un punto más que el que proporcionaban los censos, refugio entonces del dinero ocioso. El negocio de comisionista de Cabarrús (13,5 millones de reales) no estaba mal, pero no era el negocio. El 30 de agosto de 1780 los próceres pusieron en circulación 16.500 vales por el importe total convenido. En 1781 se repitió la operación con el lanzamiento de otros 17.667 vales, esta vez de un valor nominal de 4.500 reales, por 80 millones más. Como todo parecía ir a pedir de boca, Cabarrús, admirador de John Law, abordó entonces otro negocio: propuso al gobierno la creación de un banco privado para movilizar recursos financieros, garantizar la cotización de los vales y en su momento canjearlos por dinero en metálico. Así nació en 1782 el Banco de San Carlos, con un capital nominal de 300 millones de reales, dividido en acciones de 2.700 reales. Era mucho dinero y para atraerlo Cabarrús recurrió al márketing: hizo ver que las grandes personalidades depositaban toda la confianza en su banco: desde el rey (que “compró” 1.000 acciones) hasta sus socios franceses, Múzquiz, Gálvez o el mismísimo don Francisco de Goya. El propio Cabarrús compró acciones con los cinco millones de pesos que había ganado prestando al Tesoro ese mismo año un millón de pesos sencillos (15 millones de reales) a cambio de un millón de pesos fuertes (20 millones de reales) pagaderos en La Habana. Un beneficio cambiario del 33%. Era mucho dinero, pero ese tampoco era el negocio. Sin embargo, el dinero no acababa de acudir a la llamada del banco: a finales de 1782 solo se había colocado un 20% de las acciones. Así que se inyectó al banco dinero público desvalijando los pósitos, los consulados y hasta los propios de los municipios para lograr una cierta capitalización. Claro que, a cambio de ponerles a los españoles un banco, Cabarrús, que era el director nato del San Carlos, pidió que se le concediera al banco el privilegio exclusivo de abastecer de vituallas, uniformes y calzado a los ejércitos y la flota de España y de Indias durante veinte años por una módica comisión del 10%. Podía no estar mal, pero ni siquiera ese era el negocio.

El banco comenzó a retirar los vales reales a su vencimiento, pero en 1785 solo había podido canjear 4.000 vales de los de a 9.000 reales y 6.700 de los de a 4.500, el 22% de todo el papel emitido (83.300 vales por valor de 300 millones de reales), pero, en justa compensación, la deuda pública se había incrementado en un 150%. Entonces Cabarrús, gran defensor de los ideales del libre comercio, se convirtió de pronto al mercantilismo y pidió para su banco el monopolio de la exportación de metálico (lingotes de plata americana). Lo obtuvo, claro, y ese era un negocio fabuloso porque llegaron al banco 40 millones de pesos de la plata embalsada durante cuatro años de guerra. Pero aún no era el negocio. Mientras el banco, al cuidado de otro director que, casualmente, era el suegro de don Francisco, se enredaba cada vez más en operaciones opacas, préstamos al gobierno y a los poderosos sobre las propias acciones o los vales reales y especulaba temerariamente, en vísperas de la Revolución, con los títulos de deuda francesa, Cabarrús concentró todo su talento en la sucursal del Banco de San Carlos en Cádiz, donde, a finales de los años ochenta, surgió una brillante alternativa al monopolio de exportación de la plata que ya poseía su banco: consistía esta en pasar por la Aduana de Cádiz, cuyo comandante de la guardia era Antonio Gálvez, hermano del ministro de Indias y socio de Cabarrús, cajas de azúcar —que estaba exento de aranceles—, pero que en realidad contenían plata que se traficaba desde Cádiz hasta Bayona a través de una red de contrabandistas conocida como “La casa de la moneda”. Nunca se supo quién era el jefe de la trama. Pero ese era el negocio. El nuevo ministro de Hacienda, Pedro Lerena, enemigo de Cabarrús, que se había pillado los dedos con los vales, le metió en la cárcel en 1790 acusándole de una contabilidad creativa —sin duda aprendida de Necker— que dotaba las provisiones de tal modo que el banco daba beneficios en lugar de pérdidas.

Mientras tanto, la Hacienda, siempre agobiada, decidió darle a la maquinita de imprimir vales hasta llegar a un importe superior al valor de toda la moneda acuñada en España durante los últimos treinta años. Como que la gente no era tonta, los vales —sin respaldo bancario real— se fueron depreciando hasta alcanzar un 22% en 1795, un 43% en 1799, un 75% en 1801. En 1812 no eran más que papel mojado. Es imposible saber la cantidad de rentistas que perdieron su dinero en esta estafa público-privada que había ingeniado el ilustrado Cabarrús, aquel “activo y hábil negociante” —son palabras de Floridablanca— que Carlos IV había hecho conde, que Godoy sacó de la cárcel para hacerle embajador y que José I nombró ministro de Hacienda. El Banco de San Carlos, desacreditado y podrido de activos tóxicos, tuvo que ser rescatado con dinero público en 1829 y fusionado con el Banco de San Fernando, que en 1854 cambiaría su nombre por el de Banco de España.

Entre 1796 y 1808 el Estado se había empeñado en 4.500 millones de reales más, con lo que la deuda pública total, en vísperas de la “intervención” francesa, ascendía a 7.500 millones de reales (el equivalente a los ingresos fiscales de seis años o al salario anual de un millón de trabajadores durante veinticinco años). La deuda soberana de un país cuyo PIB no llegaba a 10.000 millones de reales rozaba el 80%. Era algo inaudito, brutal, insoportable. Jamás se había llegado a tanto: el viejo país ineficiente estaba en quiebra. Para darnos una idea de lo agónica que era aquella situación, pensemos lo que ocurriría si hoy, España, que tiene un PIB de un billón de euros, tuviera una deuda del 80%, o sea de… es decir… Me parece que lo voy a dejar aquí.

Fuente: www.pasadopresente.com

25/2/2013

Cristina Ruiz Cortina

Desertor de la ética

Cuando hemos recibido la noticia de que recibirás el Premio Jerusalén de las manos de Shimon Peres el próximo mes de febrero, mucha gente con los mismos sueños de libertad que tu y siguiendo la estela de los derechos sociales y políticos por los que lucharon Martin Luther King en Estados Unidos, o Nelson Mandela, bajo un apartheid legal en Sudáfrica, nos preguntamos ¿por qué resulta tan difícil resistirse a la adulación de los poderosos cuando, alcanzada la fama y el reconocimiento ya un premio más no significa nada? ¿Por qué resulta tan difícil tomar la opción ética que guió tu primera literatura?

Miembro de la Real Academia de la Lengua, habitual lector de la prensa diaria, columnista habitual, cronista de la vida, ¿Es posible que se te haya pasado por alto lo que ocurre en Palestina? ¿Es posible que se haya adueñado de ti la amnesia y que no recuerdes cuántas guerras ha empezado Israel contra sus vecinos, cuantas tierras ha robado, literalmente, a los campesinos palestinos, cuantos asentamientos está construyendo en territorios arrebatados a sus legítimos dueños?

No creemos en la amnesia súbita ni parcial, más bien creemos que te es difícil no caer a la palabra de los que te halagan, aunque sus manos goteen sangre. Más bien creemos que es eso lo que te pasa. Por que ¿No has oído tampoco hablar de la campaña de BDS internacional en la que miles de activistas de todo el mundo y personalidades como Nelson Mandela, Demond Tutu, Jean-Luc Godard, Naomi Klein, Arundhati Roy o Eduardo Galeano están empeñados en acabar con un estado racista y de apartheid que ocupa Palestina en su totalidad? También lo dudamos, porque no sólo eres Académico, es que vives en este mundo y lees el periódico. Y habrás leído sobre nosotros. Y sabrás el papel que jugó el boicot para alcanzar el fin del apartheid en Sudáfrica. Y la importancia que tiene que, cualquier persona, desde cualquier ámbito se sume al mismo y proclame al mundo que, en nombre de los derechos civiles de los pueblos, no hay que ir, no hay que aceptar premios, no hay que estrechar las manos de los opresores.

Seguramente en estos momentos no recuerdas cómo eran tus sueños cuando, en septiembre de 1970 Nixon y Kissinger visitaron a nuestro dictador con vistas a la “normalización” de España en el ámbito internacional. En aquélla época, quizás cerca ya de entrar a la Universidad odiaste a los dirigentes democráticos americanos que intentaban la normalización. Dos meses después, el Proceso de Burgos condenó a muerte a tres personas. La gente de bien odió a los que intentaban “normalizar” este país debajo del palio del Caudillo, en lugar de exigirle la democratización, la liberación, el final de la dictadura. Hoy en Palestina, la gente te odiará igual, porque no vas allí para denunciar al opresor sino para recibir de sus manos un premio con una pingüe dotación económica. ¡Por qué poco te vendes! ¿O lo haces sabiendo lo que haces?

Hoy a ti te dan un premio, convirtiéndote en el amigo de los opresores y como Leónidas Trujillo, cuando visitó nuestro país y recibió la medalla de Isabel la Católica, así tu recibes un premio que, ademas, lleva el nombre de una ciudad ocupada, donde el apartheid es más visible que nunca. Una ciudad de la que desalojan a los palestinos, donde los asentamientos se multiplican y se destruyen los restos de la ciudad árabe de muchos siglos de historia.

Solo te contamos esto para que sepas que nosotros sabemos que tú sí sabes a lo que vas y sabes qué recibirás a cambio de ese premio vil: estás haciendo como Nixon entonces, jugar a “normalizar” porque tu presencia allí es solo símbolo de eso.

Cuando cenes con Shimon Peres la comida kosher de rigor, pregúntale, solo por curiosidad, cuántos colonos, en ese mismo momento se están moviendo hacia las montañas de Cisjordania. Cuántos campesinos con hijos como tú, cuando eras pequeño, que han escuchado, en silencio, las mismas historias de guerras y represiones van a expulsar esos colonos. Pregúntale a Shimon Peres cómo cuentan las calorías para que la gente de Gaza “solo adelgacen” pero no se mueran de hambre. (http://www.europapress.es/internacional/noticia-israel-calculo-calorias-necesitaban-palestinos-evitar-desnutricion-20121017143214.html) Pregúntale, en fin, porqué van a colonizar la zona E-1, porque ocupan el valle del río Jordán, por qué saquean los minerales del mar Muerto que son territorios ocupados ilegalmente, pregúntale, si no se atraganta cuando ve los niños asesinados de Gaza y pregúntate a ti mismo, qué haces allí, pregúntate si el niño que eras, el que atendía las historias de sus mayores sobre la vida, sobre el campo, sobre la guerra, es el mismo que hoy comparte ese plato junto a personas que defienden los crímenes de guerra, los asesinatos selectivos, el asedio, los ataques a los pescadores, el expolio a los campesinos, la muerte de enfermos por falta de medicamentos, y permiten, en definitiva, el muro de la vergüenza.

Cuando visites el Memorial del Holocausto llora. Llora por las víctimas que están allí representadas y que son utilizadas para justificar la ocupación y destrucción de Palestina. Llora, porque seguro que ellos no dieron sus vidas para seguir causando más dolor sobre la tierra. Llora, pues, también por las víctimas palestinas de cada año, de cada ataque de cada guerra que, en nombre de la seguridad solo pretende asegurarse el mérito de ser el último estado colonial y de apartheid del siglo XXI.

No nos valdrán que tengas palabras de condena, porque solo vas allí por la gloria. Y la tendrás, la gloria de estar en la lista negra de los intelectuales, artistas, profesores, periodistas, diplomáticos, etc., que de este país, fueron para mirar a otro lado y, teniendo la oportunidad de hacer cambiar la historia, hicieron como los “grandes estadistas” Nixon o Leónidas Trujillo, normalizar, aceptar, acatar y adular a los tiranos.

El Jinete Polaco, tu hermoso libro, merecería un escritor más fiel a sus propios principios.

[Fuente: blog cristinarc]

17/1/2013

Foro de webs

Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública

http://trobadapdiuniscatalanes.wordpress.com/

La Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública ha iniciado un importante proceso de movilizaciones en Cataluña. Las puedes seguir en su web, donde figura el “Manifest per una universitat de les majories”, así como la valoración de la jornada de huelga del 28 de febrero.

28/2/2013

Manifiesto AntifascismEuropa

antifascismeuropa.org

Manifiesto de alcance europeo en que se llama a la constitución de un Movimiento Antifascista Europeo que haga frente al resurgimiento de la extrema derecha en el continente. Está prevista la celebración de un congreso constitutivo en Atenas en la primavera de 2013. El manifiesto completo y el formulario para firmarlo, en http://antifascismeuropa.org/manifiesto/es.

28/2/2013

Boletín 111

Notas del mes

Ensayo

La Biblioteca de Babel

En la pantalla

...Y la lírica

De otras fuentes

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Hacia unas cortes constituyentes

Cuaderno de depresión: 18

¿Pagan impuestos las grandes corporaciones?

Desahucios: el drama de una gran estafa

El mercado de las certificaciones: las empresas certificadoras y la universidad

¿Hacia un derecho policial del enemigo?

Comentarios prepolíticos: 14

La novela femenil y sus lectrices o la perversión de la crítica literaria en España

¿Anécdota o síntoma?

En la muerte de Rosa Rossi

Rosa Rossi: la discreta sabiduría

El donante de fundamentos

Ensayo

La Biblioteca de Babel

En la pantalla

...Y la lírica

De otras fuentes

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