Desahucios y guerra cultural

Josep Babot Barbero

I

En verano de 2017, el Servei Català de Trànsit lanza una campaña de concienciación llamada “Tots tenim família. A la carretera, víctimes 0 (Todos tenemos familia. En la carretera, víctimas 0)”. En el anuncio central de dicha campaña, vemos a diferentes ciudadanos de a pie en una butaca de cine a los cuales una voz en off les recuerda el número de víctimas mortales de los dos años inmediatamente anteriores y se les pregunta “cuál debería ser la cifra este año”. Tras una trampa que conduce a todos a celebrar si la cifra final fuese, por ejemplo, tres, la pantalla de la sala de proyecciones muestra a tres de sus seres más queridos y una voz en off les pregunta: “¿Y si fueran estos tres?”. Como cabe esperar, todos los presentes se emocionan y acaban respondiendo abatidos que la cifra debería ser siempre cero. Detrás de este potente mensaje, se esconden dos lecciones. La primera, que como sociedad no deberíamos tolerar ni aceptar una sola muerte en las carreteras. La segunda, que ante la frialdad de los números, existen familias con las que podemos y debemos empatizar porque siempre nos puede tocar a nosotros.

Sirva esa extensa analogía para introducir el presente texto y vincularla al problema estructural que el Estado español padece en relación con el acceso a la vivienda. El Consejo General del Poder Judicial publica con periodicidad trimestral los datos sobre desahucios ejecutados en los diferentes partidos judiciales. En marzo de este año, se hizo público el resumen del conjunto de 2020, un ejercicio marcado lógicamente por el estallido de la pandemia que aún sufrimos a día de hoy. Las cifras hablan de un total de 29.406 desahucios practicados en todo el Estado (una reducción de un 45,6% respecto al año anterior). De ellos, la mayoría (21.145) fueron lanzamientos vinculados al alquiler (un 42% menos que el año anterior), mientras que 6.915 derivan de ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito (un 51,3% menos).

El Gobierno central se mostró orgulloso en numerosas intervenciones ante la aprobación de su llamado “escudo social” como una salida opuesta a la anterior crisis de 2008, priorizando en esta ocasión los derechos de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerabilizados. Sin embargo, la realidad es que las medidas aprobadas por el Ejecutivo no llegaron a todo el mundo y una gran parte de la reducción en el número de desahucios se debió a la paralización de la Justicia entre marzo y junio, tal y como muestra su evolución. Así las cosas, los lanzamientos pasaron de 9.665 en el primer trimestre del año a 1.383 en el segundo, una caída exponencial de un 85%. No obstante, en cuanto se instaló la llamada “nueva normalidad” y se levantó la suspensión de los plazos judiciales, el número volvió a aumentar hasta los 7.096 desahucios en el tercer trimestre.

II

Todo ello significa que, en un contexto de pandemia mundial, con más de 87.000 personas fallecidas en el Estado español, un Gobierno central representado por dos fuerzas autodenominadas de carácter progresista ha permitido la ejecución de miles de desahucios en su territorio. Es decir, en una situación sin precedentes en el orden mundial posterior a la segunda guerra mundial, con todos los medios a su alcance, un Estado teóricamente social como el nuestro no ha sido capaz de interrumpir durante poco más de tres meses uno de los mayores actos de violencia institucional, como es un desahucio.

En este sentido, cabe remarcar dos ideas: un desahucio es, en primer lugar, un acto violento; y, en segundo lugar, el mismo es llevado a cabo de forma directa por el propio Estado. En cuanto a la primera cuestión, existe amplia literatura científica que vincula la inseguridad residencial y los desahucios a una mayor probabilidad de sufrir distintas patologías y dolencias. Entre ellas, un aumento de la ansiedad, la depresión, el estrés y los problemas de calidad del sueño. Destaca en esta línea el reciente informe Emergencia habitacional, pobreza energética y salud, elaborado a partir de las respuestas ofrecidas por más de 400 personas que asistieron a las asambleas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona y la Alianza contra la Pobreza Energética entre 2017 y 2020. En cuanto al uso del término “institucional” para referirnos a la violencia ejercida en un acto de lanzamiento de vivienda, es evidente reconocer que, a pesar de tratarse de un conflicto entre sujetos privados en la mayoría de los casos, es el Estado y sus poderes quienes permiten en su marco legislativo que se lleve a cabo y quienes lo realizan eventualmente, ya sea a través de la correspondiente comisión judicial o con el uso de la fuerza de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

¿Qué hizo pues el Ejecutivo en el peor momento de la pandemia? En relación con los desahucios, aprobó a principios de abril un real decreto-ley que ofrecía a las personas afectadas la opción de solicitar la suspensión extraordinaria de su lanzamiento en sede judicial. Dicha suspensión sólo operaba para casos de alquiler de familias vulnerabilizadas siempre que se cumpliesen unos requisitos de renta (ingresos máximos de 1.613,52€/mes por unidad familiar) y que dicha renta se hubiera visto directamente afectada por la crisis sanitaria. Con estas condiciones, miles de familias que ya vivían en un contexto de vulnerabilidad antes de la pandemia o aquellas que se encontraban en situación de ocupación en precario quedaban excluidas y pasaron a engrosar esa cifra de 7.096 lanzamientos ejecutados en el tercer trimestre de 2020.

Consciente de sus lagunas, el Gobierno central, aparte de ir renovando la medida (en un primer momento sólo estaba prevista hasta el 2 de octubre de 2020), la amplió a finales de año, mediante una técnica legislativa claramente mejorable, a todas las familias vulnerabilizadas y a algunos casos de acceso precario a viviendas de grandes propietarios.

¿Ha sido efectivo, pues, el llamado “escudo social”? Según cifras del Ayuntamiento de Barcelona, la unidad antidesahucios municipal pudo parar entre el 18 de enero y el 28 de febrero de 2021 el 93% de los lanzamientos de los 450 casos de desalojo que pasaron por sus manos. No obstante, los datos publicados por el CGPJ nos muestran que en el primer semestre del mismo año se ejecutaron un total de 22.536 desahucios en todo el Estado, una cifra que representa el 46% de todos los lanzamientos ejecutados en 2019, año inmediatamente anterior a la pandemia. Ello nos puede hacer pensar que a finales de año observaremos unos datos parecidos a la cruda realidad que vivíamos antes del coronavirus. Esta disparidad entre las buenas cifras de Barcelona y los datos objetivos del conjunto del Estado se pueden explicar por la inexistencia de unidades similares en muchas de las principales ciudades españolas y por el buen hacer de decenas de colectivos y movimientos en defensa del derecho a la vivienda que desarrollan sus asambleas en la ciudad condal.

III

Son precisamente estos colectivos los que se han encargado de ir cambiando el imaginario colectivo de nuestra sociedad en relación con el derecho a la vivienda y su equilibrio (o conflicto) con el derecho a la propiedad privada. Cuando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca paró su primer desahucio en 2010, ¿quién podía imaginar todo lo que acontecería después?

Hasta entonces, cuando una familia vulnerabilizada no podía hacer frente a sus pagos hipotecarios o su renta arrendaticia, sólo cabía abandonar el inmueble ante la visita de la comisión judicial de turno. Poco importaba si el propietario era una entidad financiera con miles de viviendas vacías en su poder o un gran propietario cuya voluntad consistía en subir el alquiler al próximo arrendatario.

Con ese acto, siguiendo las consignas de la desobediencia civil de Thoreau, no sólo se buscaba que la persona afectada se pudiera quedar en su vivienda, a la cual había destinado miles de euros de sus ingresos, sino sobre todo denunciar una situación de injusticia (formal y material) y evidenciar el enorme desequilibrio entre los grandes poderes económicos y la ciudadanía vulnerabilizada afectada por la grave crisis de 2008. La clave aquí es que dicha denuncia se produce contra el discurso dominante (si no pagas, te vas) y supone una enmienda expresa al modelo de acceso a la vivienda promovido durante décadas por parte de los diferentes gobiernos y quizás también de forma tácita al sistema capitalista o, como mínimo, a su vertiente neoliberal.

El Estado español, a pesar de definirse constitucionalmente como un estado social, ha optado por un modelo económico que mercantiliza un bien básico para la vida como es la vivienda. A su vez, se establecen pocos límites al derecho a la propiedad privada, a pesar de que el propio artículo 33 de la Constitución establece que la función social de dicho derecho delimitará su contenido, de conformidad con las leyes.

Este desequilibrio entre el derecho a la propiedad (derecho recogido en el Capítulo II) y el derecho a la vivienda (principio rector del Capítulo III) es bien conocido por los movimientos sociales antes mencionados, que reciben cada semana a decenas de personas en sus asambleas, angustiadas por la posible pérdida de su vivienda. Por ello, aparte de la función de asesoramiento, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha impulsado desde su creación cambios legislativos que ayudan a compensar dicho desequilibrio.

El colectivo impulsó en 2015 en Catalunya una iniciativa legislativa popular que fue aprobada por unanimidad en el Parlament y que recoge, entre otras cuestiones, la obligación por parte de los grandes tenedores, entidades financieras y fondos de inversión de ofrecer alquileres sociales a familias vulnerabilizadas que no han podido hacer frente a su hipoteca o su alquiler. Como en el primer desahucio parado, no se trata sólo de asegurar un futuro estable para las personas afectadas, sino de cambiar las reglas del juego y exigir responsabilidades a los grandes actores inmobiliarios que hasta la fecha han tenido carta blanca para convertir un bien de primera necesidad en un objeto de mercado más.

En el plano estatal, tras muchos meses de retraso, se encuentra ahora en fase de consulta pública el proyecto de ley del derecho a la vivienda (la primera en la historia). Una nueva batalla cultural en la que los principales poderes económicos se juegan una parte importante de sus beneficios: ¿seguiremos considerando la vivienda como una mercancía con la que especular o pondremos la vida en el centro? Como en la campaña del Servei Català de Trànsit, es crucial cambiar el punto de vista y entender que como sociedad no nos podemos permitir ni un desahucio más.

 

[Josep Babot Barbero es miembro de Enginyeria Sense Fronteres y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca]

30/11/2021

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