En comparación con otros países europeos, en España se da una doble excepcionalidad respecto de sus principales agentes sociopolíticos e institucionales, las derechas y las izquierdas, con sus correspondientes bases socioelectorales y grupos de presión.

Conviene analizar sus rasgos específicos, que explican su mutua relación y las características del particular proceso sociopolítico e institucional, para valorar el alcance de este ciclo de progreso y prever su prolongación renovada o su cierre, según las diferentes apuestas estratégicas. Avanzo unas definiciones básicas de esa singularidad política: el carácter antipluralista de las derechas, y la potencial capacidad democrática de las izquierdas y fuerzas progresistas.

Es pertinente un análisis realista y abierto que responda al interrogante vital a medio plazo —las elecciones generales próximas— sobre la posibilidad de que las derechas estatales (PP y Vox) derroten a las fuerzas progresistas e impongan un ciclo regresivo y autoritario hacia una democracia iliberal.

La respuesta prudente, desde la incertidumbre de cierto escepticismo analítico, es que no lo sabemos con certeza. La valoración justa, sin embargo, es que las fuerzas progresistas pueden ganar a las derechas autoritarias, lo que conlleva una subjetividad activa de compromiso democrático y por la justicia social y la igualdad. Se trata de combatir cierto fatalismo o resignación.

Existe un panorama exterior desfavorable, con un fuerte empuje imperialista y una ola derechista también en Europa. Es pertinente una respuesta realista y abierta al interrogante vital a medio plazo —las elecciones generales próximas— sobre si las derechas estatales (PP y Vox) van a derrotar a las fuerzas progresistas y se van a imponer en España con un ciclo regresivo y autoritario hacia una democracia iliberal.

En los dos próximos años se pueden introducir diversas variables. Las estrategias y actuaciones de las respetivas representaciones políticas van a tener un papel importante en la consolidación (o no) de sus respectivos campos sociales y electorales y su reflejo institucional. Pero, más allá de cada coyuntura, podemos avanzar el análisis de la trayectoria y el carácter específicos de cada bloque social y político que están configurando su interacción y su conflicto estratégico.

Se ventila la culminación de la actual etapa y el sentido de la nueva respecto de la gobernabilidad en España y la recomposición de los liderazgos progresistas. Pero, especialmente, se decide el alcance del bienestar social y democrático de la población y el modelo de país que está en entredicho. Se trata de partir de la realidad de las tendencias sociales y culturales, en este contexto económico-político, estimular un horizonte o unas aspiraciones de progreso, en contraposición de una perspectiva reaccionaria, y favorecer una dinámica transformadora progresista.

Antes de entrar en esas características de las derechas y las izquierdas y aportar algunas claves interpretativas, sintetizo el marco internacional que condiciona el sistema político y la propia sociedad española.

La amenaza de la ola postdemocrática

La marea postdemocrática se ha impuesto en el Gobierno de EE. UU. Con Trump se refuerza una etapa de imperialismo expansionista e iliberal. Junto con el prepotente proteccionismo económico del ‘América primero’, trata de imponer su hegemonismo oligárquico y autoritario en el mundo, acompañado de un militarismo creciente. El apoyo al genocidio y la limpieza étnica en Gaza muestra su extremismo y el total desprecio por los derechos humanos y el derecho internacional. Sus políticas internas, con abundante ofensiva mediática, van sobre todo contra la población inmigrante, los derechos feministas y LGTBIQ+, los mecanismos públicos protectores y redistribuidores y los propios derechos civiles, medioambientales y democráticos.

En particular, el trumpismo busca la subordinación geoestratégica de Europa y su creciente militarización, lo que puede conseguir, con la colaboración de unas élites europeas acomodaticias, que renuncian a una defensa firme del modelo social y los valores democráticos y a ser un referente autónomo de cooperación en el concierto internacional y de defensa de la convivencia pacífica y el derecho humanitario.

Ese influjo derechista refuerza la dinámica ya presente en la Unión Europea, en la que hay un continuado ascenso de las ultraderechas que ya participan en la gobernabilidad de media docena de estados —el último Bélgica—, en alianza con las derechas tradicionales, así como en la propia Comisión Europea.

Mientras tanto, la socialdemocracia está en una posición subalterna, sin suficiente perfil propio y con acomodo seguidista al centroderecha liberal-conservador, cuya orientación dominante va girando cada vez más hacia la derecha extrema y la cooperación con la ultraderecha.

En los dos países cruciales, Francia y Alemania, ante sus crisis políticas, la amenaza ultra es evidente, con sus mayores expectativas electorales y de influencia. Se va rompiendo el cordón sanitario de carácter democrático, heredero de la construcción institucional antifascista de la segunda posguerra mundial por parte de las fuerzas aliadas contra el nazifascismo. En las filas liberal-conservadoras, solo algunas voces disienten, como la democristiana Ángela Merkel, a diferencia de la mayoría de la dirección de su partido la CDU/CSU y del grupo popular europeo, que ha demostrado cierta cultura democrática básica frente al colaboracionismo dominante con las ultraderechas y la involución postdemocrática.

El carácter antipluralista en las derechas

A diferencia de las derechas europeas que, con la victoria aliada, tuvieron que asumir una ruptura política e ideológica con el nazifascismo, el grueso de las derechas estatales españolas son herederas de la estructura de poder del franquismo, que fue levemente modificado por la reforma política.

La transición política, en el sentido de reforma y cambio institucional, se produjo entre 1975 con la muerte del dictador Franco y finales de 1978, con la aprobación de la Constitución. En un sentido sociopolítico más amplio, el de la configuración del cambio democrático y sus fuerzas promotoras, incluida la coordinación de la oposición democrática y la aceleración del amplio y heterogéneo movimiento popular antifranquista, el proceso de la transición democrática abarca, al menos, desde 1973/1974 y hasta 1979, con las elecciones municipales y generales, el inicio de la conformación de las autonomías territoriales y la nueva normativa laboral, en el nuevo marco democrático. Incluso, tras el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, se podría alargar hasta la victoria socialista y la alternancia gubernamental de la izquierda, en 1982, en que se asienta el sistema democrático y se consolida cierta modernización controvertida.

Se instauraron las libertades democráticas, las elecciones libres y representativas del pluralismo político y un régimen institucional homologable a las democracias liberales europeas. No obstante, hay que remarcar dos debilidades democráticas que van a condicionar toda la trayectoria institucional.

Una es el continuismo postfranquista, con una reforma formal, de distintos grupos de poder, principalmente los núcleos oligárquicos de la economía, las finanzas y la propia organización patronal, con su control de los principales medios de comunicación y de la enseñanza (privada/concertada, con primacía de la Iglesia católica). Han mantenido sus privilegios de poder, propiedad y riqueza, levemente regulados, a los que añadir la inercia del propio aparato del Estado, con la alta burocracia y, sobre todo, el aval de la Corona y el poder judicial.

Así, en convergencia con la derecha política y junto con su altavoz mediático, una parte de la judicatura es irrespetuosa con el Estado de derecho, no reconoce la legitimidad del legislativo y el Ejecutivo —contra la ley de Amnistía han sido rotundos—, y ha llegado a la guerra jurídica contra sectores progresistas —independentistas, dirigentes de Podemos y activistas sociales— y el propio presidente socialista del Gobierno y su entorno.

Especial problema es la composición derechista de las fuerzas armadas y de seguridad. Es preocupante el último dato del CIS, en relación con las pasadas elecciones generales del 23J: votan a Vox en torno al 40% y al PP, el 20%, cuando la media poblacional fue del 12% y 33%, respectivamente. Por poner un ejemplo ilustrativo, es significativo el contrato de formación a la policía nacional del líder ultraderechista de Desokupa, sin una contundente reacción oficial.

Asistimos a la instrumentalización por las derechas políticas de estas instituciones del Estado que, combinados con la otra debilidad, la escasa cultura democrática de las direcciones del Partido Popular y, especialmente, del ultraderechista VOX, nos ofrecen un relevante riesgo de involución iliberal.

Su carácter antipluralista es evidente: apropiación del poder del Estado, al creer que las instituciones son suyas, y ofensiva mediática descalificadora, con la acusación de ilegitimidad del Partido Socialista y las formaciones progresistas, sobre todo, cuando, contra su previsión, consiguen gobernar con mayoría parlamentaria y tener una influencia institucional significativa.

Esa tendencia iliberal hunde sus raíces en la propia fundación del Partido Popular que integra sectores franquistas y ultraderechistas hasta que una parte se escinde en VOX; continuó con la prepotencia del presidente Aznar, y se ha recrudecido con especial virulencia estos años de resistencias cívicas, emplazamientos democratizadores, reforma sociolaboral y gobiernos de coalición progresista.

Pero esta composición y tradición iliberal converge ahora con la nueva ola postdemocrática frente a la crisis múltiple: socioeconómica, institucional, geopolítica, ambiental, sociocultural… Se refuerza la amenaza a los fundamentos democráticos, de igualdad y cohesión social y territorial, desde un nacionalismo centralista y prepotente, junto con el neoliberalismo regresivo y el conservadurismo sociocultural.

En ese sentido, es completamente distinta la trayectoria y las características de las derechas nacionalistas (PNV y Junts). Se puedan denominar ‘derechas’, o sea, con un compromiso con el poder económico, una política neoliberal y cierto conservadurismo social e ideológico, incluso, a veces, cierto etnicismo excluyente, especialmente frente a la inmigración. Pero tienen la virtud de su identidad nacionalista periférica contra el centralismo y una experiencia democrática desde la época franquista. Además, comparten mayores condicionamientos por la fuerte presencia de las izquierdas en sus respectivos territorios. Esas características democráticas expresan las dificultades para una alianza duradera y profunda con las derechas estatales, y posibilitan la negociación de acuerdos democratizadores y de refuerzo autonómico con las izquierdas.

Por tanto, las derechas estatales tienen una ventaja estructural derivada de la ausencia de una ruptura democrática en sus inicios o de reformas profundas posteriores que democratizasen suficientemente esos aparatos de poder, funcionales para su preeminencia política. Y utilizan abiertamente ese control o convergencia con grupos de poder económico, institucional y mediático, condicionando los propios mecanismos democráticos y representativos. La tentación hacia una democracia vaciada e iliberal, a través de medios ilegítimos, está servida: acoso al gobierno progresista… sea como sea y hasta su desalojo final… para imponer su proyecto regresivo y autoritario.

Sin embargo, esa prepotencia derechista también constituye su punto débil: va en contra de los intereses de la mayoría social y de la masiva cultura democrática y solidaria de la ciudadanía, que constituyen la base sociohistórica y estructural para impedir una involución reaccionaria. Su peso se determinará por el comportamiento y la orientación de las fuerzas progresistas.

La capacidad estratégica de las izquierdas

Las izquierdas sociales y políticas en el conjunto de España o, si se quiere, las formaciones progresistas y los movimientos sociales, tienen una larga experiencia democrática y de reforma social, feminista y territorial. Atendiendo a la última etapa, desde la crisis socioeconómica de 2008, la singularidad de las izquierdas españolas presenta dos elementos complementarios: una ambivalente estrategia socialista, con la renovación sanchista, y un amplio campo sociopolítico alternativo. Ambos se conforman e interactúan durante dos procesos continuados.

En un primer momento, se confronta una gestión austeritaria y de recortes sociales ante la crisis, llevada a cabo por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero (2010/2011), siguiendo el mandato regresivo de la Unión Europea, con un relevante rechazo popular e indignación cívica —el llamado movimiento 15M, incluidas las huelgas generales y las mareas sectoriales de la enseñanza, la sanidad o contra los desahucios—, que culminaron con una desafección política y electoral, con una abstención —de izquierdas— de más de cuatro millones de electores anteriores del Partido Socialista y la formación de un masivo espacio sociopolítico diferenciado de la socialdemocracia.

En un segundo momento, a partir de 2014/2015, tras la debacle representativa socialista y la configuración del espacio político-electoral de la izquierda transformadora, de entidad similar al del PSOE, se genera, con diversos titubeos, la renovación sanchista. Es una variante socialista que pone el acento inicial en la oposición a la derecha del PP y, posteriormente, realiza cierto giro hacia la izquierda, con la colaboración gubernamental con Unidas Podemos y luego Sumar, y los acuerdos con las formaciones nacionalistas.

La reorientación socialista, más confrontativa con la derecha política, y su necesidad de alianzas, se combinan con la amplitud de una izquierda social, política e institucional, capaz de condicionar la estrategia socialista inclinada al simple continuismo o a la preferencia por acuerdos con su derecha, si no hay suficiente presión por su izquierda. El resultado es el desarrollo de cierto proceso reformador de progreso, ralentizado en esta legislatura, y el logro de una capacidad de resistencia ante los embates de las derechas, una representatividad social y parlamentaria mayoritaria y una trayectoria progresista, aunque limitada, que diferencia a las izquierdas españolas de las de otros países europeos. En condiciones defensivas, les ofrece su singularidad democrática, incluida cierta mayor credibilidad del PSOE frente a una socialdemocracia europea en abierto desconcierto y declive.

En los últimos años ha disminuido la activación cívica, aunque se han dado importantes movilizaciones sociales, como la cuarta ola feminista; al mismo tiempo, se ha fragmentado y debilitado el espacio alternativo, especialmente en su previsión de acceso parlamentario —en torno a la mitad, según diversas encuestas—, que imposibilitaría la reedición del gobierno de coalición progresista. Nos encontramos, pues, en la encrucijada de la recomposición y colaboración en la izquierda alternativa, la remontada progresista y el freno al avance de las derechas o evitarlo y permitir que estas obtengan una mayoría de gobierno.

Desde el antifranquismo y la transición democrática, además de la especificidad nacionalista y territorial, en el terreno político, al igual que en el sociocultural, siempre ha habido dos corrientes principales en las izquierdas: una moderada, representada por el Partido Socialista, y otra, transformadora, representada por distintas corrientes y coaliciones alternativas a su izquierda, hasta llegar a la actual fragmentación entre el conglomerado de Sumar y Podemos, más las izquierdas nacionalistas (ERC, EH-Bildu, BNG…). Por supuesto, hay tendencias intermedias y mixtas.

Las izquierdas políticas y sociales, en un país capitalista, no tienen posiciones hegemónicas de poder económico y mediático-cultural. La democracia se queda, en gran medida, en la puerta de los grupos empresariales y financieros. Esa es su desventaja estructural que deben contrapesar con su capacidad de articulación democrática, organización popular y regulación pública.

Para ello dependen de su representatividad social, su legitimidad cívica y su fuerza democrática, a través de la vertebración popular y las instituciones sociopolíticas o, bien, de la experiencia del asociacionismo civil, la economía social y la participación y la cogestión empresarial, casi siempre positiva socialmente, aunque subalterna en su capacidad operativa. El fundamento de la intervención colectiva se basa en el potencial democrático y representativo de la población, que permite cierto poder institucional público, desde los ayuntamientos hasta el Congreso y los gobiernos correspondientes, frente a los grandes poderes privados y el núcleo duro estatal.

Para ello dependen de su representatividad social, su legitimidad cívica y su fuerza democrática, a través de la vertebración popular y las instituciones sociopolíticas o, bien, de la experiencia del asociacionismo civil, la economía social y la participación y la cogestión empresarial, casi siempre positiva socialmente pero subalterna en su capacidad mercantil o productiva. El fundamento de la intervención colectiva se basa en la capacidad democrática y representativa de la población, que permite cierto poder institucional público, desde los ayuntamientos hasta el Congreso y los gobiernos correspondientes, frente a los grandes poderes privados y el núcleo duro estatal.

Su dependencia del cumplimiento del contrato social y electoral con la ciudadanía es muy superior al de las derechas. El compromiso ético y democrático debe ser mucho más importante y valioso. Su vinculación con la representación de las demandas, la articulación de la propia sociedad y la gestión institucional son decisivas, afectando a dos ejes complementarios: el contenido reformador progresista y el proceso participativo y democrático con las mayorías sociales.

Según el CIS, con pequeñas variaciones en estas décadas, la autoubicación ideológica de la población se sitúa ligeramente hacia la izquierda, con una mayoría, en torno a dos tercios, que apoyan el Estado social o de bienestar —en algunos aspectos, como las pensiones y la sanidad públicas el apoyo es superior—, frente a la desigualdad social o de sexo/género, o la vulnerabilidad vital, laboral o habitacional.

La igualdad y la democracia, identidad de las izquierdas

Las izquierdas, sociales y políticas, cuya identidad histórica se basa en la igualdad y la democracia, tienen la facultad estratégica de articular las demandas populares ante sus necesidades vitales. El necesario complemento es la credibilidad transformadora, gestora y democrática de los actores de ese proceso, para lo cual sus estructuras partidarias deben configurarse por una dinámica orgánica y política ejemplarizante, en contraste con el proyecto elitista, privatizador y, a menudo, corrupto, de las derechas.

Una tarea significativa para las izquierdas es la conformación y articulación de la juventud progresista. En gran medida está desactivada o pasiva por la falta de una suficiente práctica transformadora y sociocultural, que afronte sus principales y graves problemas de precariedad habitacional y laboral, sus brechas sociales, culturales y de género, o el bloqueo de sus expectativas ascendentes. Se trata, también, de poner freno a las tendencias ultraderechistas, nihilistas y de individualismo extremo, que asoman también en la población juvenil, con un nuevo impulso solidario y emancipador. Es una base social decisiva, especialmente para la izquierda alternativa, cuyo desarrollo, renovación y amplitud dependen de la activación cívica del segmento joven y de su vinculación a él.

En definitiva, el futuro está abierto. Hay que jugar el partido con tenacidad y sabiduría. Las derechas cuentan con muchas ventajas estructurales y de poder fáctico y se apoyan en los fuertes vientos derechistas del exterior. Las izquierdas y fuerzas progresistas tienen a su favor la potencialidad de la articulación democrática de la mayoría social, a través de la reformulación de su contrato social y su proyecto de progreso, y contando con la experiencia popular, por medio de la activación cívica y la pugna cultural.

Las élites políticas progresistas, y también las sociales y culturales, en sus dos vertientes, la moderada o socialista y la transformadora o alternativa, además de las fuerzas nacionalistas, tienen (tenemos) una particular responsabilidad en este tiempo transitorio. El acierto estratégico en un proyecto común mínimo, aun con su autonomía política particular, el reequilibrio interno de mayor firmeza reformadora y la capacidad colaborativa y de vertebración popular y democrática van a ser determinantes para la prolongación o el cierre del ciclo institucional de progreso, así como para la recomposición de los liderazgos y estructuras partidarias. La realidad tendrá la palabra.