Desde que el obispo Bergoglio asumió el pontificado de la Iglesia católica muchos le observamos y escuchamos con esperanza, conteniendo a la vez la respiración. En momentos en que el mundo entero se llena de voces broncas que rezuman odio y agresividad, exhiben matonismo y desprecio, niegan las evidencias de las amenazas y parecen regodearse en perspectivas de autodestrucción, resulta balsámico oír la voz del Papa que se reconoce en Francisco de Asís.

El Poverello de Asís es la contrafigura perfecta de esas voces. Lo es en su visión de la Hermana Tierra y en su actitud hacia los pobres. Las dos últimas encíclicas encarnan ambas actitudes: Laudato si’, “Sobre el cuidado de la casa común”, de 2015, y Fratelli tutti, “Sobre la fraternidad y la amistad social”, de 2020. Ambas contienen elementos de filosofía que revelan una atención reflexiva a dos grandes haces de problemas, la crisis ecológica y la desigualdad, pero también indicaciones orientadas a la práctica que, por su concreción, huyen de las vaguedades doctrinales y transmiten una sensación de veracidad y sinceridad. (En lo que sigue cito lo más literalmente posible las palabras del pontífice, con referencia numérica de las respectivas encíclicas a los epígrafes en que aparecen.)

Laudato si’

La “actual crisis ecológica” (§§ 15 y 63) queda caracterizada como un asunto “ético y espiritual” que reclama “compromisos ecológicos” y “virtudes ecológicas” (§§ 64 y 88). La caracterización de la crisis está muy sólidamente documentada (§§ 20-26). Se abre con brillantez: “Esta hermana [la tierra] clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla” (§ 2). La naturaleza se describe como una compleja trama de relaciones. Es, pues, algo más que el escenario de la historia de la Humanidad: hay que reconocerle una vida propia que merece respeto en sí misma. Pero también viene presentada como nuestra casa común (§ 13) y herencia común que nos hermana entre nosotros. De ahí la defensa del principio del “bien común” que se concreta en la defensa del acceso de todos los seres humanos al agua (§§ 27-31) y a los restantes elementos naturales necesarios para la vida humana.

La sinceridad con que se reconoce la gravedad de la crisis ecológica se muestra en el rechazo polémico de quienes “miran con desprecio las predicciones catastróficas” (§ 161). Francisco no se toma a broma esas predicciones. Ni los peligros de guerra asociados a ellas (§ 57). ¿Quiénes son los responsables de esa crisis? Tampoco en este tema se anda el Papa con vaguedades. Los culpables son quienes detentan el poder económico y político, los gobernantes que someten la política a la tecnología y las finanzas y están dispuestos a salvar bancos a toda costa (§ 189); y quienes tienen una confianza ciega en soluciones técnicas (tecnocratismo) y de mercado (§ 109). Acusa a estos responsables de enmascarar los problemas y ocultar los síntomas (§ 26), y de hacer fracasar las Cumbres de jefes de estado (§ 54) con un bajo nivel de implementación de los acuerdos adoptados en ellas (§ 166). El autor de la encíclica muestra conocer el debate decisivo, en el mundo del ecologismo, sobre el “desarrollo sostenible”, con el que se pretende hacer pasar el gato del capitalismo maquillado de verde por la liebre de una supuesta sostenibilidad ecológica: “El discurso del desarrollo sostenible es un recurso diversivo y exculpatorio” que pretende hacer compatible capitalismo y ecología. Y lo dice con una radicalidad sorprendente: los “términos medios” como éste sólo son “una pequeña demora en el derrumbe” (§ 194). Tampoco se detiene ante la palabra maldita: “decrecimiento”. Su propuesta en este punto es valiente: se trata de detener la marcha, poner límites, incluso volver atrás, y “aceptar cierto decrecimiento” (§ 193) y un “modelo circular” que está lejos de haberse logrado. Algunas de sus apreciaciones ecologistas quedan lejos de cierta superficialidad corriente en los medios de comunicación; por ejemplo, el valor que da a la fauna menor y a los insectos (vitales para la fertilidad de los suelos) y el plancton (§ 40) cuando habla de la biodiversidad (§ 34). O la importancia dada a la agricultura familiar y a los campesinos, los eternos olvidados incluso de muchos ecologistas del Norte del planeta (§§ 94 y 129). Frente a la defensa de la gran producción agropecuaria por gobiernos y organismos internacionales, se muestra a favor de la pequeña producción agroalimentaria y la agricultura campesina familiar. Y alerta sobre la manipulación genética (§ 133).

Además de los responsables por acción, los hay también por omisión. La indiferencia de mucha gente impide la solución. La encíclica critica el desinterés, la indiferencia, la resignación cómoda, a veces plasmada en negacionismo (§ 14). Contra esa indiferencia, es de esperar en un líder espiritual de una confesión religiosa como la católica un llamamiento moral. Este llamamiento no puede faltar. Y se parece bastante a los llamamientos ecologistas: hace falta un cambio radical en el comportamiento de la humanidad (§ 4). Sus valores han de ser la sobriedad, la austeridad y el cuidado: cuidado a las personas y al medio ambiente (§ 11), y “ciudadanía ecológica” (§ 211). Lo que necesita la situación creada por la crisis ecológica es una “ética limitadora”. Es fundamental preguntarse qué sea el progreso verdadero y adoptar un “modo alternativo de entender la calidad de vida” que incluya como objetivos centrales el gozo y la paz, una sana humildad, una feliz sobriedad. No hay que despreciar valores aparentemente tan modestos como el valor del descanso y la fiesta. Educación y cultura forman parte importante de la solución (§§ 209-215). Pero lo que vale realmente es la sabiduría, no acumular mera información.

Por supuesto, propone una conversión interior. Pero llama la atención en esta encíclica que no se limite, como cabría esperar, a hablar de responsabilidad individual, sino que añada una dimensión colectiva a la apelación moral. Hace falta, dice, una conversión comunitaria, una acción colectiva. Y como para dejar claro que no quiere pararse en el umbral de la ética individual, llama a construir redes comunitarias e incluso da fórmulas de cómo trabajar. El “movimiento ecológico mundial” no se puede circunscribir, se despliega en “numerosas agrupaciones ciudadanas” (§ 14). Francisco constata que la sensibilidad ecológica crece, pero no alcanza para modificar los hábitos dañinos. Apela a instancias locales, como las cooperativas energéticas y otras asociaciones. En la sociedad germina una innumerable variedad de asociaciones que luchan por el bien común y que comportan intensas experiencias espirituales.

Añade propuestas sugerentes. En las megalópolis, sobre todo en el tercer mundo, los seres humanos viven desarraigados. Pero el hacinamiento se puede convertir en experiencia comunitaria (§ 149), que haga recuperar a las personas su dignidad y su integración social. Salir del desastre ecológico-social no es fácil, pero hay quien lo intenta: “se volvió contracultural elegir un estilo de vida” (§ 108). Y es que el cambio necesario no será posible sin “una valiente revolución cultural” (§ 114).

Su visión de la ciencia y la técnica en esta encíclica es muy equilibrada. En ningún momento trata de reivindicar la fe, ni “junto” a la ciencia ni, menos aun, “frente” a ella. La ciencia tiene su normal carta de naturaleza, y el texto se pronuncia a favor de asumir “los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponible” (§ 15). A la vez, muestra sensibilidad en la intervención activa de las poblaciones afectadas por los casos de contaminación o por los proyectos elaborados desde el saber científico-técnico. Por eso, cuando se pronuncia contra una visión simplista del progreso y contra la idea de que la ciencia es neutral no hay sospecha posible de anticientificismo.

Cuando la Laudato si’ aborda los temas sociales inicia la línea de opción a favor de los pobres y la solidaridad que desarrollará más ampliamente en la Fratelli tutti. Para empezar, vincula el cuidado del planeta con la defensa de los “descartables”, los excluidos: hay una “íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta” (§ 16). Como algunos de sus predecesores en el Vaticano, sostiene que la propiedad privada debe subordinarse al bien común (§ 93), pero en su boca estas palabras no suenan a brindis al sol. Como en otras ocasiones ya reseñadas, Francisco huye de la retórica y concreta sus propuestas: a la deuda externa monetaria de los países pobres, impuesta desde el Norte, hay que añadir la deuda ecológica —no reconocida— de los países del Norte hacia los países pobres (§§ 51-52). El diagnóstico es inequívoco: se trata de un “sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso” (§ 52).

La solidaridad que Francisco defiende es, además, intergeneracional. El medio ambiente es un préstamo que se recibe colectivamente y que debe transmitirse igual (§§ 159 y 162). El ser humano se ha de considerar un “administrador responsable” que lo cuida y no un “señor” que lo domina (§ 116). La responsabilidad hacia nuestros semejantes es fundamento de toda sociedad civil (§ 25).

Un ecologista radical ateo hallará una satisfacción inesperada ante tantas coincidencias ideológicas, si bien, como es inevitable, topará con los planteamientos específicamente religiosos, y en particular un intento poco convincente de “salvar” la Biblia (§§ 65-75) en lo que respecta a puntos como el mandato de dominar la tierra (§ 67). También en afirmaciones como la de que Dios hizo a ricos y pobres (disimulada tras la de que “el rico y el pobre tienen igual dignidad”, § 94).

Asimismo, algunos puntos referidos a la demografía, el control de la natalidad y el sexo tenían obligadamente que decepcionar. La Iglesia de Roma tiene sus líneas rojas. Ya muy pronto declara que la población no es el principal problema ni la reducción de la natalidad la solución (§§ 50 y 60). Su rechazo del derecho de aborto es claro, pero discreto: en vez de condenarlo de frente, prefiere subrayar el valor del embrión humano. Pero el tema está ahí en estado latente, como se ve en el hecho de que, pese a su condena inequívoca de la guerra y sus males —más explícita en la segunda encíclica—, en ningún momento dice que las mujeres son sus principales víctimas y que las violaciones a mujeres son una de las mayores desgracias de las guerras. ¿Tal vez para no haber de abordar el problema del aborto en caso de violación? El tema de la identidad sexual se toca de pasada en § 155 con el punto de vista esperable. En general, los temas relacionados con la mujer son la mayor debilidad de ambas encíclicas, porque lo son de la Iglesia católica: ¿para cuándo el sacerdocio femenino?

Fratelli tutti

El ecumenismo es un rasgo muy propio de este pontífice, ya visible en Laudato Si’ y más explícito en Fratelli tutti (§ 2). Suele expresarse sin preferencia de trato a los católicos, que deben asumir una cultura del diálogo (§ 285). La Iglesia de Francisco valora la acción de Dios en las demás religiones y se declara a favor de la libertad religiosa (§§ 277 y 279). Invoca, junto con Francisco de Asís, a Martin Luther King, Desmond Tutu y el Mahatma Gandhi, aunque destaca la aportación de un Charles de Foucauld (§ 286).

Esta encíclica hace suyo sin inhibiciones el lema de la Revolución francesa, Libertad, Igualdad, Fraternidad (§§ 103-104), denunciando el uso torcido de la idea de libertad cuando la “libertad económica” sólo está al alcance de una minoría privilegiada (§ 110). Protesta contra las “causas estructurales” de pobreza, desigualdad y paro (§ 116). Defiende los derechos de los pueblos: “nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los Estados no pueden impedir que esto se cumpla. Así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo” (§ 121). Y alerta contra los eufemismos: “no caer en un nominalismo declaracionista inefectivo” (§ 188). Se han adoptado resoluciones para poner fin a la esclavitud en todas sus formas, pero hay millones de personas en condiciones similares a la esclavitud (§ 24). Los estados psíquicos de las multitudes deben tenerse cuenta: soledad, miedos e inseguridad en poblaciones adormecidas y amedrentadas son terreno fértil para mafias (§§ 28 y 209). Sus alegatos contra guerras, atentados, persecuciones raciales y religiosas los resume en una fórmula expresiva: vivimos “una tercera guerra mundial en etapas” (§ 25).

En lugar del deseable mundo abierto, tenemos un mundo de fronteras y una cultura de muros que nos hacen perder el valor de la alteridad. Las migraciones son bienvenidas y anuncian un futuro no monocromático (§§ 27, 37-38, 87 y 100). En el tema de la inmigración de nuevo huye de generalidades que puedan resultar eufemísticas: se requieren “algunas respuestas indispensables, sobre todo frente a los que escapan de graves crisis humanitarias. Por ejemplo: incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de patrocinio privado y comunitario, abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables, ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso, garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos, asegurar una adecuada asistencia consular, el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad, un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo básico para la subsistencia vital, darles libertad de movimiento y la posibilidad de trabajar, proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la educación, prever programas de custodia temporal o de acogida, garantizar la libertad religiosa, promover su inserción social, favorecer la reagrupación familiar y preparar a las comunidades locales para los procesos integrativos” (§ 130).

El lenguaje de la solidaridad impregna todo el texto. Nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros. Nadie se salva solo. La covid-19 nos enseña que no podemos evadirnos de esta pertenencia común y que debemos cuidarnos unos a otros, sin exclusiones (como ilustra la parábola evangélica del buen samaritano). Se trata de construir un nuevo vínculo social por encima de las fronteras: un nosotros que sea más fuerte que la suma de las individualidades (§§ 35, 54, 137, 32, 56-57, 66, 78). La acogida de los inmigrantes es algo de lo que salen beneficiados tanto quienes llegan como quienes acogen. Son “ofrendas recíprocas” (§ 133).

Para ser real y creíble el amor no sólo debe ser individual, sino manifestarse también “a través de los diversos recursos que las instituciones de una sociedad organizada, libre y creativa son capaces de generar”. En otras palabras, requiere organización, no le basta “la mística de la fraternidad” (§ 165). Francisco, volviendo una vez más a ejemplos tangibles, constata que “[e]n algunos barrios populares, todavía se vive el espíritu del “vecindario”, donde cada uno siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. En estos lugares que conservan esos valores comunitarios, se viven las relaciones de cercanía con notas de gratuidad, solidaridad y reciprocidad, a partir del sentido de un “nosotros” barrial” (§ 152). Caridad y amor han de existir también a nivel civil y político (§§ 180-183). A nivel mundial, hacen falta instituciones internacionales fuertes y organizadas, dotadas de autoridad para alcanzar el bien común mundial frente al hambre, la miseria y la violación de los derechos humanos elementales (§ 172). Pero hacen falta también “agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil para paliar las debilidades” de esa comunidad internacional organizada (§ 175). Las grandes transformaciones no se fabrican en escritorios o despachos (§ 231).

La encíclica aborda temas culturales de gran actualidad –ligados a los nuevos medios de comunicación, internet y las redes sociales— alertando de sus trampas: “El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet, ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. De ese modo no se madura en el encuentro con la verdad” (§ 50). “Se suele confundir el diálogo con algo muy diferente: un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado por información mediática no siempre confiable. Son sólo monólogos que proceden paralelos, quizás imponiéndose a la atención de los demás por sus tonos altos o agresivos” (§ 200).

El golpe duro e inesperado de la pandemia actual ha obligado a volver a pensar en los seres humanos, “en todos, más que en el beneficio de algunos. Hoy podemos reconocer que «nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad; nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. […] Presos de la virtualidad hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad». El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia, hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia” (§ 33).

Fratelli tutti termina evocando los grandes temas de la barbarie presente: La Shoah no debe ser olvidada (§ 247), Hiroshima-Nagasaki, persecuciones, tráfico de esclavos, matanzas étnicas nos avergüenzan de ser humanos (§ 248). La guerra no ha desaparecido y es una amenaza constante (§ 256). La encíclica se pronuncia contra la pena de muerte, la prisión preventiva y las reclusiones sin juicio (§§ 263 y 266). Declara particularmente graves las “ejecuciones extrajudiciales”, que son “homicidios deliberados cometidos por algunos Estados o por sus agentes” (§ 267). La cadena perpetua “es una pena de muerte oculta” (§ 268).

Olvidamos lecciones de la historia: sistemas de salud desmantelados. “Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros” (§ 35).

Las palabras de este pontífice vienen, de momento, avaladas por sus actos contra la corrupción y la pederastia. Por su renuncia a vivir en la majestad del Palacio. Esto les da una autoridad adicional. Es cierto que tienen un techo. Y que son sólo palabras. Pero las palabras son fundamentales para ese animal que habla llamado Homo sapiens. Pablo Iglesias tuvo ocasión ya de echárselas en cara a la católica derecha española en las Cortes. Poco o mucho van a marcar un horizonte simbólico que supone aire fresco en el enrarecido clima espiritual de este momento histórico.

27/12/2020

Next Generation a la española

Cuaderno de augurios: 16

Albert Recio Andreu

La necesidad de reconvertir la estructura productiva es ya un lugar común en el debate económico. Ya lo era en la crisis de 2008. Pero las inercias, los intereses de los grupos de poder, la confianza en el mercado y los vientos favorables (desplome de la factura energética, éxito de la actividad turística) dejaron la tarea sin hacer. Sí hubo, sin embargo, respuestas privadas. Las grandes empresas, especialmente las constructoras, respondieron con la internacionalización al hundimiento del mercado interno (especialmente a la caída de la suculenta obra pública). También muchas medianas empresas industriales se orientaron hacia mercados externos, pero todo ello ni frenó la tendencia a la desindustrialización ni resolvió los graves y variados problemas de la estructura productiva. La crisis actual, la enorme dependencia que tiene la economía española del turismo y el temor a que las políticas ambientales afecten a la industria automovilística, por poner dos ejemplos obvios, han hecho tomar conciencia de la necesidad del cambio. También porque lo que viene de la Unión Europea importa mucho. Y de allí puede venir mucho dinero y una propuesta de cambio, que se puede resumir en cambio energético y digitalización. Y es de sobras conocido que muchas de las reformas de los últimos años se basan en transcribir las directivas de Bruselas.

El marco analítico que subyace a la propuesta europea es discutible. Se reconoce la problemática del cambio climático, aunque bastante menos acerca del resto de problemas ecológicos generados por más de dos siglos de industrialización. Y trata de resolverse con un mero cambio en la fuente energética, de la economía basada en el petróleo y el carbón a la economía basada en fuentes renovables. Es posible que en este viraje no sólo predomine una visión ecológica, sino que también haya conciencia de las dificultades que genera suministro de petróleo (y que explica el sospechoso giro “verde” que han anunciado diversas compañías del sector). Se trata de un cambio que no sólo afectaría a la producción de energía eléctrica, sino que obligaría a adaptar a las nuevas fuentes energéticas todos los bienes que funcionan con combustibles fósiles, como es el caso de los medios de transporte. Se supone, además, que la digitalización permitiría optimizar todos los procesos productivos, liberar a la humanidad de trabajos repetitivos y ampliar el ámbito de elección de los consumidores.

Es un planteamiento que conecta con muchas de las ideas básicas de las teorías del desarrollo y los ciclos largos. Particularmente con el convencimiento de que cada gran fase de expansión capitalista ha estado asociada a la introducción de un nuevo paquete de tecnologías que han propiciado una enorme generación de actividad y empleo. La transformación energética, la digitalización y las tecnologías genéticas jugarían este papel de impulso de una nueva fase de crecimiento, de empleo y bienestar. Una historia optimista que cuenta con muchos partidarios potenciales no sólo en el mundo empresarial, sino también entre el personal científico y las burocracias públicas. No sólo refuerza su papel social, también porque incluye un mensaje positivo frente a la crisis ecológica: la ciencia y la técnica permitirán resolver de forma suave, sin rupturas traumáticas la crisis de las economías de la energía fósil.

Una historia atractiva pero más que discutible. No es evidente que el cambio energético sea tan sencillo si se atiene a las condiciones de generación de energías alternativas y se considera el ciclo completo de producción (equipos, transporte, conservación). Tampoco está claro que la digitalización vaya a suponer un ahorro neto de energía. Sin contar con muchos de sus costes sociales en términos de control, de contaminación en el conjunto del ciclo productivo, de vulnerabilidad (la que percibió mucha gente la semana pasada cuando Google se quedó 45 minutos sin servicio).... Y es aún más discutible que se ignore que el mero cambio de fuente energética va a dejar intactos todos los otros impactos que el creciente uso de materiales por parte de la humanidad genera en términos de biodiversidad, deforestación, agotamiento de suelos fértiles, del agua potable, etc.

La propuesta, además, ignora la otra gran cuestión del mundo actual: el del abordaje de las desigualdades. Toda la propuesta se sustenta en el convencimiento que este nuevo impulso “verde” (más bien pardo) generará una gran cantidad de empleos. Pero nadie explica sus características, ni los impactos distributivos. Y lo que hasta ahora conocemos de la economía digital más bien apunta a un agravamiento de las desigualdades, no a su reducción. Más que un replanteamiento de la actividad económica, de sus condicionantes, de sus efectos negativos, de sus injusticias, lo único que se propone es un impulso de inversiones y en unas tecnologías y esperar que lo demás se dé por añadido. Posiblemente es lo único que pueden dar de sí unas élites acostumbradas a confundir las lógicas del capital con las necesidades sociales.

III

Tan importante como el modelo de partida es analizar cómo va a implementarse. Y aquí tenemos algunas pistas de cuáles son las ideas del Gobierno para poner en práctica la dedicación de fondos a los distintos proyectos.

Por lo que ha trascendido, se trata de crear un nuevo marco de estructuras público-privadas en las que intervendrá el Estado con una participación mayoritaria del 51%, conjuntamente con empresas privadas seleccionadas al respecto. Ya se ha anunciado que los programas estarán asociados, en la práctica controlados, por grandes empresas que son las que tienen “el conocimiento” y la capacidad de gestionar “con agilidad” estos proyectos. Estamos ante una nueva variante de capitalismo participado, que si algo recuerda es a una variante hispana del modelo de financiación a las empresas líder de algunos países del Este asiático. Y es hispano porque esta relación simbiótica entre el Estado y los grandes grupos económicos tiene una larga tradición. Una gran parte del núcleo de grandes empresas se encuentra en sectores regulados (como el energético, las telecomunicaciones, las farmacéuticas, o la misma industria automovilística siempre pendiente de planes de estímulo), en la obra pública y en la gestión de servicios externalizados. Y van a ser estos mismos grupos los que van a controlar el grueso de los fondos, van a diseñar su despliegue y sus modalidades.

En teoría, la participación mayoritaria del estado en estas corporaciones debería garantizar el control público de lo que van a hacer. Y el compromiso anunciado de que parte importante de la actividad va a subcontratarse al tejido de pymes debería permitir la difusión más amplia de los fondos. Pero estas buenas intenciones chocan con fuertes evidencias que obligan al escepticismo. De una parte, hay una larga tradición de empresas mixtas, por ejemplo en la gestión del agua, en las que en la práctica un puñado de grandes empresas (Agbar, Aqualia-FCC…) gestionan el servicio a su antojo y se llevan gran parte de los excedentes. El desconocimiento de muchos gestores públicos, los variados mecanismos de cooptación, la dificultad de controlar el día a día del proyecto, son elementos a tener en cuenta, pues dejan en manos de las empresas el control real de la gestión. De la misma forma, la subcontratación forma parte de la forma actual de gestión de los grandes grupos empresariales, sin que ello sea en beneficio de una democratización económica. Más bien son un sofisticado mecanismo que ha ayudado a concentrar riqueza en la cúspide, que forma parte del actual modelo de generación de desigualdades.

Generar un nuevo modelo de gestión no es sencillo. Pero la propia experiencia de la crisis sanitaria y de las residencias de ancianos (donde el sistema de cooperación público-privada es dominante) debería introducir mecanismos control más sofisticados, tanto por parte de la Administración como de participación social. Una vez más, domina una apuesta tecnocrática que a quien beneficia principalmente es a grandes grupos empresariales que llevan muchos años enriqueciéndose a cuenta de lo público. En el mejor de los casos, tendremos algunos proyectos viables, pero dudosamente control social y reducción de las desigualdades. En el peor, un despilfarro de recursos que enriquecerá a los de siempre y endeudará al sector público.

Hacer un diagnóstico pesimista es relativamente sencillo. Basta con resaltar los aspectos negativos de una propuesta. Pero difícilmente sirve para generar alternativas y movilizar fuerzas en otra dirección. Por eso no quisiera terminar este comentario sin destacar algunos aspectos sobre los que vale la pena pensar e intervenir.

Hay cuestiones importantes que toda la gestión de la pandemia ha puesto en evidencia, y que ahora vuelven a ser determinantes. La cooperación ―entre personas, entre empresas, entre gestores públicos y privados, entre centros de investigación y empresas― se ha mostrado el mecanismo fundamental para hacer frente a los problemas. Lejos del viejo mecanismo del mercado impersonal y del individuo (o el empresario) que sólo responde a incentivos monetarios, lo que mejor funciona es la interacción cooperativa. Esto es algo que merece la pena subrayar, pues la cooperación tiene un indudable elemento igualitario pues se basa en establecer relaciones de confianza y reconocimiento entre las partes. Y constituye una experiencia sobre la que debe y puede construirse un imaginario social opuesto a la imbécil competitividad mercantil, un imaginario sustentado en una evidencia empírica potente. De otra parte, la experiencia introduce elementos interesantes a la hora de repensar la gestión económica y huir del estéril debate mercado frente a planificación central. Esta última fue la idea base de la izquierda de hace un siglo, y la experiencia soviética pasada obliga a revisar. Lo que podemos observar es, sin embargo, que en el mundo capitalista hay mucha planificación, pero limitada a la gestión de parcelas específicas de la actividad económica. Es lo que podemos observar en las modernas cadenas alimentarias, en las sofisticadas redes de suministros de la industria aeronáutica o del automóvil, en la organización de las grandes obras o, más recientemente, en las redes científicas y empresariales que han obtenido las vacunas de la Covid. Es obvio que en estas cadenas hay muchas desigualdades, que los intereses de los capitalistas dominan su funcionamiento global, que hay una tendencia insana a la creación de redes monopolísticas globales. Pero lo que vale la pena resaltar es precisamente que aprender de las mismas puede constituir un elemento importante a la hora de pensar en un modelo viable de economía post-capitalista. De hecho, podría pensarse que la participación del Gobierno en estas sociedades mixtas podría ser diferente de lo que realmente va a ser si hubiera una idea clara y un compromiso para alterar realmente la situación. Algo que seguramente pasaría por contar con gestores públicos con formación y capacidad para controlar el proceso, con regulaciones adecuadas que impidieran el poder abusivo característico de las actuales redes empresariales, con unidades de base organizadas como cooperativas u otras fórmulas de empresa no capitalista, con buenos sistemas de control de la gestión y de los efectos sociales y ecológicos… Y que debería situar los proyectos particulares en algún tipo de política que definiera prioridades y tuviera en cuenta factores distintos a los de rentabilidad financiera y crecimiento.

La única forma de impedir que los intereses privados impongan sus prioridades es que exista una fuerte demanda pública y social sobre lo que hay que hacer. Y esto exige una construcción que pasa no sólo por una buena generación de ideas (lo que requiere espacios de elaboración adecuados), sino también una importante presencia de movimientos sociales y activismos que presione en la buena dirección. Requiere también la existencia de marcos institucionales que favorezcan el debate social y el control. Y, hasta hoy, estos canales son insuficientes o suelen estar conformados de tal forma que dan un peso exagerado a las élites capitalistas y sus adláteres. Hay que luchar por establecer nuevos espacios de participación realmente deliberativos, de control. Un terreno donde hay mucho por recorrer en los diversos espacios de gestión pública y sobre lo que resulta imprescindible trabajar.

Es dudoso que las actuales políticas nos saquen de las diferentes crisis encadenadas en las que andamos metidos. La situación actual va a dejar mucha gente fuera a menos que los planes de reconversión no estén orientados hacia un modelo social inclusivo y ecológicamente orientado. Más bien parece que los planes se van a diseñar para potenciar unas pocas actividades y favorecer los intereses de los que se sepan colocar. Pero es tarea de la gente activista que se abran otras perspectivas. Y ello depende no sólo de su combatividad, sino también de la capacidad de entender las limitaciones y las oportunidades de las políticas actuales para introducir elementos de transformación.

30/12/2020

Pandemia, crisis ecológica, capitalismo y elecciones catalanas

Ramon Arnabat

La pandemia de la Covid-19, cual fantasma que recorre el mundo, ha provocado diversas crisis entrecruzadas (sanitaria, económica, social, política y cultural) y ha dejado una huella profunda en todo el planeta durante este año 2020. Los datos en el momento de escribir este artículo son dantescos: 1.800.000 personas han muerto a causa de la Covid-19 y 77.000.000 se han infectado, con una población mundial de 7.700.000.000 personas. Datos estremecedores, aunque lejos de los de la pandemia de gripe de 1918-1920 que causó la muerte a unos 50.000.000 de personas, cuando la población mundial era “solo” de 1.700.000.000 habitantes.

La mayoría de las voces entendidas y sensatas coinciden en que debemos buscar el origen profundo de la actual pandemia en la crisis ecológica que la acción humana, en general, y la del capitalismo depredador, en particular, han provocado. Algunas de estas voces son las del activista y periodista Andreas Malm (El murciélago y el capital, 2020) y la del historiador y economista Jason W. Moore (El capitalismo en la trama de la vida, 2020).

Esta pandemia, como la citada de la gripe de hace cien años, ha afectado a unos países más que a otros, a unos barrios (los pobres) más que a otros, a unas clases sociales (las trabajadoras) más que a otras, a unos grupos de edad (los mayores) más que a otros, y a un género (el femenino) más que a otro. La crisis económica y la crisis pandémica que estamos padeciendo durante los primeros decenios del siglo XXI han puesto en evidencia que las clases sociales siguen existiendo, a pesar de los cambios que han experimentado nuestras sociedades, como ha analizado y explicado el sociólogo recientemente fallecido Erik Olin Wright (Comprender las clases sociales, 2018). De hecho, la aceleración de la globalización, la concentración del poder (económico, político, social y cultural) en pocas manos y el capitalismo de las plataformas que disecciona la economista y socióloga Shoshana Zuboff (La era del capitalismo de la vigilancia, 2020), han acentuado las desigualdades sociales entre los países y dentro de ellos entre los diversos grupos sociales, tal y como ha estudiado el economista Thomas Piketty (El capital en el siglo XXI, 2013, y Capital e ideología, 2019).

Miradas y propuestas

La mirada corta de la mayoría de gobiernos a la hora de afrontar la quíntuple crisis es “pan para hoy y hambre para mañana”. Es poner parches, necesarios sin duda, para afrontar los efectos inmediatos de las múltiples crisis en que estamos inmersos, pero sin atacar las causas que han generado la actual crisis pandémica y pueden generar otras parecidas en el futuro. Tenemos ante nosotros dos retos enormes: avanzar hacia el equilibrio ecológico y hacer sostenible y equitativa la vida humana en el planeta, y debemos afrontar este doble reto desde la mirada humana en conjunto, como especie, y desde las miradas subalternas, ya sea la de las clases trabajadoras o la de las mujeres.

Las medidas de contención son necesarias, pero no deberían ser las únicas. Las políticas keynesianas adoptadas por la Unión Europea, a diferencia de las políticas austericidas adoptadas en la crisis del 2007-2008, son, sin duda, mejores para la mayoría de la población europea. Pero son insuficientes si no van acompañadas de la voluntad transformadora ecológica, social y cultural. No basta, aunque es imprescindible, con aumentar la inversión pública, levantar un escudo social, mejorar la salud pública o dar un tamiz verde a la política industrial y agraria. Algunas experiencias históricas de reformas profundas, como la del gobierno laborista británico entre 1945 y 1950 o la de los gobiernos socialdemócratas suecos durante las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo XX, deberían ayudarnos a reflexionar.

Hay que ir más allá, al menos en cuatro campos: apuesta radical por la sostenibilidad y la economía circular; avanzar decididamente hacia la equidad social y de género mediante la Renta Básica Universal; situar a las personas y a la vida en el centro de las políticas públicas; y fomentar la participación de la ciudadanía en la vida política y en la gestión de los bienes comunes y de los servicios públicos. Las propuestas están formuladas y están disponibles, por ejemplo, en el excelente trabajo de Kate Raworth: Economía rosquilla. 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI (2018).

No podemos esperar a “mañana» para iniciar estas transformaciones profundas, debemos trabajarlas y hacerlas posibles desde ‘hoy’”. Debemos seguir Construyendo utopías reales como plantea el ya citado Erik Olin Wright (2014), es decir, proyectos emancipadores que podamos desarrollar en ámbitos diversos, combinados con la acción y la movilización social. Y para ello es imprescindible la autoorganización de las clases subalternas para defendernos de las agresiones del capital y avanzar hacia una sociedad más libre, más democrática, más igualitaria y más comunitaria. En una tarea incansable que, como decía Karl Marx (1856), es parecida a la de los topos anticapitalistas que agujerean la tierra capitalista: “En todas las manifestaciones que provocan el desconcierto de la burguesía, de la aristocracia y de los pobres profetas de la regresión reconocemos a nuestro buen amigo Robin Goodfellow, al viejo topo que sabe cavar la tierra con tanta rapidez, a ese digno zapador que se llama Revolución”. Una tarea que debe integrar la lucha por la hegemonía de las culturas políticas transformadoras, como insistía Antonio Gramsci.

Las iniciativas locales y los ayuntamientos tienen mucho que decir y aportar en todos estos campos y prácticas transformadoras, siempre que cuenten con los recursos y la autonomía suficientes, cosa que no ocurre actualmente. La ciudad de Barcelona, entre otras, ha mostrado las posibilidades, y también los límites, de las políticas transformadoras a nivel local. De hecho, son diversas las ciudades que, a nivel mundial, han implementado proyectos transformadores en urbanismo, movilidad, vivienda, gestión energética, gestión de residuos, etc., desde Porto Alegre a París.

Avanzar en la unidad táctica y estratégica

Tradicionalmente, los proyectos transformadores se han dividido y enfrentado en base a tres líneas de actuación: reformista (socialdemócrata profunda), revolucionaria (comunista y anarquista) y aislacionista (hippies, comunas). Todas ellas han contribuido a mejorar la situación de las clases trabajadoras y a plantear proyectos profundamente transformadores. Pero seguir planteando hoy estos proyectos transformadores como incompatibles es un inmenso error político que resta fuerza a la transformación social, tanto a corto como a medio y largo plazo. A nuestro entender y en el mundo actual, las propuestas reformadoras para frenar los efectos más negativos del capitalismo y mejorar las condiciones de vida y trabajo no son excluyentes de las propuestas más radicalmente transformadoras. Al contrario, las sinergias entre unas y otras contribuirían enormemente a mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo y avanzar hacia una transformación radical de la economía, la sociedad, la política y la cultura. El compromiso de avanzar hacia la unidad táctica y estratégica de las organizaciones transformadoras y los movimientos sociales debería ser ineludible para todos.

Demasiado a menudo y lamentablemente, las organizaciones transformadoras y/o revolucionarias del presente desconocen o dejan en el olvido las trayectorias, los proyectos y las experiencias emancipatorias del pasado. A menudo las “nuevas vanguardias” quieren hacer tabla rasa con el pasado y creen, ingenuamente, que su luz es la única luz, que su mirada es radicalmente nueva, que sus propuestas y proyectos son los mejores. Pero “echar en el olvido” los proyectos emancipatorios del pasado es un inmenso error político. Es mucho más sensato construir proyectos que dialoguen desde el presente con el pasado y con el futuro. Proyectos que se construyan desde el hoy, pero sin olvidar el ayer y pensando en el mañana. También es necesario recuperar voces revolucionarias, como las de Rosa Luxemburgo o de Alexandra Kollontai, invisibilizadas durante décadas por las “versiones oficiales”, que no originales, del socialismo y del comunismo.

En esta dirección es muy interesante la reflexión que hace el filósofo y activista Sercko Horvat (Poesía del futuro, 2019), relacionando los proyectos europeos contemporáneos emancipadores y las luchas actuales. Horvat hace hincapié en el caso yugoslavo, el único país ocupado por los nazis que consiguió echarlos gracias a la gran movilización partisana y sin necesidad de intervención militar extranjera. Movilización partisana encabezada por el comunista Josip Broz, Tito, voluntario de las Brigadas Internacionales que lucharon por la República en la guerra civil española. Catalunya y España son ricos en trayectorias transformadoras y sería recomendable no “echarlas en el olvido”: desde el republicanismo, al anarquismo y el cooperativismo, pasando por el socialismo y el comunismo, en sus diversas vertientes.

Mientras tanto, elecciones en Catalunya

La monarquía española se tambalea y la posibilidad de una república plurinacional deja de ser una utopía para convertirse en un proyecto político. De hecho, la posibilidad de que España pueda convertirse en una República depende de los propios errores de la monarquía (corrupción, ligazón con la derecha y la extrema derecha, cortedad de miras políticas...). Pero, sobre todo, depende de la capacidad de las fuerzas republicanas de convencer a la mayoría de la población de las mejoras que debería comportar su proclamación. Una República que debería ser plurinacional, social, sostenible y feminista, valores incompatibles con la monarquía en general, y con los borbones en particular, como ha mostrado ampliamente la historia de nuestro país.

Por otro lado, de momento, la derecha y la extrema derecha no han tenido éxito en su intento de tumbar al gobierno progresista. Al contrario, el gobierno se ha consolidado con la aprobación de los presupuestos generales del estado, que contemplan una importante inversión social. Además, la presión de Unidas Podemos ha conseguido que el gobierno y la mayoría de izquierdas y plurinacional del Congreso de los Diputados sacaran adelante leyes y medidas que, sin ser revolucionarias, son profundamente reformadoras: como la nueva ley de educación, el escudo social, el ingreso mínimo vital, el freno a los desahucios y los cortes de suministros durante la crisis, la eliminación de la regla del gasto, las mejoras de las becas o la nueva Ley de Memoria Democrática. Es cierto que algunas de estas medidas se han quedado cortas y que quedan reformas y compromisos pendientes, como derogar la ley Mordaza y la de la Reforma Laboral, o realizar una profunda reforma progresiva del sistema fiscal, entre otras. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero lo cierto es que el agua llega a la mitad del vaso, lo cual en el contexto actual estatal y mundial no es desdeñable.

Es evidente que sin la presencia en el gobierno de Unidas Podemos y los Comunes habría menos agua en el vaso. El esfuerzo realizado por el espacio político del cambio para escorar el gobierno de Pedro Sánchez a la izquierda no tiene, de momento, el reconocimiento de los electores, ni de los movimientos sociales alternativos. Aunque, a medio plazo, el principal problema del espacio político del cambio es que la movilización y la acción transformadora fuera de las instituciones es muy débil, en parte debido a la descapitalización de dirigentes progresivamente integrados en las instituciones locales, autonómicas o estatales y, en parte, debido a la división de los propios movimientos y la confrontación de muchos de estos con el gobierno. La falta de propuestas confluyentes dificulta enormemente la presencia de los movimientos alternativos en la calle y en el espacio público, progresivamente ocupado por los sectores conservadores y reaccionarios. Y todos sabemos que sin autoorganización y sin movilización social no hay cambio posible.

Y, mientras tanto, llegan las elecciones al Parlament de Catalunya donde se dirime la continuidad del gobierno “procesista” de ERC y Junts o la formación de un nuevo gobierno progresista amplio. Según las encuestas, las dos opciones, además de un gobierno en minoría del partido ganador y con apoyos puntuales a uno y otro lado, serán posibles. De momento, Junts, ERC y la CUP han manifestado públicamente que optan por un gobierno “independentista”; Ciudadanos por un gobierno unionista; el PSC y los restos de la UDC no saben o no contestan; y los Comunes apuestan por un gobierno de izquierdas. Para hacer viable esta propuesta, los Comunes necesitan la colaboración de ERC y del PSC, pero estos no dirán nada al respecto durante la campaña electoral y se excluirán mutuamente.

La realidad es que durante los tres años de gobierno “procesista” Catalunya se ha estancado. Ni la independencia ni el autogobierno están más cerca; ni se han revertido los recortes en derechos sociales, educación o salud, a pesar del esfuerzo de los Comunes para pactar el presupuesto del 2020; ni han mejorado la economía, la equidad social y el equilibrio territorial. Estamos donde estábamos en 2017 o un poco más atrás. El gobierno de Junts y ERC ha actuado erráticamente y con negligencia durante la pandemia, especialmente los departamentos de salud, trabajo y economía, lo que ha provocado un alto coste humano, social y económico. Ambos partidos han utilizado la Generalitat de Catalunya, una institución de todos los catalanes, para sus intereses partidistas.

A pesar de la pérdida de frescura y de diversidad, En Comú Podem parece la única opción para las personas que quieran cambiar el gobierno de la Generalitat en un sentido progresista. Los Comunes, sin embargo, necesitan ganar músculo social y presencia territorial para mejorar sus resultados electorales y poder ser decisivos en la política catalana. Y el primer paso que deben dar es fidelizar a sus votantes municipales y estatales, especialmente entre las clases populares y los movimientos sociales. Deben conseguir que estos sectores entiendan que las elecciones catalanas son importantes para ellos, porque la Generalitat decide sobre los principales aspectos que afectan a su vida, como la salud y la educación, los derechos sociales, el transporte o la vivienda.

25/12/2020

¿Religiones en la escuela?

Joan M. Girona

Nos guste o no el tema religioso sigue presente en las aulas y es motivo de controversias. Últimamente en Catalunya se ha hablado de la presencia de la religión islámica después de que el departamento de Educación haya recordado la normativa que lo autoriza, y en toda España se ha vuelto a opinar sobre la presencia de las creencias religiosas en las aulas con la discusión de la nueva ley, la LOMLOE.

Según la Constitución nuestro país es aconfesional pero con una relación especial con la Iglesia Católica. Esto se traduce en una presencia constante de dicha Iglesia en las aulas de todas las escuelas e institutos. En virtud de los acuerdos de España con el estado del Vaticano, las familias tienen derecho a pedir clases de religión católica para sus niños y, lógicamente, todos los centros escolares la obligación de atender la petición.

Hay bastantes personas, enseñantes o no, que pensamos que la escuela debería ser laica: que la enseñanza de las creencias religiosas, de las opciones personales, no pertenece al currículo escolar. Las personas que creen en algo religioso tienen a su alcance las parroquias católicas, los oratorios musulmanes, las sinagogas judías, los centros de culto evangélicos y de otras confesiones. Es cierto que las religiones, en especial la católica, la judía y la musulmana tienen una presencia remarcable en nuestro entorno histórico y cultural. Pero deberían tratarse dentro de la historia universal y nacional; y también deben estar presentes en la historia del arte: sin un mínimo conocimiento de lo que ha pasado a lo largo de los siglos a nivel religioso, no se entienden del todo obras importantes de la pintura, la escultura y la arquitectura que podemos contemplar sin ir muy lejos de casa. Es evidente cuál ha sido la historia de los últimos dos mil años en nuestro país. Paseando por cualquier lugar encontramos señales: las cruces de término que delimitaban el terreno de cada municipio, ermitas, capillas, imágenes...; y a nivel oral, leyendas y cuentos que giran alrededor de hechos religiosos. La religión católica ha dominado la ideología de España durante siglos y la jerarquía ha ejercido el poder espiritual y temporal a la vez.

Una cosa no quita la otra. Conocimiento histórico sí; práctica religiosa, moral, doctrina de cualquier religión, a su espacio concreto. No es de recibo que el adoctrinamiento de la jerarquía católica, de los imanes musulmanes o de los pastores evangélicos llegue a los centros escolares donde se están formando y aprenden todas las criaturas del país, no sólo las creyentes.

Siguiendo la normativa, las familias pueden solicitar, además de la católica, clases de otras religiones: el islam, el judaísmo y la religión evangélica; en la práctica, sin embargo, no se ha dado respuesta a las demandas no católicas. Mientras los obispos católicos eligen y nombran el profesorado de religión (sin los requisitos y controles que deben cumplir los maestros), las otras confesiones no tienen estructurado ningún sistema para elegirlo y presentarlo al Departamento, y las administraciones tampoco están muy interesadas. Ahora bien, hay niños y adolescentes creyentes o interesados por el hecho religioso y lo llevan en su mochila cuando entran en la escuela. Veamos algunos ejemplos que he vivido.

Un adolescente recién llegado de un país centroamericano llevaba siempre la Biblia con él. Desde que estaba en Cataluña iba al local de culto de una iglesia evangélica donde podía expresar con la música lo que sentía (en clase sólo con el pupitre nos enganchaba a todos con su ritmo) y se sentía acogido; pudo hacer una elaboración del duelo y una adaptación al nuevo país bastante buenas gracias a la comunidad religiosa que lo acogía. Tenía una confianza un poco naíf con su Biblia; allí estaban todas las respuestas e intentaba convencernos de que la teníamos que leer (a mí el primero). En una charla sobre drogodependencias, un ex-consumidor de sustancias tóxicas explicó las dificultades que había encontrado y cómo le costó deshabituarse de dicho consumo. Nuestro alumno, al terminar, fue a ofrecerle el consuelo y las alternativas de su Biblia.

—Mañana, viernes, debería salir antes, tengo que ir a la mezquita (aunque fuera un oratorio, él lo llamaba mezquita), es una fiesta importante.

Se le dio permiso a pesar de alguna protesta de los otros compañeros, que querían ahorrarse la última clase.

Salida a la montaña, un día caluroso... Nabil está muy sudoroso, le ofrecemos agua porque vemos que no lleva. La rechaza con amabilidad... Entiendo lo que pasa e intento explicarle que puede beber agua, que a su edad no debe ser tan riguroso con el ayuno del Ramadán... pero no se deja convencer y camina toda la excursión sin beber una gota.

—Profe, ¿tú crees en Dios?... ¿No quieres decirlo?...

—Y tú, ¿vas a una iglesia?...

—Sí, sí...

—Y ¿ya haces caso de lo que te dicen?

Sin entrar en el tema y sin responder sobre mi postura personal, se puede hablar de la utilidad de la práctica religiosa en la vida diaria.

El día 2 de noviembre varios alumnos faltan a clase... Es el día de los difuntos y deben recordar los muertos de su familia. La cultura gitana los tiene muy presentes

Se celebran todos los aniversarios de las criaturas de infantil, pero hay un par que no lo quieren hacer; tampoco asistieron el día de carnaval cuando toda la escuela se disfrazó.

Muchas escuelas de primaria hacen el pesebre o celebran la Navidad. Las primeras comuniones tienen un cierto eco en el ámbito escolar. Los niños y las niñas hablan, lo explican y, a veces, algún otro compañero o compañera pedirá en casa poder hacer la comunión, sobre todo la fiesta que va implícita, los regalos, los vestidos... Es una manera de empezar a hacerse mayor, un rito de iniciación cristianizado. No es lo mismo pero recuerda las fiestas de los quince años de muchas adolescentes centro y sudamericanas. He sido testigo de fiestas de primera comunión sin haber pasado por ninguna iglesia previamente. También he visto a familias pedir un crédito para poder celebrar “como es debido” la fiesta de su hija. — Yo no pude hacerla en el pueblo, no teníamos dinero, pero mi hija la hará. Aunque yo no me acercaré a la iglesia…

No podemos negar la presencia de las creencias religiosas en los centros escolares. Debemos tener en cuenta y contemplarlo dentro del proyecto educativo integral que llevamos a cabo. Ser una escuela laica no significa ser una escuela atea, ni mucho menos hacer propaganda en contra de las religiones. Una escuela laica es aquella que respeta todas las opciones, religiosas y no religiosas, o ateas, como un derecho más que tienen las personas, contemplado en la declaración de los derechos humanos y regulado por la misma declaración, que pone sus límites.

Cuando las criaturas o los adolescentes explican algo alrededor del hecho religioso o expresan sus dudas o convencimientos, se puede tratar como un tema más de los muchos que van saliendo a lo largo de los cursos escolares. Se puede ayudar y fomentar el espíritu crítico del alumnado. ¿Para qué sirven los ritos religiosos, las prácticas que impone la pertenencia a una u otra iglesia o religión? ¿Se cumplen sin ninguna relación o compromiso con lo que hago cada día? Hay personas públicas que van a la misa católica y luego cometen un montón de injusticias: ¿cómo se juzga eso?

Se puede comentar que los cristianos utilizan el pan, el vino y el aceite en sus celebraciones más importantes porque es una religión que se originó en el Mediterráneo, donde estos productos son los más habituales. Querer imponer esos mismos productos a otros países y culturas como las asiáticas, por ejemplo, ¿no es un contrasentido si en muchas de esas zonas el alimento básico es el maíz o el arroz y la bebida fermentada es distinta?

Reflexionar por qué prácticas higiénicas y saludables (no comer cerdo, comer carne previamente desangrada, ayunar unos días...), convertidas en obligaciones durante siglos, una vez han dejado de ser tan importantes para la salud de las personas son todavía seguidas por respeto a unas raíces del pasado.

Y recordar que prácticas ancestrales de dominio patriarcal (como la ablación), bendecidas y consagradas por la mayoría de religiones (sobre todo las monoteístas), no legitima a éstas para seguirlas reproduciendo hoy.

Dentro del escrupuloso respeto a todas las ideologías y formas de pensamiento y creencias (siempre con el límite de los derechos humanos) sería bueno reflexionar entre todos y todas, profesorado y alumnado, sobre las influencias positivas y negativas que las religiones aportan en la vida cotidiana.

¿Cómo se hacen las clases de religión en los centros? Depende de la persona encargada, ya que el programa es bastante flexible y no se controla. Puede ser un tiempo donde se trabajan aspectos transversales con especial incidencia en los derechos humanos y en las situaciones en otros países, especialmente del tercer mundo. El talante de la persona encargada determinará lo que se haga. Por lo que he visto, el control desde los obispados se hace a distancia. Puede haber algunos centros donde se adoctrina y se reza (lo he conocido incluso en escuelas públicas), pero son cada vez menos. Diría que la buena voluntad del profesorado de religión hace que, en su mayoría, no sea un momento de adoctrinamiento sino de aprendizaje útil. El control que establece el obispado católico es sobre los estilos de vida de los maestros (no vivir en pareja sin pasar por el altar, no tener una orientación sexual diferente a la aceptada por la iglesia, etc.).

Un aspecto más preocupante son las escuelas concertadas con ideario religioso, mayoritariamente católico. Si son escuelas sostenidas con fondos públicos, deberían tener un ideario respetuoso con todo el alumnado, con todas las creencias, con las personas agnósticas y ateas. No sería correcto organizar actividades confesionales en las horas lectivas.

¿Por qué hay alumnado que se apunta a religión sabiendo que no es obligatoria y hay alternativas? Con la llegada de inmigrantes provenientes de países con mayoría católica ha aumentado la demanda. Las familias quieren mantener de alguna manera sus raíces. Lo mismo les pasa a las familias de otras religiones, sobre todo la musulmana, que también quieren mantener sus costumbres; sin embargo, estos alumnos deben ir a los oratorios o centros de culto. Entre las familias autóctonas ha disminuido la demanda. También se puede resaltar el papel positivo de algunas escuelas que no informan abiertamente de la posibilidad de elegir las clases de religión: es una manera de conseguir la separación, que cada cosa se haga en su lugar.

Y añadir el aspecto de cohesión, de acogida, de sentimiento de comunidad que puede representar para algunas personas el hecho de pertenecer y "militar", si se me permite la expresión, en una confesión religiosa. No es extraño este fenómeno en familias recién llegadas a nuestro país: sabemos que la sociedad de llegada rara vez lo es de acogida. La comunidad de religión puede suplir o compensar un poco esta carencia. Todo el mundo necesita sentirse en un grupo humano y cuando has cambiado de país aún más. Y a algunas personas, como en el caso del adolescente centroamericano, la pertenencia a un grupo religioso podrá ayudarles a elaborar su duelo y su adaptación con menos traumas y dificultades. Aunque "de todo hay en la viña del señor": A veces algunos líderes religiosos (sacerdotes, rabinos, imanes, pastores...) pueden caer en la tentación de adoctrinar a sus fieles y poner palos en las ruedas de la convivencia. El culto evangélico ayuda a la cohesión de las familias gitanas pero a la vez aconseja no cambiar el rol de las mujeres. Como todo en la vida, en las creencias religiosas encontramos aspectos positivos y otros negativos.

El hecho religioso, por tanto, ¿debe estar presente en los centros escolares? Lo queramos o no, lo está, con independencia de que las familias lo pidan, tal como hemos comentado. Todo lo que forma parte de la vida de niños y adolescentes está presente en las aulas y los pasillos de escuelas e institutos. No podemos ni ignorarlo ni menospreciarlo. Debemos considerarlo como un aspecto más de las personas, susceptible de ser respetado, estudiado y reflexionado.

Estará presente cuando hagamos una salida, un viaje, una visita de las denominadas “culturales”, pero sobre todo estará presente en los pensamientos, las emociones y las creencias de nuestro alumnado. Todo lo que les afecta nos debe importar a los educadores. Es evidente que la presencia explícita de los aspectos "espirituales", como se decía antes, va disminuyendo, pero sin desaparecer desaparece del todo. A veces, las religiones más conocidas se sustituyen por creencias esotéricas o por sectas pseudorreligiosas o de otro tipo. Un argumento más para pensar y para proporcionar elementos críticos y valorativos con el objetivo de ayudar a que cada alumno o alumna llegue a ser capaz de tomar decisiones en este aspecto con conocimiento de causa, con criterio propio, para que no se deje arrastrar, a la vez que a comprender por qué debe respetar las opciones de los otros y valorar la convivencia en una sociedad laica.

[Joan M. Girona es maestro y psicopedagogo]

26/12/2020

¿Un año post?

Albert Recio Andreu

Cada fin de año hay una cierta pulsión a esperar que el siguiente traerá novedad. La pasada nochevieja nadie esperaba la gran novedad de la Covid. Y esté año todo el mundo espera que la cosa salga mejor. Que las vacunas funcionen y se vuelva a la vida “normal”. Aunque en este sentido, en el término normalidad hay mucho de cultura consumista de clase media. Para otra mucha gente, sin salir de nuestras fronteras, la normalidad es otra cosa: una sucesión de carencias, desprecios y malvivir. Y si ampliamos el campo de visión fácilmente comprobamos que nuestra normalidad es para muchos una cosa muy rara. Tampoco el confinamiento ha sido igual para todos.

Aparte de la vacuna, el nuevo año también parece traer la salida definitiva de Trump. Y más de un analista presupone que ello tendrá aparejado el retroceso de la extrema derecha en todo el mundo. Hay incluso quien, pecando de optimismo, espera el fin del procesismo catalán y un cierto cambio de rumbo en la política catalana.

Todas ellas, muchas ilusiones producto de la necesidad de cambio que tenemos ante situaciones desagradables. Y que suelen ignorar los elementos estructurantes que explican la continuidad de las situaciones, más allá de las fluctuaciones. El auge de la extrema derecha no se explica por la presidencia de Trump. En muchos países, como es el caso francés, tiene un largo recorrido (en España también; por algo siguen sin resolverse cosas tan básicas como los miles de gente sepultadas en fosas comunes tras cuarenta años de democracia formal). La extrema derecha moderna combina elementos de la vieja derecha ―el orden, el nacionalismo excluyente (alimentado por los procesos generados por la globalización)― con elementos que nacen de las nuevas crisis del presente: el antifeminismo y el antiecologismo, porque feminismo y ecologismo atentan contra formas de vivir que unas personas consideran “naturales”.

No es casualidad que la extrema derecha prospere en antiguos países de la órbita soviética, en los que el nacionalismo se usó como gran instrumento de cohesión social y donde el autoritarismo fue la norma. Ni es extraño que en todos los antiguos países coloniales perviva un foco de temor y desprecio frente a la gente que antes colonizaron. En un mundo donde se han roto muchos mecanismos comunitarios, donde mucha gente vive aterrorizada por lo que desconoce y participa de valores tradicionales, la extrema derecha tiene bastante recorrido. Es notorio que esto ocurre sobre todo en el mundo rural y de las pequeñas ciudades, y mucho menos en los espacios urbanos (me he entretenido a mirar los datos de las elecciones americanas por condados, y Trump ha perdido sistemáticamente en todas las grandes conurbaciones y ha ganado la mayoría de condados rurales). Esto vale también para el procesismo catalán, con una diferencia: la inexistencia de un estado propio permite al nacionalismo de derechas presentarse como víctima de un estado central y concitar apoyos (en parte de una izquierda desnortada) que de otra forma no conseguiría. Esta derecha tiene, además, en todas partes, una penetración desproporcionada en las instituciones, especialmente en aquellas que forman el “estado duro”: judicatura, policía, ejército, administración… Ello le permite jugar con bastante ventaja un tramposo juego “legal”. Que Trump haya perdido las elecciones es bueno, pero esperar de ello cambios radicales en la política estadounidense (que va a estar en manos del ala derecha del Partido Demócrata, gente siempre cercana a los poderes económicos y las altas instituciones) es sin duda erróneo.

De la misma forma, tampoco parece que el tema de la pandemia esté solucionado a corto plazo. Hay que ver la eficacia de las vacunas, el nivel de vacunación que se alcanza. Y habrá que ver también los efectos colaterales que dejará este año largo de pandemia. No sólo en la actividad económica y el empleo, sino también en las formas de relación social, en los comportamientos individuales y colectivos. Tras lo visto hasta ahora, no parece que la experiencia haya sido igual para todos. Y lo que es cierto es que se han debilitado las formas de conexión y acción colectiva, por más que las redes hayan permitido mantener encuentros y relaciones que de otra forma hubieran sido imposibles.

Puestos a formular un deseo realista, diría que “espero que 2021 no sea peor que 2020”. Puestos a plantear un objetivo, diría que el año próximo tocará la tarea de reconstruir tejido social, organización y contactos. Porque sólo con acción colectiva podremos hacer frente a todas las amenazas del momento.

30/12/2020

Ensayo

Esther Nieto Blanco

Una reflexión sobre los actuales modelos de atención a la dependencia y recomendaciones para modificarlos

Los datos demográficos y las proyecciones que proporcionan algunos estudios hasta el 2040, siempre tomados con prudencia, auguran un aumento de personas que precisarán atención y prestaciones ligadas a la dependencia. Este hecho pone de manifiesto la necesidad urgente de reflexionar acerca de la idoneidad y características de las prestaciones o servicios actuales, y sobre los variados modelos de atención presentes en las distintas Comunidades Autónomas (CCAA).

La pandemia del Covid-19 ha hecho visible, de forma cruda, las maltrechas entretelas que sustentaban el sistema de atención de las personas dependientes, discapacitadas, o con enfermedad mental, cuyo hogar habitual es una institución residencial. Una realidad expuesta en muchas ocasiones por los familiares y organizaciones cercanas al sector sociosanitario.

La aprobación, en 2006, de la ley para la Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en situación de dependencia, tenía como finalidad poner en pie y garantizar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que, junto a la educación, las pensiones o la sanidad, forma parte de los derechos sociales universales.

Este hecho supuso un avance esperanzador, dada la pésima situación histórica en la que se encontraba la atención a la población dependiente. Los derechos, servicios y prestaciones que la ley reconoció supusieron un cambio significativo para un número considerable de personas. Sin embargo, el balance no es positivo. No ha conseguido dar respuesta de forma satisfactoria a las demandas existentes, ni entonces ni ahora. Su andadura fue lenta, su ejecución fue desigual en las diferentes CCAA, y su desarrollo ha sido incompleto. Además, la implantación de “bajo coste” ha configurado un sistema inapropiado e insuficiente para responder a las crecientes demandas [1]. Además, la aprobación del Real Decreto Ley 12/2012 provocó el recorte de varios servicios y prestaciones. Todo ello ha derivado en el actual panorama: no se cumplen los requisitos de cobertura y de calidad deseables, y ello porque no llega a todas las personas que lo necesitan o porque los servicios que se prestan son mínimos.

Las evidencias

La última Encuesta Nacional de Salud [2] indica que casi la mitad de las personas mayores de 65 años tiene algún tipo de dependencia, que aumenta con la edad, y cuya mayor prevalencia se da entre las mujeres (52%). Al mismo tiempo, revela que en torno a 4 millones de personas presentan algún tipo de limitación para las actividades de la vida diaria. La mitad de ellas no las tienen cubiertas. Dicha encuesta señala también que un 11.3% de la población adulta —de 15 o más años— es cuidadora de alguna de estas personas.

Diversos estudios revelan que más del 70% de las personas preguntadas desean permanecer en sus domicilios el mayor tiempo posible, hasta que la fuerzas y la autonomía se ven mermadas.

En el trabajo pionero que realizó María Ángeles Durán [3] se puso de manifiesto que el cuidado oculto que se dispensaba en el ámbito familiar era prestado en su mayoría por las mujeres de la familia. Tal hecho tenía un efecto en la vida familiar, en el ámbito de la vida social, laboral y, además, repercutía en la salud física y emocional de todos sus cuidadores. Son también conocidas las consecuencias económicas y el empobrecimiento que, en muchos casos, estas situaciones provocan en el seno familiar. La incorporación de la mujer al trabajo, fuera de casa, ha propiciado el desarrollo de un nuevo perfil laboral ejercido por cuidadoras, en general mujeres inmigrantes, invisibles, mal pagadas y con contratos precarios, como ha puesto en evidencia la pandemia [4].

En la actualidad, el gasto en dependencia está en torno al 0,7% del PIB, la mitad de lo que invierten los países de OCDE. Si se descuenta el copago, el coste para el erario público supuso en el 2016 la cantidad de 4.679 millones de euros (el 0,45% del PIB). El Sistema para la Autonomía y la Atención a la dependencia (SAAD) atendía a 624.674 personas (un 7,2% de las personas mayores de 65 años). Otras 269.600 personas (el 10,3%) tenía reconocida su dependencia, pero permanecían en lista de espera. Cada beneficiario de la ayuda recibe 1,2 servicios; varios, como la teleasistencia o los centros de día o de noche, no son incompatibles entre sí. A finales del 2016, la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar, indebidamente inducida, era mucho más frecuente que la ayuda domiciliaria que percibían un 24%, o la atención en residencia, que se concedía a un 18% de los casos.

Cobertura de los servicios residenciales

No resulta sencillo acceder a una información rigurosa y contrastable sobre la atención a la dependencia dada la variabilidad existente y, además, por la ausencia de transparencia informativa propia del sector. La diversidad se manifiesta tanto en la inversión como en los modelos y características de los cuidados, o bien en los tipos de gestión o de organización interna de los residentes, lo que dificulta sobremanera tener un mapa real de la situación para cada Comunidad Autónoma, que son en última instancia las responsables de los recursos sociosanitarios.

Según datos del IMSERSO (2019), en España había unos 5.457 centros residenciales para personas mayores, 4.063 de ellos (74,5%) son de titularidad privada y el resto son públicos. En total, sumarían 381.158 plazas, lo que representa un índice de cobertura del 4,21%, el cual varía significativamente entre el 7,6% de Castilla y León y el 1,42% de Murcia. Una desigualdad de acceso evidente [5].

Tipos de gestión

Pública. Las administraciones públicas de las CCAA son las responsables de la gestión total, incluida la remuneración de todo el personal.

Otros modelos públicos. En los que los edificios y el personal son administrados y financiados por los presupuestos públicos, si bien se han privatizado ciertos servicios como la restauración, la lavandería, el servicio de limpieza o el de mantenimiento.

Las CPPs, Iniciativa de Financiación Privada (PFI por sus siglas en ingles). Modelo implantando en 7 hospitales de Madrid y 4 de Valencia, principalmente. Existen dos tipos: “Iniciativa de financiación privada” y “Concesiones administrativas”. Al no disponer de toda la información el análisis resulta arduo, pero dada la opacidad habitual de estas empresas, no es aventurado suponer que el modelo de negocio residencial actual guarda muchas similitudes con el hospitalario. Y la evaluación disponible sobre su gestión es muy negativa [6].

Según apareció en prensa [7], la mayoría de las residencias no pertenecen a grandes grupos residenciales, aunque en la última década se ha producido un proceso acelerado de concentración. Hay al menos 13 grupos que gestionan quince o más residencias en suelo español. Los seis más potentes —acumulan en conjunto casi cuatro centenares de centros— tienen como principales accionistas a fondos en las Islas Jersey (Vitalia Home y Colisée), a un fondo inglés (DomusVi), a un fondo de pensiones canadiense (Orpea), a una entidad sin ánimo de lucro británica (Sanitas) y al presidente de la constructora ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez. Un negocio al que también se ha sumado capital francés o suizo e, incluso, empresarios vinculados a escándalos de corrupción del Partido Popular español.

Colaboración Público/Privadas. En muchas CCAA, los ayuntamientos ceden el suelo por 50 años a grupos empresariales que construye la residencia y a cambio la Administración contrata todas sus plazas.

Privadas/Concertadas. El inmueble es construido por una empresa o una entidad sin ánimo de lucro, como es el caso de fundaciones del sector, órdenes religiosas o cooperativas que venden o alquilan las plazas a las Administraciones.

Privadas. Algunas de ellas se acreditan y ciertos residentes pueden recibir de la Administración una parte de lo que pagan a través de “la prestación económica vinculada”.

Problemas detectados tras las revisiones documentales realizadas

Insuficiente presupuesto público destinado a la atención a la dependencia.

Predominio desmesurado de la financiación privada sobre la pública con notables diferencias entre CCAA.

Número de plazas escasas.

Baja cobertura de las necesidades y demandas de las personas dependientes y de sus familias.

Carencia de recursos humanos bien formados y de materiales técnicos suficientes y actualizados. Personal mal pagado, con contratos precarios y escaso reconocimiento social. Son frecuentes las rotaciones y cambio de personal que no favorece el establecimiento de lazos de referencia.

Desigualdad laboral ligada al género de las cuidadoras.

Estructuras físicas inadecuadas. Complejos residenciales híbridos entre el hotel y el hospital o entre el chalet y las “guarderías para mayores”.

Cuidados estandarizados, rutinarios, despersonalizados en muchos casos, y centrados en las “tareas” prácticas.

Gestión vertical. Deficiente coordinación intersectorial entre las Gerencias de Atención Primaria y los médicos/as y enfermeros/as de familia. Desconfianza mutua.

Ausencia de información y participación real de los residentes y de sus familiares.

Falta de transparencia en la información que impide el análisis, la evaluación y la investigación.

Voces autorizadas y expertos del ámbito de la dependencia debaten desde hace años acerca de la conveniencia de revisar el presente modelo residencial, dada la desigualdad social detectada, y han recomendado evaluar los fundamentos, características y calidad de los cuidados que proporcionan. Los desafíos y retos son importantes, complejos e ineludibles.

En algunas CCAA se están desarrollando diferentes experiencias alternativas, inspiradas en los modelos y marcos teóricos nórdicos. El "Proyecto Etxean Ondo residencias" (“Vivir como en casa”), auspiciado por la Fundación Matia de San Sebastián, en colaboración con el Gobierno Vasco, es un ejemplo. También, en la comunidad autónoma de Castilla y León, o en la Comunidad Valenciana. Experiencias, todas ellas, ligadas a cooperativas o a modelos concertados [8][9][10][11].

Modelos residenciales del Norte de Europa

Como ya se ha señalado, los sistemas sociales de los países nórdicos han introducido interesantes y novedosas alternativas en las prestaciones tradicionales, que también se pueden observar en otros países como EEUU, Australia o Canadá. Son modelos que comparten algunos de estas ideas, conceptos o valores:

Atención integral —holística, humanista— y “centrada en la persona”. Este marco conceptual permite identificar las claves en las cuales se debe sustentar el apoyo y los cuidados [12].
Fomento de la independencia y de la autonomía personal.
Prevención temprana de la discapacidad de forma preferente.
Centros abiertos a la comunidad en la que viven con la finalidad de favorecer el contacto exterior y poder forjar alianzas comunitarias.
Garantizar la seguridad y accesibilidad.

Viviendas propias asistidas. Al igual que sucede en nuestro país, la mayoría de la población nórdica prefiere vivir en sus hogares. En Finlandia, el Fondo de innovación Sintra ha concluido un proyecto centrado en hallar e implantar nuevas formas de ofrecer la atención sociosanitaria a las personas dependientes que viven en sus casas, bien de modo on-line o presencial. Existen ayudas para eliminar las barreras arquitectónicas o para el acceso a las tecnológicas, y así paliar el aislamiento social. En Helsinki hay distintas experiencias de viviendas colaborativas que disponen de algunos autoservicios comunes.

Espacios de convivencia. Son unidades en las que viven entre 8 y 12 personas. Pueden ser de nueva creación o estar dentro de un centro residencial convencional. Disponen de una habitación individual amplia, con cocina, sala de estar y baño adaptado. Acondicionadas con servicios comunes como comedor, biblioteca, sala de juegos o gimnasio, y con jardines para disfrutar de la actividad y del paseo. Algunas tienen huertos.

Los diversos cuidadores profesionales son estables, con contratos dignos, y reciben formación específica. La organización es horizontal y está abierta a la comunidad en la que sea instalan; pueden ser rurales o urbanas.

Este modelo —extendido en países como Suecia, donde la cobertura pública era mayoritaria— está experimentando cambios graduales, al aparecer en la escena los operadores privados.

Unir pasado y futuro. Añadir vida a los años

El aumento de la esperanza de vida de la generación que se jubila ahora, y su deseo de mantener su independencia y autonomía, justifica las exigencias crecientes para que se introduzcan cambios profundos en los modelos actuales de cuidados a la dependencia, tanto para los que prefieran mantenerse en su domicilio como para aquellos que deseen o tengan que vivir en una residencia.

Permanecer en casa. Para satisfacer esta demanda se precisa aumentar de forma significativa el presupuesto público para los servicios de atención domiciliaria, hoy muy escaso, en horas de atención y en el tipo de servicios que se prestan. Dicha inversión, además, debería destinarse a mejorar la accesibilidad de las viviendas y a innovar en el uso de la tecnología avanzada y la inteligencia artificial.

Pisos tutelados. Para que las personas con discapacidades leves cuenten con servicios básicos comunes como limpieza, alimentación, lavado de ropa, acompañamiento, y en los que se puedan compartir diferentes espacios de ocio. Hay algunas experiencias en Guipúzcoa [13].

Viviendas nuevas. Dado el progresivo envejecimiento ya descrito, es imperativo que todas las Administraciones promuevan vivienda pública para alquilar y adaptada a estas nuevas realidades. Experiencias en Barcelona [14].

Centros de mediana estancia y de respiro familiar. Parece conveniente repensar los resultados logrados por estos centros de mediana estancia, a caballo entre el hospital comarcal y la residencia asistida, y evaluar su funcionalidad para situaciones transitorias o como alternativa, en algunos casos, al hospital general. Podrían denominarse Casas de salud o reposo.

En el estudio de investigación sobre el covid-19 aquí reseñado, se rechaza la idea de medicalizar las residencias como alternativa a la situación vivida. No nos parece que esa sea la senda que nos conduzca a un futuro esperanzador y alternativo.

Cambiar contenido y continente. Algunas propuestas

Aumento de la financiación pública a través de los impuestos centrales y autonómicos que garantice la atención de todas aquellas personas que lo necesiten. El proyecto de presupuesto (PGE) presentado para 2021 aumenta un 34%, hasta los 2.354 millones de euros, lo cual supone un importante incremento de fondos, aunque aún es insuficiente para atender a todas las necesidades de esta población, por lo que los incrementos deberían de seguir produciéndose en los años siguientes. Es oportuno, además, que se supriman las actuales deducciones fiscales que solo favorecen a los que más tienen.

Definir y establecer criterios que aseguren la equidad territorial como elemento básico de la justicia social entre el medio rural y urbano. Catalogar los tipos y características de los establecimientos que atienden a estas personas.

Modificar el actual modelo de residencia tanto para las personas con dependencia física como para los discapacitados psíquicos o personas con enfermedad mental. Favorecer entornos inclusivos. Rediseñar las habitaciones, los espacios comunes y dotarlos de medios tecnológicos que faciliten las actividades de la vida diaria y la comunicación con las familias y amigos para prevenir la soledad y el aislamiento, por ejemplo, en tiempos de pandemia.

La gravedad de la mortalidad en las residencias (tanto en la primera como en la segunda ola de la epidemia, que coloca a estas como el principal determinante de la mortalidad Covid) debe obligar a realizar un giro estratégico para lo que es preciso realizar un gran esfuerzo político, económico y empresarial. Todas las nuevas residencias que se abran, para garantizar unos indicadores similares a los países desarrollado de la Unión Europea, deberán de ser de titularidad y gestión pública. A medio plazo, recuperar para la gestión pública las residencias que hayan externalizado la gestión con empresas y grupos privados; a largo plazo, reintegrar todas al sistema público de atención a la dependencia.

Gestión horizontal apoyada en la participación significativa y efectiva de los trabajadores, usuarios y familiares. Actualizar y adecuar los instrumentos legales existentes a las nuevas demandas y necesidades, y modificar los que sean precisos para hacerlos eficaces, útiles.

Incremento del personal que trabaja en las residencias. Suprimir la brecha de género que se da en este sector y que afecta a las condiciones laborales y de vida. Definir de forma precisa la ratio de atención según categoría laboral y nivel de dependencia.

Transformar la actual planificación de la atención y los cuidados, y adoptar un enfoque integrado “centrado en la persona”, que suprima el cuidado rutinario, homogéneo y que estimule la independencia y la actividad física y mental, también en estados de dependencia severa.

Formación específica para favorecer el cambio de rol y contrarrestar las inercias y resistencias a la innovación deseable que proporcionan las evidencias científicas actuales.

Establecer normas y criterios para que los servicios de inspección sean una realidad verificable y exigible por los trabajadores o los familiares. Impulsar una mejora continua.

Coordinación efectiva con la Atención Primaria para que facilite la atención y la comunicación con su médico y enfermera de familia. Es prioritario definir de forma explícita las competencias y responsabilidades de cada sector de modo que se garantice una atención de calidad basada en unos cuidados integrales.

Implantar sistemas de información compatibles entre administraciones que favorezcan el conocimiento, la evaluación y la investigación interna y externa.

Conclusiones

Los medios de comunicación han publicado con frecuencia noticias acerca de la repercusión del Covid-19 entre las personas que viven en las residencias; lamentablemente, las noticias no han sido siempre positivas, más bien al contrario. Tal hecho ha puesto de manifiesto la hondura del problema y la urgencia para abordarlo de forma seria y profunda. Que el sistema tenía vías de agua y que olía mal, era patente.

Con asombro, constatamos que, al igual que ha sucedido con los hospitales en ciertas CCAA, varias empresas se han infiltrado y se han enriquecido con el beneplácito de las Administraciones Públicas, y sin que la inspección pública haya ejercido su responsabilidad de forma constante y eficaz.

Es primordial suscitar un dialogo social participativo entre todos los organismos de la Administración, las asociaciones de familiares y usuarios, colectivos sociales, trabajadores, sociedades científicas, etc., con conocimientos en este ámbito de la atención social. Nos parece necesario contar con el apoyo de sociólogos expertos en este campo y antropólogos de la salud, todo ello para inducir y favorecer un análisis contextual necesario.

Tener presente los determinantes sociales a la hora del debate sobre el futuro del sistema de atención a la dependencia que se quiere, se necesita y que se está dispuesto a financiar, ayudará a comprender mejor la diversidad y complejidad del actual momento. Toca remangarse, nada puede ser igual.

La vejez es un pergamino arrugado que encierra saberes y emociones, no lo desechemos.

[Esther Nieto es enfermera y forma parte de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública]

30/12/2020

Antonio Antón

Un feminismo fuerte, igualitario y crítico

El feminismo ha adquirido una nueva relevancia sociopolítica y cultural, particularmente en España. Incluso se habla de otra ola feminista, la cuarta, por perfilar sus características específicas. La reactivación feminista, con su dinámica expresiva, sus objetivos y sus procesos identificadores, en sus distintos niveles, ha cobrado una nueva dimensión los últimos años. Tiene un gran impacto en los ámbitos político-institucionales y culturales, en la transformación y legitimidad de los distintos actores, así como en la conformación de una dinámica más amplia y multidimensional de cambio de progreso frente a las tendencias machistas (o patriarcales). La acción por la igualdad y la emancipación femenina se enfrenta a la discriminación, la desigualdad y la dominación de las mujeres, así como a los factores estructurales e institucionales que las mantienen, en particular a las tendencias conservadoras, reaccionarias o autoritarias.

El feminismo como sujeto social

Los fundamentos de la subordinación femenina están claros: gravedad de las desigualdades sociales, laborales y de estatus, con desventaja para las mujeres; persistencia de la violencia y las coacciones machistas, con mayor dependencia e inseguridad para ellas; insuficiente reconocimiento de las libertades para desarrollar las distintas opciones vitales, sexuales o de género. Constituyen los tres ejes fundamentales expresados en la actual ola feminista: por la igualdad social, económico-laboral y relacional o de estatus de las mujeres; contra la presión y las agresiones machistas, y por la emancipación y la capacidad de decisión sobre sus trayectorias y preferencias personales.

Los contextos sociopolítico-cultural y económico-laboral están bien definidos. Primero, amplio y duradero descontento feminista y popular, convertido en activación cívica masiva a partir de 2018 y, especialmente, entre las mujeres jóvenes que han profundizado su identificación feminista. Todo ello como respuesta cívica y solidaria ante la incapacidad de las élites gobernantes y las principales políticas institucionales para superar esas lacras, sobre todo durante el Gobierno anterior del Partido Popular de M. Rajoy. Pero también, por las insuficiencias de la normativa, la gestión y el entramado institucional impulsados en la época anterior por el Ejecutivo socialista de R. Zapatero. Así, la Ley de igualdad y La ley contra la violencia machista, desde hace quince años, tuvieron un efecto inicial positivo de sensibilización feminista, pero han sido incapaces de garantizar un cambio real en esas condiciones de subordinación y desventaja de las mujeres, quedando en el formalismo retórico, con ausencia de políticas preventivas y sustantivas, y el punitivismo contraproducente. Sus procesos legitimadores se han agotado y exigen un nuevo impulso transformador.

Al mismo tiempo, desde el reaccionarismo ultraconservador aparecen nuevos riesgos de involución sociocultural respecto de la relativa posición social igualitaria conseguida, así como nuevas desventajas derivadas del sobreesfuerzo exigido a las mujeres en el ámbito laboral y de los cuidados. Esas reacciones se producen, precisamente, ante los amplios avances democrático-igualitarios en las relaciones interpersonales y las mentalidades, así como ante las nuevas exigencias de un cambio real y sustantivo por la igualdad y la libertad de las mujeres, reforzado por un amplio campo progresista. El choque de expectativas, principalmente entre las jóvenes, desde una cultura democrática e igualitaria y con dinámicas reales desventajosas, es evidente. Es la base del malestar, la indignación y la activación feminista.

Este marco sociopolítico y de legitimidad de la acción cívica feminista está conectado con el empeoramiento del contexto socioeconómico y la precarización del empleo durante la última década, por las crisis socioeconómicas y las políticas de recortes sociales, laborales y servicios públicos que han debilitado la protección social pública y el empleo decente, ahora agravados por la crisis sanitaria. Ello genera un incremento del sobreesfuerzo femenino en la gestión de los cuidados y la reproducción vital, así como peores consecuencias en el ámbito laboral-profesional, sus condiciones de vida y su estatus público, lo que ha perjudicado especialmente a las mujeres de las capas populares y, particularmente, a las jóvenes con mayor incertidumbre para sus proyectos vitales.

Por último, esta activación y concienciación feministas tiene fundamentos sólidos, aunque con distintos niveles de compromiso y pertenencia. Según diversas investigaciones (véase mi libro Identidades feministas y teoría crítica), conviene distinguir tres niveles de identificación feminista: Uno, más de la mitad de las mujeres y de la gente joven así como un tercio de varones tienen conciencia feminista y avalan sus principales objetivos igualitarios; dos, varios millones (entre tres y cuatro) de personas, mayoría mujeres, participan de alguna forma (individual y/o colectiva) en esa activación feminista, más o menos descentralizada o de conjunto, y se consideran identificadas con el movimiento feminista en sentido amplio o bien se muestran solidarias con las grandes movilizaciones feministas y sus objetivos (8 de marzo, 25-N o grandes campañas); tres, varios centenares de miles de activistas en los ámbitos institucional, parainstitucional y de grupos y redes sociales, muy heterogéneos entre sí, con una participación más estable, comprometida e identificadora.

La situación de discriminación, así como la experiencia compartida de movilización cívica, has generado —están generando— una identificación individual y colectiva que conlleva el sentido de pertenencia. El movimiento feminista, como masivo y democrático movimiento social, ha conformado y fortalecido una positiva y solidaria identidad feminista, a diferenciar de la estricta identidad de género. La activación de la acción feminista estos últimos tres años ha expresado un proceso sociopolítico y cultural de identificación igualitario, emancipador, inclusivo, popular, interseccional e integrador.

La identidad feminista, como proceso relacional solidario, no se opone a una identidad o sentido de pertenencia más amplia, de ciudadanía o ser humano, es decir, con componentes universales. Depende de los lazos comunes existentes y su persistencia, así como de su diversidad de pertenencias, su combinación y la conformación de una identidad múltiple o compleja. Esta multidimensionalidad identitaria se forma en cada sujeto real con un nuevo, específico y cambiante equilibrio entre las distintas identidades parciales con variadas combinaciones según los contextos relacionales y junto con otras identidades o valores cívicos transversales. Además, los procesos identitarios pueden ser más o menos inclusivos, densos, mixtos e interactivos, junto con otras características más universales o cívicas. Es positivo un feminismo fuerte y crítico, con sus rasgos identitarios igualitarios, emancipadores y solidarios en conexión con otras dinámicas populares por una transformación progresista de la sociedad.

La pugna interna en el feminismo

El carácter masivo y unitario del feminismo, al mismo tiempo que diverso y plural, está atravesado, además de por unas tendencias sociohistóricas y del contexto económico e institucional, por un aspecto específico que conviene explicar: la formación de la representación de la dinámica transformadora feminista, con sus procesos colectivos de articulación y liderazgo, el sentido de su orientación, los intereses grupales y las características culturales o ideológicas. Su reto es la formación de representaciones democráticas, plurales y unitarias.

Hago el análisis desde la sociología sobre los movimientos sociales, la acción colectiva y el cambio social, junto con la sociología de género. Como movimiento social y cultural, el movimiento feminista, en sentido amplio, conlleva una dinámica autónoma de la esfera política, partidista e institucional. Pero, evidentemente, está penetrado y condicionado por múltiples intereses y demandas de ese ámbito, así como, más en general, por las influencias ideológicas y culturales, las dinámicas asociativas del conjunto de actores sociales y las trayectorias progresistas (o reaccionarias). El intenso debate de ideas, las polémicas entre las élites feministas más activas, a veces agrias y sectarias, así como los forcejeos para conseguir reconocimiento social (o visibilidad pública) obedecen a la pugna por el estatus organizativo sociopolítico e institucional y la influencia mediática, cultural y de poder, relacionadas con el sentido, la capacidad y la cohesión de las bases sociales y representaciones feministas.

Se enmarca en el declive de una élite hegemónica en el periodo anterior, particularmente en los ámbitos institucionales, académicos y mediáticos, vinculada al aparato socialista (aunque no solo ni toda ella), que defino como socioliberal y formalista por sus escasos resultados para el avance real igualitario y emancipador de las mujeres, particularmente en la última década por su adaptación a la dinámica neoliberal dominante. Así, algunas personas reaccionan con argumentos sectarios y doctrinarismo esencialista ante la disputa de sus privilegios y su preponderancia anterior, utilizando un discurso excluyente para legitimarse como monopolio representativo de las mujeres. Se atrincheran frente al desborde de las nuevas élites, algunas con una larga experiencia de trabajo feminista de base, reforzadas por la nueva ola de activación feminista.

Además, está la particularidad de la existencia de un amplio abanico descentralizado de experiencias, grupos y personalidades. Hay una ausencia de articulación asociativa estructurada, con credibilidad y autoridad colectiva, ya que los mecanismos coordinativos y representativos son muy puntuales e inestables. Ante la evidencia de esta pugna por el control y la gestión (sociopolítica, cultural e institucional) de este amplio e influyente proceso sociopolítico se desarrolla una dinámica nada serena y argumentada. Mientras hay un relativo consenso, más o menos ecléctico, entre las mayorías de las bases feministas, entre determinadas élites se tiende a la descalificación sumaria, o sea, a la pura lucha por el ventajismo relacional inmediatista, muchas veces impotente para consolidar unas posiciones democráticas y razonadas que justifique su representatividad y su credibilidad pública. El marco es la ausencia de jerarquías formales, al mismo tiempo que la presencia de pretensiones elitistas permanentes de preponderancia organizacional y cultural.

Nada que envidiar a los peores procesos tanto de las izquierdas y fuerzas progresistas como de las derechas, poco edificantes en talante democrático, respecto de la regulación pluralista de los conflictos y divergencias respetando un marco unitario frente al adversario común y la argumentación razonada. La amplia cultura democrática y participativa de la activación feminista de millones de personas se contrapone con las prácticas intransigentes de determinadas élites, sobre todo de las que se resisten a dejar de serlo, pero también de algunas que aspiran a serlo, como se refleja en el estilo insultante utilizado en distintos medios y redes sociales.

La paradoja es que este intenso y prolongado ejercicio sectario, visto en perspectiva, favorece las posiciones privilegiadas de la corriente socioliberal o institucional, con mayor acceso mediático e iniciadora de la ofensiva deslegitimadora. No es una buena experiencia de aprendizaje y formación de liderazgos y representaciones alternativos en la base social respectiva y para el impulso y la reafirmación del feminismo en su conjunto. Es una debilidad en la construcción unitaria y plural del conglomerado asociativo feminista que lo debilita en su función transformadora igualitaria y emancipadora frente al auténtico adversario común: el machismo como orden social institucionalizado e imbricado con los grupos de poder.

Por otro lado, hay que reconocer que esta debilidad en la articulación y representación de un amplio movimiento social como el feminismo, incluidas sus pugnas más sectarias, no es exclusivo de él. O sea, no es específico de las mujeres o, al contrario, tampoco es incompatible con ellas. Hay que desechar interpretaciones deterministas sobre sus causas: en el primer caso, por la supuesta inmadurez o irracionalidad de las mujeres; en el segundo caso, por una supuesta esencia femenina más tolerante. Es necesario un enfoque relacional, comparativo y sociohistórico. La pugna interna (y externa) tiene que ver con la distancia entre, por un lado, el carácter, la dimensión y el impacto de un gran proceso sociopolítico y transformador feminista y, por otro lado, la fragilidad derivada de la dispersión organizativa, la capacitación de liderazgos sociales, la relevancia de esa tarea sociopolítica transformadora y los intereses y posiciones de estatus que conlleva.

Por tanto, esa conflictividad interna es similar, en contextos parecidos, a la configuración de trayectorias populares, representaciones sociales y políticas y liderazgos organizativos o ideológicos en distintos movimientos sociales y dinámicas político-electorales, especialmente cuando hay procesos profundos de cambio, de reorientación cultural o político-ideológica y recomposición de élites representativas.

Esta tensión y sus reequilibrios de espacios y liderazgos también afectan a las derechas y los grupos de poder, a veces de forma mucho más cruenta, como en las guerras interimperialistas y luchas nacionales o sus actuales tensiones con las ultraderechas. Pero ellas tienen la ventaja relativa de que el poder establecido, normalmente desde posiciones no públicas, condiciona o disciplina a su representación social y política.

La diferencia con el campo popular, específicamente con las formaciones políticas y los movimientos sociales más relevantes, como es el caso del actual movimiento feminista, es que aquí es más fundamental la democracia participativa, la deliberación y decisión colectiva y unitaria. En ese sentido, para ser efectivos se necesita más la democracia y su unidad y, por tanto, resolver mejor la legitimidad representativa de cada sensibilidad o élite diferenciada.

Sin embargo, a veces, en sus pugnas elitistas se utilizan los limitados recursos de poder o capacidad burocrática y organizacional. Ello puede conllevar, si no hay una fuerte cultura democrática y ética de fondo, a mayor énfasis en lo discursivo y, al mismo tiempo, en una actitud prepotente. Es un plano relacional y comunicativo diferente al de las derechas, cuya manipulación sociocultural y crispación institucional antipluralistas las ejercen con todo su poderío fáctico cuando se cuestionan sus posiciones hegemónicas y de poder por los desafíos progresistas y de participación popular democrática. Pero esa práctica sectaria refleja los límites democráticos y éticos de variadas élites que pugnan por la representación y los liderazgos populares, incluido en este caso algunas del movimiento feminista.

Los tres feminismos

En distintos análisis esquemáticos sobre las sensibilidades internas en el feminismo se establecen dos corrientes en torno a la identidad ‘mujer’: una, llamada ilustrada (esencialista, elitista, homogénea y excluyente), y otra, llamada diversa (posmoderna, popular e inclusiva). No obstante, a mi modo de ver, más allá de las etiquetas, hay una simplificación. La realidad es más compleja pero, sobre todo, el enfoque es insatisfactorio: el eje central para definir el sujeto sociopolítico debe ser la identidad ‘feminista’ no la identidad mujer como identidad de género; en ese sentido cobra una mayor importancia un enfoque relacional y sociohistórico de los procesos participativos de identificación con la causa de la igualdad y la liberación de las mujeres. Por supuesto, debe ser interseccional y en colaboración con otros procesos igualitarios y emancipadores, en particular, por ser el aliado más próximo con los colectivos LGTBI. Además, se producen situaciones mixtas, eclécticas o intermedias entre distintos espacios feministas y en el interior de estos, a veces con una alta variabilidad en diferentes contextos, personas y grupos.

La corriente ilustrada, que a veces es llamada feminismo institucional no es solo ni principalmente la pequeña élite académica socialista que, en los últimos años, ha cogido una deriva esencialista y prepotente frente al feminismo crítico y popular y el feminismo posmoderno, sino una tendencia plural defensora de los derechos y la igualdad de las mujeres. Por tanto, no conviene desacreditar todas las experiencias y fundamentos liberadores e igualitarios de la trayectoria dominante en el feminismo en estos más de dos siglos. Esa crítica de elitismo esencialista y excluyente se podría achacar a un sector determinista que utiliza retóricas contradictorias por la igualdad (formal) y por la diferencia entre los sexos, desde un enfoque mecanicista, ya sea estructuralista o biológico.

No obstante, otro sector histórico y actual participa de una tradición por la igualdad real y es popular e inclusivo. Además, acepta la diversidad en forma de pluralidad real, sobre todo respecto de la clase social, la raza y la opción sexual; se trata del grueso del feminismo crítico e igualitario, dominante en el feminismo popular y de base en España desde la Transición, o el feminismo interseccional del 99% como lo denominan personalidades como la anticapitalista y crítica Nancy Fraser. El énfasis en lo nuevo no debe desconsiderar las mejores tradiciones democrático-emancipadoras del feminismo, aún con sus insuficiencias y límites, según sus contextos históricos, sociales y culturales.

Lo más problemático de ambos esquematismos valorativos, determinista y posestructuralista, es que desconsideran la tradición igualitaria y transformadora. Para la actual élite esencialista, que mejor defino como socioliberal por su limitado impacto transformador, no existe un feminismo crítico, popular, igualitario y emancipador, es decir, de cambio relacional y cultural por la igualdad y la libertad reales de las mujeres. Se quedan en algo de la retórica que han utilizado, apropiándose del discurso de la igualdad, quedándose en lo formalista.

Para las élites posmodernas, más heterogéneas entre sí, una vez tergiversada esa experiencia ilustrada, al tomar una parte por el todo, es más fácil contraponer su discurso de la diferencia y/o posestructuralista, con peso en la tercera ola de los años noventa. Así, bajo el paraguas de la descalificación del feminismo de la igualdad, al que asocia con la razón o el determinismo biologicista, anula las aportaciones igualitarias y transformadoras, con sus fundamentos sociales y su subjetividad, cuya representación queda invisibilizada.

Se produce una convergencia, coincidiendo ambos tipos de élites, socioliberales y posmodernas, en la infravaloración de la realidad desventajosa de las mujeres y la acción cívica transformadora de las relaciones sociales desiguales y dominadoras. Sin embargo, la amplia tendencia realista, social, transformadora y crítica supera a las demás corrientes: liberales o deterministas y posestructuralistas.

La tradición transformadora progresista del feminismo

La realidad histórica nos dice que existe un feminismo crítico e igualitario desde la primera ola (desde mitad del siglo XVIII, el siglo XIX y primeros del XX) y la segunda ola (años sesenta y setenta), más o menos conocido como tendencia igualitaria y emancipadora. Incluso en esas primeras olas los cambios de los derechos formales o legislativos (igual que el liberalismo político progresista) tenían un componente transformador de las relaciones desiguales (patriarcales) civiles, familiares, de acceso educativo y por la participación y representación sociales y políticas, como la paridad representativa de ahora. No era solo un feminismo liberal o ilustrado en el sentido actual de retórico, formalista y elitista, sino que ese igualitarismo era fundamental y sustantivo, combinado con corrientes de izquierda transformadora (socialistas, anarquistas y marxistas), con un compromiso activista solidario y en confrontación unitaria frente al machismo y conservadurismo imperante y hegemónico.

Dicho de otra forma, el feminismo liberal de las dos primeras olas, con su igualitarismo normativo, era bastante radical y transformador, dado el gran peso conservador y patriarcal y la gran opresión y discriminación femenina y su impacto en normas y costumbres. Es importante considerar a todo ese feminismo histórico de la igualdad (liberal y de izquierdas), sin confundirlo con el pretexto de los límites del feminismo socioliberal actual de algunas élites feministas socialistas de estas décadas pasadas o del feminismo neoliberal pseudoprogresista (aunque contenga componentes posmodernos).

Incluso las aportaciones del feminismo institucional socialista, con su posibilismo reformista, también contribuyeron al cambio de mentalidades y a algunas reformas (limitadas) antedichas, aunque con sus elementos contraproducentes, particularmente dos. Por un lado, su ventajismo o prepotencia institucional frente al conglomerado del movimiento feminista de base de la tercera y, sobre todo, de cuarta ola actual. Por otro lado, su posibilismo político-cultural que tiende a consensos con las derechas, por ejemplo con su tendencia hacia el punitivismo y la inacción transformadora real.

Además, el feminismo popular o de base tiene dos tendencias: la posmoderna o de la diferencia, y la transformadora o igualitaria; esta última, que denomino feminismo crítico es la que mayoritariamente se ha expresado en los últimos procesos identificadores feministas y, seguramente, en el activismo organizado que ha promovido las grandes movilizaciones de estos últimos tres años.

Discrepancias entre feminismos

Las tres principales tendencias feministas actuales se constituyen respecto de los tres ejes de la acción feminista de esta cuarta ola: por la igualdad social y relacional, frente a la violencia machista y por la libertad sexual y de género. La pugna interpretativa, argumentativa y representativa de sus élites respectivas expresa una fragmentación organizativa y una debilidad de liderazgo y teórica. Se enfrentan a la tarea democrática de adquirir autoridad y posiciones de prestigio y estatus, con actitudes diferenciadas en esos tres ejes, aunque con ideas básicas comunes que facilitan la expresión masiva de las grandes movilizaciones feministas. Lo analizo desde la sociología crítica.

El problema de fondo que subyace es el descontento popular feminista por la falta de igualdad sustantiva en las relaciones sociales, laborales e institucionales, interpelada, interpretada, representada y orientada desde esa trayectoria igualitaria y transformadora, hoy oscurecida en el ámbito mediático. Las tres sensibilidades, socioliberal, posmoderna y crítica o transformadora, conforman un impacto heterogéneo por abajo, en el conjunto de las bases feministas, entre las que no hay una articulación organizativa estable, ni una referencia cultural unificada ni una cohesión ideológica. En el amplio conglomerado llamado movimiento feminista, predomina el eclecticismo o posiciones mixtas e intermedias respecto de esos diferentes posicionamientos de las élites o personas más activistas.

El activismo discursivo, mediático y en redes sociales, busca la legitimidad en los procesos de formación de liderazgos de las personas y grupos de referencia. Pero, a veces, el exceso de confrontación con estilo descalificador debilita el interés común. Sus efectos son la desactivación de la acción colectiva (e individual) por la igualdad real de la mayoría de las mujeres (y capas subalternas), así como la polarización extrema sobre los otros dos ejes sin avanzar en su transformación preventiva y real: medidas necesarias para acabar con la violencia machista, dando respuesta a la situación de las mujeres víctimas, y favorecer la libertad de opciones sexuales y de género.

Los tres ejes temáticos constituyen la experiencia sustantiva de las actuales movilizaciones feministas ante la persistencia y gravedad de sus desventajas. Es el fundamento que sostiene su carácter transformador y unitario. Pero hay algunas élites, con distintas justificaciones, que priorizan su interés corporativo por ocupar posiciones de privilegio o situar su marco interpretativo particular como el dominante.

Insuficiencias de los feminismos socioliberal y posmoderno

El feminismo elitista, socioliberal y determinista, con su guerra cultural, elige el campo que les parece más fácil y adecuado (prostitución, trans...) para desacreditar a sus oponentes, tachadas incluso de antifeministas. Trata de imponer un marco discursivo y jurídico (punitivista y excluyente) con el que, como objetivo implícito fundamental, aísla y margina también al feminismo transformador, o sea, las demandas de la mayoría feminista de cambio real en esos tres ejes. Por tanto, es un pretexto para defender sus privilegios y desacreditar la alternativa real del movimiento feminista reciente, precisamente por el desborde de los límites transformadores de su estrategia formalista y retórica, su puritanismo y punitivismo y su gestión institucional corporativa.

Aparece con acritud esa pugna por la credibilidad o autoridad del feminismo sin abordar lo sustancial, es decir, apartándose de la dinámica principal del movimiento real y sus amplios apoyos sociales e identificadores y haciéndose eco de las tendencias conservadoras. Es una dinámica destructiva de la capacidad relacional y transformadora progresista del conjunto del feminismo.

De todo ello apenas se habla desde sectores del feminismo posmoderno, en el que me voy a centrar por su mayor complejidad y ambivalencia. Dentro de la diversidad que proclama formalmente no existe el suficiente reconocimiento e inclusión de lo principal de la nueva realidad: la problemática de la mayoría de las mujeres, su situación de discriminación y desventajas y sus demandas y movilizaciones igualitarias y emancipadoras.

En particular, algunas de sus élites infravaloran el gran objetivo de la igualdad relacional y socioeconómica y sus derechos, fundamento básico del feminismo transformador en todas sus olas. Supone abandonar el campo de la ‘distribución’ material o social, y abordar el campo del ‘reconocimiento’ solo desde el ámbito cultural o simbólico para esas élites y no desde la mejora de su estatus relacional y socioeconómico. Así, desconsideran las transformaciones estructurales y sociopolíticas que afiancen la posición social del conjunto de las mujeres y su reconocimiento público y en las relaciones interpersonales. En ese sentido, para ciertas nuevas élites postestructuralistas su feminismo cultural, aunque sea positivo y transgresor en diferentes campos de la normatividad sexual y de género, no es suficientemente radical (no va a todas las raíces) sino que en diferentes ámbitos es superficial y poco transformador.

El feminismo cultural, posmoderno o diverso, ha crecido y se ha polarizado frente al feminismo esencialista, pero difumina al amplio feminismo social, igualitario y crítico, auténticamente plural e inclusivo de lo sustancial de la realidad femenina y las demandas feministas, así como de su subjetividad integradora y complementaria de lo racional y lo emocional.

Para salir del atasco habría que, por un lado, profundizar las críticas a las insuficiencias del feminismo institucional y la impotencia transformadora del feminismo posmoderno-cultural y, por otro lado, reforzar el feminismo crítico e igualitario. Pero eso es lo que se ventila en la pugna por el liderazgo, por su apropiación e instrumentalización de la amplia y sugerente capacidad relacional y movilizadora de la actual ola feminista. La reactivación feminista de estos años es una dinámica alternativa y diferenciada, conectada con lo mejor de las tres olas anteriores, dentro de una orientación unitaria y transformadora progresista global, que esas élites posmodernas y socioliberales no están en condiciones de abordar claramente.

En definitiva, en algunos discursos posestructuralistas, la calificación de feminismo ‘inclusivo’ (de las trans o LGTBI) esconde otra función hegemonista con dos variantes complementarias. Una, absorber y representar esa dinámica transformadora generalizada; otra, excluir o subordinar a sus representantes, especialmente las nuevas élites asociativas emergentes. En ese sentido, convergen con representantes del feminismo socioliberal en infravalorar un feminismo popular transformador.

Un feminismo crítico por la igualdad y la emancipación

Se ha producido el desplazamiento del marco discursivo de las otras dos corrientes para marginar los procesos reales y discursivos del feminismo crítico y transformador sustentado en la mayoría de la amplia identificación feminista. En ese sentido, la corriente posmoderna (o queer) se asimila a lo diferente (diverso, anómalo, raro o retorcido —literalmente—) sin destacar su carácter constructivista radical que reafirma J. Butler y otras, o sea, idealista por su sobrevaloración de la construcción discursiva de la identidad y el sujeto social.

Frente al determinismo (económico, biológico, étnico, institucional de poder…), es mejor un constructivismo ‘moderado’, relacional y sociohistórico, basado en la experiencia prolongada de prácticas, funciones, estatus y subjetividades. Es distinto al constructivismo idealista radical o posestructuralista, que infravalora la existencia de la realidad social o estructural, la llamada (clásica) ‘sustancia’ que niegan bajo la acusación de esencialismo. Según esa posición posmoderna, la realidad está construida por la (convencional) ‘forma’: apariencias, emociones o discursos.

Así, es importante la subjetividad y lo simbólico. No hay que infravalorarlos. Pero, en un efecto pendular frente a los excesos del estructuralismo más mecanicista, esa posición posmoderna desconsidera los fundamentos de la realidad social, de la situación de desigualdad y dominación existentes. Salen perdiendo las capas populares y subalternas, incluidas la mayoría de las mujeres y LGTBI, con una realidad desventajosa, material, cultural y de subordinación.

Pero esa interpretación de la preponderancia de lo diverso sobre lo unitario, a veces, no es sinónimo de pluralismo democrático e integrador, sino de imposición de una cosmovisión, junto con su representación social o política, frente a otra; es decir, puede conllevar hegemonismo prepotente según nos enseña la experiencia histórica y reciente.

Dicho de otra forma. La modernidad ha creado monstruos (capitalismo, imperialismo colonialista… el universalismo totalizador antipluralista y eurocéntrico), aunque también (la ilustración, la razón, la ética y el Estado de derecho) ha permitido o generado procesos liberadores: la democracia, la igualdad, la libertad, el laicismo... el socialismo. Pero la posmodernidad, que hunde sus raíces en el irracionalismo (F. Nietzsche) y el idealismo (Carl Schmitt), ha generado o compartido el fascismo totalitario y el nacionalismo excluyente; el relativismo cultural no es más flexible o pluralista que cierto universalismo moderado, pluralista e integrador, por ejemplo con los valores de los derechos humanos o la ciudadanía social.

Por tanto, es positivo decir que los grupos oprimidos pueden ser la base para conformar un sujeto emancipador, con los correspondientes procesos, experiencias y mediaciones tras una finalidad ‘universalista igualitaria-emancipadora’. En ese sentido, tiene conexión con las minorías marginadas. Pero la palabra diversa (o diferente o queer) no conlleva necesariamente el rechazo de una relación jerarquizada de desigualdad u opresión. No se deduce, por tanto, un ideal emancipatorio-igualitario, sino simplemente una diferenciación individual o colectiva. Puede entroncar con la pulsión identitaria individualista, no necesariamente liberal, de la realización del yo, del ‘reconocimiento’ personal, haciendo abstracción de la ‘distribución’ de las condiciones sociales de desigualdad. Así, es compatible con la emotividad y la autorrealización, más o menos consumista, simbólica y estética, que estimula el neoliberalismo ‘progresista’, con sus sistemas publicitarios diferenciadores o individualizadores.

En consecuencia, hay un desdoblamiento. Por un lado, mucha diversidad e individualización; por otro lado, imposición homogeneizadora del beneficio privado y el poder establecido (capitalismo o desigualdad de clase, étnico-nacional y género), con procesos adaptativos y de subordinación. Son cuestiones que se expresan mal desde posiciones deterministas o esencialistas. Por ejemplo, su crítica a la trampa de la diversidad o a las identidades ‘asesinas’ frente a la realidad o el sujeto supuestamente universal está mal planteada. No obstante, esa posición posmoderna de la diversidad responde a la defensiva y no da armas suficientes para luchar contra las desigualdades reales, particularmente las de clase social, y frente a esa retórica esencialista.

En definitiva, ese feminismo posmoderno, bajo esa aparente transversalidad y ambigüedad sustantiva que relativiza la desigualdad social y de estatus, no integra todo lo diverso ni incluye a todo el mundo. Confunde identidad de género e identidad feminista, al infravalorar los procesos complejos y duraderos de identificación y prácticas relacionales. Relativiza la realidad material y relacional desigual de las propias mujeres, más allá de algunos rasgos culturales y sexuales. No incluye sus experiencias mayoritarias y los sujetos ‘externos’ a su acotada diversidad, solo las admite de forma subordinada bajo la elaboración elitista y controlada de un discurso articulador de las jerarquías y representaciones sociopolíticas. No es una buena referencia analítica ni ideológico-política para un feminismo crítico, transformador, igualitario y emancipador conectado con los amplios procesos identificadores feministas. En todo caso, es necesario un debate sereno, argumentado y constructivo.

@antonioantonUAM

[Antonio Antón es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de Identidades feministas y teoría crítica]

14/12/2020

Ramón Campderrich Bravo

No invocarás los crímenes del nazismo en vano

Uno de los expedientes más habituales con que buena parte de la derecha de este país justifica su oposición a la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados es el consistente en equipararla a las políticas nazis de 'eutanasia'. El objeto de la presente nota es denunciar semejante demagógica grosería intelectual, recordando una vez más la naturaleza de dichas políticas y su radical diferencia respecto a los contenidos del nuevo derecho a recibir ayuda para morir dadas ciertas condiciones, reconocido en la mencionada proposición de ley. No dudo que los lectores de mientras tanto saben perfectamente distinguir entre la 'eutanasia' nazi y la eutanasia regulada en la ley debatida en el Congreso de los Diputados, pero quizás este escrito les proporcione un material con el que mejor rebatir a algún que otro conocido despistado que se haya creído la calumniosa y bochornosa reductio ad Hitlerum esgrimida contra la proyectada eutanasia legal española. De este modo, les harán un favor: evitarles un espantoso ridículo. No se hará aquí, en cambio, ningún análisis crítico ni ninguna argumentación justificadora de esa proposición de ley. Sólo se pretende advertir que quien quiera criticarla debe buscarse razones atendibles en lugar de hacer grotescas comparaciones.

Comenzaré con un relato de los hechos constitutivos de la mal llamada 'eutanasia' nazi.

En el verano de 1939, en vísperas de la invasión de Polonia, que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial, Hitler encargó al jefe de la Cancillería del Führer —un organismo del estado-partido nazi equivalente a la secretaría personal de un jefe de estado—, Philipp Bouhler, y a uno de sus jefes médicos de confianza, el profesor Karl Brandt, organizar el asesinato de los enfermos mentales graves tenidos por incurables y los niños con malformaciones graves incapacitantes recluidos en centros psiquiátricos y orfanatos públicos y privados de todo el Reich (que, desde 1938, incluía también Austria y la región checa de los Sudetes).

Según el liderazgo nazi, el coste económico que representaba el mantenimiento y cuidado de enfermos y niños incapaces de trabajar y sin perspectivas de poder hacerlo en el futuro era insostenible para el Reich en el contexto de la inminente conflagración mundial por el dominio de Europa. Por otra parte, se consideraba que esas personas representaban, a pesar de su encierro, una amenaza biológica potencial para las futuras generaciones de alemanes y la opción de matarlos resultaba mucho más económica que la política practicada hasta entonces, la esterilización forzosa. Bouhler y Brandt calcularon que se debería asesinar, al menos, a entre setenta mil y ochenta mil residentes de las citadas instituciones. A este programa de asesinatos masivos se le denominó Aktion T-4, por la dirección del edificio desde el cual se iba a dirigir toda la operación (Tiergartenstrasse 4, Berlín). También el liderazgo nazi se refería a él muy a menudo con la denominación eufemística de 'eutanasia' (“buena muerte”, como es sabido), denominación no exenta del cruel sarcasmo al que eran muy dados los dirigentes nazis.

La operación se mantendría en secreto y al margen de la ley, pues según Hitler y sus acólitos la sociedad alemana no estaba aún preparada para aceptar el exterminio abierto y legal de seres humanos enfermos o deformes tenidos por incurables ordenado por el estado. Formalmente, pues, podría considerarse que la 'eutanasia' nazi era constitutiva de delito incluso desde la perspectiva de la legislación penal vigente en el Tercer Reich. En suma, la Aktion T-4 fue organizada y dirigida por la Cancillería del Führer con el beneplácito expreso de Hitler (existen pruebas documentales escritas de esto último). Contó con la colaboración de un numeroso grupo de médicos, en su mayoría del cuerpo médico de las SS, de algunos profesores universitarios de medicina y psiquiatría entusiastas de las doctrinas eugenésicas y de las autoridades sanitarias del Reich. Todos los individuos que participaron en la acción, lo hicieron voluntariamente (por razones ideológicas y para promover su carrera profesional).

La implementación de la Aktion T-4 se inició ya antes de la invasión de Polonia, al parecer en el mes de agosto de 1939, y sus primeras víctimas fueron niños mental o físicamente discapacitados. Estas primeras víctimas infantiles fueron asesinadas mediante inyección letal (por lo general, con Luminal o morfina-escalopamina). Pero enseguida la Aktion T-4 se amplió a los enfermos mentales graves adultos de los hospitales, sanatorios y otros centros psiquiátricos. En líneas generales el procedimiento era el siguiente: la organización de la Aktion T-4 enviaba con cualquier pretexto unos formularios debidamente camuflados mediante los cuales se recababa de las direcciones de los centros psiquiátricos información acerca del estado de los internos bajo su responsabilidad; una vez rellenados los formularios y reenviados a Berlín dentro del plazo estipulado, los médicos del programa de 'eutanasia' los leían y decidían quiénes debían vivir y quiénes morir (si estimaban que un interno debía ser asesinado se escribía el signo "+" en el lugar dispuesto al efecto; si se optaba por lo contrario, se escribía el signo "-"); si el centro psiquiátrico en cuestión se retrasaba en remitir los formularios o los médicos de la Aktion T-4 lo creían oportuno, visitaban el centro y realizaban ellos mismos la selección in situ; a continuación, tras identificar a sus víctimas mediante los formularios remitidos o las visitas presenciales, se las trasladaba a uno de los seis manicomios especiales del Reich designados para llevar a cabo la operación de exterminio, centros a los cuales se habían añadido cámaras de gas y hornos crematorios con este propósito. Las víctimas seleccionadas eran intoxicadas hasta la muerte con monóxido de carbono suministrado por el gigante de la industria química alemana IG Farben.

Para favorecer el ocultamiento de sus asesinatos y contener en la medida de lo posible los rumores que pudieran alertar a la población de la existencia del programa de 'eutanasia', los organizadores y cómplices de la Aktion T-4 solían dejar en paz a aquellos pacientes cuyos familiares los visitaban regularmente y por los cuales los parientes mostraban un activo y sostenido interés por su supervivencia. Sin embargo, esta precaución no evitó que la operación de aniquilación de enfermos acabase convirtiéndose en un secreto a voces. Las propias dimensiones de la operación y las incoherencias a la hora de notificar a los familiares la causa, el lugar o la fecha de las muertes evidenciaron que el régimen nazi estaba haciendo algo espantoso con los internos de los establecimientos psiquiátricos. Y aunque sólo un intrépido juez se atrevió a amenazar con abrir un proceso criminal (Lothar Kreyssig, destinado en Brandemburgo) y sólo una valerosa autoridad eclesiástica de relieve (el obispo católico de Münster, Clement August von Galen) osó denunciar en un sermón público en una iglesia la 'eutanasia' nazi como un repugnante asesinato, pues el terror nazi disuadía al más pintado de oponerse abiertamente a cualquier decisión del liderazgo nazi, Hitler decidió aplazar hasta después de la guerra, en algún momento del otoño de 1941, la continuación de la Aktion T-4 por juzgarla nociva para la moral de guerra alemana (las noticias sobre los asesinatos en masa de conciudadanos enfermos habían llegado también a los frentes de batalla).

Pero no se debería pensar que el aplazamiento o suspensión de la Aktion T-4 pusiera un fin efectivo a la política de asesinato de enfermos mentales y discapacitados durante la guerra. En realidad, se produjo más bien una redefinición de la ejecución de esta política. Por un lado, la organización central del programa de 'eutanasia' en Berlín, dependiente de la Cancillería del Führer, pervivió un tiempo más, hasta primavera de 1942, para encargarse a petición de Himmler del asesinato expeditivo en sus seis centros de exterminio disfrazados de manicomios de los enfermos incapaces de trabajar internos en los campos de concentración y exterminio de las SS (se trata de la llamada Operación 14f13). Cuando estos campos finalmente desarrollaron su propia infraestructura de gaseamiento y cremación en un grado suficiente para poder ocuparse de todos sus prisioneros sin necesitar ayuda externa, se desmanteló la oficina central de la Aktion T-4. Por otro lado, el creciente influjo de la ideología nazi sobre la medicina alemana, en general, y la psiquiatría germana, en particular, así como su receptividad a la idea de que en los hospitales psiquiátricos se malgastaban en seres improductivos los recursos cada vez más escasos con que contaba Alemania para proseguir la guerra, llevaron a las direcciones de los centros mentales a la práctica de políticas sistemáticas de maltrato y privación de bienes básicos que conducían indefectiblemente a la muerte de los pacientes. A lo cual se debe sumar la práctica de estas mismas políticas por parte de las direcciones de las prisiones respecto a los enfermos mentales poco productivos de los centros penitenciarios.

La descripción acabada de hacer de lo que en verdad fue la 'eutanasia' nazi deja meridianamente claro para todo aquel que se haya leído nuestra futura ley reguladora de la eutanasia lo disparatado de la equiparación entre una y otra, como no podría ser de otro modo. Hay que ser muy ignorante o tener muy mala fe para llamar nazi a la mencionada ley. Lo cual queda aún mucho más claro si sistematizamos sus contenidos y contraponemos sus respectivos principios rectores:

• Objetivos eugenésico-económicos versus motivaciones éticas liberales. La 'eutanasia' nazi se fundamentaba en la convicción de que los enfermos graves considerados incurables y los física o mentalmente discapacitados eran una carga económica injustificable, tanto para la sociedad como para el presupuesto público, unos seres improductivos que no contribuían en nada al bienestar del pueblo y lastraban sus posibilidades de desarrollo. A ello se agregaban las consabidas consideraciones eugenésico-racistas típicamente nazis, en virtud de las cuales esas personas constituían un auténtico problema de salud pública racial, al poner en peligro la pureza de la raza nórdica. En cambio, la futura ley española de eutanasia tiene su base en la autonomía individual —supuesto alfa y omega del liberalismo— y en la empatía o compasión hacia las personas que desean no sufrir más a causa de una enfermedad o un estado mental o físico insoportables para ellas e incurables o insuperables desde el punto de vista médico científico. No hay intención alguna de sacrificar la vida de la persona en aras de un supuesto bien colectivo superior, ya sea la nación, el pueblo, la ciencia o el bienestar de la familia.

• Coercitividad versus voluntariedad. Los nazis no pedían permiso o autorización alguna a sus víctimas a la hora de matarlas. Por eso, precisamente, se habla en este texto de asesinatos. Este es el punto esencial de toda la cuestión. La incorrectamente denominada eutanasia nazi es una política estatal en virtud de la cual el liderazgo de un régimen político decide por iniciativa propia matar premeditada, sistemática y despiadadamente a una entera categoría de personas contra su voluntad o sin contar para nada con ella (obviamente, pues estamos ante la comisión de asesinatos). Por el contrario, la proposición de ley de eutanasia discutida en España confiere a la persona un derecho subjetivo para recabar una prestación pública cuyo contenido es anticipar su muerte dadas una serie de condiciones relativas a la salud de esa persona médicamente evaluadas. La persona a la que se reconoce el derecho subjetivo de obtener la ayuda para morir puede ejercerlo o no ejercerlo: eso lo decide él, no el estado (ni sus familiares o sus representantes legales: este es un derecho que no se puede ejercer mediante representación). Justamente por ello, no cualquiera tiene reconocido el derecho subjetivo previsto en el texto de la proposición de ley de eutanasia. Los menores de edad y los legalmente incapacitados no lo tienen reconocido, ni tampoco aquellos respecto de los cuales el personal experto determine fundadamente que no están en condiciones de prestar un consentimiento válido. La iniciativa de solicitar la ayuda a morir ha de partir, naturalmente, del propio interesado, no de sus familiares o de los médicos (se establecen garantías para asegurarse de que la voluntad del interesado no está viciada por influencias indebidas). Y la proposición de ley exige, además, que el consentimiento sea reiterado (tres veces, de hecho, si no me equivoco, a lo largo de un cierto período de tiempo) y que la petición de ayuda a morir, tras un primer control del personal médico que atiende al paciente, reciba el visto bueno de un organismo creado ex profeso para el análisis de las solicitudes de eutanasia. Como es lógico, el paciente siempre puede revocar su consentimiento, hasta el último momento. En cuanto a los pacientes en estado vegetativo sin perspectivas razonables de recuperar su consciencia, se permite la eutanasia si antes de perder la consciencia, siendo entonces plenamente capaces para consentir, han manifestado su consentimiento en un 'testamento vital' válidamente emitido (o, al menos, así es como he interpretado yo el texto de la futura ley; me permito indicar que, tal vez, el legislador se debería haber expresado con mayor precisión en este punto: el texto de los artículos 5.2 y 6.4 contiene cierta vaguedad que debería corregirse, si es posible).

• Clandestinidad versus transparencia (para con el individuo) y legalidad. Ya se ha insistido lo suficiente en el carácter secreto y al margen de la ley del asesinato en masa medicalizado nazi de enfermos al describirlo anteriormente. Contra esta última alusión a la falta de legalidad de la 'eutanasia' nazi no cabe alegar, por cierto, la regla implícita existente en el derecho nazi de que la voluntad de Hitler era ley, puesto que el propio Hitler prefirió no dar cobertura legal a la Aktion T-4 por la razón ya señalada antes. Por consiguiente, el plan de 'eutanasia' nazi se ejecutó de manera clandestina y tratando de ocultar su existencia a la sociedad alemana. Sobre todo, se ocultó, no siempre con éxito, a las víctimas del plan lo que éste les tenía reservado hasta el instante mismo de la administración de la inyección letal o el gaseamiento (en una estratagema que los nazis repetirían en los campos de exterminio, se simuló que las cámaras de gas eran duchas). Se amenazó a algunos responsables recalcitrantes de hospitales psiquiátricos que se barruntaban la verdadera misión de los médicos de la Aktion T-4 con una temporada en un campo de concentración. En vivo contraste con la 'eutanasia' nazi, la eutanasia activa de nuestros tiempos, la prevista en la proposición de ley de regulación de la eutanasia, estará amparada en una ley aprobada por un parlamento elegido democráticamente y publicada en un diario oficial al cual todo el mundo podrá acceder si quiere, por lo que, a priori, no se ocultará a la sociedad, sino todo lo contrario. Lo decisivo es que la práctica de la eutanasia dependerá en el derecho español de una decisión informada y meditada de la persona que ejerce su derecho subjetivo a obtener la ayuda para morir. En el texto de la proposición de ley, se señala que esa persona debe recibir una información completa de su situación médica, del futuro desarrollo probable de la misma, de los cuidados paliativos existentes y de todo el proceso eutanásico que se seguirá si opta por ejercer el referido derecho subjetivo. Como ya se ha señalado, el consentimiento de la persona (en rigor: la petición o requerimiento de la persona) ha de reiterarse y el texto legal prevé, con la finalidad de forzar a la persona a que tome su decisión tras una reflexión seria sobre el asunto, que el médico, también reiteradamente, delibere con su paciente y no sólo se limite a comunicarle información de un modo comprensible para él o ella. Es importante resaltar una vez más que la iniciativa la tiene siempre el titular del derecho a la ayuda para morir, de tal modo que la información sobre el proceso eutanásico y la deliberación médico-paciente sólo tienen lugar tras una primera solicitud de este último. Y a los médicos que aborrezcan la práctica de la eutanasia no se les ofrece pasar una temporada en un campo de concentración, sino un derecho a la objeción de conciencia.

No sólo los principios rectores de la política 'eutanásica' nazi nada tienen que ver con los de la proposición de ley reguladora de la eutanasia en España. También sus respectivos alcances o ámbitos de aplicación personal, por decirlo de algún modo, difieren parcialmente. La eutanasia propuesta por los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno se restringe, por supuesto, a mayores de edad capaces de obrar, pues únicamente estos pueden consentir válidamente, salvo en los casos previstos en nuestro ordenamiento jurídico en que los menores e incapaces pueden prestar un consentimiento vinculante, entre los cuales no estará incluido, por descontado, el ejercicio del derecho subjetivo a obtener la prestación eutanásica. La 'eutanasia' nazi, en cambio, comprendía tanto a niños e incapaces como a adultos que no habían sido legalmente incapacitados.

¿Hace falta añadir algo más para mostrar que equiparar los preceptos de la proposición 'socialcomunista' de ley orgánica de regulación de la eutanasia a los crímenes 'eutanásicos' nazis es una aberración intelectual?

Para más información sobre la 'eutanasia' nazi: Probablemente, la monografía más completa sobre el tema sea el libro Die Belasteten, del autor alemán Götz Aly, historiador, por lo demás, bastante conservador (hay traducción española: Los que sobraban. Historia de la eutanasia social en la Alemania nazi, 1939-1945, Crítica, Barcelona, 2014).

21/12/2020

El extremista discreto

Carta del Lobo Feroz a los Magos de Oriente

Queridos Magos: este año he sido hasta demasiado bueno. No le he pegado ninguna dentellada a gente que mucho se lo merecía. Disculpad, por favor, mi debilidad.

Quisiera pediros que nos emanciparais del Estado, que nos manumitiérais. Me explicaré: nuestros disputados han aprobado una ley que llaman de eutanasia, pero que sigue dando por bueno que nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros sino al Estado. La ley únicamente permite que nos ayuden a morir si ya estamos desahuciados, pero a estos legisladores ni se les ha pasado por la cabeza que nuestra vida nos pertenece a nosotros, que somos nosotros quienes debemos disponer de ella por nuestra mera voluntad, por razones que sólo a nosotros, y a nadie más, han de parecernos válidas. El Estado sólo debería intervenir para garantizar que la ayuda médica que reclamemos para morir la reclamemos nosotros y nadie más: no para juzgar si quien solicita ayuda para morir está en sus cabales. Amigos Magos: traed un poco de sensatez a quienes nos gobiernan, aunque sean consciente o inconscientemente católicos.

También quisiera pediros algo no para mí, sino para esa policía levantina, creo que de Paterna, que intenta parecerse a la poli de Los Ángeles y es capaz de apalear a un inmigrante por serlo o por serlo a un indigente: traedles carbón. No hará falta mucho: para esos desvergonzados carasucias bastará con lignito o turba.

Tampoco es para mí un buen estropajo, sino para la Real Academia de la Lengua Española (sería mejor llamarla Castellana), pues ni limpia ni fija ni da esplendor: se emplea en aceptar sin más los barbarismos.

Mi siguiente petición es más difícil de cumplir, y no es para traer sino para vuestro viaje de vuelta: es para llevar. Llevaros la enorme cantidad de insolidaridad que tantísimos paisanos están mostrando en esta pandemia. Aquí los mass-mientes apuntan todo el día con el dedo a la gente solidaria, pero parece que los insolidarios e inconscientes son muchos, muchos más. Para muestra un botón: en un colegio mayor creo que alicantino —nada menos que en una residencia para señoritos estudiados— montaron un botellón, incumpliendo claramente las medidas de seguridad. Mi petición es que si cabe en vuestros sacos os llevéis la insolidaridad de este desdichado país de individualistas y ácratas de derechas, y la dejéis en algún almacén de residuos tóxicos.

También os agradecería me trajerais algunas noticias de China. Resulta que desde que acabaron allí con la pandemia China ha desaparecido de la prensa, la radio y la tele (salvo alguna noticia claramente inventada por la CIA), y yo quisiera saber simplemente cómo se lo han montado allí con un problema que en el resto del mundo no se acaba de arreglar sino que hasta parece que empeora.

También os pediría que os pasarais por Guantánamo e hicierais algo por la gente a la que torturan allí.

28/12/2020

De otras fuentes

Antonio Izquierdo Escribano

El Covid-19: la inmigración y la integración

La tesis del artículo

Desde hace medio siglo son malos tiempos para los inmigrantes, y probablemente, sean aún peores los que vendrán después de la pandemia. Esta enfermedad les inmoviliza y descapitaliza, y, según los primeros datos recabados por la OCDE, sus tasas de contagio y de mortalidad, superan a las de los autóctonos. Las enfermedades infecciosas, como demostró Mackeown, hacen más daño a los más vulnerables (OECD, 9-10-2020).

Lo cierto es que la pandemia agrava la precariedad laboral y, como consecuencia, repercute negativamente en el estatus legal de los foráneos. Como resultado de lo anterior, la integración de ellos y de sus hijos, es decir, su equiparación con los ciudadanos nativos, va a experimentar un claro retroceso. El impacto de la crisis provocada por el Covid-19 en el ámbito jurídico, laboral y cultural producirá más irregularidad, marginación y racismo. En definitiva, lo que se va a resentir, más profundamente, es la integración de los inmigrantes que ya están aquí.

Sin embargo, la quiebra de los flujos no será tan duradera. El caudal se debilitará mucho en los años inmediatos, pero, se recuperará antes de que lo hagan los indicadores de integración. Desde luego se dificultará, aún más, la entrada de los inmigrantes menos cualificados añadiendo más medios para el control. Lo cual va a encarecer los costes de la migración. Sin embargo, las personas que estén decididas a emigrar, - que son menos de las que cualquier europeo se imagina-, y dispongan de medios para emprender el viaje, no van a desistir por miedo al virus.

La tesis que se argumenta en este artículo es que el Covid-19 va a implicar sacrificios mayores para los inmigrantes establecidos, pero va a minar menos a los flujos. Los retornos no se espera que sean masivos y, tras un lapso de tiempo, la naturaleza de las entradas seguirá ahondando su desconexión respecto del crecimiento económico y diversificando los motivos que empujan al desarraigo. En definitiva, la crisis del Covid-19, va a pesar más, y durante más tiempo, en la integración de los inmigrantes que en la renuncia de los decididos a emigrar.

La pandemia de la inmovilidad geográfica y de la rebaja social

El capital de los migrantes es la movilidad, y, de ahí, que esta pandemia sea su ruina. Su principal riqueza reside en la valentía de enfrentarse a la vida en un país extraño con el fin de dar comienzo a otro ciclo de su existencia. Impedirles salir de dónde no hay para dirigirse hacia donde hay, es, una suerte de prisión. Los que emigran lo hacen porque allí donde viven no son libres de desarrollar sus capacidades. Un buen número de los que se desplazan están dispuestos, al menos en los primeros años, a sufrir el desclasamiento en el empleo y a empeorar la calidad de su vida social, pero todo eso, a cambio, de más libertad, seguridad y esperanza de vida.

Lo que puede salvar a los inmigrantes en esta pandemia es ser los primeros en engancharse a la recuperación cuando den los primeros pasos. Ser la mano de obra que levante los servicios aún tambaleantes y desempeñe los empleos más precarios. La condición para que ejerzan de “cobayas” en los inicios de la recuperación es que no se les discrimine de antemano apoyándose en una información errónea o en la cruda discriminación. Eso es lo que ocurre cuando no se les contrata porque se cree que compiten con los españoles no cualificados. Bien pudiera ser que ese inmigrante haya llegado recientemente y no sepa el idioma, y que el joven nativo sea promocionado por ese motivo a tareas de coordinación y de comunicación dentro de la misma rama de actividad. En otras palabras, los inmigrantes pueden aupar laboralmente a los nativos poco cualificados.

No disponemos, en el momento de redactar el artículo, de datos consolidados y desagregados respecto de los flujos exteriores ni tampoco sobre los desplazamientos intraeuropeos. Verosímilmente, unos y otros, se han hundido. El virus sigue estando muy presente. De modo que sólo cabe hacer hipótesis más o menos plausibles. Habrá que esperar aún un par de años para poder refutarlas, confirmarlas o matizarlas. El margen de error en esas predicciones va a depender de la situación en las comunidades de origen; del coste del viaje hacia la UE; y de las políticas de control en el acceso. Pero también de la calidad de los datos. Así que para hacer pronósticos sobre el futuro de la inmigración sólo podemos apoyarnos en los antecedentes [1].

Sabemos más de cómo está influyendo esta pandemia en la integración de los inmigrantes que están viviendo en los países de la UE. Y sobre la tendencia que observamos en las actitudes de los nativos respecto de la instalación de nuevos inmigrantes. También se dispone de datos sobre las políticas públicas emprendidas contra la discriminación y para evitar el racismo. Desde luego hemos acumulado más conocimiento sobre los resultados de las políticas de integración laboral, residencial, lingüística y cultural respecto de los inmigrantes que llevan años residiendo en los países europeos. También hay suficiente evidencia sobre el aumento de la irregularidad y el retroceso en materia de derechos [2].

La tendencia que se seguía, antes de la pandemia, era la de la reducción de los fondos públicos para la integración de los foráneos. Es previsible que, como consecuencia del Covid-19 y del incremento de gasto social en otras necesidades, se amplíe el recorte presupuestario en materia de integración de la población extranjera [3].

Dos preguntas de distinta naturaleza

Vamos a reflexionar alrededor de dos cuestiones. En primer lugar, nos preguntaremos quiénes son, previsiblemente, los que van a venir, y si coinciden con quiénes queremos que vengan. El otro interrogante indaga respecto del recibimiento que, probablemente, se les dispense. Así pues, una pregunta mira hacia los flujos, y la otra se fija en la integración.

La pregunta científica

¿Esta pandemia va a quebrar la estructura de las migraciones en la UE? Es decir, romperá con su naturaleza que es, eminentemente, de fuga, y no de encandilamiento. ¿El perfil de los decididos a emigrar será otro distinto? O, por el contrario, acelerará y agudizará las tendencias que se venían produciendo. En definitiva, se trata de una crisis que afecta al motivo del desplazamiento o, más bien, influye en la oportunidad del mismo.

Ocurre que, al contrario de lo que se suele creer, la razón que domina a la hora de emigrar, en los últimos tiempos, no es el laboral. A la mayoría de los que emprenden el viaje no les atrae las ofertas de empleo que se abren en los países europeos. O, al menos, esa atracción no les resulta tan irresistible en comparación con los riesgos que implica la emigración. La razón principal de su migración hacia Europa es la carencia de libertad, la inseguridad vital y la imposibilidad de poder desarrollar las capacidades en el país de origen. No es el hambre.

Este cambio de acento en los motivos para emigrar se concreta en dos tendencias. Una es el protagonismo que han adquirido la emigración familiar y la basada en razones humanitarias. Esas dos rúbricas copan, en los cinco últimos años, más del 50% del volumen de los flujos hacia los países desarrollados. La vía familiar sobresale en la migración hacia los EEUU de Norteamérica; y la causa del refugio lo ha hecho en la migración que recibe la UE. La segunda tendencia es el reclamo de inmigrantes muy cualificados (y la demonización del no cualificado) con la esperanza de que nos conduzcan a otro período de crecimiento. Esto es lo que significa forzar la naturaleza de las migraciones, a saber: atraer a los que no necesitan desplazarse e impedir que entren los que huyen de los desastres.

La pregunta política

El intento de forzar las tradiciones migratorias se apoya en la segmentación de la estructura social en los países de la UE. La destrucción, primero, de la clase obrera industrial, y, después, de la clase media servicial, producen una airada reacción antiinmigrante. Y surgen partidos políticos que canalizan la ira contra el forastero pobre. La estructura económica también se ha transformado, pero continúa demandando mano de obra para trabajos poco cualificados. Así que la gestión capitalista de las migraciones habría de contemplar las conveniencias coyunturales y las necesidades en un plazo más largo. Sin embargo, las elecciones se mueven entre los espasmos sociales y escándalos políticos, y, es de todo punto evidente, que no hay lugar para pensar más allá de la refriega instantánea.

Los miedos que atribulan ahora a un espectro cada vez más amplio de trabajadores y familias en los países de destino se resumen en la siguiente pregunta: ¿Acudirán todos los parias africanos a disfrutar del bienestar europeo? La respuesta que podemos dar es que no serán los pobres que genere esta pandemia los que vayan a emigrar. No emigrará la mayoría de los arrojados a la exclusión en los países ricos, ni tampoco los desheredados del resto del mundo. No querrán hacerlo ni, previsiblemente, podrán hacerlo. La mayoría carece de medios, de información y, además, teme al fracaso y al riesgo. Dejemos sentado desde ahora que no emigran todos aquellos que pueden hacerlo, sino, únicamente, una parte de aquellos que lo desean con fuerza. Son muchos más los que no quieren dejar su comunidad que los que no pueden hacerlo.

Sin duda el vocabulario que se ha instalado en los medios (avalancha, invasión, oleadas) dan forma a las inquietudes de las atemorizadas clases “medias” europeas y a la desesperación de los empobrecidos obreros manuales. A los primeros les inquieta que los “venideros” les disputen la atención sanitaria y la plaza en el colegio al que acuden sus hijos. Y si, por ese motivo, aumentará aún más el deterioro de la sanidad y de la educación. A los segundos, les agobia el avance de la precariedad laboral. Hace décadas que las clases proletarias de Francia, Inglaterra o Italia se manifiestan al respecto. En definitiva, los partidos clásicos temen la revuelta electoral de los ocupados que entonces, no tenían miedo a la presencia inmigrante, y que, ahora, ante la experiencia de su descenso social, se revuelven contra los foráneos.

Del final del crecimiento (1973) y la independencia relativa de las migraciones respecto de la evolución de la economía

Los datos anuales de las migraciones internacionales han de tomarse con suma prudencia. Un análisis equilibrado requiere contemplar la evolución durante un período de tiempo más prolongado. Una década, sin crisis podría valer, pero vivimos un decenio catastrófico. Las graves consecuencias que, en materia de desigualdad, tuvo la recesión de 2008-13, aún colean. Y no hemos levantado la cabeza cuando aparece súbitamente una pandemia global que nos precipita en la miseria política y la depresión económica. Nos comportamos como el homo clausus de Norbert Elias o como gregarios insensatos. Pensar las migraciones en las actuales circunstancias exige echar la vista más atrás.

Los flujos migratorios que tuvieron lugar en la época dorada del crecimiento (1945-73) estuvieron protagonizados por mano de obra, principalmente europea, que fu reclutada para la reconstrucción de las economías industrializadas [4]. En ese contexto de fuerte aumento del empleo se produjo una intensa movilidad en la que los retornos y las reemigraciones fueron frecuentes y masivos. He aquí dos ejemplos que evidencian aquella fluidez de movimientos: el 66% de los trabajadores invitados en Alemania retornaron a sus países de origen entre 1961-76 y, por otra parte, la libre circulación de los argelinos se tradujo en 740.000 entradas y 561.000 salidas entre 1947 y 1953 (Sopemi, 2009).

En otras palabras, los países de la Europa meridional y del Este abastecían de mano de obra a los de la Europa occidental. Eran los años en los que los turcos, griegos, españoles, portugueses, italianos, polacos o yugoslavos se dirigían, entre otros países, hacia Alemania, Francia, Suiza, Reino Unido o Bélgica. Esos tiempos han quedado inmortalizados en el libro titulado Un séptimo hombre. Una obra extraordinaria, ilustrada con fotografías de Jean Mohr y texto de John Berger, en la que resulta claro que “el sistema económico ya no puede seguir existiendo sin la mano de obra inmigrante”. En resumen, durante los treinta gloriosos dominaron los flujos laborales europeos con una alta movilidad [5].

A partir del crack de 1973 se aplican políticas restrictivas para las migraciones laborales. Sin embargo, las migraciones continúan, pero cambiando su procedencia y naturaleza. Se inicia un período en el que dominan las migraciones familiares, extracomunitarias, y por razones de refugio. De modo que hasta finales del siglo XX la inmigración ha estado liderada por las corrientes no discrecionales, es decir, las sostenidas por los derechos humanos. La excepción laboral durante estas dos décadas fue la del mercado laboral suizo que aceptaba mano de obra; y la migración étnica que, desde finales de los 80, protagonizaron tres millones de “descendientes” que ingresaron en Alemania. En el último cuarto del siglo XX destacan las migraciones que son relativamente “independientes” de la dinámica económica.

Las migraciones laborales han desempeñado, sin embargo, un papel importante desde 1995 hasta 2007. Y lo han hecho en dos direcciones opuestas. Por un lado, la masiva inmigración de mano de obra (que se ocupa en empleos poco cualificados) hacia los países de la Europa meridional, así como el impacto migratorio que ha tenido la ampliación de la UE. Una parte de la corriente inmigratoria que recibió la Europa del Sur y también de la que procedía de la ampliación comunitaria engrosaron la inmigración en situación irregular. La otra dirección que ha tomado la demanda laboral ha sido la decidida apertura a los inmigrantes altamente cualificados.

Se han tomado medidas para atraer a profesionales muy cualificados que se cree que serán capaces de impulsar otro ciclo de crecimiento rápido y sostenido en las economías avanzadas. En cambio, se considera que los inmigrantes poco cualificados son los que generan un amplio rechazo social por su (mal calculado) impacto entre los no cualificados nativos y, sobre todo, debido al escaso éxito en la integración de ellos y de sus hijos. El análisis que ofrecen Banerjee y Duflo matiza su repercusión (en el caso de los no cualificados) y cuestiona (cuando analiza el impacto de los cualificados) las creencias más extendidas. Por otro lado, estando acreditado que los menos formados padecen durante mucho tiempo la precariedad laboral, así como el aislamiento social y residencial; el encaje laboral de los excelentes tampoco está a salvo de contrariedades y obstáculos a su llegada, tales como la de la homologación de sus titulaciones o la no disponibilidad de un empleo que se adecue a su especialización.

La desconexión: el auge de las migraciones comprometidas frente a las discrecionales

Las tendencias registradas en las últimas décadas confirman la tendencia hacia la desconexión y evidencian el predominio de las corrientes no discrecionales respecto de aquellos flujos que se pueden controlar sin cortapisas. En otras palabras, las migraciones sostenidas en los derechos, como ya se ha apuntado, han prevalecido sobre las corrientes estrictamente laborales. Esa evidencia empírica demuestra la insuficiencia de la explicación que se basa en la ley de la oferta y la demanda y la necesidad de echar mano de enfoques socioculturales y de argumentos políticos para comprender el grueso de los actuales movimientos migratorios. La perspectiva de las redes de afectos y de paisanaje o el de la acumulación de motivos que empujan a las gentes (de modo individual o colectivo) a salir de lo conocido y aventurarse hacia lo desconocido nos aconseja pensar en los fundamentos sociales del hecho migratorio.

Con los mejores datos en la mano se puede comprobar que el grueso de los flujos ha estado protagonizado por las migraciones familiares para la permanencia. Empezando por el reagrupamiento de los familiares (35%) que se quedaron a vivir en el país de origen; y siguiendo por el trabajador permanente que entra ya acompañado por su familia (6%). El otro flujo significativo es el debido a razones humanitarias. Entre un 16 y un 11 por ciento de las entradas han estado a cargo de los refugiados que piden protección (OCDE, 2019).

Concretamente, en el sexenio que transcurre entre el final de la última crisis financiera y la irrupción de la Pandemia, alrededor del 55% de los flujos los protagonizan inmigrantes cuya acogida es obligada. Se trata de acogidas enmarcadas en los convenios de derechos humanos y los compromisos internacionales, en particular, del derecho a vivir en familia, y del deber de acoger a los perseguidos. El resto de las entradas en los países de la UE están vinculadas a corrientes discrecionales, es decir, sometidas a la voluntad y conveniencia de los estados miembros del club comunitario. Nos referimos a los desplazamientos de trabajadores temporales, a los flujos de estudiantes y a los movimientos de personas destinadas por sus empresas a otros países de la UE en el cuadro de la libre circulación.

El panorama pre-Covid

En los tres años previos a la crisis del Covid-19 aumentaron las migraciones permanentes, disminuyeron las humanitarias, pero, sobre todo, crecieron las migraciones temporales para desempeñar un trabajo y las entradas de estudiantes universitarios. Es decir, tras el crack económico y financiero se ha vuelto a autorizar la entrada de inmigrantes para trabajar temporalmente en la construcción, la agricultura, manufacturas y transporte de mercancías. Y también se impulsa la incorporación de los trabajadores altamente cualificados (ingenieros informáticos, médicos y enfermeros) así como de aquellos profesionales y cuadros que son enviados por las empresas multinacionales. Ciertamente durante estos años se produjeron algunos avances en la integración laboral de los inmigrantes, aunque fueron desiguales y de menor calado. La integración es un proceso más complejo, lento y multifacético que la incorporación al mercado de trabajo.

La inclusión en el mercado laboral de los inmigrantes que han entrado en los últimos cinco años, aunque sea en condiciones laborales de mayor precariedad (temporalidad, desempleo, trabajo involuntario a tiempo parcial) que los nativos, se ha visto beneficiada por la reactivación económica que siguió a la recesión de 2008-2014. Pero sus desventajas en cuánto al dominio del idioma, los derechos adquiridos, la calidad de sus viviendas y el menor poder de sus contactos, son un lastre demasiado pesado para ser neutralizado en un sólo lustro. Antes de la pandemia sus tasas de pobreza superan el 30%, el hacinamiento dobla el de los autóctonos y la brecha digital está asociada a su vulnerabilidad. A todo ello se une su concentración en sectores productivos intensivos en mano de obra y, en las crisis, muy expuestos a la destrucción de empleo.

El escenario quedaría incompleto si a ese catálogo de desigualdades no se añade el creciente rechazo de las opiniones públicas. Los primeros en reaccionar fueron los trabajadores menos cualificados, a los que ahora se suman crecientes franjas de las clases medias dañadas, primero, por la crisis financiera, y, ahora, por la pandemia. La evidencia de que los inmigrantes menos y más cualificados (jornaleros agrícolas, repartidores, médicos y enfermeros) estuvieron trabajando durante el confinamiento recogiendo las cosechas, transportando los alimentos y cuidando a los enfermos no ha sido capaz de neutralizar el rechazo.

El panorama que se acaba de describir abunda en la diferente naturaleza de los flujos, en las inercias de su acumulación y en su relativo desapego respecto del crecimiento económico. La hipótesis que aquí se sostiene es que con la pandemia se desplomarán los flujos, pero aún será mayor su incidencia en la integración de los refugiados, de los trabajadores temporales, de los inmigrantes permanentes con menos años de residencia y de las familias. En otras palabras, los flujos no discrecionales y, por tanto, en cierta medida “desconectados” del fluir económico se recuperarán antes de lo que lo hará la inclusión social. La inmovilidad impuesta por el Covid-19 va a producir, con toda probabilidad, un aumento de la irregularidad documental entre los trabajadores más recientes, los refugiados y los estudiantes.

Regularizar sin presumir

El Covid-19 ha cerrado las fronteras de los países y ha encerrado en sus domicilios a los ciudadanos. Sin embargo, hay diferencias notables entre ellos. Las familias y personas acomodadas han podido confinarse durante más tiempo y en mejores condiciones que los “no ciudadanos” y los más vulnerables. Los no ciudadanos, es decir, los inmigrantes no comunitarios, se cuentan también entre los más expuestos a la enfermedad porque son los que menos tiempo pueden resistir confinados (Izquierdo, 2020). Durante la pandemia ellos han recogido las cosechas, repartido las compras, limpiado y cuidado en los hogares, en definitiva, han trabajado en el mantenimiento de servicios básicos.

El resultado de maniatar la movilidad y la imposibilidad de traspasar las fronteras ha supuesto que los retornos a los países de origen no se hayan producido y, por lo tanto, los inmigrantes recientes y los trabajadores con una autorización temporal se han quedado en los lugares de destino más allá de lo que autorizaba el permiso oficial. En tales circunstancias es muy probable que aumente la irregularidad, así como la exclusión laboral y social. En particular entre los inmigrantes que llevan menos tiempo y que no tienen acceso a las ayudas sociales, seguros de desempleo u otras medidas públicas que han tratado de paliar la pérdida de ingresos para sobrevivir. Las organizaciones civiles solidarias han sido el soporte más efectivo para la población inmigrante que ha caído en la pobreza y en la indocumentación.

En este escenario de vulnerabilidad es en el que aparece la reclamación de regularizaciones de inmigrantes sobre todo en aquellos países cuyo mercado de trabajo (como ocurre en España) se ha visto más golpeado por la pandemia. Dos naciones del sur de Europa (Italia y Portugal) han puesto en práctica esta medida, aunque con un diseño distinto.

La regularización en Italia ha sido más canónica que la de Portugal. Las estimaciones más bajas hablaban de 200.000 irregulares, pero han acudido poco más de 30.000 solicitantes. Los requisitos para regularizarse incluían un compromiso del empleador de completar las cotizaciones e implicaba un gasto de unos 400 euros. Ha sido una regularización publicitada (y acotada a ciertos sectores productivos) que, por eso mismo, se enfrentaba a las reticencias de la opinión pública. El compromiso del empleador y los gastos a los que tenía que hacer frente, ayudan a explicar el magro resultado.

Por el contrario, la “regularización portuguesa” no ha sido tal o al menos no ha transitado por las vías canónicas. Ha sido más flexible y discreta. En realidad, se ha tratado de una prolongación de los permisos de residencia y trabajo para sostener la legalidad de los inmigrantes y permitirles acceder a los servicios sanitarios. Se ha tratado, ante todo, de garantizar la salud de los inmigrantes indocumentados y, con ello, de reducir el impacto de la pandemia en el conjunto de la población.

Hay argumentos a favor y en contra de las legalizaciones masivas y también experiencias de las que se pueden extraer provechosas enseñanzas.

El primero de los argumentos que rechazan las legalizaciones masivas es que la amnistía premia e indulta a los que transgreden las leyes. Esta objeción menosprecia las limitaciones legales, y la inadecuación de la política migratoria, para que los inmigrantes menos calificados puedan acceder a un empleo en condiciones legales. En realidad, la mayoría de los regularizados, a tenor de los datos obtenidos en el estudio comparado de las regularizaciones, han entrado legalmente con visados de turistas, han encontrado empleo y han prolongado su residencia más allá de lo estipulado en la visa inicial.

Una segunda objeción afirma que las regularizaciones atraen a nuevos inmigrantes de modo que el contador de irregulares sigue en el mismo punto que antes de la legalización. Las enseñanzas extraídas de las encuestas levantadas con motivo de las regularizaciones en EEUU, Italia o España, muestran que esa medida pesa poco en la decisión de emigrar. Afecta, más bien, al calendario de los que ya estaban resueltos a marchar, es decir, les apremia a hacerlo.

Además, no hay un solo procedimiento de regularización, ni un solo modo de afrontar el aumento de la inmigración en situación irregular. Frente a las regularizaciones masivas, están las practicadas caso por caso que se realizan con más discreción. Pueden ir dirigidas hacia los sectores deficitarios en mano de obra o a aquellos con necesidades más estratégicas. La clave del éxito reside en los criterios para quedar incluido en la operación, y, desde luego, en la verificación de los datos que deben reunir los candidatos. También se puede enfocar la regularización hacia los solicitantes de asilo que han sido rechazados y se han quedado en el país. E incluso disponer de un procedimiento permanente de regularizaciones “merecidas” para los inmigrantes que dominan el idioma y desempeñan un trabajo, aunque el empleador no lo haya declarado.

En realidad, el volumen de inmigrantes en situación irregular se debe a varios factores tales como: la insuficiencia de las vías para la contratación legal; la presencia de una “cultura de la informalidad” en determinados sectores del empresariado; la falta de experiencia y de implicación de los agentes privados para la contratación en origen de los trabajadores extranjeros; la sensación de impunidad debida a la insuficiencia de las inspecciones laborales con el fin de controlar las condiciones de trabajo; y, por último está la prueba de que eludir la legalidad conlleva, en el peor de los supuestos, una penalización menor que el coste de observar escrupulosamente la legalidad.

Integración: la tarea más importante

Si la tasa de paro de los inmigrantes es mayor que la de los nativos. Si también su vivienda en alquiler está en peores condiciones de habitabilidad. Y si, por fin, sus hijos no obtienen unos resultados escolares equivalentes a los de los autóctonos, entonces, es que la integración social de los inmigrantes y de sus familiares es insatisfactoria. Si a eso añadimos que después de una década de vida en el país de destino no dominan bien el idioma, ni participan en asociaciones cívicas, ni votan en las elecciones políticas, entonces, podemos concluir que la integración en la ciudadanía tampoco se ha producido. Si, por fin, comprobamos que, durante la pandemia, los inmigrantes jubilados se han visto más afectados por la enfermedad debido a limitaciones lingüísticas, a falta de información, de recursos materiales y de habilidades informáticas y han experimentado serias dificultades para el acceso a los servicios sanitarios, entonces, tenemos que pensar que la integración ha fracasado.

Ha quedado claro que no podemos prever el tiempo que van a tardar algunos flujos en reactivarse. No sólo por carecer de precedentes equiparables, sino porque son varios los países de la UE que no miden los flujos de manera fiable y desagregada. Sin embargo, adelantarse a lo que está por venir, es una de las claves de una integración exitosa. La anticipación del caudal, pero sobre todo de la composición y de la naturaleza de la inmigración. En efecto, la capacidad de prevenir nos ayuda a disponer de los medios humanos y materiales que, presumiblemente, serán necesarios para no verse desbordados en la acogida. Pero lo más importante es que una intervención precoz influye sobremanera en el curso que va a seguir la integración (OCDE, 1-1 2020).

Hasta la fecha de los flujos sólo hay indicios e hipótesis. En cambio, son muchas las certezas respecto de los inmigrantes que viven en los países europeos desde hace años. Sabemos, para empezar, que cada año que pasa son más numerosos. En efecto, el censo de personas nacidas fuera de la UE no ha hecho más que crecer en las últimas décadas. Y esa es la población foránea sobre la que se aplican las políticas de integración. Son personas asentadas y familias que han decidido echar raíces. Además, conocemos con bastante exactitud y perspectiva cuál ha sido la evolución de la integración social y política de los inmigrantes y de sus hijos. Es decir, cuál ha sido el resultado de las acciones públicas emprendidas con el objetivo de reducir las desigualdades y de convertirlos en ciudadanos de pleno derecho en las sociedades receptoras.

No sólo sabemos que ha aumentado su número, sino también que proceden de un abanico más amplio de países. Es decir, que son más diversos étnica y culturalmente. Y conocemos algo más importante desde el punto de vista de la igualdad, a saber: que una gran cantidad de los más recientes, de aquellos que han llegado huidos, tienen menos recursos educativos y son más frágiles física y mentalmente. Por lo cual se encuentran en desventaja desde el comienzo del proceso de integración. Sabemos, también, que los descendientes de los migrantes son más numerosos. Y disponemos de abundantes estudios que prueban que estos descendientes siguen estando en desventaja respecto de sus pares nativos debido a su crianza en hogares pobres y marginados. Es decir, las cargas que pesan en su desarrollo son una herencia familiar. La exclusión social se transmite de una generación migratoria a la siguiente como rigurosamente han demostrado Telles y Ortiz. Y las políticas de igualdad no han sido capaces de neutralizar este hándicap.

En resumen, la integración social de los inmigrantes más vulnerables ha resultado fallida, tanto en lo que respecta a los mayores como en lo que se refiere sus descendientes. A eso se añade, en esta década de crisis, que las opiniones públicas de los países que los han acogido vuelcan sobre los foráneos sus frustraciones laborales y culturales (aunque tengan otra raíz) y presionan para que se reduzcan los gastos en la integración. Pero es ahora, en medio de la pandemia provocada por el Covid-19, cuándo más importancia adquiere esta inversión a largo plazo. El error está en creer que desenganchar a una parte de la sociedad no repercute en el resto.

Invertir en formación y comprometer a los ciudadanos más despiertos

Otro hecho comprobado es que las migraciones van cambiando a lo largo de la historia tanto en sus motivaciones como en su perfil social. El notorio fracaso cosechado en la integración de las generaciones “invitadas” para la recuperación en los treinta gloriosos, no tiene necesariamente que repetirse en las generaciones más recientes, incluidas las huidas por razones humanitarias. Si se analiza con cuidado todo lo hecho, se puede aprender de los errores que se han cometido. Vamos a reflexionar, para no tropezar en la misma piedra, acerca de los fundamentos tradicionales y las inquietudes actuales al respecto de la integración [6].

Los tres pilares básicos de la integración han sido el desempeño en el mercado trabajo, el dominio del idioma y la educación de los descendientes. En lo que respecta al desarrollo en el trabajo hay tres frentes que atender: el desclasamiento, la formación continua y el reconocimiento de las competencias profesionales. En otras palabras, se trata de reducir la desviación entre la titulación del inmigrante y el empleo ocupado. Para ello hay que verificar cuál es la formación reglada del inmigrante y no presuponer que sólo es apto para ocupar un empleo descualificado. Ignorar la instrucción formal o desvalorizarla por haberse alcanzado en otro país no sólo es una pésima decisión económica, es, sobre todo, una discriminación basada en un punible prejuicio cultural.

Sucede, como antes se ha apuntado, que las últimas inmigraciones masivas que ha recibido la UE han estado integradas por huidos de las catástrofes bélicas, de enquistadas violencias étnicas o religiosas, y de frecuentes desastres ambientales. El caso es que estos huidos llegan con escasos títulos educativos y un gran desconocimiento del idioma. Ante estos flujos humanitarios caben, en esencia, dos posiciones. La primera es la de, una vez cubierto un mínimo de acogida, abandonarlos a su suerte y que se busquen la vida. Esta vía conduce con frecuencia a la irregularidad. La segunda opción, la que ha tomado Alemania, es la de considerarlos una población en la que hay que invertir recursos para su formación lingüística con el fin de aumentar y acelerar su inserción en el mercado de trabajo. Esta opción lleva aparejada el reconocimiento de sus competencias, así como de su experiencia laboral real, aunque no dispongan de una titulación formal que lo acredite.

De modo que para achicar el espacio de la descualificación y conectar la titulación (o la experiencia) del migrante con los cambios del mercado de trabajo es preciso invertir en el aprendizaje del idioma y en la formación continua. Por lo general, los foráneos, y más los recién llegados, tienen más necesidad de formarse que los nativos debido a que arrancan desde una posición más frágil y se enfrentan a más obstáculos en su promoción laboral. Sucede, como ya se ha dicho, que los empresarios desconfían de la calidad y contenidos de sus titulaciones obtenidas allende el país de acogida. Dos buenas iniciativas al respecto son la comprometer a las empresas en la evaluación y la comprobación práctica de las destrezas profesionales; y la de implicar a los inmigrantes más exitosos en la formación de los más recientes. En resumen, para vencer la desconfianza en las cualificaciones, y evitar en lo posible el desclasamiento, conviene invertir en formación de los inmigrantes recientes e implicar a la sociedad civil.

Y respecto a los que están decididos a emigrar es menester anticiparse proporcionándoles buena información sobre las ofertas de empleo y las condiciones de las mismas. Así como vincular la empresa, el puesto de trabajo y las competencias del candidato. En resumen, hay que diseñar una estrategia de información y de coordinación entre los agentes del mercado de trabajo en el país de destino y los decididos a emigrar en el país de origen.

Consideraciones sobre la inmigración en España

En la comparación con los países más desarrollados de la UE, España ha llegado con retraso a la transición migratoria. Hasta el final de los treinta gloriosos fue un país de emigración con un saldo migratorio negativo. A mediados de los ochenta se inició el necesario viraje político y psicológico para adecuarse a la inversión migratoria. La última década del siglo XX estuvo dedicada a realizar probaturas y a dar algunos traspiés en la gestión de las migraciones. Por fin, el primer decenio del siglo XXI nos despertó súbitamente a la inmigración “inesperada” convirtiéndonos en el segundo país de destino del mundo desarrollado.

Durante la década de los noventa se probaron (y mezclaron) las regularizaciones y los cupos anuales de trabajadores inmigrantes. Las cuotas estaban destinadas a encauzar las necesidades de mano de obra y las legalizaciones masivas eran una medida reparadora del desajuste entre la ocupación de los inmigrantes y su indocumentación. Las regularizaciones sirven para zurcir los agujeros de la política migratoria. En paralelo a los traspiés en el ámbito de la gestión, se demostró la falta de adecuación entre la Ley de extranjería, el reglamento para su aplicación, y la realidad migratoria.

En resumidas cuentas, en nuestro debe como país de inmigración está el hecho de la bisoñez. Es cierto que apenas sumamos tres décadas de experiencia como espacio fronterizo, país de paso y, al tiempo, de permanencia y arraigo. En cambio, en nuestro haber está el hecho de disponer de una intensa y dilatada experiencia anímica como sociedad emigrante. La cuestión ahora es determinar qué va a prevalecer en la orientación de la política migratoria, si la pertenencia al club de los ricos o la memoria del desarraigo.

Aumento de la movilidad e indicios de desconexión

A lo largo de los últimos treinta años hemos comprobado que las corrientes de inmigración reaccionan, sobre todo, al clima económico, pero también a la cercanía geográfica y cultural, a los vínculos históricos y a las decisiones políticas. Los flujos no responden a una sola causa ni son monocromáticos. Mandan las circunstancias que empujan a emigrar en el origen y no el encandilamiento que despierta España como un destino ansiado.

Fue una circunstancia política la que estimuló a venir a los rumanos, y otra, de carácter distinto, la que ha empujado a emigrar a los venezolanos en los últimos cinco años. Una mayoría de la migración latinoamericana ha respondido a los cambios de gobierno y a las consecuencias de las políticas económicas adoptadas en los países de origen. Los vínculos históricos y culturales ayudan a comprender otra parte de los flujos que recibimos. No hay un solo motivo que dé cuenta de la afluencia de europeos de países más y menos desarrollados para venir a trabajar y a vivir.

Lo cierto es que la inmigración hacia España ha transitado, en los treinta últimos años, entre el dominio de la corriente marroquí, la intensa latinoamericanización que tuvo lugar durante el primer lustro del siglo XXI, y la cuantiosa inmigración rumana en la segunda mitad de esa misma década. La gran recesión económica produjo una fuga migratoria, pero, a partir de 2014, los flujos latinoamericanos han vuelto a dominar la escena hasta el crack de la pandemia. Las redes de contactos siguen regulando una parte de los flujos extracomunitarios y la inmigración en frágiles embarcaciones no se detiene.

Durante los años más duros de la recesión económica (2010-2014) el saldo migratorio con el exterior fue negativo, aunque nunca dejaron de llegar cientos de miles de inmigrantes. Las llegadas superaron las 300 anuales y las salidas alcanzaron, también como promedio, las 380.000. De modo que, durante la crisis financiera y laboral, la emigración superó a la inmigración. A partir de 2014, el saldo migratorio anual de España con el exterior ha vuelto a ser crecientemente positivo. En efecto, en el año pre-Covid, hubo más de 700.000 llegadas y 300.000 salidas de modo que el saldo positivo superó los 400.000 inmigrantes. El resumen de la última década nos deja un intenso tráfico de entradas y salidas que vienen a confirmar que somos un país de inmigración y también de cruce (CES, 2019).

En otro orden de cosas, la reagrupación de familiares durante esta década y el brusco aumento de la inmigración de perseguidos que se ha registrado en los tres últimos años (118.000 solicitantes de asilo sólo en 2019) refuerzan la hipótesis de la relativa desconexión entre la marcha de la economía y los flujos internacionales que recibimos. España ha sido (por este orden) un país de inmigración laboral, de instalación de familias y ahora de huidos. Todo eso cuanto se podía circular con algunas cortapisas, pero la pandemia ha cortado en seco la movilidad. Así que los flujos han caído a plomo y, como consecuencia de la imposibilidad de salir es previsible que aumente el stock de inmigrantes extranjeros y la irregularidad (Garzón y Fernández, 2020).

País de instalación, pero de integración frágil

En 2019 la población de España creció, exclusivamente, debido a la instalación de extranjeros. El saldo “natural” (nacimientos menos defunciones) fue negativo (- 57.000 personas), pero el saldo “social” con el exterior (inmigrantes menos emigrantes) fue altamente positivo (+ 444.000 personas extranjeras). El resultado es que aumenta el número de habitantes debido a la inmigración. Ese hecho es independiente de que se sea (o no) partidario del aumento de la población (INE, junio de 2020).

En números redondos el censo de empadronados extranjeros ronda los 4,7 millones, y el de inmigrantes supera los 6,5 millones. Por tanto, hay 2 millones de inmigrantes que ya han obtenido la nacionalidad española. Lo cierto es que, sea cual fuere la fuente estadística que utilicemos, entre el 11% y el 14% de la población de España tiene otras raíces. A su crecimiento anual se suma que sus orígenes son, cada año, más diversos. Estos dos datos, el aumento de la cantidad y su creciente heterogeneidad cultural avalan la necesidad de evaluar, revisar y reforzar las políticas de integración.

Otras tres tendencias de fondo sostienen nuestra recomendación. La primera es que se amplía el abanico de motivos para venir a España. Como se ha repetido, las entradas laboralmente motivadas ya no lo explican todo, y ni siquiera son las más numerosas. Las residencias de larga duración, los flujos de reagrupación familiar y las llegadas por razones humanitarias han reducido el peso de los flujos directamente laborales. El segundo anclaje empírico que refuerza la importancia de la política de integración es que el 85% de los extranjeros no comunitarios dispone ya de una autorización de residencia permanente. Es decir, que demuestra la voluntad de quedarse. Y, la tercera tendencia para impulsar la inclusión sociopolítica es que el stock de la población naturalizada va en continuo aumento. En resumen, motivos más variados para venir a España y un peso incontestable y creciente de la permanencia y de la nacionalización.

La composición de la población es favorable a la integración dado el predominio europeo y latinoamericano. Esa distribución aceleraría la tasa de absorción de Collier. Por un lado, está la mejora jurídica que se deriva de la condición de comunitario y, por el otro lado, el dominio del idioma y la fácil naturalización que beneficia a los hispanoamericanos. Sin embargo, los frágiles fundamentos de la economía y del mercado de trabajo español, así como la superficialidad del discurso público lastran nuestra capacidad de integración. Es muy conocido que la pandemia ha cercenado las actividades de servicios y de ocupaciones no cualificadas en las que se emplea la mayoría de los trabajadores inmigrantes. No es necesario detenerse en ello. En cambio, el otro cabo de la ecuación integradora, es decir, la ligereza del discurso público sobre los inmigrantes resulta menos analizado.

Un país de encrucijada migratoria

La superficialidad del discurso público al respecto de la inmigración se deriva del hecho de vivir en una doble condición. Por un lado, somos una puerta de entrada para acceder al selecto club europeo, pero, al mismo tiempo, como sociedad, seguimos experimentando la emigración. La conciencia de las elites políticas se ha mostrado incapaz de integrar esa doble condición, y mucho menos de articular una explicación hegemónica al respecto de la integración de los extracomunitarios.

En efecto, por un lado, la sociedad española no solo tiene memoria, sino vive en un presente de emigración. Durante el período de recesión que se inició en 2008, la salida de españoles (de nacimiento o naturalizados) fue un hecho muy publicitado. De esa experiencia también se deriva el escaso rechazo explícito de los nativos hacia los inmigrantes. La actitud comprensiva hacia los foráneos era aún más encomiable en el contexto de un mercado laboral altamente precario. En resumen, sobre unos fundamentos materiales frágiles se ha alzado una conciencia social empática. De hecho, hasta la irrupción de Vox en las elecciones andaluzas de 2018, no se ha configurado de un modo airado y potente el racismo político.

En el otro platillo de la balanza ha pesado la presión europea y los recursos que se han arbitrado para ejercer el papel de guardián de la frontera. Esta encomienda ha llegado a ser una obsesión en el discurso político sobre el control de los flujos y la inmigración ilegal. España, ya se ha dicho, es un país de paso, pero también lo es de inmigración y de emigración. Vivimos una encrucijada migratoria. Los datos de stock y de flujos antes mencionados certifican que vienen personas foráneas con la intención de quedarse, pero también dan cuenta del alto nivel circulatorio que se ha alcanzado.

Si de verdad la sociedad y los sucesivos gobiernos hubieran tomado conciencia de ello, se trabajaría en la previsión y se invertiría en la integración. Anticiparse a los flujos requiere disponer los medios para la acogida, arbitrar vías razonables para encauzar la inmigración legal e incrementar los medios humanos y materiales para resolver con celeridad las solicitudes de asilo. Habría que informar con continuidad a la OP e invertir recursos en el aprendizaje del idioma, en la formación, en el reconocimiento de los títulos y de la experiencia laboral y, desde luego, en la educación de los hijos.

Coda final

Sostenemos que, en materia de desigualdades, y este es el caso, sobre todo de la inmigración extracomunitaria, estamos ante una crisis que suma, no ante una ruptura con la dirección anterior. Una crisis que agudiza las tendencias, pero que, por ahora, no tiene la suficiente fuerza cultural para detenerlas y engendrar otras. Añadiré que se trata de una crisis que llueve sobre mojado en lo que a la misantropía de la política migratoria se refiere.

En Coruña a 23 de octubre de 2020

Notas

[1] Una parte significativa de los estados más desarrollados no están recopilando de manera fiable los datos sobre el impacto del Covid-19 en la morbilidad y tampoco en la mortalidad para el conjunto de la población autóctona. Hay evidencia anecdótica que induce a pensar que los inmigrantes resultan infraestimados en los test. Están menos informados y tiene miedo a ser expulsados o a perder el trabajo. En general, llama la atención que los datos que igualan a los ciudadanos (las estadísticas públicas) están siendo sustituidos, a toda velocidad, por los datos de consumos (principalmente en manos de empresas privadas) que excluyen a una parte de la población más vulnerable.

[2] Más adelante se hablará del incremento de la irregularidad. Sobre el retroceso en materia de derechos hay abundantes imágenes, pero basta con las del campo de refugiados de Moria en Lesbos. Por ejemplo: Crecen los extranjeros atendidos por CCOO que trabajan de forma irregular, La Vanguardia, Redacción, 28-08-2020. O, El campo de refugiados de Moria queda destruido en un incendio. Diario vasco 15-09-2020.

[3] En algunos países europeos se está implicando al capital privado en proyectos para financiar actividades de integración en el ámbito laboral (OCDE, 1-1-2020).

[4] Desde luego en esa época de fuerte crecimiento económico las MI reaccionaron también a los acontecimientos políticos. Lo hicieron siguiendo el fin de las guerras de Argelia o la posterior caída del muro de Berlín. Este epígrafe se nutre de la información que ofrece el capítulo 2 del informe Sopemi, de 2009.

[5] La revista de negocios Fortune expresó esa misma idea del siguiente modo: “lo que empezó siendo un recurso temporal se ha convertido en algo muy cercano a una necesidad permanente” (Berger y Mohr, p. 30).

[6] Este apartado sigue las reflexiones del documento ¿Cómo elaborar políticas de integración orientadas hacia el porvenir? redactado por la división de las migraciones internacionales de la OCDE. En ese documento de debate sobre las políticas migratorias se repasan algunas iniciativas puestas en práctica por diferentes países.

Bibliografía

Banerjee A y Duflo, E. “De la boca del tiburón” en Buena economía para tiempos difíciles. Ed. Taurus, 2020.

Berger J y Mohr J. Un séptimo hombre. Ed. Huerga & Fierro. Madrid 2002.

CES. La inmigración en España: retos y oportunidades. Colección Informes, nº 02/2019.

Collier, P. Éxodo, inmigrantes, emigrantes y países. Ed. Turner. Madrid, 2013.

Elias, N. Mi trayectoria intelectual. Ed. Península, Barcelona, 1995.

Garzón E y Fernández Durán, C. Que lo esencial no sea invisible. OXFAM Intermón, julio de 2020.

INE. Cifras de población (CP) a 1 de enero de 2020. Estadística de migraciones (EM) año 2019. Nota de prensa de 8 de junio de 2020.

Izquierdo Escribano, A. “Sociología del confinamiento” en la revista Documentación Social, nº 5 junio de 2020.

McKeown, T. Los orígenes de las enfermedades humanas. Ed. Crítica, Barcelona, 1990

Covid-19 crisis puts migration and progress on integration at risk. International Migration Outlook 2020 published on October 19,2020 Press relèase

OECD (2019,2015,2009) Perspectives des migrations internationales. Éditions OCDE, Paris. https: doi.org/ 10.1787/60811ed3-fr.

OECD Debáts sur les politiques migratoires. Nº 20, janvier 2020.

Telles E y Ortiz, V. Generaciones excluidas: mexicano estadounidenses, asimilación y raza. Ed. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, 2011.

[Fuente: Gaceta Sindical: Reflexión y Debate nº 35. Diciembre, 2020.]

23/10/2020

Juan-Ramón Capella

Un emérito de mérito

Es difícil encontrar un modelo igual.

Al aceptar suceder al dictador cumplió los planes de éste: que tras su muerte se instaurara —la palabra lo expresa claramente: no una simple restauración— una monarquía cuya legitimidad procediera del levantamiento militar de 1936, que aparecería así como legítimo en el régimen que le sucediera. Si el levantamiento militar fue legítimo, no habría que responder por los crímenes de la guerra y la postguerra, ni habría vuelta atrás al expolio de las propiedades de los vencidos; jamás se rememoraría con verdad y en toda su extensión lo sucedido. Juan Carlos lo dijo con toda claridad en aquel acto de 1969: "Recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzara de nuevo su destino. De paso, juró las leyes fundamentales de la dictadura. En el futuro no haría lo mismo con la Constitución de 1978: la promulgó, pero no la juró.

El relato oficial señala como mérito del emérito facilitar la constitucionalización del régimen de libertades. ¿Mérito? No le quedaba otra. Tras mantener en la jefatura del gobierno a Carnicerito de Málaga, tuvo que irse a despotricar a los USA para librarse de él. Pero se sabía el oficio —su cuñado dejó de ser rey de Grecia por aceptar gobiernos militares— y buscó a una persona capacitada para el cambio, Adolfo Suárez, el cual logró al mismo tiempo legalizar y descafeinar al Partido comunista, pero que daba largas a la entrada en la OTAN. Esto último no le gustaba nada al gobierno de EE.UU., sobre todo cuando Reagan accedió a la presidencia, y en España los militares andaban revueltos —ahora también, pero no tanto— con el estado de las autonomías (entonces con la inestimable colaboración del terrorismo etarra). El hoy "emérito" había sableado al Sha de Persia y al rey de Marruecos para poner en pie el partido de Suárez; ahí debió iniciar su aprendizaje, si es que no lo traía aprendido de casa.

Y aquí empieza el otro episodio en que el emérito sale reforzado de rebote con la inestimable ayuda de la "versión oficial". El otrora general Armada, que ya aparecía detrás de Juan Carlos de Borbón en el acto de aceptación de 1969, era persona muy cercana al rey, a quien visitaba en sus vacaciones en la nieve, y al que éste quería a toda costa trasladar a Madrid (a lo que Suárez, con buen olfato, se oponía). Juan Carlos arrancó para Armada ese destino en el Estado Mayor Central exigiéndoselo a un atribulado ministro de Defensa cuando el presidente del gobierno estaba de viaje. Esa impropia interferencia no era gratuita. La idea era que un militar sucediera a Suárez como presidente del gobierno. "Pero a mí me lo dais hecho", decía el hoy emérito, que no quería pringarse. Armada y Milans, los generales más monárquicos del país, con la inestimable ayuda del CESID, montaron un teatro de golpe de estado en que un actor secundario, Tejero, debía dar a Armada la ocasión de ofrecerse a los partidos para resolver la situación creada por el propio actor secundario.

La cosa falló por la mano de obra: Tejero se movía para instaurar un gobierno militar, no el gobierno de un militar. Sus grotescas formas resultaron inadmisibles para Juan Carlos: entrar a tiros en el Congreso y zancadillear a un teniente general no era "dárselo hecho". A Armada, que pidió permiso al rey para acudir al Congreso, éste le dijo que lo hiciera "a título personal" (o sea, no en su nombre). Tejero frustró los planes de Armada, quien, para el consiguiente consejo de guerra, le preguntó al rey si podía invocar sus conversaciones con él. Juan Carlos, obviamente, le borboneó. El discurso en tv del rey, cuando dijo no aceptar ninguna solución contraria a la constitución, le valió unánime reconocimiento oficial, pero también habría valido si Armada hubiera conseguido de los partidos el nombramiento de presidente del gobierno. Un discurso que valía tanto para un roto como para un descosido.

Entre una y otra boda de los hijos y tras el 23 F en su versión oficial (versión que omite recordar, claro, que el golpe facilitó los objetivos de entrar en la Otan y tratar de reconducir el proceso autonómico mediante la LOAPA), el de la legitimidad del 18 de julio también se legitimó (por decirlo de alguna manera) por los mass-media, la tele y el Hola principalmente. Empezaron los negocios por persona interpuesta (Colón de Carvajal y de la Rosa, unos angelitos) o no interpuesta, si no venían de antes. Y luego ha llegado todo lo demás: un rosario de despropósitos vergonzosos con aspectos delictivos unos, inconvenientes otros y presuntamente delictivos otros más pero que no se pueden perseguir porque eran actos de un rey irresponsable (jurídicamente y no). Hasta que no hubo más remedio que abdicar.

El "emérito" se alinea con hombres muy característicos del actual régimen político: Jordi Pujol, Jaume Matas, Zaplana, Camps, Mas o los responsables de los cuartos en Andalucía o en el PP. Gente que juega con el dinero público sin vergüenza. Algo habrá que hacer. Hay cosas cuya reiteración resulta peligrosa. El gobierno debe actuar honestamente. La gente empieza a estar cansada de la "política por arriba" o politiqueo, con pactos a su conveniencia entre quienes están en eso, los cuales no saben ver que les están mirando, y no con buenos ojos, los de abajo.

El firmante de este papel es republicano. Pero lejos de él la pretensión de cuestionar la monarquía como institución en estos momentos. Hay que recordar que estamos en España, que poner en cuestión a la monarquía —a diferencia de lo que piensan los dirigentes de Unidas Podemos— puede dividir a la población, aunque sea asimétricamente, y dar impulso a las derechas: a la ultraderecha de VOX y a la extrema derecha del PP; y al runrún de sables, nunca en este país tan disparatado como parece. Eso es lo peor que nos puede pasar como gente. No están los tiempos para más crispación, para más divisiones. Cuando podamos descansar del coronavirus ya pensaremos en otras cosas: pues se nos van a echar encima muchos problemas, y no hay que sobreañadirles ninguno más.

Lo que se debe hacer, en mi opinión, es reformar como mínimo la institucionalización constitucional de la jefatura del Estado. Acabar, claro, con la ley sálica, pero también con la atribución a esa jefatura, del mando supremo de las fuerzas armadas, que debe corresponder al presidente del gobierno. Y establecer un código de conducta para la jefatura del Estado similar al que tienen otras monarquías parlamentarias. El principio monárquico, que no acaba de casar bien histórica y teóricamente con la democracia salvo en contados casos, sí casa en ocasiones con la prudencia política. Quizá valga la pena apostar por la pacificación de un país que lo necesita para que acaben triunfando tarde o temprano unas instituciones más acabadamente democráticas.

Hay que buscar soluciones imaginativas. Por ejemplo, ¿por qué un solo jefe del Estado? Se podría institucionalizar una Jefatura del Estado Colegiada, bicéfala, con un Rey y un Presidente del Reino Republicano de España. Si la Santísima Trinidad ha durado tantos años, y eran tres, ¿por qué no habría de funcionar esta más modesta proposición?

[Fuente: InfoLibre]

28/12/2020

Javier de Lucas

Sostenella y no enmendalla

La "crisis migratoria" de Canarias y la enésima versión de un modelo fracasado

Permítame el hipotético lector un recurso que infringe el sabio precepto de Bacon, reiterado por Kant y que todo académico debe observar: De nobis ipsis, silemus. De re aute, quae agitur petimus. Me veo obligado en este caso a una introducción que, contra ese consejo, parte en primera persona.

Llevo estudiando problemas de política migratoria y de asilo ininterrumpidamente desde 1996. Públicamente, en ensayos y en artículos científicos y de divulgación en prensa y también en radio, he discrepado y criticado frecuentemente a lo largo de estos años las políticas migratorias y de asilo de los gobiernos de los presidentes González, Aznar y Rajoy. También los de Rodríguez Zapatero. Y, desde luego, de la UE.

Desde esa experiencia, me veo obligado a sostener una posición extremadamente crítica en relación con la respuesta que estamos ofreciendo en la UE y en España a los retos de la política migratoria y de asilo en el contexto de la pandemia.

Ya se sabe que la definición de irracionalidad consiste en empeñarse en repetir algo que se ha demostrado inadecuado, ineficaz. Pues bien, eso es lo que a mi juicio sucede en lo sustancial (con todas las excepciones que es necesario reconocer, porque hay que reconocer que en 40 años se han producido no pocas reorientaciones y avances legislativos y jurisprudenciales) en la política migratoria y de asilo de nuestro país, de la mayoría de los países europeos, de la propia UE y, me duele decirlo, lo que se empeña en repetir la respuesta que ofrecemos ahora a la crisis de Canarias. Y quede claro que, como senador del grupo parlamentario socialista, soy de los que sostuve y sostengo un programa electoral y de gobierno, el que propuso Pedro Sánchez y el que recogió el Gobierno de coalición presidido por él, porque ese programa electoral y ese compromiso de gobierno subrayan la prioridad del enfoque de garantía de los derechos humanos y el criterio de respeto a la legalidad internacional. Esa es una diferencia clave, por cierto, frente a lo que han sostenido los gobiernos del PP. Es una diferencia clave, a mi juicio, también respecto a parte importante de la política migratoria y de asilo defendida en la presidencia de Rodríguez Zapatero y gestionada por el ministerio del Interior y por la secretaría de Estado de Migraciones que dirigió la señora Rumí.

Acabamos de asistir, decía, a la presentación del "Plan Canarias", impulsado por un profesional de indiscutido prestigio, el ministro Escrivá y pilotado por la Secretaría de Estado de Migraciones que dirige con toda dedicación y esfuerzo Hana Jalloul, que cuenta a su vez con dos directores generales que se caracterizan por su amplísima experiencia como abogados que han trabajado para ONGs especializadas en extranjería y migraciones, Santiago Yerga y Francisco Dorado. Un plan que establece una inversión de más de 600 millones de euros en las islas y que contempla dispositivos de acogida permanente para albergar hasta 7.000 personas en 7 espacios diferentes y contempla una central de emergencias sobre temas migratorios (cfr: https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/ministro/detalle/3935). Un esfuerzo muy notable por comparación a los datos de plazas disponibles actualmente y que ha sido posible con la colaboración de varios ministerios, de las diferentes administraciones implicadas y también cuenta con fondos de la UE. Es la respuesta ante la situación de emergencia provocada por la llegada de 18.000 personas, en un porcentaje que supera en un mil por cien los datos del año pasado. Una situación que, no debe olvidarse, responde a un conjunto de factores complejo, desde el impacto de la pandemia en términos sanitarios, económicos y sociales en países como Marruecos (que ahora genera la mayor parte de estos inmigrantes irregulares), Senegal, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana y en menor medida de Mali.

Ese Plan, como las comparecencias del Ministro del Interior (el Sr. Grande-Marlaska, magistrado de profesión, a quien nadie discute su dedicación y sentido de servicio al Estado, pero sí no pocas de sus decisiones en política migratoria y de asilo) no cierra —al contrario– el debate sobre el sistema de acogida, y menos aún el debate acerca de la firme, cerrada oposición del mencionado Ministerio del Interior a autorizar traslados de las personas que llegan a Canarias a CCAA de la península, sabiendo que existen varias (Valencia, Castilla-León, Navarra, el País Vasco) que se han prestado solidariamente. Y lo que sucede es que esa posición, a mi juicio, condiciona decisivamente el modelo de acogida y en realidad determina la opción por el modelo de política migratoria y de asilo, más allá de los proyectos del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social e incluso de la estrategia de la experimentada ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, la señora González Laya.

Respecto a lo primero, me parece evidente que cualquier dispositivo estable de acogida es incuestionablemente mejor que el desastre del muelle de Arguineguín. Una situación comparable con lo que se ha vivido en Moria, pese a los esfuerzos por desmentirlo por parte del Ministerio del Interior, esfuerzos que, han incluido verosímilmente un bloqueo a la libertad de información de la policía (la Delegación de Gobierno, en todo caso y quizá el Ministerio) respecto a los periodistas que han cubierto estos días los acontecimientos, y que éstos han desnudado con crudeza. Especialistas del Defensor del Pueblo se han desplazado a las islas y esperamos un Informe en las próximas semanas, aunque ya ha emitido una recomendación para condenar las violaciones de derechos humanos que se han producido en ese muelle, y que al parecer resultan invisibles para la juez que dictó un incomprensible auto en el que no apreciaba —pese a las “deplorables” condiciones— ningún indicio de delito. Como botones de muestra, los reportajes del periodista y escritor Nicolás Castellano, quizá el mejor especialista en temas migratorios (por ejemplo, https://cadenaser.com/programa/2020/11/10/hora_25/1605046086_954571.html), o el testimonio del respetado fotoperiodista Javier Bauluz (cfr. https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/fotoperiodista-ante-drama-arguineguin-anos-profesion-sufrido-este-tipo-censura-20201020_953307), o el del periodista de la SER, Pedro Murillo, conmocionado por agresiones verbales xenófobas (https://cadenaser.com/emisora/2020/11/19/radio_club_tenerife/1605784397_808834.html?ssm=fb).

Arguineguín desnuda una situación que sonroja a cualquiera que crea en el Estado de Derecho y en la prioridad del enfoque en garantía de los derechos humanos. Arguineguín evoca las imágenes de Moria.

El Plan, es cierto, pone remedio a una situación inadmisible. Ahora bien, que sea suficiente y adecuado en términos de política migratoria, es otra cosa. Creo que el problema reside, paradójicamente, en la vinculación conceptual de ese Plan de forma exclusiva con el archipiélago canario. Quiero que se me entienda bien. Por supuesto que Canarias necesita medidas urgentes. Un plan concertado de todas las administraciones (también europeas) para hacer frente a una situación muy difícil, debido a una complejidad de factores entre los que la emergencia migratoria es uno muy relevante, pero ni mucho menos el único. Dicho de otro modo: Canarias se enfrenta, entre otras dificultades, a una emergencia migratoria, pero esa emergencia no es sólo cuestión de Canarias. Y ahí está la clave.

Para comenzar con lo más inmediato del Plan, es claro que está muy bien que se organicen carpas y, sobre todo, establecimientos estables de acogida, donde estas personas —insisto, personas, antes que inmigrantes, irregulares o no, o solicitantes de protección: no peligrosos delincuentes a los que “no se debe dejar sueltos”, como se escuchó para vergüenza de todos en un programa de la televisión pública de máxima audiencia— encuentren techo, comida y las indispensables condiciones sociosanitarias. Pero un plan de acogida (y estoy convencido; es más, sé que lo saben muy bien la Secrtearia de Estado y sus experimentados directores generales) consiste en bastante más que eso y supone un esfuerzo de medios materiales y personales que, lógicamente (en eso el Plan acierta) no puede recaer sobre la Comunidad autónoma canaria ni exclusiva ni prioritariamente. Pero, sobre todo, que no puede tener como objetivo mecánico la hipótesis de retorno forzado (aunque desde el Ministerio se insiste en que la inmensa mayoría de los que llegan son “retornables”), sin la indispensable intervención de los servicios de tutela jurídica, y que no puede encapsularse en esa Comunidad, porque la sitúa en extrema dificultad, mas aún en el contexto de las condiciones que derivan de la pandemia. No es difícil pronosticar que surgirá una reacción xenófoba y quién se va a aprovechar de eso. El peor error, a mi juicio, es ese encapsulamiento.

Esta "solución" hace pesar sobre Canarias todo el esfuerzo e impide una política de solidaridad de las demás CCAA. Es decir, reproduce a escala nacional la misma lógica que en la UE, que quiere que los tres países del sur (Grecia, España, Italia) carguen con todo el peso de las llegadas de inmigrantes irregulares y de posibles solicitantes de protección internacional y en todo caso deja caer algunos millones, como se reitera en el “nuevo” Plan europeo de Migración y Asilo, marcado por la obsesión de los países ricos en evitar los movimientos secundarios y por el miedo ante las intransigentes posturas del bloque de Visegrado, con Hungría y Polonia al frente de la posición más agresiva.

La raíz del problema reside en la tradicional (iba a decir, atávica) cerrazón de Interior —sea cual sea el color político de quien dirija ese Ministerio— con el pretexto de "que no lleguen a Europa" (¿Canarias no lo es?) inmigrantes irregulares o personas que no cumplen las condiciones para recibir la protección internacional. Es decir, siguiendo al pie de la letra esa torpe e insolidaria lógica de la UE. La oposición de Interior a permitir que otras CCAA colaboren en la gestión, mediante traslados a la península, repite algo que ya conocemos: Ya en Melilla hemos visto su negativa a que viajaran a la península las personas con "tarjeta roja" acreditativa de que está en curso su demanda de protección internacional y que, de acuerdo con la Sentencia del TS deberían poder viajar a la península y cuyo traslado ya había sido organizado por el Ministerio de Migraciones. Interior impulsa también, a mi juicio, una peculiar interpretación de un indispensable pilar de la política migratoria, los acuerdos bilaterales con los países de origen y tránsito. Pese a que parece que el Ministerio de Asuntos Exteriores podría imprimir un cambio de orientación en ese modelo, lo cierto es que por ahora predomina el enfoque de Interior, muy activo en obtener esos Convenios, pero no tanto para impulsar la democracia y el desarrollo en los países de origen y tránsito de las migraciones, sino casi exclusivamente para asegurar cuotas de policía por parte de esos países que, encima (Mauritania, Marruecos, Nigeria), son países cuyos gobiernos se caracterizan por una acreditada falta de respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Les ofrecemos dinero a cambio de encargarles el trabajo sucio. Insisto: sucio. Y me viene a la mente la expresión de Bauman: la política migratoria como industria del desecho humano.

Empeñarse en reiterar lo que ha fracasado, insisto, es irracional. Por muchas vallas y vuelos o barcos de expulsión, eufemísticamente denominada repatriación, no vamos a parar la movilidad migratoria. Menos aún cuando además de los ya endémicos movimientos de desplazamiento consecuencia de las hambrunas o de enfrentamientos étnicos (como en estos días en Etiopía) se avecinan grandes desplazamientos, consecuencia del cambio climático y del impacto depredador por parte de las industrias transnacionales y de los Estados que continúan con la mentalidad colonizadora, de los que China es el primer ejemplo en el continente africano. De una vez por todas: aprendamos la lección, cambiemos el modelo. Probemos otro. Por ejemplo, el que tímidamente proponen los Global Compact de Marrakesh 2018 sobre políticas migratorias y de asilo, que no son una revolución precisamente, pero cambian la mirada.

Ese otro modelo recomienda una gestión adecuada de la movilidad, que exige vías legales y seguras, mecanismos amplios de acogida e inclusión (sí: lo repite el ministro Escrivá con razón, necesitamos imperiosamente incorporar a nuestra población a millones de inmigrantes, pero incorporarlos como ciudadanos, no como esclavos) y acuerdos que ayuden a los países de origen a avanzar en términos de Desarrollo humano, es decir, en democracia y derechos humanos, que es algo muy distinto que regar con dinero las arcas de élites corruptas.

¿Probamos?

[Fuente: Pensamiento Crítico]

20/12/2020

Rafael Poch de Feliu

Irán, la violencia y los silencios

Si el término “terrorismo” significa algo en el mundo de hoy, la continuada agresión de Estados Unidos y su socio israelí contra Irán es precisamente eso.

En la legislación alemana existe una ley (Antiterror-Dateigesetz) que regula el criterio para incluir a una persona en el fichero de terroristas. Su artículo 2 define como idóneas para tal inclusión a las “personas que utilizan ilegalmente la violencia como medio para imponer internacionalmente cuestiones políticas o religiosas”. Con ese criterio, no hay duda de que en un mundo regido por el sentido común los presidentes de Estados Unidos y algunos jefes de gobierno europeos deberían encabezar esa serie. Si el término “terrorismo” significa algo en el mundo de hoy, la continuada agresión de Estados Unidos y su socio israelí contra Irán —con la entre impotente y gallinácea aquiescencia de la Unión Europea— es precisamente eso.

La lista de científicos y responsables iraníes vinculados al programa nuclear de Teherán que han sido asesinados es aproximada. Según Haaretz cinco de ellos fueron víctimas entre 2010 y 2012. Según William Tobey, ex alto funcionario de la administración presidencial de Estados Unidos y autor de un artículo remarcable por su cinismo en The Bulletin, los muertos desde 2007 han sido cinco, aunque las noticias sobre esos asesinatos sean, “turbias, incompletas y algunas veces inexactas”, dice.

Esos atentados mortales, así como los ataques con virus informáticos contra las instalaciones nucleares de Irán en Natanz y Busheer, acompañaron las mismas negociaciones del malogrado acuerdo nuclear con Irán de 2015, del que Estados Unidos se retiró unilateralmente cuando sus preceptos estaban siendo escrupulosamente observados por Irán. Pero aquella criminal circunstancia no alteró entonces la posición negociadora de Teherán.

Ahora, este año 2020 que comenzó con el asesinato del General iraní Gasem Soleimani, y continuó con diversos atentados y sabotajes en diversas industrias fundamentales del país, se ha cerrado, el 27 de noviembre, con el asesinato del físico nuclear Mojsen Fajrizadeh. Una vez más los iraníes han mostrado sangre fría. Si el propósito de anteriores atentados fue impedir el acuerdo nuclear de 2015, el perpetrado contra Fajrizadeh busca complicar cualquier hipotético regreso de Estados Unidos a la negociación. El Presidente Rohani quiere impedir una escalada de tensión en la región antes de la investidura de Biden del 20 de enero. Atribuido al Mossad, el atentado ha sido el intento de Israel para utilizar las últimas semanas de la presidencia de Trump para impedir el regreso al acuerdo nuclear. ”En esa trampa no vamos a caer de ninguna de las maneras”, ha dicho el portavoz gubernamental, Ali Rabiei.

El regreso al acuerdo de Viena de 2015 es imperativo para acabar con el régimen de sanciones que asfixian a la economía y a la sociedad de Irán e impide el dinámico despegue del país apuntado en 2016 cuando la breve vigencia del acuerdo ocasionó un crecimiento del 16%. Hoy Irán sufre la peor crisis económica de su historia con la exportación de petróleo reducida en un 88% (de 2,5 millones de barriles diarios a menos de 300.000), su moneda perdiendo el 80% de su valor (2019) y la masiva retirada de empresas extranjeras como consecuencia del chantaje de la extraterritorialidad de la ley americana que impide cualquier transacción bancaria.

En Estados Unidos se presiona al timorato Biden para que incluya en la futura renegociación nuclear otras cuestiones como una retirada de Irán de los escenarios de Siria, Líbano o Irak, propósito que no parece tener gran futuro, pero hay otras vías para complicar ese regreso al acuerdo antes de que Trump se vaya.

Una flota iraní de diez petroleros zarpó la semana pasada de Irán rumbo a Venezuela. La industria petrolera venezolana está descoyuntada por el bloqueo, las sanciones y las tensiones internas, por lo que se presenta una nueva ocasión para la piratería. En agosto Estados Unidos ya apresó cuatro petroleros iraníes en el Caribe y vendió su carga, violando toda ley marítima. Cuando los propietarios cuestionaron judicialmente la medida, Estados Unidos sancionó a dos de ellos. Desde agosto los petroleros iraníes han continuado llegando a Venezuela desconectando sus dispositivos de telecomunicaciones para dificultar su identificación, pero cada uno de esos convoyes es una oportunidad abierta al conflicto. Sobre todo porque, por lo menos hasta el 20 de enero, la dirección de los asuntos referidos a Irán y Venezuela seguirá estando en manos de reputados criminales como Elliot Abrams, patrocinador de los escuadrones de la muerte en los años de la matanza de 200.000 personas en América Central (1% de la población de los siete países de la región), a cargo de los regímenes patrocinados por Estados Unidos, con sus disidentes mutilados o desaparecidos como práctica corriente. Brams, un mentiroso convicto en el caso Irán-Contra de aquellos años ochenta, afirma estos días sin la más mínima prueba que Irán está enviando misiles a Venezuela.

Pero lo más significativo es que este último episodio de sanciones y extrema presión terrorista del viejo conflicto de Washington con Teherán, es consecuencia directa de los dos grandes desbarajustes bélicos de Estados Unidos. Como recuerda Vijay Prashad en un libro sin desperdicio recién editado (Balas de Washington, Edicions Bellaterra), entre 2001 y 2003 Estados Unidos libró dos guerras contra adversarios de Irán: los talibán en Afganistán al este y Saddam Hussein en Irak, al oeste. Aquellas fueron dos guerras estadounidenses ganadas por Irán, porque su resultado fue fortalecer la posición de ese país en la región. Cuando en Washington se dieron cuenta procuraron acorralar de nuevo a Irán en sus fronteras. Para ello hicieron tres cosas: intentaron destruir a Hezbollah con el ataque israelí al Líbano de 2006, apretaron las sanciones contra Siria en 2005 y potenciaron una guerra allí en 2011, y fabricaron una crisis a propósito del programa nuclear de Irán a partir de 2006. Ninguna de las tres acciones funcionó y entonces, en 2015 aceptaron el acuerdo nuclear de Viena. Pero Trump lo rechazó en 2018, abriendo la actual “máxima presión” con sanciones, asesinatos, bloqueos y sabotajes.

En esta última etapa, Trump llegó a escribir, el 25 de junio de 2019, que Estados Unidos atacaría a Irán, “con una fuerza enorme y abrumadora, en algunas áreas abrumadora significará aniquilación”, especificó sin que la Unión Europea se despeinara. Como observó el año pasado Seyed Mohammad, decano de la facultad de estudios mundiales de la Universidad de Teherán, “cuando Trump amenaza a Irán con la destrucción, ningún líder occidental, ningún miembro del Parlamento Europeo, ninguna figura europea de primer nivel está dispuesta a criticar, y menos aún a condenar a Trump. Sus amenazas de un holocausto nuclear han sido recibidas con silencio”. ¿Cuándo figurarán estos mayores criminales en los ficheros de terrorismo?

[Fuente: Ctxt]

9/12/2020

Agustín Moreno

La LOMLOE y la educación como empeño

Es una buena noticia la derogación de la LOMCE por la última reforma educativa (LOMLOE). La ley que aprobó el Partido Popular en solitario aprovechando una coyuntura excepcional de mayoría absoluta, era una ley sectaria que imponía graves retrocesos en un marco de recortes económicos. En fin, es una alegría para la comunidad educativa que nos movilizamos contra ella en masivas Mareas Verdes. Pero es obligado que la satisfacción no nos haga perder la objetividad sobre el contenido concreto de la ley y su previsible impacto de futuro.

En cuanto al contenido, la LOMLOE tiene positivas reversiones de la LOMCE. Entre ellas destacan: la supresión de los itinerarios que generaban desigualdad, de las reválidas que nunca se llegaron a aplicar, la reducción del papel de la asignatura de Religión y cierta recuperación de competencias de los órganos colegiados de los centros. También se introducen nuevos elementos como el carácter educativo de la educación de 0 a 6 años y algunas limitaciones en la educación concertada (“demanda social”, suelo, cuotas).

La reforma educativa ha recibido la crítica de los sectores conservadores que, incluso, se han movilizado contra ella utilizando bulos. Pero las críticas de la derecha no hacen mejor a la LOMLOE, porque ya sabemos que lo importante suele estar fuera de escena. La derecha actúa como la gallinita de la Pampa que da las voces en un sitio y pone los huevos en otro. Establece falsos debates (los supuestos ataques a la concertada, el castellano como lengua vehicular, la supresión de colegios de educación especial…), pero amarran lo principal: los privilegios de una Iglesia que adoctrina en un espacio que tendría que ser laico por su propia naturaleza, y la existencia de un sector privado que hace negocio con una educación segregadora que le pagamos entre todos. Lo cierto es que la ley apenas afecta al statu quo educativo existente por mucho ruido que se haga para disimular.

Tan importante como el contenido de la nueva ley es el contexto en el que se produce. Lo primero que destaca es la imposibilidad de alcanzarse un pacto educativo en España. Si nos miramos en el espejo de otros países europeos, donde existe consenso sobre el sistema y mejores resultados educativos, la pregunta es ¿por qué no es posible aquí? La repuesta tiene que ver con la existencia de poderosos lobbies como la Iglesia católica y la permanencia de la herencia educativa del franquismo: segregación clasista, confesionalidad y amplio sector privado financiado con fondos públicos. La escena del Parlamento con la bancada de las derechas y ultraderecha en pie, golpeando los escaños y gritando ¡libertad! cuando piden privilegios ante una ley que intenta defender tímidamente la educación pública, es una metáfora del peso de ese legado. Y nos deja otra lección: por muy “moderada” que sea una ley, no impedirá las arremetidas de esos sectores contra la educación pública, como ya pasó con la LOE y volverá a pasar si no se hacen bien las cosas.

La importancia de la educación como derecho y servicio público esencial se ha vuelto a poner de manifiesto con la pandemia. Esta situación también ha revelado sus carencias una rigidez que impide dar respuestas eficaces cuando se está en situación de precariedad por los recortes y la insuficiente inversión. Ello obliga, simplemente, a sobrevivir en vez de innovar en organización, metodologías y currículo. Pero la ley no ha sido capaz de abordar temas tan cruciales como un nuevo currículo más flexible y una concepción de la evaluación adaptada a la finalidad de la educación que no puede ser otra que el desarrollo personal, crítico y ciudadano del alumnado y la cohesión de la sociedad.

Sinceramente, creo que la apuesta debería ser una ley con más alcance y con la financiación necesaria para aplicarla, pero sigue sin estar claro aquel axioma de Danton: “Lo primero es la educación”. Habrá futuro para la educación que necesita este país para sus reformas modernizadoras solo si se apuesta por cuestiones clave como las siguientes:

Red única de titularidad y gestión pública, frente a la existencia de la doble red. La ley no supone avances significativos en la reversión de la privatización que se viene realizando y deja sin establecer un horizonte de apuesta decidida por la red pública como vertebradora del sistema educativo con la incorporación progresiva a ella de los centros concertados. No está claro cómo va a concretarse la creación de plazas públicas suficientes por las diferentes administraciones para atender la nueva demanda, cómo se garantizará el equilibrio en la admisión del alumnado para evitar la segregación y, mucho me temo, que seguirá sin controlarse el cobro de cuotas ilegales por los centros concertados. Las CCAA gobernadas por la derecha seguirán agrediendo a la educación pública e intentando achicar su espacio con la transferencia descarada de recursos públicos a los centros concertados. De hecho, ya han anunciado leyes para “blindar” a la concertada, quieren adelantar la campaña de escolarización para que no se aplique la nueva ley el curso próximo, y querrán seguir concertando bachilleratos y formación profesional, si no se recupera el artículo 47 de la LODE para que los conciertos educativos se ciñan en exclusiva a la enseñanza básica, que es la única universal y obligatoria. Las buenas intenciones son cosmética legal si luego no se pueden aplicar.

Financiación suficiente. La ley plantea que se elaborará un plan de aumento de gasto en el plazo de 2 años, y que en 10 años alcanzará el 5% del PIB (2032). Hay que recordar que, como consecuencia de los recortes actualmente solo se destina un 4,3% del PIB a gasto educativo, que la media de los países europeos es del 6%, y que las principales organizaciones siguen reivindicando un 7% del PIB de inversión educativa. Y de la financiación dependen muchas cosas: la reversión de los recortes de la última década, la reducción de ratios, la contratación de profesorado, la recuperación de jornada lectiva en secundaria a las 18 horas preLOMCE para potenciar la cooperación y la innovación pedagógica, la atención de la diversidad, la implantación de la educación infantil pública de 0 a 3 años, y asegurar la equidad con becas y ayudas al estudio como un derecho subjetivo.

Laicismo. La LOMLOE mantiene la asignatura de religión en el currículo y en el horario lectivo obligatorio. Aunque se supriman los excesos que introdujo Wert como ser evaluable para contar a efectos de acceso a la universidad y becas, seguirá siendo confesional y segregará al alumnado por motivos de creencias. Es llamativa la poca importancia que se da a derechos fundamentales de la infancia, recogidos en los tratados internacionales, al permitir que en el ámbito educativo se adoctrine a menores. Es difícil pensar en una modernización de la sociedad manteniendo esta situación que recoge privilegios impensables en los países de nuestro entorno y que no respeta la libertad de conciencia del alumnado. Por ello es necesario dejar la religión en el ámbito de lo privado y construir un currículo laico, inclusivo e igualitario.

Participación democrática. Sigue habiendo un déficit democrático a nivel general y de centro. El Ministerio de Educación no ha contado con la comunidad educativa, ni ha atendido las principales propuestas que ha realizado tras mucho trabajo y consenso y que se recogen en el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación. En el desarrollo posterior de la ley es fundamental que participen los sindicatos y agentes educativos. Los claustros y consejos escolares deberían de tener mayor equilibrio y protagonismo. Y, por supuesto, hay que recuperar la confianza en el profesorado y darle participación. Es una lección que se debería de aprender de una vez por todas, por una cuestión democrática y por su eficacia, tal y como se demuestra en las experiencias de sistemas de un alto éxito escolar como Finlandia o Portugal.

Resumiendo, la utilidad de la LOMLOE para el sistema educativo y para el futuro de la sociedad se medirá por su capacidad para frenar y revertir el proceso de desmantelamiento de la educación pública. Servirá de poco si no impide las maniobras privatizadoras y la segregación socioeconómica del alumnado. Si no blinda y potencia la Educación Pública, será una ley inane incapaz de proporcionar para el siglo XXI una educación que pueda transformar y mejorar esta sociedad. De nuevo la ley tiene el mismo aire de ocasión perdida, pero no hay que afligirse: nos seguirá quedando la educación como empeño.

[Fuente: eldiariodelaeducación.com]

28/12/2020

Pedro Prieto

Un breve análisis de la eficiencia de ciclo completo de la economía del hidrógeno verde

Se denomina hidrógeno verde al que se genera mediante la electrolisis del agua con electricidad que proviene en un 100% de las llamadas energías renovables.

Asumamos la siguiente secuencia:

Una planta solar FV de 1 MWp en el soleado sur de Europa puede generar unos 1.400 MWh al año.
Construir esa planta FV exige energía (generalmente fósil). Asumiendo que la planta va a generar 10 veces más energía que la que cuesta ponerla en marcha, tendríamos una Tasa de Retorno Energético (o TRE) de 10 a 1.

Se espera por tanto que esa planta genere: 1.400 MWh × 25 años de vida útil de la planta = 35.000 MWh.

Es decir, podemos suponer que dispondremos de un crédito energético de 35.000 MWh a lo largo de los próximos 25 años, pero hay que empezar con un débito energético (generalmente en los dos primeros años de vida de la planta), de unos 3.500 MWh.

Partimos de:

Débito energético inicial: -3.500 MWh

Crédito energético (25 años): 35.000 MWh

Observemos ahora el proceso desde la generación del hidrógeno hasta su uso final, estudiando cómo va variando este balance:

1. Se produce hidrógeno por electrolisis con unas pérdidas promedio de energía del 20-25%. Las pérdidas de energía por desalación (si es agua salada) o por depuración son aún mayores.
Débito energético inicial: -3.500 MWh.
Crédito energético restante: entre 26.250 y 28.000 MWh.
2. Después se necesita o bien comprimir el gas (750 atmósferas) o bien licuarlo (-253 ºC), con unas pérdidas promedio de energía del 30-40%.
Débito energético inicial: -3.500 MWh.
Crédito energético restante: entre 17.750 y 19.600 MWh.
3. Después, hay que transportar y almacenar masivamente el hidrógeno (p. ej. las reservas estratégicas y logísticas), también de forma muy comprimida (750 At.) o licuada (-253 ºC) con pérdidas promedio muy variables, pero que oscilarán entre el 15 y el 100%, debido a la rápida fuga del gas y a su tendencia a formar hidruros con los recipientes que lo contienen (embrittlement), dejándolos muy pronto quebradizos e inestables.
Débito energético inicial: -3.500 MWh.
Crédito energético restante: entre 0 y 16.660 MWh.
4. Uso final:

• Para usos térmicos del hidrógeno en los que la electricidad no es de aplicación:
Pérdidas entre el 40 y 60%.
Débito energético inicial: -3.500 MWh
Crédito energético restante: entre 0 y 6.664 MWh
• Para usos eléctricos del hidrógeno (p. ej. para células de combustible para coches): Pérdidas entre el 30 y 50%.
Débito energético inicial: -3.500 MWh
Crédito energético restante: entre 0 y 11.662 MWh

Análisis de la eficiencia de la economía del hidrógeno verde. Fuente: elaboración propia.

Análisis de la eficiencia de la economía del hidrógeno verde. Fuente: elaboración propia.

Nótese que en este balance energético de ciclo completo, no se han incluido los enormes costes energéticos de fabricar, instalar y mantener todas las infraestructuras existentes.

No obstante, nos sirve perfectamente para explicar la cantidad de energía que se pierde al intentar la economía del hidrógeno verde, hasta el punto de que si no hay una casi perfecta gestión de la logística, del transporte y del almacenamiento (algo prácticamente imposible), esto se traduce en que el hidrógeno virtualmente desaparece.

Sin embargo, recientemente leíamos: “El Gobierno destinará más de 1.500 millones al impulso del hidrógeno renovable hasta 2023 a través del Fondo Europeo de Recuperación“. Lo que no hemos podido saber es quién exactamente en este gobierno ha impulsado la medida de destinar tal cantidad de dinero en apenas dos o tres años, ni por qué lo han hecho ni en qué criterios y asesores científicos se han basado o, en su defecto, a qué voluntades y presiones ajenas a la lógica y a la ciencia se han sometido.

[Fuente: revista 15/15\15]

7/12/2020

Alejandro Torrús

«La Transición es el cimiento de la podredumbre actual». Entrevista a Alfredo Grimaldos

El pasado 4 de diciembre falleció Alfredo Grimaldos Feito. Aunque el óbito de este excelente periodista de investigación ha sido reseñado tan solo en unos pocos medios de comunicación y habrá quien le conociera más por su vertiente de crítico y experto en el flamenco, Grimaldos compaginó esta última trayectoria con la de autor de numerosos artículos periodísticos y libros sobre la Transición española, la injerencia de ciertos servicios secretos extranjeros en el rumbo que acabó tomando esta y algunas de las figuras más insignes de la derecha española. Entre las obras que publicó cabe destacar La sombra de Franco en la Transición (Oberón, 2004), La CIA en España. Espionaje, intrigas y política al servicio de Washington (Debate, 2006, reed. por Península, 2017), Claves de la Transición, 1973-1986 (para adultos) (Península, 2013), La Iglesia en España, 1977-2008 (Península, 2008), Zaplana, el brazo incorrupto del PP (Foca, 2007) y Esperanza Aguirre, la Lideres.a. (Foca, 2009).

Los más puntillosos aducirán que Grimaldos no era un historiador de formación académica y restarán credibilidad al llamado “periodismo de investigación”, pero lo cierto es que algunos de sus libros, en particular los dedicados a los manejos de la agencia de inteligencia estadounidense en España, arrojaron mucha luz sobre una faceta de la Transición hasta entonces muy poco estudiada; una faceta que, a tenor de las entrevistas y los documentos desclasificados incluidos en esas obras de Grimaldos, tuvo profundas repercusiones en el devenir de la historia reciente de este país. (Véase al respecto la reseña que mientras tanto publicó años atrás con motivo de la aparición de La CIA en España).

Reproducimos a continuación una entrevista que Alfredo Grimaldos concedió al diario Público en junio de 2013.

* * *

Advertencia. Si el que lee estas líneas cree que la Transición fue un periodo modélico, marcado por el consenso y dirigido por el pueblo, el último libro de Alfredo Grimaldos (Madrid, 1956) Claves de la transición 1973-1986 (para adultos) (Editorial Península) puede erosionar su ideología. El autor repasa uno a uno todos los acontecimientos clave del paso de la dictadura franquista al actual sistema con un discurso desmitificador y corrosivo. Desde el papel de “tutela” de la CIA al rol del PCE como “policía de la calle”. La Transición es para el autor una "metáfora de un interrogatorio policial" donde son los propios franquistas quienes diseñan el cambio y se reparten los papeles en la obra que ellos mismos dirigen. “La imagen oficial de este periodo se ha construido sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado”, denuncia Grimaldos, quien insiste en que toda salida de la “podredumbre actual” debe pasar por una nueva Constitución.

Su libro arranca con la siguiente frase: “El franquismo no es una dictadura que finaliza con el dictador, sino una estructura de poder específica que integra a la nueva monarquía”. ¿Pervive el franquismo en nuestro sistema democrático?

Sí. Nunca ha habido una depuración del aparato franquista ni tampoco interés en llevarla a cabo. Por tanto, sociológicamente queda un poso franquista muy grande. No obstante, quiero puntualizar tu pregunta. Aludes a un sistema democrático que no sé si existe. Esta es una democracia en la que los partidos mangoneos y en la que el pueblo soberano está bastante lejos de las decisiones. El propio sistema electoral es profundamente antidemocrático y favorece el bipartidismo que ha provocado que ellos se lo guisen y ellos se lo coman. Tampoco hay democracia interna en los partidos. A todo esto hay que añadir que los grandes medios de comunicación son todos de derechas y el pueblo está sometido a un discurso de intoxicación constante.

Usted acaba de hacer referencia a la distancia que separa al pueblo soberano de las decisiones políticas. En su obra afirma que durante la Transición se asistió a una liquidación de los movimientos populares que ha provocado una partitocracia corrupta y que ahora está llegando a su máximo nivel de podredumbre.

Cuando al final del franquismo deciden que hay que hacer algún cambio es obvio que están forzados por la lucha en la calle y por los movimientos populares que se han ido creando. Era obvio que tenían que actualizar el régimen pero para ello necesitaban desactivar al enemigo y el enemigo era los movimientos populares. Ahí el problema es que inmediatamente cuentan con las direcciones de los partidos de izquierdas, sobre todo del PCE de Carrillo. Lo que hacen es meter en ese enjuague a los dirigentes del PCE y Carrillo que ejerce de policía y se encarga de desactivar la calle y desmontar su propio aparato antes incluso de haber conseguido nada.

¿Por qué cree usted que Carrillo desactivó la lucha en la calle?

Tenía por objetivo entrar en el nuevo juego y buscar su propia posición en la estructura política que se está creando.

El PCE no es el único que sale malparado en su libro. Al PSOE le acusa de traicionar sus principios.

Al PSOE tal y como lo conocíamos lo liquidan en Suresnes (Francia) en 1974. Allí, con el dinero de la socialdemocracia alemana, la tutela de la CIA y la escolta de los servicios de información de Carrero Blanco se inventan un nuevo partido que esté preparado para ser alternativa de poder y mantener el mismo sistema. Cuando Felipe González regresa de Suresnes, donde se hace cargo de la dirección del partido, un comisario lo detiene en Sevilla pensando que ha dado el pelotazo. Sin embargo, sus superiores le dicen que lo suelte inmediatamente porque es "uno los nuestros".

Otro mito de la Transición: el papel de Adolfo Suárez

Adolfo Suárez es un político mediocre que llega al poder por determinadas circunstancias y tiene fecha de caducidad. Él fue elegido para llevar la primera etapa de la Transición hasta las elecciones generales de 1977. Sin embargo, cuando los de arriba decidieron que se tenía que ir él prefirió continuar. No se dio cuenta de que estaba en el cargo precisamente para cumplir una función para otros poderes superiores. En el momento que decide, a contracorriente, quedarse en el poder, empieza a enfrentarse con el rey, con los estadounidenses, con los empresarios, con el Ejército... Hasta que se vio obligado a dimitir.

El papel de la CIA

La CIA está omnipresente en su libro. Toda decisión, todo político que asciende, tiene el beneplácito de los servicios secretos estadounidenses. ¿Hasta qué punto cree usted que la CIA tutela la Transición?

Cuando Nixon llega a España en 1970 se encuentra con un Franco muy mayor. Nixon se vuelve preocupado. Para ellos era muy importante mantener la Península Ibérica en su sistema de alianzas. Entonces, le dice a Vernon Walters, su hombre de confianza, que venga a España para ver qué va a suceder después la muerte del dictador. Franco se dio cuenta enseguida de qué pasaba y le dijo a Walters que está todo atado y bien atado, que el Ejército se pondrá de parte de Juan Carlos I y que su principal monumento no es el Valle de los Caídos sino la clase media española que hará de colchón para impedir una revolución.

Acaba de decir que Franco dejó orden de que el Ejército obedeciera a Juan Carlos I. La pregunta del millón de la Transición es hasta qué punto el rey estaba al tanto del golpe de Estado.

Está claro que el rey sabía del 23-F. Hay que decir también que el 23-F es un golpe residual que se da por inercia. Es una pasada de frenada. Adolfo Suárez se había convertido en un personaje incómodo que no había cumplido con su compromiso de retirarse a tiempo. Además, se había metido en cosas que no debía como la cumbre de los no alineados. Se había convertido en un personaje detestado por el Ejército, por los estadounidenses y por el propio rey. Para quitárselo de encima planean una especie de golpe institucional, en el que está involucrado el PSOE, y formar un gobierno de concentración. Suárez lo ve venir y dimite con lo cual desactiva el golpe. Pero es que había varios golpes dentro del mismo. Y uno de ellos se pasa de frenada.

¿Los americanos estaban al tanto del 23-F?

El golpe del 23-F está auspiciado y tutelado por los estadounidenses. Los americanos desactivan ese mismo día las redes radioeléctricas de comunicaciones y ponen a la Sexta Flota frente a la costa de Valencia. Además, un dato muy significativo: el comandante Cortina, coordinador del Golpe, visitó días antes del golpe la nunciatura del Vaticano en España y la embajada de Estados Unidos. Como tantas otras veces, el Imperio y la Iglesia están al tanto de todo.

El poder judicial

Usted es muy duro en el libro con la Justicia y con la Policía. Los acusa de haber protegido a los asesinos de ultraderecha e incluso de haber dado armas a estos grupos.

El sistema judicial actual es de extrema derecha mayoritariamente y el de hace 35 años ya no tiene ni calificativo. En el libro hablo de que hay hasta cien siglas de grupúsculos de extrema derecha que muchas veces son los mismos, Fuerza Nueva, y otras veces son las propias fuerzas de seguridad. Grupos parapoliciales, muchas veces de la Policía o de la Guardia Civil que se inventa siglas para matar a alguien. Los años 80 son tremendos. Sobre todo en el País Vasco. Aquello fue una matanza.

Ahora se ha destapado el caso de Emilio Hellín, el asesino de Yolanda González.

Es un caso escandaloso pero no es el único. Hay que tener en cuenta que junto a Hellín había un policía nacional y un guardia civil. A Hellín, cuando lo detienen, le dieron hasta dos permisos que aprovecha para escaparse. Es tremendo. Pero los casos como este son innumerables.

La acusación de promover a hombres con un pasado oscuro en la Transición llega hasta el Gobierno de Zapatero.

Sí. El torturador Gil Rubiales, que ya ha muerto, fue nombrado comisario jefe de canarios por el gabinete de Zapatero. Pero hay otros muchos casos. Por ejemplo: Rafael del Río, director general de Policía en la época de los GAL, ahora es presidente de Cáritas; el torturador 'Billy el niño' fue director general de Talbot; y el ex director general de la Policía Rafael del Río llega a un alto cargo en Iberia. Todos con sueldos fastuosos.

La Constitución

¿Queda alguna institución que no esté intoxicada por el pasado franquista?

Está todo muy contaminado. No se ha producido una ruptura democrática y el correspondiente saneamiento del Estado. Ahora tenemos todos los problemas de un Estado del bienestar en retroceso con la rémora añadida de la pervivencia franquista. Tenemos ese plus de miseria política.

Habla de dos factores que influyen en la actual “miseria política”: el retroceso del Estado de bienestar y la pervivencia franquista. ¿Qué culpa le corresponde a la Transición que se hizo?

El funcionamiento de este sistema actual viene de los enjuagues de la Transición donde todo se fraguó para que dos partidos mandaran con un sistema electoral antidemocrático y con una absoluta falta de control. Montan el sainete de que el PP y el PSOE están que se matan pero si hacemos balance están de acuerdo en la inmensa mayoría de las grandes decisiones. Entre los dos impiden cualquier tipo de fiscalización y control. Los técnicos hacen informes diciendo que es todo una cochambre pero los ignoran.

Denuncia también que la Constitución fue adoptada de espaldas al pueblo.

El referéndum de la Constitución fue como un referéndum franquista. Sólo se podía decir sí o no. Votamos la Constitución con todo revuelto. La Iglesia, el rey, normas democratizadoras, derechos... todo un batiburrillo. Eso no puede llamarse democracia. Además, cuando se creó la comisión constitucional, había muchos partidos de izquierdas que aún estaban ilegalizados. Una cosa importante: en el País Vasco las abstenciones y los "no" ganaron al sí. Es decir, allí no se aprobó la Constitución y llevan 30 que se la quieren hacer comer con papas.

¿Cómo se puede iniciar una regeneración del sistema actual?

Cualquier movimiento que pretenda regenerar la democracia pasa por refundar o revisar los acuerdos o medidas de la Transición. La Transición es un gran fraude. Es el cimiento de la podredumbre que tenemos ahora.

[Fuente: Público, junio de 2013]

30/12/2020

Julio González

Ha fallecido John Le Carré

Ha fallecido John Le Carré, o, para ser más exactos, David John Moore Cornwell.

Le Carré fue el escritor de la guerra fría. Conocedor de los entresijos de los servicios secretos por su pertenencia al MI5 y al MI6 (donde se dedicó a la captación de agentes del KGB para que se pasaran a Occidente), dio forma a un personaje, George Smiley, que le acompañó durante toda la serie que se inicia con Llamada para el muerto, que sigue con la espectacular El espía que surgió del frío hasta que culmina con La gente de Smiley. Un personaje que siempre tendremos identificado con Alec Guiness, por su brillante interpretación cinematográfica de El topo.

Fue la época en la que otro ex agente del MI5, Ian Fleming, creó a James Bond, 007. La intención de Le Carré, precisamente, era dar una visión diferente a la del conductor de vehículos caros, juerguista, mujeriego y alcohólico personaje de Fleming, que fuera más acorde con la realidad.

Novelas en las que la rivalidad con la Unión Soviética se personifica en Karla, el gran espía soviético que acaba pasándose al lado occidental. Un lado occidental, en donde ex agentes de la Alemania nazi seguían campando a sus anchas. El topo, El honorable colegial y La gente de Smiley componen esta trilogía de excepción. Smiley reaparece en El legado de los espías.

Son novelas todas ellas de espías, pero que son, al mismo tiempo, novelas sicológicas, de amistades, amores, lealtades. Novelas bien trabadas y que dan una impresión de plenitud, novelas redondas. El topo, El espía que surgió del frío y La gente de Smiley son especialmente significativas.

La finalización de la serie dio paso a novelas en las que aparecían conflictos actuales, ya sea el conflicto palestino (La chica del tambor), las relaciones entre los servicios secretos, el tráfico de armas (El infiltrado) o la entrada de las mafias en el poder, que están detrás de El sastre de Panamá. Los problemas de xenofobia hacia los musulmanes son un elemento central de El hombre más buscado. En Un hombre decente expone toda su posición crítica contra el Brexit y los que condujeron a aquel desastroso referéndum. Un mundo en cambio dio pie a un Le Carré que se reinventó como escritor sin perder el pulso del gran novelista.

Le Carré fue, además, un intelectual crítico con la evolución política global, crítico con la guerra de Irak, con el establishment británico, quejoso de la poca calidad de la oposición británica (hablaba de Corbyn como una “mala copia” de Sanders) a los conservadores —especialmente con May y Johnson— y con la propia evolución de la socialdemocracia global.

Fallece, en consecuencia, un intelectual y un gran escritor.

[Fuente: Global Politics and Law]

14/12/2020

La Biblioteca de Babel

Luciano Canfora, Gustavo Zagrebelsky

La máscara democrática de la oligarquía. Un diálogo al cuidado de Geminello Preterossi

Trad. de Juan-Ramón Capella y Víctor M. Vassallo

Trotta, 2020, 116págs.2020

La coyuntura económica y ecológica actual —y sus temibles derivaciones— hace inevitable preguntarse, una vez más, si esta situación será por fin aprovechada para conseguir un sistema de reparto más justo de la riqueza que el que ha dado lugar, en el neoliberalismo, a la consolidación de un poder oligárquico de dimensiones gigantescas. El sentido común induce a pensar que sí, pero el decenio posterior al crack del 2008, y los movimientos especulativos del capital durante la pandemia, así como la irresponsabilidad campante en gran parte de gobiernos y entre la población misma, nos alejan de esa perspectiva. En cualquier caso, más allá de la expansión del gasto público durante la crisis —que muestra un camino alternativo—, lo que parece claro es que los poderes antidemocráticos que gobiernan tras las bambalinas de la política no van a renunciar por sí solos a sus expectativas de multiplicación del beneficio a corto plazo.

En este contexto, hay que congratularse por la aparición en castellano de La máscara democrática de la oligarquía: una importante reflexión filosófico-política construida a tres voces acerca de —en palabras de los autores— «la sustracción al conflicto político de la redistribución de la riqueza y el poder» (Preterossi) como consecuencia de la consolidación de «un agregado de poder elitista [compuesto por] estructuras financieras movidas por la inexorable lógica interna del medio que es fin [el dinero]» (Zagrebelsky). Estas coordenadas marcan las lindes de un rico debate sobre la mutación del sistema de legitimación política al que llamamos ambiguamente «democracia», fruto de una larga labor de desmantelamiento de los mecanismos de mediación real entre las personas y el Estado y su sustitución por un poder vertical cuya organización supranacional habría hecho «aflorar otro tipo de mando, de carácter no democrático representativo» (Canfora).

El análisis histórico de la forma política «oligarquía», sin embargo, permite hacer aflorar a lo largo del libro el carácter parcial de dicha sustitución, que es donde radica justamente su novedad. Lo cual es debido a que la lógica de amasar riqueza y poder como fin en sí mismo, más allá de la fascinación que puede producir en una parte considerable de la población —de la que forman parte singularmente los intelectuales que han abdicado de su función crítica—, carece todavía de un sistema legitimatorio capaz de substituir el ideal democrático. De ahí la caracterización de la oligarquía contemporánea, en este libro, como un poder dotado de una máscara democrática meramente instrumental: un aspecto que por un lado la blinda, pero por otro muestra su flanco débil.

Con los ojos puestos en el futuro inmediato, puede presentar un particular interés el tratamiento de estos problemas que se hace en el ámbito de la Unión Europea, donde la oligarquía se manifestó en toda su amplitud en 2011, con la imposición del «mecanismo de estabilidad» que pasó a condicionar toda obligación de los países rescatados al pago de la deuda pública. E igualmente la reflexión, calada de sentido histórico, sobre el término «populismo», que es ampliamente cuestionado en el libro en tanto que forma reactiva de la ciudadanía sin un asidero real en la participación.

Antonio Giménez Merino

28/12/2020

César Rendueles

Contra la igualdad de oportunidades

Un panfleto igualitarista

Seix Barral, 2020, 363págs.2020

Libro necesario para volver a repensar la igualdad. El propio nombre del libro es ya una manifestación de intenciones. El autor argumenta rigurosamente la necesidad de repensar las ideas de la izquierda sobre el tema, y pasa revista a las diferentes ideas y experiencias que tratan de avanzar sobre la cuestión. Lo hace desde un punto de vista optimista, subrayando cómo, a pesar de todo, las ansias igualitarias están presentes en nuestra sociedad. Merece ser leído, pensado y discutido. Totalmente necesario para romper dogmatismos simplificadores que entorpecen más que ayudan a pensar procesos transformadores en clave igualitaria.

A.R.A

30/12/2020

RELIES

Cuerpos, mercados y sexualidades: continuidades, paradojas y disidencias

Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades, Núm. 4 (2020)

El cuarto número de la revista RELIES, editado por Blanca Rodríguez Ruiz, Juan Blanco López y Ana Almirón Mengibar, presenta un marco histórico idóneo para comprender los actuales puntos de convergencia y divergencia en el seno del movimiento feminista y de las ciencias sociales afines, desde una mirada inclusiva que parte del respeto a la pluralidad que ha caracterizado al movimiento desde sus inicios.

El monográfico aborda específicamente los vivos debates sobre el modo de entender la protección de derechos fundamentales, las políticas públicas y la intervención social de protección que giran en torno a la sexualidad, específicamente concitados en torno a la problemática del trabajo sexual, y está organizado en torno a tres ejes temáticos: Cuerpos estigmatizados, ¿ciudadanía democrática?; Las falacias del abolicionismo y trabajo sexual; y Tráfico y trata: problemas de enfoque.

Las autoras y los autores de este volumen tratan así de enfrentarse, con las armas de la razón y desde una inspiración plural y abierta, a un contexto político crecientemente derechizado dentro del cual se registra un importante esfuerzo por patrimonializar el feminismo social desde el ámbito de las instituciones públicas y privadas.

Los materiales están disponibles en acceso abierto, lo que constituye una invitación generosa a para todos aquellos lectores con sensibilidad antisexista.

Antonio Giménez Merino

30/12/2020

Jordi Amat

El hijo del chófer

Tusquets, 2020, 252págs.2020

Es la historia de una persona desequilibrada, el periodista Alfons Quintá. Pero es también la historia de muchos entresijos de la historia catalana reciente. De conspiraciones y pactos bajo mano. De cómo se forjó el poder de Jordi Pujol. Del papel de los medios de comunicación en todo ello. Quintá estuvo desde el principio en medio de muchas cosas, jugó diversas cartas y papeles en un mundo donde los que quieren poder siempre están en venta. Se lee como una novela, pero sitúa muy bien una serie de tramas que influyen aún en nuestra realidad

A.R.A

1/2021

En la pantalla

Nathalie Masduraud y Valérie Urrea

Marguerite Duras y la ilusión colonial

Setenta años tras la aparición de la novela de Marguerite Duras Un dique contra el Pacífico (1950), este documental ofrece una reinterpretación esclarecedora de la obra maestra de la escritora francesa nacida en Saigón.

Ambientada en la Indochina colonial, la obra autobiográfica denuncia el revés de la misión colonizadora de Francia y describe un sistema de explotación brutal, marcado por la corrupción, la miseria, el tedio y la injusticia social. El mismo telón de fondo de su novela El amante, galardonada con el Premio Goncourt en 1984.

Disponible hasta el 14 de enero.

30/12/2020

...Y la lírica

Del amor, la pérdida y el movimiento

Vinimos al parque a expresar nuestro duelo.

Era mucho lo que habíamos perdido. Pero

convertimos el duelo

en militancia y nos sentimos revivir.

Descubrimos que no todo era pasado, que

había también un presente en el que se podría vivir.

Quebramos el cascarón de la historia

y el tiempo se hizo pleno.

Todo estaba sucediendo en el Presente.

Luego vino la orden de expulsión y fuimos

dispersados. Tras la expulsión lamentamos

lo que habíamos perdido. Sabemos que nunca

podremos separarnos completamente de todo ello. Está

dentro de nosotros, nos encandila, nos habla.

Nos une. Pero no nos ata al pasado.

El amado suspira: “Debes aprender

a vivir. Ahora.”

Eso significa soltar ese futuro

perfecto en el que estará derecho lo ahora torcido.

Ese futuro será siempre pospuesto,

todavía no está abierto,

No está listo. Y así es a priori objeto

de melancólica tristeza.

Ni esperamos ni lamentamos.

Las tormentas de Wall Street persisten.

Es lo que ellos llaman progreso. No hay

refugio, no hay parque en el que podamos

cabalgar para ir más allá. Tenemos que

aprender a vivir al raso.

Llega un momento en el que se sabe

que no se puede seguir. Pero seguimos.

Es fácil quemarse. Seguir con amor es duro.

No hay que asustarse. No miréis atrás.

Traducción de J. A. Tapia

Nota del traductor:

Este poema anónimo fue publicado en Tidal 4 (Occupy Theory Occupy Strategy), p. 15 (www.yumpu.com/en/document/read/10898359/tidal4-block-by-block). Es citado por Yates McKee, en “Aging in the afterlife: The many deaths of art” (Platypus Review, No. 58, 2013, platypus1917.org/2013/07/01/the-many-deaths-of-art/). Ese artículo es la transcripción editada de una mesa redonda de Anton Vidokle, Gregg Horowitz, Paul Mattick y Yates McKee que tuvo lugar en la New School de Nueva York el 23 de febrero de 2013 (media.platypus1917.org/aging-in-the-afterlife-the-many-deaths-of-art/).

29/12/2020

Documentos

Instituto de Transición Rompe el Círculo

Móstoles en Transición 2015. Documento de trabajo

Intentos de pasar de la teoría a la práctica

https://institutodetransicion.rompeelcirculo.org/wp-content/uploads/2014/11/M%C3%93STOLES-EN-TRANSICI%C3%93N.pdf (13 págs).

Recomendar la lectura de un documento de hace cinco años puede parecer una pérdida de tiempo, pero si se aclara que fue el primer documento que abordó la adaptación de un municipio al colapso ecosocial, y que una lectura crítica de su contenido es necesaria para entender las dificultades a las que se enfrenta un proyecto de esa envergadura, su lectura cobra sentido.

El Instituto de Transición Rompe el Círculo es un colectivo de reflexión de larga trayectoria, y el proyecto Móstoles en Transición ha tenido una deriva que debería ser objeto de una reflexión profunda. El calendario original del documento (2015-2025) derivó hace dos años hacia un segundo proyecto: «Será una vez Móstoles 2030»: una prefiguración utópica de la transición ecosocial, según expone uno de sus principales dinamizadores, Emilio Santiago Muiño, en un artículo publicado en marzo de 2019 que complementa el documento inicial.

Lo realizado hasta ahora y el proyecto de futuro se expone en una larga entrada del blog enfantsperdidos. Como el propio Muiño explica:

Será una vez Móstoles 2030 es una exploración colectiva de un nuevo imaginario de la lujosa pobreza desde muchos frentes. Primero, mediante ejercicios de visualización utópica del futuro, que el Instituto de Transición Rompe el Círculo ha llevado a cabo en Móstoles en distintos contextos.

La realidad es que desde el lanzamiento del proyecto en 2015 hasta hoy se han cubierto cuatro etapas sin salir de fase discursiva. Y es que las cifras abruman.

Móstoles es un municipio de la periferia de Madrid que en 2019 tenía 209.184 habitantes. El crecimiento en población del municipio entre 1970 (17.895 habitantes) y 1981, en que pasa a tener 150.259, da una idea de las dimensiones materiales del proceso. Es imposible que ni Móstoles, ni ningún municipio de esa envergadura, pueda hacer frente a las implicaciones del colapso ecosocial sin una migración de habitantes, algo que se enuncia de forma genérica en uno de los puntos del proyecto.

El contraste entre la dimensión social de Móstoles y las actividades desarrolladas desde Móstoles en Transición y Será una vez Móstoles 2030 es abrumador [1]: demuestra que hay pendiente, de entrada, un enorme trabajo de investigación para determinar las posibilidades reales que tiene el municipio de garantizar el mantenimiento de las cadenas de suministro de bienes básicos: agua potable, alimentos, energía, etc., y de una gestión de los residuos que cierre el círculo. Y será tras comprobar los límites de esas cadenas, es decir, el nivel de cobertura de bienes básicos que la sociedad de Móstoles puede mantener, cuando se determine qué población puede vivir con esa cobertura, lo que llevará a afrontar el conflicto de la migración de parte de la población.

La lectura del documento de trabajo ayuda a entender ese contraste.

[1] Número de actividades del instituto por categorías: banco de tiempo (1), dinámicas de educación popular (5), Eventos (3), Formación (17), Crisis de civilización y transiciones poscapitalistas (15), Huerto de Leal (4), Móstoles en transición (5), Recuperación de saberes tradicionales (16), Reencantamiento de la vida cotidiana (1), rhuam (3), talleres de huerta ecológica (34), sin categoría (62).

29/12/2020

Boletín 197

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