Si no hay un giro de guion inesperado, todo apunta a que el Gobierno conseguirá aprobar un presupuesto para 2020 y que este será expansivo. Un éxito del Gobierno. Asimismo, que entre sus potenciales aliados haya predominado la sensatez. Se trata, al menos sobre el papel, de presupuestos expansivos, con un aumento del gasto del 33% y un moderado aumento de los impuestos a las rentas altas y al capital. Sobre el papel puede presentarse como un presupuesto orientado a reactivar la economía y reducir el desempleo, mejorar la cobertura de derechos sociales e introducir tímidas medidas de redistribución, vía impuestos. En una primera lectura puede darse por bueno que se trata de un presupuesto progresista que sirve, además, para consolidar una alianza política. El nerviosismo que se percibe en los grandes medios de comunicación y los exabruptos del ala más derechista y neoliberal del PSOE ayudan a dar por buena esta primera impresión.

Una lectura más fina de los presupuestos obliga a analizar dos cuestiones. En primer lugar su contenido detallado, que indica en qué se van a gastar las partidas, qué prioridades reflejan. Una parte de los presupuestos tiene una cierta vida autónoma, es difícil que varíen a menos que se produzca un cambio radical de la estructura estatal. Sin cambios importantes en el volumen de empleo público, en la organización y en las infraestructuras materiales, la variación de las partidas que se dedican a estos gastos tiene una cierta continuidad, modulada por decisiones como el grado de incremento de los sueldos públicos. Otras partidas varían para adaptarse a cambios en el ambiente económico. Este es el caso de los subsidios de paro: el volumen de gasto depende de cómo evolucione el desempleo. Por esto que en una circunstancia como la actual se prevea un incremento del gasto en esta partida es simplemente un efecto pasivo del propio incremento del paro. A menos que se introduzcan reformas radicales en los derechos de prestación, como ha ocurrido en el pasado, el gasto por desempleo tiene una dinámica autónoma. En el nuevo presupuesto no se consideran cambios drásticos ni en las estructuras públicas ni en la regulación del desempleo. El tan debatido aumento del 0,9% de los salarios públicos no cambia radicalmente esta parte del presupuesto. Es más bien una medida orientada a mostrar buena voluntad hacia los trabajadores públicos (tras años de recortes) y una señal al sector privado para que no aplique un recorte de salarios que agrave la situación.

Los cambios importantes hay que buscarlos en las partidas no estructurales, en las que sirven para indicar cambios de orientación en el gasto. Y en esto las pistas son explícitas: la mayor parte del crecimiento se dedica a operaciones de capital, que crecen un 157%, muy por encima del conjunto (aunque su peso total no llega al 10% del gasto total). Y, del total del gasto de capital, el 77% son transferencias de capital y el resto, inversión pública directa. Siempre es complicado averiguar cuál es el destino de estas transferencias, al menos sin tener el detalle del presupuesto. En muchos casos son transferencias internas al sector público, del Estado central a las comunidades autónomas o a organismos públicos encargados de realizar las inversiones. En otros pueden ser dinero que el sector público deriva a empresas privadas, algo que en este caso tiene que ver tanto con los planes de inversión para salvar empresas como con los fondos dedicados a promover los objetivos explícitos de la lucha contra el cambio climático y la digitalización.

El gasto social crece a un ritmo muy inferior, un 10,3%, algo que solo refleja el gasto del Estado central, y hay que contar que la mayor parte de este gasto se incluye en los presupuestos autonómicos. Aun así, aunque hay aumentos sustanciales en partidas sensibles (educación, sanidad), en los ministerios del campo social parece bastante claro que el aumento va a ser insuficiente para cubrir todas las necesidades sociales generadas por la crisis. El problema no es tanto el ritmo de crecimiento sino todo el déficit social derivado de una financiación pública insuficiente que ha caracterizado a toda la historia reciente. Se trata de algo que los recortes de la anterior crisis y los enormes desvíos de fondos hacia grupos privados (externalizaciones, rescate de grupos privados, sobrecostes ligados a la corrupción...) han agravado.

La segunda cuestión que conviene siempre analizar es el grado de ejecución del presupuesto. Este no es más que un proyecto, una declaración de intenciones. Una parte del presupuesto se cumple, básicamente porque tiene que ver con pagos automáticos, como los salarios públicos o las pensiones. Pero otros, los que dependen de decisiones puntuales, especialmente las inversiones, a menudo se quedan en el camino, unas veces por desidia, otras por la propia complejidad de la inversión y otras por cambios de criterio a medio camino. Como sabemos bien los que trabajamos en el movimiento vecinal, es bastante frecuente que las inversiones en infraestructuras sociales figuren en diversos presupuestos anuales hasta que llegan a concretarse (con el peligro, además, de que el proyecto desaparezca en algún momento). Por las características de este presupuesto será importante evaluar dentro de un tiempo cuál ha sido su grado de concreción.

El destino de las inversiones constituye uno de los elementos cruciales de este presupuesto. Según en qué se empleen, ayudarán a delinear parte de la especialización productiva futura y la base material de los servicios públicos. A estas alturas está ya claro que esta enorme masa de transferencias de capital estará asociada al plan de reconstrucción público-privada. Ya se ha filtrado que el Gobierno va a controlarlo de forma centralizada y que se prevé un mecanismo de concesión ágil. Ya se sabe, cuando la economía se estanca es necesario reactivarla cuanto antes y hay que ser ágiles en la toma de decisiones. (Nos recuerda al criticado plan Zapatero de dar dinero a los ayuntamientos para actuaciones a corto plazo en la crisis anterior.) El problema de la agilidad es que es útil cuando las decisiones están vinculadas a una estrategia clara, pero puede dar lugar a despilfarros cuando se carece de ella. Ahora se presume que hay una orientación definida en términos de cambio climático y digitalización, lo cual se traduce en cambiar el modelo energético, reducir las emisiones y tratar de universalizar el uso de instrumentos digitales en todos los niveles sociales.

Aparentemente el proyecto es racional: trata de hacer frente a uno de los problemas más graves que amenazan a la humanidad y propone desarrollar el potencial de nuevas tecnologías que, con el confinamiento, se han mostrado útiles en muchos campos. Sin embargo, en un segundo análisis aparecen bastantes interrogantes. En primer lugar, afrontar el cambio climático como un mero cambio en el aprovisionamiento energético puede conducirnos a otra vía sin salida. En parte porque sigue estando en cuestión la capacidad de las renovables para suministrar de forma persistente la misma cantidad de energía para todos los usos que la proporcionada por las fuentes “sucias”, sobre todo si se tienen en cuenta los ciclos de vida de los equipos eléctricos y su dependencia crucial de materiales raros. Y no solo se plantea como la mera sustitución de unas fuentes por otras, sino como un crecimiento de su suministro si lo que se persigue es que el conjunto del planeta alcance niveles de desarrollo parecidos a los nuestros. De hecho, la propia digitalización “total”, más allá de las mejoras en eficiencia energética, promueve una creciente demanda de energía. Sin afrontar el cambio energético como una parte más de una transformación ecológica que considera al mismo tiempo las limitaciones que tenemos en otros campos (biodiversidad, materiales, espacio...), el resultado puede ser caótico, porque el plan actual puede llevarnos a una sobreinversión en energías renovables y a graves problemas en muchos otros ámbitos.

En segundo lugar, tampoco es evidente que la digitalización general sea ni una panacea ni algo realmente factible, y ello por razones ya indicadas anteriormente en cuanto a materiales, por el posible aumento de la contaminación electromagnética (que en diversos países ha dado lugar a demandas de moratoria en la implantación del 5G) y por algunos de los negativos sesgos sociales y económicos que conlleva en muchos aspectos (concentración del poder económico y social, aislamiento y brecha digital, vulnerabilidad social ante los peligros de interrupción de las redes...) En ninguno de los dos casos ha habido una reflexión suficientemente madura sobre las ventajas y los inconvenientes, sobre formas alternativas de introducir el cambio. Y es que en la forma en que se está implantando están desempeñando un papel central importantes poderes económicos más interesados en desarrollar nuevas formas de acumulación que en construir una economía más racional.

No es solo una cuestión especulativa. Basta con analizar cómo se están moviendo los agentes económicos. Todos los grandes gestores financieros están creando fondos de inversión dedicados a las energías alternativas. En las páginas de la prensa salmón proliferan las noticias de compra y venta de proyectos. La última incorporación al Ibex ha sido Solaria, una empresa que se dedica a promover y vender proyectos energéticos. Es un proceso bastante parecido al que se desarrolla en el campo inmobiliario y en el de la gestión de infraestructuras. En la misma línea, se ha anunciado también que el sector del motor va a recibir una inyección de 10.000 millones para abandonar la tecnología tradicional y pasar a la del coche eléctrico y el hidrógeno. Hay una posibilidad bastante elevada de que el fondo de inversiones sea captado por los grandes grupos económicos y financieros que llevan muchos años condicionando y parasitando los presupuestos públicos. Es un resultado bastante inevitable dada la ausencia de proyectos claros de cambio que puedan seleccionar los proyectos. Para garantizar que una respuesta ágil sea útil en términos de eficiencia social, es necesario que las respuestas se enmarquen en proyectos pensados con anterioridad, algo que le resulta ajeno a una cultura económica que ha despreciado toda idea de planificación económica (y que contrasta con la planificación de sus negocios que domina en las grandes empresas). Esta es una carencia particularmente importante cuando nos enfrentamos a una crisis ecológica y social que exige transformaciones de calado.

El peligro más obvio es que al final la política expansiva no sea más que una variante de lo experimentado en la crisis anterior. Entonces los millones de euros fluyeron al sistema financiero, y hoy pueden llegar en mayor proporción a grandes grupos empresariales y acabar en inversiones mal planteadas y que reproduzcan un modelo económico socialmente injusto y ecológicamente insostenible.

III

La cuestión no es solo cuál va a ser el grado de racionalidad y justicia social del modelo. Lo que parece indudable es que, como es visible en el presupuesto actual, uno de los resultados macroeconómicos va a ser el de un elevado endeudamiento público. Posiblemente será sostenible en cuanto se mantenga la actual política monetaria y se garanticen bajos tipos de interés, pero es mucho más probable que este endeudamiento genere nuevas exigencias de ajuste por parte de las grandes instituciones económicas. Es significativo que desde la Unión Europea ya se haya empezado a enviar señales en esta línea cuando ni siquiera se ha aprobado el presupuesto de reconstrucción. Y, a escala local, florecen los recordatorios en la misma dirección del Banco de España o de la AIReF. Además, si hay ajustes solo pueden realizarse de dos formas: con subidas de impuestos o recortes de gasto. Las primeras son más eficaces y potencialmente progresivas, pero van a chocar con una feroz resistencia de la derecha y los sectores pudientes, para los que la reforma fiscal es una línea roja. Y los segundos siempre acaban afectando a derechos sociales básicos, entre otras cosas porque el grueso del presupuesto se dedica a pagar salarios públicos, a mantener servicios y a pensiones y otras ayudas sociales, y es donde los recortes tienen un mayor efecto presupuestario. Sabemos ya de qué van los grandes ajustes. Por esto es aún más necesario debatir adónde va a parar la inyección de fondos, a evaluar la eficiencia social. Y por esto es también básico empezar a preparar una respuesta adecuada frente a la amenaza plausible de nuevos planes de ajuste en el futuro inmediato.

30/11/2020

Cómo construir «víctimas ficticias» en nombre de las libertades sexuales de las mujeres

María Luisa Maqueda Abreu

1. Introducción

El reciente Anteproyecto de ley integral de libertad sexual plantea un desafío en nombre de las libertades sexuales de las mujeres. Las oportunidades de vivir sin violencia descansan formalmente en el valor de su consentimiento. Así es como la exposición de motivos del texto describe el acceso efectivo de las mujeres a un conjunto de derechos humanos íntimamente relacionados con la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo. Y define el daño a su libertad a partir de los actos de naturaleza sexual no consentida o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual. Estos constituyen la esencia de las violencias sexuales, simbolizadas en la agresión sexual y la explotación de la prostitución ajena… «aún con el consentimiento de la persona».

A partir de esa iniciativa legislativa, propongo examinar las expresiones de violencia sexual aplicadas a la prostitución: las que el Anteproyecto llama proxenetismo coactivo y no coactivo, o —como prefiero llamarlas yo— las de prostitución forzada y prostitución voluntaria. En ambos contextos —en el coercitivo y en el libre— pretendo encontrar a esas «víctimas ficticias» que se alojan en el título de este escrito. Empecemos por las trabajadoras del sexo.

2. La victimización de las trabajadoras del sexo

La indiferencia ante el consentimiento de las trabajadoras de sexo es un signo distintivo del pensamiento abolicionista acerca de la prostitución. Constituye una poderosa excepción al reconocimiento de las libertades sexuales de las mujeres que no puede ser entendida más que sobre bases estrictamente ideológicas. Sus pilares se sustentan, esencialmente, en la negación de la autonomía de las prostitutas y la afirmación de una sexualidad victimizada que se nutre de elementos de involuntariedad y de degradación.

Son representativas las famosas palabras de Marcela Lagarde: «por definición las mujeres que ejercen la prostitución no son autónomas. Por definición son cuerpo objeto para el placer de otros. Su cuerpo subjetivo, su persona, está cosificada y no hay un “yo” en el centro. En esta situación no hay posibilidad de construir una persona que se autodefine, que se autolimita, que se protege y desarrolla a sí misma».

Se justifica así una subjetividad deficiente de algunas mujeres para poder negar su condición de libres y afirmarlas como víctimas. Se las describe como frágiles, con carencias afectivas, una socialización defectuosa, un rastro de violencias físicas o sexuales vividas en la infancia… El Informe oficial de la Ponencia acerca de la situación actual de la prostitución en nuestro país, publicado en 2007, lo afirmaba expresamente: «la prostituta ha de tener la condición de víctima. Son víctimas del sistema, víctimas de sus proxenetas y víctimas de sus clientes. Se les atribuye graves secuelas psicológicas (como el estrés post-traumático), violencia, abuso, etc…».

Si bien se piensa, la victimización de las prostitutas se ha convertido en el primer mandato normativo de género no impuesto por el patriarcado. Se configura como una estrategia ideada desde las filas feministas —desde lo que hoy se autodenomina «feminismo radical»— para eximirlas de cualquier responsabilidad por el mal uso de sus cuerpos, por su complicidad con el patriarcado o por la mercantilización de su sexualidad bajo la ofensiva depredadora del capitalismo neoliberal. Distintos discursos sobre el significado de sus transgresiones —de la inmoralidad a la indignidad— que han ido cambiando con el tiempo mientras dejaban inalterada su condición de víctimas.

Se está, pues, ante todo un argumentario conformado por una serie de imperativos para abolir la prostitución. No es que se desconozca la libertad de las prostitutas sino que se ignora a conciencia para evitar que pueda manchar la imagen ideal que se ha construido de lo femenino. Quienes las privan de su posición de sujetos minimizan de esta manera la afrenta a sus leyes de género, empezando por la que dispone que no hay sexualidad libre si media precio. Desde Carole Pateman, existe una confusión entre la venta de servicios sexuales y la venta del «yo» de quien se prostituye. «Cuando una mujer es prostituida no vende su cuerpo, vende su alma», recordaba Falcón hace unos años en el debate de la Ponencia sobre la prostitución en el Estado español. El comercio sexual se evidencia como una práctica atentatoria contra los derechos humanos de las mujeres.

Pero las leyes de género no siguen la misma lógica que rige en las leyes penales. Las primeras asientan principios que no encuentran razones capaces de legitimar la intervención punitiva. Como el del bien jurídico en los delitos contra la libertad sexual, que pone énfasis en la voluntad y en la autodeterminación sexual de las actoras. Ellas figuran entre quienes consienten libremente en las relaciones comerciales de su entorno de modo que no hay justificación penal para poner veto al trabajo sexual por cuenta ajena cuando se sustenta en el acuerdo de las partes. Si hay consentimiento, ¿dónde encontrar razones para castigar con penas a quienes pactan y obtienen provecho económico sin abusos como empresarios del sexo, intermediando, negociando, alquilando habitaciones…?

Ya en la sentencia de 6 de junio de 1990 —años después de que se hubiera cambiado la rúbrica de «los delitos contra la honestidad» por la actual de «delitos contra la libertad sexual»— el magistrado del Tribunal Supremo, Martín Pallín, afirmaba explícitamente la ausencia de bien jurídico alguno en la prostitución: «la actividad sexual retribuida realizada por personas mayores de edad resulta atípica por no afectar a la libertad y capacidad de la persona para disponer de sus relaciones sexuales como estime conveniente».

Y no hay tampoco otro bien jurídico que pueda explicar ese concepto de explotación que emplea el Anteproyecto. Porque carece de cualquier contenido razonable de ilicitud penal, a diferencia de lo que sucede con la regulación vigente del delito de explotación de la prostitución, que exige abuso en la imposición de condiciones laborales «gravosas, desproporcionadas o abusivas» (art. 187 b CP) —un bien jurídico que poco tiene que ver con la libertad sexual, al situarse entre los que amparan a los trabajadores (art. 311 y ss. CP)—. En ausencia de cualquier forma de abuso, la criminalización de un «aprovechamiento» como lucro no ilícito incumple, por tanto, las exigencias materiales que pueden justificar la existencia de algún fundamento punitivo. Al cuestionar la aptitud del bien jurídico para marcar los límites de la prohibición penal, la reforma en curso lo desnaturaliza, incurriendo en un verdadero disparate jurídico.

3. Una victimización degradada

Lo que podríamos llamar «prostitución coercitiva» entiendo que malversa el concepto de prostitución porque, como la misma jurisprudencia la define, ésta consiste en «la prestación de servicios de carácter sexual a cambio de una contraprestación de carácter económico durante un tiempo más o menos temporalmente extenso» (STS de 26/07/2016). Mal puede invocarse aquel concepto cuando la remuneración no beneficia a quien realiza la prestación sexual y ni siquiera opera como motivo de la decisión de llevarla a cabo, quedando la ocasión o la duración también a merced de la voluntad de terceros. Tal pretendida «prostitución coercitiva» sólo se daría en un contexto comercial en el que «otros» se benefician económicamente a costa de quien carece de capacidad de agencia y no tiene oportunidad de decidir, negociar u obtener dinero. En el concepto de «prostitución forzada» no hay, pues, reciprocidad alguna que pueda recordar a la prostitución, por lo que se trata de un concepto imposible.

Con otras palabras, si hay imposición, si media coerción o abuso y, por tanto, ausencia de consentimiento, no existe prostitución sino violencia sexual. Y la figura penal que más se le aproxima es la del delito de agresión sexual, que identifica con su autor a quien «realice cualquier acto de contenido sexual que atenta contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento» (propuesta de la reforma del art. 178 CP). No se explica entonces que se discrimine una figura penal e infravalore a sus víctimas, llamando prostitución (forzada) a atentados sexuales —es decir, a verdaderas agresiones sexuales— de entidad especialmente agresiva e intensa por su continuidad en el tiempo, como si la mediación de un precio que otros imponen y cobran pudiera pervertir el significado que tiene para la víctima la suma de actos sexuales diferenciados que ha de soportar y para nada difieren —si no es en su mayor gravedad— de un ataque puntual y concreto a su libertad sexual. Cuesta creer no ser conscientes del menosprecio que supone para las víctimas de lo que llaman «prostitución forzada» ver infravalorado el estado de degradación y cosificación a que se ven sometidas en ese ataque continuado a su autodeterminación sexual. No en vano alguna sentencia lo define muy bien cuando se refiere a «una actividad en la que el afán de lucro lleva a convertir en mercancía a la persona con absoluto desconocimiento de su dignidad…, quebrantando su libertad con especial incidencia en la dimensión sexual de la misma» (STS de 04/02/2015).

Las respectivas penas que propone el Anteproyecto evidencian ese dislate valorativo, a pesar de que el texto ha revisado las penas actuales. Para quienes determinan a una persona mayor a ejercer o a mantenerse en la prostitución empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de la situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, el nuevo artículo 187.1 prevé penas de 3 a 6 años y multa, mientras que cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento constituye una agresión sexual en el Anteproyecto (art. 178.1) y se convierte en violación cuando hay acceso carnal (art. 179), con penas de 4 a 10 años de prisión para cada delito (con agravaciones hasta 12 años): ¿cuántos años podrían alcanzar las condenas por violación cuando suman no un acto sino una reiteración de actos sexuales que tienen que soportar las víctimas de esa mal llamada «prostitución coercitiva»? A ellas se les priva intemporalmente de su capacidad de decisión sobre sus propios cuerpos, por el solo hecho de que el delito se sitúa en un contexto mercantil donde otros obtienen ese lucro ilícito a su costa.

Se les ha negado la oportunidad de ser consideradas víctimas genéricas de violencia sexual y hay más desatinos todavía. La reforma, por ejemplo, prevé en su art. 187.2, 2º la ocasión de que se impongan penas agravadas para los casos de «proxenetismo no coercitivo» cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso (?) y, poco más adelante, el párrafo 4 del art. 187 contempla la posibilidad de sumar las penas de la prostitución coercitiva a las que respondan a las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida. Me pregunto: si en el propio texto de reforma la definición de agresión sexual se refiere, como hemos visto, a quien atenta contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento (art. 178.1), ¿para qué casos reserva, dentro de la prostitución, esas penas agravadas descritas más arriba, o bien las correspondientes a la agresión sexual, cuando todas ellas están pensadas para comportamientos violentos, intimidatorios o abusivos que se limitan a reproducir precisamente la esencia de los delitos de agresión sexual? No se entiende.

4. Concluyendo

Quienes representan al feminismo abolicionista han pasado tanto tiempo negando la capacidad de decisión de las mujeres cuando consienten a la prostitución que no saben qué hacer con las que muestran su voluntad de no consentir (!). La ceremonia de confusión que ese feminismo impone sobre su consentimiento lo devalúa todo: porque el consentimiento de las trabajadoras del sexo carece de valor y quienes lo niegan, en tanto que «prostituidas» (¡), no conservan más que un valor depreciado, abaratado de su falta de libertad, sin alcanzar el rango de víctimas «genéricas» de violencia sexual. Poco les importa a las creadoras del Anteproyecto carecer de fundamentación material para castigar el entorno de quienes consienten en la prostitución, como tampoco discriminar a quienes soportan un daño redoblado a su libertad sexual. La falta de sensibilidad social y jurídica del Anteproyecto es demasiado patente.

Su tarea de heterodesignación impone a todas la condición de «víctimas ficticias»: a unas porque, consintiendo, son concebidas como seres alienados, de una identidad deteriorada, simples cuerpos sin alma asimilables a una mercancía; a otras porque, a fuerza de ser vinculadas con la prostitución, se les acaba por imponer la minusvaloración de su estatus. No en vano conservan el nombre de «prostituidas».

[María Luisa Maqueda es profesora de Derecho Penal en la Universidad de Granada]

29/11/2020

Educación e igualdad

Albert Recio Andreu

La política educativa es un campo de conflicto social. Sólo desde una visión tecnocrática u organicista puede pensarse que es un campo donde es fácil el consenso —al margen de donde una visión social es tan hegemónica que no deja espacio para las alternativas—. Una de las utilidades de los enfoques institucionalistas es que permiten mostrar cómo en cada país existe un modelo educativo que es el reflejo de conflictos y trayectorias económicas y sociales distintas.

La gente de izquierdas tiende a pensar que el modelo escolar es un reflejo de la lucha de clases. Y en parte es cierto. La implantación de una escuela pública universal fue en muchos países producto de movimientos sociales igualitarios, enfrentados a poderes capitalistas que preferían una clase obrera analfabeta. En muchos lugares esta pugna capital-trabajo se solapó con una guerra entre religión y ciencia, entre escuela y catequesis. La estructura de muchos sistemas educativos nacionales refleja aún hoy este largo combate y este peso de intereses no enfrentados. No es casualidad que entre los sistemas educativos más fragmentados y clasistas de los países desarrollados figuren Reino Unido, Estados Unidos y España (particularmente en estos dos últimos países la intromisión de las religiones es más evidente).

La conquista de una educación pública universal es una victoria indudable de las luchas por un mundo igualitario. Pero es sólo un paso. Y gran parte de la política de la izquierda ha quedado limitada por esta victoria y ha olvidado las limitaciones y los peligros de confiar en el sistema educativo una buena parte de las políticas igualitarias. Sobre todo, cuando ha aceptado que el papel del sistema educativo es ofrecer igualdad de oportunidades a todo el mundo, olvidando tanto las desigualdades estructurales con las que niños y niñas llegan a la escuela como el discutible igualitarismo de una sociedad meritocrática. De ello se resienten no sólo las políticas igualitarias, sino también la propia capacidad del sistema educativo para generar individuos bien informados y con capacidad reflexiva.

El sistema educativo está condicionado por las desigualdades sociales. Y, a la vez, tiende a reproducirlas. Un análisis crítico del sistema educativo debe analizar tanto el contexto social en el que opera como sus propias estructuras internas y funcionamiento.

Las desigualdades más obvias son las que tienen que ver con la distribución de recursos. Tanto de la propia escuela (dotación de equipamientos y profesores, material escolar) como de las familias. Este es el campo donde las propuestas de acción son más fáciles de elaborar, aunque las desigualdades siguen siendo en muchos casos injustificables. Así lo ha puesto en evidencia la pandemia, al haberse querido imponer una enseñanza virtual a la que una parte de la población no podía acceder por falta de medios informáticos y buenas conexiones telefónicas.

Pero las desigualdades están también en las distintas dotaciones culturales de las familias y recursos familiares de todo tipo. Hay buenos estudios que encuentran una fuerte correlación entre el éxito educativo y los hábitos culturales de las familias en aspectos como la cantidad de libros en el hogar, la frecuencia de actividades de ocio cultural e incluso el tiempo que dedican las familias a la conversación intergeneracional. Los dos primeros elementos están claramente ligados a la posición social de las familias, el tercero lo está además a otros elementos: desde el tiempo disponible para el encuentro, hasta la riqueza de las relaciones sociales de cada familia. La importancia de estos aspectos es crucial porque conecta la experiencia educativa con el mundo externo, con la vida cotidiana. No es una cuestión determinista pero sí fuertemente condicionante. Para muchos niños y niñas el mundo de la escuela, lo que allí aprenden, es algo muy diferente a lo que experimentan en su ambiente doméstico y en su entorno de barrio. Para algunos la experiencia puede resultar fascinante pero para otros muchos no tiene mucho sentido. Algo que expresan muy bien las alumnas de un instituto del extrarradio parisino en la película La clase, al recordarle al profesor de lengua que ellas nunca hablan en pluscuamperfecto.

Todo esto es conocido y abre la posibilidad de políticas compensatorias, de un sistema educativo desigual en recursos para favorecer la igualdad: recursos escolares, dotaciones de profesorado especializado, becas… Y de la posibilidad de equilibrar en parte las desigualdades culturales con una buena oferta de actividades en los barrios y pueblos donde vive la gente menos culta, de generar contextos que reduzcan el abismo entre la escuela y la vida. Hasta aquí hay mucho espacio de políticas reformistas por recorrer.

III

Con ser importantes, estas cuestiones no agotan todos los problemas que plantea el sistema escolar. Hay una contradicción evidente entre una educación que en teoría debe fomentar de forma universal un amplio bagaje cultural, una capacidad crítica y reflexiva, y un sistema social jerárquico y tremendamente desigual. Un sistema social que es incapaz de ofrecer a todo el mundo un contexto vital como el que promueve en teoría la escuela. La forma como se salva esta contradicción es diversa. La más cruda es la que ofrecen los sistemas educativos más clasistas: una educación segregada, desigual para distintos colectivos sociales.

Pero hay otras formas más sutiles, igualmente creadoras de desigualdad. Como el establecimiento de un sistema evaluativo en el que unas personas siempre tendrán más ventajas que otras simplemente porque los hábitos sociales desarrollados en sus familias y entornos son más próximos a los estándares con los que son evaluados. Algo a lo que a menudo contribuyen de forma inconsciente los propios profesores cuando tienen que trabajar con criaturas de estratos desfavorecidos.

De hecho, la escuela tiende a evaluar sólo sobre algunas materias, no evalúa sobre todas las formas de actividad social. Y al hacerlo jerarquiza y promueve percepciones desiguales sobre el valor de cada actividad. Yo lo aprendí de joven. Era seguramente el más negado de mis compañeros en actividades manuales y deportivas. Mi memoria en cambio me facilitó ser un buen estudiante y me dio acceso a la educación superior. Los méritos de mucha de la gente de mi entorno en cuestiones como la habilidad manual o su capacidad de desarrollar actividades de cuidados, que requieren dominar un amplio campo de saberes y una elevada capacidad de empatía y tacto social, nunca merecerán la misma evaluación. De ser todo el mundo evaluado en todos los campos, la conclusión seguramente sería que cada cual es más capaz en unas cosas que en otras y que no hay forma de establecer una jerarquía social en función de las mismas capacidades.

Todos nos necesitamos. La imagen social que genera el sistema educativo, en cambio, tiende a jerarquizar saberes, a sobrevalorar las actividades asociadas al conocimiento abstracto y a minusvalorar el resto. Tiende a legitimar las desigualdades sociales y a generar individuos que en el tramo final del sistema educativo sienten que participan en una carrera competitiva en la que pueden triunfar, creen tener méritos que la sociedad les debe reconocer; y, por el contrario, otros que salen ya con el estigma del fracaso para el resto de sus vidas. Después, la cosa es más complicada cuando el sistema productivo no ofrece tanta cantidad de empleos de alto nivel, ni la superación de fases educativas garantiza el éxito. A medida que ha crecido el número de gente educada, se han multiplicado los mecanismos de selección y se han prolongado las carreras educativas, reproduciéndose nuevas jerarquías en las que juega un papel esencial la clase de origen.

Esta contradicción esencial tiene otras consecuencias notables. Gran parte de la experiencia escolar se encuentra dominada por las dinámicas competitivas y evaluativas, lo que, lejos de fomentar un aprendizaje comprensivo y actitudes igualitarias y cooperativas, provoca aprendizajes fragmentados y personalidades inseguras y competitivas.

Provoca también una visión de la educación más como un mecanismo para acceder a privilegios sociales que como un espacio de conocimiento y maduración personal. Y sobre esta percepción se construyen nuevos mecanismos de selección social en el sistema educativo. La demanda de elegir la escuela de los hijos, excepto para grupos muy ideologizados, es menos una demanda sobre la calidad de la escuela —careciendo padres y madres, a menudo, de criterios para evaluarla— que una elección sobre las relaciones sociales que van a tener los niños. Gran parte del éxito de la escuela concertada en nuestro país se asienta en este modelo de elección de un mecanismo de exclusión social. Con el doble efecto de alejar a niños y niñas de colectivos indeseados y de cargar a la escuela pública con una proporción elevadísima de criaturas que necesitan de un soporte especial por motivos diversos (lengua, problemas familiares, discapacidades). Se trata de una demanda que se da especialmente entre las clases medias, pero que es también visible en aquellos barrios obreros donde opera alguna escuela concertada. E incluso es observable cierta diversificación entre las propias escuelas públicas a través de sofisticados mecanismos de exclusión.

Los problemas de la escuela, el racismo implícito que se esconde bajo la capa de excelencia cultural, la humillación que experimentan muchos críos en el sistema escolar, las redes sociales que protegen a unos y desamparan a otros, la mayor o menor capacidad de los enseñantes en desarrollar prácticas inclusivas y enriquecedoras, el impulso competitivo y la seguridad que genera el éxito escolar influyen de forma importante en la construcción de la subjetividad individual. Y constituyen un elemento central en la actual configuración de comportamientos de grupo. No es sin duda el único factor, pero el papel que juega el sistema educativo debe ser evaluado cuidadosamente a la hora de entender los comportamientos sociales que explican las dificultades que atraviesa la cultura igualitaria —visibles incluso en los comportamientos dominantes entre la “nueva izquierda” post-marxista— y el auge de diversas corrientes reaccionarias.

A una reforma educativa no le podemos pedir que lo resuelva todo. Ni siquiera que introduzca una reflexión crítica suficiente. La reforma actual aborda sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con la derecha tradicional (el papel de la religión en la escuela, los excesivos privilegios de la concertada en España), pero deja en el aire buena parte del desarrollo de un sistema educativo equilibrador de desigualdades y olvida todo lo demás. Hay un problema de recursos, que no se desarrollan, y de compromiso igualitario, que no existe más allá de los eslóganes electorales. Es un pasito, pero poco más. Para poder hablar de pasos mayores se requiere, antes que nada, generar una reflexión colectiva y un movimiento social: lo habitual para conseguir cambios de gran calado.

29/11/2020

El presupuesto de Defensa y las inversiones en armas

Pere Ortega

El gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha presentado un presupuesto para el año 2021 para su aprobación en el Congreso. La propuesta de presupuesto alcanza la cifra de 550.486 millones de euros, 416.498 millones sin incluir las operaciones financieras, un 19,4% más que el prorrogado en 2020. Un aumento que hay que celebrar, pues demuestra la voluntad del Gobierno de hacer frente a la crisis con una política económica de corte progresista destinada a incrementar el gasto social y las inversiones públicas para promover el consumo y la generación de empleo, y así poder combatir la enorme crisis producida por la pandemia del Coronavirus. Entre otros servicios, se pretende aumentar el presupuesto de Sanidad en un 75%; el de Educación un 70%; los servicios sociales un 70%; la I+D un 75%; en Ciencia un 60%; en acceso a la vivienda un 368%; en políticas de igualdad un 157%; en transferencias de capital para inversiones a organismos un 229%; el Ministerio de Trabajo un 1.167%.

Pero esas alegrías en el ámbito de las coberturas de las políticas sociales y de impulso al empleo tienen en el ámbito militar su lado más negativo, pues el presupuesto del Ministerio de Defensa consolidado (que incluye Organismos Autónomos, el Centro Nacional de Inteligencia y transferencias), crece en 664 millones, un 6,5% respecto a 2020 y alcanza la cifra de 10.863 millones. Y, si se tienen en cuenta las partidas repartidas entre otros ministerios de carácter militar, se alcanza un aumento del 10,3%. Y esto no es una buena noticia, porque la mayor parte de ese aumento se destinará a promover los Programas Especiales de Armamentos (PEA). Unos PEA que fueron aprobados durante el Gobierno provisional del PSOE antes de su coalición con Unidas Podemos y que alcanzan la colosal cifra de 13.736 millones en su desarrollo durante los próximos diez años. Para la adquisición de ese armamento, el presupuesto de Defensa prevé para el próximo año el pago de 2.342 millones; y para la fase de su desarrollo, 676,5 millones en concepto de I+D militar destinados a las industrias militares que los han de fabricar. Unas inversiones militares que aumentan en un 20,4% con respecto a 2020.

En el análisis del presupuesto de Defensa no sólo se deben incluir los créditos del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, sino que también se deben añadir todas aquellas partidas que están repartidas por otros ministerios, algo que aconsejan organismos tan dispares como la OTAN y un centro de estudios sobre la paz, el SIPRI. Ello resulta ineludible para saber con exactitud el gasto militar real que realiza cualquier estado. En España, además, se debe incluir la diferencia entre el gasto inicial cuando se aprueba el presupuesto en el Congreso de Diputados y el gasto liquidado al finalizar el año; este año 2020, según Hacienda, Defensa gastará 933 millones más que los aprobados inicialmente.

Además, hay que añadir las clases pasivas militares, la mutua militar, las pensiones de guerra de los damnificados por la Guerra Civil española, la I+D militar que surge desde el Ministerio de Industria, el pago a organizaciones internacionales como la OTAN, la Guardia Civil que se rige por ordenanzas militares; y, finalmente, la parte proporcional de los intereses de la deuda, pues si el Gobierno se endeuda para hacer inversiones en armamentos e infraestructuras militares, es de recibo que la parte proporcional que corresponde a Defensa se incluya como gasto militar. Entonces el presupuesto final de Defensa alcanza la colosal cifra de 21.622 millones €, que supone un 1,8% del PIB español.

Cierto es que podría haber más partidas que tengan un carácter militar repartidas por otros ministerios, donde quizás se hagan aportaciones a cuestiones que tengan que ver con la defensa, pero que a nuestro parecer no muestran la evidencia que en nuestro análisis se explicitan, y es mejor mostrarse rigurosos y desestimar aquello que se mueve en el terreno de lo impreciso.

En definitiva, este enorme dispendio en Defensa no se justifica por las amenazas militares que se ciernen sobre España, pues éstas, tal como se explicitan en la Directiva de Defensa Nacional aprobada en junio de 2020, no prevén ningún ataque ni amenaza exterior en que España ni la UE se puedan ver envueltas. Entonces, ¿por qué ese colosal gasto e inversiones en armamentos que acabarán su vida útil sin haber cumplido otra misión que la disuasión? Resulta falso afirmar que este armamento salvaguarda el país y crea nuevos puestos de trabajo, o ayuda a relanzar la economía mediante el trasvase de tecnologías del ámbito militar al civil, cuando diversos estudios realizados desde la economía crítica (Leontief y Melman, entre otros [1]), demuestran que cualquier inversión militar es mucho más rentable en la fabricación de bienes civiles, debido a los costes de oportunidad que generarían más empleo y competitividad en productos civiles. Y, por otro lado, reducirían la deuda pública del estado, pues la inmensa mayoría de las armas (un 97 o 98%) son adquiridas por los estados, y sólo un 2 o 3% (armas cortas y ligeras) salen al mercado y sólo en algunos países.

Inversiones militares negativas por aquello que hemos repetido en innumerables ocasiones. El gasto y las inversiones militares no contribuyen al desarrollo de la economía y, por el contrario, la entorpecen, pues las armas no son bienes que circulen por el mercado y eso les impide tener un valor social. Además, el estado, al adquirir armamentos y llevar a cabo inversiones militares, se endeuda. Por ello, esas inversiones son menos productivas que las destinadas a la economía civil, la real, la que sí contribuye a crear empleo. Esa es la razón por la que tienen un mayor valor social. Pues, ¿quién contribuye a mejorar la sociedad y su economía, un sanitario, un educador o un militar?

Entre las inversiones militares previstas en 2021 para los Programas Especiales de Armamentos destacan por su cuantía:

el avión de combate Eurofighter (EF-2000) que recibirá más del doble de aportación que en 2020, 488 millones, un programa que tiene un coste final previsto de 13.749 millones;

el avión de transporte A/400M recibirá 321,5 millones, un programa que ascenderá a más de 5.000 millones;

para adquirir cuatro unidades del Submarino S-80, se prevén 300 millones, que sino hay más modificaciones un coste final de 4.572 millones;

348 vehículos blindados de combate Dragón 8x8 que recibirán 245 millones con un coste total de 2.100 millones;

los 18 helicópteros de ataque Tigre se les asignan 60 millones y tienen un coste final de 1.738 millones;

la modernización de 23 helicópteros multipropósito NH-90 dispondrán de 280 millones con un coste final de 1.451 millones;

la modernización de los 17 helicópteros Chinook 165 millones y tienen un coste final de 1.200 millones;

las cinco nuevas fragatas F-110 que fabrica Navantia se destinarán 218 millones y su coste final será de 4.326 millones;

dos buques de acción marítima BAM, tienen un crédito de 58,4 millones y el coste final previsto es de 333 millones;

los 239 tanques Leopardo y los 139 Pizarro recibirán 119 millones y su coste final es de 3.338 millones;

los misiles contra-carro Spike 20 millones sobre un coste de 364 millones

El Futuro Sistema de Combate Aéreo

Merece un comentario aparte el nuevo avión de combate europeo FCAS, cuyas siglas responden a “Future Combat Air System” (Futuro Sistema de Combate Aéreo) y el NGWS, “Next Generation Weapons System” (Sistema de Armas de Nueva Generación). Está previsto que este proyecto entre en servicio en el horizonte del año 2040, y representará en los próximos veinte años un colosal coste que a buen seguro rondará entre 50.000 y 60.000 millones, pues sólo en prototipos ya se prevé un gasto de 8.000 millones. Este proyecto se realizará a partes iguales entre Alemania, Francia y España. Un nuevo avión de combate al que España ya ha asignado 10 millones en 2019, 40 millones en 2020 y, en 2021, el presupuesto de Defensa prevé un crédito de 53,7 millones.

Un FCAS que surge para reemplazar al EF-2000 o Eurofighter y que pretende competir con el F-35 que fabrica Lockheed Martin en Estados Unidos. El F-35 se presenta como el avión tecnológicamente más avanzado del mercado, pues no es detectable por radares, y ya está siendo adquirido o en negociaciones por parte de numerosos estados —entre ellos algunos europeos— como Reino Unido, Italia, Noruega, Dinamarca, Holanda y Polonia.

El FCAS se presenta con el mismo argumento que se utilizó para desarrollar el actual cazabombardero EF-2000, desarrollado por Airbus y el resto de mismas empresas. Un avión de combate que, en su día, también se presentaba como tecnológicamente imbatible, hecho que lo hizo muy codiciado por muchos países que acabarían adquiriéndolo, convirtiéndose en un gran negocio para las empresas y los países productores. Sin embargo, las ventas no cumplieron las expectativas, pues los países fabricantes se comprometieron a vender 620 aviones y el número de ventas final fue de 472: el Reino Unido adquirió 160; Alemania, 143; Italia, 96; España, 73. Y el número de aviones exportados, 135, quedó muy lejos de las expectativas iniciales.

Además, el imbatible tecnológicamente EF-2000 no superó en ventas a los Tornado de la británica BAE Systems; ni hizo bajar las ventas del Rafale que en Francia fabrica Dassault; ni del Gripen que fabrica en Suecia SAAB; o los rusos Sukhoi y Mig; ni los otros muchos que fabrican en Estados Unidos las firmas Boeing y Lockheed Martin. Aviones de combate que son adquiridos por muchos países desconsiderando el EF-2000.

Aparte queda la cuestión más importante, los costes, que en cada país han sido distintos. En España, el EF-2000 fue presupuestado, en su fase inicial de 1997, con un coste de 9.255 millones de euros. En 2020 ha alcanzado la cifra de 13.749 millones de euros para 73 aparatos (176 millones por unidad). Todo ello sin que exista ningún informe técnico que describa qué tecnologías del EF-2000 han tenido aplicaciones en la producción civil, pues este es el argumento que, desde el Gobierno español, defienden los que justifican la producción de armamentos.

Estos Programas Especiales de Armamento no tienen justificación desde el ámbito de la seguridad, pues la ciudadanía no se siente amenazada por posibles ataques exteriores sino por cuestiones relacionadas con su bienestar (salud, trabajo, vivienda, educación, servicios sociales…). En definitiva, un colosal gasto en armamentos del que solo se beneficia el lobby militar-industrial español, donde se unen los intereses de los principales accionistas de las industrias militares y los intereses corporativos de las cúpulas militares. Ambos —industria y cúpula militares— seguirán jugando a la disuasión y a la geoestrategia al servicio del sistema de seguridad iniciado en la etapa de la Guerra Fría que, por mucho que nos pese, hoy sigue vigente, como prueba la presencia de la OTAN en el mal llamado ‘Occidente’.

Notas

[1] Leontief, W. (1986). Input Output Economics, New York, Oxford University Press; Melman, S. (1988). The Demilitarized Society: Disarmament and Conversion, Montreal, Harvest House.

24/11/2020

Las mujeres son el germen del movimiento popular argelino

Houria Benaziza

Argelia está agitada desde el 22 de febrero de 2019 por un movimiento insurreccional de una amplitud y una índole inéditas, un movimiento transgeneracional que moviliza a millones de personas de todas las categorías sociales. Uno de los rasgos característicos del movimiento es la participación significativa de mujeres que no se contentan solo con manifestarse sino que toman la palabra, se expresan en los foros organizados al margen de las manifestaciones para alimentar los debates con reflexión e iniciativas, son miembros en toda regla de los comités de estudiantes —punta de lanza de la protesta—, están activamente presentes en las redes de apoyo a los presos políticos y de opinión, entre los cuales también hay mujeres: la portavoz del Partido de los Trabajadores (PT), Louisa Hanoun, condenada a 15 años de reclusión; Samira Messouci, representante de la Agrupación por la Cultura y la Democracia (Rassemblement pour la culture et la démocratie) elegida como miembro de la asamblea popular de la wilaya de Tizi-Ouzu; la estudiante Nour el Houda Dahmani y una ex ministra de Cultura.

Es una mujer ex muyahida [1], Zohra Drif-Bitat, quien preside el comité nacional para la liberación de la portavoz del PT y de todos los presos políticos y de opinión. En un llamamiento a la población firmado el 21 de octubre de 2019, los miembros denunciaron arrestos arbitrarios y exigieron la liberación de todos los presos políticos y de opinión, así como que se pararan las políticas liberticidas y todas las medidas represivas.

Esta presencia de mujeres en los espacios públicos, esta vía recuperada, constituye un hecho nuevo que no puede pasar inadvertido cuando se sabe que el terror instalado durante una guerra civil de diez años y después la losa de silencio que han impuesto sobre el país los 20 largos años del reinado Bouteflika y su camarilla, si bien han alcanzado a toda la población, han afectado particularmente las mujeres.

Dejando a un lado la lucha feroz y valiente de las mujeres de las familias víctimas de los abusos perpetrados por los terroristas y los agentes del estado, en particular de las víctimas de desapariciones forzosas durante la década negra, que causó un cuarto de millón de muertes y miles de desaparecidos, la resistencia de las mujeres, tanto individualmente como en las asociaciones femeninas, redujo sus dimensiones y sus capacidades de movilización, constreñida como estaba a adaptarse al clima de hostilidad y terror.

El combate de las mujeres y la guerra de liberación

¿Por qué recordar este episodio?

La movilización en el seno del movimiento popular ha alcanzado un pico con ocasión de la celebración del 1º de noviembre, fecha del aniversario del estallido de la guerra de liberación, de la cual Louisa Dris-Aït Hamadouche, profesora de ciencia política con contribuciones de una gran lucidez y pertinencia, dirá que ha fecundado el Hirak.

El peso y los sacrificios exigidos por esta larga y dura lucha armada contra el colonialismo fueron ampliamente asumidos por las mujeres, formaran parte de la guerrilla urbana, se hubieran unido al maquis o –hecho raramente mencionado por la historiografía oficial– hubieran opuesto una resistencia a las estrategias coloniales de desestructuración masiva del tejido social y dislocación de las estructuras de vida, sobre todo en el campo.

Mujeres de la resistencia fueron torturadas y violadas en las prisiones del ejército de ocupación. Este horror impuesto a las mujeres será durante mucho tiempo silenciado por ambas partes y hubo que esperar hasta los años 2000 para que las mujeres osaran hablar y reclamar justicia. En su testimonio estremecedor de 2001 [2] y después en su libro recientemente publicado, Louisa Ighilahriz habla de una vida rota y dice que 45 años después no puede dormir.

A pesar de la glorificación de ciertas figuras simbólicas –utilizada, entre otros, en el marco de la legitimidad histórica para justificar la toma de poder por el “ejército de las fronteras”–, el discurso oficial da muy poco espacio a la memoria del combate y del compromiso de las mujeres, y su silencio sobre las sevicias padecidas, en particular la violación como arma de guerra, es tanto más culpable cuanto que los mismos métodos criminales fueron utilizados contra las mujeres en los centros clandestinos terroristas.

La adhesión de las mujeres a la lucha para la independencia habría podido, habría tenido que alterar el lugar y el rol que les eran asignados y sacudido los arcaísmos de todo tipo que consagran su estatus de inferioridad. No hubo nada o apenas nada de eso, incluso para la élite cuyos miembros eran consideradas ex muyahidas, que se desencantaron rápidamente después de una breve y limitada participación de algunas de ellas en la vida política. «Lo que se quebró, fue la esperanza de una redefinición de sus posiciones familiares, sociales, culturales y políticas después de la independencia» (Christiane Chaulet Achour, en Ecos literarios de una guerra, 2019).

La gran poeta y militante del movimiento de liberación Anna Greki (1931-1966) fue la primera en celebrar la libertad encontrada:

Nuestros muertos que te han soñado se cuentan por millares

Uno solo habría bastado para que yo recuerde

El trazado de los caminos que llevan a la felicidad

[…]

El cielo independiente solo habla al futuro

Nos queda en el presente la energía de la esperanza [3]

Y, a continuación, puso en verso el desencanto:

La independencia con su canto de gallo ¿dónde la has puesto?

Quieres desangrar la granada con un cuchillo

Sumergir cada cerebro en un baño de sal

Que la hierba que allí crece quede a ras de piel

¿Quién es este pueblo rey este perro que es amordazado?

La miseria que aúlla tiene todavía talento.

¿Cómo comprender y explicar esta realidad?

En una reciente entrevista, Mohamed Harbi, actor de la lucha de liberación y conocido historiador, vuelve sobre la génesis del movimiento de liberación, respecto de la cual señala «que los dirigentes que pertenecían a las capas privilegiadas pequeñoburguesas y burguesas se apoyaron en las masas populares de una manera que obstaculizó la formación de una conciencia popular, que habría permitido a la intervención popular tener peso sobre los objetivos del movimiento».

Además, la primacía impuesta de lo militar sobre lo político asfixió las veleidades de dotar a la resistencia de un proyecto de sociedad que se hiciera eco de las expectativas, aspiraciones e intereses de la gran masa que lo sostenía.

Privadas del ejercicio político en un clima democrático, se impidió a las masas populares de las que las mujeres formaban parte imprimir a la resistencia la expresión de sus reivindicaciones propias y de género, no pudiendo de esta manera forjar los medios organizativos para tener peso sobre las decisiones que se tomaron después de la independencia.

En estas condiciones, se dejaba a un lado la cuestión de la igualdad hombre/mujer, de la necesaria liberación de las mujeres del sistema del patriarcado y de las prohibiciones que les ponen trabas desde siempre.

Entre los autores argelinos que han escrito sobre las mujeres, es la talentosa escritora y cineasta de fama mundial Assia Djebbar (1936-2015) quien mejor ha descrito la condición impuesta a las mujeres, su reclusión —«cada morada es el fondo de un callejón»—, «su silencio revuelto de susurros», «la queja ululante de las sombras veladas flotando en el horizonte», y será a las mujeres a quienes dedicará sus novelas y sus películas para darles visibilidad y prestarles voz.

Y no era la UNFA [Union nationale des femmes algériennes (Unión nacional de mujeres argelinas)] —mero apéndice del partido único FLN [Frente de Liberación Nacional], aparato de estado y encarnación de la traición a las promesas democráticas, una asociación conducida por una élite privilegiada en ruptura total con las preocupaciones y dificultades de las mujeres—la que podía ofrecerles un marco para expresarse, organizarse y reivindicar sus derechos tras la independencia.

A las mujeres que reivindicaban un cambio concreto de su condición, el poder establecido les replicaba que no era el momento de su emancipación, sino de la realización de tareas bastante mayores y más urgentes: «las tareas de construcción nacional».

La educación de las hijas y su acceso al mercado del trabajo

Las mujeres no han bajado los brazos y han aprovechado las oportunidades ofrecidas por la política de democratización de la enseñanza para mejorar su situación. Hoy, el 60% del alumnado que termina el bachillerato son mujeres, y han tomado al asalto las carreras hasta entonces reservadas a sus camaradas hombres, sobre todo las tecnológicas.

La formación adquirida les ha permitido acceder al mundo del trabajo —aunque su porcentaje continúe siendo marginal—, beneficiarse de una relativa autonomía financiera y acceder, aunque sea de manera reducida, al espacio público.

¿Qué incidencia tiene este dato sobre su estatus?

Si bien predominan en dos sectores importantes de actividad (la educación y la salud), la mayoría de mujeres de las mujeres directivas —quienes constituyen por tanto la base de los sindicatos autónomos de su sector, supuestamente opuestos a las prácticas de la central sindical UGTA, sometida por completo al poder— están prácticamente ausentes de los centros de toma de decisiones de sus sindicatos. Se encuentran de hecho privadas del derecho legítimo a participar en la construcción de un marco para la expresión democrática y el ejercicio de la ciudadanía, de modo que no pueden influir sobre la naturaleza de las reivindicaciones y las formas de organización ni desarrollar una conciencia política para forjar las herramientas de una emancipación verdadera.

La hidra islámica y el combate de las mujeres

La ideología oscurantista que ha contaminado las mentes y ensombrecido el cielo de Argelia fue insidiosamente difundida por todos los canales oficiales del poder para controlar a la población, y luego decididamente alentada para aniquilar la esperanza democrática nacida gracias al alzamiento de 1988, salvajemente reprimido.

El partido islamista entonces reconocido oficialmente, el tristemente célebre HICE, tomó como blanco privilegiado a las mujeres, que mujeres fueron vilipendiadas, agredidas, amenazadas, y el velo que debían llevar para poder continuar estudiando y trabajando fue, en realidad, un velo lanzado sobre toda la sociedad.

Las asociaciones femeninas, la mayoría de las cuales nacieron después de los mismos acontecimientos de 1988, constituyeron sin duda alguna, a través de su lucha para defender los derechos de las mujeres y contra la amenaza integrista que no solo ponía en peligro su porvenir, sino el de toda la nación, la parte más activa del frente social y democrático. Entre sus reivindicaciones insignia se encontraba la abrogación del todavía vigente código de familia, calificado con toda la razón de «código de la infamia», que mantiene a las mujeres en un estatus de menores de edad de por vida.

Incapaces de llegar a un consenso, ambas fuerzas protagonistas de la crisis —la que apuntalaba el poder y la que lo disputaba— impusieron a la población una guerra civil en la que las mujeres pagaron un precio muy alto.

Más de un centenar de mujeres de todas edades, medios sociales y profesiones fueron asesinadas, y la memoria colectiva retendrá el doloroso recuerdo de las 12 profesoras asesinadas el 27 de septiembre de 1997, cuando iban a trabajar, en una emboscada tendida por los terroristas. Se cuentan asimismo por centenares las mujeres secuestradas y violadas en los centros clandestinos terroristas, y miles vieron sus vidas destrozadas por el asesinato terrorista o la desaparición forzosa de miembros de sus familias.

En relación con la violación de mujeres en los centros clandestinos, arma de guerra practicada por los terroristas, el poder adoptará la misma actitud que tras la independencia, y las mujeres víctimas del horror, a menudo con hijos, no solo padecerán un silencio vergonzoso y negador de su tragedia, sino que su drama será tabú y no encontrarán refugio más que en ciertas asociaciones femeninas.

En la era de Buteflika, caracterizada por el cerrojazo de los campos mediáticos y políticos, con la población pudiendo expresarse solo mediante el recurso a las revueltas —12.000 de media cada año, según las cifras oficiales—, las asociaciones femeninas se encontraron —al igual que las demás asociaciones, los sindicatos y los partidos políticos— ante un poder que no toleraba ninguna veleidad de empoderamiento y ahogaba toda voz discordante.

Y entre las voces discordantes está la de las familias de víctimas de desaparición forzosa que, en una lucha conducida principalmente por las mujeres organizadas en asociaciones (de las cuales la más conocida es «SOS Disparues»), desafiaron la represión para sacar a la luz del día su causa y reclamar verdad y justicia. Estas madres coraje, con sus sentadas semanales ante los edificios, sedes y símbolos del poder, al oponer el imperativo de la verdad y la justicia frente a la voluntad de amnesia del poder, han contribuido a mantener con sus medios la llama de la resistencia a la arbitrariedad y a la impunidad.

El movimiento de las mujeres en el Hirak [5]

Es innegable que el movimiento popular ha vuelto a dar aliento al movimiento de mujeres y sus asociaciones. En Bejaïa y después en Orán, en octubre de 2019, un total de 23 asociaciones de mujeres y militantes feministas han mantenido encuentros nacionales. En el comunicado del movimiento MNFA [Movimiento Nacional de Feministas Argelinas] que siguió al último encuentro, reafirman su compromiso con el surgimiento de una Argelia democrática basada en la justicia social y la igualdad ciudadana, indisociables de su lucha contra los textos normativos que minorizan a las mujeres y las prácticas sociales que bloquean su emancipación.

Claramente, las asociaciones agrupadas de esta forma inscriben sus compromisos en el movimiento popular, apoyando sus reivindicaciones, alzándose contra la represión de sus actores, denunciando las decisiones económicas dudosas de los responsables fustigados por el Hirak, llamando las mujeres a movilizarse con fuerza en el seno del movimiento popular para su consecución.

Este regreso del movimiento de las mujeres a la escena pública y política saldrá ganando si las moviliza para:

Afirmar con fuerza sus reivindicaciones específicas sin ceder al viejo chantaje de dejarlas para más tarde en beneficio de objetivos más urgentes.
Articular estas reivindicaciones dentro de las reivindicaciones colectivas.
Inscribir sus reivindicaciones dentro de un compromiso con otras opciones sociopolíticas que rompan con el sistema dominante de extracción de rentas, responsable —más allá del naufragio económico— de mentalidades y comportamientos fundados sobre el arcaísmo, el parasitismo y la violencia.
Organizarse según modalidades nuevas que aseguren su mayor participación en la vida política, económica y social y ser un verdadero peso en la definición de los objetivos y las decisiones que se adoptarán para su emancipación y la de la sociedad de manera más general.

[Houria Benaziza (1954) fue militante del partido comunista argelino y sindicalista durante su carrera en la educación nacional. Forma parte del movimiento de madres de desaparecidos. Participa en el Hirak como feminista.]

Trad.: Rosa Ana Alija Fernández

Notas de la traductora:

[1] «Muyahid/a» es el término que se utilizó durante la Guerra de Argelia para designar a los/as argelinos/as alzados/as en armas contra el poder colonial francés.

[2] Louisette Ighilahriz y Anne Nivat, Algérienne, ed. Calman-Levy, 2001.

[3] De «Juillet 1962 – El Houria», en Temps forts, Présence Africaine, París, 1966, pp. 9-10.

[4] De «Les rues d’Alger», en Temps Forts, op. cit., p. 79.

[5] «Hirak» es una palabra árabe novedosa que significa «movimiento» y se viene utilizando desde 2007 para hacer referencia a las protestas en diversos países árabes.

28/11/2020

Identidades

Juan-Ramón Capella

1. Cornelius Castoriadis lo expuso muy claramente: todo ser humano queda sometido al nacer a la ideología y la idealidad de la sociedad concreta que le preexiste. Los agentes de esta inoculación cultural son los miembros de las propias familias. Éstas le dotan de un lenguaje, para empezar; de una lengua en particular o más de una si los progenitores tienen diferentes lenguas. El don del lenguaje y el aprendizaje para moverse como bípedo son aportaciones básicas de las familias.

Pero hay otras aportaciones inmediatas y casi básicas que configuran la identidad; se mencionarán algunas. Una cocina en particular, y previamente nociones acerca de lo que es comestible y lo que no lo es. Los polacos, por ejemplo, no consideran comestible el conejo; los habitantes de ciertas regiones de China tienen por comestibles a los perros. La cocina se elabora sobre la base de algunos tabús primigenios. Y las diferenciaciones entre cocinas dependen de los medios asequibles para apagar el hambre y configurar el apetito. El gusto andaluz por los fritos procede de la inmediatez del olivar, mientras que el gusto francés por las cremas lácteas va de la mano con su cabaña de vacuno. ¿Es mejor una cocina que otra? Previamente habría que determinar para quién. La cocina materna, familiar, es casi siempre la preferible para cualquier sujeto. Las diferencias entre cocinas son arbitrarias para los sujetos. Dependen de circunstancias aleatorias.

Además de una cocina, la sociedad preexistente le impone otras cosas a cada persona que llega al mundo. Con la lengua de su familia se le señalan ciertas realidades, suposiciones, acciones o personas como buenas, y otras como malas. Esto es: se le impone una moral inicial. Que puede ser religiosa. Y también imágenes del mundo social y de la ubicación en él de la familia y del sujeto. Podríamos decir, modernamente, una cultura de clase. Y, por supuesto, una cultura de género (en el sistema patriarcalista) y una identidad de género según su sexo físico. O incluso, también modernamente, preferencias políticas (ideas sobre las instituciones políticas existentes, como el gobernante, el policía...). Y la familia, la escuela, los compañeros o la televisión, principalmente la televisión y las redes sociales, hoy, pueden imponerle un sentimiento "nacional" (que se da por supuesto), un relato también supuestamente histórico sobre el pasado de su grupo social.

2. Todo eso —salvo, quizá, lo mencionado en último lugar— constituye una identidad de partida. ¿Se puede cambiar? Que una persona pueda abandonar alguno de los rasgos básicos de su socialización en una identidad colectiva particular es una cuestión que depende de varios factores.

Algunos de esos factores son sociales. Hay —por decirlo a grandes rasgos— sociedades cerradas o más o menos abiertas. Las sociedades cerradas, que no admiten el disenso social ni cultural, difícilmente toleran el cambio. Las personas quedan socializadas "para siempre" en la identidad colectiva de sus padres, abuelos...

En sociedades "abiertas" (o supuestamente tales) las cosas funcionan de otra manera. Algunas de las imposiciones de la socialización pueden ser modificadas por las personas. Pero eso, a su vez, depende; depende de rasgos psicológicos de las gentes: unas pueden temer el cambio, mientras que otras pueden gustar de la exploración. Las primeras, por ejemplo, pueden conservar siempre la religión que les fue inculcada; las segundas pueden abandonar las creencias religiosas. Lo que complica enormemente las cosas es que los rasgos psicológicos de las personas dependen en amplia medida de la socialización que les haya correspondido y de su historia infantil. Pero en todo caso es preciso decir que también en las sociedades abiertas hay personas con rasgos o aspectos de su socialización en una identidad colectiva que no les resultan modificables, o no lo son fácilmente.

No es impertinente preguntarse si las sociedades "abiertas" lo son completamente. Si son completamente abiertas. Y la respuesta es negativa. Un grupo social puede ser abierto, por ejemplo, para las cuestiones de religión y completamente cerrado respecto de otros aspectos de su identidad, como pueden ser por ejemplo las relacionadas con el sexo. Que una persona haya nacido en una sociedad cerrada o abierta jamás ha dependido de ella misma. Nadie elige su identidad cultural de partida.

También cabe preguntarse si las sociedades abiertas y avanzadas tecnológicamente son también avanzadas moralmente. Los ejemplos de la Alemania nazi o de los estados de mayoría trumpista en los Estados Unidos indican más bien lo contrario: los Estados Unidos constituyen a la vez un conjunto de gentes heterogéneas muy avanzado tecnológicamente y sin embargo, en algunas de ellas, muy abierto al racismo, la segregación y el uso privado de las armas. Por razones como ésta hay que ser muy cautelosos y precisos al decir que un grupo social está más avanzado que otro.

En las sociedades abiertas los poderes político y económico pueden fomentar cambios identitarios colectivos, presionar para obtener de las gentes o de parte de ellas cambios en sus adhesiones sentimentales, en sus valores, en sus creencias. La intervención del poder político forzando las cosas genera problemas nuevos. Hay pueblos, como el gitano, con una identidad colectiva de muy claros perfiles, pero que no pretende tener un Estado o poder político propio que corresponda a su identidad colectiva; no se puede ser nacionalista como gitano. Pero éste no es el caso en otras identidades. Desde el poder se puede construir y difundir un relato político que corresponda, para un grupo social, a una identidad nacionalista donde ésta no figuraba entre los rasgos de su identidad colectiva. El ejemplo nazi que arrastró a la mayoría de la población de habla alemana es uno. El ejemplo del poder político y cultural de la derecha nacionalista catalana (radio, tv, medios de masas subvencionados) construyendo un nacionalismo secesionista es otro.

3. Esta reflexión sobre las identidades individuales viene a cuento de que hoy vivimos en sociedades donde conviven y se asientan personas con diferentes raíces culturales. En la ciudad donde nací las personas autóctonas están divididas en varias identidades básicas: los catalanohablantes y los castellanohablantes (los culturalmente mestizos, obviamente, no están divididos salvo que opten); y todos conviven con personas de raíz cultural no autóctona: chinos, pakistanís, latinoamericanos (con culturas tan distintas como la argentina, la centroamericana, la brasileña y otras), europeos de distinta nacionalidad, árabes, africanos (de variadísimas etnias: gentes procedentes de Senegal, de Nigeria, de Gabón, de Costa de Marfil.., que son nombres europeos no expresivos en muchos casos de sus etnias: bubis, zulúes, saras, afar, toma, nama...). Y toda Europa es así, tal vez con menos presencia latinoamericana pero con más presencia turca..

La mezcla de creencias religiosas es igualmente compleja. Ni los chinos ni los ateos sostienen dogmas religiosos; pero las religiones no son pocas: el cristianismo y el islam, cada una en sus diferentes variantes principales, además de la religión judía, los Testigos de Jehová, los Adventistas... Aunque no parece tener más efecto social que encapsular a algunas comunidades (en iglesias, sinagogas y mezquitas), lo cierto es que algunas de estas identidades tienden a encapsularse muy completamente y tratar poco con gentes de las demás salvo desde el punto de vista comercial: así los chinos. La mayoría de los grupos de población ignora las características identitarias de los demás. Así, los ciudadanos españoles no suelen distinguir entre árabes y musulmanes, ni entre las diferencias religiosas de los musulmanes (sufís, sunís), ni supone que existan árabes no creyentes ni musulmanes no árabes; tampoco entre las diversas etnias africanas, etc. En los otros, comportamientos obligatorios en su cultura de origen pueden estar prohibidos entre nosotros, y tabús relativos a ciertos comportamientos en tales culturas son derechos en las mayoritarias autóctonas.

Por otra parte las diferencias de estatuto político entre las personas no realizan aún el ideal de la universalización de los derechos humanos entre nosotros. Hay quien los tiene reconocidos, pero también personas con derechos sociales aunque no políticos, otras sin derechos políticos pero dotados de documentación administrativa, y otros, finalmente, sinpapeles, pero aceptados para trabajar en condiciones de semiesclavitud.

Esta pluralidad de identidades colectivas en las sociedades contemporáneas no parece pasajera, transitoria. En algunos países europeos, como Francia y Alemania, que han vivido más tempranamente que España estos cambios poblacionales, se han dado más pasos que entre nosotros para facilitar la integración, pero han resultado ser pasos incompletos porque fracasan menos entre las clases sociales mejor dotadas que entre las más pobres. Hay también diferencias de integración entre las metrópolis y las localidades pequeñas, entre el medio rural y el urbano; también según las diferencias regionales de riqueza, y entre los grupos de edad.

El cambio social de sociedades fundamentalmente homogéneas a sociedades pluriculturales ha sido además bastante rápido, mucho más que el paso de la sociedad agraria a la sociedad industrializada. Se ha hecho muy poco políticamente, sin embargo, para adaptarse a la nueva situación. El desconocimiento del otro genera la simiente del racismo.

4. Es importante, a efectos de suavizar la convivencia, un esfuerzo político para poner de manifiesto la pluralidad, para darle voz. Y estamos muy lejos de eso: una sociedad española que en prácticas como las de la radio y televisión públicas ni siquiera permite la normalización de las diferentes prosodias del castellano, o una sociedad política particular como la catalana, que en la comunicación pública ha dejado de lado por completo la lengua castellana, están muy mal preparadas para admitir el pluralismo. Hay en España un absolutismo cultural transversal peligrosísimo, una cerrazón que atranca puertas incluso antes de que nadie las intente cruzar.

Son dos los ámbitos en los que es imprescindible avanzar. Uno es el de la ciudadanía, hoy determinada por la nacionalidad jurídica, que excluye derechos políticos a los simplemente avecindados en el país, situación que es urgente cambiar.

Otro e igualmente importante ámbito es el educativo. Es un fracaso terrible que el saber social esté prácticamente excluido del sistema educativo. No hay historia digna de este nombre en las enseñanzas preuniversitarias, e incluso diría que universitarias (salvo lo obvio); no hay nociones básicas antropológicas, sociológicas, económicas; no hay verdaderos conocimientos culturales en la enseñanza media. Y lo que faltaba: los educadores han de ser educados a su vez (pues no hay casi ninguna ilustración que alumbre las instituciones educativas). España ha de hacerse mirar la educación.

Los años que han seguido a la noche y la tiniebla de la dictadura militar han conocido cambios importantes. Así, nunca ha habido como ahora tantas personas que hablan catalán y han sido instruidas en esta lengua y sobre ella; la hablan incluso inmigrantes. Probablemente ocurre lo mismo con el euskera. Estos cambios han sido fomentados políticamente, con poco impulso espontáneo de la sociedad. Hoy resulta transparentemente antidemocrático que en Cataluña aún haya partidas presupuestarias (pagadas por todos) para una normalización lingüística —presentada como transitoria hace 40 años— ya conseguida y superada; también una educación provinciana que trata de ignorar la lengua castellana, hablada casi por seiscientos millones de personas: eso no es demasiado práctico para comerciar; tampoco es de recibo la comunicación pública oficial exclusivamente en catalán (en la tv catalana, en metros y autobuses y rotulación urbana: o sea de Generalitat y ayuntamientos), a diferencia de la práctica democrática, respetuosa para las personas, de las zonas plurlilingües de Europa: en Suiza, Bélgica, los Países Bajos...

Otros cambios, muy importantes respecto del empleo del tiempo, permiten a las gentes divertirse hasta morir: televisión, play station, internet, teléfonos móviles, radio portátil. Los nuevos medios modulan las nuevas identidades. Pese al éxito de la play station, instrumento perfecto de distracción y de encapsulamiento individual, preciso es reconocer que también se ha incrementado la lectura. No obstante, ésta sigue siendo una sociedad que atiende desequilibradamente más a la ficción literaria que a las literaturas científicas. Quienes se intercambian experiencias personales casi siempre toman como referentes a programas o personajes televisivos, a grupos musicales: pocas veces a hechos históricos y casi nunca a libros. La nuestra es una sociedad que se mira en el espejo norteamericano: un espejo racista, insolidario, bastante analfabeto, poco respetuoso de las leyes y muy esencialmente violento y agresivo; pero esta mirada también está dirigida desde el poder (económico e institucional): la música y los ídolos radiotelevivos son los que quiere el poder (no se transmite creación musical-popular francesa, italiana, alemana, árabe), y el cine ignora en la práctica la mayoría de lo que se produce en Europa. Por eso se impone en los imaginarios identitarios la antisocial lógica de los ganadores y perdedores, en la que, como es dogma calvinista en los Usa, los perdedores (los que están en el lado peor de la desigualdad) lo son (o están ahí) por culpa suya.

Decididamente, España va a descubrir muy pronto sus carencias. La sanidad española no ha resultado ser la maravilla que se afirmaba que era, y hoy lo sabemos. Pues bien: el sistema educativo complejo —familia-escuela-radio-televisión-juguetes tecnológicos— está mucho peor que la sanidad. España tiene sin duda deficiencias de naturaleza política, institucional; pero los déficits de la sociedad civil son tal vez peores. Aunque, instalados en lo moderno, pocos se atreven a mirar hacia nosotros mismos tal como somos. Eso pasa desapercibido para el conjunto de la sociedad.

24/11/2020

Ensayo

Antonio Antón

Crisis y estrategias

La actual crisis sanitaria, social, económica e institucional, derivada la pandemia del Covid-19 y sus respuestas institucionales y ciudadanas, han puesto en evidencia grandes problemas estructurales, socioeconómicos y políticos, así como graves consecuencias para las mayorías sociales. Estas se han acumulado al deterioro derivado de la anterior crisis socioeconómica de 2008 y las políticas regresivas de ajuste estructural y recortes sociales aplicadas desde 2010, cuyo impacto permanece. El leve crecimiento económico y del empleo de este lustro pasado apenas ha escondido la fragilidad de la economía y las políticas públicas que se han manifestado al encarar la actual crisis: precariedad laboral y de empleo, con la subordinación de la gente trabajadora al poder empresarial que impuso las anteriores reformas laborales, y debilitamiento de los derechos sociales, servicios públicos y prestaciones sociales.

Han aparecido en toda su crudeza las deficiencias de la protección social pública, sobre todo del sistema sanitario, pero también de los sistemas de cuidados, servicios sociales, pensiones y educativo. Junto con la fragilidad de nuestro aparato productivo y laboral, se han mostrado las insuficiencias de nuestro débil Estado de bienestar, recortado esta década pasada y, más en general, del conjunto de las administraciones públicas, con sus deficiencias coordinativas, inercias burocráticas y de insuficiente personal preparado, desbordadas a la hora de gestionar las medidas urgentes de emergencia social necesarias en lo inmediato ante la vulnerabilidad de amplios sectores.

Supone un fracaso histórico de las élites dirigentes del país, incapaces de implementar una suficiente modernización económica, más allá de la consolidación y los beneficios de ciertas oligarquías económico-financieras, ni de ofrecer una garantía de seguridad y bienestar para la población, con un Estado social avanzado y suficiente. Se ha manifestado un malestar de fondo en la sociedad por esa incertidumbre social y la impotencia gestora de las instituciones políticas y económicas. Se ha evidenciado la fragilidad del propio Estado, junto con la exigencia cívica de responsabilidades y una salida progresiva (y no regresiva). Esta situación se ha agudizado por la pandemia y la crisis subsiguiente, y ha coincidido con el cambio político del nuevo Gobierno de progreso. Todo ello constituye el campo del juego político y mediático de estos meses y los procesos legitimadores de cada actor sociopolítico e institucional.

Un balance positivo

El Ejecutivo de coalición, con las fuerzas sociales y políticas que le apoyan, ha tenido la responsabilidad de liderar la respuesta a esta aguda crisis sobrevenida. El balance, aun con sus claroscuros, es moderadamente positivo que, en el contexto actual, supone un gran logro. Ha reajustado las prioridades de su programa inicial de cambio progresista, aunque ha apuntado a sus tres ejes fundamentales.

Primero, el escudo social y las políticas sociales y de reversión de derechos sociolaborales, todavía limitadas, lentas y parciales, pero reales y concretas. Lo más significativo, junto con el aumento del salario mínimo (SMI), los ERTES como mecanismo inmediato para frenar la destrucción del empleo, proteger a varios millones de personas trabajadoras y sostener el tejido empresarial, pero también la aprobación e implementación del Ingreso mínimo vital (IMV), manifiestamente mejorable; además, el comienzo de la eliminación de aspectos de la regresiva reforma laboral y de la de pensiones del Gobierno de Rajoy, todavía con pasos insuficientes ante la dimensión de los recortes impuestos y la oposición fáctica de los poderes financieros y empresariales.

Segundo, la recuperación económica que, más allá de las urgentes medidas para paliar los efectos inmediatos de la crisis y la previsible aprobación de unos presupuestos generales más expansivos, sociales y progresivos, empezando ya apunte a lo importante a medio plazo: una modernización del aparato económico y las especializaciones productivas con una orientación verde y sostenible medioambientalmente y de avance tecnológico y digital, así como a una suficiencia fiscal propia justa, complementada con los fondos financieros europeos, fundamentales en el corto plazo. Este aspecto modernizador es el más ambiguo desde el punto de vista igualitario y de los reequilibrios de poder económico y político. Aparece consensuado en la superficialidad discursiva, pero está sometido a la pugna de intereses y la presión de distintivos sectores económicos, sociales y políticos. Por tanto, está por ver el sentido modernizador y equitativo de su implementación práctica, así como la capacidad de gestión de las propias administraciones públicas y su relación con los mercados y el mundo empresarial. Y, en todo el proceso, analizar cómo queda la sociedad y el país en este mundo europeo y globalizado.

Tercero, la regulación de la pluralidad territorial, con la articulación dialogada del conflicto catalán, que ensanche la convivencia cívica, con un proyecto de país y un modelo de Estado más plural y democrático. Los obstáculos son enormes, pero es un desafío histórico para las fuerzas progresistas en España.

Pues bien, esos planes, cuya ejecución no está exenta de ambigüedades, tensiones, dificultades y limitaciones, han echado a andar. Se ha vencido el bloqueo de las derechas y otros poderes fácticos, se ha despejado la amenaza de impotencia institucional y división política entre las fuerzas progresistas, y se ha aclarado el horizonte de gobernabilidad para toda la legislatura. Se ha cumplido un año desde las elecciones generales y el acuerdo progresista de ambas izquierdas, Partido Socialista y Unidas Podemos y confluencias, sigue adelante. No hay alternativa democrática (tampoco fáctica) a este proceso de gobernabilidad con una mayoría parlamentaria y una orientación de progreso.

La fortaleza progresista y sus desafíos

Esta década ha evidenciado cambios significativos en el ámbito sociopolítico: la recomposición de fuerzas sociales y campos electorales e institucionales, con la crisis del bipartidismo; el fracaso de la alianza de gran centro; el reagrupamiento y reequilibrio interno de los dos bloques de izquierda (con unas relevantes fuerzas de cambio de progreso) y derecha (con fuerte presencia de la ultraderecha), y la persistencia del conglomerado de grupos nacionalistas.

En gran medida, de forma similar a otros países del sur europeo, ha sido la articulación popular progresista, con su activación cívica y su reflejo político-institucional, la que ha desembocado, tras diversos altibajos, en el actual Gobierno de coalición, venciendo las inercias bipartidistas y la presión de las derechas.

Ese proceso social y democrático de fondo ha condicionado la posibilidad de repetir la misma política de austeridad y la prepotencia autoritaria de las anteriores elites gobernantes y ha exigido un giro más expansionista e integrador de las políticas europeas. Ya estaba anunciado en el acuerdo programático del nuevo Gobierno progresista de principios de año: justicia social y laboral, modernización productiva y refuerzo institucional de una mayoría de progreso.

Son ejes alternativos que, ante la nueva realidad de crisis sobrevenida y recomposición política, están en proceso de reformulación a partir del diseño de los presupuestos generales, pendientes de su aprobación definitiva en el Congreso, probablemente para enero de 2021. Conviene, no obstante, establecer un horizonte a medio plazo, al menos para toda la legislatura y con la incertidumbre y la expectativa de continuidad en la siguiente tras un proyecto progresista de país, en el marco europeo, definido para siete años.

A ello habría que añadir, por un lado, la crisis institucional y de modelo estatal derivado de la realidad plurinacional y territorial, en particular con el desafío soberanista catalán, así como de la progresiva deslegitimación de la Monarquía; y, por otro lado, el reaccionarismo de VOX que representa a un sector conservador significativo y condiciona la estrategia, la capacidad alternativa y la dinámica de las derechas, que tienen por objetivo el freno autoritario a un cambio de progreso.

De forma paralela, las fuerzas hegemónicas en la Unión Europea, lideradas por la Alemania de la democratacristiana Merkel y con el apoyo del grueso de las derechas liberal-conservadoras, empezando por el francés Macron, han visto la necesidad de dar un cierto giro a la política económica y la construcción europea. Estaban cuestionadas por la deslegitimación social y democrática y el fracaso de las políticas de austeridad ante la anterior crisis, así como por el desafío de los grupos de extrema derecha y las tendencias disgregadoras de la Unión (en particular el Brexit). Y ante esos riesgos y para contenerlos, esas élites europeas han diseñado el actual plan de recuperación económica, reforzado los mecanismos comunitarios y emprendido una nueva relegitimación pública.

Las dos formaciones que componen el Gobierno progresista de coalición han dado, en menos de un año y en un contexto inédito y grave, un paso decisivo para su unidad y el comienzo de la implementación de su programa. La estabilidad gubernamental, tras la aprobación presupuestaria con una suficiente mayoría parlamentaria, queda despejada para toda la legislatura.

Pero no todo está resuelto con vistas a los objetivos transformadores a medio plazo, las perspectivas de consolidación o no de esta dinámica de progreso y la confirmación o modificación de las estrategias y alianzas para la próxima legislatura. Hay que analizar las condiciones sociopolíticas y estructurales que facilitan una salida progresista o, bien, las tendencias hacia un continuismo centrista, una vez neutralizada la opción reaccionaria, al menos hasta las próximas elecciones generales.

La pugna estratégica

La pugna estratégica de las fuerzas progresistas con las derechas españolas (PP, C’s y VOX) es evidente. Los consensos de Estado o de un supuesto interés nacional compartido son difíciles. Subyace la disputa por el tipo de proyecto de país, el camino a recorrer y las fuerzas y alianzas disponibles para hegemonizarlo.

El giro retórico de Casado, el líder del Partido Popular, de distanciarse de la moción de censura de VOX, apenas esconde su pretensión hegemonista, su orientación neoliberal-conservadora y su reafirmación en la oposición frontal al Gobierno de coalición y su proyecto de reformas progresivas sociales, económicas y políticas. No apunta al consenso en las políticas fundamentales, que considera beneficioso para asentar al Ejecutivo y su proyecto progresista, sino que se reafirma en la confrontación como medio de desgastarlo y preparar su alternancia gubernamental. Sus resultados de conseguir mayores apoyos sociales para su recambio institucional son dudosos y claramente perjudiciales para el desarrollo social y la convivencia democrática. Aparece su interés partidista, y porfía en el ventajismo político competitivo para hegemonizar el espacio de las derechas, ajeno a un camino institucional compartido en beneficio de la sociedad y el país. Esa estrategia confrontativa por la recomposición representativa de su dominio dentro del viejo bipartidismo, pendiente todavía de sus responsabilidades por sus actuaciones corruptas y autoritarias, pierde legitimidad ciudadana.

Los vaivenes de Ciudadanos son irrelevantes por su escasa representatividad parlamentaria. Su tiempo ha pasado malgastado. Es difícil su recuperación para los dos ejes estratégicos que ha ensayado en estos años: su estatus preponderante en el centro derecha y su papel fundamental para una operación de gran centro con el Partido Socialista. Su función es doble: por un lado, servir de forma subordinada a la gobernabilidad de la derecha bajo el liderazgo del Partido Popular y la compañía de VOX en varias Comunidades Autónomas, significativamente las de Madrid y Andalucía; por otro lado, ofrecer un pretexto a algunos sectores socialistas y grupos de poder para implementar la moderación gubernamental y el cambio de alianzas progresistas a medio plazo, con unos supuestos resultados electorales favorables para otra operación gran centro, de continuismo neoliberal y centralismo institucional.

Es la estrategia centrista conocida: el freno a la dinámica de progreso, la marginación de las fuerzas del cambio y el enquistamiento del conflicto territorial. Es la salida continuista ya ensayada y fracasada en el lustro pasado, pero no por ello querida por sectores poderosos y resucitada a cada paso. Para su implementación requieren un respaldo institucional más amplio y decisivo para Ciudadanos y, sobre todo, la connivencia de sectores socialistas y sus apoyos mediáticos, económicos e institucionales que pudiesen diluir la opción progresista del sanchismo. Pero la actual dirección socialista está obligada, por su sentido de la realidad ya demostrado la misma noche de las elecciones generales, a persistir en la única opción para hegemonizar el poder gubernamental: el acuerdo de progreso pactado con Unidas Podemos y sus convergencias, con el apoyo parlamentario de grupos nacionalistas.

Esa realidad representativa y fáctica que refleja el nuevo equilibrio producido tras una década de cambios en las relaciones sociales y culturales tiene unas bases sólidas. Más allá del análisis de los comportamientos de las élites políticas, los mecanismos institucionales o las estructuras económicas y de poder, es imprescindible explicar las tendencias sociales y electorales de fondo, tal como priorizo desde la sociología política. Desde este punto de vista, hace un año, en torno a los resultados de las elecciones generales y con datos del CIS, expuse una amplia investigación sobre las características sociodemográficas y de cultura política de los electorados progresistas en sus dos versiones, del Partido Socialista y de Unidas Podemos y confluencias. Pues bien, considerando diferentes estudios demoscópicos, no se han modificado los grandes rasgos y tendencias de esas bases sociales que, junto con las izquierdas nacionalistas, son claramente superiores a los electorados de las derechas.

No obstante, los tres grandes campos socio-electorales están sometidos a la actividad permanente desarrollada por los diversos actores, según sus intereses y estrategias, y está condicionada por la evolución general del marco socioeconómico, sociopolítico y cultural, así como por la gestión política y la activación cívica de los dos próximos años, hasta la antesala del próximo ciclo electoral de 2023.

La solución la tiene el campo progresista

De momento, se impone ese equilibrio de fuerzas y su reflejo parlamentario e institucional, aunque esa realidad sea constantemente impugnada por las pretensiones de muchos sectores poderosos de dentro y fuera de nuestras fronteras. Su acariciada expectativa es una nueva recomposición del tablero político-institucional, más acorde con las fuerzas dominantes europeas, y tras los deseados desplazamientos electorales. Tiene un doble componente: por un lado, achicamiento del espacio del cambio de progreso, con mayor debilitamiento de Unidas Podemos y sus aliados, acelerando su aislamiento y neutralizando los distintos nacionalismos periféricos; por otro lado, ensanchamiento del campo centrista autónomo del Partido Popular que, junto con el estancamiento del Partido Socialista, conllevaría un cambio de pareja aliada con Ciudadanos, sin descartar (si sumasen, cosa muy improbable) un Gobierno de derechas con (apariencia de) menor dependencia de VOX. Todo ello para condicionar el papel central y articulador del Partido Socialista para involucrarlo hacia esa ansiada gestión centrista.

La solución está en el propio campo progresista, en la firmeza de su rumbo y los apoyos sociales a consolidar. En ese sentido, es necesario valorar los puntos compartidos de la alianza gubernamental, así como sus diferencias políticas para definir mejor y darle solidez a un proyecto compartido de progreso.

El riesgo y el forcejeo más o menos soterrado desde diversos grupos de poder es respecto de una solución continuista o centrista con una posición subordinada de las tendencias de izquierda, no solo de las fuerzas del cambio sino del propio sanchismo sin un perfil programático consecuente.

Todo ello, bajo los equilibrios hegemonizados por las fuerzas liberal-conservadoras dominantes en la Unión Europea con una doble tarea: por una parte, la contención de las ultraderechas y las dinámicas más disgregadoras y autoritarias, y, por otra parte, la subordinación de la socialdemocracia europea y la neutralización de las tendencias a su izquierda. El actual giro más expansionista e integrador de la política económica de la Unión Europea está derivado del fracaso histórico de la anterior estrategia de austeridad, la amplia deslegitimación de las élites gobernantes y los riesgos de disgregación interna, así como por su pérdida de peso geopolítico y económico mundial que pretenden reforzar.

Lo que persigue el nuevo proyecto europeo es relegitimar y consolidar los núcleos de poder en torno a las élites dirigentes de Alemania como fuerza dominante, acompañadas, por un lado, de las de Francia y, por otro lado, las de los países ricos (frugales) con presencia de partidos conservadores, liberales y socialdemócratas. Quedan en un círculo más periférico los pueblos y países del Sur europeo, como España, con mayores debilidades estructurales y unas élites subordinadas y adaptativas a esa trayectoria.

El desafío para las izquierdas y grupos progresistas es el desarrollo de una opción política de progreso, un proyecto modernizador y democrático de país y un modelo más social y solidario que pudiesen condicionar el renovado e insuficiente proyecto de construcción europea del bloque liberal-conservador dominante y el riesgo de su consolidación a largo plazo, junto con la presión ultraconservadora, autoritaria, xenófoba y antisocial de la derecha extrema.

La reforma progresista de país

La crispación y la polarización política promovida por las derechas en España (principalmente PP y VOX) pretenden eludir sus responsabilidades históricas e institucionales y aprovechar la confusión y la inseguridad existentes para traspasarlas al nuevo Gobierno progresista de coalición y derribarlo, cosa que se va demostrando ilusa. Su estrategia destructiva está agotada y tiene poco recorrido para la gobernabilidad, una vez aprobados los presupuestos generales y asegurar una mayoría parlamentaria de progreso.

Sin embargo, afecta a la vida social, favoreciendo la intranquilidad y la desconfianza en la gestión institucional actual, con el objetivo de crear una alternancia gubernamental cueste lo que cueste, es decir, con pocos escrúpulos democráticos y ningún aprecio por el bienestar social y la convivencia de la ciudadanía. Ello les encamina a una dinámica autoritaria y ultraconservadora, con el abuso de manipulaciones discursivas, que apenas pueden disimular con algunas llamadas retóricas a la moderación.

Sus reservas ideológicas y socioculturales (reaccionarismo autoritario, españolismo excluyente y antipluralista, conservadurismo cultural y machista, segregación xenófoba antinmigrante, elitismo neoliberal antipopular…) son significativas todavía en el ámbito mediático e institucional; y no son desdeñables sus apoyos sociales y electorales. Pero a pesar de la reafirmación ultraderechista de VOX, sus bases sociales se están agotando lo suficiente para impedir que consigan mayorías ciudadanas y capacidad para ofrecer una referencia modernizadora ganadora. Es el dilema del Partido Popular, dependiente de su estrecho posibilismo para ser alternativa gubernamental (al igual que en varias Comunidades Autónomas) de la mano de VOX y contemporizar con su proyecto, pero incapaz de ensanchar una base electoral centrista.

La derrota de Trump, la contención de las ultraderechas en los países europeos y la hegemonía liberal-moderada del eje Merkel-Macron no les ayuda en su estrategia de confrontación política visceral, acuerdo con la ultraderecha y generación de miedo y segregación en la sociedad. Esa estrategia reaccionaria, conservadora y autoritaria no tiene futuro político-institucional, aunque hay que frenarla y derrotarla por su carácter destructivo en la sociedad.

Se abre una dislocación entre grupos de poder (económico-financiero, aparatos del estado, control mediático-ideológico…), con la pugna en su interior, y representación política entre las distintas derechas (también nacionalistas). Las políticas de Estado o el llamado interés general, interpretados como sinónimo de su gestión política, los consideran subordinados a la búsqueda de la hegemonía política del bloque derechista estatal, con la pugna por el papel determinante en el liderazgo de la derecha, frente a un bloque progresista, cada vez más compacto.

No obstante, esos grupos de poder, económico e institucional, tienen esa responsabilidad histórica y, difícilmente, van a poder encabezar la imprescindible modernización económica, el refuerzo del Estado social y la democratización política que la sociedad necesita.

Además, hay que valorar su composición. Un dato significativo es que la mayoría del capital de las grandes empresas del IBEX 35 (por no hablar de grandes empresas industriales, principalmente de automóvil, totalmente en manos extranjeras), así como la mayor parte de su actividad económica, inversora y comercial se desarrolla fuera de nuestras fronteras. Es decir, el grueso de las grandes empresas, concentradas en las finanzas, la energía, la construcción y algunos servicios, no van a primar un supuesto interés nacional de modernización, es difícil que sean patriotas. La mayoría está inserta en la globalización económica y financiera, depende más de sus intereses, beneficios y proyectos externos o globales, no de país, y arrastra por su papel preponderante a gran parte de la economía y el mundo empresarial. No se puede confiar mucho en ello. Supone que hay que reforzar la capacidad del propio Estado y su gestión reguladora, dirigente e intervencionista para que, con suficiente legitimidad social, sea factor de impulso transformador.

Pero ahí hemos topado, con el diseño el propio plan modernizador que conlleva líneas rojas para esos grupos de poder, claramente expresadas por la patronal de la CEOE, y que hay que abordar: ensanchamiento progresivo de la base fiscal del Estado; fortalecimiento de los derechos sociales y laborales y la protección pública, y protagonismo de las fuerzas de izquierda y movimientos sociales cívicos.

El conflicto de fondo no es menor. Por ejemplo, simplemente con una homologación de la presión fiscal similar a la europea (siete puntos del PIB, más de 70.000 millones de euros anuales), en dos años se podría conseguir similar volumen al recibido por los fondos europeos (140.000 millones, menos si se descuenta nuestra aportación), tan necesarios y alabados como la palanca modernizadora imprescindible, y que la mitad habrá que devolver. O sea, aparte de la justicia social y con efectos a medio plazo, una reforma fiscal homologable a los principales y más avanzados países europeos y en igualdad con ellos, reportaría una capacidad autónoma como país para implementar los dos ejes imprescindibles: el proceso modernizador, económico y de empleo; el refuerzo del nuestro débil Estado de bienestar y los correspondientes servicios públicos, prestaciones sociales e inversión educativa, investigadora y cultural. Todo ello con criterios igualitarios: sociales, culturales, étnico-nacionales, territoriales, medioambientales y de género.

Pero, claro, frente a las derechas y esos grupos de poder, con su continuismo adaptativo, su beneficio corporativo y cortoplacista y su inercia conservadora-autoritaria, esta orientación progresista son palabras mayores: necesitan el fortalecimiento y la determinación de las izquierdas, con un bloque común progresista, y dentro de él con mayor peso político que el actual de las fuerzas del cambio de progreso. Esos son los cálculos estratégicos de los distintos actores y élites, para activar o desactivar.

Llevamos una década de deslegitimación y recomposición de la clase política (bipartidista) anterior. El proceso continúa y el estatus actual es modificable. Todas las persistentes estrategias para evitar una salida progresista y neutralizar las fuerzas del cambio de progreso no han conseguido sus objetivos. Pero no paran en el empeño para cerrar esa oportunidad costosamente formada por una década de activación popular progresista y de izquierdas, abanderada tras la justicia social y la democracia.

La opción centrista, bajo hegemonía socialista, en sus diversas versiones, también ha fracasado en las urnas, es decir, bajo la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Los últimos intentos de reavivarla tras la pandemia, con fuertes apoyos político-económicos, para separar al Partido Socialista de su alianza con Unidas Podemos y nacionalistas vascos y catalanes, han fracasado. La ruptura del Gobierno de coalición y de la mayoría parlamentaria de la investidura no ha tenido éxito y no tienen repuesto. El proyecto de fondo, una modernización económica y verde con justicia social y la democratización institucional y la regulación territorial son ineludibles. Es el viejo y nuevo reto para el actual Ejecutivo y el conjunto de fuerzas sociales y políticas progresistas.

La aventura ultraderechista de condicionar el mapa político-institucional, con todo su potencial destructivo y de crispación, no garantiza una alternativa gubernamental de las derechas y menos un proyecto de país democrático. La vía de un autoritarismo reaccionario-conservador (neofranquista) está fracasada.

Por otro lado, aunque lejos de la ilusión de una transformación rápida y profunda, no se ha cerrado la posibilidad de un giro social hacia la izquierda, aunque sea limitado. lento y consensuado entre las izquierdas (incluidas las nacionalistas) y otros grupos sociales y políticos de progreso. Ello afecta a cierta desestabilización de los privilegios institucionales y estructurales y de los equilibrios de los propios grupos de poder y las derechas. Eso sería ya un gran paso hacia la transformación de las dinámicas sociopolíticas, culturales y de las relaciones de poder: es el desafío a medio plazo para un cambio sustantivo de progreso.

Es la perspectiva que temen esas fuerzas reaccionarias y que tienen que asumir: mantenerse en la oposición durante toda la legislatura, sin capacidad de influencia para impedir el grueso de las políticas públicas de progreso y la consolidación de su representación política e institucional. Así, a través de la crispación, expresan su impotencia para frenar una gestión progresista, aunque sea lenta y limitada. Y, además, manifiestan su incapacidad para impedir el fortalecimiento de una política y una alianza de progreso más firme, que se pueda prolongar a otra legislatura y abrir una dinámica de cambio sustantivo en España que, a su vez, condicione el modelo de país y el de la construcción europea.

El riesgo es que la aplicación de solo medidas parciales muy insuficientes no frene la consolidación de todos los efectos negativos de las dinámicas estructurales desiguales y las políticas regresivas precedentes que siguen en vigor. El peligro es la generación de frustración social y desafección política hacia las izquierdas, vistas como contemporizadoras o impotentes para impulsar un cambio satisfactorio para las mayorías populares, cuestión más o menos manipulada y expandida por el poder establecido y las derechas que aparece en su guion demagógico.

Al mismo tiempo, resurge una y otra vez, la oportunidad para los poderosos de otra estrategia ‘centrista’, para atraer al Partido Socialista, romper el Gobierno de coalición y aislar a Unidas Podemos y sus convergencias, considerado el factor de empuje del cambio. Pretenden representar los intereses de esos grupos de poder y defender el continuismo estratégico y similar política económica y sociolaboral.

El presidente Sánchez y el sanchismo lo tuvo claro desde la misma noche electoral del 10-N: solo era posible una alianza de progreso de ambas formaciones con la cobertura de, al menos, parte de los nacionalismos periféricos, vasco y catalán. Ello define los tres grandes retos entrelazados: justicia social y modernización económica, junto con la democratización institucional, la regulación territorial y el modelo de Estado. Con otros dos desafíos adicionales de gran valor social y cultural y, también, estructural y de poder: la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental.

Tal es la reforma que necesita este país, cuyo futuro está abierto y con grandes dificultades, pero que depende en gran medida de la determinación y unidad del campo progresista.

[Antonio Antón es Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del blog https://www.antonio-anton-uam.es]

@antonioantonUAM

20/11/2020

El extremista discreto

Lolo Semwá

Nobleza obliga

Ando oyendo estos días comentarios diversos y valoraciones varias sobre el “polémico” apoyo de Bildu a los presupuestos que ha presentado el gobierno. Y como eran pocas las tonterías que había que escuchar de tanto “demócrata” profundo, los gritos llegan al cielo ahora que también ERC ha dicho que los apoya: si no había bastante con Satán, se une a la fiesta Belcebú. Gracias a Dios y a todos los santos, no hay un partido feminista en el arco parlamentario lleno de brujas con el que puedan acabar de montar el aquelarre. Ojo, diputado de Teruel Existe, que como no depongas tu actitud de apoyo, en breve te encuentras a un exorcista en tu despacho del Congreso. De verdad que no salgo de mi estupor. Me parece todo tan rancio que me recuerda a una versión actualizada del guion de Nobleza baturra y su historia de esa joven sobre la que un pretendiente despechado vierte calumnias respecto de relaciones sexuales inadmisibles para la sociedad de la época. Quitas el sexo y algunas jotas, cambias a María Pilar por Pedro Sánchez, y ya lo tenemos.

Al hilo de esto, sin que venga demasiado a cuento (o sí), se me ha ocurrido contribuir a ampliar los conocimientos en materia nobiliaria del público de esta revista. Porque, sí, aquí mucho saber de economía, sociología, cultura e intelectualidades de esas, pero me da a mí que quienes nos leéis mucho interés no tenéis por la aristocracia y las cosas de príncipes y princesas, y eso que para acabar con algo hay que conocerlo a fondo, como a los coronavirus. Que a lo mejor me equivoco, y la mayoría tenéis el mientras tanto en el ordenador y el ¡Hola! en el baño, pero sospecho que si así fuera nos llegarían quejas a la redacción por las fotos que ponemos en portada. Así que, sin más dilación, procedo a ilustraros sobre la jerarquía de los títulos nobiliarios en España, pero, para no perder la esencia de la revista y evitar acusaciones de excesiva frivolidad, lo haremos introduciendo su traducción política y ejemplos. Empecemos.

1. Duque: Pedro.

Nota: También fingió serlo Adolfo Suárez Illana a la muerte de su padre, tras haber intentado años antes convencer al rey de que él era el más adecuado para heredar el título, sin lograrlo, porque le tocó a su sobrina. Primero pierde las elecciones en Castilla-La Mancha, luego se queda sin ducado(s). Como vaya a por tabaco, le quitan la secretaría cuarta de la mesa del congreso…

2. Marqués con Grandeza: Si alguien pensaba que aquí va Cayetana Álvarez de Toledo, se equivoca. Marquesa, sí. Grandeza, ninguna. Salte a la casilla 8.

3. Conde con Grandeza: Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos, que conlleva Grandeza de España (con permiso de Rocío Jurado). También fue condesa consorte de Murillos. Resulta que los títulos nobiliarios, como la presidencia de la Comunidad de Madrid, también se pierden.

4. Vizconde con Grandeza: Solo hay dos vizcondados con grandeza en España, por lo que las opciones de mezclar este título y la política se reducen exponencialmente. Pero qué curioso que uno de ellos, el del Castillo de Almansa (el otro es el de la Alborada, por si alguien se lo preguntaba), lo ostente José Fernando de Almansa, ex jefe de la Casa Real (1993-2002), de quien dice Wikipedia que actualmente es consejero personal de Juan Carlos de Borbón. Como no tenemos fuentes directas en Zarzuela (de lo contrario no usaríamos Wikipedia), vamos a pensar que la entrada está desactualizada, aunque al final de la misma diga: “Esta página se editó por última vez el 6 nov 2020 a las 00:53”…

5. Barón con [exceso de] Grandeza: El de Münchhausen, conocido por inventar aventuras fabulosas que nunca le sucedieron y que da nombre al síndrome que sufre quien crea dolencias para asumir el papel de enfermo. Igual que la derecha.

6. Señor con Grandeza: Con el percal que hay en el Congreso, mejor dejar esta categoría en reserva, a ver si hay suerte y por lo menos sale un buen vino.

7. Grandeza Personal: Ídem. A no ser que por “grandeza” entendamos “grandeza patrimonial”, en cuyo caso se lleva la palma el diputado de C’s Marcos de Quinto, que el año pasado declaró tener 48,3 millones de euros entre derechos de cobro de Coca-Cola (23,8 millones), acciones (12,6 millones), planes de pensiones (8,6 millones) y cuentas (3,3 millones).

8. Marqués sin Grandeza: Cayetana Álvarez de Toledo, Marquesa de Casa Fuerte y fortines en general. Otro que también empuja fuerte es el aspirante a marqués de Valtierra y a miura Iván Espinosa de los Monteros.

Nota: Hay marquesados que dan mucho juego político. Por ejemplo, el inventado por Juan Carlos de Borbón para honrar a Josep Tarradellas, primer marqués de Tarradellas.

9. Conde sin Grandeza: Pío García Escudero, conde de Badarán. Como es sin grandeza, se tuvo que conformar con presidir el senado.

10. Vizconde sin Grandeza: El que más se acerca es Pedro Morenés, pero se quedó sin el vizcondado de Alesón por nacer segundo (por lo mismo se quedó sin el marquesado de Grigny, el condado del Asalto -grande de España-, el condado de la Peña del Moro y la baronía de las Cuatro Torres). Aunque casi mejor así porque, vistos sus negocios, bien podría haber terminado demediado por una bala de cañón.

11. Barón sin Grandeza: Además de Íñigo Méndez de Vigo, barón de Claret, los del PSOE, aunque estos últimos lo son cada vez más con “v”. Mucho.

12. Señor sin Grandeza: Especímenes abundantes en el hemiciclo. Innecesario alargar esta lista con nombres.

13. Caballero: Ponche.

De los títulos reales en España mejor nos ocupamos otro día, que, tal y como están las aguas, a lo mejor perdemos la compostura. Y frivolidad, la que haga falta, pero sin desmelenarse, que no me da el presupuesto para pagarme un buen exilio, y menos aún para fugarme.

27/11/2020

El Lobito Feroz

Noticias de mi tío

Le encontré enfurruñado, metido dentro de su guarida, completamente desordenada. Me señaló una silla y me recriminó lo poco que voy a verle. Yo contraataqué, pues siempre hay que pararle los pies, diciéndole que menos visita él a mi madre. Después de eso se sirvió una copa de Valdespino dulce y me preguntó si quería. Dije que no.

— Tú te lo pierdes, sobrino. Hay que tomar algo para poder soportarlo.

— ¿El confinamiento?

— ¡Qué leches! La estupidez. La gente quiere que todo sea como antes. Y nada será como antes: será peor. ¿O crees que los capitalistas son tontos? Va a haber teletrabajo a mansalva, chaval, ¡se acabó eso de verse con los compañeros! La clase trabajadora, definitivamente, tururú.

— Eso dependerá de la gente. ¿Te crees que los jóvenes no somos conscientes de las desigualdades? ¿De la crisis ecológica? Además ahora hay varias clases de clase trabajadora, ¿no te habías enterado?

— Lo que veo son chavales que tendrían que tener verdaderos oficios haciendo de repartidores de Amazon o de lo que sea. ¡Y eso los que tienen empleo! Otros aceptan pedalear para los ricos en rickshaws... Van ya dos generaciones perdidas seguidas; ¡dos generaciones, la del 2008 y la de la pandemia! Los que vengan luego ¿qué cultura van a tener?

Le pedí un poco de jerez dulce para tener tiempo de desviar la conversación. Mi tío ha visto de todo, desde la postguerra. Necesita desgañitarse. Le pregunté:

— ¿Lo de Cataluña?

— Dicen lo volveremos a hacer, y andan muy felices arrancando concesiones al gobierno de coalición con la inestimable ayuda de Podemos. Estos se podrían llamar Jodemos, Unidas Jodemos (se rie). Los indepes seguirán dando la lata, pero solo la lata. Salvo los sociatas, todos los presidentes de la Generalitat han delinquido. ¡Todos! Y el Jordi y familia se han llevado el dinero a espuertas, pero eso a los indepes no les importa. ¡Ho tornarem a fer!

— Oye, esto está muy bueno. Pero no toda la gente de Podemos es igual. Hay una base honrada...

— ¡Claro que está bueno! Mucho mejor que el oporto de los pijos. Lo tomaban en casa los Gil de Biedma.

— Jaume Matas, Chaves, Olivas, Zaplana, Francisco Camps, presidentes de generalitats; y Pujol. claro. Carlos Fabra, el de Castellón...

— Sí, es un estado autonómico bananero... ¡Y quieren conservar las competencias que tienen y más!

— ¿Sabes que según el Tribunal Supremo calumniar a los muertos no es delito?

— El poder judicial va un pelo por debajo de este país, no te creas —mi tío está malhumorado; es difícil sacarle nada. De modo que he de provocarle un poco. ¡Por una vez que uso la grabadora del iphone sin que se dé cuenta!

— Oye, tío, estarás contento con dos partidos por semana. ¿Los ves por la tele?

— ¿Para qué? Con dos partidos a la semana los futbolistas no pueden rendir, se lesionan, no se ven jugadas inteligentes... Ni goles, pocos goles. Todo para el negocio de los directivos, de las teles, de las telefónicas, de los anuncios. Una mierda más.

— ¿Por qué estás de tan mal humor?

— Mira, chaval, yo tengo mi pensión, y tú la beca de tus padres. Pero ya verás cuando se te acabe el chollo. ¿De qué vas a trabajar? ¿De segurata, contra la pobre gente? ¿O de poli, para deshauciar? ¡Cómo voy a estar tranquilo con tanta gente frita y sin empleo! ¡Van a volver los navajeros! Y el gobierno tirando el dinero europeo para que se vendan más autos en vez de potenciar el cambio de tecnologías. Y para que siga la fiesta. ¡Anda ya! Es una sociedad de mierda...

Le dejo despotricando. Ya ha aprendido a despotricar solo.

27/11/2020

De otras fuentes

Ángel Viñas

¿Tiene futuro la monarquía borbónica en nuestro tiempo?

Esta es la pregunta del millón. Debería dirigirse más bien a diseñadores de potenciales escenarios futuros que a un historiador. Por dos razones: la primera es porque es el oficio de los primeros, con el que se ganan la vida y logran mayor o menor prestigio (luego, a muchos les pasa lo que a Herman Kahn); la segunda, porque es posible que entre quienes los lean hoy no estarán probablemente en condiciones de refutarlos cuando no se hagan realidad. La experiencia muestra que son decenas los escenarios aventurados por eminentes autores e instituciones que luego no se han materializado.

La historia, por el contrario, es el registro, análisis y explicación de acciones pasadas. ¿Sirve para predecir el futuro cuando no se conocen las condiciones materiales, técnicas, sociales, políticas, psicológicas que en él prevalecerán, o la configuración de los marcos dentro de los cuales se organizará la vida colectiva? Desde los tiempos de la Antigüedad clásica se la ha considerado como “maestra de la vida”. Hay gente, hoy, que discrepa de tal característica pero no cabe ignorarla como punto de partida. En este sentido, ¿qué nos enseña nuestra historia en cinco grandes rasgos respecto a la cuestión planteada?

En primer lugar, que hubo un fracaso absoluto de la Monarquía borbónica en el siglo XIX tras el paulatino agostamiento de la Restauración. Lo reconoció el propio rey cuando huyó al extranjero e hizo una cosa muy característica: evadir sus responsabilidades y ponerse a complotar desde fuera.

En segundo lugar, que hubo un asalto monárquico a la República con la ayuda de la Italia fascista para establecer un régimen parecido en España. Casi siempre ocultado en su aplicación práctica durante los años que antecedieron al golpe de Estado de 1936 pero que Alfonso XIII es difícil que ignorase.

En tercer lugar, que hubo un fracaso de los planes monárquicos y el “coladero” de un personaje imprevisto como fue el general Franco, ante el cual los generales dinásticos no tardaron en hincar la rodilla. Y que, con oscilaciones de naturaleza más bien retórica, mantuvieron bien hincada mientras duró la dictadura.

En cuarto lugar, que tras la muerte de Franco hubo un temor a someter a la opinión pública española la cuestión de la naturaleza del régimen. Se afirma que fue porque Suárez pensaba que los españoles se inclinarían por la República.

En quinto lugar, que hubo una “desaparición” de la cuestión en tiempos de bonanza y de respeto a la figura del sucesor de Franco, “a título de rey”, en la figura de Juan Carlos I, transfigurado por la asunción de la legitimidad dinástica, la constitucional y del ejercicio de su responsabilidad como cabeza del Ejército en el 23-F.

En la actualidad los tiempos de bonanza han desaparecido. Juan Carlos I también. Con independencia de sus cualidades personales que han salido a la luz pública y que son todo menos ejemplares y chocan con el sentido común de una gran parte de la ciudadanía, la cuestión se ha avivado. Sobre el diagnóstico de las causas por lo que ha acontecido las opiniones son múltiples y la mía no tiene la menor importancia. Muchas pondrán de manifiesto los efectos de las crisis económicas y sociales, el desafío catalán, la presencia de nuevas fuerzas políticas, la pandemia… Lo que me parece difícilmente negable es que en estos momentos si el PSOE se inclinara decididamente por poner la cuestión ante la opinión pública, nadie sabe lo que de ella resultaría. Cabe imaginar fórmulas con las que podría hacerlo sin violentar la Constitución.

No se me oculta que en los planos subyacentes al político (coyuntural o estructural, sobre esto no atrevo a pronunciarme), las circunstancias han cambiado radicalmente. España hoy no es un país aislado en la periferia europea con un régimen despreciado. Tampoco tiene ya una economía medio desarrollada o subdesarrollada. La sociedad se ha modernizado y es bastante equiparable a las de otras democracias europeas. La interacción económica, política, social e intelectual de los españoles con su entorno próximo es intensa. Las libertades civiles y políticas están garantizadas. Nada hace pensar que estas circunstancias no subsistirían en el futuro. Es tarea de los sociólogos o politólogos explicar por qué un sector amplio de la sociedad española desea, a pesar de todo, ser consultada sobre la opción monarquía-república.

Para mí una de las respuestas posibles gravita en torno a dos ejes: la democracia española no ha sabido, no ha querido o no ha podido sentar las bases culturales e ideológicas para confrontar a la sociedad con el pasado colectivo. Ha fracasado en extraer las enseñanzas que de él se derivan. No ha creado una visión más o menos aceptable sobre nuestra historia y sus condicionantes. NO HA CREADO CIUDADANOS. Se ha mecido en los laureles. O, también se dirá, la clase política se ha negado, y se niega, a echar la vista hacia atrás, prisionera de ensueños y una parte de ella cautivada por la recuperación del poder sea cómo sea. (La España que no era de todos sino de algunos).

Temor al conocimiento crítico

Lo que antecede podía explicarse en los años que siguieron a la consolidación de la democracia. Es menos explicable hoy. El temor al conocimiento crítico de un pasado escasamente brillante y a la educación en los valores cívicos, críticos y democráticos propios de las generaciones que conviven en estos momentos en el espacio europeo occidental ha resultado paralizante. Dejo de lado gran parte de la Europa central y oriental, con sus propios e inexportables vivencias.

¿Consecuencia? La idealización de la República en amplios sectores de la población, en especial entre los jóvenes. Un régimen que, en su momento, fue la respuesta a una Monarquía reaccionaria, sostenida por una Iglesia trentista (en el sentido literal del término), un Ejército de ocupación anquilosado y una estructura de la propiedad de la tierra y de amplios sectores de la economía oligarquizados. Se pasan por encima sus insuficiencias. No es de extrañar el resultado.

Todo historiador es hijo de sus circunstancias. Llevo viviendo algo más de treinta años en un país monárquico, con una Constitución que data de 1831 y que se ha ido adaptando a los cambios económicos, sociales y políticos en el transcurso del tiempo. Desde finales de los años sesenta del pasado siglo hasta la actualidad ha habido seis reformas del Estado que han hecho de una Monarquía unitaria una Monarquía federalizada. Hoy ya se habla de la séptima reforma. A lo largo de los casi doscientos años la Monarquía no se ha puesto en cuestión. Por algo será.

Personalmente no veo por qué la Constitución española, que ha hecho sus pruebas durante más de cuarenta años, ha de permanecer inmutable (salvados dos retoques técnicos) por los tiempos de los tiempos. Un país que no se atreve a enfrentarse con el cambio es un país condenado, porque el cambio es impulsado por fuerzas tecnológicas, económicas, sociales y culturales que están fuera del control de las autoridades. Al cabo del tiempo, estas fuerzas presionan por inducir un cambio político. Si no se suelta cuerda (puedo equivocarme y muchos de los lectores de estas líneas podrán criticarme todo lo que quieran) tarde o temprano la cuestión de la forma del Estado es verosímil que gane en tracción. Solo una Monarquía que se base en el asentimiento popular podrá sostenerse. El caso británico es paradigmático. También el del resto de las escasas monarquías europeas.

¿Salvaría un eventual cambio de régimen la democracia española? No necesariamente. La democracia se basa en condiciones económicas, culturales y psicológicas profundas. Lo que sí se puede aventurar, con todas las reservas, es que no la salvará la resistencia a ultranza a los cambios constitucionales que pocos políticos se atreven a proponer por miedo a “abrir el melón”. Sin embargo, una democracia avanzada no podría sostenerse indefinidamente en contra de la voluntad de una parte sustancial de sus ciudadanos. En la conformación de esta mayoría el papel del PSOE es absolutamente fundamental.

Se equivoca el PP al autoproponerse como el bastión monárquico por excelencia. No lo es. El auténtico bastión monárquico en España en estos momentos es, en mi modesta opinión, el socialista. ¿Y de VOX? Basura. Como lo fue Falange antes del golpe de 1936.

Naturalmente, puedo equivocarme. No intento predecir el futuro. Bastante hago con tratar de comprender el pasado. Hace años que me dedico a la inacabable tarea de entender qué pasó con la Segunda República española y por qué fracasó, antes de la guerra civil, en la guerra civil y después de la guerra civil. Creo que mi próximo libro, como el resto basado en documentos primarios de la época en cuestión, me ha permitido entender ese pasado algo mejor. Lo suficiente para saber que el futuro ni estaba entonces ni está hoy escrito.

[Fuente: Tinta Libre, reproducción autorizada por el autor; Ángel Viñas (Madrid, 1941), economista, historiador y catedrático emérito de la Universidad Complutense, es autor de libros recientes como ¿Quién quiso la Guerra Civil? o La otra cara del Caudillo (Crítica)].

17/11/2020

Luis García Montero

El peligroso espectáculo del poder judicial

La dinámica de malestar y degradación democrática que hemos vivido en los últimos años tiene una de sus razones principales en la judicialización de la política. El espectáculo es amplio: acontecimientos muy llamativos que van desde el recurso constitucional al Estatuto que los catalanes habían votado en 2006 hasta la realidad última de un consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid que se ha convertido en consejero de Salud y, casi, en presidente autonómico debido a las grietas abiertas entre las decisiones políticas y judiciales.

El respeto a la Justicia depende de que la Justicia sea respetable. No hay democracia que pueda sostener su dignidad y su razón de ser sin una justicia respetada y respetable. Por eso es tan grave el panorama polémico que domina y que aparece una y otra vez en la prensa sobre la falta de independencia de los jueces. El estribillo de que todos los políticos son iguales es una forma mentirosa de dañar la política. La discusión abierta sobre la independencia de los jueces es una manera perniciosa y mal planteada de discutir sobre la Justicia.

Creo que no debemos confundir la realidad cotidiana de la Justicia con los mecanismos de control del Poder Judicial. Como cualquier persona, quien se dedica a impartir justicia tiene su manera de pensar, sus ideas políticas y sus circunstancias. Los que creemos en el valor del Estado para organizar la convivencia no debemos permitir el descrédito de la política. Lo que sí resulta necesario es que la conciencia política no se convierta en sectarismo partidista a la hora de cumplir honestamente con una profesión. Pero, como digo, los jueces premiados por su partidismo tienen más que ver con el Poder Judicial que con lo que me permito llamar aquí la justicia de base.

Opino sobre la Justicia, claro, por la polémica sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, aunque también porque me han llamado la atención algunas sentencias y algunos nombramientos. Muy razonable y de admirar la sentencia firmada por los jueces Ramón Sáez (progresista) y Francisco Viera (conservador) en la Audiencia Nacional sobre Josep Lluís Trapero, el ex mayor de los Mossos d'Esquadra. Extraño, sin embargo, el nombramiento para un puesto en el Tribunal Supremo de un juez que es conocido por sus votos particulares para evitar que un partido en el Gobierno y su presidente fuesen llamados a declarar.

El peligro no está en los jueces o en sus ideas políticas, sino en el sectarismo a la hora de utilizar los cauces para constituir el poder judicial. Cuando hablamos de independencia judicial y defendemos que los jueces elijan el Consejo General de su Poder, caemos en la trampa del gremialismo, una trampa mortal para cualquier profesión. Los tres poderes del Estado, Legislativo, Judicial y Ejecutivo, nacen de la soberanía popular. Por eso es antidemocrático separar estos poderes del Parlamento elegido por los ciudadanos. No podemos confundir la independencia judicial con dinámicas gremiales autoseparadas de la sociedad.

Si se utiliza bien, la fórmula actual, aunque mejorable, es una buena manera de elegir el Poder Judicial. El problema está en la utilización sectaria de los mecanismos por la cúpula de los partidos. Estamos viviendo hoy un caso extremo con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El daño que se hace al crédito de la Justicia española es intolerable. Mejor no entrar en detalles ni hablar de las razones por las que no dimite un Presidente que lleva tanto tiempo caducado y fuera de lugar.

Cuando la política desborda sus espacios naturales y quiere apoderarse de las instituciones, la democracia se pone en peligro. Actuar para dirigir un Estado aunque se pierdan las elecciones implica separar a la vida institucional de la soberanía popular. Creo que les corresponde a los jueces protagonizar la protesta en nombre de su honestidad. Del mismo modo que corresponde a los periodistas defender la dignidad democrática del periodismo, se echa en falta que los jueces se opongan a los tristes espectáculos de este Poder Judicial. No se trata de hacer méritos para ser recompensados con un carguillo, sino de vestir la toga con el convencimiento de que la vocación judicial es indispensable en una sociedad democrática.

El profesor Juan-Ramón Capella sugirió hace tiempo un modo imaginativo de elección. El Parlamento puede reunir y proponer una lista de 40 jueces para que después ellos mismos se voten por un sistema selectivo de bolas blancas y negras, decidiendo así el resultado final. Sería una buena opción. No parece tan buen camino el nombramiento del Consejo por la mayoría absoluta de los diputados. Pero será un camino legítimo si se considera el único modo de romper el bloqueo anticonstitucional del Poder Judicial.

[Fuente: infoLibre]

1/11/2020

Juan-Ramón Capella

Una ciudadanía civil

No hace mucho tiempo defendía en las páginas de infoLibre la excelente propuesta de Javier de Lucas acerca de la conveniencia de vincular los derechos de ciudadanía no sólo a la nacionalidad española sino también al avecindamiento en España, para que las personas inmigrantes con arraigo en el país pudieran tener derechos políticos y sociales. Hoy, la pandemia ha venido a poner de manifiesto la necesidad de materializar esta ciudadanía nueva, que para filósofos políticos y del derecho muy relevantes —Ferrajoli, Ciaramelli— se traduce en lo que llaman una ciudadanía urbana.

La denominación no es convincente, pues esa nueva ciudadanía abarcaría también a sujetos no urbanos. Pero si el nombre no es convincente, la cosa, en cambio, sí lo es. Se puede proponer la denominación de ciudadanía civil: la de la gente que vive con nosotros.

La pandemia no ha hecho distinciones entre nacionales e inmigrados en nuestro país. Protegerse contra ella ha sido obligación moral y en ciertos aspectos jurídica de unos y otros. No se puede negar cama hospitalaria o simple atención médica a personas que carecen de la ciudadanía o, más prosaicamente, de cartilla de la Seguridad Social. Al protegerles a ellos en términos de salud nos protegemos también nosotros. Y en general, urbanamente, por lo que he podido ver estos días en taxistas pakistanís, en comerciantes chinos o en africanos que recogen metal para reciclar, los inmigrantes cumplen rigurosamente con las instrucciones sanitarias de las autoridades. Si hay focos graves de pandemia entre trabajadores temporeros inmigrantes –recolectores de fruta en Lérida, jornaleros en otros lugares de España–, parece que ello se debe más a las condiciones de alojamiento y de trabajo que se les conceden a estos parias en nuestro país que a negligencias de esas personas que no tienen voz, ni derechos.

La sociedad española es una sociedad de la que los inmigrantes forman parte, pues aquí trabajan y moran, usan el metro o el autobús, y, supremo hecho en nuestros tiempos, compran. Un sector ineducado de los españoles autóctonos se opone a tratar correctamente a los inmigrantes para que no se queden aquí, para que no se produzca lo que llaman el efecto llamada. Esa posición además de inadmisible moralmente es socialmente analfabeta, pues pasa a ciegas sobre que la emigración es causada entre otras cosas por las guerras (en varios países árabes, de naturaleza colonial enmascarada); no quiere enterarse de la imposibilidad de sobrevivir en los países nativos sin ser esclavizados o esclavizadas; y olvida que España ha sido y posiblemente vuelva a ser un país de emigrantes. Han sido olvidadas las maletas de cartón que trabajadores españoles arrastraban por toda Europa en busca de trabajo, o la sinonimia entre gallego y español en México y Argentina. Este segmento de españoles autóctonos parece haber agotado su capacidad para la inclusión, para el reconocimiento del diferente.

A esta oposición sorda contra los inmigrantes, de tintes racistas, carne de voto popular a una extrema derecha peligrosa y redundantemente extremista en nuestro país, es preciso contraponer la voluntad de que nuestra sociedad siga siendo una sociedad democrática –incluso si el Poder Político no es gran cosa– y abierta, incluyente, por parte de la propia sociedad civil. Hemos de caminar en la misma dirección de igualdad de derechos, de igualdad de trato se sea quien se sea, entre inmigrantes y no inmigrantes. Llegar a un gran pacto tácito por el cual también los inmigrantes se sumen a la voluntad social democrática (en vez de convertirse en un balón que los partidos se lanzan unos contra otros para arrancar un puñado de votos).

La propuesta de la ciudadanía civil puede ser un mecanismo de integración eficaz de gentes con diferentes culturas pero iguales en cuanto a derechos. Como señala Luigi Ferrajoli, la aceptación real de la universalidad de los derechos humanos implicaría la abolición del actual privilegio de la ciudadanía (de la ciudadanía estatal). La situación de pandemia ha desnudado la inseguridad de nuestras seguridades, y pese a que casi nadie se atreve a reconocerlo, ha abierto un tiempo nuevo: saldremos de la pandemia o reduciremos su impacto al mínimo, pero se nos echarán encima sus consecuencias económicas y sociales, y luego –o a la vez– vendrán a sacudir nuestros sillones, uno tras otro, los diferentes aspectos de la crisis ecológica y de la insostenible desigualdad. La solidaridad que estamos demostrando ahora, salvo los descerebrados opuestos a los especialistas médicos, debería reforzarse con la alianza social de una nueva ciudadanía civil, de una ciudadanía de convecinos.

[Fuente: infoLibre]

9/11/2020

Nicolás Sartorius

«La nueva anormalidad»: ¿y si no queremos volver a lo de antes?

Mantenga las distancias sociales

Reconozco que en esta época de confinamientos y aislamientos mi confusión ha aumentado. Toda la vida peleando para que se redujesen las distancias sociales y ahora me entero, con desolación, que es necesario mantenerlas por razones sanitario-epidemiológicas. ¿No se podría haber encontrado otra manera de expresar la conveniencia de guardar las separaciones físicas entre personas a fin de dificultar los contagios? Si la distancia social fuese el remedio más eficaz para hacer frente a la Covid-19, España sería el país de Europa mejor dotado para derrotarle. Porque es verdad que somos una nación de personas muy roceras, aficionadas a rozarnos, abrazarnos y besuquearnos a la mínima ocasión, pero también a marcar distancias oceánicas cuando se trata del reparto de los posibles o caudales, o de establecer criterios de igualdad. La prueba de ello es que cuando se dio por finiquitada —es un decir— la crisis de 2008-2009, España era uno de los países más desiguales de Europa. Es bien cierto que, según los informes de la OCDE, en la última década, la desigualdad se ha ensanchado en todos los países de Europa, lo que no es ningún consuelo, si tenemos en cuenta que esta brecha entre pobres y ricos es más grande en nuestro querido país.

Si empezamos nuestro recorrido por la desigualdad «primaria» entre hombres y mujeres, cuya «distancia social» se supone que debe ser la más estrecha, observamos que se han dado avances notables que conviene situar en su contexto. Es decir, si comparamos la actual desigualdad con la de los años de la dictadura, o incluso con el periodo de la Transición, la mejora es indiscutible. La creciente participación de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad es verificable y cuantificable. Quizá haya sido una de las mayores transformaciones de la sociedad española, por no decir la más relevante. Si uno ha tenido la ocasión de conocer, por razón de edad, las condiciones de las mujeres durante las ominosas décadas de la dictadura, se atrevería a decir que se ha tratado de una auténtica revolución. Sin embargo, como la vida es así de dialéctica, todo es relativo y este nuevo panorama de la mujer española hay que compararlo con los países similares de Europa, que también han seguido mejorando en este asunto. Así, en el Índice de Desigualdad de Género (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2015), España ocupaba el puesto número quince por detrás de Dinamarca, Países Bajos o Alemania, pero por delante de Italia, Japón o Estados Unidos. Si tomamos otro índice del mismo organismo de Naciones Unidas sobre desarrollo de género, que en este caso se centra en tres aspectos —salud, conocimiento y desarrollo humano—, comprobaremos que entre 160 naciones analizadas España ocupa el lugar 36, lo que no está mal pero tampoco es como para tirar cohetes. [...]

La crisis económica de 2008-2009 y su nefasto tratamiento fueron devastadores desde la perspectiva de la igualdad y, sobre todo, de la cruda pobreza absoluta y relativa. Ya en el año 2007, España padecía una de las tasas más altas de indigencia entre los países de la Unión Europea para los diferentes grupos de edad: un 25,5% para la población infantil y un 19,7% para los de mayor edad. Durante la crisis, la situación empeoró todavía más, pues aumentó en más de trece puntos porcentuales, hasta situarnos en el 33,4% de la población en pobreza relativa. Lógicamente, en los tramos de mayor edad, la penuria disminuía debido al colchón que significaba el sistema de pensiones públicas. Ahora bien, ¿por qué en España es mayor la desigualdad y la pobreza que en la mayoría de los países de la Unión Europea? ¿Por qué tenemos esta cultura del abrazo, los golpes en la espalda, el besuqueo y el compadreo y luego somos tan poco igualitarios en lo fundamental, como son las condiciones de vida y de trabajo? ¿Es un punto de apariencia o cinismo u obedece a causas que convendría analizar y corregir? La desigualdad y la pobreza no son dos realidades iguales, pues un país puede ser pobre e igualitario o ser desigual y muy rico. Sin embargo, el origen de ambas lacras suele ser parecido y consiste, en unos casos, en generar insuficiente riqueza y, además, repartirla injustamente y, en otros, crear abundante riqueza y distribuirla pésimamente. Es lo que sucede en España en términos relativos en comparación con las naciones avanzadas de la Unión Europea. Como hemos dejado constancia en el capítulo dedicado a nuestro sistema productivo [...], España cuenta con un tejido empresarial cuya productividad es, en general, inferior a la de nuestros vecinos del Norte. Ligado a lo anterior, contamos con un mercado laboral de los más «flexibles» de Europa, en el sentido de que los empleos con contratos temporales, parciales y/o precarios abundan bastante más que en países como Francia, Alemania e Italia, con los que debemos compararnos. La prueba de lo que decimos es que, cuando la economía crece, somos de los que generamos más empleo y, cuando llegan las crisis, destruimos más puestos de trabajo que todos los demás. Esta circunstancia nos debería hacer reflexionar sobre las causas por las que nuestro país es, desde hace décadas, el que cuenta con cifras de paro más abultadas y, a veces, escandalosas. Es francamente complicado achicar distancias sociales cuando se tienen esas cifras tan abusivas y «asociales» de desempleo y de economía sumergida. No hay nada que contribuya más a la desigualdad y a la pobreza, sobre todo a esta última, que la falta de puestos de trabajo decentes, pues los indecentes, que abundan en demasía, tampoco ayudan a combatir ambas lacras.

El panorama se complica cuando analizamos la cantidad y la calidad de nuestro Estado de bienestar [...]. Las desigualdades y la pobreza «secundaria» se corrigen o atenúan por medio de una política fiscal más o menos redistributiva. Sin embargo, cuando se tiene una economía sumergida o informal —en torno al 20%—, casi el doble que la media europea, y la presión fiscal es más de 6 puntos inferior a la media de los países del euro, no se pueden hacer milagros ni tener un Estado social excelente. No me cansaré de repetir que con 80.000 o 100.000 millones de euros menos que las naciones de «nuestro entorno» es ilusorio pretender disfrutar de un Estado social equivalente al de esos socios y colegas del Norte. Bastante mérito ha tenido el levantar, prácticamente de la nada, nuestro Estado de bienestar, pero no pretendamos milagros que solo se producen, según se dice, en Lourdes, en Fátima o en Garabandal. Si de verdad deseamos reducir la desigualdad y la pobreza, afrontemos de verdad la cuestión de la propiedad de la riqueza, distribuyamos mejor las rentas, reformemos nuestro sistema fiscal y modernicemos nuestro sistema productivo. Lo demás suele ser literatura generalmente mala.

Porque lo que no podemos hacer es volver a caer en la trampa de que primero hay que crear la riqueza para después repartirla, idea que se plastifica en esa irritante metáfora de que hay que hornear un pastel más grande para que así haya para todos. Esa cantinela la conocemos muy bien los que alguna vez hemos debatido Presupuestos o negociado convenios colectivos. Claro que hay que crear la mayor riqueza que se pueda, garantizando la sostenibilidad, pero al mismo tiempo, y no después, hay que repartirla más y mejor. Entre otras cosas debe de hacerse así porque supone un error económico escindir la creación de riqueza de su reparto, como demuestran los países más avanzados del planeta. No hay más que comprobar cuáles son las naciones que mejor han aguantado las crisis y las pandemias. No precisamente los más desiguales y con estados sociales más débiles, sino todo lo contrario, los que tienen sistemas fiscales más potentes, menos pobreza y menos desigualdad. Por eso han sido positivas algunas de las medidas que se han tomado últimamente en España, como han sido la subida del salario mínimo, el crecimiento de las pensiones o la implantación del Ingreso Mínimo Vital. No se ha tratado de una panacea, pero ni se ha hundido el mundo, ni se ha extendido la pandemia más de lo que estaba y, sin embargo, quizá hemos conseguido reducir un poco la «distancia social». A más a más, en los casos de Europa y de España, el pastel, en lo esencial, ya está cocinado u horneado y cuando vimos el capítulo dedicado al reparto de la riqueza pudimos verificar que, precisamente durante la crisis, hubo quien acrecentó copiosamente sus caudales. Hay, pues, amplio margen para mejorar nuestra recaudación tributaria sin tener que esperar a ponerle una guinda al pastel. Debería saberse que las modificaciones de las normas fiscales no maduran su fruto de manera súbita, y si en este año fuésemos capaces de reformar nuestro sistema impositivo —que buena falta le hace— sus efectos para el contribuyente se manifestarían en el 2021-2022. Años en los que con suerte se prevén rebotes de la economía, no sé si en forma de V o de U alargada, siempre y cuando no surja un rebrote vírico causado por la mala cabeza de algunos.

Algún día, en fin, tendremos que comprobar si es verdad eso que se dice de que la Covid-19 ha atacado por igual a ricos y a pobres. No me convence que se saquen a pasear algunos casos individuales de personajes poderosos o famosos que han sido infectados. Mi impresión subjetiva —reconozco que no tengo datos— es que la inmensa mayoría de los infectados y fallecidos han pertenecido a las clases modestas y profesionales de la sanidad. En España, el 70% de las defunciones se han producido en las residencias de la tercera edad. Centros en los que, salvo excepciones, viven personas mayores de rentas escasas, pensionistas, viudas, etc., y esto ha sido así en otros países de Europa y no digamos en Estados Unidos, donde la razia se ha cebado entre la gente de color e hispanos. Cuando se analice, si es que se llega a analizar algún día, qué ha sucedido en las residencias de mayores o en ciertos barrios populares de algunas capitales, entre ellas Madrid o Barcelona, quizá podamos comprobar la relación existente entre pobreza y epidemia o, más precisamente, entre Covid-19 y mejor o peor Estado de bienestar, en su versión sanitaria. ¿O es que alguien cree que los tajos que se le metieron a la salud pública, en algunas Comunidades Autónomas, ya mencionadas, en los años de la crisis de 2008, no han influido en los desabastecimientos y colapsos que se sufrieron y se siguen padeciendo en los meses agónicos de la pandemia? Yo creo que sí, y así lo manifiesta el personal sanitario que ha estado en la primera línea de fuego, al que con toda justicia se le ha honrado con aplausos durante meses, pero no sé si al final haremos bueno ese refrán que dice: «mucho te quiero perrito, pero pan poquito». Porque tengo la sospecha de que, después de la traumática experiencia vivida, no se han tomado las medidas necesarias para que no se repitan aquellos momentos de angustia. Ya asoma su feo rostro una segunda ola de contagios y de nuevo se oyen quejas de falta de medios y de cierto desbarajuste en algunas Comunidades Autónomas.

[...]

Llegados aquí, conviene llamar la atención sobre las nuevas brechas que se pueden ir abriendo y su relación con la desigualdad. Me refiero a la inquietante cuestión de la «brecha digital», lo que algunos autores han llamado entre los «inforricos e infopobres». Porque en este asunto no se trata solamente de poseer una amplia y potente infraestructura digital, o contar con todo tipo de artefactos TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación), si luego no se saben manejar correctamente y sacarles el rendimiento adecuado. Lo mismo sucede con el equipamiento. España ha logrado una progresión notable en los últimos quince años, pues en el acceso a internet ha pasado de un 30-50 %, según el tipo de hogar, al 70-80% en 2016, y similar proporción en la posesión de ordenadores. En lo referente al uso de internet, el avance ha sido igualmente considerable, aunque en este caso las diferencias entre colectivos son más acentuadas. Por ejemplo, un varón de 16 a 24 años usó internet un 98,4%; si tenía entre 65 y 74 años, lo utilizó un 34,7%. Si contaba con educación superior el uso fue del 97,8%, mientras que si tenía educación primaria la cifra descendía al 40,8%. [...] La tercera revolución industrial o digital no acabará por sí misma con la «separación social», con la pobreza y la desigualdad. Eso dependerá de la evolución política global, europea y nacional. En una palabra, de la relación de fuerzas sociales y el desarrollo de los acontecimientos, a los que ya hemos hecho referencia. La prueba de lo que decimos es que, en el año 1984, un estudio elaborado por Cáritas, y titulado «Pobreza y marginación», revelaba que unos ocho millones de personas, uno de cada cinco ciudadanos, obtenían ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Pues bien, treinta años después, un 22% de la población, algo más de diez millones de personas, sigue teniendo rentas que no superan el referido umbral de penuria. Lo inquietante del asunto reside en que la referida indigencia no es mera consecuencia de la crisis, pues el examen de las tendencias previas muestra que la tasa relativa de pobreza se ha mantenido, invariablemente, en torno al 20%, incluso en los momentos de mayor crecimiento económico. Estamos, pues, ante un problema estructural (Jesús Ruiz-Huerta y Rosa Martínez, Tercer informe sobre la desigualdad en España, Fundación Alternativas, 2018).

Con estos datos a la vista, no parece muy atractivo el proyecto de regresar a la «nueva normalidad», si esta consiste en «volver a lo de antes», pero ahora conviviendo con la Covid-19. Reconozco que no sé muy bien qué quiere decir «con-vivir» con un virus, salvo que se trate de una metáfora. En mi opinión, la gran tarea consiste, por el contrario, en destruir el virus e ir construyendo una normalidad nueva, en la que se reduzca al máximo la distancia social, la brecha económico-social-digital y se erradique la pobreza.

[Fuente: infoLibre]

19/11/2020

Rafael Poch

El síndrome Qing en Estados Unidos

Estados Unidos pasa por ser una “sociedad abierta” –incluso la sociedad abierta por excelencia–. Es obvio, sin embargo, que las preguntas esenciales sobre su comportamiento internacional ni se plantean, ni pueden siquiera ser planteadas. Por ejemplo, la mera hipótesis de que el país deje de ser la “potencia número uno” en el futuro próximo –una posibilidad en absoluto excéntrica– no solo es implanteable, sino que tiene categoría de simple herejía: nadie en Estados Unidos está dispuesto a discutir la posibilidad de que el país llegue a ser un “número 2” mundial y tal enunciado “sería suicida para cualquier político que lo planteara”, constata el politólogo Kishore Mahbubani de la Universidad de Singapur.

En su último libro Has China Won?, repleto del sentido común y la racionalidad que favorecen la independencia de criterio tan rara entre los expertos occidentales, Mahbubani expone cómo, pese al declive, ningún líder de Estados Unidos ha propuesto hasta la fecha un ajuste estratégico o estructural para ponerse a tono con la nueva realidad del mundo. Es lo que el ilustre historiador chino Wang Gungwu describe como el “síndrome Qing de América”.

Los políticos de Estados Unidos cometen el mismo error que los mandarines de la última fase de la Dinastía Qing del siglo XIX. Aquellos chinos no entendían que el ascenso de Occidente significaba que China debía cambiar de rumbo. “Los confiados mandarines del último periodo Qing despreciaban la posibilidad de la emergencia de un nuevo mundo que pudiera desafiar a su superior sistema”, explica Wang. Desde “siempre” China había sido “número uno”, su civilización se contemplaba como la mejor mientras se cocía en su propia salsa, despreciando o ignorando los profundos cambios que sucedían a su alrededor. El mero hecho de mirar lo que pasaba fuera ya era herejía.

No estaba previsto

El ascenso de China es uno de los cambios profundos del mundo de hoy. La integración de China en la globalización, entendida como el seudónimo del dominio mundial de Estados Unidos, contenía implícitamente como consecuencia el escenario de convertirla en vasallo de Occidente. Para comprar un solo avión Boeing a Estados Unidos, China debía producir cien millones de pares de pantalones. No estaba previsto que, jugando en el terreno dibujado por otros, China torciera aquel propósito. El “milagro chino” fue usar una receta occidental diseñada para su sometimiento para fortalecerse de forma autónoma e independiente.

“La estrategia produjo complicaciones y complejidades que desembocaron en una China más poderosa que no respondía a las expectativas occidentales”, constataba desconcertado el comentarista de la CNN Fareed Zakaria. La situación recuerda a la de un tahúr que, jugando una partida de póker contra un adversario insignificante, constata que pierde la partida pese a jugar con cartas marcadas. No estaba previsto y la reacción previsible del tahúr en tal situación es volcar la mesa y desenfundar la pistola.

Si algo ha dejado claro la última campaña electoral en Estados Unidos es confirmar que ese país no tiene una estrategia para el nuevo mundo del siglo XXI. La única receta clara para impedir el declive es la guerra, comercial y tecnológica, y la amenaza militar con una diplomacia cada vez más nuclearizada. Trump ha dividido a su país en casi todo excepto en su guerra comercial y tecnológica contra China. Esa beligerancia es algo que se da por supuesto en los candidatos a la presidencia que compiten entre sí por demostrar quien mima más a los militares y al complejo militar-industrial y quien es más antichino, huyendo como de la peste de cualquier veleidad de flojera ante el adversario. No es solo una “vaca sagrada” ideológica que se desprende de la inercia de un siglo de dominio mundial, sino una tara estructural.

El gasto en armas y guerras no es algo que en Estados Unidos se decida en el marco de una estrategia nacional racional que valora qué sistemas de armas se necesitan para la situación geopolítica presente y concreta, dice Mahbubani. “Las armas se compran como resultado de un complejo sistema de lobbismo a cargo de los fabricantes que ubicaron astutamente sus industrias en todas las circunscripciones congresuales de América, con lo que los políticos que quieren mantener los puestos de trabajo en sus territorios (y su propio puestos en el Congreso) son quienes deciden qué armas se producirán para el ejército”.

Ventajas del adversario

No hay en China nada parecido al complejo militar-industrial de Estados Unidos que fomenta estructuralmente el militarismo y el imperialismo con sus poderosos “lobbies” y think tanks. Los mandarines de Estados Unidos son prisioneros de una red que complica sobremanera su adaptación al nuevo mundo. Su poderoso y eficaz aparato de propaganda (“información & entretenimiento”) presenta al sistema político de Estados Unidos basado en la aristocracia del dinero, como una democracia. A su lado el régimen del Partido Comunista Chino, que es una estructura meritocrática, es visto como algo arcaico y brutal. No hay duda de que el régimen chino tiene muchos problemas y carencias, pero desde luego también algunas virtudes. Impide, por ejemplo, la aparición de Trumps nacionalistas chinos y potencia a muchos de los más capaces y mejores hacia arriba. Hoy por hoy, como dice Mahbubani, “desempeña un bien global garantizando que China se comporte como un actor racional y estable en el mundo y no como un sujeto nacionalista enfadado distorsionador del orden regional y global”. En materia de cambio climático, China no sigue el ejemplo de Estados Unidos. Un gobierno chino democráticamente electo habría tenido gran presión para hacer lo mismo que Estados Unidos en lugar de proclamar su objetivo de desarrollar una “civilización ecológica”.

Hay 193 países miembros en la ONU. ¿Quién, Estados Unidos o China, está remando en la misma dirección que la mayoría de los 191 y quién lo hace en contra, mientras ningunea o abandona las instituciones y acuerdos internacionales?, se pregunta Mahbubani. En las condiciones democráticas sugeridas para China desde Occidente, sería mucho más difícil para ese país mantener su proverbial prudencia internacional y su no injerencia en los asuntos internos de otros conforme se hace más poderosa. Antes de cargarse a un régimen que juega en otra liga de civilización, hay que pensar en sus alternativas para el caso de que abrazara lo que se le recomienda desde la occidental.

¿Expansionismo?

La crisis financiera global de 2008, genuino detritus de la economía de casino con centro en Estados Unidos, ofreció la primera evidencia de debilidad occidental: China gobernó la situación mucho mejor, como había pasado ocho años antes con el estallido de la burbuja dot-com. Las desastrosas consecuencias de las guerras que siguieron al 11-S neoyorkino hicieron patente una criminal irresponsabilidad. La retirada de Estados Unidos del acuerdo sobre cambio climático y la mala gestión de la crisis de la pandemia en Occidente (en comparación no solo con China, sino con el conjunto de Asia oriental) incrementaron esa evidencia de decadencia y desbarajuste. Ante esos hechos se hacía bien patente el desfase de la célebre recomendación de Deng Xiaoping de finales de los años ochenta en materia de política exterior: “Observar la situación con calma, mantenernos firmes en nuestras posiciones. Responder con cautela. Solapar nuestras capacidades y esperar el momento oportuno. Nunca reclamar el liderazgo”.

La situación general invitaba desde hace tiempo a actualizar aquella prudente directriz, pero es la creciente virulencia de la guerra comercial y tecnológica, de las provocaciones militares y de las campañas de denigración de los últimos meses, la que determina un cambio de tono. Xi Jinping aprovechó el aniversario de la guerra de Corea para sacar pecho en octubre. Dijo que “el pueblo chino no creará problemas, pero tampoco tenemos miedo, y no importa las dificultades o desafíos que enfrentemos, nuestras piernas no temblarán y nuestras espaldas no se doblarán”, y que “nunca permaneceremos de brazos cruzados cuando nuestra soberanía esté amenazada y no permitiremos nunca a ningún ejército invadir o dividir a nuestro país”. En mayo, el ministro de exteriores, Wang Yi, respondió a los juicios de Trump sobre el “virus chino” diciendo: “Jamás tomaremos la iniciativa de intimidar a otros, pero tenemos principios. Ante las calumnias deliberadas, responderemos con fuerza, protegeremos nuestro honor nacional y nuestra dignidad en tanto pueblo”.

Aisladas de su contexto, todas estas declaraciones se utilizan en Occidente para confirmar los peligros de una China crecida que en más de cuarenta años, mientras Occidente se implicaba en guerras en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia y Siria, entre otras, no ha participado en ningún conflicto bélico. Las tensiones y reivindicaciones chinas en lugares como Tibet, Xinjiang, Hong Kong o Taiwan, se mencionan como prueba de “expansionismo”, cuando esas reivindicaciones son mas legítimas que las de Estados Unidos sobre Texas, California o todo el sur del país arrebatado a México en el XIX. Con toda su brutalidad, la política de Pekín en Xinjiang no tiene nada que ver con la medicina para atajar el mismo problema por parte de Estados Unidos y su guerra contra el terror, que incluye millones de muertos, la devastación de sociedades enteras y la primera legalización de la tortura en un país occidental en el siglo XXI. En Taiwán es ridículo presentar como “expansionismo” la reclamación china de la isla cuando, desde 1972, Estados Unidos reconoce que “Taiwán es parte de China”, pese a lo cual incumple reiteradamente su compromiso, declarado en 1982, de no vender armas a la isla por encima de una discreta cantidad y calidad.

Como en Taiwán, las tensiones militares en el Mar de la China Meridional se derivan principalmente de la intervención militar de Estados Unidos en la región. China fue la última de las cinco naciones implicadas en fortificar las islas en disputa de ese mar. Vietnam ocupa hoy más de cuarenta islas en el archipiélago del Paracelso, China veinte. En la Spratly, China controla ocho islas, Filipinas nueve, Malasia cinco y Taiwán una. Malasia, Filipinas y Vietnam fueron los primeros en reivindicar como suyas esas islas, lo que empujó a China a imitarlas. Todo eso se omite en el habitual informe sobre las tensiones en aquella zona. China mantiene muchos tiras y aflojas con sus vecinos (y tiene muchos), pero no hay guerras. Y sobre todo, si hay que hablar de gobernanza mundial hay que poner por delante una carencia de China que contrasta fuertemente con Estados Unidos y sus aliados occidentales: China carece de ideología mesiánica y de cualquier propósito de convertir en chinos a los demás países del mundo. La promoción de un chinese way of life no figura en los catálogos de exportación chinos, lo que supone una mayor garantía para la diversidad mundial.

El precio de la miope arrogancia de los mandarines de la última época Qing fue terrible para China. Los Estados Unidos actuales están en una posición mucho más fuerte que la China de entonces. No está en juego la integridad de Estados Unidos, ni su territorio va a ser invadido, repartido, violentado o inundado de opio, pero no hay duda de que la suma de las taras estructurales militaristas y de la ceguera de una superpotencia ante su declive se cobran un precio. Y en el mundo de hoy, repleto de armas nucleares ese precio está llamado a ser inmenso.

[Fuente: Ctxt.es]

3/11/2020

Rafael Poch

Indicadores de la incertidumbre

Se ha dicho hasta la saciedad, pero hay que repetirlo: Estados Unidos atraviesa la crisis interna más grave desde su guerra civil. Más de 73 millones de estadounidenses votaron a Trump, Biden no va a controlar las cámaras y es un genuino blandengue del ciego establishment. Así que es posible que el trumpismo continúe sin Trump, como el carlismo sobrevivió a Don Carlos María Isidro, dividiendo y desangrando a la sociedad española en tres kafkianas guerras civiles en nuestro siglo XIX. Además de la actualidad del “síndrome Qing” en Estados Unidos, las elecciones han constatado que el Partido Demócrata no tiene nada que proponer al movimiento popular, reaccionario, antiinstitucional y oscurantista, sobre el que ha navegado Trump y que seguirá ahí.

Y hay que repetirlo porque la situación allá es uno de los indicadores de la incertidumbre global. En Europa, donde los fenómenos de Estados Unidos nos llegan algunos años después, no parecen haber entendido nada de todo el asunto. Las élites europeas no vieron venir la elección de Trump en 2016, malinterpretaron el brexit y este año han vuelto a malinterpretar la política de Estados Unidos, dice Alastair Crooke. Han respirado aliviadas por la victoria de Biden y todavía no ven la relación entre la rebelión popular trumpista y las airadas protestas que se producen en Europa en el marco de la pandemia, contra el confinamiento, y contra la miseria y desigualdad (social y entre países) que esta dispara. Mientras tanto, hace ya bastante tiempo que tenemos en Europa una buena colección de movimientos y fenómenos populares reaccionarios en marcha; desde el lepenismo francés hasta los Ley y Justicia polacos, pasando por los procés y los Vox españoles, sin olvidar a sus parientes alemanes, holandeses, austríacos, húngaros, rusos, fineses, escandinavos, griegos o italianos. El trumpismo está instalado entre nosotros pero seguimos mirando a Estados Unidos como otro planeta. Somos los musulmanes de un yihadismo incomprensible.

Los más lúcidos observadores de Estados Unidos –también allá hay bichos raros como el exembajador Chas W. Freeman– consideran que la actual crisis en su país denota el colapso de la división de poderes, del sistema de controles y contrapesos, y su sustitución por la arbitrariedad y el capricho de un gobierno presidencial a la Calígula, fiscalizado por el complejo militar-industrial-congresual y la influencia extranjera (ciertamente no rusa o china, sino israelí y saudí).

Como el Partido Demócrata en Estados Unidos, la Europa institucional no parece tener nada que proponer a la actual ola de carlismo ultramontano, nada con lo que salirle al paso. Es todo el ensamblaje institucional occidental el que parece inoperante. Se ha mostrado de nuevo impotente e ineficaz ante la pandemia y muestra sus limitaciones, cinismos y defectos. El ocaso de una política ordenada y comprensible en Washington, dice Freeman, “contribuye a la implosión del sistema de normas internacionales creado por los valores de la Ilustración que desembocó en dos siglos de hegemonía occidental”.

A diferencia de Asia Oriental, en Occidente es imposible planificar a veinte años, a una generación vista. A lo más que se llega es a los quinquenios que imponen los ritos electorales, lo que impide toda estrategia en un siglo precisamente caracterizado por sus retos de ciclo medio y largo, como la crisis climática, el desarme de recursos de destrucción masiva o los grandes movimientos de población en dirección a los oasis sociales y ambientales llamados a convertirse en fortalezas ante la amenaza exterior. Si alguien se atreviera desde el gobierno a enfocar esos asuntos lo único seguro es que perdería las siguientes elecciones. Por eso, la mezcla de capitalismo y democracia inventada por Occidente se desprestigia en el mundo, pero quienes asedian esa contradictoria amalgama –sea desde los gobiernos de las potencias no occidentales, sea desde los movimientos populares– ponen mucho más en cuestión su segundo componente que el primero.

No hay modelos con los que emular, competir o rivalizar. Puede que América suscite lástima o indignación, pero desde luego no esperanza. Respecto a China, su ecléctico e incomprensible sistema económico y político carece de todo atractivo fuera de sus fronteras y acaso es únicamente inspirador para dictadores, dice Freeman.

La actitud de Washington de considerar las relaciones internacionales como mera competición y rivalidad entre potencias contradice la interdependencia global y niega la diplomacia. La Unión Europea es un gigante en potencia pero un impotente en la práctica y no parece que el asunto tenga remedio. Los principios de soberanía nacional y del derecho internacional se violan rutinariamente. Los acuerdos internacionales se incumplen o abandonan y Estados Unidos se retira de las organizaciones internacionales que no puede controlar. “Esta generación de políticos americanos no parece entender que si no estás en la mesa formas parte del menú”: Potencias con aspiración a ejercer una hegemonía regional asoman por doquier ocupando los vacíos que ocasiona el declive gran-imperial.

La clase media occidental se desmoraliza, se pauperiza y se instala en el pesimismo. Y todo eso ocurre cuando se desconoce qué pasará con la pandemia, si su virus continuará azotando y mutando tras las vacunas. Si la inmunidad no es duradera, ¿se convertirá la enfermedad en una compañera duradera de la humanidad…?

De lo que no hay duda es de que nos adentramos en un mundo de incertidumbres bajo el signo de la fractura y el desacoplamiento económico y político. Una humanidad fragmentada que contrasta mucho con la naturaleza, integrada y global, de los retos planetarios que no permiten soluciones particulares o regionales.

[Fuente: ctxt]

25/11/2020

Juan Francisco Martín Seco

Unos presupuestos jactanciosos e hipotecados

Todos los presupuestos son sociales y progresistas, al menos eso es lo que afirman siempre los respectivos gobiernos. No obstante, suele haber grados, dependiendo de lo teatrales que sean. Con Sánchez, ya lo sabemos, todo es puro espectáculo, por eso no se han conformado con que la ministra de Hacienda, como es tradicional, lleve al Congreso los documentos (hace años en papel con una camioneta llena de libros, recientemente en un pen drive), sino que antes el presidente y el vicepresidente del Gobierno han querido presentarlos de forma solemne en la Moncloa y con una liturgia “made in Sánchez”, similar a la que ha venido aplicando cada poco tiempo, en las distintas circunstancias, desde el frustrado pacto con Rivera, allá por 2015.

El triunfalismo, la satisfacción y la euforia mostrados en la presentación contrastan con los graves apuros económicos que están sufriendo muchos ciudadanos y aun más con las amenazas que se ciernen sobre la economía española de cara al futuro. Frases como la de “el mayor gasto social de la historia” o la de “cambiaremos el modelo productivo de España”, o esa otra de “avanzar hacia una economía con un mayor valor añadido”, suenan casi a escarnio cuando la situación económica de España es crítica.

La ministra de Hacienda ha calificado estos presupuestos como extraordinarios, inéditos e históricos. El mismo título que han querido darles, “presupuestos de la transformación”, es una petulancia casi insultante. El objetivo debería ser mucho más humilde, la recuperación, salvar los muebles, salir lo antes posible de la crisis, y de la manera más factible, sin grandes planteamientos de transformación y no digamos de cambio de modelo productivo. Da la impresión de que el gobierno está en las nubes o de que confunde la realidad con el teatro.

Bien es verdad que los presupuestos lo aguantan todo. Se pueden rellenar las partidas con las cantidades que se deseen. Solo hay que procurar cuadrar los ingresos con los gastos y con el déficit que estemos dispuestos a confesar. Ciertamente, al final se descubren las trampas o los errores, pero eso sucede a la liquidación y entonces la atención popular y la política se centran ya sobre el año siguiente y lo pasado pierde interés. La superchería se suele introducir desde el mismo principio a la hora de estimar el cuadro macroeconómico, con repercusiones inmediatas como mínimo en las previsiones de recaudación.

El cuadro macroeconómico propuesto por el Gobierno como antesala de los presupuestos es en exceso optimista y presuntuoso, aunque da la impresión de que esa confianza es más bien impostura. Es difícil creérselo cuando se aparta de las estimaciones del Banco de España (BE), del FMI, y de la OCDE. La segunda ola es una realidad y todo indica que la epidemia, con sus secuelas económicas, va a permanecer buena parte del próximo año.

El Gobierno estima para este año una reducción del PIB del 11,2%, mientras que el FMI lo cifra en el 12,8%; la OCDE y el BE, si tomamos sus previsiones en el contexto de una segunda ola, en el 14,4 y el 15,1%, respectivamente. Pero mayor diferencia se produce en el crecimiento estimado para el año 2021. El 9,8% resulta increíble, y choca frontalmente con las estimaciones de los organismos internacionales y del BE. Todo ello conlleva a que la recaudación será con seguridad muy inferior a la establecida en el documento presupuestario, y por ende el déficit será mayor o se tendrán que recortar capítulos de gasto que tan generosamente, pero sin demasiado fundamento, se han colocado en los estados numéricos para proclamar a bombo y platillo que contienen el mayor gasto social de la historia.

El Gobierno incorpora los recursos (26.634 millones de euros) que estima que en 2021 van a venir de Europa. Pero no hay ninguna certeza de que el dinero llegue en el próximo año ni de que sea por tal cantidad. Además, es una incorporación tramposa, puesto que el 95% se concreta en transferencias tanto corrientes como de capital, es decir, que en su gran mayoría se va a ejecutar fuera del presupuesto. Tan solo sirve para hinchar los gastos y mostrar que estos se incrementan sustancialmente con respecto a los del presente año.

Conviene recordar que los fondos europeos no pueden emplearse en gastos de funcionamiento ni en prestaciones sociales, sino en proyectos, que en su mayoría estarán ligados al sector privado. Lo peor es que, espoleado por la prisa, el Gobierno ha decidido que los proyectos comiencen a ser ejecutados antes de ser aprobados por Bruselas y serán financiados, de forma puente —se dice—, por deuda pública. ¿Pero qué ocurre si al final la UE no los aprueba?

Por otra parte, no creo que pueda incrementarse significativamente la protección social sin que exista una reforma fiscal en profundidad, reforma que el Gobierno pospone una vez más ad calendas graecas. No entiendo esa aseveración que niega rotundamente que se puedan o se deban elevar los impuestos en un momento de crisis. Ciertamente, no es conveniente subir los indirectos, ya que estos giran sobre todos los ciudadanos, prescindiendo de su situación económica. Pero otra cosa son los tributos de carácter directo, ya que consideran las características monetarias y financieras de cada contribuyente, y por lo tanto se puede discriminar a quiénes afectan. Van unidos a los beneficios, a la renta y al patrimonio.

El impacto de una crisis sanitaria y económica como esta no es uniforme, ni todos la sufren del mismo modo, incluso puede ocurrir que algunos hayan salido ganando, o por lo menos que no tengan pérdidas o bien que sus pérdidas no sean relevantes con respecto a su patrimonio y a su renta. Incrementar el gravamen a estos contribuyentes puede ser conveniente desde el punto de vista de la equidad, distribuyendo la carga de la crisis, pero también para el objetivo de la recuperación económica; la propensión a consumir de los que van a soportar el gravamen será bastante inferior de la de aquellos que van a recibir las prestaciones sociales.

Estos presupuestos introducen, curiosamente, pocas variaciones tributarias, y de ellas la mayoría son relativas a los impuestos indirectos: gravamen sobre el diésel, cambio del IVA de las bebidas azucaradas, incremento del tipo en la tributación de las primas de seguros, a lo que hay que añadir la creación de nuevos impuestos que necesitan ley propia, un gravamen sobre el uso del plástico y otro sobre residuos. La casi totalidad se pretenden justificar por el cuidado al medio ambiente, pero tan importante o más que el medio ambiente, sobre todo cuando este apenas depende de nosotros, es la política redistributiva, y lo que recibe el nombre de fiscalidad verde suele ser casi en su totalidad gravámenes indirectos y que inciden en mayor medida sobre las clases bajas.

Por el contrario, lo que los presupuestos pretenden presentar como tributación a los grandes contribuyentes es una mala broma. Las modificaciones tributarias expuestas en el pacto entre el PSOE y Podemos están muy lejos de constituir la reforma fiscal que necesita la economía española; de hecho, están llenas de tópicos y se mantienen en la superficie. Cualquier cambio del IRPF tiene que comenzar por unificar las rentas de capital con el resto de ingresos en una misma base imponible y con una misma tarifa, cosa que el acuerdo no contempla. Sin abordar esta modificación toda otra constituye un pastiche que originará contradicciones y quizás injusticias comparativas.

Ahora bien, en estos presupuestos, con la excusa de que estamos en crisis, ni siquiera se incorpora lo pactado, dejándolo, según dicen, para más adelante. Los escasos cambios introducidos en el IRPF y en el impuesto de patrimonio son casi una burla y parecen tan solo un intento de pasar por progresistas frente a los respectivos electorados. Algo similar ocurre con ciertas medidas propuestas para la lucha contra el fraude fiscal. Hay una en concreto cuyo objetivo parece ser únicamente engañar al personal. Me refiero a la prohibición de decretar en el futuro una nueva amnistía fiscal. Tal precepto no tiene ninguna virtualidad. No garantiza absolutamente nada. Las amnistías fiscales se aprueban por leyes, y una ley cambia a otra ley, con lo que la medida es pura palabrería, mera declaración de intenciones, y las promesas de Sánchez no son demasiado creíbles, como todo el mundo sabe.

La misma finalidad parecen tener las dos condiciones impuestas al final por Podemos para aprobar los presupuestos. Obedecen únicamente al propósito de mostrar que su estancia en el Gobierno no es inútil, y que son capaces de imprimirle un giro a la izquierda. La primera incide sobre el ingreso mínimo vital (IMV). Pretende introducir algunos cambios con la intención de solucionar los embrollos en los que está inmersa esta prestación. Vano intento, el defecto es de fondo, de diseño. Se ha construido una figura muy difícil de gestionar y más aún de controlar. La forma que adopta, de impuesto negativo sobre la renta, tiene un coste de administración y fiscalización totalmente desmedido. Los problemas que están creándose en su implantación lo indican bien claramente. El gobierno esta semana se ha visto obligado a crear un subsidio para aquellos que han agotado este año el seguro de desempleo. Pero entonces ¿para que sirve el IMV?. Lo peor, además, está por venir; cuando al final esté totalmente en funcionamiento, descubriremos que no hay forma de controlarlo a un coste proporcionado, por lo que la prestación quedará al albur de los más listillos y se prestará a todo tipo de trampas.

La segunda condición radica en la promesa de limitar el precio del alquiler. El haber escrito ampliamente sobre este tema y sobre los resultados negativos que se pueden obtener, contrarios a los que teóricamente se pretenden, me libra de extenderme sobre ello en esta ocasión (entre otros, ver mi artículo del 26 de marzo pasado). Sin embargo, no renuncio a señalar el riesgo que puede haber de destruir el incipiente mercado de alquiler. La poca extensión de este mercado ha lastrado tradicionalmente el problema de la vivienda en España, lo que constituye un grave perjuicio precisamente para las clases más desfavorecidas, a las que les está vedada la compra.

Además, no puede por menos que extrañar que se plantee precisamente ahora, cuando los precios de los alquileres están descendiendo; a no ser que detrás de esta demanda se encuentre una finalidad política, en el sentido más prosaico del término, el dar satisfacción a Esquerra Republicana y asegurar su apoyo a los presupuestos. La Generalitat, sin tener competencia para ello, ha aprobado una ley limitando los precios de los alquileres. (Colau debe su carrera a la plataforma antidesahucios). El Gobierno, como era de esperar, no la ha recurrido ni ha instado su suspensión. La amenaza de inconstitucionalidad, sin embargo, revolotea sobre la medida al estar tomada por un órgano que no tiene competencias para ello. La aprobación de una ley nacional la cimentaría y legalizaría.

Quizás se piense que con esta promesa Esquerra estaría dispuesta a apoyar los presupuestos. Por supuesto, con esta promesa y con algo más. Se asigna a Cataluña un montante de inversión desmedido con respecto a otras regiones. Se justifica afirmando que es la correspondiente a la participación del valor añadido que Cataluña tiene en el PIB nacional, pero ahí está precisamente el problema, que extrapolando ese modelo a todas las Autonomías se rompería la política redistributiva, y la desigualdad entre regiones se haría cada vez más pronunciada. Se condenaría a Extremadura, por ejemplo, a tener indefinidamente un ferrocarril tercermundista.

El problema de aprobar unos presupuestos Frankenstein es que nacen hipotecados a los partidos nacionalistas y regionalistas. Todos están dispuestos a pasar factura. No son de izquierdas ni de derechas, sino populistas, híbridos, hechos a trozos, de compras y de ventas; del PNV, de Esquerra, del PDeCAT, y de un sinfín de formaciones localistas y provincianas prestas a poner precio. Pero al mismo tiempo, pretenciosos y teatrales, alejados de la realidad presente y futura de la economía española. En las nubes, pendientes de la transición ecológica, la digitalización y la igualdad de género, pero olvidando tal vez las posibilidades más inmediatas de nuestra economía y de aquellos sectores en los que podemos ser más competitivos y en los que se puede crear más empleo.

[Fuente: Republica.com]

5/11/2020

Luis Portillo Pasqual del Riquelme

Cuando la Unión Europea ningunea la jurisprudencia del TJUE sobre el Sáhara Occidental

Aunque la ley comunitaria otorgue el derecho de denuncia a sus ciudadanos, siempre es lamentable que un simple ciudadano de la UE se vea en la tesitura de tener que denunciar la actuación institucional de su propio país —en este caso, España— ante las instituciones comunitarias. No es precisamente un plato de buen gusto, sino una gran responsabilidad.

Pero la responsabilidad de España [1] en la gravísima situación del Sáhara Occidental y el pueblo saharaui es manifiesta y sigue hoy más vigente que nunca con el retorno a la guerra por la ruptura del alto el fuego por Marruecos y el hartazgo de la paciente sociedad saharaui: los ilegales ‘Acuerdos Tripartitos de Madrid’ (1975) y la sanguinaria invasión militar marroquí subsiguiente dieron paso a una larga guerra de dieciséis años, con miles de muertos y la huida masiva de la población indefensa a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), el exilio y la diáspora, siendo cruelmente bombardeada en su huida con napalm y fósforo blanco.

Desde entonces, es inenarrable la tragedia en que se halla sumido el pueblo saharaui y el enorme sufrimiento que viene arrastrando desde hace 45 años, con el apoyo y la actuación cómplice de la UE. El último Gobierno de la dictadura franquista incumplió sus obligaciones internacionales de proteger al pueblo saharaui y llevar a término la descolonización del territorio (la ‘Provincia 53’ de España). En lugar de ello, entregó a ese pueblo y su territorio a su peor enemigo. Juan Carlos I de Borbón tuvo un papel nefasto para con el pueblo saharaui. Y Felipe González Márquez también incumplió sus promesas y también traicionó al pueblo saharaui. Y ahora, el Gobierno actual de España, un Estado de la UE, democrático y de Derecho, valiéndose de las instituciones de la UE, negocia el sometimiento de ese pueblo y la anexión de facto de su territorio a cambio de continuar saqueando sus recursos marinos mediante el Acuerdo de Pesca UE-Marruecos.

Tras el Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (16 de octubre de 1975), que negaba la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental, y las ya innumerables resoluciones de Naciones Unidas y la Unión Africana en favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, sucesivas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), desde 2015, han establecido que los acuerdos de cooperación bilateral entre la UE y Marruecos no pueden aplicarse al territorio del Sáhara Occidental, ya que éste no forma parte del Reino de Marruecos, sino que es “un territorio distinto y separado”.

Sin embargo, a pesar de ello y de la total oposición del Frente POLISARIO, el Acuerdo de Pesca UE-Marruecos actualmente en vigor incluye indebida e ilegalmente las aguas adyacentes al territorio no autónomo del Sáhara Occidental (en buena parte, ocupado militar e ilegalmente por Marruecos), sin que para ello se hubiera consultado al pueblo saharaui ni obtenido la preceptiva autorización de su único representante legítimo conforme al Derecho Internacional, el Frente POLISARIO [2].

Y es que, previamente a la firma de dicho Acuerdo de Pesca por los Estados miembros, el Servicio Jurídico del Consejo de la UE había emitido un Dictamen [3] cuyo contenido, falseado y tergiversado, sirvió de ‘fundamento jurídico’ para que los Estados miembros, finalmente, accedieran a suscribir el mencionado Acuerdo, sobre cuya ‘legalidad’ existían serias dudas.

En vista de ese comportamiento presuntamente prevaricador, de incumplimiento o desacato, con fecha 17 de julio de 2020 presenté una Denuncia ante la Comisión de la Unión Europea por el presunto incumplimiento, por parte de España (sus gobernantes, pero también, por todos los demás Estados miembros) de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en lo relativo al Acuerdo de Pesca UE-Marruecos actualmente en vigor.

Dicha Denuncia está redactada por un ciudadano de a pie —no por un jurista profesional—, en forma de artículo y con numerosas notas y referencias para ilustrar los hechos denunciados y hacer posible que estos puedan ser constatados e investigados, tanto por los Servicios de la propia Comisión de la UE como por cualquier persona interesada. Y fue presentada tanto personalmente, en la Oficina de la Representación en España de la Comisión de la UE, como mediante correo electrónico dirigido al secretario general de la Comisión en Bruselas. En ambos casos, siguiendo el procedimiento reglamentario y obteniendo el correspondiente ‘Acuse de Recibo’.

En mi escrito de Denuncia (cuyo texto íntegro está disponible en varios sitios de Internet, tales como Tlaxcala —en español, inglés y francés—, Rebelión, piensaChile u otros) analizaba, párrafo a párrafo, el más que dudoso texto del Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo de la UE y refutaba las tres cuestiones principales que el mencionado Dictamen pretendía ‘justificar’: 1) la inclusión improcedente, en el Acuerdo de Pesca, de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental; 2) la falta de consulta previa al pueblo del Sáhara Occidental y del consentimiento de dicho pueblo; y 3) la nulidad jurídica de las pretensiones marroquíes de soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental.

El Dictamen del Servicio Jurídico de la UE, cuyo contenido se rebate en mi escrito de Denuncia, reviste una especial gravedad, porque, con su fraudulenta argumentación, ha arrastrado a los Estados miembros —en particular, a aquellos que en un principio dudaban de la legalidad del ‘nuevo’ Acuerdo de Pesca y pedían la opinión previa del TJUE al respecto— a suscribirlo, confiando en la fiabilidad del contenido de dicho Dictamen.

La Denuncia presentada formulaba tres peticiones a la Comisión de la UE: 1) la apertura de procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la jurisprudencia del TJUE en lo relativo al Acuerdo de Pesca UE-Marruecos; 2) la demanda de España ante el TJUE, en caso de que la Comisión constate tal incumplimiento; y 3) que se informe de todo ello al Parlamento Europeo para conocimiento y efectos oportunos, en su caso.

Los actuales gobernantes —de España y de la UE— no deben achantarse ante las pretensiones expansionistas de la Monarquía alauita, ni utilizar como moneda de cambio al pueblo saharaui y el Sáhara Occidental. Por el contrario, deberían exigir al Gobierno marroquí, en lo que les concierne, el cumplimiento de la legalidad internacional, como se hizo en los casos del apartheid en Sudáfrica, la invasión de Kuwait por Irak o la anexión de Timor Oriental por Indonesia, entre otros casos.

La pesca en aguas saharauis, al igual que la explotación y comercialización de los fosfatos saharauis, la producción agrícola de las Zonas Ocupadas (ZZOO), sus recursos turísticos y las actividades propagandísticas marroquíes en los Territorios Ocupados disfrazadas de actividades ‘culturales’ (como el Foro Crans Montana y otras), están todas ellas ‘manchadas de sangre’ (blood fish, blood phosphate), porque contribuyen a continuar la ocupación y la opresión marroquí, a proporcionar fondos que facilitan ingentes compras de armamento, a retrasar el proceso de paz y a bloquear el camino hacia un Sáhara Occidental libre, independiente y soberano. España, Francia y, en general, la UE son cómplices de esa situación, incumpliendo y ninguneando la legalidad internacional y la jurisprudencia del TJUE.

En mi opinión, los fundamentos de esta Denuncia están en la misma línea que los formulados por el propio Frente POLISARIO en su Recurso ante el TJUE contra el mencionado Acuerdo de Pesca UE-Marruecos [4].Y en ese sentido, la Denuncia puede entenderse como un apoyo —aunque modesto y con sus defectos— al Recurso del POLISARIO y, en general, como una defensa de la justa causa del pueblo del Sáhara Occidental, jurídicamente avalada por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ, CIJ) y múltiples resoluciones de la ONU, la OUA/UA y el propio TJUE.

Por todo ello, deseo poner a disposición del lector el trabajo realizado y la información y documentación incorporadas en la Denuncia, no solo para conocimiento, sino también para que las personas interesadas puedan continuar la tarea y aprovechar el trabajo realizado y el tiempo invertido para promover y defender los legítimos derechos del pueblo saharaui. Esas son las razones que motivan la publicación del escrito de Denuncia. Hoy, más que nunca, el sufrido pueblo saharaui necesita todo nuestro apoyo. ¡Sáhara Libre!

Notas

[1] “España: Potencia administradora del Sahara Occidental. Auto de la Audiencia Nacional– Sala de lo Penal. Auto Nº40 / 2014”. Consejo General del Poder Judicial: (“España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”, http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7197131&links=sahara%20occidental&optimize=20141028&publicinterface=true

[2] Acrónimo de Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, las dos regiones que conformaban la antigua colonia del Sáhara Español, actualmente Sáhara Occidental. “El Frente Polisario es el representante del pueblo del Sáhara Occidental”, como establecen las Resoluciones de la ONU: A/RES/33/31 A_1978, A/RES/34/37_1979 y A/RES/35/19_1980; de la UE: Sentencia TJUE_21/12_2016 (C-04/16 P); y de la UA: S/2015/786_14/10/2015 [Dictamen de la Unión Africana publicado como documento oficial de Naciones Unidas]. Véase Carlos Ruiz Miguel, Moisés Ponce de León Iglesias, Yolanda Blanco Souto, “EL SÁHARA OCCIDENTAL. Prontuario Jurídico – 15 enunciados básicos sobre el conflicto”, pp. 121-124 (Andavira Ed., 2ª ed. rev. y ampliada, 2019. Hay traducción al francés y al inglés), https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/CESO-libro-Sahara-es-2.pdf

[3] “Dictamen del Consejo de la UE sobre la pesca en aguas ocupadas” https://www.wsrw.org/a110x4661.- “Acuerdo de pesca UE-Marruecos: escándalo en torno a una opinión jurídica del Consejo de la Unión Europea”, https://espacioseuropeos.com/2020/03/acuerdo-de-pesca-ue-marruecos-escandalo-en-torno-a-una-opinion-juridica-del-consejo-de-la-union-europea/

[4] “El Frente POLISARIO interpondrá un recurso de anulación del acuerdo Marruecos-UE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”, SPS, 30/04/2019, https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2019/04/30/20752.html.

- “Comunicado: Frente POLISARIO recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un recurso la anulación del Acuerdo UE/Marruecos de 28 de enero de 2019”, Por Un Sahara Libre.org (PUSL), 29/04/2019, https://porunsaharalibre.org/2019/04/29/comunicado-frente-polisario-recurre-al-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-en-un-recurso-la-anulacion-del-acuerdo-ue-marruecos-de-28-de-enero-de-2019/

- Recurso interpuesto el 23 de junio de 2020 — Frente Polisario/Consejo (Asunto T-393/20) (2020/C 279/62), Diario Oficial de la Unión Europea, 24.8.2020, https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/TJUE-T-393-20_demanda_es.pdf

[Fuente: Arainfo]

27/11/2020

Daniel Bernabé

Cosas que usted no quiere leer sobre las elecciones en EE.UU.

En las elecciones norteamericanas ha sucedido lo previsible, no lo que nos contaron que iba a suceder. BBC y The Guardian otorgaban ocho puntos de diferencia al candidato demócrata Joe Biden, situando al actual presidente Trump con entre un 43 o 44 por ciento de los votos y al aspirante Biden con un 51 o 52 por ciento de los sufragios, basándose en un rastreo de múltiples encuestas de medios estadounidenses. La realidad es que tras las doce primeras horas de conteo los dos candidatos están igualados, lo cual, nos guste o no, es ya una victoria moral para un Trump a quien todos daban como un perdedor seguro. Aunque unas elecciones se basan, o se deberían basar, en un resultado firme que tenga en cuenta hasta el último voto emitido, Trump ha aprovechado esta sorpresa para proclamarse ganador de las elecciones y denunciar fraude electoral.

Primeros datos que nos llevan a una serie de reflexiones incómodas, esas que los expertos rodeados de gráficas parecen no querer tener en cuenta. Si tras doce horas aún no somos capaces de proclamar un ganador claro parece obvio afirmar que el sistema de conteo de votos en Estados Unidos es como poco mejorable. Aunque estos comicios tenían el plus del coronavirus, lo que ha provocado un gran aumento del voto por correo o depositado anticipadamente, no parece de recibo que el que se sitúa como uno de los países más desarrollados del mundo sea incapaz de ofrecer un resultado cristalino tras medio día de recuento. Aunque el sistema electoral estadounidense es federal, cada Estado tiene sus especificidades, se repite este hecho inusual elección tras elección, a diferencia de países comparables que ofrecen sus resultados unas pocas horas después de terminados los comicios. Un sector público depauperado, salvo en lo militar, es incapaz de ofrecer un sistema electoral rápido y fiable. Que se lo pregunten a Al Gore.

Pero, y las encuestas, analistas y estudios que anticipaban una cómoda victoria para Biden, ¿por qué han vuelto a fallar como ya sucedió en 2016? Por la sencilla razón de que la mayoría de medios de comunicación, que son quien encargan los sondeos, retuercen tanto el análisis político que son incapaces de ofrecer luego una foto clara de algo tan concreto como un resultado electoral. Lo cierto es que se produce un fenómeno de espiral, tanto en la información como en el análisis, que arrastra al silencio o la intrascendencia a quien se atreve a dar una visión diferente de lo que sucede. Biden parece haber obtenido un mejor resultado que Hillary Clinton en 2016, pero ni de lejos lo suficientemente bueno para haber ganado las elecciones como se anticipaba.

Esto no debería ser ninguna sorpresa cuando representa exactamente lo mismo que Clinton: el establishment demócrata. La gente puede votar contra Trump, pero pocos lo hacen por un candidato que lleva toda su vida en política, habiendo sido vicepresidente con Obama, posicionándose al lado del orden económico establecido sin fisuras. ¿Cómo reconocer lo obvio cuando la mayoría de grandes medios se pueden situar en el mismo epígrafe sistémico? Cuando Biden competía en las primarias de su partido, el aparato mediático afín a los demócratas machacó a su rival Bernie Sanders, un socialdemócrata calificado de comunista, una táctica más propia del trumpismo que de los liberals. ¿Ya no nos acordamos de las revelaciones del New York Times que en el momento justo torció la historia para vincular a Sanders con la URSS, simplemente por haber establecido relaciones de amistad en su época de alcalde con alguna ciudad soviética? Si te empleas de esta forma para defender al candidato de las élites demócratas luego no puedes explicar este resultado, hablando de sorpresa, por no expresar tu propia incapacidad ideológica.

Biden, probablemente, sea el ganador de estas elecciones por un resultado mínimo que no hubiera sido tal, de nuevo probablemente, sin la pandemia mediante. La propuesta demócrata, hundida desde que Clinton se impuso a Sanders en unas cuestionables primarias, arrastrada de nuevo con la elección de Biden, no ilusiona ni convence, pero muchos norteamericanos han percibido un hecho cierto: Trump es un peligro para la democracia y la convivencia, aún más que el peligro que supone para esa democracia el aparato demócrata, que tan sólo quiere llevarla a donde ha estado siempre, al lado de un capitalismo agresor y rapaz, con ellos mismos y con los demás países del planeta. La pregunta incómoda es la siguiente: ¿por qué entonces millones de norteamericanos han vuelto a confiar en Trump, tras cuatro años muy cuestionables, tras una gestión sanitaria de la covid desastrosa, tras situar el país al borde de la ruptura?

Incluso contando el incidente de Irán, la presidencia Trump ha sido la menos belicosa con respecto a países extranjeros. Trump ha salvado muchos puestos de trabajo, a un coste gigantesco, de un millón de dólares por empleo, al iniciar su guerra comercial con China, teniendo los mejores datos de empleo, aún a costa de la precariedad, de las últimas décadas. Además Trump sigue teniendo el apoyo de determinadas élites que se vieron enormemente perjudicadas por la globalización, las productoras, frente a las tecnológicas y financieras. No se equivoquen, en mi opinión, Trump, por lo que les expondré a continuación, es un peligro civilizatorio, lo cual no implica que tras la gigantesca incertidumbre de esta pasada década, haya millones de personas, en un espacio enormemente transversal, a las que les da completamente igual ese peligro. "Quiero seguridad vital y me da igual el resto", es su máxima, una injusta y peligrosa, pero desde luego nada sorpresiva ni descabellada. La época de estable caos neoliberal, donde lo único que importaba era elegir el banco que nos diera el mejor crédito, se ha terminado para siempre. Ahora queremos saber qué va a ser de nuestra vida, ansiamos la certeza por encima de la democracia. Y eso parece que tampoco conviene señalarlo.

El proyecto de Trump tampoco es sorpresivo ni nuevo. Entronca con una rama capitalista que asume que la democracia no es que sea una molestia necesaria, sino un hecho que se puede retorcer, incluso eliminar, en demérito de un autoritarismo basado en el espectáculo, la comunicación sesgada, la creación de enemigos internos artificiales, la polarización permanente e incluso conducida a un tipo de electoralismo censitario, escasamente representativo y con su resultado pautado de antemano. Lo mismo que el proyecto neoliberal, vaya, pero en vez de mediante seducción, marketing e ideología aspiracional, con miedo al vecino. Trump, y esto es especialmente incómodo de escribir, no ha surgido de la nada, sino del propio proyecto neoliberal, uno que socavó la economía productiva y, por tanto, rompió la base material para el sistema político derivado del capitalismo, la democracia liberal. Si no somos potencialmente iguales en lo vital, al menos en esa oportunidad teórica que proclamaban los fordistas, difícilmente podremos ser iguales en nuestra acción ciudadana. Hemos pasado del ascensor social a la trinchera social y lo hemos hecho desde que Thatcher y Reagan aparecieron en escena. Justo en esta época, los ochenta, fue cuando Trump amasó su fortuna especulando con el suelo en la Nueva York quebrada por la trampa de la deuda.

Aunque Trump pierda estas elecciones no será sencillo coser a la sociedad estadounidense. En ese sentido, Trump ha conseguido uno de sus objetivos o, mejor dicho, todo el entramado de intereses que le auparon, que le hicieron pasar de ser un millonario showman a una figura de esperanza política. Como lo leen, esperanza, justo esa que predicó Obama y que dejó no a medio camino, sino sepultada en un proyecto que distaba mucho entre su realidad y los principios que decían impulsarlo. El individualismo extremo, el racismo y el odio al adversario ideológico, ya enemigo, existía en diferentes grados en la sociedad norteamericana antes de la llegada de Trump. Ahora es una moneda de cambio habitual en muchos de sus habitantes que, dicho sea de paso, no se perciben como peligrosos ultraderechistas, sino simplemente como buenos americanos que no quieren que las élites, siempre en abstracto, les quiten lo que es suyo. Y para ello votan, precisamente, a un multimillonario. Si te has cargado, con un martillo neumático moral, la percepción política de clase durante décadas, no te lleves las manos a la cabeza cuando el miedo se exprese a través de estas bárbaras contradicciones.

[Fuente: rt.com]

4/11/2020

Yenia y Marcel Camacho Samper, Salce Elvira y Agustín Moreno

Diez años sin Marcelino

El 29 de octubre de 2010 murió Marcelino Camacho. Tenía 92 años, toda una larga vida de trabajador metalúrgico comprometido con su clase, por lo que pagó un alto tributo en las cárceles franquistas. Fue fundador y el primer secretario general del sindicato de Comisiones Obreras. Figura clave en la conquista de las libertades en España, también fue diputado comunista por Madrid en las dos primeras legislaturas de la actual democracia.

Era una persona muy carismática y querida por los trabajadores y trabajadoras, respetada desde todas las posiciones políticas por su honestidad y coherencia. Un buen homenaje para cumplir con el deber de memoria, y aprender de él y su ejemplo, es la película Lo posible y lo necesario. Pero no podemos quedarnos en el recuerdo, ni se trata de ensalzarlo, sino aprovechar la oportunidad para mirarnos en el espejo que refleja la situación de la clase trabajadora de este país. Y el balance es bastante desolador, la clase obrera no está para ir al paraíso, precisamente.

Aunque este retroceso empezó bastante antes de su muerte. Quizá desde aquella magnífica Huelga General de 1994 que no tuvo continuidad por el cambio en la estrategia del sindicato y que produjo una grave crisis en CCOO. Crisis que, además del giro de timón, tuvo como consecuencia uno de los momentos más amargos de Marcelino: su salida de la presidencia del sindicato sin ningún debate previo ni participación de los afiliados. Pero no vamos a irnos tan lejos, basta con analizar la última década.

La verdad son los hechos sin adornos. Y sí, abundan los pasos atrás y hay pocos adelante. El último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se despidió con un paquete de medidas antisociales. Aceptó las presiones de la Unión Europea y el 12 de mayo de 2010 dinamitó su retórica de presidente de los derechos sociales: congelación de pensiones y de salarios de empleados públicos, recortes del gasto social y anuncio de una reforma laboral y de pensiones.

La reforma laboral de 2010 abarataba el despido reduciendo la indemnización de 45 a 33 días por años trabajado, permitía los despidos procedentes a empresas con pérdidas y facilitaba el descuelgue de los convenios a los empresarios. La reforma de pensiones de 2011, pactada por los grandes sindicatos, aumentaba la edad legal de jubilación a 67 años, con 37 de cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora y ampliaban el cómputo para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años. Ello suponía un listón inalcanzable para millones de personas, especialmente mujeres y jóvenes, con vidas laborales muy cortas y con baja cotización por el paro y la precariedad.

Su duro ajuste no le permitió conservar el poder, perdiendo estrepitosamente ante la derecha en 2011. Recordar esto es un buen aviso a navegantes para saber que, aunque te sientes en “la mesa con los caníbales liberales” (en palabra de Rafael Chirbes), ello no te salva de la derrota moral, política y electoral.

Después, con el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, se produjo una escalada aún mayor en las agresiones a los derechos laborales. Grandes recortes sociales, privatizaciones y ataques a los servicios públicos esenciales, y nuevas reformas laborales y de pensiones. Para intentar restringir la contestación social se legisló un recorte de libertades con la reforma del Código Penal y la Ley “Mordaza”.

La reforma laboral de 2012 reforzó la capacidad del empresario para el despido improcedente reduciendo la indemnización a un máximo de 24 meses; precarizó aún más la contratación y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo (clasificación profesional por grupos, movilidad funcional y geográfica); debilitó gravemente la negociación colectiva y los convenios de eficacia general (descuelgues de los convenios de sector, supresión de la ultractividad de los convenios…). El nuevo ataque a las pensiones del Gobierno del PP en 2013 desvinculaba la subida de las pensiones del IPC, reduciendo la pensión inicial con el argumento de considerar la esperanza de vida. El llamado ‘factor de sostenibilidad’ buscaba reducir automáticamente las pensiones actuales y futuras en relación al salario medio: un robo enmascarado en una fórmula compleja que no tuvo respuesta sindical. También en julio del 2012 se recortó sustancialmente la cuantía de la prestación por desempleo y posteriormente se aumentaron la edad y los requisitos para poder percibir el subsidio de mayores de 55 años, dejando a miles de personas sin cobertura.

Los sindicatos mayoritarios contestaron con dos huelgas generales los recortes y agresiones. La del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral de Zapatero y la congelación de pensiones y de salarios de los empleados públicos. Y la Huelga General del 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral del Partido Popular. También hubo otra huelga coordinada a nivel europeo de menor incidencia práctica (14 de noviembre de 2012) y alguna otra convocada por otros sindicatos. Después la movilización trasladó su centro de gravedad hacia los movimientos sociales y mareas sectoriales de todo tipo (educación, sanidad, pensionistas, Marchas por la Dignidad etc.). Y hubo emblemáticas luchas de empresas, destacando por su duración y dureza la de la plantilla de Coca Cola de Fuenlabrada, saldada con un triunfo de los trabajadores.

El paisaje después de la batalla es desalentador. Despido individual y colectivo más libre y barato, debilitamiento de la negociación colectiva, precarización del empleo, y disminución de prestaciones por desempleo, menor democracia en las empresas, nuevas formas de sobreexplotación laboral (como los riders y falsos autónomos), desahucios y ataques al Estado de Bienestar. Este es el panorama y tras la devastación no hay formas de inocencia. Estas agresivas reformas hay que derogarlas porque no son compatibles con un modelo de relaciones laborales basado en los derechos fundamentales y en el equilibrio entre las partes que debe asegurar el Derecho del Trabajo, ni con un Estado de Bienestar que proteja socialmente a la población.

La contestación social y el la corrupción política del Partido Popular facilitaron la aparición de nuevos partidos políticos como Podemos en el campo de la izquierda, Ciudadanos como receptáculo del voto perdido por el PP, y la irrupción de la ultraderecha. También se produjo el fin del bipartidismo, el cambio de Gobierno y la victoria electoral de las fuerzas progresistas. Ahora la situación política está marcada por la existencia de un gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, acosado brutalmente por las derechas de siempre que quieren derribarlo e impedir una agenda reformista. Todo ello en un contexto de grave crisis sanitaria y económica por el coronavirus. Mientras, los sindicatos intentan empujar y esperan que el Gobierno de coalición aplique su programa y se puedan revertir las reformas laborales y blindar derechos sociales como las pensiones y los servicios públicos.

En esos tiempos difíciles, echamos mucho de menos a Marcelino. Pero nos queda su legado. Estamos seguros de que Marcelino les diría a los trabajadores y trabajadoras que hay que organizarse y movilizarse, porque las conquistas hay que defenderlas, para que no se pierdan y con ellas el esfuerzo de muchos luchadores; que habrá que recomenzar de nuevo cuántas veces sea necesario. A los sindicatos, que tienen que hacer un esfuerzo por representar a todo el mundo del trabajo, estar muy pegados a las bases para ganarse su respeto y apoyo, fomentar la participación y no olvidar que sin movilización no habrá negociación y avance en los derechos. Y le recordaría al Gobierno progresista que siempre hay que saber distinguir entre lo posible y lo necesario: "Lo posible es lo que nos permiten hacer, y lo necesario lo que debemos hacer. Lo posible es de personas cuerdas, lo necesario es de locos utópicos. Quienes cambian el mundo son aquellos que luchan por lo necesario".

[Fuente: Cuarto Poder]

27/10/2020

La Biblioteca de Babel

Antonio Turiel

Petrocalipsis

Crisis energética global y cómo (no) la vamos a solucionar

Alfabeto, 2020, 216págs.2020

El libro del «no»

Se puede profundizar en lo que Petrocalipsis explica mediante la abundante información disponible en internet, y que refleja la bibliografía final de la obra. La lectura de este breve ensayo da la clave para discernir entre lo esencial y lo accidental en esa bibliografía. Lo que no es poca cosa.

Es casi innecesario comentar este libro. Su brevedad, claridad expositiva, densidad de contenido y rigor lógico hacen que sobren las explicaciones. Como entrada bastaría reproducir la presentación en internet de la editorial.

“La lectura de este libro deja claro que si queremos evitar el peor escenario, el ‘petrocalipsis’, debemos dejar de engañarnos, comprender nuestra situación real y actuar cuanto antes en consecuencia.
Petrocalipsis es un análisis crudo y claro de las posibles alternativas a nuestro sistema energético actual. Frente al triunfalismo que muchas veces exhiben las noticias sobre la futura utilización de nuevas fuentes energéticas, el libro plantea con concisión por qué no funcionan ni funcionarán cada una de las falsas soluciones que se han venido discutiendo durante las últimas dos décadas. No hay soluciones sencillas ni atajos al dilema que plantea la transición energética, doblemente necesaria no solo por el impacto ambiental de los combustibles fósiles, sino también por un factor a menudo ignorado: su próxima escasez.”

Conviene, sin embargo, apuntar algunas advertencias: “Si el lector es de los que piensan que todos los problemas tienen solución, este no es su libro”, dice su autor en el prólogo. Estamos ante la paradoja de la verdad: necesaria, pero rechazable si no gusta. Por eso hemos llegado hasta aquí.

“No” es una palabra mal vista. La ideología posmoderna y neoliberal, su apología del individualismo sin límites, de la happycracia, hacen que “no” sea sinónimo de represión. Las clases acomodadas con su referencia continua al pensamiento políticamente correcto odian el “no”, especialmente si cuestiona su confortable burbuja de pensamiento positivo. En la enseñanza, por poner un ejemplo, el “no” pasa de estar mal visto a estar maldito; a la tierna infancia, la adolescencia (e incluso la juventud) no se les debe decir nunca “no” ni molestar con esfuerzos, hay que razonar siempre, incluso si se está frente a una criatura que aún no tiene uso de razón. Los resultados de esa genial cosmovisión saltan más a la vista a medida que pasa el tiempo.

De los 23 breves capítulos de Petrocalipsis, veinte tienen la expresión “Por qué no...” en el título. Un “no” aseverativo, resultante de aplicar la lógica y los conocimientos científicos al conflicto energético. Es en los dos últimos capítulos donde se explicitan las consecuencias del “no” continuado. El 21 analiza el papel que la crisis de la COVID-19 está desempeñando en todo lo ya enunciado, el 22 aborda la traducción de todo lo anterior en propuestas y el 23 despliega el “Por qué sí” en cinco páginas. Como pasa con todo buen libro, sería de mal gusto anticipar el final.

Quienes seguimos el riguroso trabajo divulgativo de Antonio Turiel a través de su blog sobre los “peaks” (https://crashoil.blogspot.com/) conocemos sus análisis, el despliegue constante de datos, pruebas y estadísticas que los cimientan. Este libro, en cambio, opta (acertadamente) por reducir los datos al mínimo necesario y dar preponderancia al razonamiento. Turiel sabe que un exceso de datos alejaría la obra de proporcionar las claves para interpretar, e intervenir, de manera racional y ética.

Véase https://crashoil.blogspot.com/2020/09/sale-la-venta-petrocalipsis.html

Miguel Muñiz

28/11/2020

...Y la lírica

Joshua Jennifer Espinoza

Poesía feminista: 10

Mi género es compromiso

cuando me siento extra valiente

me preparo y salgo de casa

y voy hacia un público

que no estaba hecho para alguien como yo.

la idea de que podría ser una persona

me avasalla como

gente brincando de un sentimiento

al siguiente.

aguanto. el temor de ser vista

pulula a través del dolor

de la soledad.

pasan coches. las caras sonríen al cálido sol.

ansío el amor de piel sonriente,

le ruego a mi enemigo que me bese.

me he rehecho

en la forma de una señal de stop,

mis labios rojos, mi vestido largo, mis dientes deseosos

todo sugiriendo una cierta paz.

es mentira.

solo estoy fingiendo tener

todo el sentido.

agacho la cabeza y

te ofrezco esto

en la medida en que me mantiene viva.

Mi primer amor

Mi primer amor fue el silencio.

Me construí desde cero

y nadie escuchó.

Ese fue el mejor momento de mi vida.

Solía llevar la ropa

a la lavandería

y rezar para que toda la niebla

en el mundo me rodeara.

Dejaría que mis pensamientos

se fueran

con los aviones que pasaran.

Toda esa feminidad

atrapada en el techo

de mi boca

era como la miel.

Sabía que nunca

se echaría a perder

así que nunca dije una palabra

sobre eso.

Poemas extraídos de joshuajenniferespinoza.com

Traducción de Rosa Ana Alija

29/11/2020

Documentos

Albert Recio Andreu

Las élites capitalistas españolas entre dos crisis

Sobre la necesidad de cartografiar un territorio cambiante

El territorio cambiante que Albert Recio cartografía en este texto es el del poder real. Porque leer las 11 páginas de este análisis concreto de las dinámicas del poder hoy, ayuda a comprender las cada vez más escandalosas desigualdades sociales existentes en España.

Recio no se limita a las abstracciones al uso en este tipo de documentos. Parte de una introducción escueta a las dinámicas sociales con las que opera el capitalismo, y pasa a una descripción de las maniobras de los sectores bancario y las constructoras, los dos más directamente afectados por el estallido de la burbuja especulativa de 2008. Todo ello con nombres propios.

A continuación se analizan los cambios que se produjeron en las empresas del reducido sector productivo (metalurgia, madera y mueble, automovil y químico) y, tras constatar la carencia de una política industrial, se pasa a las empresas del sector turístico (hostelería, restauración, ocio, comercio, viajes, transporte y eventos) y las dinámicas adaptativas que desplegaron.

Albert Recio muestra el reflejo de esas dinámicas en la composición y funcionamiento de las empresas del IBEX 35; en los cambios en la propiedad, gestión e inversión de grandes y medianas empresas; en la entrada de varios fondos de inversión, y en la función que cumplen (con cuatro de los grandes grupos financieros a nivel internacional jugando un papel clave). Una función que no se limita a grandes compañías, o a la faceta más conocida: los llamados activos inmobiliarios, sino que llega a las medianas empresas.

El 2008 provocó también cambios en las clases acomodadas de nivel alto que, asesoradas por numerosas empresas intermedias de gestores financieros, se lanzaron a una espiral de inversiones y actividades especulativas, con el sector inmobiliario en cabeza.

Una vez explicadas las dinámicas empresariales, el análisis se centra en los mecanismos de representación e intervención, social y política, de las élites, es decir las clases dominantes y las capas más poderosas de las clases acomodadas. Describe tres mecanismos de incidencia directa, el primero se ejemplifica en el caso concreto de la comisión España 2000; luego aborda la función de organizaciones empresariales institucionales, jerárquicamente estructuradas y, finalmente, entra en un nivel más difuso, que denomina la “sociedad civil de las élites”, las actividades de un conjunto de entidades de todo tipo (desde culturales a deportivas, pasando por las que organizan eventos diversos) a las que sólo tienen acceso miembros reconocidos y homologados de las élites. Nivel en que, en un ambiente de confianza, se toman decisiones, aparentemente informales, que se traducen en acciones concretas.

Lo anteriormente expuesto se concreta en apuntes sobre Cataluña y Barcelona (interesente el descubrimiento de un Bildelberg local llamado G-16), y con la reacción de esas fuerzas ante la pandemia. El resultado es una instantánea que debe ser tenida en cuenta si, como se apuntaba, se aspira a comprender para trascender discursos ya conocidos y tolerados; y más aún si se pretende incidir en las múltiples caras de los conflictos que provocan las desigualdades.

[Fuente: PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, Nº 151 2020, pp. 23-33; también en Rebelión]

28/11/2020

Campañas

Petición Europea para reducir la ratio de alumnado por aula y aumentar el número de profesorado en el Espacio Europeo de Educación

Se puede ver la Petición completa en el siguiente enlace: https://cutt.ly/xhgd4z3

El Parlamento Europeo ha admitido la petición para que la Comisión Europea considere la reducción de la ratio de alumnado por aula y el aumento del número de profesorado en todos los niveles educativos (desde Infantil a la Universidad) dentro del diseño del Espacio Europeo de Educación.

Los promotores piden el apoyo a la petición siguiendo las indicaciones de este enlace: https://cutt.ly/DhgdC9A, así como su difusión, a la que es posible adherirse personalmente y también como organización.

30/11/2020

Boletín 196

Notas del mes

Ensayo

El extremista discreto

De otras fuentes

La Biblioteca de Babel

...Y la lírica

Documentos

Campañas

Presupuestos y reconstrucción

Cómo construir «víctimas ficticias» en nombre de las libertades sexuales de las mujeres﻿

Educación e igualdad

El presupuesto de Defensa y las inversiones en armas

Las mujeres son el germen del movimiento popular argelino

Identidades

Ensayo

El extremista discreto

De otras fuentes

La Biblioteca de Babel

...Y la lírica

Documentos

Campañas

Cómo construir «víctimas ficticias» en nombre de las libertades sexuales de las mujeres