La izquierda alternativa tras el procés

Albert Recio Andreu

I

Seguimos en pleno desarrollo del serial catalán. Si queríamos sensaciones fuertes, tensión y cambios de rumbo inesperados, no se puede negar que el procés da para mucho. Aunque el coste de tanta emoción es que la derecha ha reforzado su hegemonía, tanto en Catalunya como en el resto de España. Y las actuaciones de unos y otros se han cargado elementos cruciales de las estructuras democráticas. Tanto en el plano del funcionamiento institucional como, y es lo peor, en el de la cultura democrática de la población. La judicialización del proceso por parte del Gobierno y sus aliados ha posibilitado que sea la cúspide de la judicatura (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional) la que esté reinterpretando leyes y derechos e interviniendo directamente en la política cotidiana. Una respuesta tan peligrosa como la actuación de los partidos independentistas en su desprecio, cuando les ha convenido, de la legislación vigente. Hemos entrado en una peligrosa situación donde el árbitro revisa el reglamento según le parece. Donde la manipulación de las reglas del juego es el núcleo de la estrategia de cada parte.

Pero el peor daño democrático ha sido el del relato con que cada uno de los bandos ha buscado legitimar sus intereses: apelando a sentimientos más que a razones, generando una imagen estereotipada del “contrario”, alimentando los viejos tópicos sobre catalanes y españoles, acusando sistemáticamente al contrario de antidemocrático (o, al contrario, presentando cualquier maniobra propia como modélicamente democrática), avivando temores, y reduciendo el debate político a una mera repetición de eslóganes y lugares comunes. El efecto más corrosivo de esta dinámica es el de propiciar el analfabetismo democrático de grandes masas y transformar la acción política en batallas de hinchas. Un mal que, una vez instalado, costará mucho eliminar y que hace aún más difícil encontrar salidas respetables.

Ha habido también un daño colateral en el proceso, igualmente dramático. Y es que este enfrentamiento polarizado ha revalorizado el papel de las derechas y ha dejado en la cuneta los avances de la izquierda, sus posibilidades de propiciar un cambio. La vieja frase de Machado sobre las dos Españas vuelve a sonar como una maldición. Los dos bandos nacionalistas han acabado por generar un escenario del que se han excluido las políticas de transformación. Y no podría ser de otra forma; cuando se apela a los sentimientos, a la nostalgia y a la identidad, se acaba en manos de los defensores de las esencias tradicionales.

II

Hace dos años, pareció posible abrir un período de transformación política. Tras frustrarse totalmente esta posibilidad en junio de 2016, la victoria de Pedro Sánchez en el P.S.O.E. sugirió que se podía reabrir lo cerrado. Hoy, las perspectivas son mucho peores. Pedro Sánchez y su troupe se han disuelto como azucarillos en la llamada a defender la patria (una de las cosas en las que Marx más acertó es en que la historia a menudo se repite, y la repetición suele ser más ridícula que el original). Pero quien más castigo ha sufrido en las encuestas de opinión es la izquierda que representan Unidos-Podemos [1]. Y posiblemente se trate de un descenso que tiene visos de consolidarse, al menos para el futuro inmediato. Es tiempo de revisar la experiencia y de replantear salidas.

Este descenso es en parte un subproducto del procés, pero no sólo. Es evidente que la batalla identitaria en que se ha convertido el conflicto catalán es letal para quien basa su estrategia en otras cuestiones. Y es bastante evidente que el posicionamiento adoptado por Izquierda Unida-Podemos ha espantado a parte de sus votantes, tanto en Catalunya como en el resto del país. Pero a ello hay que sumar el desvanecimiento en la posibilidad de cambio radical que aupó los primeros éxitos electorales de Podemos tras el 15-M, y que generaron las nuevas candidaturas del cambio en muchos Ayuntamientos. En un mundo tan dominado por un sistema organizado de creación de emociones, tan socializado en el recurso a satisfactores inmediatos de necesidades, tan adoctrinado en la cultura del éxito, si no ganas pronto el desánimo se traduce en desapego. Y esto es lo que también está detrás del retroceso. La izquierda alternativa tiene, a ojos de una parte de sus potenciales votantes, un doble estigma: el de haber fracasado en su intento de darle la vuelta a los problemas sociales y el de haber estado demasiado cercana al independentismo (cosa que, paradójicamente, tampoco le ha granjeado demasiadas simpatías entre los que se movilizan por la Republica catalana).

Ni en el plano estatal se consiguió expulsar al Partido Popular del poder, ni se supo capear con mucha habilidad la amenaza que representa Ciudadanos. Tampoco los nuevos ayuntamientos del cambio han sido capaces de generar una sensación de que las cosas están cambiando realmente. No quiero decir en absoluto que se esté haciendo mal; por lo que experimento en Barcelona, me atrevería a decir que incluso en muchos casos se hacen mejor de lo esperado. El problema está en que las dinámicas sistémicas y el marco institucional son tan potentes y perversos que se tiene la sensación de que la política municipal es permanente desbordada por las fuerzas del capital y las maniobras de los poderes políticos hostiles. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la vivienda y en el de la lucha contra la pobreza. Aunque se están haciendo enormes esfuerzos por reforzar servicios y prestaciones sociales, tratar de evitar desahucios, y buscar alternativas a la gente sin hogar, las demandas desbordan continuamente las necesidades. En este contexto los avances son modestos, aunque no despreciables, y difíciles de visualizar. Los compromisos, a menudo ineludibles, que deben asumirse debido a la correlación de fuerzas existente, propician nuevos desánimos y deserciones. Y, sobre todo, menguan la percepción social de una izquierda alternativa portadora de una profunda transformación. No pretendo hacer un balance derrotista. Sólo destacar los problemas de fondo a los que hay que enfrentarse para evitar una evolución indeseable.   

III

El primer principio que hay que seguir es el de realidad. Y, a mi entender, la realidad actual es que se han perdido las ventanas de oportunidad que propiciaron la irrupción de Podemos y de los Ayuntamientos del cambio, así como el crecimiento electoral de todo el espacio de la izquierda alternativa. Creo que en esto es fácil ponerse de acuerdo. Ello no conduce necesariamente a un diagnóstico conservador, sino a buscar un nuevo modelo de acción. Creo que hay varios espacios a explorar.

En primer lugar, respecto al procés. Aunque sea un terreno hostil, hay que insistir en explicar tanto la inviabilidad (y en muchos aspectos indeseabilidad) de la vía independentista como el inaceptable planteamiento del unitarismo español. Es sin duda un planteamiento que va a recibir muchas críticas y rechazos, pero que puede ganar credibilidad a medida que se hacen patentes tanto la inconsistencia de la política independentista (y el hartazgo que provoca en Catalunya el vernos encerrados “con un solo juguete”) como la deriva autoritaria de la política estatal. La única forma de ganarse el respeto es precisamente la búsqueda de una salida diferente. Y esto puede reforzarse con la adopción de iniciativas que promuevan un debate abierto sobre el modelo de estado y las amenazas antidemocráticas.

En segundo lugar, hay que ser proactivos en toda la cuestión de derechos sociales. Y empezar a propiciar, apoyar, fomentar, impulsar y colaborar con iniciativas que planteen propuestas en serio sobre las cuestiones más acuciantes: vivienda, pensiones y sistema de bienestar, derechos laborales, políticas ambientales, etc. Sin revitalizar respuestas sociales, sin reabrir batallas por cuestiones esenciales, sin llamar de nuevo a la movilización social, sin tratar de elaborar propuestas a la vez realistas y rompedoras, es imposible que se abran nuevas vías de oportunidad o que podamos siquiera hacer frente a las destructivas fuerzas que amenazan a la sociedad. A la nueva derecha, la que hoy encarna Ciudadanos, no la vamos a derrotar en una competición de patriotismo, la debemos acorralar haciendo que aparezca su verdadera cara social.

En tercer lugar, los Ayuntamientos del cambio (en los que aún son posibles muchas cosas) deben hacer un esfuerzo de explicación de sus victorias y sus derrotas, de su potencial de cambio, pero también de su debilidad. Un ejercicio necesario para reconectar con su base social, para hacer entendible su política. Para que muchos sectores que ahora experimentan un cierto desencanto se conecten de nuevo a una dinámica de cambio

Y, en cuarto lugar, hay que hacer un esfuerzo hacia dentro. De consolidación organizativa, de fomentar la participación, la democracia y la fraternidad (perdida está última en más de una batalla), en formación de cuadros preparados para dar respuestas en una sociedad tan tecnocrática y compleja como la que nos ha tocado vivir. Una tarea que exige también un esfuerzo hacia fuera; de tejer las redes sociales con gente que nunca trabajará en un proyecto político concreto, pero que forma parte real del proceso social en el que cualquier izquierda que se precie debe aspirar.

Sin duda, no son respuestas milagrosas. A uno siempre le gustaría tener la fórmula mágica y al final se tiene que conformar con ofrecer sugerencias modestas. En todo caso, lo que parece ineludible es la necesidad de plantearse cambios ante una dinámica social que ha dejado tocadas las expectativas que se abrieron hace un par de años.

 

Notas

[1] Aunque en Catalunya la mayor debacle la ha experimentado la CUP, cada vez más abducida por las tácticas de Puigdemont y cada vez más sectaria respecto a la otra izquierda y los movimientos sociales.

30/1/2018

Sobre la tributación del Bitcoin

Miguel Ángel Mayo

Si en el año 2009, en plena crisis económica y financiera mundial, nos hubieran dicho que la inversión de nuestra vida pasaba por comprar una moneda virtual creada por un joven japonés anónimo, derivada de un algoritmo informático, sin respaldo de ningún banco central y visible sólo en un monedero accesible mediante clave privada, hubiéramos pensado que alguien estaba intentando timar nuestros exiguos ahorros y de una forma aún más descarada de cómo lo habían hecho la mayoría de entidades bancarias hasta entonces.

Pero sólo ocho años después, y con una revalorización en el último año superior al 1500%, el Bitcoin no sólo se impone como medio de pago válido, sino que es uno de los activos más demandados y con mayor valor especulativo a corto plazo (sí, a corto plazo, porque como todos los activos especulativos del tipo “gallina de los huevos de oro”, tarde o temprano será vilmente sacrificado para disgusto de sus inversores, autodenominados actualmente “minadores de Bitcoins”). Pero ello no deja de evitar que muchos de estos inversores, bien por puro azar, bien por una intrépida inversión, se hayan hecho con una suma más que considerable de la noche a la mañana. Y, cae por su propio peso, si hay ganancia, la Hacienda española también desea su parte del pastel.

Lo más curioso hasta el momento es que, aunque el erario público tiene claro que este incremento de patrimonio debe tributar, todavía no tenga tan claro cómo debe de hacerlo; una señal inequívoca de que desconoce totalmente su funcionamiento y de que, ante el temor de regularlo de forma errónea, prefiere mantener la duda recordando, eso sí, la famosa frase “no olvide repasar su borrador [de la renta] por si tiene alguna renta que no conste en el mismo” (y la derivada de las monedas virtuales no va a aparecer en el borrador, porque nadie sabe ni donde está ni a quién pertenece) .

La fiscalidad del Bitcoin: el impuesto indirecto

Pese a la poca normativa disponible, una cosa está clara: el Bitcoin es un medio de pago aceptado por la Unión Europea; así lo establece su Tribunal de Justicia en Sentencia de 22 de octubre de 2015. Esto es muy importante, porque, como medio de pago aceptado, su compraventa no va a tributar por IVA, de igual manera que lo haría la compra de cualquier otro medio de pago (por ejemplo una divisa, como podría ser comprar dólares) o activo financiero (por ejemplo, cualquier tipo de acciones). Eso sí, no hay que confundir la compra-venta de Bitcoins con cualquier compraventa de bienes o servicios realizada mediante Bitcoins, que sí llevaría IVA (como por ejemplo el alquiler de un hotel mediante Bitcoins). Como vemos, el impuesto indirecto es fácil de entender, así que pasemos al impuesto directo, que es el verdadero quebradero de cabeza tributario en todo lo relacionado con esta criptomoneda.

La fiscalidad del Bitcoin: el impuesto directo

En este caso, la normativa a aplicar sería el omnipresente art. 33 de la Ley del Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas (IRPF): “Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”. Lo que viene a decirnos este artículo es que si usted ve incrementada o alterada su riqueza, ésta va a ser derivada de un rendimiento o bien de una ganancia patrimonial, así que −con toda seguridad y escasas excepciones− usted estará obligado, de una manera u otra, a declarar este incremento de riqueza en su renta.

El gran problema de los Bitcoins es determinar si un monedero virtual, de una moneda no respaldada por ningún banco central y que nadie sabe que tienes, determina realmente ese incremento de riqueza; es decir, si verdaderamente hemos ganado algo o si bien determina que “quizás en su día ganemos algo”.

Si examinamos con detenimiento los Bitcoins, vemos que estos no tienen valor real hasta que los conviertes a una divisa nacional, como serían los euros en el caso español. Con su valor en euros ya tendremos realmente una renta generada; renta que, por supuesto, habremos de declarar como diferencia entre el valor de compra de la inversión y su valor de conversión en el momento de hacerlo. Por poner un ejemplo fácil, pongamos que yo comprara hace un mes Bitcoins por 1.000 € y que ahora los vendo por 6.000: he ganado, pues, 5.000 €, que además tienen la consideración de ganancia patrimonial (como hemos visto previamente). Y las ganancias patrimoniales actualmente tributan entre una escala que va del 19 al 23% del beneficio obtenido. A efectos prácticos, esto querría decir que, mientras mantenga mis Bitcoins en mi monedero, no tendría que pagar impuestos.

Pero, aunque la mayoría de poseedores de la moneda virtual la compra y la vende (utilización especulativa), la moneda se creó realmente para usarla como medio de pago, así que también deberíamos determinar si tributa o no esta acción de compra mediante moneda virtual (en España, el Bitcoin está aceptado como medio de pago desde el año 2015).

La respuesta vuelve a apelar a la coherencia: si compras o adquieres un servicio en Bitcoin, éste tendrá un valor monetario. Y ese valor monetario será susceptible de cuantificación. Y una vez cuantificado, podrás determinar la ganancia obtenida y tributar por su beneficio o pérdida. Un ejemplo de lo que acabo de decir sería la adquisición de Bitcoin por 1.000 € y, con ellos, la compra posterior de un viaje soñado cuyo valor es 6.000 €. Hemos ganado, pues, 5.000 €, que será la ganancia patrimonial obtenida.

Pero tres son las maneras de obtener Bitcoins: por compra directa (la más utilizada), obteniéndolos al vender o prestar un servicio en Bitcoins (cada día más establecimientos lo permiten), y por último “minándolos”. El término “minar Bitcoin” puede resultar complejo, pero básicamente indica que mediante una acción continuada en la red (existen muchos profesionales que se dedican a ello a tiempo total o parcial con el objetivo de ir obteniendo la moneda) obtienes Bitcoins. Con lo cual es una actividad realizada por el “minero” con ánimo de lucro y, en ese sentido, Hacienda establece −mediante consulta vinculante− que los mineros de criptomoneda deberán darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el epígrafe 831.9 de la sección 1. Así, y de forma muy similar a la regulación de los jugadores de póker, el minero deberá determinar su rendimiento por diferencia entre sus ingresos (valor de los Bitcoins obtenidos) y sus gastos (gastos necesarios para la obtención del Bitcoin como podrían ser los equipos informáticos utilizados para ello).

Como hemos visto, Hacienda no se va a olvidar de las personas implicadas en estas tres modalidades de obtención de Bitcoins. Y les hará pagar por sus operaciones con la criptomoneda.

La fiscalidad del Bitcoin: el impuesto a la propiedad

Además, tener Bitcoins representa tener una propiedad sobre un bien, y recordemos que el Impuesto sobre el Patrimonio grava esta propiedad. Actualmente, y con carácter general, el impuesto tendrá que declararse cuando nuestro patrimonio total (excluida la vivienda habitual) supere los 700.000 €, y en ese cálculo no deberá excluirse el valor de nuestro monedero virtual de Bitcoins. La cifra de 700.000 € puede parecer elevada para el común de los mortales, pero debemos recordar que el inversor avispado que hubiera decidido comprar Bitcoins por valor de 1.000 € en 2010, ahora tendría unos fabulosos 35 millones de dólares, y estaría obligado a declarar el Impuesto sobre Patrimonio incluso si no hubiera utilizado ni uno de los mismos.

Otro aspecto del Bitcoin sería la obligación de declarar en el modelo 720 los activos financieros en el extranjero que superen los 50.000 €. Lo que pasa es que los Bitcoins están en un plano virtual, no localizados en un ningún país en concreto. Así que hará falta una regulación normativa clara para incluir “el espacio virtual” dentro del concepto de “el extranjero”, e incluir “los Bitcoins y otra moneda virtual” como “activo obligado a declarar en el modelo 720”; todo ello en el supuesto de que las Haciendas deseen realmente controlar estas monedas virtuales (tema, este último, de vital importancia si queremos evitar muchos de los males que veremos más adelante).

A la caza de la criptomoneda

En enero de 2018, y en el marco del Plan Anual de Control Tributario, Hacienda ha manifestado su deseo de controlar las operaciones realizadas en Bitcoin u otra criptomoneda. Y ello pese a las numerosas dudas que quedan en la interpretación de algunas operaciones como la compra con Bitcoins de otra criptomoneda. Parece claro que seguimos sin tener una moneda física, así que el sentido común aconsejaría no tributar hasta que no vendas o uses esta segunda criptomoneda y la conviertas en moneda real. Pero Hacienda parece tener igual de claro que existe una alteración patrimonial, y que debería tributarse por diferencia entre el precio de compra del Bitcoin y el precio de mercado de la nueva moneda adquirida. Hagamos un ejemplo para entender mejor esta última idea: si alguien comprara Bitcoin por 1.000 €, y los cambiara por otra criptomoneda cuyo valor de mercado es a su cambio de 6.000 €, habría ganado y debería tributar por 5.000 €. Y aquí surge un segundo problema, ya que estas criptomonedas no cotizan en un mercado único, con lo cual deberemos estar atentos a las valoraciones existentes en algunos de los mercados más utilizados para las transacciones de estas monedas virtuales.

Como vemos, sería conveniente que la Agencia Tributaria delineara y oficializara los criterios de interpretación a seguir en esta nueva realidad antes de perseguir la tributación derivada de las criptomonedas. De lo contrario, el afán recaudatorio estará por encima del espíritu colaborativo para con el ciudadano. Esto se denomina indefensión ante Hacienda.

Hecha la ley, hecha la trampa

El anonimato que presenta el Bitcoin −no existe un registro de los poseedores de los mismos− puede otorgar una cierta sensación de impunidad a estos nuevos especuladores que crean que pueden no declarar la renta obtenida gastándolo directamente en los centros o empresas que lo acepten como medio de pago, no dejando así rastro alguno. Pero esta acción, además de representar una mala conducta, sería un craso error, porque estos establecimientos sí están obligados a llevar un registro de aquellos clientes que hayan utilizado este medio de pago.

El verdadero problema del Bitcoin no va a estar en su no declaración a Hacienda, sino en su utilización en negocios ilegales y, por supuesto, en el blanqueo de capitales. El blanqueo de dinero mediante billetes de lotería quedará relegado a migajas por el potencial que para ello tienen las monedas virtuales, y entre ellas la más utilizada, el Bitcoin. Que el valor de éste superara el de la onza de oro en noviembre de 2013, da una idea de su valor especulativo. Que empresas de bienes de lujo tipo coches de gama alta, viajes espaciales, hoteles de alto standing y joyerías especializadas lo acepten como medio de pago, nos indica el tipo de clientes que poseen esta moneda. Y que ya se estén realizando negocios inmobiliarios, como ventas de chalets de lujo, en Bitcoins advierte del peligro inmediato de operaciones de blanqueo de capitales.

En suma, se nos va el opaco billete de 500 €, pero llega con toda su fuerza esta moneda virtual que, para el fisco, es anónima, invisible, imposible de rastrear, oculta, compleja, etc. Si tenemos un medio de pago paralelo al circuito normal financiero, y con una regulación normativa que podríamos definir en pañales, las posibilidades de financiación de actividades ilícitas y el blanqueo de capitales es asombrosa. Y ello también es debido a que en sus transacciones no existen intermediarios: el traspaso de moneda se realiza directamente entre las partes. Lo cual determinará que tampoco podremos establecer un origen y destino de saldo (sólo los sabrán las partes), que no tendremos ninguna identificación de quien interviene (anonimato total bajo una clave criptográfica) y que habrá una agilidad y sencillez mágicas para transferir fondos de una parte a otra del planeta (tan fácil como mandar un WhatsApp). Y si alguna vez se pueden emprender acciones legales, el valor monetario siempre lo tendremos codificado a través de claves que nos hará imposible retener o embargar la moneda.

No es de extrañar, pues, que por primera vez el World Drug Report (Informe Mundial de Drogas) de las Naciones Unidas incluya expresamente un apartado en el que se afirma que las redes de tráfico de drogas y otras organizaciones criminales están recurriendo al Bitcoin y otras monedas virtuales para enmascarar su actividad. Si es cierto que la realidad de la economía va por delante de la regulación jurídica, los mecanismos utilizados por los evasores van a la velocidad de la luz en comparación con la velocidad aplicada para combatirlos.

 

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto.e y responsable en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA). Para la elaboración de este artículo, el autor agradece a David Milán, joven minador profesional de moneda virtual, por haberle desvelado los secretos de la criptomoneda]

26/1/2018

Hipótesis de un futuro nuclear: 4

Nuclear en el resto del mundo a inicios del 2018

Miguel Muñiz

Si descontamos Europa, los Estados Unidos y Canadá, con 99 y 19 reactores respectivamente, juegan un papel secundario en la estrategia de la industria nuclear. Donde ésta tiene puesta sus miras de futuro para consolidar su resistencia es en Asia y Oriente Medio (CUADRO 1). Analicemos los datos que justifican esa afirmación.

Respecto a Estados Unidos, la primera potencia nuclear mundial, es necesario hacer notar que 40 de sus 99 reactores superan los 40 años de funcionamiento, 38 tienen entre 31 y 40 años, 20 tienen entre 21 y 30, y sólo 1 reactor lleva funcionando menos de 10 años [2]. Aunque la publicidad sobre el "renacimiento nuclear" fue mucho más intensa en EE.UU. que en ningún otro país, aunque los datos oficiales ocultan cuidadosamente detalles como el tiempo de funcionamiento de los reactores, y aunque se hace mucha propaganda de programas de futuras construcciones [3]; la realidad es que EE.UU. es el ejemplo por excelencia de decadencia nuclear en el mundo: a corto plazo la mayoría de sus reactores deberán cerrar o asumir riesgos de accidente elevados, y las perspectivas de que puedan ser sustituidos son prácticamente nulas. La propaganda oficial sólo puede dar noticia de 4 reactores en construcción que afrontan graves contratiempos para finalizar las obras.

Siendo el país impulsor de la energía nuclear, y el segundo país en la historia en poner en marcha un reactor nuclear para producir electricidad, EE.UU siempre ha sido considerado un referente a la hora de valorar el futuro de dicha energía. Pero después de Fukushima todo ha cambiado, lo que supone una paradoja: las noticias continuadas sobre su decadencia nuclear se presentan desde varios sectores antinucleares como prueba de la decadencia nuclear global. Se trata de un error que oculta la actual estrategia de resistencia de la industria. Aunque la realidad desmiente la propaganda triunfal de la industria nuclear, la situación de los EE.UU no se puede extrapolar al resto del mundo, como veremos a continuación.

La misma decadencia nuclear a corto y medio plazo se produce en Canadá. De los 19 reactores que se mantienen funcionando, seis se conectaron en los años 70 y su cierre es inminente; otros ocho, que comenzaron a funcionar en los años 80, también tienen cierres programados; así como, curiosamente, los conectados en los años 90. Los datos apuntan a que hacia el 2037 se cerraría el último reactor nuclear de Canadá [4]. No existen planes de sustitución de todas esa potencia nuclear en descenso.

La clave de esta situación atípica se halla en el único modelo existente en ese país, el CANDU (CANadian Deuterium Uranium), un tipo de reactor que ha sufrido múltiples averías, hasta el punto de que el llamamiento de las instituciones políticas a la "restauración" de los que se construyeron en fechas más recientes no han tenido eco por los elevados costes [5].

La situación opuesta a EE.UU y Canadá es la existente en Asia.

Asia

Los casos más extremos lo constituyen China, India y Corea del Sur.

China constituye la mayor apuesta de futuro de la industria nuclear y el punto de apoyo sobre el que se basan los planes globales de adaptación y resistencia post - Fukushima. Los tres reactores más antiguos, de los 37 en funcionamiento, se conectaron a la red en 1994, y 27 reactores tienen menos de 10 años. Sin contar con un mínimo de 20 proyectos en construcción, cuya conexión a la red se prevé para el año 2020 como fecha límite, y partiendo de la reivindicación universal de los 60 años de funcionamiento, la presencia nuclear de China en el mundo se proyecta, como mínimo, hasta las dos últimas décadas del siglo XXI [6].

La India, con sus enormes desigualdades sociales, es un caso traumático de potencia nuclear. Aunque oficialmente mantiene 22 reactores nucleares en funcionamiento, los análisis críticos desarrollados en el WNISR 2017 demuestran que dos de ellos no han generado electricidad en los últimos años [7]. Lo más preocupante de la India son los 15 reactores construidos a partir de 1990 en una progresión que llega hasta 2017, lo que supone una proyección nuclear que sobrepasa el año 2050.

Su condición de potencia económica emergente, la peculiar situación política y el conflicto latente con Pakistán hace que la India se halle embarcada en un programa de construcción nuclear que no se corresponde con su situación económica. Actualmente hay 5 reactores en construcción, cuya conexión está programada como muy tarde para el año 2022, aun contando con los habituales retrasos, esto aumenta la presencia nuclear de la India hasta finales del presente siglo.

Finalmente, el caso de Corea del Sur tiene similitudes con la India, aunque su proyección de futuro sea más limitada. De los 24 reactores en funcionamiento, 16 se conectaron a la red con posterioridad a 1995, en un arco temporal que llega hasta 2016, Corea de Sur está en la lista de países con proyección nuclear que supera ampliamente el 2050.

A diferencia de la India, Corea del Sur sólo tiene 3 reactores en construcción que, si no se producen retrasos, entrarán en funcionamiento entre 2018 y 2019. De un ambicioso plan de 8 nuevas construcciones, seis han sido definitivamente canceladas, se trata de un ejemplo de la barrera que puede levantar la racionalidad frente a una locura nuclear desatada [8].

El caso de Japón

Aunque la situación de Japón fue objeto de un reciente análisis colectivo en esta misma publicación, no está de más hacer un recordatorio de parte de su contenido, indica la perseverancia de la industria nuclear en el escenario más desfavorable: con una catástrofe irreversible de duración ilimitada.

"La industria nuclear no se rendirá. En estos momentos en Japón funcionan cinco reactores (Sendai 1 y 2, Takahama 3 y 4 e Ikata 3); los reactores Oi 3 y 4, que funcionaron entre julio de 2012 y septiembre de 2013, esperan volver a conectarse a la red en otoño de este año; otros dos, Guenkai 3 y 4, lo esperan para el primer trimestre de 2018, y la elección del candidato Oigawa abre el camino para la conexión de Tokai.

A esos diez reactores les siguen catorce más pendientes de la aprobación del organismo regulador: Tomari 1, 2 y 3, Kashiwazaki-Kariwa 6 y 7, Shimane 2, Onagawa 2, Hamaoka 3 y 4, Tokaidaini, Totsu 1, Shiga 2, Oma, y Tsuruga 2. Sería un parque nuclear de 24 reactores activos de los cuales varios superan los cuarenta años de funcionamiento; son los que se están acogiendo a una normativa “especial” que permite alargarla más allá. Serían menos de la mitad de los 54 que funcionaban antes de marzo de 2011, pero es un número respetable"[9].

Este texto fue escrito a finales de septiembre de 2017, en lo referido a los pronósticos más inmediatos, el de los reactores Oi 3 y 4, ya estaba obsoleto en el momento de su publicación: el 28 de septiembre la Asamblea de la prefectura de Fukui autorizó la conexión de ambas centrales a la red [10]. Esta realidad enlaza con la reflexión con la que se cierra esta serie de cuatro artículos.

Reflexiones de futuro en clave regional.

La estrategia de adaptación de la industria nuclear después de Fukushima ha conservado partes de lo que fue el discurso del "renacimiento nuclear" de 2001 - 2011; por supuesto todo lo referente al supuesto papel en la mitigación del cambio climático ha marcado su línea de acción prioritaria (basta ver el protagonismo que ha asumido desde la COP 21), pero también las referencias a su peso en el mix de generación, su contribución a la estabilidad del suministro, etc. Aunque la industria nuclear sabe perfectamente que todas las fantasías que marcaron su inicio en los años 50 del pasado siglo no pasan de ser eso... fantasías, su proyecto político es mantenerse durante todo el siglo XXI adaptándose a los escenarios de desigualdad social y destrucción ecológica que se perfilan, con la fusión nuclear como nueva utopía energética que justifica su existencia.

La industria también sabe que un incremento de centrales nucleares en las regiones del mundo en las que no existe tradición de resistencia ni conocimiento de sus impactos es una palanca potencial para recuperar terreno en otros territorios. Asia está cumpliendo ese papel. Sabe también de su poder para imponer el discurso: entre 2001 y 2011 su propaganda fue capaz de alterar la percepción de las nucleares en Europa y América del Norte --una vez desvanecido el recuerdo de Chernóbil--, llegando a tener una valoración positiva en encuestas de opinión.

La industria nuclear conoce el valor de la perseverancia. El tratamiento informativo de Fukushima está bajo control, y el tiempo juega a su favor en un escenario confuso de transición energética dominado por empresas libres de control político. Tan sólo una nueva catástrofe puede suponer una alteración a sus planes, por eso también trabaja la linea de normalizar las catástrofes, asimilándolas a cualquier accidente industrial y presentándolas como el precio a pagar por la seguridad energética [11].

 

Notas

[1] Ver http://www.mientrastanto.org/boletin-163/notas/hipotesis-de-un-futuro-nuclear-2
 y http://www.mientrastanto.org/boletin-164/notas/hipotesis-de-un-futuro-nuclear-3

[2] WNISR 2017, pág.. 79

[3] Ver http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx

[4] http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/canada-nuclear-power.aspx

[5] WNISR 2017, págs.. 196 – 197.

[6] http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/china-nuclear-power.aspx  y WNISR 2017, pág. 199.

[7] Contraste entre WNISR 2017, pág. 202, y http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/india.aspx

[8] http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/south-korea.aspx

[9] http://www.mientrastanto.org/boletin-161/notas/fukushima-y-japon-fuera-de-temporada

[10] https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/28/national/restart-oi-nuclear-reactors-gets-implicit-approval-fukui-assembly/#.Wmj4lcRG2L8

[11] Algunas de las ideas desarrolladas en este último apartado se argumentan en http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/nuclearcatalunya/articles/MTagendanuclearagendaantinuclear.pdf y http://www.mientrastanto.org/boletin-141/notas/el-informe-schneider-y-el-trabajo-contra-las-nucleares-o-quien-no-se-consuela-es-p

 

[Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro del Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES, del Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya, de Tanquem Les Nuclears - 100% RENOVABLES y mantiene la página de divulgación energética http://sirenovablesnuclearno.org]

29/1/2018

Apuntes sobre la desigualdad: género, clase y estructura salarial

Cuaderno de postcrisis: 4

Albert Recio Andreu

I

El aumento de las desigualdades vuelve a estar en el centro del debate social, aunque, por desgracia, parece más un tema para llenar las tertulias mediáticas que un argumento fuerte de las políticas socioeconómicas. El grueso de las políticas que promueven los grandes organismos internacionales están en el centro de la creación de desigualdades. Sin la elaboración de propuestas alternativas y la generación de amplios movimientos sociopolíticos, es difícil que vayan a producirse cambios profundos en este campo. Más bien hay pistas de que las cosas aún pueden ir a peor.

Cuando analizamos los debates actuales sobre el tema, surgen al menos tres campos en que se ha puesto de manifiesto: el de la desigualdad global entre clases sociales, el de las desigualdades entre los asalariados y el de las desigualdades de género. Deberíamos añadir, además, las desigualdades entre países. Por razones de espacio me voy a limitar a comentar los tres primeros temas y me centraré sólo en un aspecto de la desigualdad, el de la renta, aun sabiendo que el campo de la desigualdad abarca otros muchos espacios.

II

El reciente estudio de Oxfam sobre la desigualdad es concluyente sobre el aumento de la desigualdad global. Según esta organización, el 1% más rico de la población mundial ha captado el 82% del crecimiento de la renta en los últimos años, mientras que el 50% más pobre no ha visto aumentada la suya; los salarios globales sólo han crecido un 2% (y de sobra es conocido que la población más pobre se encuentra entre los no asalariados de la economía informal y la población agraria). Cualquier estudio sobre las rentas adolece de algún margen de error, pero la contundencia de las cifras deja fuera de duda que nos encontramos en una situación extrema de aumento de las desigualdades. Otros estudios dan pistas complementarias, como el de la caída de la participación de los salarios en la renta nacional en la mayor parte de los países desarrollados. Aunque a escala mundial se constata que el crecimiento de China, y en menor medida de la India, ha paliado algo la desigualdad global, lo que parece indudable es que se ha producido un importante trasvase de renta en favor del capital.

Los procesos que han permitido generar esta nueva oleada de desigualdad son variados y no pueden reducirse al mero drenaje fiscal. Se trata, como han explicado con bastante detalle autores como Stiglitz o Standing, de la combinación de una variada gama de transformaciones que han provocado el aumento del poder capitalista y abierto las puertas a nuevos mecanismos de obtención de rentas parasitarias. Las políticas macroeconómicas neoliberales, las reformas laborales con la coartada de la flexibilidad, las reformas fiscales, las privatizaciones, la reorganización empresarial, la financiarización de la economía, la globalización sin regulación compensatoria y el reforzamiento legal de los derechos de propiedad (especialmente sensible en el caso de la vivienda) han configurado una estructura institucional en la que los ricos, y sobre todo los muy ricos, tienen garantizada una enorme tajada del pastel y poseen la capacidad de forzar que el resto de la población compita por las migajas. Han configurado un nuevo modelo de capitalismo rentista que en algunos aspectos parece recordar al viejo orden feudal. Revertir esta situación exige cambios en muchos ámbitos de la organización y la regulación económicas. No parece, en cambio, que la mera implantación de una nueva política redistributiva, como podría ser la introducción de una renta de ciudadanía, pueda alterar por sí misma una dinámica que precisamente se ha consolidado por la enorme densidad de mecanismos complementarios.

III

La distribución global de la renta entre capital y trabajo, entre pagos salariales (salarios y contribuciones sociales) y rentas del capital (beneficios empresariales, alquileres, intereses financieros), determina una buena parte de la distribución total, sobre todo cuando se tiene en cuenta que el mundo de los asalariados y los falsos autónomos reúne a la inmensa mayoría de la población, mientras que el grueso de las rentas capitalistas se concentran en manos de un reducido número de personas. Pero, a pesar de ser ésta la razón principal de las desigualdades, en el seno de los colectivos asalariados existen importantes diferencias de renta. Y también en este caso hay evidencias de que éstas están creciendo.

En el caso español, la encuesta anual de estructura salarial (de hecho, la única fuente estadística creíble en materia salarial) muestra una evidencia clara en este sentido. El índice de Gini, el indicador de la desigualdad global de los salarios, indica un crecimiento significativo entre 2008 y 2015, pasando del 32,2 al 34,3 (y coherente con los aumentos de la desigualdad medidos por la Encuesta de Condiciones de Vida). Asimismo, se ha incrementado la diferencia entre el 10% de los asalariados con sueldos más altos y el 10% con sueldos más bajos (el índice 9/1), que ha pasado de 3,34 a 3,61 (o sea, un individuo medio del grupo superior cobra 3,61 veces el salario de un individuo medio del grupo inferior). Es posible incluso que este índice minimice las desigualdades y que sería aún más significativa la comparación entre el 5% de cada extremo.

Hay también pistas de qué ha producido este aumento de la desigualdad. Para empezar, el crecimiento del empleo a tiempo parcial, que desempeña un papel significativo a la hora de determinar las rentas más bajas. En segundo lugar, el campo ocupacional, que tiene dos impactos: el que podemos llamar “efecto composición” (se destruyen empleos en sectores de salarios más altos y se crean otros en actividades peor pagadas) y el que podemos denominar “efecto sustitución”, que se produce cuando las empresas renuevan las plantillas con personas que reciben un salario inferior al de aquellos a los que vienen a reemplazar (algo que se consigue por vías muy diversas: los nuevos no cobran antigüedad, entran con una categoría inferior, no se les reconocen pagos complementarios, entran con contratos temporales que les llevan a realizar horas extras sin cobrar; en el límite las empresas aplican —aunque es ilegal— una doble escala salarial). Y el tercer y crucial elemento es la reforma laboral, su impacto en la negociación colectiva y en la propia aplicación de los convenios, el aumento del poder empresarial. El impacto de la reforma laboral sobre los salarios ha confirmado lo que algunos economistas y sociólogos críticos anticipamos desde el principio (véase, por ejemplo, J. Benach, G. Tarafa y A. Recio, Sin trabajo, sin derechos, sin miedo, Icària Editorial, 2015): que el debilitamiento de los derechos laborales iba a empeorar la situación de las personas empleadas en los niveles más bajos de ingresos, porque se encuentran en los sectores de más difícil sindicalización, porque su trabajo es a menudo muy individualizado y porque es donde las empresas tienen más margen de presión. Al analizar la evolución de los salarios puede observarse que realmente ha sido en los sectores de menores ingresos salariales donde se ha producido la mayor parte de la devaluación salarial. Curiosamente, en sectores de servicios en los que menos importancia tiene la competencia internacional (algo que no es exclusivo de España; es lo mismo que ocurrió en Alemania con la reforma Hartz).

Reducir esta desigualdad es lo que puede conseguirse con la reversión de la reforma laboral, aunque las cosas nunca son de ida y vuelta y posiblemente haya que elaborar un ambicioso proyecto de reconstrucción laboral.

IV

La tercera cuestión es la de la brecha de género, quizá aquella de la que más se habla en los últimos meses, gracias al esfuerzo de tantas mujeres que no están dispuestas a mantener una situación injusta. Las desigualdades de género, específicamente las del empleo asalariado, son tan obscenas que difícilmente pueden soslayarse. Según la Encuesta de Estructura Salarial, el salario medio de un hombre es un 23,1% superior al de una mujer. Por lo que diré a continuación, creo que esta desigualdad global es un mejor indicador de la desigualdad de género que los intentos de aislar un único factor de discriminación laboral (que sólo considera discriminación la diferencia de salarios que se produce entre individuos que tienen actividades, una categoría profesional y un horario laboral similares) o la medición según salario-hora.

Como ocurre en los otros casos, la brecha salarial es la combinación de diferentes procesos que tienen un elemento en común: la presencia activa del patriarcado en el mundo del empleo asalariado. Hay fundamentalmente cuatro mecanismos básicos que generan esta desigualdad. En primer lugar, el empleo a tiempo parcial, pensado y promocionado como una forma aceptable de conciliación de la vida laboral (lo cual presupone que son las mujeres las que se encargan del trabajo doméstico) y que es una fuente de generación de working poors. A menudo ni siquiera es una buena medida para conciliar horarios, porque muchos de los empleos a tiempo parcial se justifican para cubrir picos de actividad en horarios específicos (por ejemplo, en el sector de la limpieza, un sector feminizado y donde prolifera el empleo a tiempo parcial, predominan los horarios de trabajo a primera hora de la mañana (de seis a diez) o al final de la tarde). El empleo a tiempo parcial explica que numerosas personas no lleguen a percibir unos ingresos equivalentes al salario mínimo anual.

En segundo lugar, la sobrerrepresentación de las mujeres, especialmente de mujeres con bajos niveles educativos, en los sectores de salarios más bajos: limpieza, hostelería, comercio al detall, residencias de ancianos y asistencia domiciliaria, servicios personales, actividades de ocio. Esta presencia se advierte incluso en los sectores manufactureros de más bajos salarios, como el del textil y la confección o el del calzado. La coartada oficial es que se trata de sectores de baja productividad que no permiten pagar salarios más altos. La cuestión de la productividad es más compleja; es difícil saber cómo se mide, cómo se comparan actividades heterogéneas. Y más bien hay indicios de que la cuestión es la inversa: que consideramos poco productivo lo que hace la gente con menor poder social, que se asocia la productividad al hecho que estos trabajos sean muy intensivos en mano de obra (también lo son actividades como la enseñanza, pero las desarrolla gente “con estudios”) y en muchos casos tengan relación con las labores domésticas. O sea que se paga poco porque es un empleo de mujeres. Éste es un campo donde demasiado a menudo la izquierda, tanto la tradicional como la feminista, asume con excesiva facilidad el punto de vista de las élites. Pero el “suelo pegajoso” (como me aclaró hace años la socióloga Teresa Torns) es la realidad de muchas mujeres, y la forma de salir de él pasa por un aumento sustancial del salario mínimo y, aún mejor, por una acción sindical que eleve los salarios y genere reconocimiento.

En tercer lugar, las desigualdades en la carrera laboral; la evidencia de que las mujeres están no sólo infrarrepresentadas en los niveles más altos de la jerarquía profesional sino que también tienden a ser minoría en los niveles más altos de aquellas profesiones donde en conjunto son mayoría (como ocurre en la educación y la sanidad). Aquí se combinan procesos de mera discriminación sexista en las promociones, de reconocimiento desigual de la complejidad de las tareas (por ejemplo, se da más valor al profesorado universitario que al de primaria, o a los cirujanos que a los médicos de familia) y del difícil encaje entre el empleo asalariado y la vida cotidiana. El problema es aquí la forma en que se define el primero, cómo se entiende la carrera profesional y, aún más, cómo se definen los empleos directivos. El capital (y una construcción de lo profesional a la que no son ajenos ni el patriarcado ni la cultura tecnocrática) ha desarrollado una definición de lo profesional que en parte se aísla del resto de la vida social y tiende a ignorar tanto la necesidad de las tareas domésticas como la participación en otras actividades sociales. Para muchos empresarios y directivos, las mujeres son siempre sospechosas de no participar de esta mística profesional y son excluidas, y para muchas mujeres la aceptación acrítica del modelo es demasiado costosa y sus prácticas de resistencia las excluyen de una carrera competitiva. El resultado es conocido: el “techo de cristal” que limita a las mujeres educadas a los niveles intermedios de la carrera profesional, generando una importante desigualdad salarial respecto a sus iguales.

El último elemento es la discriminación pura y simple. Durante años ésta ha estado institucionalizada y se han aceptado salarios inferiores para las mujeres. Ahora que la discriminación está formalmente prohibida, persiste bajo formas camufladas: distinta evaluación de los puestos de trabajo, distinto reconocimiento de primas salariales o pago de horas extra, etc. Es tanto el producto de la cultura patriarcal que sigue impregnando al mundo empresarial como el resultado de un hecho más general: la discriminación en materia de salarios (como la de los precios de los productos) es una técnica habitual para aumentar los beneficios de las empresas, y siempre se aplica recurriendo a los diferentes niveles de poder social que tienen las personas. La situación de los extranjeros en muchos países es parecida, y no es casualidad que en el nivel más bajo de la escala salarial se encuentren las mujeres inmigradas en el servicio doméstico, pues suman una combinación de puntos débiles sociales: son mujeres, a menudo con problemas legales de residencia, realizan una actividad feminizada, negocian individualmente con un patrón, no tienen capacidad de acción colectiva…

V

Los tres niveles de desigualdad son relevantes y están interrelacionados. Lo que ha motivado esta nota es el renovado debate en las últimas semanas sobre la brecha salarial en un contexto en el que se ignoran el resto de los procesos. Esto no presupone que siempre tengamos que hablar de todo. La desigualdad de género tiene por sí sola suficiente entidad para exigir una acción contundente. Pero la lucha por la igualdad exige una perspectiva global y pensar en alternativas más coherentes. Es difícil que se alcancen grandes avances en materia de igualdad mientras persista un modelo organizativo tan jerárquico, mientras la discriminación forme parte del arsenal de instrumentos del enriquecimiento privado, mientras la organización productiva capitalista sea el núcleo organizador de la vida social, mientras los derechos de los ricos se impongan a los de la mayoría, mientras algunos trabajos merezcan un infrarreconocimiento y otros, por el contrario, estén exageradamente valorados. No se puede pensar un orden igualitario a trozos, y por ello la impugnación de las escandalosas desigualdades actuales exige pensar globalmente en una organización social en la que hombres y mujeres podamos desenvolvernos en niveles de igualdad aceptables.

31/1/2018

Sobre transiciones, expertos, decretos, negociaciones y cuenta atrás de nucleares en 2018

Miguel Muñiz

Si 2017 fue el año en que se resolvió de manera favorable para las eléctricas toda la normativa relacionada con la energía nuclear; 2018 será el año en que múltiples conflictos acumulados en el sector energético quedarán formalmente encauzados, a la espera de ese 2019 en que la estrategia de la Unión Europea marcará la pauta indicativa del rumbo a seguir. Proceden unos apuntes que enmarcan toda la situación.

La Comisión de Expertos sobre Transición Energética y Cambio Climático (CETECC), nombrada el pasado septiembre, debe entregar su informe al gobierno PP este mes de febrero. Si su creación y composición estuvo rodeada de polémica, el desarrollo de sus trabajos ha sido, por decirlo suavemente, accidentado. En paralelo a las reuniones de la CETECC, consultoras, asociaciones empresariales, y fundaciones de diverso tipo han ido realizando encuentros, en algunos casos con participación directa de personas de la propia CETECC, y dando publicidad a sus visiones de como debía ser la “transición”, según los intereses de cada grupo convocante. Así, en estos cuatro meses, han proliferado informes, dossiers y documentos diversos, que no han esperado el dictamen de los expertos. Alguna publicación se ha hecho eco del malestar de una parte de la CETECC por el hecho de que aparezcan expertos que condicionen su trabajo de expertos. Una prueba más de la precariedad de la condición de experto en estos tiempos de hegemonía neoliberal [1].

Hay una disparidad entre discursos y presiones. Abundantes discursos sobre la urgencia e importancia de la transición energética y el peligro del cambio climático; soterradas presiones para que los intereses implicados no se vean afectados por esa transición. Competición entre empresarios a la hora de discursear sobre “descarbonización” y “sostenibilidad” (con claro predominio del locuaz señor Sánchez Galán) que corre en paralelo a otra competición: la de que “lo mío” sea lo menos afectado y en el momento más tardío. Para el 2050 falta un trecho, suficiente para que apechuguen otros.

Con la energía nuclear no hay problema: existe un robusto consenso de los expertos acerca de la bondad ambiental de las centrales atómicas, y el curriculum de la mayoría de los miembros de la CETECC ofrece pocas dudas [2]. Otra cosa es el negocio, tema que se tratará más adelante.

Vinculado a la CETECC, el segundo conflicto activo es el Decreto Ley (DL) sobre el cierre de centrales impulsado por el PP. Tras mostrar su coherencia con los dogmas del credo neocon, entregando a las eléctricas todo el poder de decisión en la producción eléctrica, el PP paga ahora el precio: descubre que las decisiones empresariales pueden pasarle factura política en dos campos: la producción con carbón, que afecta a centrales y cuencas mineras; y la subida del precio de la electricidad por cierre o venta de centrales que no supongan incremento de beneficios empresariales. Las dos cosas pueden pasarle factura electoral; jugosa paradoja: ante una pérdida del poder político los neoliberales se vuelven intervencionistas [3].

El esperpento llega a tal nivel que analizar todas las implicaciones daría para un libro. Para hacer frente a la contradicción, y recuperar parte del control de la generación eléctrica, el PP opta por un DL porque no tiene apoyo político para aprobar una Ley en el Congreso (¿por falta o por exceso de convicciones neoliberales en el PSOE y C’s? Enigma). Pero opta por un DL atípico, con muchas consultas previas que no sirven para generar consensos. Levanta las iras de empresarios y fanáticos neocon por su “ataque” a la “libertad de empresa”. Los empresarios y expertos alineados se reúnen entre ellos para sincronizar posturas sin contar con el gobierno [4]. El PP recibe el apoyo de sindicatos e instituciones de diversa filiación política afectadas por el final del carbón. Encaja críticas de la UE por partida doble, por su herejía contra el dogma, y por su voluntad de mantener la generación con carbón, lo que complica unos planes europeos de descarbonización más virtuales que reales. Y, finalmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechaza el proyecto de DL porque genera “inseguridad” en los inversores, y porque su contenido exigiría que se redactase una Ley [5]; la ley para la que el PP declara que no tiene apoyo político.

Pero no está en la naturaleza del PP la rendición, el dictamen de la CNMC no es vinculante, y la pugna continua [6].

Dejemos de lado las energías renovables, en que vacilaciones y “objetivos no vinculantes” de la UE no suponen mayor problema para el PP, fuera del famoso decreto de autogeneración en que no para de hacer el ridículo. Por lo demás, cubierto formalmente el trámite con las subastas, el vínculo entre las políticas de la UE y políticas del PP se mantiene sólido. Y la retórica sobre el 100% renovables para el 2050 continua sin problemas. Así llegamos al tema de esta línea de artículos.

Hacia el gran negocio del cierre nuclear

La pugna por el nivel de beneficios de las eléctricas propietarias de centrales atómicas también aparece tras el debate sobre el DL de cierre de centrales. Una pugna dentro del propio sector eléctrico, y de éste con el poder político.

Asegurado el marco estratégico que blinda la energía atómica ante el poder político una vez conseguidas las licencias de funcionamiento hasta los 60 años, la estrategia para mantener e incrementar el nivel de beneficios se divide en dos tácticas. De una parte, la de Iberdrola (apoyada por Gas Natural-Fenosa), partidaria de una garantía a priori, sea por rebaja de impuestos para mantener la necesaria rentabilidad o, caso de que el PP imponga el DL, por subvenciones como prestadoras de un servicio público. Este bloque, liderado por el discursivo señor Sánchez Galán, es consciente de la inestabilidad política y su táctica consiste en una presión directa sobre el PP para obtener garantías antes de llegar a un compromiso de continuidad de funcionamiento de los reactores.

La otra táctica es la de Enel-Endesa, partidaria de disfrutar la victoria obtenida, seguir la normativa, renovar licencias e ir negociando sobre la marcha la cuestión retributiva con el gobierno de turno. El peso de la energía atómica en el volumen de negocio de Enel-Endesa les hace ser prudentes; aunque coinciden con todo el sector eléctrico en la necesidad de retribución extraordinaria y en aprovechar la caracterización oficial de las nucleares como centrales libres de CO2, Enel-Endesa es fiel a sus vinculaciones y complicidades políticas, y confía más en la capacidad de negociación a largo plazo de todo el sector.

Todo en medio de un alegre cinismo compartido. Una muestra, el uso de la falacia de la energía atómica como paliativo del cambio climático: sirve al PP para justificar la necesidad del DL de cierre de centrales por razones ambientales, sirve a Iberdrola para exigir seguridades inmediatas, y sirve a Enel-Endesa para justificar su recurso a largo plazo.

Presentado como debate, el ruido informativo sobre las nucleares en la prensa económica y energética especializada es considerable, un ruido que ignora los conflictos de seguridad [7]. Es una prueba de no que todo está cerrado aún. La estrategia de ganar o ganar de las eléctricas tiene asegurado el gran negocio a largo plazo con la actual normativa, pero una parte quiere más, quiere consolidar el gran negocio a corto y medio plazo antes de cerrar acuerdos.

Las perspectivas de futuro vienen marcadas por un calendario cada vez más cerrado: entrega del informe de la CETECC al Congreso, debate, aprobación de la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático, y envío de dicha Estrategia a la UE en marzo de 2019. En este intervalo, negociaciones encubiertas o públicas.

Entre febrero de 2018 y marzo de 2019, aún existirá margen para luchar contra los complacientes planes de la industria y los grupos políticos favorables a la energía atómica desde el conjunto de la sociedad, pero no parece que el movimiento social y políticamente organizado esté por la labor. Toca insistir y toca esperar. Las luchas que nunca se ganan son las que no se dan.

 

Notas

[1] Sobre los condicionantes que rodearon la creación de la CETECC ver: http://www.mientrastanto.org/boletin-160/notas/julio-y-agosto-energeticos-y-nucleares

Sobre los diversos informes que han ido apareciendo y sobre el malestar de la CETECC, una muestra en: http://elperiodicodelaenergia.com/malestar-en-la-comision-de-expertos-ante-el-aluvion-de-informes-privados-de-transicion-energetica/

[2] Sobre el curriculum de las personas de la CETECC: http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/hemeroteca/hemeroteca2017julioljulio.html#ANEXOEXPERTS

[3] Algunas implicaciones de la paradoja fueron analizadas en el artículo: http://www.mientrastanto.org/boletin-160/notas/julio-y-agosto-energeticos-y-nucleares

[4] Expertos multiuso: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/22/companias/1516645088_939736.html y http://elperiodicodelaenergia.com/el-sector-energetico-se-reune-a-puerta-cerrada-y-sin-el-gobierno-para-debatir-sobre-la-transicion-energetica/

[5] Defensa del dogma: https://www.lainformacion.com/empresas/la-cnmc-cuestiona-el-decreto-de-cierre-de-centrales-de-nadal-por-crear-inseguridad/6340797

[6] El PP nunca se rinde: http://www.lavanguardia.com/vida/20180124/44261990220/economia--energia-afirma-que-falta-de-respaldo-politico-impidio-aprobar-el-cierre-de-centrales-con-rango-de-ley.html; http://www.lavanguardia.com/vida/20180125/44278127216/economia--energia-insiste-en-regular-la-clausura-de-centrales-ya-que-teme-que-pueda-haber-cierres-que-suban-la-luz.html y https://www.lainformacion.com/nadal-usa-un-apartado-de-la-ley-electrica-como-palanca-de-control-de-las-empresas/6340860

[7] Ruido informativo, ver: http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-siete-reactores-nucleares-aportaron-21-electricidad-espana-2017-operaron-8580-ano-20180108133057.html; https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-01-08/mas-de-una-quinta-parte-de-la-electricidad-en-espana-es-de-origen-nuclear_1408059/; https://www.csn.es/documents/10182/1256707/Resumen%20sucesos%20notificados%20enero%20-%20septiembre%202017; http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8878333/01/18/Deloitte-advierte-de-que-cerrar-prematuramente-las-centrales-nucleares-y-de-carbon-supondria-un-sobrecoste-de-6800-millones.html y, finalmente, https://www.lainformacion.com/empresas/las-electricas-sacan-la-actividad-nuclear-de-la-asociacion-patronal-unesa/6340622

 

[Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro de Tanquem Les Nuclears–100% RENOVABLES, del Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS, y del Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya. Mantiene la página de divulgación energética www.sirenovablesnuclearno.org]

29/1/2018

Ensayo

Antonio Antón

Otra España, otra Cataluña

Se ha iniciado el cambio hacia un nuevo ciclo político-institucional en Cataluña, con un fuerte impacto en España. Los factores principales han sido la imposición del Estado español con la aplicación del art. 155 de la Constitución, con el aval de PP, PSOE y Ciudadanos, los resultados de las elecciones del 21 de diciembre, con un empate representativo entre partidarios o no de la independencia, y la formación de un nuevo Govern con mayoría parlamentaria independentista aunque dependiente de la nueva realidad de poder y legitimidad social.

Cataluña: cambio de ciclo

Estas semanas estamos en una transición a la nueva etapa con un reajuste fáctico, institucional y de poder, simbólico y de legitimidad. Todavía la elección del president de la Generalitat, más o menos prolongada y conflictiva, es un momento transitorio y espectacular para cómo alumbrar la nueva etapa. La pugna jurídico-política sobre la investidura de Puigdemont (u otro candidato), con su escenificación mediática y su expresión simbólica y legitimadora, representa los últimos esfuerzos de cada parte por terminar de configurar el nuevo equilibrio de poder y legitimidad y las características de la relación de fuerzas y las estrategias de la nueva dinámica.

No hay una normalización completa, con el simple acatamiento de la legalidad vigente y el continuismo político e institucional del Estado, tal como desea el bloque partidario del art. 155, que quedó en minoría (43,5% frente al 55% en contra). En particular, el Estado autonómico actual aparece agotado. Ni tampoco, en el bloque independentista, hay una continuidad mecánica de la construcción de la República catalana (posición que también está en minoría, 47,5% frente al 52%); y salvo en el caso de la CUP, se inicia una adaptación o aplazamiento de su imposición unilateral inmediata buscando otras vías y ritmos.

El procés ha culminado una fase sin poder llegar a la implementación de la independencia. El bloque independentista mantiene una amplia legitimidad social y la mayoría parlamentaria en Cataluña pero se impone la evidencia de la insuficiencia de sus apoyos sociales y su capacidad de contrapoder (institucional, económico, de relaciones internacionales, popular…) para imponer un Estado independiente. Al mismo tiempo, las fuerzas unionistas han mostrado su poder estatal y se refuerzan, sobre todo, en el conjunto de España mediante el desarrollo de un nacionalismo españolista conservador, punitivo y centralizador.

Las élites dirigentes de ambos campos, con algunos reajustes internos (Ciudadanos frente al PP, Junts per Cataluña frente a ERC), representan los núcleos de poder neoliberal dominante y se retroalimentan mutuamente mediante el conflicto identitario de ambos nacionalismos. Ambos se enfrentan a la dinámica de cambio político de progreso, los procesos más amplios de democratización social y económica, así como a la dinámica de pertenencia comunitaria más abierta, democrática, mixta, plural e integradora tanto en Cataluña cuanto en España.

La confrontación identitaria y política entre ambos grupos dominantes busca su propia ventaja comparativa respecto del control y la gestión del poder institucional en su ámbito prioritario de influencia y en la configuración de su distribución en el conjunto del Estado. La competencia entre ambos núcleos de poder conlleva dos tendencias paralelas, complementarias y beneficiosas para ellos: 1) la hegemonía de la fracción de clase dominante en su respectivo espacio (justificado como objetivo de Estado o ‘nacional’, no de partido), así como el reajuste y el refuerzo de la representación política y su legitimidad pública en cada campo (en beneficio de Ciudadanos, con menor desgaste que el PP, y de Junts per Catalunya, utilizando el legitimismo de Puigdemont); 2) la subordinación de las fuerzas de cambio de cada ámbito en perjuicio de los intereses de las capas populares, junto con el bloqueo hacia una salida de progreso e inclusiva.

Esa dinámica de avivar el conflicto nacional y someter las demandas democráticas y socioeconómicas de progreso es funcional para los núcleos dirigentes de las derechas de ambos campos y el establishment (catalán, español y europeo). Por tanto, los intereses principales y las estrategias dominantes derivadas del actual equilibrio de poder y legitimidad permiten aventurar la prolongación del conflicto territorial, con nuevas formas. Quizá, con menos intensidad conflictiva en la pugna por la reestructuración de poder, o sea con una relativa tregua respecto de las medidas más duras de cada parte: ruptura institucional unilateral o disolución autoritaria de la autonomía. Es decir, por un lado, sin construcción interpuesta de estructuras de Estado propio y con gestión autonómica ordinaria; y por otro lado, sin una regresión dura y centralizadora. Aunque, sí con un forcejeo político de fondo, continuados emplazamientos mutuos y una fuerte pugna simbólica y discursiva.

Por tanto, vamos hacia una nueva etapa, por un lado, con otro proceso de acumulación de fuerzas del bloque independentista más lenta y cautelosa y, por otro lado, un proceso de continuismo y contención estatal. De momento, con subordinación de la dirección socialista, es decir, sin reforma constitucional sustantiva o apertura a una opción dialogada e intermedia donde quepan las fuerzas alternativas. Esta polarización hegemonizada por las derechas respectivas favorece el bloqueo de los cambios políticos y constitucionales necesarios, profundiza la brecha identitaria y la fractura socioeconómica y neutraliza la conveniente dinámica democrática e integradora en la cuestión (pluri)nacional y la transformadora e igualitaria en la cuestión social.

En resumen, el riesgo es un bloqueo duradero y a medio plazo de las fracturas sociales y nacionales de fondo, con intentos de desequilibrio hacia ambos lados nacionalistas, pero sin una salida extrema clara, bien de involución autoritaria en España, bien de escalada inmediata del conflicto secesionista. Aunque en ambos casos con riesgos de degradación de la democracia, pudrimiento de la convivencia en Cataluña y sin un horizonte de progreso social y económico y de integración solidaria y convivencia cívica. No es el futuro deseable y sería un fracaso histórico de ambas élites dominantes que podría arrastrar a mayores brechas sociales y autoritarismos.

En consecuencia, evitar esa involución social y ese conflicto identitario supone un nuevo reto para las fuerzas de cambio y progreso de ambos espacios: un proyecto de país de países, democrático y solidario y, al mismo tiempo, una agenda social transformadora de las graves condiciones materiales de las mayorías populares. Los dos aspectos van de la mano, son irresolubles por separado y son fundamento de la democracia: la justicia social y la convivencia intercultural y nacional solidaria.

La apuesta debe ser por un patriotismo cívico, con un proyecto de una España plural y solidaria, con valores democrático-igualitarios y laicos. Y con una adaptación institucional a las nuevas dinámicas locales y mundiales, una importante capacidad regulatoria del Estado, especialmente en las relaciones económicas y fiscales, pero con la recomposición de la gobernanza y las cosoberanías institucionales, hacia arriba (Unión Europea) y hacia abajo (naciones, municipios…). Por tanto, un modelo social y (pluri)nacional de España y su diversidad constitutiva, diferenciado y superador de la configuración uninacional y conservadora dominante en nuestra historia y basado en la mejor tradición progresista, federativa y democrático-igualitaria.

Una tercera posición ante la polarización identitaria

La ciudadanía catalana, el pasado 21 de diciembre en la elección del Parlament, se ha polarizado en torno a la cuestión más candente: la independencia o no del Estado español, de forma inmediata y unilateral (República catalana). La campaña electoral se ha desarrollado dentro de una dinámica de confrontación tras el aval o refuerzo de dos objetivos básicos de las principales fuerzas contendientes: por un lado, continuar el ‘proceso’ independentista, partiendo de su incapacidad fáctica derivada por la insuficiente legitimidad social y el limitado poder (institucional, económico, internacional y popular) para su implementación y junto con el evidente fracaso de la simple Declaración Unilateral de Independencia-DUI; por otro lado, la aplicación por el Gobierno de Rajoy, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, del art. 155 de la Constitución con el cese del Govern y la imposición de la legalidad uninacional, con la expectativa de las derechas españolas de un reequilibrio en la representación institucional y el refuerzo de su hegemonía política en España.

Respecto a la articulación política en un Estado propio o el continuismo autonómico (aun con el amago de una imprecisa reforma constitucional) se ha consolidado la división en Cataluña, prácticamente, por la mitad: 47,5% independentista frente al 43,5%, unionista. Los resultados reafirman la conformación de dos bloques dominantes, que cabría denominar conglomerados dada su diversidad interna.

Pero ese relativo empate tiene algunos matices significativos y está condicionado por diversos factores, cuya explicación es necesaria para evaluar las tendencias sociopolíticas y electorales de fondo y las perspectivas de bloqueo o superación de esa relación de fuerzas.

En primer lugar, hay que destacar una tercera tendencia, más débil en estas elecciones autonómicas en que se quedó en el 7,5%, aunque más amplia en lo sociopolítico y cultural y, en particular, en las municipales y generales de 2015 en las que llegó a cerca del 25%, con más de 900.000 votos. Es un campo intermedio, integrador, federativo y crítico con ambos polos identitarios, representado por los Comunes (y en algunos aspectos por el PSC). Tiene su base social y está arraigado en el tradicional catalanismo progresista de las izquierdas, solidario con la transformación social y política de España (y Europa), reforzado y renovado por la protesta social y democrática de estos últimos años frente a la gestión antisocial y antidemocrática de las élites poderosas (españolas, catalanas y europeas). Y pone el acento también en otro plano fundamental para las capas populares (clases trabajadoras y clases medias estancadas o descendentes): la agenda social para hacer frente a las graves consecuencias de la crisis socioeconómica y las políticas de austeridad.

A mi modo de ver, su doble posición en lo nacional y lo social es globalmente acertada pero insuficiente para contrarrestar la atracción de los dos grandes polos de poder y su dinámica de polarización identitaria. Su propuesta de superación de los dos bloques nacional-identitarios a través de una opción de pertenencia más inclusiva con un avance cívico e integrador es la más sensata para la gran mayoría ciudadana (en torno al 70%) que comparte rasgos identitarios o de pertenencia mixtos catalán-español o español-catalán. Conlleva valores democráticos y solidarios fundamentales: respeto y convivencia respecto de la diversidad cultural plurinacional interna y en relación con España, desarrollo del autogobierno y un procedimiento negociador y pactado, no para profundizar la división sino para encauzarla y resolverla democráticamente mediante un referéndum pactado. Los tres criterios están refrendados por una amplia mayoría social de más de dos tercios de la población catalana pero no han cristalizado como factores determinantes en una opción electoral.

Los límites de ese discurso tienen que ver con la sobrevaloración de la solución procedimental (referéndum) de un conflicto entre otras dos partes ajenas (independentista y ‘este’ unionismo) que pretenden imponer su punto de vista. Igualmente, con el escaso desarrollo sustantivo de una tercera posición propia en los dos ámbitos, catalán y, especialmente, español, del debate nacional y social: la alternativa para otra Cataluña y el proyecto de país plural y social para otra España en el que encajar ambas.

Pero el mayor problema no es programático o que, tal como han dicho algunos críticos, su discurso haya sido ambiguo o equidistante. Su orientación general de combinar un proyecto integrador, solidario y democrático en lo nacional con un plan progresivo de cambio socioeconómico es la más adecuada para la disputa por la hegemonía político-institucional y cultural de ambas derechas —catalana y española— e imprescindible para el futuro de progreso solidario en Cataluña y España.

Insuficiente credibilidad fáctica

En segundo lugar, la dificultad más grave de la tercera posición era su insuficiente credibilidad fáctica o, si se quiere, su incapacidad comparativa de poder e instrumentación gubernativa para garantizar su implementación. Para llevar a cabo ese proyecto diferenciado, no estaban claros los instrumentos político-institucionales y democráticos (y menos los apoyos económicos e internacionales). Es decir, la consistencia y amplitud de las fuerzas sociopolíticas alternativas y sus alianzas para conseguir mayorías electorales, la dificultad de conformar ambos gobiernos de progreso y solidarios e implementar los cambios constitucionales y políticos necesarios; o sea, la capacidad para derrotar a las derechas y caminar hacia un cambio de ciclo progresista, teniendo en cuenta el giro del aparato del Partido Socialista hacia su pacto con PP-Ciudadanos y su cierre a una alternativa de cambio de progreso.

En los otros dos bloques hay fuerzas económicas e institucionales poderosas; también una gran legitimidad social, incluido una parte de las clases trabajadoras. Solo se puede contraponer con una consistente y democrática fuerza político-social, todavía enraizada en gran parte de la juventud precarizada e indignada. Partía de una amplia simpatía popular por sus objetivos básicos, sociales y democráticos, e incluso por su talante mediador e inclusivo. Pero en su traducción electoral influyen las mediaciones político-institucionales, es decir, también pesa la operatividad de la prioridad inmediata en que se ha dividido la mayoría: reforzar la independencia o frenar la independencia.

Por tanto, existe la tercera posición: más autogobierno y más democracia en una España más justa y plural. Y, es el aspecto a destacar, la relevancia de la autonomía y la diferenciación del proyecto propio, aunque se compartan aspectos concretos de cada uno de los otros dos bloques y se reciban por ello las críticas del contrario. La delimitación principal no es dictadura (española) frente a democracia (catalana). El tablero no es binario, sino más complejo, con dos conflictos (democrático-social y democrático-identitario) y tres posiciones en cada polarización, diferentes en su articulación: un circo de dos pistas entrecruzadas con tres actores principales en cada una de ellas. Por ejemplo, estar contra la aplicación del art. 155 y las medidas autoritarias coincide con la posición del bloque independentista, y estar contra la independencia unilateral (DUI) coincide con la del bloque unionista. Priorizar la agenda social se enfrenta a su instrumentalización nacionalista o, directamente, al bloque causante de los poderosos que pugna por su marginación. Ello hace más difícil el discurso y la alternativa política, pero más realista, justa y potencialmente arraigada.

La cuestión es que esa propuesta superadora de ambos bloques, no se ha constituido como alternativa realista e inmediata y ese espacio identitario intermedio ha sufrido fugas hacia un campo u otro presionado por la dinámica de utilidad de la garantía principal: avanzar o frenar la independencia. Y ello no solo como respuesta a la problemática nacional, sino también, y así ha sido divulgado por los principales contendientes, como garantía para la mejora económica y la reforma social de las capas populares, cuestión en disputa por todos.

Combinar democracia social con patriotismo cívico

En tercer lugar, ambos discursos nacionalistas también prometían resolver la cuestión social. La vinculación a esta España o la República catalana, además de reportar mayor certidumbre identitaria y seguridad en los vínculos sociales respectivos, se presentaba como la mejor garantía de estabilidad y crecimiento económico y capacidad distributiva. Incluso Ciudadanos, escondiendo su plan neoliberal, llegaba a emplazar a los Comunes con admitir (parte) de su programa de reformas sociales a cambio del apoyo a la investidura de Arrimadas. Y las élites independentistas, a pesar de su responsabilidad en la consolidación de los recortes sociales, la precarización y las políticas neoliberales, aseguraban que sin el supuesto lastre de España y con un Estado independiente, las condiciones materiales de la población de Catalunya estarían entre las más avanzadas de Europa. Espejismo que se traducirá en frustración.

La cuestión no es que lo social estuviese ausente de la motivación y preocupación de la gente (estratificada por clases sociales) sino que en los discursos de los últimos años, tras el susto de la movilización social frente a la crisis socioeconómica y los recortes sociales, se subordinaba a la racionalidad económica dictada por la UE (y los mercados) y, cuando ha ido fallando, a la lógica de ambos nacionalismos y su polarización; primero las élites gobernantes catalanas, desde la Diada de 2012, y luego el PP y Ciudadanos, en respuesta al procés iniciado tras las elecciones autonómicas de 2015.

La cultura de izquierdas y el profundo proceso de protesta social, particularmente masivo en Cataluña, ha fortalecido una cultura de justicia social pero sin una maduración político-electoral consistente para sortear las mediaciones de la última movilización y polarización nacionalista. Por tanto, la agenda social clara no ha sido capaz de tener suficiente credibilidad fáctica para su implementación frente a los poderosos de ambos campos (y de la UE). Y, especialmente, para interrelacionarla con una posición de identidad nacional propia e integradora.

La seguridad institucional de cada campo (Estado español o República catalana) atraía el voto útil en unas elecciones donde la cuestión central no era cambiar España (Gobierno y Congreso) o la gestión municipal (por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona), sino precisamente, el Govern de la Generalitat y sus vínculos con el Estado español… como construcción de país y también como mediación para la mejora socioeconómica (del país).

Por tanto, el hándicap para una estrategia nacional-integradora y social-progresista es que el proceso de confrontación nacional de los dos polos dominantes subordina lo social, favorece la hegemonía de ambas derechas y el continuismo neoliberal y regresivo y perjudica la agenda social real y la convivencia interidentitaria. O sea, para activar y dar credibilidad a una opción democrática y popular es necesario combinar el giro social en confrontación con los poderosos con la tercera opción en la pertenencia nacional: superación de la brecha identitaria, profundización del autogobierno y resolución democrática y pactada del conflicto nacional, irresoluble por la imposición autoritaria o la unilateralidad. Y con mayor apoyo cívico y democrático, contrapesar los déficits de poder económico e institucional respecto de los otros dos bloques de poder.

No se trata de abandonar el espacio con una posición propia en el tema territorial, aunque hoy se esté a la defensiva en los dos ámbitos, España y Cataluña. Se trata, frente a los nacionalismos excluyentes e insolidarios, de combinar la democracia social y económica con un patriotismo cívico, plural y solidario, basado en la experiencia y los vínculos sociales compartidos e interrelacionado con distintos niveles y combinaciones de pertenencia e identidades colectivas.

Un proyecto de país (de países), como España, debe dar respuesta clara y democrática a dos cuestiones candentes: la social y la territorial. Dicho de otra forma, un cambio democrático y de progreso en España sería mucho más difícil sin las fuerzas progresistas de Cataluña; y difícilmente se va a construir una Cataluña progresista y más autónoma sin el desalojo institucional de las derechas españolas y la hegemonía política de las fuerzas progresistas (y su avance en Europa). La España y la Cataluña neoliberales y homogéneas en su composición nacional no se corresponden a la realidad y las necesidades de las mayorías sociales. Están agotadas y su retroalimentación mutua con el pulso identitario y su desprecio por la desigualdad social profundizan las fracturas sociales y la cohesión cívica. Necesitan recambio, un nuevo patriotismo cívico democrático-igualitario y solidario, y ese es el desafío del cambio social y político.

En consecuencia, la plasmación gubernamental de un gobierno tripartito progresista o de izquierdas, entre En Común Podem (7,5%), PSC (13,9%) y ERC (21,4%) —incluso añadiendo la CUP (4,5%)— no estaba madura, política y numéricamente. No obstante, haciendo ahora abstracción de sus ambivalencias, esas fuerzas nominalmente de izquierdas han conseguido una representatividad importante: 47,2% (bajando algo desde el 50,1% de las primeras elecciones autonómicas en el año 1980 y modificando su composición) frente al 51,2% de las derechas. Ello no supone que no sea la principal alternativa institucional para abordar mejor el doble conflicto, social y nacional, o que la dinámica de movilización popular y los resultados en las próximas elecciones municipales y generales no modifiquen la relación de fuerzas, cuestionando los actuales equilibrios y se pueda avanzar hacia ese cambio de hegemonía.

En todo caso, hace falta concretar sus difíciles condiciones para superarlas con un nuevo compromiso trasversal en lo nacional y firme en lo social. Pero superando la experiencia del Tripartito, en otro contexto, con un proyecto de reforma político-territorial, democrática y social con un Gobierno de progreso en España y otro en Cataluña. Para ello es imprescindible un mayor peso de Catalunya en Comú Podem, al menos similar a los otros dos partidos, así como la ruptura del PSC (y PSOE) de sus compromisos con las derechas españolas y la desvinculación de ERC de su dependencia de Junts per Catalunya y el exclusivismo nacionalista. Mucho camino por andar.

No obstante, existe una dificultad adicional. En España, el giro de la dirección socialista hacia su pacto con las derechas y el aislamiento de las fuerzas del cambio —Unidos Podemos y sus aliados de confluencias y candidaturas municipalistas— neutraliza las expectativas unitarias y restringe las opciones de un cambio institucional de progreso. Aunque haya un reequilibrio en la representación política de las derechas españolas (Ciudadanos en perjuicio del PP), con la subordinación de la dirección del PSOE, el plan de los poderes fácticos pretende un cierre normalizador centralizador y continuista de la gestión socioeconómica liberal y regresiva, así como imponer una legalidad constitucional restrictiva y el continuismo institucional con insuficientes medidas regeneradoras.

La dirección socialista adquiere una grave responsabilidad: tapar en falso la crisis social y la crisis territorial, hacer más prolongado y difícil el cambio institucional y distanciarse de la parte más dinámica de la sociedad, la juventud precarizada y las capas populares urbanas. Así, asumiría un costo histórico (adicional a la crisis de la socialdemocracia por su ambivalencia) por asociarse o mirar para otro lado respecto de una respuesta fallida a la crisis social, democrático-institucional y de valores de las viejas élites gobernantes (española y catalana, con dos de los partidos más corruptos de Europa –PP y la antigua Convergencia), así como del ascendente (neoliberal y centralizador) Ciudadanos.

Cambio de hegemonía con un proyecto propio

En cuarto lugar, la superación de la brecha identitaria en Cataluña entre dos espacios políticos y sociales de dimensión similar, así como de la confrontación con y del Estado español solo es posible con el cambio de hegemonía política e institucional en ambos ámbitos. Se trata de desalojar a las derechas respectivas del poder gubernamental, con una alternativa democrática e integradora en lo (pluri)nacional y un plan progresivo en lo social. Dicho de otra forma, es necesaria otra España y otra Cataluña para que en el interior de ambas y entre ellas se entiendan las mayorías sociales tras un proyecto de país (de países) más justo, inclusivo y democrático. La unidad con la actual España liberal-conservadora y reaccionaria es difícilmente aceptable para la mitad de catalanes; su imposición autoritaria tampoco es aceptable para muchos españoles partidarios de una solución democrática y pactada. El cambio político en España es una imperiosa necesidad; pero sin las fuerzas progresistas de Cataluña sería más difícil. Y al revés.

El proceso independentista se ha construido sobre dos premisas falsas. Por un lado, su suficiencia democrática para ser hegemónico en Cataluña y su capacidad de poder para vencer al Estado español, que irían inexorablemente en aumento. Por otro lado, la promesa de que una República catalana, sin el supuesto lastre de España, resolvería mejor los déficits socioeconómicos de su población. Eso sí, con una calculada ambigüedad de su modelo social que apenas esconde la continuidad y el refuerzo de las políticas neoliberales que consolidan la desigualdad social, la precariedad laboral y las políticas públicas regresivas de sus actuales élites neoliberales. Además, sin cuestionar el marco del consenso liberal-conservador y restrictivo europeo y con la subordinación del supuesto talante socialdemócrata de ERC y anticapitalista de la CUP.

El primer aspecto ha quedado en evidencia ante el actual baño de realidad: el bloque nacionalista-independentista no llega a la mitad de legitimidad ciudadana (47,5%), con un ligero descenso desde 2012 (49,15%, incluida Solidaritat Catalana per la Independència) y 2015 (47,74%). La expectativa de algunos de sus líderes de llegar a una mayoría más clara, en torno al 60%, que les reportara una holgada garantía democrática no se ha cumplido aunque no dejan de revalorizarla y embellecerla, haciendo solo hincapié en la precaria mayoría parlamentaria. Su horizonte sigue siendo ése, pero es difícil su realización, dada la estructura sociopolítica, cultural y demográfica de Cataluña, aunque a su favor estarían los posibles errores estratégicos, autoritarios y regresivos, del Estado español. Su pronóstico sólo es posible ante un cambio de ese campo mixto catalanista-español que representan los Comunes (y parte del PSC e incluso algunos votantes de Ciudadanos), aunque también necesitan de dilución de su agenda social. Es la dinámica de absorción o subordinación hacia el plan independentista conseguida en una parte del PSC y de Podem, difícil de ampliar. La obsesión independentista por ello genera una presión prepotente sobre este tercer espacio que roza lo punitivo.

Pero lo que se ha demostrado (sin demasiado reconocimiento público de sus dirigentes) es que desde el punto de vista fáctico o, lo que es lo mismo, de la capacidad operativa de las estructuras de poder propias o su conversión desde las instituciones actuales catalanas como los mossos y la estructura jurídico-administrativa, no han sido capaces de construir un contrapoder institucional o popular capaz de imponer la República catalana. Ello por mucho que haya algunos líderes que todavía mantengan la ficción de su existencia y la validez jurídica y política de su pasada declaración unilateral de independencia en el Parlament.

En ese sentido, la fuerza político-institucional del Estado se ha impuesto, aunque siga vigente el conflicto de poder y el empate de legitimidad que se expresan actualmente en la conformación del Govern de la Generalitat y su president. Así, aunque en el bloque independentista (en ERC y sectores del PdCat) haya cierto acatamiento a la legalidad vigente y realismo en la percepción de su debilidad fáctica y democrática es difícil la vuelta a la normalidad institucional. Permanece el conflicto de fondo y en su interior.

Se puede configurar un Govern independentista que siga gestionando la Generalitat con su doble lógica: acumular fuerzas —legitimadoras y fácticas— en otra fase transitoria y de forcejeo negociador ventajoso y preparatorio hacia la independencia; consolidar la hegemonía institucional y de gestión de las políticas públicas, culturales y económicas de las actuales élites de orientación neoliberal con subordinación de la agenda social beneficiosa para las capas populares.

Ello significa que la nueva estrategia independentista, aun sin renunciar a la independencia debe articular un nuevo reajuste de los planes, instrumentos y ritmos. Es lo que se está ventilando en la actual conformación y legitimidad del Govern y los equilibrios entre ERC y Junts per Cataluña y el papel incierto de Puigdemont.

Por terminar con una metáfora futbolística. Ante un choque Barça / Real Madrid (o Espanyol) no se trata de ser neutral o ser el árbitro regulador. Independientemente de la afinidad respectiva se trata de construir otro equipo y participar en otro partido (otra liga), el de la selección española popular y diversa (en la que se incluye lo mejor de ambos y otros equipos) frente al equipo (liberal-conservador) de los poderosos (europeo, español y catalán) dirigido por el bloque de poder comandado por Merkel (junto con Macron y Schulz, y Rajoy, Rivera y Puigdemont) y presionado por los populismos xenófobos y autoritarios de la derecha extrema europea. Ése es el tablero y los polos principales del conflicto.

En definitiva, es necesario un plan sustantivo superador del conflicto identitario y la subordinación del cambio de progreso, con una respuesta democrático popular, (pluri)nacional-integradora y social-transformadora. Un proyecto igualitario, pluralista y solidario de modernización socioeconómica, democratización político-institucional y renovación ética y cultural. El horizonte debe ser el cambio de hegemonía política en España, en las elecciones generales de 2020, con el desalojo de las derechas, el distanciamiento de la dirección socialista respecto de su pacto de gobernabilidad con ellas y el fortalecimiento de la dinámica del cambio social y político progresista. Ello permitirá transformar las dinámicas sociopolíticas y el contenido sustantivo de la actual pugna institucional: el tablero, los polos y los motivos de referencia. Posibilitará la superación del bloqueo derivado de la polarización de las dos élites dominantes en el conflicto identitario con intereses hegemonistas complementarios frente a una alternativa democrática y de progreso diferenciada de las derechas neoliberales de ambos campos.

Por tanto, es imprescindible el fortalecimiento de una tercera posición integradora en la conformación territorial: otra Cataluña inclusiva en una España nueva y diversa. Y, al mismo tiempo, fortalecer un polo popular con una agenda social frente a las políticas regresivas y el modelo predominante de precariedad laboral y desigualdad social. La combinación de ambos objetivos nacionales-solidarios y democráticos-igualitarios pasa por la capacidad de articulación de En Comú Podem y la difícil y necesaria colaboración del PSC y ERC. Ello supone aspirar a un cambio del sistema de alianzas y las prioridades políticas frente a las derechas, más acordes con lo que la gente de Cataluña y España necesita.

 

[Antonio Antón es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es también autor de El populismo a debate (Ed. Rebelión). @antonioantonUAM]

29/1/2018

De otras fuentes

Alberto Garzón

Por qué las clases populares no votan a la izquierda y qué hacer para conseguirlo

El resultado de las elecciones catalanas ha reabierto un debate clásico en la izquierda política: la cuestión de la afinidad política e ideológica de las clases populares. El hecho de que en los barrios obreros catalanes haya sido primera fuerza Ciudadanos ha hecho disparar de nuevo todas las alarmas. Pero no es la primera vez que sucede. En estas mismas páginas, y también en sus libros, Esteban Hernández han ido destacando partes de este proceso desde hace años. La pregunta que tanto él como otros nos hacemos es la siguiente: ¿cómo es posible que los estratos sociales más bajos, las clases populares e incluso la clase obrera tradicional, esté optando por políticas de derechas como solución a sus problemas?

Lo primero que cabe advertir es que este no es un fenómeno que se circunscriba sólo a nuestro país. En el año 2016 el politólogo Luis Ramiro publicó un estudio sobre la izquierda radical europea en el que se ponía de relieve que no existe una relación directa entre pertenecer a un estrato social desfavorecido y votar a un partido radical de izquierdas. O, dicho claramente, que los partidos de la izquierda radical europea dicen representar a las clases populares pero éstas no se sienten representadas. Este estudio, y muchos otros, han demostrado que el votante medio de la izquierda radical europea no tiene nada que ver con el perfil del votante típico de los partidos de extrema derecha que están ganando peso en Europa y Estados Unidos. Como hemos explorado en otro lugar, el perfil de ese votante es el de una persona desempleada, poco cualificada, muy expuesta a la competencia económica internacional y con sentimientos nacionalistas que se realzan como una forma de protección ante esa situación general de vulnerabilidad. El problema general, por lo tanto, es que la izquierda no está siendo capaz de atraer a las personas más afectadas por la crisis y por la globalización neoliberal, y ese lugar lo están ocupando los partidos de derechas cuyos proyectos, además, tienen en muchos casos un espíritu reaccionario, racista y antidemócrata.

La tesis que defiendo aquí es que el problema no está en cómo representar a las clases populares sino en cómo ser parte de esas clases populares. Durante décadas la izquierda política europea se ha ido desconectando de los estratos sociales más bajos con discursos cada vez menos vinculados a sus problemas cotidianos al tiempo que ha abandonado la construcción de redes sociales en barrios, vecindarios y centros de trabajo. En lugar de eso la izquierda ha concentrado su actividad en la participación en diferentes ciclos electorales y ha basado su crecimiento electoral en los sectores ideologizados de las autoconsideradas clases medias. Mientras eso sucedía, la globalización ha ido transformando las relaciones económicas y de clase en los países desarrollados, empobreciendo a las clases populares y haciendo descender de escalones a parte de la clase media. Este proceso está lejos de acabar. Transitamos hacia una sociedad polarizada, de enormes desigualdades y en la que la izquierda sólo tendrá oportunidad de ganar la batalla a la derecha si es capaz de volver a penetrar en los barrios populares a través de prácticas que conecten con sus problemas cotidianos y materiales. Nuestro mundo se asemeja cada vez más al del siglo XIX que al de la llamada época dorada del capitalismo.

Cómo hemos llegado hasta aquí

Cuando Marx y Engels escribieron sobre la clase obrera en el siglo XIX, ésta sobrevivía en unas condiciones verdaderamente miserables. Además, ambos fueron testigos de cómo los beneficios del crecimiento económico recaían exclusivamente en unas pocas manos, la de los propietarios de las grandes industrias y de los bancos. Y en su estudio del capitalismo llegaron a la conclusión de que esa situación se mantendría o se radicalizaría hasta la revolución. Es más, pensaban que la proletarización de la mayor parte de la población sería inevitable: tenderos, artistas, profesionales y otros trabajadores no industriales acabarían convirtiéndose en proletarios pobres como consecuencia del propio funcionamiento del sistema. Quedaría un puñado de capitalistas y una gran masa, que sería mayoría, de empobrecidos trabajadores asalariados.

Sin embargo, las predicciones de Marx y Engels sobre la polarización parecieron desvanecerse a finales del siglo XIX y, sobre todo, tras la II Guerra Mundial. Gracias a las luchas obreras los trabajadores occidentales consiguieron hacerse copartícipes de los beneficios del crecimiento económico. Incluso aunque ese crecimiento derivara del saqueo y expolio de otros pueblos del mundo mediante la colonización. Ya a comienzos del siglo XX surgieron las tesis de la aristocracia obrera de Lenin y del imperialismo de los autores marxistas que trataban de explicar por qué la clase obrera se estaba “aburguesando” a costa del sudor de los trabajadores de los países colonizados. Pero empezaba también a nacer la llamada clase media, trabajadores que ya no vivían en condiciones de subsistencia sino que aspiraban a ser propietarios de viviendas y de automóviles y que disfrutaban de los servicios públicos arrancados a las clases dominantes a través de las huelgas y la lucha política. El compromiso keynesiano de posguerra consistió en institucionalizar el conflicto capital-trabajo y en repartir los beneficios del crecimiento de la productividad. Pero ahí estaba la paradoja: la victoria de la clase obrera occidental en la conquista de sus derechos supuso también el cambio de agenda de sus organizaciones políticas. 

El problema, como señaló Adam Przeworski en su magnífico libro Capitalism and social democracy, es que emergió un dilema político-electoral. Lo que sucedió realmente es que creció la heterogeneidad entre los asalariados, de modo que ahora cabía dirigirse exclusivamente a la clase trabajadora tradicional, que era una minoría, o tratar de incorporar nuevos sectores sociales que no necesariamente tenían los mismos intereses. La primera opción te condenaba a perder las elecciones, y la segunda a desnaturalizarte. La solución natural de la mayoría de los partidos europeos fue la de mantener cierta retórica obrerista al tiempo que se adaptaba el discurso para llegar más allá de la clase trabajadora tradicional. De ese modo, la gran atención de la izquierda política se fue desplazando progresivamente hacia los sectores que más crecían y que además suponían el grueso de los votantes en los sistemas electorales: la llamada clase media. De forma correspondiente, los discursos fueron cambiando y la atención a las condiciones materiales de vida (salarios, pobreza, etc.) fue perdiendo peso en beneficio de las condiciones inmateriales de vida (calidad de la democracia, cuestiones de igualdad horizontal, etc.). No sorprendentemente también el propio marxismo hizo en los años cincuenta y sesenta un giro cultural similar, dejando a un lado la Economía Política –y la temática de la explotación- y priorizando las cuestiones culturales y psicológicas –y la temática de la alienación y la identidad-, como bien recuerda Perry Anderson en Consideraciones sobre el marxismo occidental. Nunca dejaron de existir los trabajadores manuales no cualificados, la categoría más próxima a la clase obrera sobre la que teorizó Marx y que aún hoy representa el 25% de la fuerza laboral en España, pero fueron dejándose de lado.

Qué está sucediendo en las clases populares

Paradójicamente, desde los años ochenta nuestro mundo se va pareciendo cada vez más más al de Marx y al del siglo XIX. La globalización neoliberal ha significado la liberalización del comercio mundial, las deslocalizaciones de las grandes empresas productivas, la privatización de las empresas públicas, la reducción de los sistemas fiscales progresivos y, en suma, el progresivo desmantelamiento del Estado Social. Con dos consecuencias esenciales, una de carácter nacional y otra de carácter internacional.

La primera es que la desigualdad dentro de cada país se ha disparado de nuevo, especialmente si comparamos el enriquecimiento del 1 por ciento más rico de cada país con el resto de la población. Como demostró Thomas Piketty en Capital in the twenty-first century, justo antes de la crisis el porcentaje sobre el total de riqueza del 1 por ciento más rico de Estados Unidos alcanzó los niveles de 1929. Esa concentración de la riqueza había disminuido radicalmente desde la II Guerra Mundial como consecuencia de los mecanismos redistributivos del Estado, pero empezó a crecer de nuevo a partir de los años ochenta. Hay que recordar que en la década de los años cincuenta el tipo impositivo marginal máximo –el tipo más elevado que se paga, lógicamente los ricos- era de hasta el 90% en Reino Unido o Estados Unidos, mientras que actualmente ronda el 40% en esos países. De ahí que David Harvey y otros autores hayan definido al neoliberalismo como la revuelta de las élites frente a los mecanismos redistributivos del Estado Social. O, dicho de otra forma, los ricos se cansaron de pagar los servicios públicos a los pobres y ya no tenían miedo a la revolución, así que organizaron una verdadera contra-revolución para acabar con las conquistas de la clase trabajadora.

La segunda es que la globalización está generando ganadores y perdedores también a nivel mundial, como demuestran los datos del libro Global inequality de Branko Milanovic. Los ingresos reales de las clases populares de Europa y Estados Unidos se han estancado o han caído en las últimas décadas mientras han subido los ingresos reales de las clases medias urbanas de los países asiáticos y sobre todo de los superricos de todos los países del mundo. Dicho de otra forma, la globalización ha aumentado la desigualdad dentro de cada país, entre los poseedores de capital financiero y los trabajadores manuales, por ejemplo, pero también ha provocado que a nivel mundial el salario de un trabajador asiático se vaya pareciendo cada vez más al de un trabajador europeo medio. Esta es, exactamente, una predicción típicamente marxista: el desarrollo del capitalismo a nivel mundial igualaría las condiciones de vida de los trabajadores mientras haría aún más ricos a los propietarios de capital de todo el mundo. Un mundo dividido en clases y no en naciones.

Ambas consecuencias están interrelacionadas. Por ejemplo, no es que la clase obrera industrial haya desaparecido, sino que se ha deslocalizado desde Europa hacia Asia. La incorporación de China e India al mercado mundial es la incorporación de más de 1.100 millones de personas para competir con otras a lo largo de todo el mundo. Esa nueva realidad opera como presión a la baja de los salarios en las diferentes secciones productivas europeas en las que se están especializando los países asiáticos. Por ejemplo, aquellos sectores expuestos a la competencia internacional, por lo general los de menor valor añadido, tienden a tener salarios más bajos. Y España, que está tecnológicamente atrasada, sufre especialmente ese drama. De igual manera, la globalización permite una mayor división del trabajo dentro de cada empresa, con procesos de deslocalización parcial y subcontrataciones, lo que lleva a que algunas empresas ofrezcan salarios muy altos y otras salarios muy bajos. Todo ello aumenta aún más la desigualdad de ingresos entre las clases populares, especialmente las no cualificadas, y las clases altas.

La consecuencia más obvia de estas transformaciones es que las estructuras de clase de los países occidentales, incluyendo España, están polarizándose. La globalización neoliberal está produciendo una nueva división entre ganadores y perdedores a nivel mundial y nacional que está quebrando al estrato intermedio de la sociedad occidental, las llamadas clases medias. Hay quien ha hablado, entre ellos Esteban Hernández, de «el fin de la clase media». Pero más bien lo que está ocurriendo es que la clase media se está polarizando, con sus estratos sociales más altos manteniendo su posición y con los estratos sociales más bajos empeorando la suya. Los análisis del politólogo Pau Marí-Klose para España revelan que durante la crisis en nuestro país la distancia entre la clase media-alta y la clase media-baja ha aumentado.

Y por lo general los estudios económicos demuestran que el elemento clave es la cualificación formal y la estructura productiva. A mayor cualificación, más posibilidades de caer en el club de ganadores, pues se accede a puestos de trabajo más protegidos de la competencia internacional y que reparten más valor añadido. El problema es que la estructura productiva opera como limitante, como sucede con el caso español. Puedes tener a mucha gente muy cualificada pero que no es absorbida por la ausencia de tejido industrial de alto valor añadido, lo que lleva a la sobrecualificación.

Llama la atención, por ejemplo, que otro estudio de Raúl Gómez, Laura Morales y Luis Ramiro revelara que el tipo de votantes de los partidos anticapitalistas tradicionales (como los partidos comunistas ortodoxos de Portugal o Grecia) y de los partidos de nueva izquierda (como Izquierda Unida o el Bloco de Esquerda en Portugal) apenas se diferencian en términos de edad, género, ubicación territorial o conciencia de clase, pero que sí hubiera diferencia en que los votantes de la nueva izquierda tienden a estar más cualificados que los votantes de los partidos tradicionales. En el caso español, en un reciente estudio publicado en 2017, Luis Ramiro y Raúl Gómez encontraron que el tipo de votante de Podemos y de IU tenía el mismo perfil, a saber, el de personas progresistas altamente cualificadas. Este tipo de estudios sugiere que la izquierda radical española está menos conectada aún a los perdedores de la globalización. Sus votantes no son los que más sufren.

Por lo tanto, lo que ocurre en España, como en toda Europa, es que el viejo mundo del compromiso de clase y de una clase media que sostiene el Estado Social está tocando a su fin. Con ella, las ilusiones de amplios sectores sociales que se autoconsideraban de clase media se desvanece. Milanovic, en su ya citado libro, considera que en los años ochenta en España había un 34% de personas situadas objetivamente en la clase media, y que en el año 2010 ese porcentaje era del 31%. Una dinámica descendente que se estaría dando en todos los países, especialmente aguda en Estados Unidos y Reino Unido. Por otra parte, la socióloga Belén Barreiro ha tratado este tema en su libro La sociedad que seremos y desvela que el porcentaje de personas que se consideran subjetivamente de clase media ha descendido desde el 63,4% de 2007 hasta el 52,3% del 2014, cifras aun significativamente altas.

Y es cierto que las políticas neoliberales han causado esto, pero también es cierto que ha sucedido como respuesta a la propia lógica de un sistema capitalista que por su propia naturaleza es global. El ascenso de políticas proteccionistas de carácter nacionalista, como ocurre con la extrema derecha, hay que entenderlo desde esta lógica de defensa frente a estas amenazas de empobrecimiento. En otros casos la ilusión consiste precisamente en mantener la ilusión, esto es, en prometer a los votantes que volverán los tiempos de antaño y que las llamadas clases medias recuperaran su posición. Como si no existieran los 1.100 millones de nuevos trabajadores chinos e indios o no existiera la coerción de la competencia a nivel mundial. Como si quisiéramos ignorar, en definitiva, que lo que está en juego es el lugar de Europa y sus ciudadanos en el sistema económico mundial. 

Cómo llegar a las clases populares 

Lo importante, a mi juicio, es tener presente que la clase social no es solo una entidad objetiva que puede analizarse en los estudios económicos clasificando a la sociedad a partir de distintos criterios. La clase social es también un constructo social, una identidad, que se va construyendo en la práctica política. La clave es, entonces, cómo se construye clase social o, dicho de otra forma, cómo se consigue unir en un mismo proyecto político a la clase trabajadora que sufre la crisis y la globalización.

Algunas de las propuestas existentes son de carácter discursivo y consisten, fundamentalmente, en adaptar los discursos a las nuevas realidades políticas. Si las estructuras de clase han cambiado, parece evidente que los discursos políticos tienen que adaptarse a esos cambios. Esto es tan obvio que parece insultante tener que repetirlo. El problema es que esto por sí sólo no vale. La construcción de relatos o narrativas, es decir, de historias que intentan atraer a una base social es insuficiente. Además, en comparación con los recursos para contar historias de otros partidos de derechas, financiados por los ricos, las posibilidades de éxito se reducen exponencialmente.

Otras propuestas que se han dado son de ánimo organizativo, como las que sugieren la creación de una cuota obrera que obligue a las organizaciones a tener representantes de esos estratos sociales. Esta idea, recuperada hace poco por Nega y Arantxa Tirado en su libro La clase obrera no va al paraíso, recuerda la extendida prohibición que existió durante mucho tiempo entre los partidos socialistas respecto a la aceptación de militantes de extracción social burguesa. En todo caso, esta idea sería totalmente innecesaria si las cosas se hicieran bien, es decir, si la izquierda fuera de las clases populares y no sólo se limitara a representarla.

La clave, a mi juicio, reside en la práctica material. Y este es un terreno desgraciadamente inexplorado por la izquierda europea actual. Se trata de aceptar que las subjetividades se crean sobre todo en la práctica, y que una organización que reside y está presente en el territorio, o que directamente está situada allá donde se da un conflicto político, es la que consigue convertirse en el instrumento de las clases populares.

Esto es algo que el movimiento obrero del siglo XIX siempre tuvo presente. De hecho, la función principal del SPD era formar a la clase más allá de las instituciones, esto es, en la práctica cotidiana. Como recordaba Antoni Domenech en su El eclipse de la fraternidad en esa red se incluían «grandes sindicatos; cooperativas agrícolas; mutualidades; bolsas del trabajo; ligas campesinas; secciones y círculos socialistas y anarquistas; asociaciones deportivas y recreativas; círculos culturales; muchedumbre de periódicos e imprentas; casas del pueblo; ateneos obreros; bibliotecas y teatros culturales; universidades populares; escuelas de formación de cuadros sindicales y políticos; cajas de seguro de enfermedad; cooperativas de consumo…». Los grandes empresarios alemanes tenían absolutamente claro que la fuerza del SPD provenía no tanto de sus votos como de su presencia en la sociedad y de esas vastas redes sociales. El SPD logró el 34% de los votos en 1912 precisamente como consecuencia de esa fuerza. Algo que el fascismo italiano de Mussolini sabía muy bien cuando mandó a los violentos grupos de las camisas negras a destruir el tejido social que el comunismo italiano estaba construyendo en su país. 

En la actualidad, cuando nuestro país y toda Europa ha iniciado una tendencia hacia las condiciones laborales del siglo XIX, conviene tener muy presente estas enseñanzas. Y recordar, sobre todo, que la función esencial de una organización política es convertirse en una sociedad alternativa, algo que se consigue siendo parte del tejido social y no sólo tratando de representarlo. Si somos inteligentes en la izquierda europea, comprenderemos que la mejor manera de combatir a la extrema derecha, de ganar las elecciones y de poner en marcha un nuevo proyecto de país es precisamente a través del despliegue práctico y material de nuestra organización en todos los espacios de socialización. Y quizás todo empiece por preguntarnos si realmente nuestro objetivo es representar a las clases populares o ser las clases populares.

 

[Fuente: El Confidencial]

 

26/1/2018

Joan Coscubiela

No queda margen para más astucia

9/1/2018

Agustín Moreno

El desahucio de una familia

Al Gobierno se le llena la boca con la palabra “recuperación”. Coloca encima de la mesa las cifras macroeconómicas para enmascarar la cruda realidad social. Los obedientes medios de comunicación ponen el foco de atención de la opinión pública en temas secundarios y evitan las realidades incómodas mirando para otro lado. Cuando las estadísticas se convierten en el disfraz de la mentira para tapar los dramas humanos que se siguen produciendo, una de las formas de evitar la manipulación es el análisis concreto de situaciones concretas. Voy a contar el caso del desahucio ayer de una familia de Vallecas visto desde cerca y desde dentro.

Son las 7h30 de la mañana en Villa de Vallecas. En la calle hace -1º C y algunos vecinos rascaban los cristales de los coches para quitar el hielo. Subimos a la vivienda. Nos escrutan a través de la mirilla y nos abren la puerta gracias a que el hijo de la familia que van a desahuciar nos reconoce como profesores de su instituto. Entramos en una vivienda social donde unos activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han pasado toda la noche acompañando a una familia sobre la que pesa una orden de desalojo de la vivienda.

Aún no había amanecido cuando empezaron a llegar coches policiales. Es un despliegue desmesurado: hasta ocho se contabilizan desde las ventanas del tercer piso. El ambiente es serio, contenido. Se realiza una asamblea para discutir qué se hace para ganar tiempo y evitar el desalojo. ¿Se resiste? ¿Se bloquea la puerta?… Esta familia ha tenido ya dos intentos de desahucio que se habían parado por la presencia de activistas, mediaciones y por la espera a la adjudicación de viviendas por la Empresa Municipal de Viviendas Sociales (EMVS). Es una asamblea en sesión continua donde se decide todo: lo que se hace y lo que no, el modo de actuar ante distintas situaciones y contando con las eventualidades que se pudieran producir… Se plantea que los que no quieran quedarse salgan ya de la vivienda, porque luego no podrán hacerlo. Algunos bajan a la calle donde la policía ha cortado todos los accesos. También el hijo abandona el piso y esperará abajo. La hija pequeña ha dormido fuera de casa para evitarle la violencia de la situación.

El lanzamiento está señalado a las 9h30 horas. Hasta entonces, catorce personas acompañan a María Ángeles, la madre, que está en paro y cobra solo 426 euros de la ayuda a desempleados mayores de 45 años. Hay serenidad en los experimentados activistas de la PAH, no exenta de la tensión y la adrenalina del momento, expresada en los paseos en la pequeña sala de estar de menos de veinte metros cuadrados, miradas por las ventanas y fuerte consumo de tabaco.  Son personas de todas las edades, mujeres y hombres que tienen claro lo que quieren y mantienen un fuerte compromiso moral con los afectados por el expolio social. Saben que es necesario resistir a la injusticia para cambiar las leyes y conseguir soluciones.

Mientras se produce la espera, se habla del problema concreto y del general. A esta familia no se le ha adjudicado vivienda por la EMVS en diciembre a pesar de tener uno de los baremos más altos (72 puntos), mientras que, con mucho menor baremo, se han adjudicado a todas las personas de movilidad reducida. Ante las reclamaciones de la madre y de SOS Desahucios se aduce que la lista que se ha tenido en cuenta no es la publicada, sino otra que nadie conoce; esto supone el reino de la arbitrariedad y convierte la adjudicación en algo irregular. La tutora de la niña en el instituto, en nombre de la familia, ha reclamado después al Portal de Transparencia dicha lista y la legislación en la que se basa, sin que haya habido respuesta.

No se ha tenido en cuenta la situación de los menores y los derechos de la infancia. La PAH ha denunciado la situación, dirigiéndose al Secretario del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. Se está conculcando el artículo 27.3 de la Declaración de Derechos del Niño de 1989 en lo relativo a nutrición, vestuario y vivienda. Las autoridades no tienen en cuenta el impacto en la infancia de los desahucios como plantea el informe “Te quedarás en la oscuridad”.

Este edificio de viviendas sociales del ayuntamiento de Madrid, estaba pensado para gente joven y en situación precaria. Es una de las 1.800 viviendas públicas que fueron vendidas durante el mandato de Ana Botella al fondo buitre Blackstone para refinanciación de la deuda. La maraña de intereses descubre otras conexiones: este fondo financió la campaña electoral de Trump; José María Aznar Botella está metido en el negocio de los fondos buitres para el control de la vivienda social en Madrid. Esta desposesión de bienes públicos está en proceso judicial ya que la PAH, pide la recuperación de estas viviendas sociales pagadas por todos los ciudadanos.

Desgraciadamente, el problema de los desahucios no remite y se mantiene un ritmo muy alto, aunque se hable menos de ellos. Sí ha habido un cambio en su naturaleza: ya no son por las hipotecas, sino por impagos de alquileres o “usurpaciones”, lo que los activistas de la PAH llaman “recuperaciones” de viviendas públicas privatizadas y malvendidas en las operaciones de enajenación del patrimonio público. Los desahucios, por tanto, no cesan. Los datos de 2016 del CGPJ siguen siendo tremendos: 166 desahucios al día. Juan Carlos Barrios, de la PAH de Vallecas nos informa que hay otro desahucio inmediato en el barrio el 24 de enero.

A pesar de la burla de la asamblea de Madrid, donde con el voto del PP y de Ciudadanos se rechazó la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre el derecho a la vivienda presentada, la PAH ha vuelto a coger la iniciativa. Ha lanzado la campaña estatal por una Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables que recoja: la paralización de los desahucios, la dación en pago retroactiva, alquileres asequibles, un parque público de viviendas en alquiler y la garantía de los suministros básicos.

Mientras hablamos, va pasando el tiempo. La tensión va aumentando de grado. Se anota el nombre de la abogada de la PAH por si hubiera detenciones. Se producen gritos por la ventana en coordinación con los activistas y vecinos que están abajo en la calle… “Vallecas despierta desahucio a tus puertas”, “La EMV no se vende, la EMV se defiende”, “Hay niños en la calle y no les importa a nadie”, “Vergüenza-vergüenza”… Han avistado por la ventana que han traído la “chapa” con la que blindarán la puerta de la vivienda para asegurar que quede vacía cuando dejen a esta familia en la calle en pleno invierno. Se habrá cumplido la ley y estará todo en perfecto (des)orden.

Exactamente a las 9h30 comienza el lanzamiento. La comisión judicial intenta hablar desde el descansillo de la escalera. Apenas se les oye por la barrera de obstáculos que hay en la puerta. Desde dentro les preguntan si María Ángeles se va a quedar y se va a parar el desahucio. No hay respuesta positiva, ni siquiera han dejado pasar al abogado de la PAH ni aceptan la mediación de la Junta Municipal. Suena el ruido de un taladro reventando la cerradura. A continuación unos tremendos golpetazos contra la puerta, al parecer con un ariete, hacen retumbar las paredes. Se grita: “Sí, se puede”, “Fuera buitres de nuestras casas”, “Vergüenza me daría desalojar a una familia”… La puerta y los obstáculos resisten unos minutos; finalmente salta todo por los aires y entran un grupo de policías con escudos y a las quince personas que estamos en un rincón de la pequeña salita nos piden, una a una, el DNI, que nos devolverán más tarde abajo, en la entrada del portal. A las 9h50 todo ha acabado.

La representación del juzgado y el Samur Social, al que han llamado los activistas, se quedan con María Ángeles, a ver qué solución le proporcionan de urgencia. Como no tienen dónde ir, se les alojará solo cinco días en un albergue hostal, como el Welcome en pleno polígono industrial de Vallecas, y luego nada. ¿Alguien ha pensado en qué pasa con la escolarización de los niños al ser desarraigados de su casa y barrio?

Las lágrimas del hijo en la calle expresaban la rabia y la impotencia de todas las personas que estábamos allí al no haber podido parar el desahucio. Pero las preguntas quedan ahí: ¿Cómo se puede considerar España un país desarrollado y civilizado cuando se produce un desahucio cada ocho minutos, cuando se incumple la Constitución española por todos aquellos que dicen afanarse por cumplir la ley en otras circunstancias? ¿Cómo se puede dejar en la calle a una madre con dos hijos de 16 y de 12 años, uno de ellos con una minusvalía del 41%, y que no se les caiga la cara de vergüenza a todos los que tienen en su mano la responsabilidad de evitar estas situaciones?

 

[Fuente: cuartopoder]

 

17/1/2018

Javier de Lucas

Errantes sin derechos. Carne de esclavos

Este año, el Día Internacional de los Migrantes se celebra a pocos días de que comience 2018, año de la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pues bien, uno de los argumentos que nos obligan a pensar en el camino que queda aún por recorrer es precisamente el hecho de la reaparición visible —cada vez con mayor entidad, pues el número de los afectados no cesa de crecer— de uno de los dos fenómenos más graves de la negación de la igualdad elemental en derechos. Sí, junto a la subordiscriminación de las mujeres, la esclavitud es la expresión más clara de aquello que se ha llamado lo inaceptable universal, el negativo de ese principio de consenso universal que son los derechos humanos.

Lo cierto es que el recurso a la esclavitud parece inserto si no en los instintos básicos de la condición humana, sí en los fundamentos mismos de la organización social. No es sólo que Aristóteles –en textos como los de la Política, Libro I, cap.II– la considerase natural y necesaria y por ello teorizara que hay seres humanos –los bárbaros– destinados a ser esclavos, sino que ese recurso que consiste en tratar a otros seres humanos como herramientas de trabajo, cuya explotación está ligada a nuestra prosperidad, aparece como condición transcultural en Europa (las principales potencias coloniales, desde Grecia y Roma), en el continente americano (de los aztecas a los mayas y los incas), en África (comercio árabe y berberisco de esclavos), en India y el continente asiático, por no hablar de los orígenes de la colonización de Australia y Nueva Zelanda.

Puede decirse que no ha habido ninguna gran civilización que no esclavizara a sus enemigos derrotados. Aunque no es menos cierto que siempre existió una conciencia crítica, encarnada en las sociedades abolicionistas, como la que ayudó a fundar el inmenso William Turner, cuyo archifamoso cuadro Slave Ship, recreaba el asesinato de 142 esclavos africanos a manos de la tripulación del barco negrero Zong en 1781 se expuso en 1840 para la reunión fundacional de la sociedad abolicionista. El cuadro se titula en realidad Slave Ship. Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Typhoon Coming On y venía acompañado de unos versos del propio Turner (Fallacies of Hope) que terminaban así: “The dead and dying/ne’er heed their chains/Hope, Hope, fallacious Hope!/ Where is thy market now?”.

Pero, frente a esas excepciones, el negocio de la esclavitud ha tenido el carácter casi de constante histórica, multisecular, pues aunque la abolición formal se produjese ya en 1704, durante la Convención revolucionaria francesa, hay que esperar hasta 1803 para la primera abolición formal dictada por un país, Haití, y por ejemplo hasta 1865 para que la Enmienda 13 a la Constitución de los EEUU decretara su abolición en todo el territorio de la renacida Unión. Sólo en 1927 alcanza una dimensión universal, con la Convención sobre la esclavitud, en el marco de la Sociedad de las Naciones.

Lo cierto es que sin ese paso decisivo en el proceso de globalización del mercado que se alcanza con la Revolución Industrial no se puede explicar sin la mano de obra de los esclavos y por tanto sin el recurso a la institucionalización de la esclavitud. Y hoy tenemos que reconocer que la fase actual de ese proceso ha redescubierto el viejo recurso, esta vez en clave de las políticas migratorias.

Sin duda ya habrá algún lector sobresaltado por lo que pudiera considerar un argumento en el límite de lo demagógico a propósito de nuestros modelos de políticas migratorias y de asilo, no sólo las europeas y estadounidenses, sino en todo el mundo, incluso de forma reciente –al menos incipiente– en un país modelo por su apertura constitucional a la inmigración, como es Argentina. Como ya anticipara Adam Ferguson, el rumbo del proceso de globalización del mercado como institución eje del desarrollo de la sociedad civil (en colisión inevitable con el espacio público republicano), marcado por la ley de beneficio y competencia sin reglas ajenas como clave de la riqueza de las naciones, deviene casi inexorablemente en la institucionalización de la desigualdad y de la explotación. Lo que no pudo prever Ferguson en 1767 es que en el siglo XXI reapareciera en sus condiciones más crueles ese fenómeno, en las claves de expulsión (Sassen: Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, 2015) y de lo que Bauman llamó industria del desecho humano (Archipiélagos de excepciones, 2008): migrantes y demandantes de asilo como carne de tráfico de verdaderos esclavos. Como pretexto también para otra industria floreciente, la del negocio de la seguridad y el fortalecimiento de fronteras que con tanta pertinencia ha explicado C. Rodier.

Las políticas migratorias hoy y el retorno de la esclavitud

Habrá quien piense que se trata de una perversión reciente, a la luz del terrible reportaje emitido hace escasamente un mes, en noviembre de 2017, por la CNN y en el que se ponía ante nuestros ojos la existencia de mercados de esclavos en Libia, en los que seres humanos son vendidos por cantidades que oscilan entre 100 y 200 dinares (de 60 a 120 euros) . La OIM publicó en las mismas fechas una denuncia de ese mercado de esclavos a las puertas de Europa. En el mismo sentido se ha pronunciado la OIT.

Que ese mercado es una industria floreciente se puede entender si se piensa en las cifras de inmigrantes bloqueados en Libia (3.416.556 según la OIM, a finales de septiembre de este año) y en las de solicitantes de refugio a la espera (44.306, a 1 de diciembre de 2107 según el Acnur). Pero, sin duda, lo más espantoso es el hecho de la connivencia en esas prácticas esclavistas de la Guardia Costera libia y de la Dirección General libia para la lucha contra la inmigración ilegal. Los testimonios de ONGs como MSF y Proactiva Open Arms, de las que trabajan en apoyo de los solicitantes de refugio, como CEAR y muy recientemente, el demoledor informe de Amnistía Internacional (AI) Lybia: Dark web of collusion, cuyas conclusiones resumió el representante de AI John Dalhuisen (una red terrible de colusión), muestra la relación entre las cárceles para inmigrantes irregulares y asylum seekers rechazados (y en buena medida deportados a Libia por las autoridades europeas, sobre todo italianas) y esos mercados de esclavos.

No, no es nuevo. Lo sabíamos, por ejemplo, gracias a trabajos de periodistas entre los que mencionaré al incansable Nicolás Castellano: véanse sus reportajes en la región maliense de Gao, en 2008 o, luego, en Benin, en 2014, en colaboración con las Misiones Salesianas, en el reportaje en el que nos contó el precio de un niño, 30 euros, o en su trabajo sobre los “camiones patera” que desde Níger tratan de alcanzar el Mediterráneo. Lo que sucede es que estremece pensar en que el mercado de esclavos en Libia, a nuestras puertas, se lleva a cabo con personas de cuya suerte se desentienden los gobiernos europeos y, para colmo, contribuyen a su florecimiento al negar terca y torpemente la existencia de vías legales, seguras y accesibles para los demandantes de refugio y para los inmigrantes que quieren trabajar y conseguir una vida mejor en Europa. Lo ha vuelto a denunciar Sami Nair (“Lo inmigrantes, a sorteo”, El País, 16 de diciembre de 2017). Y lo denunciaron recientemente 30 ONGs en un comunicado público, “Migración en la UE: es hora de una agenda ambiciosa basada en los derechos”. Frente a eso, al respuesta de la UE en la cumbre de Abidjan fue de nuevo la insistencia en la política de retorno, en asegurarse el blindaje frente a las rutas migratorias y la devolución de los excedentes, cediéndolos a los países de tránsito, a cambio de supuestas políticas de ayuda al desarrollo que en un alto porcentaje conducen a la corrupción y acrecientan el sufrimiento de las poblaciones.

 

Mapa de las rutas migratorias en el Mediterráneo central [Fuente: Unicef]

 

Las mujeres, la peor parte

Y como casi siempre, la peor suerte le corresponde a los niños y a las mujeres, que constituyen más del 52% de los inmigrantes que tratan de llegar a Europa. Probablemente el lector conozca el término sextorsión, un término acuñado por la investigadora Orthun Merkle (el cuerpo de la mujer como campo de batalla), una forma de corrupción que hace del cuerpo de la mujer un mero objeto para el intercambio de favores. “Mientras los hombres pagan con dinero, las mujeres pagan con su cuerpo”, explica Merkle, porque lo que las hace más vulnerables es el hecho de que la mayoría de las mujeres viajan solas y la vulnerabilidad se incrementa cuando no hay vías legales ni segura. Las fronteras son los lugares privilegiados de la sextorsión. Marwa Fatafta, de Transparencia Internacional subraya un segundo factor, la componente de autoridad de los funcionarios de fronteras, que les permite institucionalizar ese abuso sexual. De ahí la necesidad de que la Unión Europea no sólo priorice la dimensión de derechos en sus políticas migratorias, fomente las vías legales, seguras y accesibles, organice la cooperación a tres bandas en torno a la movilidad migratoria con protagonismo de los representantes de las sociedades civiles de los países concernidos y de los propios inmigrantes y luche contra todas las formas de corrupción, de trata y tráfico y explotación de los inmigrantes y de los demandantes de asilo, con especial atención a la dimensión de género, para luchar contra su vulnerabilidad y para empoderar a las mujeres como los mejores agentes del codesarrollo.

Por eso, a mi juicio, el interés de campañas como, #DJYONGA, lanzada por la cantante Fatoumata Diawara, contra la vergüenza inenarrable que supone que en pleno siglo XXI vuelva la esclavitud como negocio floreciente, a las puertas de Europa, sin que la UE haya emprendido ninguna iniciativa efectiva más allá de la retórica vacía de la cumbre de Abidjan, empecinada como están sus gobiernos y aún el propio presidente Tusk en el retorno de los desechables. Échenle, para terminar, una mirada a esta vídeo de la cantante Fatoumata Traoré: nadie tiene derecho a tomar a otro como instrumento. Empecemos por ahí.

 

[Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y director del Instituto de Derechos Humanos (IDH)]

[Fuente: infoLibre]

18/12/2017

Agustín Moreno

La despedida de un profesor

El 21 de diciembre me despidieron del instituto con un hermoso regalo por mi jubilación. Tuve que atravesar un pasillo de afectos, flanqueado por todo el alumnado y el profesorado de mi último instituto. He dejado reposar las emociones unos días para recuperarme y ahora intento buscar explicaciones para analizar este hecho que me ha sacudido y para cerrar capítulo. Me pregunto por qué algo interno de una comunidad escolar se convirtió en una noticia viral. Y creo que hay respuesta: necesitamos buenas noticias de gente normal, frente a tanto suceso negativo que intencionadamente se difunde. Por eso me tomo la despedida como lo que es: un reconocimiento a todo el profesorado que se deja la piel, que no tira la toalla en estos tiempos de desesperanza; que frente a los recortes no se desmotiva, sino que intenta compensar los tiempos difíciles con su buen hacer, y participa en las movilizaciones cuando son necesarias. He conocido a tantos docentes comprometidos con su oficio que no podría contarlos.

Soy profesor de Historia, y como creía que tenía que darles una explicación a mis alumnas y alumnos por mi jubilación, pensé que lo mejor era compartir con ellos un poco de mi relato de vida dentro del tiempo histórico que me ha tocado vivir, algo que nunca había hecho por pudor. Es lo que hace Marco Tullio Giordana en la maravillosa película “La mejor juventud”, contando la Historia de Italia a través de la historia de una familia. Así, les explique mi nacimiento a mediados del siglo pasado en una casita baja del barrio de Usera de Madrid, en una familia obrera duramente represaliada por el franquismo. Que estudié interno con una beca en la Universidad Laboral de Sevilla, maestría industrial e Ingeniería Técnica Industrial. Que me tomé como algo personal la injusticia y la falta de libertades de la dictadura, y aquello empezó a complicar mi existencia.

Les conté mi compromiso en la lucha antifranquista y mi ingreso en el clandestino PCE y sus consecuencias. Ello me acarreó una primera detención y procesamiento por el TOP en 1973. Hubo otro intento de detención en 1974 -logré fugarme- y un segundo procesamiento en situación de búsqueda y captura, y condena a dos años de cárcel. Les hablé de mi huida para ocultarme y que me refugié  en la Ciudad de los Muchachos de Orense, donde aprendí toda la pedagogía que sé con Pilar e inicié mi vocación de educador.

Siempre compaginé estudio y trabajo, bien fuera en Villanueva y la Geltrú o en Madrid. Que trabajé de ferralla en la construcción y tuve que cambiar el nº de la Seguridad Social para no ser localizado. Participé en las huelgas de la construcción, donde conocí a unos veteranos (Macario, Arcadio, Tranquilino, Paco el Cura) que eran auténticos héroes obreros. Luego vendrían las largas y duras luchas de enero de 1976 que forzaron la transición a la democracia, pese a la resistencia del franquismo. Fui muy activo en CCOO de la Construcción y empecé a tener responsabilidades sindicales, aún sin quererlas y sin cumplir los treinta años.

Acepté la responsabilidad como secretario de Acción Sindical en CCOO desde 1978 a 1996. Fueron años muy intensos de movilizaciones, negociaciones con la patronal y el gobierno, reuniones, asambleas, viajes, prensa… Los sindicatos tenían fuerza, trataban de tú a tú al Gobierno y a la patronal, se conseguían avances en derechos laborales y sociales. Las huelgas generales eran impresionantes (14-D). Daba gusto trabajar con grandes personas como Marcelino Camacho. Y les expliqué cuándo surgieron las diferencias sobre la estrategia del sindicato en 1994 y cómo se dividió la organización. En el VI Congreso de 1996 hubo dos candidaturas y al llamado Sector Crítico (Camacho y otros muchos compañeros) se nos impidió toda responsabilidad confederal y me despidieron.

Fueron momentos duros, y tomé una decisión muy acertada. Me presenté aquel año a las oposiciones de secundaria y al aprobarlas ya nunca dejé de trabajar en la enseñanza hasta ahora. Ahí empezó mi última etapa laboral pero, sobre todo, de compromiso con otra buena causa: la educación de jóvenes y adolescentes. Han sido más de veinte años de intensa actividad y de especialización. He dado clases en zonas obreras y en centros de difícil desempeño, porque considero la educación como un derecho fundamental de todos que solo lo garantiza la escuela pública. He aprendido mucho  de mis alumnos. Les he tratado como personas, no como herramientas, algo que no está reñido con que sacaran dieces en la selectividad. Juntos hemos trabajado los derechos humanos, la convivencia y la igualdad entre mujeres y hombres. La cultura sin este soporte no es más que un adorno y no lleva a transformar el mundo para mejorarlo.

Para mí la mejor manera de defender la escuela pública ha sido el trabajo diario, la cooperación del profesorado y participar muy activamente en proyectos de convivencia, innovación y de defensa de la Escuela Pública (proyecto Turkana, Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública, Marea Verde, Foro de Sevilla). He escrito mucho sobre educación en revistas educativas y digitales; he ido a todas las huelgas, manifestaciones, asambleas; he llevado a diario la chapa de la Escuela Pública y la camiseta verde todos los miércoles en el centro. Esa ha sido mi aportación.

En el último claustro también me despedí de mis compañeras y compañeros. Les conté cómo los caminos del azar me habían llevado al instituto Villa de Vallecas, después de ser desplazado de Fuenlabrada. Les confesé que me iba a costar dejar la docencia, quizá por aquello que decía Vasili Grossman de que no hay nada tan difícil como abandonar la casa donde se ha sufrido tanto, aunque no es exactamente el caso: yo he disfrutado mucho y no me han faltado las emociones fuertes. La escuela es muy intensa.

Creo que en la vida hay que saber hacer dos cosas: dar las gracias y pedir perdón para estar a bien consigo mismo y con los demás. Pedí perdón por los errores que pude cometer, por no tener tiempo suficiente para interesarme más por la vida, dificultades y anhelos de los compañeros… Pero, sobre todo, les di las gracias por muchas cosas: por todo lo que me aportaron, por los compromisos compartidos en defensa de la calidad educativa, por el apoyo mutuo, por la imaginación y las ganas echadas para paliar la falta de recursos, por los buenos y malos ratos vividos.

Ahora quizá me explico más por qué el vídeo de la despedida ha sido viral. Yo no he sido nada más –y nada menos- que un maestro, que he hecho mi oficio lo mejor que he podido. De mi padre y de los veteranos de la construcción aprendí que primero hay que cumplir para poder reclamar después. Y porque es, también, una obligación con nuestros alumnos. Recuerdo que en el homenaje al profesor Ladislao Martínez tras su muerte, una alumna dijo: “Nosotros no seremos los mejores alumnos, por eso necesitamos los mejores profesores”. Somos muchos los que intentamos estar a la altura de sus necesidades.

Pero nada se hubiera hecho sin profesores y alumnos que lo organizaran. El alumnado siempre paga, aunque a veces lo haga tarde. En cuanto al profesorado del Villa, es una plantilla extraordinaria que combina juventud con veteranía, oficio y mucho compromiso que les lleva a repetir en un centro de difícil desempeño.

La repercusión en las redes sociales y medios de comunicación de la despedida expresa la necesidad de noticias positivas desde la escuela, frente a las informaciones de acoso escolar, agresiones a profesores muchas veces exageradas, etc. La escuela es el lugar donde nacen los sueños y donde crecen los alumnos a todos los niveles. Se forman como ciudadanos y nuestro papel es acompañarles en ese proceso: ese es el sentido profundo de la pedagogía que decían los clásicos.

Con las juntas de evaluación terminadas y entregadas las notas, el final de fiesta parecía las salidas extraescolares de las dos últimas semanas con los grupos a los que doy clase a museos, al centro de Madrid y a la exposición sobre Auschwitz. Pero llegó el paseíllo y las fuertes emociones. Creo que nunca he dado tantos abrazos y tantas veces las gracias. Allí aguanté el tipo como pude, pero leyendo en casa las cartas y escritos de los alumnos y de alguna compañera, la emoción me producía tal congoja que me tuve que ir a refrescar los ojos a un parque. Como dice un amigo, no había llorado más desde ET. Pero no serán lágrimas que se pierdan en la lluvia, son sentimientos fuertes para cuando me asalten las dudas sobre las cosas que merecen la pena en la vida.

Uno no hace las cosas para que se lo agradezcan, sino por profesionalidad, pero entre irse de un lugar con una caja de cartón con los cuatro papeles y objetos personales que ha ido acumulando o recibir este chute de afectividad hay una diferencia. Ojalá se les haga a tantos docentes que se lo merecen como reconocimiento a su entrega: que la escuela les demuestre que les quiere tanto como ellos han querido a la escuela.

Si ha sido un lujo ir cantando a trabajar, ha sido un orgullo hacerlo en la Escuela Pública. Me ha llegado la hora de pasar el testigo a compañeras y compañeros más jóvenes. Lo hago muy tranquilo porque veo que queda una buena cosecha. Solo darles un consejo: que amen su profesión y que eduquen con afecto, porque sin él no hay aprendizaje; que crean en el alumnado; que cooperen con los compañeros y las familias; que trabajen los valores democráticos y los derechos humanos, y que sepan que sin educación no hay transformación.

Cuando los alumnos me preguntan: “¿Y ahora qué vas a hacer?”, respondo lo que siento: “Echaros de menos”. También porque sé que nadie se va del todo mientras alguien le recuerde.

[Fuente: cuartopoder]

28/12/2017

Javier Pérez Royo

El rey en Davos: una vergüenza nacional

¿Puede imaginarse alguien que, en lugar de Theresa May, fuera la reina Isabel II la que acudiera a la cumbre de Davos, se entrevistara con Donal Trump o Emmanuel Macron, asistiera a la mesa redonda sobre la desigualdad como problema definitorio de nuestra época y acabara dando una conferencia en el Plenario de la cumbre sobre “El futuro de Gran Bretaña y la Unión Europea tras el Brexit”?

A nadie le costaría imaginarse que el príncipe heredero de Arabia Saudí acudiera a Davos con la finalidad de explicar la reforma que está intentando poner en marcha en su país, de la misma manera que a nadie  sorprende que esté presente el rey Abdalá de Jordania.

Pero ¿qué hace el rey de un “Estado social y democrático derecho”, en el que “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”, en una cumbre como la de Davos, entrevistándose con el presidente de Francia y pronunciando una conferencia en el Plenario sobre “presente y futuro de España y Europa”? 

¿Qué imagen queremos proyectar ante el mundo? ¿La de una monarquía parlamentaria europea o la de una monarquía árabe? Porque, insisto, no hay ninguna monarquía Parlamentaria europea en la que el rey pudiera ocupar el lugar del primer ministro en ese foro. De la misma manera que no habría ninguna monarquía árabe en la que no ocurriera lo contrario. 

La presencia del rey Felipe VI en Davos supone  una devaluación del principio de legitimación democrática, cuyo lugar es ocupado por un principio de legitimación dinástica hereditario, que es el que la Constitución le atribuye al rey en el artículo 57.1: “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica”. Es la única ocasión en que la Constitución utiliza el concepto de legitimidad para referirse al rey. El único. Y lo utiliza para esto y nada más que para esto. No debe haber confusión alguna al respecto.

El rey no puede ocupar el lugar que corresponde al presidente del Gobierno. Una magistratura hereditaria y otra democráticamente legitimada no son intercambiables. Isabel II, por la información de que disponemos, es una reina que está muy al día de los asuntos de Estado y nadie discutiría que podría participar en la cumbre de Davos sin desentonar, pero a nadie se le pasa por la cabeza que eso pudiera ocurrir. 

La Constitución, ha dicho Felipe VI en Davos, no es un adorno. Y precisamente porque no es un adorno, él no debía estar en la cumbre participando de la forma en que lo está haciendo. El principio de legitimidad democrática no admite excepciones. En este terreno la excepción no confirma la regla, sino que es siempre contravención de la regla.

Obviamente la responsabilidad de estar en Davos no es suya, sino del presidente del Gobierno, que es quien tiene que haber autorizado su presencia. ¿Cómo es posible que a un presidente del Gobierno que se ha presentado como defensor de la “soberanía nacional” en estos últimos años, permita que alguien que ni es ni puede ser portador de dicha “soberanía nacional” hable en un foro internacional como si lo fuera? ¿O es que Mariano Rajoy considera que  el rey es el portador de dicha soberanía o que no está sometido a la Constitución?

No se puede tolerar que se anteponga el principio monárquico al principio de legitimación democrática. El principio monárquico no es un principio de legitimidad en el Estado democrático de derecho. Es solamente un principio de legitimidad para “la sucesión en el trono” (art. 57.1 CE), pero para nada más. 

Creo que los partidos de la oposición no solamente tendrían la obligación de preguntar al presidente del Gobierno por esta asistencia del rey a la cumbre de Davos, sino que deberían exigir la celebración de un Pleno en el Congreso de los Diputados, a fin de que, tras el debate correspondiente, se fijara una posición clara e inequívoca de lo que el rey puede o no puede hacer y que no tuviéramos que volver a pasar por la vergüenza del que la monarquía española se exhibe públicamente como lo hacen las monarquías árabes.

Dada la trayectoria de la monarquía española a lo largo de toda nuestra historia constitucional, sería de suma importancia que el debate se hiciera lo más pronto posible. Las derivas antidemocráticas hay que cortarlas de raíz. La vuelta a las andadas ya sabemos a donde conduce.

[Fuente: eldiario.es]

25/1/2018

Juan-Ramón Capella

La ecología en la Constitución

Apunte para la reforma constitucional

De manera extraordinariamente lenta se ha ido abriendo paso en la consciencia colectiva de los españoles la existencia de problemas ecológicos. El cambio climático parece el más visible. Las instituciones públicas fomentan, mal que bien, el reciclado del vidrio y del papel.

Pero la problemática ecológica es mucho más que eso: un problema pavoroso, mundial y local.

Nuestra sociedad y las sociedades de nuestro entorno han arruinado el metabolismo entre el medio natural y nuestra especie, y hemos entrado en una relación insostenible con el medio. La sociedad industrial está liquidando los bienes-fondo, irreemplazables, de la Tierra al usarlos como combustible. Expoliamos el subsuelo y reciclamos muy insuficientemente. Hay también una ruptura del ciclo biológico en la producción alimentaria industrializada. Se ha impuesto un mecanismo económico y cultural basado en el consumismo. Creamos un problema de primera magnitud para las generaciones futuras, que habrán de afrontar el decrecimiento y una transición múltiple: transición energética, agrícola, industrial, territorial, científico-técnica y de la cultura social. Además de una probable transición demográfica. Casi sin tiempo para evitar catástrofes. La irresolución del problema ecológico global es un signo más de que nos hemos adentrado en la barbarie.

El deterioro ecológico tiene dos caras: una material, ya aludida, y otra moral: la solidaridad entre generaciones, en la que no se suele parar mientes, o al menos no suficientemente.

Resulta sorprendente que hace cuarenta años, cuando la consciencia ecológica era mucho más débil que hoy, la Constitución se refiriera al problema en su art. 45. Ahí se establece que todos tienen derecho a un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo, que los poderes públicos velarán por el uso racional de los recursos naturales apoyándose en la solidaridad colectiva, y que se establecerán sanciones para los causantes de daños.

¿Cómo llegó la ecología a la constitución, en aquellas lejanas fechas? Llegó de la mano del grupo comunista en el congreso, que se inspiró en la constitución portuguesa aprobada poco antes, el 25 de abril de 1976. Esta última constitución no era fruto de una transacción con el sable sobre la mesa, como la nuestra, sino de una revolución política que liquidó manu militari una dictadura con el pleno apoyo de la población. La Revolución de los Claveles se dotó de una constitución verdaderamente avanzada. Reconoce "el derecho a la insurrección contra todas las formas de opresión" (art. 47, 3). El ecológico art. 45 de la constitución española es un pálido reflejo del art. 66 de la portuguesa, en que se inspira. Ese artículo portugués dice así:

1. Todos tienen derecho a un medio ambiente de vida humano, salubre y ecológicamente equilibrado, y el deber de defenderlo.

2. Para conseguir el derecho al medio ambiente, dentro de un marco de desarrollo sostenible, le corresponde al Estado, mediante organismos propios y con la implicación y la participación de los ciudadanos:

3. Prevenir y controlar la contaminación y sus efectos y las formas perjudiciales de erosión;

4. Ordenar y promover la ordenación del territorio, teniendo como objetivo una correcta localización de las actividades, un desarrollo socioeconómico equilibrado y la valoración del paisaje;

5. Crear y desarrollar reservas y parques naturales y de recreo, así como clasificar y proteger paisajes y lugares, de manera que se garantice la conservación de la naturaleza y la preservación de valores culturales de interés histórico o artístico;

6. Promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, salvaguardando su capacidad de renovación y la estabilidad ecológica, respetando el principio de la solidaridad entre las generaciones;

7. Promover, en colaboración con las entidades locales, la calidad ambiental de las poblaciones y de la vida urbana, especialmente en el plan arquitectónico y en el de la protección de las zonas históricas;

8. Promover la integración de objetivos ambientales en las diversas políticas de ámbito sectorial;

9. Promover la educación ambiental y el respeto a los valores del medio ambiente;

10. Asegurar que la política fiscal haga compatibles el desarrollo y la protección del medio ambiente y la calidad de vida. 

Como se puede ver, la constitución portuguesa, el modelo, es más concreta y va más lejos que la española, pues emplea el concepto de desarrrollo sostenible y toma en consideración la solidaridad intergeneracional. Falta, es verdad, la idea de decrecimiento. En cualquier caso, una reforma constitucional a la altura de los tiempos ha de rebasar la actual redacción del art. 45 de la constitución de 1978.

¿Sería eso un gran cambio? Para que resultara fecundo hay que ir más lejos. Porque luego viene con la rebaja el art. 53 de la Constitución, que se refiere a la eficacia no sólo del artículo ecológico sino de todo el capítulo III  del Título I en que se enmarca, capítulo relativo a los derechos que configuran el "estado social". La tutela de estos derechos es mucho más débil que la de los derechos fundamentales y las libertades políticas; tan débil que, como es amarga experiencia común, pueden quedar casi en papel mojado.

Los iuspublicistas cortan cabellos en siete a propósito de los derechos que configuran el estado social de derecho. Dicen que estas disposiciones constitucionales no son inmediatamente preceptivas, sino más bien una guía para las instituciones, o hablan de disposiciones programáticas, o de un proceso abierto, o educativo; pero afirman que en cualquier caso no se trata de disposiciones invocables eficazmente por los ciudadanos ante las instituciones, pues es necesario preservar el principio —lo inventan ellos— de estabilidad democrática. En eso se advierte la larga mano de Huntington, Crozier y compañía, los doctrinarios de la limitación de la democracia.

Nada es verdaderamente un derecho si alguien no tiene un deber a su respecto. Se puede proclamar verbalmente el más bonito de los derechos, pero si a propósito de lo protegido por él nadie tiene un deber, ese derecho está vacío. Proclamarlo tal vez tenga algún efecto pedagógico o retórico, pero jurídicamente —y eso es lo que cuenta si hablamos de derechos— está vacío.

Nos hemos topado pues con un problema constitucional de envergadura: cómo conseguir que los derechos sociales sean verdaderos derechos y no casi piadosos deseos. La solución del problema consiste obviamente en establecer deberes para los gobernantes de las instituciones: deberes de cumplimiento de los derechos ecológicos y sociales que la constitución promete; y también deberes para los conciudadanos capaces de invertir en el país y no en las quimbambas, para generar financiación.

El establecimiento de esos deberes tiene dos aspectos: el principal es que eso es un problema de naturaleza política; sólo a partir de ahí es un problema jurídico-constitucional.

El aspecto político de los deberes de cumplimiento de los derechos sociales y ecológicos lo constituye la presión social para su materialización. Porque aún subsiste a pesar de todo una presión social, el llamado estado social, la redistribución, se mantiene, aunque muy deteriorada: hay pensiones magras, sanidad con esperas, escuela pública con pocos medios, etc. La presión, sin embargo, es fragmentaria y hace escasa mella en la afición de tantos gobernantes y dirigentes empresariales a hablar cómodamente de recortes en vez de buscar o crear los medios de satisfacer la demanda social. Es necesario constitucionalizar, cuando menos, una renta mínima de resignación para aquellos a quienes ni el empresariado ni el estado son capaces de emplear.

La presión política no disminuye la conveniencia de inventar  algún mecanismo jurídico-constitucional adicional que vuelva menos indirectamente exigibles para los ciudadanos los derechos sociales. Los constitucionalistas se podrían lucir con alguna verdadera invención. Sin inventos el derecho no es nada. Propondré, pues, una invención, muy modesta y parcial, pero innovadora de verdad: que mediante una moción suscrita por unos cientos de miles de ciudadanos se impusiera directamente un inapelable multazo a un gobernante considerado incumplidor de los deberes ecológicos y sociales que le conciernen según el capítulo III de la Constitución.

Que las multas pudieran ir también de abajo a arriba, de la Plaza al Palacio, sería el verdadero invento. A algunos eso les parecerá locura surrealista y a otros se les puede atragantar, pero seguro que el medio ambiente natural, social y político ganaría con ello.

 

[Fuente: infoLibre]

23/12/2017

Juan-Ramón Capella

Cómo se llegó a la Constitución de 1978

La Constitución de 1978 fue el pacto expreso resultante de un compromiso tácito entre dos impotencias: la impotencia de los franquistas para prolongar la dictadura sin Franco y la impotencia de la oposición verdaderamente democrática para imponer una democracia avanzada. Por eso la Constitución se cerró con luces y sombras. Luces, las libertades democráticas y los derechos; sombras, un régimen político inacabado, hermético a las demandas populares y lleno de opacidades.

El proceso de cambio de régimen no fue precisamente idílico, pues se dieron fuertes dosis de violencia política de origen diverso. Entre 1975 y 1983 hubo 591 muertos por violencia política y la policía cargó contra 788 manifestaciones. Hubo 188 muertos por violencia de origen institucional, entre ellos, 8 personas asesinadas en la cárcel o en comisaría, y 30 asesinadas después de haber sido aprobada la Constitución. ETA llevó sus atentados al paroxismo: 344 atentados, seguida por 51 de los GRAPO. Casi todos contra exponentes del régimen saliente. Por si fuera poco, los servicios secretos colaboraron en la creación de un clima de temor que disuadiera de un triunfo de la izquierda en las primeras elecciones democráticas. Lo que sigue ha de leerse sobre este fondo.

El hic rhodus del proceso constituyente era el problema de la legitimidad puramente franquista de un monarca designado saltándose la línea dinástica de la casa de Borbón. Eso no había sido un capricho o una preferencia personal. Franco y sus generales introdujeron con ello, en la cúspide del régimen más o menos democrático que sucedería a la dictadura, su propia legitimidad pretendida, la que presentaba como legítimo el golpe de Estado de 1936, y con ella la intangibilidad de las responsabilidades que se pudieran exigir por ese golpe, por la guerra civil, el genocidio posterior y el trato como a no-personas de los oponentes políticos. Todo eso se daba como legítimo con la instauración, y de ello era manifiestamente consciente Juan Carlos de Borbón al aceptar la sucesión a título de rey en 1969: "Recibo de su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios, para que nuestra patria encauzara de nuevo su destino".

Para el rey instaurado los derechos democráticos eran una necesidad que contrapesara aquella "legitimidad" oficial, so pena de perder la corona. Los límites políticos básicos de la Constitución de 1978 los pondrían pues la Monarquía y el Ejército.

A la Constitución se llegó a partir de una nueva "Ley Fundamental" del régimen aún franquista, la octava, en 1977, la Ley para la reforma política. Que no tiene desperdicio: de una parte afirmaba en su art. 1, de redacción deliberadamente confusa, que "La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo". O sea: introducía la palabra democracia y un principio de soberanía popular. Pero de otra parte esa ley creaba unas nuevas Cortes, limitadamente soberanas, ya que autorizaba al rey a nombrar senadores hasta la quinta parte del senado y, sobre todo, porque en su art. 5 le empoderaba para puentear a esas Cortes futuras convocando directamente un referéndum si lo estimaba conveniente, e imponerse sobre ellas. Así se garantizaba que el futuro parlamento no pudiera ir más allá de ciertos límites. Soberanía, pues, pero limitada incluso formalmente.

Hubo normas de indulto y amnistía, muy deficientes. Por otra parte aún había que legalizar los partidos políticos y financiarle uno al gobierno de Suárez, para lo que el rey sableó al Sha de Persia y a otros amigos semejantes. Se superó la dificultad de legalizar al Partido Comunista gracias a que la dirección de éste hizo concesiones hasta la ignominia (llegó a reconocer "la honorabilidad del Ejército" que se había alzado contra la democracia en 1936). Al mes de superado eso, el obstáculo principal entonces, Juan de Borbón, transmitió a su hijo la legitimidad dinástica que se había reservado para mantener la institución de la corona a salvo de las contingencias. Algunos partidos no tuvieron tiempo para organizarse legalmente: se presentarían a las elecciones como listas de independientes.

Los ciudadanos fueron llamados a las urnas el 15 de junio de 1977 para expresar su opción política por primera vez desde febrero de 1936. El franquismo había arrasado con todo lo que significara intervención política de la gente. La mayoría de las personas, en unas semanas, poco pudieron hacer para educarse políticamente. En las alturas de Palacio estaba claro que las Cortes iban a ser materialmente constituyentes, pero no fueron convocadas formalmente como tales. La Plaza, la gente corriente, permaneció ignorante de las opciones reales de los partidos al no aparecer en la campaña electoral mención alguna acerca de una futura Constitución.

El día de las elecciones el Consejo Superior del Ejército permaneció reunido, y acuartelada y prevenida la División Acorazada Brunete en las cercanías de Madrid, a la espera del desenlace electoral. Los resultados fueron muy favorables para el partido del gobierno. Un 35 % de los votantes, escaldados por la guerra y la dictadura, optó por el poder constituido. Nada de frentepopulismo. El Alto Mando debió de suspirar de alivio.

Las nuevas Cortes, las primeras elegidas por sufragio universal, designaron una ponencia constitucional. La ponencia se atuvo al conjunto de pactos previos entre el "partido militar", el gobierno y los partidos políticos relevantes: esos pactos constituyeron una especie de supralegalidad tácita. Sus puntos fundamentales fueron los cinco siguientes:

1. Intangibilidad de la monarquía instaurada y de su titular, jefe supremo de las fuerzas armadas.
2. Reconocimiento de la tutela militar: el Ejército se reservará para sí la defensa del orden constitucional; y la amnistía política quedará limitada en el ámbito militar: los militares demócratas condenados (de la clandestina Unión Militar Democrática) no serán reintegrados a sus puestos (la tutela militar perduró hasta que pudo ser transferida a la OTAN).
3. Unidad de la patria: la redundante redacción del art. 2 de la Constitución procede directamente del Ejército, y lo que importa de ese artículo no es tanto la distinción entre "nación" y "nacionalidades" cuanto la afirmación de que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible...". Dicho de otro modo: la Constitución se fundamenta —en lo que concierne al Ejército, guardián de la Constitución— en la unidad de la patria, y no en la soberanía popular, o en la democracia (palabra que apenas si se usa en el preámbulo de la Constitución y suele ser sustituida por la expresión pluralismo político). El artículo 2 vetaba una organización federal del Estado.
4. Ley del olvido: había que ir más allá de la amnistía de las responsabilidades penales: hubo un acuerdo de "punto final" tácito para no evocar el pasado trágico de la guerra civil, ni sus consecuencias, ni los papeles representados desde entonces por los principales actores políticos. Merced a este pacto y al punto primero de la supralegalidad tácita, los ciudadanos jamás han podido pedir responsabilidades siquiera civiles por las víctimas o reclamar los bienes confiscados. La memoria histórica española tenía que ser públicamente una memoria de pez.
5. Acuerdo de gobernabilidad: todos aceptaron la construcción de un poder ejecutivo sólido y una fuerte dificultad de acceso de las demandas sociales al núcleo del Estado.

La ponencia constitucional trabajó dentro de esos límites. Produjo un régimen político de bipartidismo imperfecto. Bloqueó casi totalmente cualquier canal participativo que no fuera el electoral. Dejó en el aire la construcción de las autonomías: cuando la Constitución fue sometida al refrendo de la ciudadanía nadie sabía cómo se configurarían las comunidades autónomas, ni cuántas o cuáles serían éstas, ni sus competencias, ni cómo se financiarían. Se recurrió al más que ambiguo concepto de nacionalidades históricas. Y quedaron muchos puntos, demasiados, para ser desarrollados posteriormente mediante leyes orgánicas. Entre ellos uno fundamental que se examinará en otro momento: el régimen electoral; para la Constitución la circunscripción había de ser la provincia. Se proclamaba un Estado social sin ninguna garantía sólida. Ni siquiera quedó establecida la plena laicidad del Estado.

Para el refrendo popular de la Constitución hubo tanto ruido mediático, como de barraca de feria, que toda discusión pública quedó sofocada. Quienes percibieron a tiempo los defectos de la Constitución limitadamente democrática e inacabada —y del sistema electoral— no podían votarla positivamente, dado el régimen partitocrático y cerrado que configuraba. Tampoco podían votar negativamente, pues eso es lo que haría la extrema derecha, ni contra el reconocimiento de los derechos políticos. Las minorías críticas habían luchado para poder votar, y ahora no les quedó otro remedio que hacerlo en blanco. Al menos así podrían —podríamos— criticar en el futuro el sistema constitucional sin hipocresía, y sin dejar de lado algo que nos importaba mucho: nuestros principios.

Una vez obtenido el refrendo popular, y en lo sucesivo, las voces críticas serían sistemáticamente sofocadas. Curiosamente, casi siempre lo utilizado como tapabocas ha sido la propia Constitución.

 

[Juan-Ramón Capella, catedrático emérito de Filosofía del Derecho, publicó como editor, en 2003, Las sombras del sistema constitucional español.]

 

[Fuente: infoLibre]

23/1/2018

La Biblioteca de Babel

Guy Standing

La corrupción del capitalismo

Por qué prosperan los rentistas y el trabajo no sale a cuenta

Pasado&Presente, 2017, 352págs.2017

 

El prolífico economista británico ofrece en este libro una magnífica panorámica del modelo de capitalismo neoliberal. La línea que sigue el trabajo es mostrar que detrás del crecimiento de las desigualdades ha habido un reforzamiento de un capitalismo rentista, orientado a explotar diferentes mecanismos institucionales con el objetivo de captar una parte creciente de la renta social. Lo que explica es conocido, pero el trabajo recurre a un lenguaje claro y una presentación sistemática que lo convierte en un texto recomendable para cualquier persona que quiera entender características esenciales del capitalismo actual. Más discutible resulta su insistencia en presentar el precariado como una nueva clase social diferente de la clase obrera y en suponer que es la revuelta del precariado la que puede acabar con este régimen de acumulación. En todo caso, este es un debate que requiere una discusión específica. Pero, salvando esta objeción, al menos por mi parte, creo que lo que se aprende con su lectura compensa de largo los desacuerdos.

A.R.A

30/1/2018

En la pantalla

Raoul Peck

El joven Karl Marx

(Le jeune Karl Marx)

 

 

A mí, me gustó El joven Marx, del mismo modo que amo Presidente Mitterrand (2005), de Robert Guediguian, o Pasolini (2015), de Abel Ferrara. Son todas ellas películas tradicionales pero, al mismo tiempo, son también películas serias. Presidente Mitterrand es la primera (y la última) película que acepta pactar el programa común con el partido comunista francés (y en la que hay poderosas imágenes de Mitterrand hablando a una clase en trance de desaparecer de la historia). El asesinato de Pasolini es algo más complicado que lo que cuenta Ferrara, como queda de manifiesto con el hecho de que participaron en la muerte ciertas personas que no formaban parte de las calientes noches romanas (pero sí de la historia contemporánea italiana). Una película siempre necesitará alguien que la cuente, alguien que la explicite, aunque sólo sea por el tiempo transcurrido.

En El joven Marx hay un plano extraordinario y contradictorio de Marx y Engels comiéndose un opíparo bogavante. Pero la extrañeza desaparece cuando uno piensa que estos viejos crustáceos se pescaban en el mar Atlántico por los pescadores occidentales, pero se vendían solo como morralla: como comida de "domingo" para familias de pocos medios (como los Marx).

El joven Marx es un relato de aprendizaje de Marx y de Engels de que los científicos siempre han tratado de explicar el mundo, pero ahora se trata de transformarlo (actitud no precisamente compartida por Proudhon, por ejemplo).

La película empieza con la pesadilla del robo de leña (1843) y termina con la edición de El  Manifiesto Comunista (1848): comprende, pues, cinco años, los años en que Marx y Engels se conocen y se hacen amigos. No faltan apuntes lúcidos sobre quiénes eran y que querían estos jóvenes revolucionarios, y hay una buena escena en la que queda patente (aunque no dicho) que la pasión amorosa de Engels es en realidad la nueva relación amorosa.

Es evidente que la historia de Marx y Engels no termina con la publicación de El Manifiesto Comunista, sino que más bien empieza con ella. Ambos lucharon en las trifulcas de la asociación internacional de trabajadores y Marx publicó El Capital (1867). El problema es que esa historia no cabe en dos horas de película.

Lo que hay que ver hoy, hay que verlo con los ojos del mañana. Cualquier profesor que se plantee explicar El Manifiesto comunista tendrá en sus manos esta bella y arrebatada película (y lo agradecerá). Además el joven Marx es también una historia bien contada y magníficamente fotografiada.

Josep Torrell

31/1/2018

Campañas

99,3% responsable

 

Destinar el 0,7% del PIB a ayuda al desarrollo no basta para construir un mundo más justo. Sobre esta premisa, la campaña 99,3% responsable aboga por que también el 99,3% restante del presupuesto de las administraciones públicas sea socialmente responsable. Para conseguirlo, la campaña se centra en la contratación pública, proponiendo a las administraciones que eviten contratar con empresas que vulneran los derechos humanos y que promuevan el respeto a los derechos humanos a lo largo de todo el proceso de contratación. A tal fin, la web de la campaña ofrece una guía de recomendaciones y propuestas que puedan servir de orientación a las instituciones. También recoge los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en Oriente Medio y en el Norte de África sobre empresas violadoras de los derechos humanos que a menudo son contratadas por las administraciones públicas catalanas, así como otros informes sobre empresas y derechos humanos.

R.A.F

31/1/2018