Llevamos meses atenazados entre dos monólogos reiterativos que no pretenden convencer. Sólo cohesionar al campo propio para cuando llegue el choque final. O para mantener una tensión sostenida para entretener al personal. Todo general sueña con tener una victoria decisiva. Pero esta casi nunca se produce y después de una batalla se sucede otra. Esto es lo que presumiblemente ocurrirá el 1 de octubre. Una fecha con más riesgos de que las cosas empeoren que otra cosa. La atmósfera empieza a ser irrespirable y a ello se han aplicado con ahínco los líderes de ambos campos.

Del PP no se podía esperar otra cosa. La mecha la empezó a encender Aznar y su sucesor, Mariano Rajoy, resultó en este campo un alumno aplicado. Ha hecho todo lo posible por alimentar el fuego: recogidas de firmas contra l’Estatut, recursos judiciales, campañas de boicot al cava, financiación a medios pirómanos de comunicación, manipulación de los organismos judiciales… Su reiterada referencia a la legalidad suena a una vieja repetición del discurso franquista. Se podrá aducir que las leyes de ahora no son las de antes, pero este argumento resulta discutible cuando se conocen todas las maniobras del gobierno para controlar el tribunal constitucional, el poder judicial, la fiscalía. Para conseguir en suma que la legalidad se adapte a sus intereses y forzar la interpretación de las leyes a su conveniencia. Sin su decisiva aportación es imposible entender cómo se produjo el avance espectacular del independentismo en Catalunya. Cómo se pasó en pocos años de aceptar un Estatut recortado por las Cortes (incluido el olvido de declaraciones insultantes como las de Alfonso Guerra) a una demanda, esta sí mayoritaria, de poder decidir en un referéndum la relación de Catalunya y España. Y en esta actitud el PP ha recibido el apoyo (a veces explícito, otras a través de un silencio vergonzante) de Ciudadanos y PSOE, que han colaborado a alimentar una dinámica perversa. (Un apoyo patético en los últimos días, cuando un PP desatado ha realizado actuaciones de dudosa legalidad y utilizado a “su” fiscal general para atizar la tensión al máximo. Los socios del PP no han sido ni siquiera capaces de condenar a estos miles de reaccionarios que jaleaban a las fuerzas de seguridad enviadas a Catalunya, que se parecían mucho a unas fuerzas de ocupación).

Pero el campo independentista está casi siempre a la altura de sus oponentes. Su crecimiento se basó tanto en el sentimiento de indignación y ninguneo provocado en Catalunya por la sentencia del Constitucional como en la machacona difusión de dos ideas simplistas: a) que conseguir la independencia era una cuestión fundamentalmente voluntarista, porque la comunidad internacional iba a reconocer el carácter democrático, pacífico, progresista del pueblo catalán; y b) que Catalunya padecía un expolio fiscal que impedía su desarrollo y era la causa de todas sus deficiencias. Dos argumentos falaces pero efectivos para conseguir la movilización. El primero de ellos ya ha quedado desarbolado por los acontecimientos; el segundo tiene más recorrido sobre todo por la amplia percepción de discriminación que existe en temas como los peajes de autopistas o los trenes de cercanías.

El giro independentista de la antigua Convergencia condujo el proceso a una pista de aceleración sin posibilidad de frenada. Un giro en parte oportunista —para frenar la amplia confrontación social a los recortes y tapar sus generalizados casos de corrupción— y en parte explicable porque la oleada de protestas hizo aflorar las convicciones profundas de un sector del partido. O simplemente algunos, especialmente Artur Mas, pensaron que tenían la oportunidad de convertirse en personajes históricos. Primero fue la consulta del 9-N: aunque la movilización de votantes no alcanzó el 50% del censo (y hubo un no despreciable voto contrario a la independencia) la respuesta fue propugnar unas elecciones plebiscitarias. Tampoco en estas el independentismo obtuvo la mayoría deseada (su mayoría parlamentaria es producto del reparto de escaños entre provincias que prima la representación de las áreas donde el independentismo es más fuerte) pero la presión de la CUP y de ERC, aparte de forzar un cambio de liderazgo en la Generalitat, propició un nuevo salto adelante: el compromiso de convocar un referéndum a plazo fijo, fueran cuales fueran las circunstancias. Un referéndum que claramente no iba a permitir el gobierno de Rajoy y que conducía necesariamente a una confrontación abierta con el Estado central. Y un referéndum que viene acompañado de una ley de transitoriedad impuesta en condiciones vergonzosas. La excusa —siempre pueden encontrarse subterfugios para justificar cualquier comportamiento— es la situación de “emergencia nacional”, y con ello se cuela un procedimiento y un proyecto inaceptable. (A la gente de izquierdas que apoya sinceramente este proceso le recomendaría la lectura de La revolución rusa de Rosa Luxemburgo, un texto en el que critica el comportamiento de los bolcheviques respecto a las elecciones democráticas y que constituye una de las claras premoniciones de cuál podría ser la deriva de la política soviética cuando se da por bueno un comportamiento de excepción). De hecho, es el mismo tipo de argumento que utilizaron PP y PSOE para introducir la austeridad en la constitución, y el que dominará la política catalana y española durante muchos meses. Si alguien tenía dudas de la escasa solidez de los argumentos vale la pena visualizar la magnífica entrevista de Jordi Evole a Puigdemont (al menos hay que reconocerle a este último el coraje de someterse a la misma, cosa impensable en Mariano Rajoy) en la que, ante las objeciones del entrevistador a las condiciones legales del referéndum, la respuesta del President fue que esta se atenía a las normas de la ley electoral española. O sea, que rompemos con la legalidad española pero la utilizamos sin escrúpulos (por ejemplo permitiendo que la gente afín al procés controle las mesas electorales) cuando nos conviene.

Recapitulando: la situación actual es responsabilidad esencial del Partido Popular, y en menor medida de sus aliados en este empeño. Primero provocando un incendio en Catalunya y después negándose a cualquier planteamiento que suponga dar una salida aceptable al proceso. Pero el bloque independentista ha tomado decisiones, ha impuesto un ritmo al proceso que realimenta la tensión, introduce respuestas peligrosas (desde el punto de vista democrático) y bloquea la búsqueda de vías de escape. Por si alguien lo duda, resulta a todas luces impresentable que ERC y la CUP no hayan ni siquiera firmado el manifiesto de Zaragoza en el que una parte sustancial de sus demandas reciben el apoyo manifiesto de fuerzas de otras partes del estado.

2. El derecho a la autodeterminación

Para una parte de la opinión pública catalana el derecho a decidir se ha convertido en un tema que no admite discusión, es un derecho fundamental. Sobre esta convicción se asienta el punto fuerte de los partidos independentistas, lo que permite entender la posición de mucha gente no independentista, especialmente de los votantes de los comunes. El derecho a decidir no es más que una formulación suave de lo que verdaderamente es: el derecho a la autodeterminación.

El derecho a la autodeterminación se recogía en todos los programas de la izquierda comunista en el momento de la transición. Se planteaba para las nacionalidades “históricas” (Catalunya, Euskadi y Galicia). Se reconocía a estas su carácter de nación diferente y respondía en mayor o menor medida a la realidad social de estos territorios (aunque en Galicia el sentimiento nacional siempre ha sido más débil y menos articulado). Algunos partidos planteaban una versión maximalista de esto al incorporar a otros territorios: Navarra en el caso del nacionalismo vasco y els Països Catalans en el catalán. Este planteamiento era en parte continuista de la vieja tradición de la izquierda (con el añadido de socialistas) que en tiempos de la república propugnaba la constitución de una Federación de Repúblicas Ibéricas. Explico esto para reflejar dos cosas: a) que el tema nacional y el reconocimiento de una entidad diferenciada tiene un largo recorrido; y b) que también lo tiene el derecho a la autodeterminación de estos territorios.

En la transición, la cuestión nacional constituyó uno de los grandes temas y forzó al Gobierno central a reconocer la autonomía de Catalunya antes de aprobar la constitución (Tarradellas regresó del exilio en septiembre de 1977) y a mantener los fueros vasco y navarro con todo su peso de trato fiscal favorable. Como el tema de las nacionalidades era peliagudo, se recurrió a filigranas verbales (la diferenciación entre nación y nacionalidad) y, sobre todo, se creó el sistema de las autonomías como una solución para difuminar los aspectos específicos de Catalunya y Euskadi. Hay que reconocer la creatividad de la solución, aunque posiblemente ahora se haya convertido en una nueva dificultad: se ha creado un sentimiento regional allí donde era débil y este sentimiento se moviliza contra la consideración de una situación diferencial en las nacionalidades históricas.

El derecho de autodeterminación es una solución razonable allí donde existe un importante conflicto territorial. Siempre es una solución mejor establecer un proceso democrático que permita a la gente elegir en qué espacio político quiere convivir que mantener una coexistencia forzada o un conflicto violento permanente. Habitualmente los que niegan este derecho alegan dos cuestiones discutibles: que reconocerlo implica que las fuerzas nacionalistas locales forzarán a una tediosa convocatoria de consultas mientras no obtengan sus objetivos, y que si se acepta este principio al final podemos llegar a un mundo de miniestados sin capacidad real de autogobierno (hace pocos días alguien se refería con poco fundamento al cantonalismo). Las dos objeciones tienen algo de verdad, pero no las considero un argumento sólido en contra de este derecho. Aunque la repetición de referendos puede ser realmente engorrosa, es siempre mejor que una situación de conflicto abierto o latente con daños muy superiores (se puede, además, acotar el derecho para que sólo sea aplicable en períodos de tiempo razonables). Y el peligro del fraccionamiento no es irreal pero resulta exagerado (y choca con la realidad del mundo actual, donde al lado de macro-estados subyace una gran cantidad de mini-estados de un tamaño muy inferior al que seguramente resultaría de los procesos separatistas que podrían plantearse en Europa occidental).

El que el derecho de autodeterminación sea una opción razonable no significa que no sea una cuestión problemática. En primer lugar está la cuestión del impacto social que su ejercicio puede generar en la propia sociedad que plantea la separación. Un impacto que depende fundamentalmente del tipo de proceso y de la composición interna de esa sociedad. En sociedades coloniales o en los viejos imperios posiblemente este impacto es pequeño porque simplemente se trata de quitarse de encima un poder externo. Pero en sociedades donde se ha producido una importante mixtura de orígenes, puede ser potencialmente grande. Una parte de la sociedad puede ver el proceso como una agresión a sus condiciones de vida y generarse una profunda alteración de la convivencia social. El ejemplo bosnio constituye un caso de libro y muestra la dificultad de reconstruir una colectividad tras la experiencia de un proceso traumático. Cada proceso de escisión es diferente, pero no hay que despreciar el peligro de que una parte de la población local sea considerada población de segunda, o población sospechosa, o que una vez establecida la independencia surjan tentaciones de aplicar políticas homogenizadoras. Por ello, cualquier proceso de autodeterminación que quiera ser respetable debe establecer procesos formales, garantías y propuestas inclusivas que eviten impactos socialmente negativos. Y la labor fundamental de una izquierda merecedora de respeto debe ser velar por el cumplimiento de estas reglas.

La segunda cuestión discutible es el tipo de apelación al que hace referencia el movimiento separatista. También aquí es imposible generalizar: no es lo mismo sacarse de encima un poder colonial que tratar de romper con territorios más pobres para eludir políticas redistributivas. En medio puede haber una serie de situaciones diversas, más o menos legítimas. Pero en todo caso subyace siempre una tensión entre una visión de la política centrada sólo en los intereses nacionales o locales, que se desentiende de la búsqueda de un proyecto inclusivo a escala superior, y una visión cosmopolita orientada a establecer reglas justas y cooperación a escala planetaria. El escándalo de la cuestión de los refugiados es una buena muestra de los dilemas que plantea una visión nacional de los hechos. Y es discutible que desde una visión estrictamente nacionalista o soberanista pueda construirse una política europea o mundial inclusiva. Por ello, también el papel de la izquierda debe orientarse a fomentar más las ideas y las políticas cosmopolitas que un nacionalismo que en demasiadas ocasiones acaba siendo una fuente de problemas graves. Muchos de los problemas que emergieron en la crisis de la vieja URSS y sus satélites tuvieron que ver con el uso abusivo que hicieron los dirigentes soviéticos del nacionalismo como elemento de cohesión social.

Resulta sensata la vieja propuesta de la izquierda española de considerar los derechos de autodeterminación como propuestas aceptables, aunque a menudo incómodas (el movimiento anarquista por ejemplo fue claramente beligerante con el nacionalismo), y al mismo tiempo promover una propuesta de Federación Ibérica que presuponía algún tipo de construcción federal orientada a crear lazos y dinámicas de interacción en un espacio con el que se compartían muchas cosas. Hoy, si algo está ausente en la izquierda catalana (en Els Comuns), es una apuesta clara en este sentido. El ala independentista ha sido mucho más insistente y beligerante en sus planteamientos que el resto. Y el resto no ha sido capaz de elaborar una propuesta propia que sirviera tanto para discutir los excesos de todo tipo que en que incurren los independentistas (Joan Coscubiela sí tuvo el valor de hacerlo en sede parlamentaria) como para plantear abiertamente una propuesta alternativa. Existe demasiado temor a ser confundidos con el federalismo descafeinado del PSOE, pero no es posible reforzar el espacio político sin claridad de proyectos y valor para defenderlos. La irrupción de Els Comuns representó la reintroducción del eje social en el debate político. El rifirrafe del referéndum y la polarización del debate que ello introduce en Catalunya pone en peligro la centralidad del debate social.

3. Los efectos de la independencia unilateral

La creciente demanda de independencia en la sociedad catalana suma diferentes tipos de planteamientos. El núcleo central es el de la gente que siempre se ha sentido extranjera en España, que comparte una visión mítica de la nación. Esta base se ha extendido en los últimos años en respuesta a la ofensiva del PP. Es bastante frecuente oír en privado y en público que el voto por la independencia es un voto “por la dignidad”, de personas que se han sentido profundamente ofendidas y maltratadas por el gobierno, por buena parte de la casta política española y por sus seguidores. Pero existe también una corriente creciente de personas que están decantando su posición con la esperanza de que con la independencia se librarán de Rajoy y sus secuaces. Un argumento que ha ganado peso tras el último ciclo electoral, cuando se ha constatado el apoyo a la derecha y el posicionamiento de parte del Partido Socialista. Hay que reconocer que, de ser factible, la oportunidad de evadirse de la España de los Rajoy, Rivera y Díaz resultaría altamente atractiva para mucha gente no independentista. Queda por último un amplio sector de izquierdistas (en un espacio que va de parte de Els Comuns a la CUP) que piensan que un proceso de independencia abriría la posibilidad de un proceso constituyente en el que se podría cristalizar un marco institucional alternativo al neoliberalismo. Hay por tanto muchos matices en el independentismo actual, se mezclan expectativas, sentimientos y visiones estratégicas.

Pero hay varias cuestiones discutibles en estos planteamientos. En primer lugar, es bastante improbable que en el contexto actual la independencia sea alcanzable a corto plazo y sin un elevado coste social. La dificultad nace tanto de la cerrazón total de las élites españolas como de los intereses internacionales. El independentismo catalán no ha conseguido obtener la tutela de ninguna gran potencia, como sí tuvieron los independentistas eslovenos. Lo han explicado recientemente los historiadores Josep Fontana (en eldiario.es) y Josep Mª Fradera (en El País). La declaración unilateral de independencia sólo quedaría en una declaración de intenciones, dadas las limitaciones materiales del gobierno catalán (lo explicó José Luis Gordillo en estas mismas páginas). Aunque no se trata en sí misma de una objeción moral o estratégica, elimina uno de los atractivos más interesantes de la propuesta.

Hay en cambio dos razones que al menos deben tomarse en serio. Una de tipo económico-instrumental y otra de modelo de país. La primera se refiere al impacto económico que tendría la independencia de Catalunya no sólo para España sino especialmente para Catalunya. Los independentistas han construido su discurso sobre el maltrato fiscal. Es cierto que el sistema fiscal español genera un cierto maltrato fiscal a Catalunya y otras comunidades (País Valencià, Madrid). Pero en el cálculo de los beneficios de la segregación no se cuentan ni los costes de la creación de las estructuras de un nuevo estado (que posiblemente se comerían buena parte de los recursos fiscales adicionales) ni la cuestión de la deuda pública. Por más amistosa que fuera la separación, Catalunya heredaría una parte no pequeña de la deuda española y estaría sometida a la presión de la deuda (dentro o fuera de la UE) y también, presumiblemente, a nuevas políticas de ajuste. Aunque Catalunya tiene una balanza comercial más equilibrada que el conjunto de España, queda por ver si la desconexión afectaría a las exportaciones a su principal cliente. En todo caso, existen serias probabilidades de que incluso un proceso de independencia amable comportara el riesgo de nuevas políticas de ajuste que seguramente serían aplicadas con entusiasmo por los economistas afines al independentismo (los Mas-Collell, Sala-Martin, Bel, Ponsati…, todos ligados a una concepción económica neoliberal).

La segunda cuestión es la del modelo de construcción social, cultural, del país. Aunque hay que reconocer que el independentismo ha guardado las formas respecto a la existencia una enorme presencia de población castellanoparlante y de otras procedencias, no está claro que esa misma actitud se mantuviera en el momento de construir un nuevo país. Solo hay que ver el discurso cultural que emana de los medios afines al independentismo (o analizar el tratamiento que se dio a los barrios periféricos de Barcelona cuando el Ayuntamiento estuvo en manos convergentes) para pensar que este es un peligro real. Quizás no sea una deriva inevitable, pero es una amenaza no despreciable y a menudo ignorada por sectores de la izquierda poco conectados con el núcleo de la clase obrera que mantiene una identidad española. Por desgracia, la experiencia de las construcciones nacionales en el este de Europa, en la que se ha mirado parte del independentismo, ofrece muchas situaciones preocupantes.

En suma, me parece que el proceso de independencia tiene más riesgos por los aspectos señalados que oportunidades de construir un proceso constituyente como el que demanda parte de la izquierda. Sobre todo porque hay que reconocer que el independentismo goza de una sólida estructura social de apoyo, una base social que tiene sus propios valores y preferencias culturales, que está dispuesta a aceptar políticas de austeridad en aras de conseguir su objetivo nacional, y que es más densa y organizada que la base social que puede apoyar demandas radicales de transformación.

No son estos argumentos radicales contra la independencia. Los países, las fronteras, son el resultado de procesos políticos azarosos y transformables. Fijar una u otra frontera no puede confundirse con la ruptura de solidaridades de clase. Hoy más que nunca, los procesos de transformación deben tener un enfoque cosmopolita orientado a conseguir condiciones sociales y ecológicas aceptables de alcance universal. Lo que obliga a no tener una posición ingenua sobre las propuestas independentistas.

4. Claroscuros de una jornada aciaga

La jornada del 1-O concentra todas las dinámicas perversas que se han generado en torno a la cuestión catalana. De una parte, los convocantes de un referéndum en el que se han saltado casi todas las reglas democráticas básicas alegando la situación de emergencia nacional. De otra, un gobierno y un bloque constitucional impasible, sin ninguna propuesta de solución de un conflicto (en los medios de comunicación estatales hay muchas más voces que sostienen que hay que acabar de una vez con la tolerancia respecto al independentismo catalán que las que reconocen que se trata de un conflicto que hay que resolver por medios políticos) y con sobreactuaciones (como la de la detención la semana pasada de altos cargos de la Generalitat) totalmente insensatas (que se despida a la policía con manifestaciones y cánticos de “a por ellos” suena más a declaración de guerra que a otra cosa).

Lo que ha ocurrido hoy es coherente con la sucesión de hechos anteriores. El independentismo social ha demostrado su enorme fuerza de arrastre, protagonizando una movilización masiva en mil y un pueblos. Hay sin duda mucho de fundamentalismo en esta aceptación acrítica de cualquier cosa que parezca un referéndum, pero también se refleja en ello una enorme frustración por la incapacidad de articular esta demanda en el marco constitucional. El independentismo ha sido enormemente hábil en conseguir legitimar su punto de vista, pero el inmovilismo del “bloque constitucional”, y especialmente las reacciones autoritarias del gobierno, le han allanado el camino.

Esta mañana miles de personas en numerosos puntos de Catalunya ocupaban los lugares destinados a colegio electoral. Escribo mi crónica desde un barrio obrero, donde el independentismo tiene una representación electoral mínima y donde en cambio había grupos numerosos de gente del barrio en todos los colegios. La irrupción de la policía, en todos lados brutal, ha generado una respuesta masiva. No sólo en los lugares donde el independentismo forma parte del “sentido común” de la vida local sino también en barrios como el mío donde al final se ha lanzado a la calle todo el amplio abanico de personas que forman parte de un denso tejido social. El sueño independentista de considerar la policía como una fuerza de ocupación se ha cumplido con la irrupción de una policía nacional que destrozaba colegios, agredía a cualquiera que estuviera allí o, en casos más graves, disparaba balas de goma en una comunidad que había conseguido prohibirlas. Y hay que reconocer que también en este caso el independentismo ha conseguido un éxito: a pesar de la cantidad de intervenciones desproporcionadas de la policía, de los destrozos, de los más de 800 heridos, la respuesta de la gente ha sido fundamentalmente pacífica, ordenada y dentro de lo posible serena. Mi vivencia personal es agridulce. El referéndum tal como estaba planteado me parecía inaceptable, el balance final de hoy conduce al desastre, pero en cambio a lo largo del día he participado de una movida en la que se ha mezclado mucha gente diversa, unos votando y otros no, unida no sólo por lazos de vida vecinal consistentes sino también por un enorme sentimiento de rechazo a la agresión perpetrada por las fuerzas de seguridad.

Cuando de la experiencia vivencial se pasa al balance más frío, el resultado es de auténtico desastre. Creo que es una jornada en la que hay dos grandes vencedores, cada uno en su territorio. En Catalunya el independentismo puede sacar pecho: no sólo ha mostrado su enorme fuerza social sino que encima puede presentarse como víctima de un estado represor. Y va a hacer un uso abusivo de esta situación. Hoy mismo CCOO y UGT acaban de anunciar que se suman a la convocatoria de huelga del próximo martes día 3 cuando hace dos días no lo hacían (la huelga significa nada menos que ir de la mano de un PDCAT que firmó la reforma laboral de 2012). Sin los porrazos de hoy, este deslizamiento probablemente no hubiera ocurrido. Ya se sabe que los impactos emocionales son una enorme palanca para mover voluntades.

En el otro plano, Rajoy y su pareja de hecho Albert Rivera pueden seguir imponiendo un relato que aterra al resto de España, genera un enemigo exterior y promueve el inmovilismo constitucional. Un relato difundido con profusión por la inmensa mayoría de los medios de comunicación nacionales y que con sus casposas actuaciones realimenta al independentismo catalán. No se trata de una conspiración negociada, pero la realidad conspira para que cada uno de los bloques refuerce su hegemonía en su respectivo territorio.

Se trata de una situación que no sólo bloquea una solución posible del conflicto catalán sino que además lo convierte en una capa densa que impide debatir y pelear por temas tan urgentes como la pobreza, las desigualdades, la corrupción, los derechos sociales, el problema ambiental, etc.

5. ¿Hay salida?

A corto plazo uno no puede ser optimista. Cualquier intento de buscar una salida intermedia corre el riesgo de la incomprensión y el descrédito. La situación de Els Comuns en Catalunya es paradigmática. El intento de construir una fuerza política que fundamentalmente cambiara el eje del debate corre peligro de naufragio justo al empezar su andadura (y a pesar de contar con un liderazgo fuerte por parte de Ada Colau). En primer lugar por las propias tensiones internas propiciadas sobre todo por una ala independentista (en la que se incluyen trostkistas, ex-prosoviéticos y personas provenientes de círculos independentistas) que, atraída por la dinámica del país, ni siquiera ha conservado las formas mínimas acordadas colectivamente (participando abiertamente en mítines del bloque independentista). Y en segundo lugar, por la dinámica generada por la acción policial y la situación post-referéndum.

Pero que sea difícil no quiere decir que podamos abandonar. Hay que hacer un trabajo tanto en Catalunya (orientado a generar un espacio de racionalidad democrática que posibilite reconducir la dinámica que nos lleva al desastre y a reintroducir otras prioridades sociales en el centro de la política) como en España (por crear un espacio orientado hacia una reforma constitucional que dé una salida adecuada y airosa al conflicto nacional). Y en esta salida hay dos cuestiones que parecen claves: que se pueda establecer un verdadero debate sobre el modelo territorial (que incluya el reconocimiento del derecho de autodeterminación para ofrecer alguna posibilidad de referéndum en Catalunya) y que se plantee un discurso cultural integrador que propicie un nuevo modelo de convivencia entre las diferentes naciones del estado español. Un modelo en el que la tolerancia lingüística esté normalizada (al estilo suizo por ejemplo) y no constituya un motivo de enfrentamiento político, como es habitual por estos lares (siempre he pensado que la principal diferencia de los catalanes respecto a gallegos y vascos es que en Catalunya la lengua normalizada en el mundo urbano es el catalán, y esto es visto como una agresión en el resto del país). Si no se avanza en estas condiciones, seguiremos inmersos en un conflicto envenado que se autoalimenta por las dos partes.

Posdata: ante el nuevo órdago

Acabé de redactar esta nota hacia las 12 de la noche, con objeto de que se pudiera debatir antes de editarla. Me fui a la cama. Esta mañana, al leer la prensa, constato que el frente independentista da por válido el resultado del referéndum y considera que el mismo supone un mandato democrático que “exige” proclamar la Declaración Unilateral de Independencia y poner en práctica la Ley de Transitoriedad. Realmente un despropósito. Ni el domingo hubo un referéndum con un mínimo de garantías democráticas (hay evidencia de que se podía votar más de una vez y faltaban las mínimas condiciones de limpieza electoral, convocatoria, debate, etc.) ni el número de votos atribuido al Sí alcanza un nivel suficiente.

Oponerse a la DUI es la única cosa decente que pueden hacer Els Comuns, por compromiso democrático, por fidelidad a buena parte de sus bases y por catalanismo. La DUI es sólo un órdago, sin posibilidad de llevarse a la práctica. Es un nuevo paso en una política de enroque que bloquea todas las graves cuestiones que tiene planteada la sociedad catalana (por limitarme al ámbito donde tiene lugar la batalla). A corto plazo, oponerse a la DUI representa una apuesta difícil, pero en política, como en otros campos, a veces mantener y explicar con claridad las ideas propias es la única forma de ganar credibilidad a largo plazo. La DUI supone apuntar a un nuevo callejón sin salida para retroalimentar “el procés”. La única forma de cambiar el signo de las cosas es alterando los términos del debate. El 1 de octubre no ha resuelto nada, por lo que es más necesario que nunca buscar caminos alternativos que permitan abrir ventanas en un territorio político totalmente enrarecido.

3/10/2017

La memoria que olvida: entre lo personal y lo colectivo

Antonio Madrid Pérez

El olvido tal vez sea el ingrediente más inquietante de la memoria. Y el silencio cómplice tal vez el ingrediente social más vergonzoso y el más hiriente.

A principios de septiembre, en el espacio de reflexión colectiva que es “Sufrimiento social y condición de víctima”, Mª Dolores Martín-Consuegra compartió la investigación que viene desarrollando sobre las violencias que padecieron mujeres durante el franquismo. El título de su exposición fue: Entre el silencio y la negación: los crímenes de género durante el franquismo en la localidad de Herencia.

Martín-Consuegra y sus colaboradoras han comenzado a entrevistar a mujeres que hoy ya son muy mayores. Mujeres que, como han hecho otras en otras partes, explican lo que hicieron algunos policías de la localidad de Herencia con mujeres del pueblo: violaciones, abusos sexuales, corte de pelo, obligar a beber aceite de ricino, exposición pública vergonzante, insultos… A las mujeres violadas por el jefe de policía y sus secuaces se les trataba de ‘putas’ y así se la paseaba por el pueblo, en un ejemplo de horror institucional, pero también de extensión y adensamiento de la maldad social. No faltaba quien lanzaba piedras contra las mujeres, quien justificaba el trato, quien después estaba dispuesto y dispuesta a señalar con el dedo y a guardar un silencio cómplice.

Estas violencias se ejercían sobre mujeres que hacían estraperlo o que iban a la rebusca de lo que había quedado en el campo tras la cosecha. La frase que recuerdan, y que probablemente dará título al documental que están preparando, es ‘Levántate el mandil’. Las mujeres violadas y maltratadas eran republicanas o familiares de republicanos, personas empobrecidas que quedaron a expensas de los perpetradores.

Sobre estos hechos, al igual que otros similares que ya han sido documentados, se ha extendido un silencio institucional y social durante años. No es que no se supiera, no es que se hubiera olvidado porque el daño había sido afrontado (hasta donde estos daños pueden ser afrontados). No era eso. Era el silencio impuesto por el poder estatal. Y también por la maldad social. Por una parte, las mujeres violadas se vieron forzadas a callar. Ya fuera porque el hijo que esperaban era fruto de la violación, ya fuera porque su padecimiento quedaba silenciado por la mayoría social dominante, ya fuera para salvar la vida, ya fuera para proteger el honor de los hombres de la casa, ya fuera para no dar de comer al odio.

Muchas de estas mujeres habían callado, no olvidado. Lo sucedido seguía presente: en el recuerdo sufriente de las mujeres, en la vergüenza experimentada por las familias, en los hijos habidos a consecuencia de las violaciones, en las miradas y en las miradas heredadas que vinieron después, porque la gente humillada queda marcada. Porque en ocasiones duele más, y durante más tiempo, la soledad en la que se halla la víctima.

La historia de estas violencias, la historia de las peladas, es una historia del abuso ejercido por las autoridades estatales, y al mismo tiempo, y en relación íntima con este abuso, es la historia del maltrato justificado y mantenido (al menos en parte) socialmente sobre estas mujeres.

Investigaciones como la de Martín-Consuegra plantean la necesidad de guardar memoria del olvido. Recordar lo que se olvidó cuando recordar era peligroso, porque recordar te traía problemas, porque recordar lo ocurrido te enfrentaba con algunos de tus vecinas y tus vecinos. El olvido como imposición estatal y también social. El olvido forzado como exigencia de la verdad impuesta, de la justificación secundada durante años por una parte de la gente. Y esta memoria del olvido, este reconocimiento de que lo que recordamos contiene olvido, se necesita también para abordar socialmente las violencias sociales ejercidas contra aquellas mujeres que lucharon por liberarse de la opresión de sus maridos.

Hablando con Martín-Consuegra, de camino a Herencia, decíamos: dura tierra La Mancha… tierra en la que se han dado historias muy duras… Al decir esto, ya no hablábamos sólo de la represión franquista, hablábamos también de mujeres maltratadas en sus casas por parte de sus maridos. Historias duras que en La Mancha, como en otras partes, no eran sólo historias personales, de mujeres e hijas e hijos… sino también historias sociales que explicaban la dificultad que muchas mujeres encontraron, y encuentran, para liberarse de sus maltratadores. Mujeres que, al intentar liberarse, en ocasiones para salvar a sus hijos, se enfrentaban al maltratador y, en muchas ocasiones, al entorno social, en el que no pocos hombres y mujeres criticaban, condenaban, a la mujer que se atrevía a romper las reglas de sometimiento.

Es cierto que toda memoria incorpora olvido. En ocasiones olvido de detalles, de matices. En ocasiones, olvido de aspectos centrales. La memoria de lo sucedido es una memoria construida, tamizada. No es posible la memoria plenamente fehaciente, prístina. La memoria no es una copia fidedigna de todo lo que sucedió. Incorpora por tanto ausencias, olvidos y silencios. Los olvidos de la memoria son en ocasiones también justificaciones dolorosas de tragedias personales. Formas de sobrevivir. Sin embargo, una memoria que no sea consciente de lo que ha olvidado, y de por qué lo ha olvidado (sobre todo en las cuestiones centrales), corre el peligro de justificar silencios, de impedir que las personas hablen de lo que les ocurrió y de lo que ocurrió, de analizar cuáles son los mecanismos sociales e institucionales que hay que transformar para prevenir y erradicar los abusos de poder, tanto los institucionales como los sociales.

3/10/2017

Y el tribunal europeo de derechos humanos habló: las devoluciones en caliente son ilegales

Rosa Ana Alija Fernández

En 2015, el Partido Popular aprobó —con toda la oposición en contra— ese despropósito con forma legal que es la Ley de seguridad ciudadana. En ella, no contento con sancionar a diestro y siniestro el ejercicio de las libertades fundamentales vinculadas a la protesta, aprovechó para dar cobertura normativa a una violación de derechos humanos flagrante, como son las devoluciones en caliente de extranjeros que intentan entrar en España por la frontera sur. Así, puesto a escribir, colocó al fondo a la derecha una disposición final (la primera) que modificaba la Ley Orgánica de extranjería, conforme a la cual “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

Dos años y medio después, el 3 de octubre de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por esta práctica, como respuesta a la demanda presentada por N. D. y N. T. Ciudadanos maliense y marfileño, respectivamente, ambos habían intentado entrar en España en agosto de 2014 saltando la valla de Melilla junto con otras personas de origen subsahariano, con el resultado de su devolución inmediata a Marruecos sin que hubiera mediado decisión administrativa o judicial alguna, y sin que las autoridades españolas hubieran procedido a su identificación.

España trató de defender su posición argumentando que los demandantes no se encontraban aún en territorio español y, por tanto, los hechos habían ocurrido fuera de su jurisdicción. El TEDH, sin embargo, rechaza ese argumento (párr. 54) sobre la base de que, esté o no la valla en territorio español, es un hecho que las autoridades españolas han ejercido un control efectivo, continuo y exclusivo —al menos de facto— sobre los particulares afectados, sea en el interior del territorio o sobre sus fronteras terrestres.

Dos intentos más de defensa por parte de España (párrs. 56 y 62): las víctimas no pueden ser consideradas tales, porque no hay forma de saber con certeza si participaron en los hechos que denuncian, y tampoco agotaron las vías de recurso existentes en el ordenamiento jurídico español (como requiere el artículo 35 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, CEDH) ante sendas órdenes de expulsión dictadas contra los demandantes tras un segundo intento de entrar en el país. Dos rechazos más del TEDH: respecto de la primera alegación, el relato de los demandantes es coherente, y la imposibilidad de verificar su identidad solo es achacable a España, que no procedió a identificarlos cuando trataban de entrar en el país. Por otra parte, el TEDH recuerda que el Estado no niega la existencia de devoluciones en caliente y, además, las ha legalizado con la reforma de la ley de extranjería operada por la ley de seguridad ciudadana. Respecto de la segunda alegación, el tribunal le viene a decir a España que deje de hacer trampas al solitario y se centre: lo que se discute no son las órdenes de expulsión dictadas con motivo del segundo intento de entrada, sino la previa expulsión en caliente sin que hubiera mediado decisión administrativa o judicial, ni tan siquiera la identificación de los expulsados, lo que hacía imposible cualquier intento de acudir a los recursos internos.

Establecida su competencia para conocer del caso, el TEDH examinó las alegaciones de los demandantes, que no fueron los únicos en considerar que las devoluciones en caliente constituyen una violación de derechos humanos. En efecto, el tribunal también admitió y tuvo en cuenta las observaciones escritas presentadas por el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y varias ONG (el Centro AIRE, Amnistía Internacional, el ECRE y la Comisión Internacional de Juristas), todas en una dirección convergente: la violación de derechos humanos por parte de España con su política de devoluciones en caliente.

El TEDH hace suya esta valoración y condena a España por violación del artículo 4 del Protocolo nº 4 al CEDH, que prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros, con el fin de evitar que los Estados puedan expulsar a un cierto número de extranjeros sin examinar su situación personal y, en consecuencia, sin permitirles exponer sus argumentos (por ejemplo, su voluntad de solicitar asilo) en contra de la medida adoptada por la autoridad competente. Asimismo, en combinación con el artículo 4 del Protocolo nº 4, aprecia una violación del artículo 13 del CEDH, relativo al derecho a un recurso efectivo, en este caso frente a la expulsión colectiva, dado el carácter inmediato de la expulsión de facto de los demandantes.

Esta sentencia deja claro lo que ya se sabía: las devoluciones en caliente son ilegales, pues constituyen una violación flagrante de los derechos humanos. Ello debería ser suficiente para que el Estado adopte las medidas necesarias para derogar el artículo que las autoriza. Por si fuera poco, el TEDH condena a España a pagar 5.000 € a cada demandante, en concepto de daños morales. Aunque esta decisión cuenta con el voto en contra de uno de los siete jueces (que considera que la condena es ya una reparación suficiente de tales daños), debe ser bienvenida: al menos, si el Estado se mantiene en sus trece, tendrá que hacerlo a sabiendas de que con ello abre una gotera en las arcas públicas, porque son de prever nuevas demandas por hechos similares.

Esperemos que la sentencia dictada en el asunto N.D. y N.T. contra España no solo corrija una política migratoria vergonzosa, sino que, con suerte, sea la primera andanada contra la Ley de seguridad ciudadana, sobre la que penden varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante el Tribunal Constitucional y que ya ha sido seriamente cuestionada por otros órganos internacionales de protección de los derechos humanos.

3/10/2017

¿Agencia Tributaria española o catalana?

Miguel Ángel Mayo

Una de las cosas más importantes que una persona debe controlar en su vida es, sin ninguna duda, el saber perfectamente dónde está. Y a partir de su ubicación en esta vida llena de alegrías y a la vez de desdichas, esta persona deberá de tomar las decisiones más acertadas para sentirse en primer lugar ubicado, y, en segundo lugar, útil. Si tiene la certeza de que está en el lugar exacto, y con las herramientas adecuadas, las posibilidades de sentirte realizado, de estar arropado y de maximizar sus oportunidades de éxito van a ser ilimitadas.

Por nuestra práctica profesional, los funcionarios de Hacienda parece que tenemos bastante solucionada esta importante cuestión. En nuestra vida laboral tenemos perfectamente ubicada nuestra localización –en la Agencia Tributaria–, y también nuestras decisiones –que no deben ser otras que realizar el servicio público que tenemos encomendado−.

El funcionario de Hacienda se convierte así en la perfecta hormiga obrera que trabaja incansable para dotar de recursos al hormiguero. Día tras día, su misión es aportar a este hormiguero los ingresos necesarios para abordar el año fiscal, obteniendo de su jardín particular (sus contribuyentes) el dinero que servirá para mantener las necesidades, las infraestructuras y los gastos corrientes a los que debe hacer frente una estructura tan compleja y necesitada de recursos como es el hormiguero al que pertenece (actualmente el Reino de España).

Además, y esto le encanta a la hormiga obrera que es el funcionario de Hacienda, independientemente de quien reine en el hormiguero (sea de derechas o de izquierdas, aplique políticas liberales o conservadoras, tome decisiones incorrectas o muy incorrectas), no sólo sabrá realizar su trabajo de forma eficaz al venir realizándolo de forma incansable año tras año y sea cual sea la reina que mande, sino que esta hormiga obrera mantendrá el hormiguero a salvo, infranqueable, con recursos y haciendo que todos colaboren a ello; y vigilando lo más importante, esto es, que todos contribuyan al crecimiento del mismo de acuerdo a su capacidad económica, sin privilegio alguno.

Pero, claro está, en días como los que vamos a vivir a partir del 1 de octubre de 2017, la hormiga obrera que es el funcionario de Hacienda, y a la cual le es totalmente indiferente en su aspecto laboral servir a una u otra hormiga reina, no le resulta para nada cómodo desconocer cuál va a ser en el futuro el camino hacia su hormiguero.

Ley de Transitoriedad

El marco jurídico donde se encuadrarán los funcionarios de Hacienda del ámbito territorial de Catalunya en caso de el gobierno de la Generalitat haga una declaración de independencia está regulado por la Llei de Transitorietat Jurídica (aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado mes de septiembre), que establece lo siguiente: “El personal del Estado español que ejerza la opción de integración en la Administración General de Catalunya se incorporará en lugares singulares a los que venía realizando…”. Y como único requisito necesario establece la posesión de la nacionalidad catalana, hecho que ocurre de forma similar en la Administración Estatal respecto a la nacionalidad española, así como en el resto de Administraciones tributarias de los países de nuestro entorno.

Esta Ley, de forma simple pero precisa, recluta de forma inmediata a todas esas hormiguitas obreras de las que he hablado, encomendándoles la orden de dirigir sus recursos y funciones (el principal de los cuales es gestionar del dinero de los contribuyentes, pero también podemos citar las labores de inspección, la recaudación de deudas pendientes, la resolución de las reclamaciones, los trámites aduaneros, etc.) hacia un nuevo hormiguero dirigido por una nueva reina que promete que todo seguirá absolutamente igual para ellas.

La gran pregunta que surge en este escenario es: ¿pero todo seguirá igual para los contribuyentes? Contribuyentes que, al fin y al cabo, son los que generan riqueza, presentan sus liquidaciones y, lo que es más importante, ingresan el dinero necesario para que el hormiguero funcione. Sin los contribuyentes, la eficaz labor de esas infatigables y concienzudas hormigas que son el personal de Hacienda desaparece. Vagarían perdidas por el jardín y sin saber de dónde obtener esos recursos que antes, de forma fácil y secuencial, iban a parar en una fila perfecta hacia el hormiguero del Estado.

Escenarios posibles

Así, en caso de declaración unilateral de independencia, nos encontraríamos inmediatamente en el siguiente escenario: por una parte, tendríamos a un nuevo hormiguero llamado Catalunya que invocaría gestionar los recursos de su parte de jardín; por otra, tendríamos el hormiguero grande, llamado España, que venía reinando y que seguiría reclamando su derecho a los recursos de todo el jardín. Y con hormigas obreras (los trabajadores de Hacienda) de uno y otro hormiguero, bien porque hayan decidido pasarse al nuevo hormiguero llamado Catalunya, bien porque continúen en el hormiguero de siempre llamado España. Y lo peor de todo: tendríamos a unos contribuyentes que serían llamados, obligados, perseguidos e incluso −permítanme− “adulados”, para pagar sus impuestos en uno u otro hormiguero. Y todo ello sin saber cómo actuar en un contexto extremadamente incierto. Por ejemplo: ¿deberán pagar hasta octubre a un hormiguero (España) y a partir de octubre al nuevo hormiguero (Catalunya)? ¿Si pagan a uno de los dos, el otro no le reclamará su parte? ¿Quién lo garantiza si ambas hormigas reina no se llevan bien? ¿Qué posibilidades de viabilidad tendrá el nuevo hormiguero (Catalunya) si no tiene la garantía de que los contribuyentes le asignarán sus recursos, máxime cuando el antiguo hormiguero (España) está en desacuerdo?

Realidad o ficción

La respuesta a todas las anteriores preguntas sólo se resuelve diferenciando claramente entre lo que es realidad y lo que es ficción:

Realidad: sólo con un pacto entre ambos hormigueros (autoridades fiscales) se lograría que ambos ganaran. Si no existe pacto que satisfaga a ambas partes, éstas, y en especial sus contribuyentes, están condenadas al fracaso.

Ficción: posiciones autoritarias e individualistas por ambas partes harán que ni el nuevo hormiguero tenga posibilidad alguna de existir, ni que el antiguo hormiguero llegue a una posición de estabilidad y equilibrio.

Mientras tanto, las hormigas obreras que son los funcionarios de Hacienda seguirán realizando su trabajo, antes, durante y después del 1 de octubre de 2017. Porque, a diferencia de las hormigas reina, y también de los pobres contribuyentes que se encuentran ante esta delicada situación, ellas sí que saben perfectamente lo que deben hacer, día tras día, perfectamente ubicadas y felices de ver lo grande y valioso que podría ser uno u otro hormiguero si −por alguna de las casualidades de la vida− las hormigas reina estuvieran alguna vez al nivel de las hormigas obreras.

Nota del autor: Una hormiga obrera puede perfectamente trasladar a su hormiguero un equivalente a 20 veces su peso. Por su parte, en el año 2015, cada empleado de la Agencia Tributaria obtuvo, de media, 615.989 euros en la lucha contra el fraude. Cifra que es más de 20 veces su salario.

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto.e y responsable en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA)]

29/9/2017

Fukushima, y Japón, fuera de temporada

María H. C., Keiko N. y Miguel Muñiz

Cuando se cierra este artículo la noticia más importante sobre Japón, al margen de la escalada de tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Norte, es que el primer ministro Shinzo Abe ha disuelto la Cámara de Representantes y convocado elecciones para el 22 de octubre. Abe, del Partido Democrático Liberal (PDL), lleva varios meses acosado por dos escándalos de corrupción, y el pasado julio su partido perdió las elecciones para la Asamblea de Tokio en una derrota histórica.

En la decisión de convocar elecciones anticipadas pesan dos factores; el primero, que la escalada de tensión con Corea del Norte está resultando una formidable distracción para que los escándalos de corrupción pasen a un segundo término, por lo que el apoyo a Abe vuelve a crecer (nunca hay que menospreciar la utilidad del “enemigo externo”) y hay que aprovechar el momento; el segundo factor ha sido el resultado de las elecciones en la prefectura de Ibaraki.

El pasado 27 de agosto hubo elecciones para elegir gobernador de la prefectura de Ibaraki. La pugna entre Kazuhiko Oigawa, candidato apoyado por el PDL de Abe, y Masaru Hashimoto, candidato independiente y gobernador de la prefectura durante seis legislaturas (24 años), tenía implicaciones para la reapertura del reactor nuclear Tokai 2, propiedad de la Japan Atomic Power Company. Construido en 1978 y detenido desde el 11 de marzo de 2011, el emplazamiento de Tokai 2 afecta a 960.000 personas en un radio de treinta kilómetros (el reactor se halla a 130 kilómetros de Tokio).

El candidato Hashimoto había hecho de la oposición a la reapertura de Tokai 2 uno de los ejes de su campaña, ganándose el calificativo de “radical” desde algunos medios, así que la victoria de su oponente, el candidato Oigawa, muestra los cambios que se están produciendo en parte de la sociedad japonesa. De las informaciones suministradas por la prensa internacional se pueden deducir varias cosas.

Diez de los 44 municipios de la prefectura de Ibaraki mantienen una oposición a la reapertura de Tokai 2; los restantes 34 dudan. Un gobernador de un partido pronuclear, como el PDL, es un factor importante para despejar esas dudas.

Se mantiene el preocupante alejamiento de la política en la mayoría de la sociedad japonesa; la participación fue del 43,48%, cuando una encuesta realizada pocos días antes de la elección (19 y 20 de agosto) mostraba un rechazo a la apertura de la planta del 65%. Este desinterés en la participación también es resultado de la corrupción. Han aparecido informaciones que denuncian la compra de voluntades políticas para conseguir la victoria de Oigawa, incluso se ha llegado a dar una cifra: 60 millones de yenes a repartir entre 45 diputados de la prefectura para asegurar apoyos [1].

Existe una división política que no se supera, y que debilita la resistencia ante la catástrofe nuclear que está viviendo Japón: el candidato ganador, Oigawa, obtuvo 497.361 votos; Hashimoto, 427.743, y la tercera candidata, Makomi Tsuruta, 122.013. Makomi Tsuruta es una activista de los derechos de los animales apoyada por el Partido Comunista del Japón (PCJ), el único partido estatal que se manifiesta contrario a la energía nuclear. No sólo queda en evidencia el resultado ajustado entre los dos principales candidatos, sino lo conveniente que hubiese sido un apoyo al candidato mejor situado, o cualquier otra fórmula pactada entre los opositores a las nucleares. La división sigue imperando, pese a la amenaza nuclear [1].

Y es una amenaza creciente. Un repaso a las principales noticias entre abril y agosto permite descubrir que se ha establecido un estado de excepción sanitaria: el nivel impuesto por el gobierno de 20 milisieverts de radiación por año para toda la población (lo que equivale a un nivel de exposición profesional alta en el resto del mundo) ha sido catalogado como “nivel ordinario”, cuando hasta ahora se denominaba “nivel de emergencia”. Es decir, el nivel de 1 milisievert anual, que rige internacionalmente, se descarta; lo cual es inquietante dados los casos crecientes de problemas de salud y malformaciones, casos cuyo alcance no se investiga [2].

También que se opte por una política de dispersión y socialización de la contaminación radiactiva. A finales de julio de 2017 se comenzó a experimentar con el uso de materiales que tengan un máximo de 6.000 becquerels por kilogramo de radiactividad para suelos de carreteras y terraplenes, y de materiales con un máximo de 4.000 becquerels para parques. La causa es el gigantesco volumen de residuos radiactivos que gestionar; según el Ministerio de Medio Ambiente de Japón, en julio de este año había depositadas 7.509.507 bolsas con tierra y material contaminado en la llamada Área de Descontaminación Especial, que incluye 11 municipios de la prefectura de Fukushima cercanos a la central; otras zonas, denominadas Áreas de Reconocimiento de Contaminación Intensiva, que agrupan a 92 municipios más de 8 prefecturas diferentes (Fukushima, 36; Iwate, 3; Miyagi, 8; Ibaraki, 19; Tochigi, 7; Gunma, 8; Saitama, 2 y Chiba, 9) habían acumulado hasta el pasado marzo 6.062.593 de metros cúbicos de tierra y materiales. Todos estos residuos se hallan en Emplazamientos Temporales de Almacenamiento, muchos al aire libre, y urge buscarles un destino definitivo [3].

A ello se une el abandono de la apariencia de control, con una propuesta de vertido directo al océano de 770.000 toneladas de residuos líquidos contaminados con altos niveles de tritio [4], que se añaden a las 130 toneladas diarias de agua radiactiva que están yendo directamente al mar en estas fechas (cuando lleguen las lluvias serán más). El “muro de hielo”, que debería desviar el paso de las corrientes naturales de agua subterránea a través de la zona altamente radiactiva de Gukushima, no acaba de funcionar y, como mucho, se espera que “desvíe” unas 30 toneladas; el resto seguirá fluyendo [5].

Se mantiene la presión social y política para que la radiactividad se viva como algo normal; se aplican medidas para hacer regresar a la población a las zonas contaminadas levantando las órdenes de evacuación, se suprimen las ayudas a los evacuados o, desde 2016, se prepara el terreno mediante la elevación arbitraria de los niveles “legales” de radiación para que las mediciones inferiores en algunas zonas se consideren “seguras”, se hacen trampas midiendo la radiación del suelo a más de un metro de altura, etc. [6]. Mientras tanto continúan los descubrimientos diarios de zonas de alto nivel de radiación, o “puntos calientes”, y se producen reacciones de rechazo social inesperadas [7].

Una sociedad que mantiene una apariencia de normalidad mientras es consciente de vivir en un medio peligroso [8] genera una especie de esquizofrenia social de la que el alejamiento de la política es sólo un síntoma. En ese contexto se entiende que el candidato ganador de las elecciones en Ibaraki haya mantenido durante toda la campaña una actitud de silencio y evasión ante las preguntas sobre la futura conexión del reactor Tokai 2, en contraste con el activismo de oposición desplegado por su oponente.

Faltan menos de tres años para las Olimpiadas de 2020, y para conseguir una apariencia de normalidad que venza las reticencias a participar deportivamente en un entorno contaminado hay que preparar tanto el terreno como a la sociedad. ¿Cómo aparentar normalidad si Japón es una excepción en la normativa internacional de control de la radiación? ¿Cómo conseguirlo si ya se realizan análisis que alertan sobre la falta de seguridad radiológica de las propias olimpiadas? [9].

La industria nuclear no se rendirá. En estos momentos en Japón funcionan cinco reactores (Sendai 1 y 2, Takahama 3 y 4 e Ikata 3); los reactores Oi 3 y 4, que funcionaron entre julio de 2012 y septiembre de 2013, esperan volver a conectarse a la red en otoño de este año; otros dos, Guenkai 3 y 4, lo esperan para el primer trimestre de 2018, y la elección del candidato Oigawa abre el camino para la conexión de Tokai.

A esos diez reactores les siguen catorce más pendientes de la aprobación del organismo regulador: Tomari 1, 2 y 3, Kashiwazaki-Kariwa 6 y 7, Shimane 2, Onagawa 2, Hamaoka 3 y 4, Tokaidaini, Totsu 1, Shiga 2, Oma, y Tsuruga 2. Sería un parque nuclear de 24 reactores activos de los cuales varios superan los cuarenta años de funcionamiento; son los que se están acogiendo a una normativa “especial” que permite alargarla más allá. Serían menos de la mitad de los 54 que funcionaban antes de marzo de 2011, pero es un número respetable.

Desde la oposición a la energía nuclear, todos estos datos imponen una revisión: es necesario superar el confortable discurso de la decadencia continuada de la industria realizando una valoración más ajustada a una política de resistencia que alargará el funcionamiento atómico hasta finales del siglo XXI, como mínimo.

Maquillar la realidad de los veinte nuevos reactores que han entrado en funcionamiento entre 2015 y 2016 acogiéndose a la “excepción china”, como viene haciendo el WNISR desde hace dos años [10], comienza a parecer una peligrosa “política del avestruz”, máxime cuando sabemos que los cálculos de probabilidad del riesgo de estallido de una nueva catástrofe se evalúan al alza, que los “expertos” hablan despreocupadamente de la “normalización” de los accidentes nucleares, y que los impactos globales de Chernóbil y Fukushima no van a desaparecer.

Notas

[1] Referencia de estas informaciones. Para Tokai 2: https://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear_de_T%C5%8Dkai; sobre la campaña, votación y resultados: https://mainichi.jp/english/articles/20170810/p2g/00m/0dm/075000c; https://internationalpress.jp/2017/08/11/gobernador-ibaraki-se-radicaliza-promete-no-permitir-la-energia-nuclear/ y https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-28/abe-backed-candidate-wins-ibaraki-election-in-nuclear-boost; también: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/28/national/politics-diplomacy/ibaraki-gov-hashimoto-denied-seventh-term-losing-ruling-coalition-backed-rookie/#.WclURtRx2L9; sobre escándalos relacionados con la compra de voluntades: https://ameblo.jp/kimito39a/entry-12305522461.html (se recomienda la traducción al inglés como más fiable).

[2] Véase https://nuclear-news.net/2017/04/01/as-i-see-it-flawed-govt-policies-betraying-fukushima-disaster-victims/ y http://mainichi.jp/english/articles/20170401/p2a/00m/0na/002000c , para información (dispersa) sobre problemas de salud y malformaciones http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/3fc34ef450fce0729fbaaaea6f828a8f (se recomienda la traducción al inglés como más fiable)

[3] Véase https://nuclear-news.net/2017/05/18/test-to-recycle-some-screened-soil-from-fukushima/, para el volumen de residuos sólidos ver la presentación “Progress on Off-site Cleanup and Interim Storage Facility in Japan”, disponible en http://josen.env.go.jp/en/pdf/progressseet_progress_on_cleanup_efforts.pdf.

[4] Véase http://www.independent.co.uk/news/tritium-nuclear-plant-tokyo-electric-power-company-nuclear-regulation-authority-japan-a7842931.html

[5] Véase https://www.yahoo.com/news/fukushima-reactor-ice-wall-nearly-finished-063058126.html y https://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Fukushima-ice-wall-facing-doubts-as-project-nears-completion.

[6] https://nuclear-news.net/2017/04/03/lifting-fukushima-evacuation-orders/ y http://www.bbc.com/news/world-asia-35761136.

[7] https://nuclear-news.net/2017/06/12/0-24-to-0-72-microsievert-per-hour-at-five-schools-in-kashiwa-city-47km-from-tokyo/ , https://nuclear-news.net/2017/07/14/fukushima-insoluble-radioactive-particles-part-1/ y http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201704170027.html

[8] https://nuclear-news.net/2017/08/08/radioactive-hot-particles-in-japan-full-radiation-risks-not-recorded/

[9] https://nuclear-news.net/2017/08/07/olympic-games-in-fukushima-is-it-safe/.

[10] https://www.worldnuclearreport.org/.

IMPORTANTE: Sin el trabajo voluntario, desinteresado y constante de las compañeras/compañeros que mantienen el blog Resúmenes desde Fukushima, este y otros muchos trabajos de seguimiento y análisis de la situación nuclear no serían posibles. No está nunca de más una visita mínima una vez a la semana para investigar las novedades mensuales que recoge: http://resumenesdesdefukushima.blogspot.com.es/

[María H. C., es una ciudadana de Barcelona que conoce profundamente Japón donde ha residido veinte años; Keiko N. es una madre japonesa, residente en Barcelona, que tomó una postura contra las nucleares a raíz de Fukushima; Miguel Muñiz es un activista voluntario miembro de diversas coordinadoras, que mantiene la web divulgativa www.sirenovablesnuclearno.org]

30/9/2017

Nucleares en septiembre: tic, tac, tic, tac, tic, tac...

Miguel Muñiz

Compás de espera: los movimientos normativos estratégicos ya están hechos; faltan las jugadas tácticas relacionadas con el volumen de beneficios. Toca seguir los indicios que ofrecen las declaraciones y artículos de opinión.

Al margen de las nucleares hay mucho ruido en los temas energéticos, la palabra cambio se repite en todos los escritos y cada grupo de intereses la interpreta a su manera; las renovables siguen en el punto de mira, los rumores de fusiones empresariales se disparan, los movimientos de los grupos de presión europeos para determinar la letra pequeña de las políticas de transición se hacen cada vez más evidentes, los expertos de la comisión montada por el gobierno del PP aún no han dicho nada pero su misma existencia provoca reacciones, continúan los movimientos políticos y empresariales en torno a centrales térmicas, etc. Todos los enlaces sobre las informaciones nucleares que aparecen en este artículo se hallan en la hemeroteca de septiembre, pero se ha añadido una selección de los otros temas para lectoras/lectores que tengan interés en la relación anterior.

Centrándose en las nucleares: se han producido dos excepciones en el silencio posterior al cierre de Garoña; el 1 de septiembre, el ASTECSN, el sindicato que agrupa a los inspectores y profesionales que luchan por la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), realizó unas declaraciones en que mostraba su frustración por el juego al que ha sido sometido el trabajo de los técnicos por parte de Enel-Endesa e Iberdrola y sus políticos delegados en el Consejo del CSN en el caso Garoña; su denuncia se puede considerar parte del tan socorrido “derecho al pataleo”, pero es importante destacar que existen profesionales que se toman en serio su trabajo, que no se limitan al corporativismo y a la frivolidad ante el espectáculo protagonizado por la industria nuclear y sus delegados del CSN.

La otra excepción ha sido el futuro laboral de la plantilla de Garoña; el día 9 se anunció un preacuerdo, que fue ratificado en referéndum el 14 por la mayoría. Los medios se hicieron eco de las grandes cifras y apuntaron el carácter secreto de algunos detalles sobre prejubilaciones y recolocaciones. En resumen, el acuerdo incluye a 227 trabajadores y “parece ser” que unos 30 podrían ser prejubilados, otros 65 seguirían trabajando en otros puestos de Nuclenor y los restantes, “algo menos de 120”, se quedarán para el desmantelamiento. Las cifras no cuadran y los “parece ser” se repiten, pero ya se sabe que todo lo que rodea a la nuclear es objeto de secretismo. En la votación participaron 211 trabajadores, y el acuerdo fue apoyado por 145.

Aquellos miles de puestos de trabajo perdidos, que la retórica contra el cierre de la central siempre ha esgrimido, ni se conocen ni se cuantifican en detalle pero sirven para hacer política. El día 9, mientras se desarrollaban las negociaciones entre Nuclenor y el comité de empresa, se reunieron las Cortes de Castilla y León para pedir al gobierno del PP el clásico plan de reindustrialización “que compense la pérdida de actividad económica y de empleo” que el cierre patronal ha provocado. No hubo palabras malsonantes hacia los que mandan, ni una mención a Enel-Endesa ni a Iberdrola, ni a los cinco años de maniobras en torno a la central; en contraste con la virulencia del período 2006-2009, tal parecería que Garoña ha cerrado por evolución biológica y consenso espiritual. La narrativa de la sesión, recogida por los medios, muestra la impotencia de los políticos profesionales ante los poderes empresariales, y su enorme capacidad para convertir cualquier asunto, por importante o nimio que sea, en enfrentamientos partidistas repletos de acusaciones y ajustes de cuentas dialécticos en clave del particular universo en que se desarrolla su actividad.

Otra muestra de esa manera de abordar conflictos ambientales y sociales desde la política institucional se produjo el día 7 en el caso del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas; en este caso ha sido la Junta de Castilla-La Mancha la que ha decidido rizar el rizo de los despropósitos pidiendo un nuevo estudio de impacto ambiental que, o bien reformule “la perspectiva dada” al proyecto del ATC con un nuevo procedimiento de consultas e información pública, o bien lleve a una Declaración de Impacto Ambiental que declare la imposible construcción. De esta manera se corre un tupido velo sobre el despilfarro de dinero público que supusieron los estudios previos de ubicación, la propaganda y los viajes promocionales; para ello se pide un nuevo derroche para repetir la jugada. El pozo sin fondo que hasta ahora ha supuesto el ATC sigue la tradición histórica de la energía atómica: ingentes cantidades de dinero público para enriquecimiento de empresas privadas y aprovechados de turno.

Pero lo más significativo del mes han sido las maniobras en torno al decreto-ley (DL) del gobierno del PP sobre el cierre de centrales con las nucleares en el punto de mira. Como se analizó en el artículo de septiembre de mientrastanto-e, ese DL es la pieza clave para obligar a las empresas a moderar su exigencia de más dinero público para engordar sus beneficios, y la presentación de propuestas a la “consulta pública” abierta por el ministerio ha sido el cauce elegido para fijar posiciones. El cruce de declaraciones y respuestas en los medios especializados entre el 16 y el 24 de septiembre da pistas acerca de los posicionamientos.

Para eludir el crudo lenguaje de los beneficios se emplea el eufemismo de la “seguridad de suministro” y la constante invocación a los “precios”; así, el día 16 un grupo de empresas lideradas por Iberdrola (incluida EDP —que últimamente aparece en todas las informaciones sobre cambios empresariales—, Eléctrica de Viesgo, Sedigas, “y otras”) se pronunciaron pidiendo al ministerio un mecanismo de “pagos por capacidad” que permita mantener abiertas las nucleares y el gas natural necesario para “garantizar el suministro” (nótese que el carbón no se menciona en este bloque); es necesario destacar la manipulación de conceptos: estas empresas consideran que el Gobierno no puede intervenir en la decisión de abrir o cerrar centrales por causas económicas ya que vulneraría el “ordenamiento jurídico” (sagrada invocación al dogma neoliberal de los “mercados”), pero que, si lo hiciera, esa intervención debería considerarse una obligación de “servicio público”, por lo que deberían cobrar por prestarlo. En pocas palabras, que nadie nos toque los privilegios que nos sitúan por encima de la sociedad, pero si deciden tocarlos que nos paguen por ello.

Por supuesto, no faltó la reclamación de Iberdrola de una “retribución regulada y estable para las centrales nucleares”, unida al lamento por la “elevada fiscalidad” que soportan y las pérdidas por los “bajos precios del mercado". Esta propuesta supone un regreso a los tiempos del “marco legal estable”, se intenta eludir el conflicto planteado por la anterior exigencia de la “bajada de impuestos” en el marco del RD por la vía del incremento de subvenciones; es decir, se aceptarían los impuestos que marca la normativa actual a cambio de que se ingresen más dineros públicos a las eléctricas. Se marca así una línea de argumentación que se puede resumir en: si el nuevo RD supone un retorno a los tiempos de la regulación, se regula a mi favor y se me da dinero.

La reclamación de Enel-Endesa se produjo tres días más tarde y abrió una línea diferente, más en coincidencia con el gobierno del PP. El 19, presentó sus propuestas al RD y advirtió de que “España necesitaría 11.000 MW más en 2025 si se prescinde de la nuclear y el carbón” (ahí va un toque indirecto a ese “escenario de transición y cambio climático” sobre el que trabaja el grupo de expertos improvisado por el gobierno); en su defecto, señala la empresa, se produciría un incremento de los precios de la electricidad. Luego la reivindicación propia, el lamento de que “en las actuales condiciones de regulación y de mercado” no se pueden hacer inversiones medioambientales para garantizar el futuro de sus dos grandes centrales de carbón nacional en Teruel (Andorra) y León (Compostilla).

Planteado así el asunto otras empresas no tardaron en sumarse, el día 21 la Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica, formada por pequeñas empresas poco conocidas (Engie, Bizkaia Energia, Alpiq y Global 3), anunció que en su presentación de propuestas al RD exigían un “pago extra” en caso de cierre temporal.

Todas las empresas quieren cobrar, pues o se consideran parte de un sistema intocable (y deben ser indemnizadas si alguien intenta cambiarlo), o consideran que realizan un “servicio público” (y deben ser retribuidas por la función que cumplen); leyendo los artículos y declaraciones de sus portavoces, se llega a la conclusión de que las empresas eléctricas no tienen como finalidad obtener beneficios sino sufrir, ya sea sobrellevando la pesada carga que le imponen los mercados o ayudando a la gente.

Todas estas maniobras son la parte visible de un proceso; la otra parte se desarrolla fuera de la vista de la sociedad y sólo emergerá cuando se haya resuelto. Para las personas y grupos que trabajamos para adelantar el final de la cadena de sufrimientos y peligros que supone la energía nuclear, este compás de espera supone tiempo en nuestra contra si no se avanza en la búsqueda de la manera de incidir en lo que están haciendo, tic, tac, tic, tac, tic, tac...

[Miguel Muñiz es miembro de Tanquem les Nuclears-100% Renovables, del Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES y del MIA en Cataluña; mantiene la web www.sirenovablesnuclearno.org]

30/9/2017

Obituario: Toni Domènech

La redacción de mientras tanto

El pasado 17 de septiembre falleció en Barcelona Antoni Domènech Figueras, uno de los fundadores de la revista mientras tanto y miembro de su redacción hasta 1986. Antoni Domènech fue discípulo de Jacobo Muñoz y Manuel Sacristán, y posteriormente de los filósofos Wolfgang Harich y Ernst Tugendhat. Estudió Filosofía y Derecho. Catedrático de Filosofía de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, sus obras principales han sido De la ética a la política. De la razón erótica a la razón inerte (Barcelona, Crítica, 1989), una muy original aplicación de la teoría de los juegos a ciertos temas de la filosofía de la praxis, y El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista (Barcelona, Crítica, 2004). Ambos libros son densos, han ejercido influencia en la filosofía política contemporánea, y aún se podía esperar algún fruto importante de su pensamiento. Toni Domènech fundó además la revista digital SinPermiso. Su muerte, prematura, nos ha entristecido profundamente.

30/9/2017

Ensayo

Joan Mª Girona

La escuela: espacio de libertad y acogida

Los hechos de las Ramblas ocurrieron el 17 de agosto pero es un tema que no se agota y que continuará afectando nuestras vidas. Quizás a algunas personas les provocará incluso algún trastorno. En las escuelas e institutos no podemos dejarlo de lado. De una manera u otra, sin agobiar, tenemos que hablar: debemos permitir y animar al alumnado que se exprese. El centro escolar debe seguir siendo un espacio de acogida y libertad. E ir a contracorriente de lo que quisiera imponer la sociedad y las administraciones, que prefieren que controlemos y no que eduquemos críticamente.

Espacio de acogida y de libertad significa que se puede hablar de todo sin miedo, que se puede expresar lo que se siente y lo que se piensa sin tener que preocuparse de lo que dirán, de lo que pensarán de mí, de lo políticamente correcto que se dice ahora.

En esta línea hay que poner en cuestión el PRODERAI (Prevención, detección e intervención de procesos de radicalización en los centros educativos) de los Departamentos de Enseñanza e Interior. No ayuda a la tarea que tenemos que hacer. No es éste el camino, no es ésa nuestra labor. La escuela no debe criminalizar a ninguna persona. La tarea de los adultos, de los educadores, es ayudar a elaborar las emociones y los sentimientos que puedan tener los alumnos. Debemos aceptar a todos y promover una educación crítica sin señalar a nadie por su religión, sus ideas... Hemos de ayudar a construir la identidad a niños y adolescentes. La tarea consiste en caminar hacia la igualdad respetando las diferencias. Un camino que ayuda a la inclusión, a conseguir que todos tengan las mismas oportunidades.

Sin olvidar la situación social, el ambiente y el entorno en que vivimos. Hace unos cursos se hablaba de la educación para la ciudadanía, para defender el mantenimiento de esta asignatura que la LOMCE ha eliminado. Pero es previo que nuestro alumnado sea ciudadano, que tenga todos los derechos de ciudadanía y diría que éste no es el caso de una parte significativa de los niños y adolescentes escolarizados. Lo cual hace más difícil nuestra tarea y es imprescindible que lo tengamos presente y como consecuencia valoremos la necesidad de contar con las otras instancias y personas que trabajan por la educación. Entre todos pondremos más granos de arena por la inclusión de todos en plan de igualdad

Libertad significa poder hablar de todo. Nada es ajeno a los espacios educativos. Puede haber hombres y mujeres que piensen que los de Ripoll son héroes. Ocurrió hace unos años cuando el asunto de las torres gemelas, Ben Laden fue considerado héroe por una parte de alumnos. Tenemos que estar preparados por si se da la situación, afrontarla, no ocultarla, no despreciarla. La empatía debe darse tanto con unos como con otros: con quien apoye a los de Ripoll y con quien quiera echar del país a los extranjeros, para poner los dos extremos posibles y, en medio, toda la diversidad de comportamientos y actitudes que encontramos.

Y debemos interrogarnos sobre todo lo que pasó. Se dice que hubo 16 víctimas mortales. ¿Los seis chicos muertos con la actuación policial no son víctimas? ¿Es un éxito haberlos matado, incluso el último cuando ya estaba solo? Hay quien ha hablado de ejecuciones extrajudiciales en un país donde no hay pena de muerte. No es bueno aceptar el verbo abatir para referirse a la muerte de los presuntos terroristas. No es un tema de caza mayor, no se ha matado un ciervo sino una persona. No es excusa que en otros países hayan hecho lo mismo y que la gran mayoría de medios de información utilicen este verbo. Este vocabulario puede ayudar a aumentar el odio a los asesinos. Y si se consolida, puede provocar personas con sentimientos malos, con ganas de hacer daño. No es bueno alegrarse por la muerte de los considerados enemigos. El odio puede estar presente y tenemos que contar con ello a la hora de elaborar el duelo que debe ser individual y colectivo. La comunidad escolar, pequeño ejemplo de la comunidad ciudadana y del país, debería elaborar el duelo colectivamente porque toda la comunidad ha vivido los hechos terribles.
También es bueno pensar, aunque no sea el tema más importante, qué hacemos manteniendo las religiones dentro de las aulas. Las religiones en las parroquias, sinagogas, mezquitas, oratorios, centros de culto... y no en las aulas provocando divisiones entre los miembros de las diferentes confesiones y con los no creyentes.
Escuela espacio de acogida: relaciones entre adultos y niños o adolescentes, relaciones entre ellos y ellas... práctica de la empatía, ponerse en el lugar de los demás por diferentes que pensemos que sean, que no lo son tanto. Hay más elementos de igualdad que de diferencia entre las personas. Debemos poner nuestro grano de arena para ayudar a la inclusión de todos. Recordar los valores que pretendemos inculcar, igualdad, respeto... tenemos que continuar, ya lo hacíamos, la escuela no ha fallado, los espacios educativos no han fallado... ha fallado una sociedad que día a día aumenta la desigualdad, aumenta la necesidad de competir para sobrevivir. Que día a día merma el espíritu de colaboración, de solidaridad, las ganas de ayudar a los demás. Que impide que la escuela haga de ascensor social como hacía hace años. Un sistema económico que quiere controlar todas las fuentes de energía al precio que sea, y esto está provocando continuas guerras y la reacción de los que son agredidos. La acogida nos ayuda a elaborar los miedos que podamos tener (los adultos también tenemos), sabiendo que la guerra continúa y pueden producirse otros atentados.
En las aulas hay que mantener la educación intercultural, la educación antirracista. Han aumentado los comportamientos racistas a partir de los atentados. La escuela no es un ente aislado y esto también puede pasar en las aulas y los patios. ¿Por qué se hacen minutos de silencio por víctimas europeas y nos olvidamos de las no europeas? El profesorado somos miembros de la sociedad y compartimos virtudes y vicios, comportamientos correctos y otros que no lo son tanto. Por lo tanto habrá que prestar atención a lo que llamábamos el currículo oculto, presente en libros y materiales didácticos; también nos lo tenemos que aplicar. A veces los comportamientos racistas, aunque sean light, también se nos escapan a nosotros, el subconsciente nos puede jugar malas pasadas; hay que fijarse. Aceptar la otra persona tal como es y respetarla, a veces, no es sencillo. El racismo es algo innato, quizá por eso no valoramos igual las víctimas europeas y las no europeas; el antirracismo es fruto de la educación... esta es una de nuestras tareas.

http://diarieducacio.cat/blogs/rosasensat/2017/09/26/lescola-espai-llibertat-acolliment/

[Joan M Girona es maestro y psicopedagogo]

27/9/2017

El extremista discreto

Simbad el Marino

Las padanias

Hace unos años una minoría de piamonteses quizo constituir un estado independiente de Italia: la Padania. La zona más rica de la península. El argumento que entonces impulsaba emociones secesionistas era "Roma ladra" (Roma ladrona), tan parecido al "Madrid ens roba" de los secesionistas de Cataluña. Los dineros: si non é vero é ben trovato. Hoy de aquella Padania, de su extravagante parlamento en la sombra, quedan unas pocas personas que sólo han dejado de pasar desapercibidas al exhibir banderas cuatribarradas en solidaridad con los independentistas catalanes.

En Irlanda del Norte, años y años de lucha armada, del ejército en las calles de Belfast, de Reverendo Pasley y de Sinn Fein, con el IRA y los probritánicos combatiendo a tiros y a bombazos, con división entre católicos y protestantes, acabaron en el abandono de las armas por el IRA, en una negociación política, y en la consecución de una autonomía para Irlanda del Norte que, todo hay que decirlo, es mucho menor que la disfrutada estos años por Cataluña con cualquiera de sus sucesivos Estatuts (aunque sin una corrupción como la de los Pujol y su partido).

Y en Euskadi, tras el fracaso del Plan Ibarretxe también hace unos años, Arnaldo Otegi gritaba en los mítines: "¡Nos vamos a ir! ¡Nos vamos a ir!". No se fueron. ETA vino a reconocer que había perdido, los nacionalistas aceptaron la legalidad, gobiernan ayuntamientos y están en unas instituciones que ya no proyectan la independencia sino mejorar su envidiado Estatuto de Autonomía.

En mis viajes he conocido lo bastante la península ibérica para darme cuenta de que sus sociedades son diversas y sus culturas muy variadas. Lo manifiestan las cocinas, la cultura elemental, todas muy distintas. Basta pensar en la asturiana, la vasca, la gallega, la andaluza, la alicantina (con su lamentable versión valenciana), la manchega y la extremeña, la catalana; basta pensar en las recias migas aragonesas, o en el cocido de Madrid, gracias al cual la ciudad se convirtió en comunidad autónoma. O pensar en el bable y en el castúo (que casi nadie sabe lo que es). Pero esta variedad está plagada de mestizajes, en los últimos años con las cocinas de Italia y con el inglés, que ha colonizado todas las radios y todas las hablas.

Vuestra historia peninsular es lamentable. A los árabes nos echaron, y luego a los judíos. Yo he visto en Toledo las piras de la Inquisición en la plaza de Zocodover, los humilladeros y los rollos (también pocos saben qué es eso) desperdigados por todo el país. Tuvisteis la desgracia de no ser protestantes sino del Concilio de Trento. Os dejamos la Alhambra, la Giralda, la Mezquita y el Alcázar de Córdoba. Tenéis huellas nuestras en todas partes, habláis con nuestras palabras, pero no lo sabéis. Vuestros malditos imperios sirvieron para que no os recordaran con cariño ni en Bizancio ni en América y para que el oro americano financiara las guerras de los Austrias que a vosotros no os daban de comer. El país, si acaso, se llenó de iglesias, muchas de ellas antiguos minaretes o sinagogas, que no habéis sabido reconvertir en centros cívicos. Os habéis hartado, eso sí, de guerras civiles y de gobernantes innombrables.

Escribo esto —mi oficio no es escribir, sino navegar— en días de desolación cívica ante la profunda brecha abierta entre los catalanes y entre algunos de éstos y el resto de los ciudadanos españoles. ¿Entraré en este microcosmos? La necesidad de tapar la corrupción de su partido y de expulsar del escenario los recortes sociales indujo al president Artur Mas a una huida hacia adelante que ha acelerado paroxísticamente su sucesor. En Madrid, Rajoy, culpable de la ignominiosa campaña contra los productos catalanes, y de recoger cientos de miles de firmas contra un Estatut ya recortado, es incapaz de contener, como aprendiz de brujo, las fuerzas que ha puesto en movimiento, con un partido rebosante de corruptos, sin ser capaz de negociar políticamente, y acordándose tarde y mal de la democracia, ¡ay!, y del Estado de Derecho.

¡Ayayay! ¡Aquellos tiempos idos de Genios y Lámparas maravillosas! Aladino tuvo su Genio, pero yo también —es la primera vez que lo confieso—, y más poderoso que el suyo. En el curso de mis viajes, desde que el Genio de la Lámpara me concedió mi último deseo de vivir siete mil años en plena juventud, he visto de todo. Si esto fuera Atenas, la Atenas clásica, a Rajoy y a Puigdemont les pondrían en la mano una ostra y sabrían que tendrían que irse y enmudecer. Si fuera la Francia de 1789, les cortarían la cabeza con la máquina de monsieur Guillotin.

El lío creado en Cataluña sólo se puede paliar con negociaciones, y éstas sólo pueden nacer, para ser verdaderas, de elecciones en Cataluña y elecciones en España. Después de éstas, si la sangre no ha llegado al río, esperar que con una reforma constitucional las aguas vuelvan a sus cauces habituales. Lo digo con amargura, porque esos cauces son el de la explotación, el de la falsa democracia con la que la plebe deja que le recorten la salud, la educación, los salarios (y eso los que los tienen). No será fácil, porque los procesos por corrupción, imparables, generarán nuevas víctimas, envueltas en banderas de colorines, como los caramelos de Basora.

¡Con lo a gusto que me había afincado yo en Sant Feliu de Guixols, donde sólo tengo una barquita de remos, descansando de mis largos viajes por todos los mares! Aquí queda algo de tradición marinera. Me gustaría no haber agotado mis peticiones al Genio de la Lámpara para resolver este lío. Pero no tengo modo de convocar al Genio, que quizá se haya desvanecido, como Alá (alabado sea su nombre), y la Lámpara debe de estar en el fondo de algún océano. Ahora tendré que cambiar de residencia, no vayan a tomarme aquí los vecinos no solo por un internacionalista (esta palabra es reciente, de un siglo o así, cuando se pronunciaba mucho, pero ya está casi olvidada) sino por un extremista islámico. Por cierto: mi cultura árabe no sólo es el Corán; es también, por ejemplo, Las mil y una noches, que narran mis aventuras de tantos años atrás (entre muchas, muchas más historias fascinantes).

22/9/2017

El Lobo Feroz

Municipalismo bien temperado

Tranvía

Al modesto juicio del Lobo que suscribe, Ada Colau ha mostrado ser, en el poco tiempo que lleva en el cargo, mejor alcalde que sus antecesores. Pero le están dando por todos lados: desde los contrincantes políticos a los secesionistas y no, desde los comerciantes miopes a los diversos lobbys del automóvil. Por no hablar, claro, del mastodóntico lobby del Ibex, que tira piedras sin dejar ver su mano. Es completamente injusto.

Yo no estoy de acuerdo con uno de sus proyectos: el del "tranvía por la Diagonal". Y a pesar de que lo que diré puede parecer un ataque más a quienes gobiernan la ciudad —lo que está muy lejos de ser mi intención—, creo que no debo callarme, y dar razones por si alguna encuentra eco en otras personas y acaso en el actual equipo de gobierno. Expresarme, pues, para no ser oportunista, para no ser de los que dicen que no se puede ir en nada en contra de "los nuestros". Ada lo era. Y no importa que ésta no sea una cuestión políticamente prioritaria en estos tiempos. Lo prioritario hoy parecerá ridículo mañana, de eso estoy seguro.

Cuando leo las razones que apoyan el proyecto de unir por la Diagonal los dos tramos existentes de tranvía creo ver que éstas son de dos tipos: una, menor, el gran número de viajeros que esta solución puede transportar (y que, como toda previsión, es aventurada); y otra, de mucho mayor peso, y con la que estoy de acuerdo, la conveniencia de pacificar el tráfico de automóviles dificultándolo, de conseguir que muchos barceloneses prescindan del coche en beneficio del transporte público y de la bici. Ésta es una necesidad evidente de la ciudad, cuando el Ensanche barcelonés, por ejemplo, se ha convertido en una maloliente red de autopistas, lleno de gases perniciosos.

Creo sin embargo que hay mejores maneras de pacificar el tráfico que recortarle una de sus vías principales metiendo en ella un tranvía. Eso se puede lograr también sin tranvía: ampliando aceras y creando unos atractivos Campos Elíseos, por ejemplo. Pero también mediante ordenanzas que prohibieran la circulación de automóviles de turismo a días alternos según sus matrículas. Solución que de un modo u otro, con tranvía por la Diagonal o sin él, acabará imponiéndose. Al Lobo que suscribe se le suelen materializar las profecías.

Pero entonces, ¿hay alguna solución mejor para unir los dos tramos del tranvía? Creo que sí, y expondré "arbitrísticamente" una que se podría materializar por partes. Para empezar, lo más práctico: llevar el tranvía a la estación de Sants, desde Francesc Macià pasando por Tarradellas. Del otro lado se podría llevar el tranvía por el paseo de Colón y el Paralelo (acercaría así a estaciones de metro y de tren y a centros administrativos importantes). Y dejar para más adelante el tramo de unión final, por la plaza de España, con la Fira y las estaciones de ferrocarril que hay allí. Para los dos primeros tramos hay buen espacio; para el último, con la experiencia adquirida en la Plaça de les Glòries, seguro que se encuentra en el futuro una buena solución técnica.

En política, como en el sexo, es difícil dar marcha atrás; lo comprendo. Pero dar marcha atrás es mejor que embarrancar en un proyecto que no alcanza consenso. Modestamente, creo que mi lobuna propuesta puede tenerlo.

De todos modos no hay que engañarse. Reducir la circulación urbana de automóviles no es posible sin una ampliación muy substancial del Metro de Barcelona. La ciudad carece de un servicio de transporte subterráneo como el que tiene, sin ir más lejos, Madrid. O el que tiene París. En ambos casos el transporte metropolitano puede llevar al ciudadano a doscientos o trescientos metros de su punto de destino. Barcelona perdió el tren —el metro—en los años de la dictadura franquista. Y no se ha hecho lo suficiente por crear una verdadera retícula de transporte en metro, caso casi único en una gran área metropolitana. El metro de Barcelona debe crecer sin cesar. Y el existente debe mejorar (escaleras mecánicas, ascensores, cintas transportadoras..: en Barcelona va a haber cada vez más ancianos, y los servicios actuales son de todo punto insuficientes para las personas mayores). El tranvía es una solución timorata y menor.

***

Laika

Laika es una perrita cuyo nombre homenajea al primer mamífero que surcó el espacio. Es viejísima. Sus bondadosos dueños lo son también, y rojos. Consiguieron que fuera operada de cataratas cuando se estaba quedando ciega, y lo hicieron a pesar de que su bolsa, como la de todos los jubilados del curro, está muy desangelada. Laika, no hay que decirlo, es un encanto: es blanca, de raza labrador, y siempre que voy a visitarla lo primero que hace es ponerse panza arriba para que le rasque la barriguita. Es muy inteligente, además. Y culta. En mi última visita tuvimos un diálogo, por decirlo así, municipalista.

—Tú que escribes en internet podrías hacerte eco de una petición mía. ¿Conoces La dama del paraigua?

— ¿La que está en el Parc de la Ciutadella? Es una preciosidad.

— No exactamente en la Ciutadella. Está encerrada en el zoo, en esa vergüenza de lugar que los barceloneses aún no parecen preparados para cerrar. No puedes verla si no entras en el zoo.

Lo medito. Finalmente concluyo:

— Claro, casi nadie la conoce ya.

— Pues habría que rescatarla de allí.

— ¿Cómo?

— El hermano Ayuntamiento tendría que llevarla a otro sitio de la ciudad, para que luciera y se convirtiera en otro emblema de Barcelona.

— ¿Emblema? Nadie te hará caso. Dirán que representa un momento de la Barcelona burguesa, la del viejo cosmopolitismo. Los de ahora están por lo postmoderno, como las cositas, por llamarlas de algún modo, de Mariscal.

— Pero ¡si rescataron la birria de monumento al Dr. Robert! ¡Y bien que les gusta tener una copia de El Desconsol de Llimona a las puertas del Parlament! (el original se lo llevaron a un museo, e hicieron bien, porque algún imbécil le había roto un dedo de una pedrada).

— ¿Y dónde la pondrías?

Laika se quedó un ratito moviendo la cabeza.

— Tengo dudas. Me gustaría que sustituyera al "lápiz", el falso obelisco del Cinc d'Oros que ha quedado en símbolo fálico aunque formó parte de un desmantelado monumento a Pi i Margall, que bien se merece uno como Dios manda. Y aunque encaja bien allí, culminando el Passeig de Gràcia —en recuerdo de cuando en Barcelona se podía pasear—, quizá no se viera bien. No tengo medios para experimentar con fotomontajes. Si no en el Cinc d'Oros, podría ser instalada en la Avinguda Pau Casals. Quizá se vería mejor. Pero claro, allí valorizaría aún más los carísimos pisos de la zona. No sé si a Ada Colau le gustaría.

Pienso para mí que tal vez algo de política de símbolos le vendría bien al actual equipo municipal. Un poco de pacífica cultura. Me despedí de Laika, le prometí escribir sobre La dama del paraigua, y aquí está.

30/8/2017

De otras fuentes

Alberto Garzón

La izquierda española ante la globalización

La expresión los árboles no dejan ver el bosque nos ayuda a entender qué le está pasando a la izquierda en España. Concentrados en el día a día de las noticias mediáticas, en las valoraciones trimestrales de los datos del paro o en las innumerables novedades que afloran sobre la corrupción política, apenas tenemos tiempo para pensar en el tablero de juego sobre el que hacemos política. Y lo cierto es que, desde la perspectiva española, es un panorama preocupante.

En los últimos años hemos asistido a la quiebra del bipartidismo, a una crisis institucional sin precedentes que ha incluido a la Casa Real y, en parte como consecuencia de ello, a una sucesión atípica de convocatorias electorales. Pero apenas hemos debatido sobre las causas de estos fenómenos, es decir, sobre la descomposición social que se está produciendo en nuestro país como consecuencia de la globalización económica.

A menudo las organizaciones políticas hacemos política como si nada hubiera cambiado desde 1978, año en el que se aprobó la Constitución. Y no me refiero a las formas políticas o a sus protagonistas, que evidentemente han mutado en estos cuarenta años. Me refiero a ese tablero de juego en el que se inserta España y que es el sistema-mundo económico. En 1978 España se incorporó, con todas sus insuficiencias, al mundo desarrollado de la democracia, el Estado Social y las modernas políticas públicas de redistribución de la renta. Pero lo hizo precisamente en un contexto internacional en el que ese mundo desarrollado ya iba en dirección contraria, con las políticas neoliberales tomando el control y con la globalización económica desplegando todas sus características.

La globalización puede analizarse de muchas formas distintas, pero podemos destacar la desregulación financiera y económica, la reducción de los aranceles y el consiguiente estímulo al comercio mundial, la deslocalización de las grandes empresas hacia países con menores costes y la expansión de transnacionales que conforman enormes redes económicas. Hoy no sólo la producción mundial de bienes y servicios se realiza mediante nuevas formas, con las cadenas de valor globales cobrando especial importancia, sino que además está repartida de un modo muy diferente al de hace cuarenta años. Baste constatar que en 1980 los países avanzados –categoría usada por el FMI que incluye a Estados Unidos, Japón y las principales economías europeas- representaban el 63% del PIB mundial, mientras que América Latina suponía el 12% y los países emergentes de Asia sólo el 9%. Por el contrario, actualmente esas mismas economías avanzadas representan escasamente el 40%, América Latina el 7% y los países emergentes de Asia el 33% del PIB mundial.En términos de empleo la inserción en la economía-mundo de una fuerza laboral de más de 800 millones de personas en el caso de China y de 500 millones de personas en el caso de la India no se puede ignorar –contrástese con los 75 millones de personas que conforman la fuerza laboral de Rusia, los 162 millones de Estados Unidos o los 23 millones de España.

El sistema económico capitalista está basado en la competencia y en la incesante búsqueda de ganancia privada, de modo que el tablero de juego en el que se inserta España es el de una economía-mundo altamente competitiva y en la que numerosos actores, desde empresas hasta trabajadores, compiten por su cuota de mercado o su puesto de trabajo. Las reglas están marcadas por la propia lógica del capitalismo y por la regulación resultante de lo que se ha convenido en llamar globalización. No se puede ignorar porque, como bien supieron entender los economistas clásicos, destacadamente Marx, el mercado mundial determina en gran medida las formas concretas de la vida en las economías nacionales. Y ello condiciona, a su vez, las formas políticas y de conciencia que emergen en el seno de los Estado-nación. O, dicho de otra forma, no es posible comprender los fenómenos sociales recientes, desde el 15-M hasta la irrupción de Trump o Le Pen, sin atender a las transformaciones económicas de las últimas décadas. Desde luego, estas solas no bastan para ofrecer una explicación precisa, pero sin ellas es imposible aproximarse a lo que de verdad está ocurriendo.

El problema para la economía de España es, grosso modo, que no ha encontrado su lugar en este sistema-mundo. El modelo de crecimiento español ha dependido durante años de la confluencia de crédito barato y especulación urbanística, todo ello derivado y alimentado por una desastrosa configuración institucional europea. Ello proporcionó rentas más altas y la sensación de que España pertenecía a las economías más desarrolladas del mundo. Pero derribado el castillo de naipes del milagro económico, del que hacían gala tanto PP como PSOE, lo que ha quedado es una estructura productiva basada en sectores de bajo valor añadido y con escasa intensidad tecnológica. Sectores como el turismo, altamente estacional, y con salarios un 40% inferiores a los industriales, se han convertido en la esperanza de un Gobierno incapaz de aceptar la profundidad del problema.

La consecuencia directa de todo ello se llama precariedad y desigualdad. La globalización es un proceso que ha impuesto ganadores y perdedores por todas partes del mundo. Así, como ha puesto de relieve en cifras el economista Branko Milanovic, las clases urbanas de Asia han visto cómo sus ingresos absolutos han crecido significativamente en las últimas décadas. Por el contrario, las llamadas clases medias y populares de los países occidentales han visto cómo se deterioraban sus rentas de forma significativa. La reciente crisis en España lo que ha provocado es la agudización de ese fenómeno: los salarios de los estratos más bajos de la población han caído mucho más, por encima del 20%, que los salarios de los estratos más altos, apenas afectados, provocando un incremento enorme de la desigualdad. De acuerdo con los datos de Eurostat, España es, a día de hoy, el segundo país más desigual de la UE, sólo por detrás de Rumanía. La polarización en términos de renta se ha multiplicado. Y ello tiene consecuencias en el plano político.

El patrón común que autores como Dani Rodrik o Hanspeter Kriesi han detectado es que las personas caen en el grupo de ganadores o perdedores de la globalización según el lugar que ocupen en la distribución internacional del trabajo. Una conclusión muy clásica, por otra parte. Asimismo, ese lugar concreto depende de otras variables que van desde la estructura productiva de un país hasta la cualificación individual del trabajador o trabajadora en cuestión. Y esto nos lleva necesariamente a la cuestión de la clase social. De acuerdo con esta visión, la globalización está provocando en occidente una fractura entre aquellas personas con alta cualificación y aquellas otras personas con menor cualificación. Las primeras pueden acceder a puestos de trabajo que son competitivos a nivel internacional y que pertenecen a sectores de alto valor añadido que, por tanto, están mucho mejor remunerados. Las segundas, por el contrario, están expuestas a la competencia internacional y los miles de millones de personas que conforman la fuerza de trabajo mundial se convierten en competidores directos para ellas. Además, al ser sectores de bajo valor añadido, o que pertenecen a segmentos de cadenas de valor globales que apenas se apropian de valor añadido, los salarios suelen ser muy reducidos. Aquí pertenecen los millones de personas que ahora sufren el paro estructural y que llevan años buscando un trabajo.

Los economistas liberales han propuesto, como solución, mejorar el llamado capital humano, esto es, la formación reglada. Según esta visión, mejorar la cualificación de la población es la vía directa a mejorar las condiciones de vida. Es pura ilusión. Estos mismos economistas son incapaces de explicar por qué en España se da también la sobrecualificación de miles de personas, especialmente jóvenes. La explicación es que la propia estructura productiva, y con ello el carácter rentista del empresariado español, impide que se creen puestos de trabajo de alto valor añadido que puedan absorber a los trabajadores cualificados. En ausencia de una estructura productiva así, los trabajadores cualificados se marchan a países con sectores productivos en los que sí se puede trabajar, generando una pérdida irreversible en España.

Lo relevante de todo esto, a efectos de este artículo, son las consecuencias políticas. En primer lugar esta fractura provocada por la globalización, además, tiende a reducir también es el estrato ideológico conocido como clase media. Por al menos dos razones. De un lado, porque se consideraban así familias enteras que vivían de las rentas del insostenible modelo inmobiliario-especulativo y que ahora están a merced de una estructura productiva de país empobrecido y de una competencia internacional desaforada. De otro lado, porque la propia estructura productiva supone un cierre para las nuevas generaciones que comprueban que no existe ascensor social, como acabamos de decir. Los jóvenes comprueban que no vivirán como sus padres.

El escenario es desolador desde el punto de vista de clase. Las clases populares, con mucha menor capacidad para acceder a los estudios reglados de alta cualificación, como consecuencia de los recortes en educación y de la naturaleza clasista del propio sistema económico, quedan atrapadas en el escalón más bajo no sólo del país sino también de la distribución internacional del trabajo. Así, la precariedad no se define como un momento temporal sino como una característica permanente. No hace falta subrayar qué significa intentar sobrevivir con un contrato por horas que se paga a un par de euros la hora. Por el contrario, las clases altas se han beneficiado no sólo del clientelismo de los gobernantes y de un empresariado rentista sino que, además, se han enriquecido con las políticas durante la gestión de la crisis –reformas fiscales, laborales y financieras, inyecciones de liquidez del BCE, etc.-. Pero, ¿es sostenible este modelo de país?

La experiencia histórica sugiere que no: un país sin cohesión social se resquebraja por todos sus poros. Quizás no es casualidad que el reciente auge independentista en Cataluña coincide con esta época histórica y con la habilidad de la derecha catalana de vincular independencia con esperanza frente a la crisis. Si bien en ningún caso un decreto de independencia de un Estado-nación supone la neutralización de la ley del valor y de la lógica capitalista. En todo caso, los fenómenos de Trump en Estados Unidos, la extrema derecha en muchos países de la Unión Europea, o la experiencia histórica del fascismo en los años treinta y en el marco de la Gran Depresión, sugieren que la tesis de Karl Polanyi es cierta. A saber, los sectores más golpeados por la crisis y por los ajustes que conlleva la expansión del libre-mercado buscan fórmulas políticas para protegerse. El crecimiento de las posturas proteccionistas es la contracara de ese primer movimiento pro-mercado que supone la globalización, y también sucedió tras la II Guerra Mundial.

Pero el contexto hoy es otro, y las experiencias históricas nunca se repiten de la misma forma. La forma concreta de resistencia de las clases populares depende de algo tan básico como la lucha de clases. En esa lucha, las clases pueden abrazar posturas neofascistas (como ocurre en el norte de Europa), pueden organizarse en posiciones socialistas (como sucedió en los años veinte del siglo pasado) o quedar resignadas y desorganizadas bajo un nuevo estatus de precariedad y miseria permanente. Todo ello depende de un concepto clásico que se llama formación de clase, es decir, de la capacidad de organizar a la clase social.

Las clases sociales no son entidades solamente objetivas, útiles para el análisis sobre el papel, sino que son también construcciones subjetivas que dependen de la práctica política. Las clases, por decirlo brevemente, se construyen. Y esa construcción depende de la habilidad de las organizaciones de clase para generar conciencia de clase, es decir, para crear objetivos e instituciones comunes entre sectores de la sociedad. Dicho de otra forma: los perdedores de la globalización no se van a organizar solos, o al menos es muy discutible que eso suceda, sino que necesitan de la estrategia política de las organizaciones. Las organizaciones políticas están, desde el punto de vista socialista, precisamente para eso y no para otra cosa. La participación en las instituciones, por ejemplo, es una herramienta más que ha de servir a ese fin: organizar a la clase, al pueblo o a la comunidad –no seré yo quien inicie una discusión meramente semántica al respecto-. Y visto lo anterior, nada hay más urgente que hacerlo. Organizar a los perdedores de la globalización, a las personas que no se benefician de la llamada recuperación económica, a los que sufren la precariedad y a las personas que sienten que otro mundo es necesario más que posible. Ese es el verdadero objetivo político de la izquierda, a mi juicio.

Siguiendo esta lógica, no se trata sólo de construir sobre el papel una alternativa teórico-técnica al modelo económico español. Desde luego hay que hacerlo, y por cierto que eso implica deshacerse de la estructura de poder vigente en España y que es heredada, mediante la Transición, de la franquista. Un nuevo país implica una nueva cultura política, empresarial y ciudadana desprovista de todos los lastres clientelares propios del franquismo y de esta democracia cacique. Pero de nada sirve esto si detrás no hay una base social que respalde la puesta en marcha de un proyecto así. Y enfrentamos numerosos obstáculos. Por eso considero que nuestras organizaciones, comenzando por Izquierda Unida, deben asumir que este, y no otro, es el tablero de juego y el objetivo principal.

De ahí que, en estas condiciones, veamos necesario reforzar la presencia en la calle, lugar donde se genera la subjetividad y, por lo tanto, la conciencia de clase. Son largos los debates teóricos sobre esta cuestión, desde Marx y Engels hasta Carrillo y Claudin, pasando por Luxemburg y Lenin. Pero no creo que quede otra alternativa que construir, con nuestras propias manos, tejido social entre los perdedores de la globalización, entre nuestra clase. Una organización más de clase, no en términos semánticos o litúrgicos, sino de acción y composición, es el camino. Y con un discurso que ensamble la alternativa que necesita la clase, el país en un contexto como el que hemos descrito.

Veamos no sólo los árboles sino también el bosque. El capitalismo es un sistema basado en la explotación, y por ello generador de desigualdad y crisis. Pero es también un sistema de producción que no atiende a los límites físicos del planeta, con lo que ser anticapitalista no es sólo una cuestión moral sino de necesidad para la vida. Para la vida no sólo de nuestra clase o nuestra especie, sino de la vida en general. Si no hacemos nada, nuestras sociedades actuales se convertirán en sociedades distópicas, decimonónicas, en las que una minoría deshonestamente enriquecida posee la inmensa mayoría de los recursos y el poder frente a una mayoría social, quebrada y frustrada, que malvive a salto de mata. No hay nada escrito en la historia de antemano, pues todo depende de la capacidad para organizarse y luchar.

[Fuente: Público, 10.09.2017]

10/9/2017

Ramón Lobo

Entrevista a Josep Fontana

“No digo que esta sea una batalla entre buenos y malos, pero es una en la que posiblemente perdamos todos”

¿Qué pasará a partir del 2 de octubre si tenemos en cuenta la historia de España?

Lo peor que puede pasar es que algo que empezó mal acabe peor, pero si quieres decir en términos de la situación política, nada de nada. Si hay algo que me parece escandaloso en lo que está sucediendo es que el PP esté agitando la opinión pública española diciéndoles que la celebración de una consulta implica después la secesión de Cataluña cuando sabe que esta secesión es imposible. Es imposible porque implicaría que el gobierno de la Generalitat tendría que pedir al Gobierno de Madrid que tuviera la amabilidad de retirar de Cataluña al Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y renunciar pacíficamente a un territorio que le proporciona el 20% del PIB. Es un escenario imposible. Pensar que esto puede suceder es una estupidez. Entonces, ¿a qué viene crear un clima próximo a la guerra civil con esta excusa?

¿Se puede decir que los países que han logrado la independencia lo consiguieron a través de una negociación –checos y eslovacos–, la guerra o aprovechándose del hundimiento de un imperio como el soviético?

Chequia y Eslovaquia fueron un caso excepcional. A los checos les estorbaban los eslovacos. Se pusieron de acuerdo en liquidar una unión que era bastante ficticia. El hundimiento soviético se aplica en los casos de las tres repúblicas bálticas y de Ucrania. El asunto de la guerra es más complejo. El único caso real de independencias en lo que llamamos Europa central y occidental es el de Yugoslavia. Allí hubo un pretexto legal. Se dijo que aquello no era una nación sino una federación, por tanto, la cosa era distinta. A Alemania le interesaba la independencia de Eslovenia, que era su satélite económico. No esperó siquiera a ponerse de acuerdo con la UE para forzar las independencias de Eslovenia y Croacia. El asunto se resolvió con los bombardeos de la OTAN. Es decir, las independencias de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Kosovo se alcanzaron con los bombardeos de la OTAN. No me parece que sea un precedente útil para aplicar en ningún otro caso.

Hay otro precedente, el de Montenegro. Su referéndum de independencia lo organizó la UE, en concreto, Javier Solana. Impuso dos condiciones: una participación por encima del 50% y un "sí" superior al 55%. Tuvieron ochenta y tantos por ciento y el 55,9%.

Era un caso que se presentaba en una situación como la de Serbia, prácticamente desintegrada y con muchos problemas externos e internos. Por lo que representa Montenegro respecto a Serbia no se puede comparar con los que representa Cataluña respecto al Estado español.

¿Sirven los casos de Escocia y Québec: referendos pactados con unas condiciones claras?

Sí, pero como en ninguno de los dos casos se ha llegado a tener que plantearse el problema de una separación, es difícil saber cómo se habría negociado. El nuestro es distinto: pensar que va a haber en Madrid un gobierno dispuesto a plantearse una negociación de separación respecto de Cataluña es una idea fantasmagórica.

Podemos estar así otros diez años, en conflicto permanente.

Pues sí. Es un conflicto que…, vamos a utilizar el tipo de conceptos que utiliza Rajoy, lleva 500 años y que ha empeorado seriamente. Es un conflicto que podía haber encontrado un camino mejor, pero hay que recordar que el ascenso del soberanismo empezó en 2010 con la salvaje destrucción de un Estatuto que había sido aprobado por el Parlamento catalán. Supongo que el PP se lo cargó para obtener votos, que debe ser el motivo por el que ahora impulsa este clima de confrontación. Aparte de para conseguir votos, que le son bastante necesarios, le sirve también para que se olviden de los problemas de la corrupción.

El soberanismo ha conseguido en estos años dos cosas importantes: que la posibilidad de una Cataluña independiente esté constantemente en los medios de comunicación, es algo que se ve como una opción al plazo que sea, corto, largo o muy largo, y que cada vez hay más gente que acepta que la única solución es un referéndum pactado.

Lo que se estaba planteando para el 1 de octubre, y que muchos defendemos teniendo en cuenta que una secesión en los términos actuales es imposible, era una consulta que como mínimo permitiera a la gente expresar su opinión. Expresar sus quejas sobre muchos años de mal gobierno. Buena parte de todo esto nació por la ofensa del Estatut y como rechazo de las políticas aplicadas para la salida de la crisis. Había un malestar profundo, un sentimiento de maltrato especial. Había motivos que justificaban que se dejase por lo menos expresar esta opinión.

Hay que recordar que cuando se hizo una votación el 9-N no pasó nada, que es lo mismo que podía haber sucedido si eso se hubiese encauzado de manera civilizada, si se hubiese considerado como un punto de partida para empezar a encontrar vías de negociación para solucionar el descontento. Pero no hay ninguna intención de esto. En el fondo, al PP le interesa la confrontación. Está presentando esto ante la opinión española como una agresión que les afecta a todos, que puede afectar a sus pensiones, a sus subsidios. Todo eso siempre le ha sido rentable. Tengo pocas esperanzas de arreglo a corto o a medio plazo.

Ortega y Gasset decía que el problema catalán es irresoluble, pero también parece que lo es el problema español: encontrar un encaje que satisfaga a todos.

No sé si se puede encontrar un encaje de Estado que satisfaga a todos, entre otras cosas porque eso implicaría también el encaje de una sociedad. Una de las cosas que me sorprendió es ver que entre los más entusiasmados con un proceso secesionista figurara gente que he conocido, jóvenes de 20 a 30 años con una muy buena carrera

universitaria, con másteres, etc., que a todo lo que pueden aspirar es a un trabajo poco más que de becarios y con sueldos miserables. Esos jóvenes han llegado a creer que un cambio, cualquier cambio, no puede ser a peor. Por eso hay también un elemento de encaje social. No diría que el tipo de política que aplica el PP sea como para conseguir entusiasmos de una parte importante de la sociedad española. Creo que hay muchos problemas en los que tendría que pensar, porque le afectan. Pero crear un objetivo de lucha como este le resulta rentable para las próximas elecciones.

El Estado español, sobre todo en el siglo XX, ha confundido ser fuerte con ser autoritario, que no es lo mismo, ¿no?

Para ser fuerte necesitas consenso, necesitas una política que te de consenso. Cuando se ha intentado aplicar en España una política que implique consenso han venido las reacciones para evitarlo. Tenemos una dramática historia, que es la historia de la Segunda República, que anda todavía tirada por los suelos, denigrada para justificar lo que se hizo y para volver a marcar el reloj hacia atrás.

Me asombra que los partidos piensen poco en estos momentos con serios problemas globales. Hay un empobrecimiento y debilitamiento de una gran parte de España que debería empezar a alarmarnos. Amigos míos que viven en Galicia me explican que muchos pueblos se mantienen con viejos que viven de las pensiones y de lo que cultivan en el huerto. Hace poco otro amigo, que volvía de Salamanca, estaba

asombrado de cómo esta cerrando el comercio en el centro alrededor de la plaza Mayor. Salamanca está perdiendo población. Hay un problema que afecta a Galicia, a buena parte de Castilla y León y a Extremadura, que es un problema de debilidad y de empobrecimiento que no parece preocupar a nadie.

¿Se puede decir que estamos ante un conflicto de legitimidades en el que las instituciones del Estado no tienen el prestigio necesario, como el Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional se crea de una manera para que su composición esté determinada por las cúpulas de los partidos dominantes, fuera de la capacidad de actuación de la opinión pública. Este país ha tenido, por lo menos desde el 23-F, un gobierno turnante de dos partidos que se han puesto de acuerdo siempre que ha convenido y para lo que ha convenido. Hemos visto de qué forma han ido evolucionando los viejos líderes, del Felipe González revolucionario a lo que acabó siendo. Aquí hay un problema que muchos no quieren reconocer, que la forma con la que se estableció el pacto en la Transición no daba muchas garantías. Todos creímos que aquello era un comienzo y que a partir de allí las cosas se irían adecuando a la realidad, pero no parece que haya sido así.

Cataluña también tiene problemas que han provocado el empobrecimiento democrático de sus instituciones. Y tiene un problema grave de corrupción, igual que el resto de España.

Y tanto.

Es decir que la ilusión de pensar que ‘si nos independizamos, todo será maravilloso’ no tiene una base de realidad, parte de una situación igual de contaminada.

Pero están los que piensan en la posibilidad de una independencia inmediata y los políticos que se apuntaron para ganar votos. Hay gente que ha acabado asumiendo que ese es su papel histórico, y que si tienen que sacrificarse se sacrificarán. Hay otros que no, otros que se lo plantean seriamente. Y está la gente de la CUP: un partido revolucionario que está haciendo un papel extraño que no les corresponde dentro de una política parlamentaria. Son gente joven que en su actuación en los municipios ha sido muy limpia. Su hora es para el momento en el que haya una situación revolucionaria que permita crear una sociedad diferente. Luego están una parte de esos desesperados que han llegado a creer que con la independencia se podían resolver las cosas.

Tengo experiencias espectaculares, como la de un viejo dirigente corrupto que se acercó un día en el que había dado una conferencia sobre los problemas de la sanidad pública y mostrado mi sorpresa de que los políticos no se preocupasen por estas cosas. Se acercó y me dijo sonriente: "Con la independencia se solucionará todo". Pienso que creía que eso incluía también sus problemas personales.

No vamos a hacer una historia de buenos y malos. En todo caso, me es difícil no meter al PP en el rango de los malos. Pero, del otro lado, no pondría a todo el mundo entre los buenos. Hay gente que ha llegado a adquirir una fe. Un día conversaba con un periodista, le decía lo mismo que te he dicho, que no podías ser independiente si tenías dentro el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y pregunté, ¿qué pasará? Él respondió: "Intervendrá Europa". Es la fe en un milagro que pueda resolverlo. No es una situación fácil. No digo que esta sea una batalla entre buenos y malos, pero es una batalla en la que posiblemente perdamos todos.

Además de los problemas de España, la falta de una estructura sólida del Estado, la pérdida de los restos del imperio en 1898, y lo mucho que afectó a Cataluña y a su industria, estamos viendo la pérdida del prestigio de las élites tradicionales políticas y económicas.

Ha sucedido a escala europea y, diría, mundial. Es lo que explica la elección de [Donald] Trump frente al viejo aparato del Partido Demócrata. Es algo que se está produciendo en muchos lugares. Eso que cuando empezó a producirse se llamó el populismo, que es donde se mete todo lo que estorba. Tony Blair, que sabe bien de qué habla, dijo que se estaba perdiendo un sistema que funcionaba gracias al prestigio de unas élites que se intercambiaban en el poder, derecha e izquierda, y que podían mantener esta sociedad unida, pero que estas élites estaban perdiendo su prestigio y a saber lo que saldría de aquí. No hay que ver más que la situación de Gran Bretaña o lo que ha pasado en Francia con el Partido Socialista. Aquí todavía no, aquí hay un inmovilismo difícil de interpretar. Permite mantener el sistema de bipartidismo turnante, que parece que va a aguantar un tiempo, hasta que la gente no pueda resistir más.

Parece que hay más táctica cortoplacista que estrategia. Si hubiera estrategia no se atacaría tanto a Podemos y Ada Colau. Representan un puente, dividen al independentismo exprés.

Y eso es lo que les preocupa. En el caso de Colau y de la gente que va con ella están jugando lo más sensatamente que pueden. Cuando se presentó a las elecciones municipales, que parecía una insensatez, fui de los que les apoyó porque eran lo más limpio que había. Son gente que quiere, como quiere la mayoría, que se deje opinar a la gente, que creen que no es sano que te impidan expresar tu opinión poniéndote un policía delante, pero que por otro lado saben que no tiene sentido jugársela más allá en una opción que no puede producir más.

Lo que hay que hacer no es resignarse, lo que hay que hacer es plantearse objetivos de lucha racionales en los que puedas movilizar a la gente y con los que puedas aspirar a ganar cosas, que bastantes cosas hay que ganar todavía. Me parece que su actitud es sensata. Es evidente que en la medida que amenazan al sistema establecido, causan molestias y les quieran dejar al margen.

En el fondo es una lucha de élites, ¿no? La élite, digamos, española que nace del siglo XIX y del franquismo, que es la élite económica que maneja política y todo esto.

Pues sí.

Que no quiere repartir ese poder centralizado con las élites de la periferia.

No solamente se trata de las élites de la periferia, porque las de la periferia están metidas en el tinglado contra todos. Si hay alguien aquí al que no le interesa esto del secesionismo son las grandes instituciones financieras como La Caixa y el Banco Sabadell. Al fin y al cabo, se dice que Ciudadanos fue una invención, por lo menos que la idea la tuvo el presidente del Banco Sabadell. Y en todo caso, el señor [Albert] Rivera no deja de ser un funcionario en excedencia de La Caixa. Por lo que se refiere a las élites, ya les va bien lo que hay. Serían otros sectores, tal vez el empresariado, pero es una cuestión que habría que analizar con cuidado.

El único que se ha ganado dinero fuera de la élite dominante, cuya riqueza en

muchos casos procede del franquismo, es Amancio Ortega.

Sí, el caso de Amancio Ortega es especial. Supongo que se debe a que gran parte del dinero lo ha hecho fuera. Pero también hay otros que se han ido al garete. Buena parte de lo que era la gran industria vasca se fue a pique, casos como el de Abengoa en Andalucía. Es este sistema nuestro el que sacrificó los recursos que debían haberse destinado a los servicios sociales. Los sacrificó para el rescate de la banca, que consideró más importante. Hay una cosa escandalosa, que se puede observar con facilidad: hasta qué punto se han ido reduciendo los impuestos de las grandes empresas y las grandes fortunas, de qué forma los grandes negocios escapan a las obligaciones que son las que permiten que el Estado pueda proporcionar servicios. Es una cuestión que implicaría examinar la responsabilidad del aparato político, la de los viejos dirigentes de la izquierda como Felipe González que están perfectamente integrados en este negocio.

Las últimas veces que las élites mundiales perdieron el control, en 1910 y en 1930, tuvimos una guerra mundial. Hace unos días el jefe de la OTAN dijo que vivíamos en el momento más peligroso de los últimos 20 años. ¿Estamos tan mal?

Es una situación difícil porque depende de muchos factores. Depende de quién manda en Washington. Hubo un momento en el que Trump y su equipo, incluyendo a ese loco peligroso llamado Steve Bannon, parecían fijar las reglas, pero muy pronto aparecieron los militares y empezaron a tomar el control. Entre las cosas importantes está saber

quién va a tomar las decisiones básicas de la relación con Rusia, de la relación con China y, sobre todo, lo que se debe hacer o no hacer en el Oriente Próximo.

Hay un enigma del que no sabemos lo suficiente: cuál es el peso de lo que pudiéramos llamar el poder político de Trump y su gente, que parece más bien débil, y cuál es el poder efectivo de los militares, que parece que sigue siendo mucho. Espero que se lo piensen mucho antes de llegar a una situación catastrófica, porque esta vez sería terrible. Por otra parte, las élites no tienen nada de qué quejarse en EEUU. Tampoco las élites económicas en Europa.

Lo que le interesa a la Alemania de la señora [Angela] Merkel es que los bancos alemanes sigan cobrando los intereses de los préstamos concedidos al sur de Europa, aunque sea desangrando a Grecia. No veo un motivo para crear inestabilidad. Digamos que el negocio de momento no les va mal. Hay amenazas, existe el problema de que vivimos en una economía sobrecargada de deudas, pero eso, en todo caso, puede provocar otro 2008. Es otra cuestión que nos lleva lejos de donde empezamos.

¿Se puede comparar lo que se está viviendo en Cataluña con el Brexit, donde hubo muchas emociones en juego además de muchas mentiras por ambos lados?

Hay cosas que son verdad. Hay que recordar que el dirigente que convocó el Brexit esperaba que no saliera. La prueba es que [David] Cameron dimitió después. El Brexit fue un voto contra las élites gobernantes, un voto basado en la falta de confianza en el Gobierno de Londres. Votaron campesinos, gentes de todos los rincones rurales, del mismo modo que en EEUU votaron por Trump. Personas que se sentían abandonadas, que habían dejado de creer en sus gobernantes y por eso votaron contra ellos. El caso de aquí es más complicado. ¿Hay mentiras en todos los lados? Evidentemente que las

hay, faltaría más.

Entre los elementos que mencionó por los que no puede haber independencia a corto plazo, hay otro fundamental: falta apoyo internacional. ¿Sería más fácil si tuviera detrás a EEUU, Francia, el Reino Unido, Alemania?

Es lo que decía, en el caso de Yugoslavia primero fueron los intereses de Alemania, y después, los aviones de la OTAN los que, bombardeando Belgrado, acabaron forzando que aceptasen las reglas del juego que había fijado Bill Clinton. En el caso de aquí, no lo hay aquí, más bien al contrario. No hay más que ver una cuestión importante que abona el sentido que lo que digo. Las grandes empresas no se han sentido afectadas por lo que está sucediendo, no creen que vaya a haber un cambio radical. A [Luis] de Guindos se le escapó el otro día que la inversión se mantenía sin ningún problema. No existe esta presión, no existe esa esperanza que tenían o tienen unos cuantos de que si hubiera un voto favorable espectacular, Europa intervendría.

Miquel Buch, presidente de los municipios catalanes, reaccionó ante la afirmación de que en caso de independencia Cataluña saldría de la UE, con esta frase: "Ellos se lo pierden".

Eso lo puede decir la CUP. Para ellos, es coherente porque su programa dice: independencia y socialismo. Les importa un cuerno la UE, pero eso es otra cuestión. Para que se vea hasta qué punto las cosas son…, uno de los últimos planteamientos de [Carles] Puigdemont es que después del referéndum habría que negociar con España, pero no con Rajoy. ¿Qué hay detrás de esto, la idea de que el referéndum va a producir un cataclismo y va a cambiar el Gobierno español? Bueno, es seguir esperando esta especie de milagro que va a resolver lo que no tiene resolución.

¿Cómo se lo tomará la gente que cree que el día 2 va a haber una independencia automática cuando se dé cuenta de que no es así?

Hace mucho tiempo que sostengo, en los medios en los que he podido sostenerlo, que si me preocupaba esto era porque podría producir una decepción cuando lo que había que haber hecho era seguir luchando pero luchando por objetivos que fueran alcanzables.

No sé lo que va a pasar. Lo peor puede ser que el daño más grande no lo haga la decepción de la gente, sino hay que saber qué es lo que va a acabar haciendo el señor Rajoy, que parece empeñado en hacer todo lo posible para seguir irritando al personal.

Puede pasar cualquier cosa.

Lo peor que puede pasar es que haya un muerto. Eso deja una herida que no se cura. La incompetencia o no sé si la voluntad deliberada de llevar las cosas a una situación tensa es tan grande que lo que me temo no es lo que pueda hacer la gente del procés, vamos a ver, aquí la gente que parece más empeñada, como la gente de la CUP, no tienen armas escondidas ni van a tirar bombas; lo que tengo miedo es lo que puede hacer el señor Rajoy.

¿Cuáles serían los objetivos factibles a corto y medio plazo en los que habría que centrarse?

Creo que hay que luchar por recuperar elementos de autogobierno, más que de autogobierno le diría que de autoadministración. Muchas de las inversiones previstas que salen de los presupuestos no se han acabado de hacer, o son gestionadas por entes como Adif o Aena, que son nefastos en la forma en que actúan. Hay que empezar ganando espacios de autoadministración, en espacios de autogobierno, y en eso sí que hay una batalla en la que se puede ir paso a paso tratando de conseguir cosas.

¿Es optimista a partir del día 2?

Es difícil ser optimista; y sobre el día 2, nada optimista. Mi esperanza es que después de cada garrotazo la gente acaba recobrando el sentido común. Tengo una gran esperanza en eso que si quiere podemos llamar de manera retórica "el pueblo catalán", pero que voy a llamar la gente. Los que han ido a una manifestación contra la guerra de Irak o contra el Tribunal Constitucional son la gente de mi barrio. Tengo una gran esperanza en la capacidad de la gente para recuperarse y volver a ponerse en pie.

[Fuente: eldiario.es]

24/9/2017

José Gefaell

Hagamos un referéndum constitucional en Cataluña y en toda España

Este artículo es continuación de la propuesta publicada en El Confidencial de realizar un referéndum en Cataluña y en toda España como forma de salir legal y democráticamente del bucle en el que nos han metido los independentistas catalanes.

Recordemos que, de acuerdo con la Constitución española, la única forma legal de decidir sobre la soberanía de Cataluña o de cualquier territorio es preguntándoles a todos los españoles. Sin embargo, ni siquiera sería constitucional preguntar en referéndum a todos los españoles directamente si quieren que Cataluña se independice. Pero se podría formular la pregunta en términos, por ejemplo, como los siguientes: “¿Quiere usted que se inicie un proceso de modificación de la Constitución española para hacer posible la independencia de Cataluña?”. Con esa pregunta un referéndum constitucional a nivel nacional sería perfectamente legal y la pregunta válida.

La propuesta por tanto es que el Gobierno tome la iniciativa y promueva desde el Parlamento español un referéndum constitucional en Cataluña y en toda España, con una pregunta como la mencionada o equivalente. Un referéndum así promovería una participación masiva, principalmente en Cataluña, y con toda probabilidad demostraría que una amplia mayoría de los catalanes no quiere la independencia. El referéndum que plantean los independentistas para el 1-O no es legal ni democrático y por ello obtendrá una baja participación. Eso es precisamente lo que buscan, que participen principalmente los independentistas para que el resultado mayoritario sea a favor de la independencia.

Cualquier gobierno debe tener el suficiente liderazgo y sentido de Estado como para que la práctica habitual de los funcionarios de dejar que sean los tribunales quienes resuelvan los conflictos no se aplique en los temas importantes.

Aquí se libra una batalla entre dos formas de ver el mundo. Los independentistas son enemigos políticos de la patria, pero también son nuestros conciudadanos. Lo que nos hace españoles a todos es nuestra cultura, conformada tras muchos siglos de historia común y plasmada por encima de todo en nuestro ordenamiento jurídico, del cual la Constitución es piedra angular. Lo que nos une son nuestras reglas.

¿No deberíamos, ofreciendo todas las garantías legales que ampara nuestro ordenamiento jurídico, demostrarles políticamente a los independentistas quienes somos, quién es España? ¿No es esa la mejor arma que tenemos?¿Vamos a respaldar nuestra causa con menos decisión política de la que ellos tienen para respaldar la suya?

De acuerdo con la encuesta elaborada para El Confidencial a finales de junio, realizar un referéndum constitucional sobre Cataluña en toda España es la opción preferida por el 51,7% de los españoles si excluimos a Cataluña, y por el 46,9% si incluimos Cataluña. Esta solución es apoyada mayoritariamente por los votantes de todos los partidos de ámbito nacional: por el 47,7% de los votantes del PP, por el 47,2% del PSOE, por el 49% de Podemos y por el 51,7% de Ciudadanos. No obstante, la propuesta también ha recibido numerosas críticas y objeciones (todas respetuosas, excepto algunas anónimas). Porque todos los ciudadanos no solo tenemos derecho a opinar sobre este tema absolutamente esencial, sino que es nuestra obligación.

Algunos independentistas han dicho que no tiene ningún sentido hacer el referéndum en toda España, porque sería como preguntar a todos los Estados Unidos si quieren que Puerto Rico sea independiente. Y mantienen que si la Constitución española no permite hacer una consulta solo en Cataluña, habrá que cambiarla… Pero es que Cataluña no es un Estado Libre Asociado a España como lo es Puerto Rico a los Estados Unidos. En Cataluña rigen las leyes españolas y la Constitución española, votada ampliamente a favor por todos los españoles y sobre todo por los catalanes en 1978. Se puede comprobar aquí la participación y resultados por territorios de aquel referéndum. Por ello, los que quieran modificar cualquier aspecto referido al Título Preliminar de la Constitución (donde se establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que la Nación española es la patria común e “indivisible” de todos los españoles), deben ceñirse a lo establecido en la propia Constitución si no quieren actuar flagrantemente fuera de la ley.

Aquellos españoles que son contrarios a cualquier tipo de negociación democrática sobre la independencia de Cataluña argumentan que un referéndum constitucional como el planteado abriría el melón para otras comunidades autónomas que podrían querer hacer un referéndum similar (por ejemplo, el País Vasco). En mi opinión, ocurriría todo lo contrario. Si el referéndum se hiciera como se propone y con la debida campaña por parte del Gobierno de España y con el apoyo internacional (algo que, por cierto, en el referéndum del Brexit Cameron no buscó con decisión), explicando bien tanto los argumentos a favor de la unidad de España como aquellos en contra de la separación de Cataluña (qué les pasaría económicamente a España y Cataluña después de la independencia), con toda probabilidad ganaría por mayoría absoluta reforzada la opción del no, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Así, un resultado mayoritario a favor del no a la pregunta de si se quiere cambiar la Constitución para permitir la independencia de Cataluña no abriría ningún melón en otras comunidades autónomas, sino que cerraría el que los independentistas han querido abrir. ¿Por qué los independentistas vascos querrían plantear otro referéndum similar? ¿Para perderlo también? Un referéndum constitucional, justo, negociado, democrático y con la debida campaña cerraría el melón independentista en toda España por muchos, muchos decenios.

Otros consideran que la Generalidad de Cataluña aceptaría de buen grado un referéndum como el propuesto, porque están en un callejón sin salida y esto les permitiría una salida airosa, aunque el resultado del referéndum fuera desfavorable para sus pretensiones. Y que por ello no hay que concederles esa salida. Son los mismos que consideran que la mejor estrategia es buscar en primer lugar que los independentistas sean derrotados por la fuerza o por la fuerza de la ley, si se quiere, pero no por las urnas constitucionales. Y que una vez hayan perdido (la cara y en algunos casos la libertad), entonces se podría negociar algún aspecto. Esto tal vez podría haber tenido sentido en el origen del problema, pero ahora es muy tarde para ello. Desde hace muchas legislaturas los distintos gobiernos han permitido que los independentistas actuaran como si fueran delincuentes que iban por la calle armándose y haciendo acopio de explosivos políticos y económicos, y que además hicieran ostentación de ello. Legislatura tras legislatura no hicieron nada eficaz para detenerlos. Ahora cientos de ellos han secuestrado edificios públicos, tienen millones de rehenes (políticos y económicos) y han cargado los detonadores financieros. ¿De verdad creen que lo más sensato en una situación así es derrotar primero a los secuestradores y negociar después? Especialmente en este punto estaré encantado de haberme equivocado, pero, si no negociamos política y democráticamente, en el extremo los independentistas activarán sus bombas económicas y se llevarán por delante las finanzas de sus rehenes españoles y especialmente de los catalanes.

Algunos dicen que no hay que descartar la probabilidad de que en Cataluña gane por amplia mayoría el sí a la independencia. Y que aunque en el resto de España el resultado fuera contrario a la independencia, si una mayoría absoluta reforzada de catalanes votara a favor, la secesión sería imparable. En este caso, argumentan, permitir un referéndum, aunque este fuera constitucional, sería concederles de facto la independencia, porque sería un referéndum independentista encubierto.

La tesis de partida de esta propuesta de un referéndum constitucional es que los independentistas son una clara minoría en Cataluña, alrededor de 1/3 de la población. Si la realidad no fuera esa, sino que de verdad fuesen una vasta mayoría, por muchas acciones legales que el Gobierno de España y el resto de españoles iniciáramos contra los separatistas, no los podríamos parar. Daría igual que tuviera lugar un referéndum legal, uno ilegal o no hubiera ningún tipo de consulta.

Pero si somos capaces de negociar políticamente un referéndum constitucional para validar justa y democráticamente lo que todos los datos sugieren, que los independentistas son una clara minoría de alrededor de 1/3 de la población catalana, las posiciones cambiarán mucho. También las posiciones legales. Un resultado en España mayoritariamente en contra de la independencia sería siempre el resultado válido legalmente. Por tanto, un referéndum constitucional no sería en absoluto un referéndum independentista encubierto. Sería un referéndum legal con el objetivo transparente, sin trampas democráticas, de demostrarles contundentemente a los independentistas que están en clara minoría.

Para hacer un referéndum constitucional en toda España habría que negociar en el Parlamento español, donde están ampliamente representados los catalanes también, no solo la pregunta, sino también la fecha, el porcentaje de votos necesario para que la opción del sí fuera vinculante, qué pasaría el día después en Cataluña en caso de que ganaran los independentistas (política, económica y financieramente, por ejemplo, cuánta deuda pública española se le transferiría, la salida de Europa, etc.). Esa negociación llevaría su tiempo y permitiría al Gobierno de España y a la sociedad civil hacer una campaña adecuada.

Pero el planteamiento no puede ser no preguntar, ni siquiera constitucionalmente, ni siquiera tras realizar una intensa campaña, por miedo a que la verdad nos arruine el titular, nuestras creencias sobre lo que piensan los catalanes. Si nos atrevemos a preguntar democrática y legalmente ocurrirá justo lo contrario: que a los independentistas la verdad les arruinará sus distorsionadas creencias.

Algunos de los que son contrarios a cualquier tipo de conversación y negociación democrática con los independentistas consideran que la unidad nacional es un 'prius', un concepto anterior y superior incluso a la propia Constitución, algo que llevamos 500 años construyendo y que no es posible cuestionar ni a través de referéndums constitucionales ni por mayorías democráticas coyunturales. Piensan que no se puede jugar con consultas sobre cosas esenciales, sobre los pilares de una nación como España, que la historia y millones de vidas han construido. Consideran que lo que se debe hacer para callar de una vez por todas a los independentistas es meter en la cárcel a los dirigentes, políticos y funcionarios que no cumplan la ley, interviniendo si es necesario la comunidad autónoma de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución. Porque en democracia hay temas esenciales, como la soberanía del territorio nacional, que no se pueden discutir jamás, ni siquiera cambiando la Constitución. Porque es injusto y egoísta pensar que la soberanía del territorio se puede cuestionar democráticamente mediante mayorías. Porque piensan que la historia y nuestros antepasados han vivido, luchado y creado España con su trabajo y con su sangre y nadie, tampoco una mayoría de ciudadanos (ni en un territorio ni en la totalidad del Estado ni en un tiempo concreto) tiene la legitimidad para cambiar esta España construida durante siglos de historia.

En mi opinión, los que piensan así han sido mal orientados. En política, a la hora de legislar o a la hora de definir las fronteras, no puede haber 'prius' ni verdades absolutas más allá de la naturaleza de las cosas y las leyes naturales (por ejemplo, las reglas de juego no pueden ir en contra de la ley de la gravedad). Ni España ni ninguna otra nación es inmutable, por muchas razones históricas, racionales, económicas y sociales que veamos para mantener la unión. Eso no quiere decir que los patriotas no luchemos por mantener la unidad y la integridad de España. Pero la lucha debe ser política y democrática, sin apoyarse en concepciones cuasireligiosas. Y aunque inmutabilidad no es lo mismo que el concepto constitucional de indisolubilidad e indivisibilidad, hasta la propia Constitución prevé cómo modificar la “indisoluble unidad de la Nación española”.

Lo que debemos hacer los que consideramos que la unidad histórica de España es un bien muy superior a la separación de España en pequeñas naciones sin base histórica real es hablar, discutir, proponer soluciones políticas, construir, enamorar democráticamente a los que no lo consideren así. Pero si no hacemos nada, si no hablamos política y democráticamente, o si solo amenazamos con acciones legales y litigios jurídicos, en los que se verán concernidos indirectamente cientos de miles de catalanes independentistas, nuestros conciudadanos, no conseguiremos más que hacerles el juego. Solo avivaremos el sentimiento separatista.

No es justo decir que los distintos gobiernos de España son los que han tenido la culpa del independentismo, pero sí que no han actuado con la suficiente inteligencia democrática. No han causado el problema, pero no lo han gestionado bien. Legislatura tras legislatura, muchas de las decisiones y acciones de los distintos gobiernos de España han tenido justo el efecto contrario al buscado: han azuzado el sentimiento secesionista, no el de unión. Aunque para la mayoría de los patriotas españoles es más importante el bien de la justicia y la democracia que el bien de la unidad histórica de España (por mucho que la consideremos un gran bien, sin duda también para toda la humanidad), la justicia y la democracia hay que ponerlas en valor jugando el juego político con inteligencia. Por supuesto, no haciéndoles el juego a los independentistas. Solo poniendo a trabajar la democracia inteligentemente, legalmente, con justicia y con todos los apoyos parlamentarios e internacionales posibles es como se debe solucionar este problema emocional, generado y manipulado exclusivamente por una minoría de independentistas catalanes, pero mal gestionado por los distintos gobiernos de España.

Hagamos un referéndum constitucional en Cataluña y en toda España. Demostrémosles políticamente qué es lo que nos une, cuál es nuestra identidad, quién es España. Demostrémosles que España es Cataluña. Pondríamos así en todos los balcones una bandera de Cataluña junto con la de España.

[Fuente: El Confidencial. José Gefaell es ex director general del Instituto de Crédito Oficial]

5/8/2017

Miguel Pasquau Liaño

Las urnas, las leyes y viceversa

Necesito decir tres cosas de entrada al mismo tiempo. La primera es que lamento, como lamentamos muchos, que la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de España esté bloqueando desde hace años un cauce de expresión democrática a la aspiración política de un referéndum sobre las relaciones de Cataluña y el resto de España que reclama una enorme mayoría social en Cataluña y que sólo depende, para ser legal, de voluntad política para una reforma constitucional. La segunda, que reconozco que esa mayoría está actuando en coherencia con su compromiso electoral, pues prometió en campaña y programa electoral que impediría el referéndum, cosa que puede hacer con todas las bendiciones constitucionales. Y la tercera, que la crítica política a esa actitud de bloqueo del referéndum no me lleva a solidarizarme con los promotores de un procès rupturista, sino por un lado a la resignación (como en tantas otras cosas en las que la mayoría política no coincide con mis ideas), por otro lado al deseo de la construcción de una nueva mayoría política en España y en Cataluña, capaz de devolver este asunto a la política, y por otro al respeto mientras tanto a la Constitución, pues me parece más grave la alegre desconexión del principio de legalidad que la demora de una aspiración política legítima. Y un apéndice, en plena Diada: no me escandalizo de que cientos de miles de catalanes antepongan con ilusión la independencia al principio de legalidad (cada cual es dueño de jerarquizar sus deseos y temores), pero sí me escandalizo de muchos de los argumentos que esgrimen los conductores políticos del procès.

Guardias civiles y jueces contra papeletas

Es antipático esgrimir la Constitución como argumento contra la celebración de un referéndum. Más, si ese argumento se ilustra con la imagen de la Guardia Civil registrando una papelería en busca de papeletas, o con la de la presidenta del Parlament subiendo las escaleras del tribunal para declarar en un proceso penal. Es “Constitución o democracia”, dicen algunos porque “la democracia nunca puede ser ilegal”; una Constitución que impide a un pueblo votar “hay que saltársela”, dicen los más audaces, y echan mano de los apuntes sobre desobediencia civil. Y hasta del gran Gandhi.

Pero, ¿sólo hay razones jurídicas, bunkerizadas, antipáticas, injustas y antidemocráticas para frenar un referéndum en nombre de la Constitución? Bueno, hay al menos una razón política muy poderosa. La razón es la que está en la base de la idea misma del constitucionalismo. Una constitución no sirve para evitar un golpe de Estado militar ni una revolución (si triunfan, adiós Constitución y vuelta a empezar), pero sí para evitar que cualquier caudillo nacional o popular invoque el apoyo de las masas para acabar “democráticamente” con los partidos políticos, las autonomías, la separación de poderes y las libertades. Caudillo que, por cierto, podría pretender una legitimidad basada en un referéndum a las bravas, y vaya usted a saber lo que sale de ahí. No digo que esto lo pretendan los nacionalistas catalanes; digo sólo que la lógica sería la misma: el valor supremo del referéndum, la dictadura de las mayorías coyunturales sin blindaje de derechos y sin el esqueleto del principio de legalidad. Es un tema serio si lo miramos a largo plazo y con memoria histórica. El principio de legalidad no provoca entusiasmos, pero sí nos salva de ellos.

¿Piscina o pista de petanca?

Permítanme que utilice un ejemplo burdo: a veces son los buenos. Supongamos que usted ha comprado una vivienda en un edificio que cuenta como elemento común con una piscina y que una mayoría de vecinos propone sustituir la piscina por un foso para petanca. ¿Piscina o petanca? “Lo que quiera la mayoría”, dirían los promotores. “Lo que digan los estatutos”, dirían los partidarios de la piscina. “Los estatutos no pueden estar por encima de la mayoría”, dirán unos; “las mayorías no pueden estar por encima de mis derechos”, dirán otros. Rebus sic stantibus, diría algún inteligente equidistante (usted tiene blindado por estatutos un derecho a la piscina aunque cambie la mayoría… salvo que cambien extraordinariamente las circunstancias). El acuerdo mayoritario de la junta de propietarios a favor del foso de petanca sería nulo, y podría impugnarse en el Juzgado con éxito. Es probable que los vecinos petanqueros entonces hostiguen y califiquen de abuso la postura de los minoritarios, y que incluso llenen de arena la piscina una noche en protesta, pero la regla jurídica que protege a la minoría no es antidemocrática, sino el blindaje de un derecho frente una votación mayoritaria. Es así de simple: una Constitución establece (democráticamente) reglas de juego para el ejercicio de la democracia que incluyen derechos y principios protegidos de mayorías parlamentarias absolutas pero coyunturales. Sin reglas sobre la democracia, los derechos son de mantequilla: se derriten al calor.

Catalanes contra catalanes

En Cataluña hay ciudadanos que quieren constituir un Estado propio e independiente, pero también catalanes que quieren que la comunidad autónoma en la que viven siga perteneciendo a España. Y pueden quererlo por razones de mucho peso: por ejemplo, porque no quieren ver reducido el ámbito territorial de su cuota de soberanía: es decir, no quieren perder soberanía respecto de las cosas que suceden en Córdoba, en Aragón y en Canarias que actualmente sean competencia estatal (¿no es esto importante?); o porque quieren que los intereses de gallegos y catalanes se defiendan conjuntamente en política exterior, para no perder fuerza; o porque se desplazaron a trabajar en Cataluña desde otras partes de España porque Cataluña era España; o porque quieren que su empresa con sede en Barcelona opere en toda España bajo la misma legislación mercantil y sin aranceles.

He aquí el conflicto principal: no tanto el de Cataluña contra el resto de España, sino el de unos catalanes contra otros. Si unos catalanes quieren irse del todo, otros irse para asociarse, otros irse sólo un poquito, y otros quedarse sin más, ¿qué hacemos? La respuesta que primero viene a la cabeza es “pues lo votamos, y se hace lo que quiera la mayoría: eso es la democracia”. La petanca, si los vecinos prefieren petanca. Referéndum, y que dios reparta suerte. Pero esa democracia desarticulada y dependiente de mayorías coyunturales no es siempre la mejor respuesta. Y no lo es, no porque Madrid no quiera, ni porque la unidad de España valga más que la democracia, sino porque el contenido de la democracia no es sólo la regla de la mayoría, sino que también es el respeto de los derechos adquiridos incluso frente a una mayoría que vota privarte de ellos. Y hoy día cada catalán tiene blindado, incluso frente la mayoría, un derecho a la cosoberanía sobre todo el territorio español. Un “derecho a España”. No a la nacionalidad española, sino a su territorio, porque “no es la nación, estúpido, es el territorio”.

Soberanía y autodeterminación

La independencia y la autodeterminación no son asuntos nuevos, los nuevos somos nosotros: la cuestión se discutió al hacer la Constitución. Y tras un proceso más o menos ejemplar de equilibrios y cesiones, los distintos “pueblos de España” (a ellos se refiere el Preámbulo, y no parece que la “s” añadida a “pueblo” sea una errata) se dotaron de una Constitución, refrendada democráticamente (abrumadoramente en Cataluña), que consagró una autonomía política territorial muy amplia pero limitada. Aquello fue un pacto político, del que nació la legitimidad constitucional de la Generalitat. Nadie firmó ni votó cruzando los dedos por detrás, reservándose la posibilidad de decir luego que la cosa no iba en serio. La unidad de España (y la autonomía territorial) es una regla constitucional, y la independencia es sólo una aspiración política legítima. Sólo un acuerdo del mismo nivel (es decir, constitucional) puede cambiar esa regla y sustituirla por otra según la cual el grado de autonomía de un territorio dependiera exclusivamente de la decisión mayoritaria de ese territorio, sin ningún límite. Esa es la razón por la que el independentista catalán, ciertamente, tiene más difícil que la realidad se parezca a su deseo que el unionista y tiene que superar más obstáculos: el contrato blinda al unionista, le da una posición de ventaja. Pero ¿no ocurre así con tantas otras reivindicaciones legítimas? ¿Basta la frustración de un objetivo político para llevar a cabo conductas o procesos disruptivos y exigir que se nos allane el camino? ¿Es antidemocrático proteger el pacto constitucional? Será frustrante, pero no antidemocrático.

¿Está, entonces, todo dicho? Claro que no. La inmensa mayoría de catalanes es partidaria de la celebración de un referéndum normalizado sobre la pertenencia o no de Cataluña a España y sus modalidades, y esa pulsión sin duda democrática acabará exigiendo una respuesta política. Seguramente en el conjunto de España, una vez que se serene el debate y se enfríen las urgencias, cada vez más ciudadanos y políticos alzarán la voz y reconocerán que no hay razones de fondo para que una comunidad bien definida no tenga más remedio que seguir siendo España, aunque muy mayoritariamente no quisiera. Hay vías democráticas para conseguir un referéndum legal, e incluso para pretender la independencia. Son vías difíciles, pero no tan difíciles como el cambio de la piscina por la petanca. Voy a sugerir dos vías de las que apenas he oído hablar, pese a lo mucho que hemos hablado sobre tema.

A) Una vía para constatar legal y formalmente la voluntad de los catalanes, sin permiso de Rajoy

El artículo 166.1 de la Constitución, que remite a su artículo 87.2, atribuye a los parlamentos de las comunidades autónomas competencia para remitir a la Mesa del Congreso una propuesta de reforma constitucional. Una mayoría parlamentaria catalana puede elaborar un texto de reforma constitucional que introduzca el derecho de autodeterminación y señale para su ejercicio unas condiciones razonables que podrían resultar aceptables para una mayoría de españoles, similares a las que permitieron en Canadá un referéndum. El Tribunal Constitucional no podría suspender ni anular la ley, porque una iniciativa de reforma constitucional no puede ser inconstitucional. Y la Generalitat puede, salvo (ahora sí) absoluta cerrazón del Gobierno de España y del Tribunal Constitucional que sería incomprensible, convocar un referéndum a los catalanes para apoyar o no (no la independencia, sino) la decisión de su Parlamento de elevar a las Cortes esa propuesta. Quedaría constatada formal y legalmente una voluntad política de los catalanes, probablemente abrumadora, presentada como propuesta al conjunto de los españoles (ellos incluidos). Las Cortes habrían de tramitar esa reforma, y finalmente aprobarla o no. Si no se atendiera en absoluto, quedaría constatado de manera impecable un malestar democrático en Cataluña que habría que gestionar políticamente. La cuestión quedaría en el escenario del que nunca debió salir: la construcción de mayorías políticas alternativas que sí hicieran posible lo que ahora mismo es sólo una aspiración legítima (todas las miradas, por cierto, se dirigirán en primer lugar al PSOE, que es el único partido que exhibe dudas). ¿Es una vía imposible? Hoy sí, desde luego. Pero la esperanza es una larga paciencia, y busca sus caminos. Lo sabemos quienes tantas veces perdemos en el juego de mayorías y minorías. Hay, además, un modo de rebajar las dificultades de una reforma constitucional.

B) Penúltimo recurso: la reforma de los artículos sobre la reforma constitucional

La reforma del núcleo duro de la Constitución (título preliminar —en el que está el principio de la unidad indisoluble de España—, parte del título primero —derechos fundamentales— y título segundo —monarquía—) impone exigencias muy difíciles de alcanzar: una mayoría de dos tercios de Congreso y de Senado, la disolución de las cámaras, elecciones constituyentes, aprobación del nuevo texto por la misma mayoría de dos tercios, ratificación en referéndum en toda España. Resulta suficientemente disuasorio, y refleja un deliberado empeño en ponerlo difícil. Puede decirse que el blindaje constitucional es excesivo, porque así se quiso, y no porque Franco lo dejara en su testamento confiado a su ejército albacea, como sí hizo con la Corona y con la unidad indisoluble de España. Pero esta voluntad constitucional de hacer difícil la reforma también es reformable, y no está tan blindada como los contenidos que acabo de referir. En efecto, los artículos 166 a 169 (que son los que regulan la reforma y la ponen tan difícil) pueden reformarse a través del procedimiento “blando”, que sólo exige una mayoría de 3/5 de Congreso (210 diputados) y del Senado y un referéndum si lo pide un diez por ciento de los miembros de cualquiera de las cámaras (35 diputados). Sé que algún constitucionalista ha calificado esta posibilidad de “fraude constitucional”, pero ni estoy de acuerdo ni es lugar para debatirlo. De manera que ni mucho menos es inalcanzable o inimaginable una mayoría que para determinados temas (como la república, el derecho de autodeterminación o la introducción de nuevos derechos fundamentales) logre “rebajar” y racionalizar las exigencias para la reforma constitucional, de modo que acerque las posibilidades de hacer un referéndum en Cataluña sin echarse al monte de una democracia sin esqueleto.

Con todo, estas propuestas sólo tienen sentido para después del incendio. De momento, no estamos en lo importante, sino en lo urgente: apagar el fuego, aunque los vecinos no puedan jugar a la petanca.

[Fuente: Ctxt. Miguel Pasquau Liaño (Úbeda, 1959) es magistrado, profesor de Derecho y novelista]

12/9/2017

Francisco Sánchez y Miembros de la asociación Jaén Ciudad Habitable

La cuestión catalana "hacia dentro"

Carta a los agentes andaluces en el dispositivo en Cataluña

Esta semana que acaba desembocando en el día 1 de octubre, unas imágenes poderosas han recorrido el país, y algo más allá, a través de los televisores y redes sociales: son las imágenes de las “despedidas” a policías y guardias civiles que partíais hacia Cataluña dentro del operativo diseñado por Interior para hacer frente al denominado “desafío catalán”, un despliegue que incluso ha provocado la preocupación de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Algunos actos han evocado desconcertantes escenarios de guerra y muchas de las consignas resultaban inquietantes, condensando en un cántico originariamente futbolístico, una lógica de combate al enemigo cargada de rencor inducido. La pasividad o incluso el vertido de inflamables por parte de cargos públicos de PP y Ciudadanos no ha hecho más que aumentar el estupor ante una atmósfera que no alegra más que a quienes caldean una tensión empleada como caldo de cultivo de un proyecto contra las personas comunes, contra las de abajo, muchas de las cuales aplaudían vuestro viaje, rodeadas por los miserables vividores que espolean y azuzan. En medio, los agentes que marchábais con una preocupación central compartida con vuestras familias: que no pase nada el domingo.
No es fortuito ni poco significativo que sea precisamente Andalucía la que ponga el escenario donde se desarrollan tales secuencias (en las que os encontráis como figurantes aunque os quieran hacer pasar por protagonistas). Nuestra tierra ha albergado siempre una conciencia justificada de maltrato. El contraste entre la industrialización del norte y la economía extractiva en el sur ha sido un factor decisivo y alegremente utilizado por las elites de todas las latitudes para reconducir los malestares y los mismos que han organizado la economía española son los que pretenden vivir de rencores al tiempo que mantienen sus privilegios.

Aquello que se llamaba la burguesía catalana y las elites andaluzas fueron siempre cómplices y beneficiarias de una “redistribución” que, pasando por el centro del país, expropiaba los recursos naturales y las garantías de vida de la mayoría de una población andaluza que hace medio siglo tuvo que hacer maletas y tomar camino hacia las grandes fábricas, dejando atrás pueblos, familias, pasados personales y un futuro colectivo. No hubo en los años sesenta (como no hay ahora cuando huyen los jóvenes) grandes movilizaciones de despedida. Cada cual tuvo que vivir su propio drama en persona, como si no hubiera responsables de una desposesión insoportable, unos responsables que viven escondidos hasta que salen a agitar banderas de una tierra que han arrasado.

El contraste no es un mito sino el reflejo de una forma de organizar conscientemente un modelo cuyos diseñadores siempre quisieron asentar utilizando el malestar de los agraviados. Andalucía alimentó con sus brazos y sus cuerpos enteros, con su tierra y con su agua el desarrollo industrial situado en Cataluña, y sus hombres y mujeres fueron protagonistas, junto a quienes habían nacido allí, de algunas de las más sonadas batallas contra la merma de los derechos laborales, sociales y políticos en un momento de ofensiva terrible contra las mismos en toda España, como en toda Europa. Se extendió el mito de que “los catalanes trataban mal a los andaluces”, aprovechando el origen de los propietarios y de los explotados para esconder que, precisamente, era la condición de propietario y de explotado la que determinaba el maltrato. Los mitos se han alimentado siempre de forma consciente por los mismos miserables que invocan la sacralidad de la Constitución Española mientras arrancan de ella páginas de contenido social cuya escritura se debió al sacrificio, entre otros muchos, de hombres y mujeres como las que lucharon en el Baix Llobregat, del sur y del norte, con la solidaridad de gran parte de la población catalana (y catalanista). Una buena plasmación fue el compromiso de importantes sectores catalanes con la esperanza de emancipación que representaba para los andaluces la conquista de la autonomía. Entonces se intuía que los enemigos, que compartían proyecto, eran enemigos comunes y que las soluciones también lo eran.

Quebrar esa memoria fue prioritario como correlato de una historia de “modernización” que entroncaba con los anhelos sociales y encubría su hipoteca. España entró en Europa en los ochenta y desde entonces fueron perdiendo importancia las banderas oficiales de países que cedían soberanía a cada paso. En Andalucía se intensificó la explotación de recursos y la especialización extractiva mientras en Cataluña comenzaba la desindustrialización, todo ello bajo el impulso de un presidente andaluz que gobernó en su última legislatura con el sostén del pujolismo. Llegó la llamada globalización y con ella la complicidad entre una minoría (catalana, madrileña, andaluza,…) y el poder financiero e industrial del norte de Europa, una confluencia que instauró la corrupción como forma de gobernar y de impulsar el crecimiento económico.

El resultado, tras la explosión de la burbuja especulativa en el 2008, lo conocemos tan bien que no hace falta extenderse mucho en él. Pero un inmenso malestar ha atravesado todos los rincones como consecuencia del desmantelamiento de lo público, de los recortes en sanidad y educación, del paro masivo, del incremento de la precariedad y la pobreza, de recortes salariales y merma de las condiciones en el trabajo. ¿Qué se os puede contar que no sepáis? Desde entonces habéis perdido en torno a un 20% de poder adquisitivo mientras se alargaban las jornadas laborales para compensar pérdidas de plantilla y empeoraban condiciones de seguridad en el trabajo. Fijaos, qué ironía: la Constitución, cuyo nombre evocan con cinismo quienes os utilizan como icono, establece en su artículo 40 (Título I) que “los poderes públicos (…) velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.”

Escuchad la armonía de esas letras mientras recordáis a qué luchas se debe su escritura. Comparad su significado con vuestra propia realidad cotidiana, que es la de millones de personas en un país en el que uno de cada cuatro trabajadores son pobres. No por falta de emprendimiento, ni por casualidades ni catástrofes naturales sino como fruto de decisiones políticas. Bien lo sabe uno de los mayores bancos de inversión del mundo y culpable de la crisis mundial, JP Morgan, que en un informe reciente señaló la prioridad de la reforma política para acabar con el contenido social recogido en las constituciones de los países del sur de Europa y, “de paso”, el derecho a protestar. Otra vez aparecen en escena esos contenidos sociales a eliminar por quienes gritan “Constitución” después de haberla liquidado en 2011 sin invocar soberanía alguna, obedeciendo servilmente órdenes externas. Y es que el plan para convertir el sur de Europa en una zona de bajos salarios es deliberado y consciente, y en nuestro país lo podría encabezar como nadie (ese era el plan) quien ya lo venía “innovando” a través del gobierno de la Junta de Andalucía mientras fomenta una especie de extraño andalucismo reactivo contra las reivindicaciones de otros territorios.

Días después de las imágenes de las “despedidas”, aun se lucha por descifrarlas. Os despidieron con vítores, por ejemplo, en Huelva, la provincia que más crece en exportación frutícola (al norte de Europa), a costa de las reservas de agua y del abaratamiento de la mano de obra autóctona e inmigrante. Os despidieron en Cádiz, donde se sitúan bases militares que estarían en el punto de mira de cualquier guerra probable, como la que mentaba pocos días antes Donald Trump ante la ONU. Recordaréis que Mariano Rajoy decidió, hace pocos días, afrontar “el tema catalán” buscando el apoyo del presidente de EEUU a la llamada unidad de España; y que como moneda de cambio para la foto tuvo que presentar el “mérito” (expulsión del embajador norcoreano) de colaborar con una escalada en la que se habla con pasmosa naturalidad de misiles nucleares. Miserable forma de buscar evitar una supuesta desintegración política de España mientras se juega a exponerla a una hipotética desintegración física, empezando por Andalucía.

Claro que en todos los mitos hay elementos de verdad que se utilizan para elaborar los relatos en una mezcla con la propaganda. No podía ser de otra manera: hay una verdad concreta en el sentimiento de agravio territorial en las carnes de los habitantes de uno de los territorios más empobrecidos de Europa; hay una errónea identificación de los beneficiarios del maltrato propio. Hay un interés miserable por “externalizar” la causa de los problemas por parte de uno de los grandes hacedores de la corrupción y la desposesión de los trabajadores del sur y del norte como es CiU (hacia Madrid, hacia Andalucía,..). Pero hay también una incomprensión de la plurinacionalidad española y de una diversidad necesitada de la plasmación política que el Partido Popular ha venido asfixiando con regocijo en la tensión inflamada hasta lo aparentemente irreversible. Querer a España debe desligarse de la obligación de querer la idea de España que otros han pensado por nosotros. Igualmente podría decirse con respecto al rechazo de España como han pensado conveniente otros que se rechace.

De la propaganda dañina con la que los que mandaban pretendían reconducir las emociones de las gentes del norte, en este caso en Italia, sabía mucho Antonio Gramsci, que en 1926 escribió un artículo titulado Algunos temas sobre la cuestión meridional. Seguro que va a sorprenderos la actualidad de un texto de fecha y lugar tan lejanos. Refiriéndose a la propaganda que se difundía entre los obreros de Turín, menciona la presencia de la idea según la cual “si el Mezzogiorno (el sur y las islas italianas) está atrasado, la culpa no es del sistema capitalista o de cualquier otra causa histórica, sino de la naturaleza que ha hecho a los meridionales holgazanes.” Nos suena la música, como también puede resultar llamativa la historia que cuenta a continuación: en 1920, el gobierno italiano envió a la llamada “Brigada Sassari” (compuesta por soldados campesinos de la isla de Cerdeña) para detener las ocupaciones de fábricas de obreros en Turín. Ya los había enviado antes para reprimir las protestas por el pan y contra la guerra en 1917. Merece la pena reproducir literalmente lo que relata Gramsci sobre la campaña emprendida entre los soldados por los comunistas turineses: “Se tenía la seguridad de que (la brigada) nunca fraternizaría con los obreros, en razón de los recuerdos de odio que toda represión deja en la masa y que se dirigen también contra los instrumentos materiales de la represión, y también en los regimientos, que recuerdan a los soldados caídos bajo los golpes de los insurgentes.

La brigada fue acogida por una multitud de señores y señoras que ofrecían a los soldados flores, cigarros, frutas. El estado de ánimo de los soldados está caracterizado por este relato de un obrero curtidor de Sassari, que se ocupó de los primeros sondeos de propaganda: “Me acerqué a un campamento de la plaza X (durante los primeros días los soldados sardos acamparon en las plazas, como en una ciudad conquistada) y hablé con un joven campesino que me recibió cordialmente porque era de Sassari, como yo. ‘¿Qué vinieron a hacer a Turín?’ ‘Vinimos a tirar contra los señores que hacen huelga’. ‘Pero los que hacen huelga no son los señores, sino los obreros y los pobres’. ‘Aquí todos son señores: tienen cuello y corbata; ganan 30 liras por día. Yo conozco a los pobres y sé cómo están vestidos, en Sassari sí que hay muchos pobres; todos nosotros, que trabajamos con la azada, somos pobres y ganamos 1.50 por día’. ‘Pero yo también soy obrero y soy pobre’. ‘Tú eres pobre porque eres sardo’. ‘Pero si hago huelga con los demás, ¿tirarás contra mí?’ El soldado reflexionó un momento y luego, poniéndome una mano en la espalda, me dijo: ‘Escucha, cuando hagas huelga con los demás. ¡quédate en tu casa!'.

Ese era el espíritu de la gran mayoría de la brigada, en la que sólo había unos pocos obreros mineros de la cuenca de Iglesias. No obstante, pocos meses después, en vísperas de la huelga general del 20-21 de julio, la brigada fue alejada de Turín, los soldados antiguos fueron licenciados y la formación dividida en tres: se envió un tercio a Aosta, un tercio a Trieste y un tercio a Roma. Se hizo partir a la brigada de noche, repentinamente; no había ninguna multitud elegante para despedirlos en la estación; y si bien entonaban cantos de guerra, éstos ya no tenían el mismo contenido de los que cantaban a su llegada.”

La idea inicial de que “nunca confraternizarían” fue desmantelada y quienes pretendieron usar a la gente como masa de maniobra para la defensa de sus propios intereses tuvieron que desistir de organizar despedidas del mismo nivel de festividad que las iniciales. Alguien comprendió en Italia la necesidad de atender a la complejidad de las relaciones entre el norte y el sur del país y de dialogar constructivamente con aquellos que no eran los enemigos sino que estaban siendo usados por ellos.

Es evidente que la historia no es exactamente la misma y que las reivindicaciones y los sujetos que intervienen no son idénticos. No obstante, puede que haya un enorme paralelismo en cuanto al empleo del sur y sus gentes como masa de maniobra para instaurar un estado de excepción en el conjunto del país. Por supuesto, en Cataluña donde se ha liquidado la democracia apelando paradójicamente a ella. Pero también en la Andalucía donde se producen los sueños de vuestras familias y los de la mayoría de la población, incompatibles con la pesadilla diseñada por la JP Morgan y otros mezquinos saqueadores del futuro de nuestra tierra.

Quizá se pueda echar en falta, por otras latitudes, una fuerza social que contrarreste los mitos y las promesas de prosperidad cuando se suelte un presunto lastre en la parte sur para aferrarse al monstruo de la gobernanza europea que, desde el norte, se impone ya al conjunto de la península que compartimos y que no es compatible con el Estado social (ni el que se dice así en la Constitución española -vaciada de contenido por los “constitucionalistas” de boquilla- ni el que la ley de transitoriedad del Parlament de Catalunya supone para una hipotética República catalana).

Reconocer que, en lo que respecta a una propuesta de proyecto compartido, tampoco estamos muy avanzados por aquí abajo, puede ser un buen punto de partida para emprender la búsqueda de intereses comunes y de una salida democrática a la situación actual, una salida que se proponga discutir de soberanía en serio, justo en un momento en el que el napoleónico presidente francés, Emmanuel Macron, acaba de declarar ante multitud de embajadores del mundo que “ya no existe la soberanía popular” en la Unión Europea.

Sólo es posible un nuevo país desde el diálogo entre los trabajadores y capas populares del norte y del sur, un diálogo que no protagonicen las oligarquías española y andaluza sino que se proponga derrotarlas. Quizá en este límite al que nos han llevado quienes han acabado realmente con el contenido constitucional y la soberanía nacional, los mismos que ahora pretenden alimentar las lógicas de enfrentamiento, sea posible vislumbrar un espacio en el que encontrarse y reconocerse, siguiendo aquel otro verso trillado de un poeta alemán que dijera que “donde reside el peligro crece la oportunidad también”. La alternativa es la de mirar, impasibles, cómo avanza la historia por su peor lado.

En un lugar del mundo llamado Jaén, también aquí, en Andalucía, a 29 de septiembre de 2017.

[Fuente: Jaén, ciudad habitable]

29/9/2017

Agustín Moreno

La religión en mi escuela y mi alumno Mohamed

Con motivo de los recientes atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, la Comisión Islámica Española ha pedido iguales privilegios que la Iglesia católica. En concreto: enseñanza, financiación vía IRPF, asistencia religiosa, mejoras laborales y formación de imanes en Universidades. Aunque parezca oportunista, tiene su lógica porque es una religión más y se apunta al régimen de prebendas conseguidos por la Iglesia católica con el Concordato. Un Concordato negociado con el Vaticano antes de la Constitución de 1978 y que urge denunciar porque es una reminiscencia franquista impropia de un Estado aconfesional.

En mi opinión, la escuela debería ser un ámbito de convivencia de todo el alumnado sin diferencias de credo, color, nacionalidad y circunstancias personales y sociales. Por ello es un espacio público ideal para que niños y jóvenes se eduquen en valores de respeto, tolerancia y ciudadanía. Sería absurdo que el alumnado esté junto toda la jornada escolar y se les separe cuando cada uno va a su clase de religión particular por las creencias privadas de sus familias. Además, no preserva el interés superior del menor, como recogen la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención de 1989, que rechazan el adoctrinamiento y el proselitismo religioso.

La cuestión de fondo es qué pinta la religión con carácter doctrinal en los centros educativos. La ley Wert en vez de suponer un elemento de modernización y laicidad, buscaba todo lo contrario: reforzar privilegios de la religión católica dentro de la escuela. Este objetivo se ha logrado a través de varios mecanismos: oferta obligatoria a todos los niveles, asignatura alternativa forzosa, carácter evaluable y se contabiliza a efectos de nota media y obtención de becas. El currículo es tan reaccionario que el teólogo Juan José Tamayo lo calificó así: “los contenidos son en su totalidad catequético con tendencia al fundamentalismo. El pensamiento que se transmite es androcéntrico; el lenguaje, patriarcal; la concepción del cristianismo, mítica; el planteamiento de la fe, dogmático; la exposición, anacrónica”. Todos dicen que la escuela no debe adoctrinar, pero en este país las familias deciden si sus hijos van a religión por ser menores de edad. Por si fuera poco, el último empujón del PP es la oferta obligatoria de Religión católica en 2º de bachillerato como asignatura específica opcional.

De esta forma coercitiva han conseguido multiplicar su presencia en los centros. Dice la Conferencia Episcopal que seis de cada diez alumnos escogen la asignatura de religión católica, especialmente en ESO y Bachillerato. Se da la circunstancia de que en Bachillerato se ha pasado de cursarla un 23% al 37% en dos años. ¿Qué ha obrado el milagro en plena crisis de la Iglesia católica que en una década ha perdido un millón de asistentes a las misas y 7.000 frailes y monjas, y que tiene 4.200 parroquias sin cura? La LOMCE es como una conversión a la fuerza, algo ilógico en una sociedad que debería ser abierta y aconfesional, con plena separación del Estado y de la Iglesia en materia de educación.

Pero más allá de las estadísticas, y para que nadie se haga trampas, conviene conocer las situaciones tan disparatadas que se viven en los centros educativos. Pongo un ejemplo real concreto. El alumno Mohamed (nombre figurado) se apuntó a religión católica en 1º de bachillerato y se jactaba ante el resto de sus compañeros de haber sabido elegir una “asignatura” donde veía películas en sesión continua, tenía asegurada una buena nota y huía de los rigores de la asignatura alternativa (en ese caso, Cultura Científica) donde el nivel de exigencia y de suspensos era alto. ¿Podríamos decir de él que es un “infiel” converso? No, es un estudiante espabilado que aprovecha las ventajas absurdas que le ofrece un sistema que nos hace estar más cerca de las madrasas islámicas que de las escuelas de un Estado moderno como Francia.

Conté este mismo caso, para ilustrar las contradicciones a las que nos lleva una escuela no laica, en mi comparecencia en la subcomisión para el pacto educativo en el Congreso de los Diputados. Había planteado que se deberían abordar cuestiones claves para la modernización del sistema educativo en España y una de ellas era dejar fuera de los centros la asignatura de religión. Hasta la catolicísima Irlanda nos va a dar un ejemplo al sacar la religión del horario escolar. No se trata de aumentar el disparate y meter a otras religiones para mantener los privilegios de la Iglesia católica. Hay que apostar por el laicismo entendido como el respeto al derecho universal a la libertad de conciencia y a la educación sin dogmas, para sentar las bases de una educación para la paz. Por todo lo anterior, pretender mantener esta situación anacrónica por presiones de los obispos haría imposible el pacto educativo, la mejora de la calidad y la modernización social.

[Fuente: Cuarto Poder, 24/9/2017]

24/9/2017

Entrevista a Ángel Cappa

El fútbol ha sido arrebatado a la gente

Retirado de los banquillos desde hace varios años, algunos equipos todavía llaman a su puerta en busca de la victoria, pero también del espectáculo. Ángel Cappa (Bahía Blanca 1946) mantiene los pilares de sus ideas sobre fútbol y la vida con el vigor de un juvenil. Al exentrenador del Real Madrid, Tenerife, Las Palmas, River Plate, Huracán o Racing de Avellaneda, entre otros equipos de élite, le queda, como al poema de Blas de Otero, “la palabra”. Y en su caso es un tesoro porque es excepcional encontrar a un trabajador del fútbol decir lo que piensa. Quizá es porque es un hombre sin teléfono móvil, que nunca tuvo un representante y que siempre puso sus ideas por encima de los compromisos de un mundo millonario.

Recibe a eldiario.es en su casa de Madrid. Una vivienda unifamiliar con terraza junto a la M-30, en una especie de oasis en el inmenso aparcamiento que define a la capital. Pasará el verano en casa después de una estancia en Argentina, cuidando de la familia y viendo fútbol. O más bien soportando el fútbol. En ese guiso de corrupción y exageración que el pensamiento dominante llama modernidad.

¿Qué piensa cuando ve que un equipo paga 220 millones de euros por un jugador como ha sucedido este verano?

Es un síntoma más de que el fútbol ha sido arrebatado a la gente. Es un manejo comercial desproporcionado porque también se han introducido en el fútbol supermillonarios sin cuestionar nunca el origen de sus fortunas y gastan dinero como si fuera una broma. Es obsceno, desproporcionado y no hay nada que lo justifique. Se habla del libre mercado y de que cada uno hace lo que quiere con el dinero, y eso es la aceptación de una injusticia descomunal. Yo no lo acepto, eso es una barbaridad.

Pero hay quien dice que el fútbol es una megaindustria como el cine, en el que tampoco se cuestiona si un actor cobra lo mismo que Messi por una película.

El fútbol es entre otras cosas un gran aparato para anestesiar a la gente. Un golfista, un jugador de tenis o de fútbol americano cobra tanto o más que los jugadores. Pero también hay que tener en cuenta que eso lo cobra un número reducido de futbolistas. De todos los jugadores profesionales del mundo solamente un 2% cobra más de 750.000 dólares. Muy poca gente pero son los que están todos los días en los medios.

Nos hacemos a una idea de que todo el mundo es supermillonario y no es así. La gran cantidad de dinero que produce el fútbol no es para los jugadores. Entre ellos y los entrenadores, utilleros… solo se llevan el 16% de lo generado. Es para las grandes multinacionales.

¿Es la máxima expresión del capitalismo sin reglas?

Es el verdadero problema de la sociedad. Dicen que el mercado lo controla todo pero en realidad el poder está en las grandes multinacionales y el poder del dinero es quien controla todo. El fútbol ha sido absorbido por el poder económico y ellos lo manejan.

El presidente de la Federación, en prisión por corrupción. ¿Cómo se ha podido soportar tantos años esta situación?

Es complicado juzgar sin estar dentro del asunto a fondo. Lo que uno escucha y ve es que naturalmente se sobornaba a la gente que le vota. Puedo dar fe de eso con Grondona en Argentina, que se mantuvo tantos años a cambio de favores a uno u otro. Pero decirlo desde fuera es arriesgado. Tendrá que ser la justicia la que determine y corrobore.

¿No es extraño que los jugadores no supieran nada de unos partidos tan sospechosos?

El jugador está dentro de la maquinaria y le dicen que hay que jugar, va y juega. Muy difícil que se cuestione.

Pero con la selección parecen más libres para opinar y negarse a jugar un amistoso inconveniente. 

Ahí peor. Imagina que uno dice: no vamos a Guinea a jugar, pues tendría a todos los medios en contra. Ellos viven en una burbuja, en una situación irreal. Están sometidos a entrenamientos diarios, esfuerzo y muchos partidos y no todos tienen tiempo y ganas de investigar la realidad del mundo en el que viven. Eso le pasa a la mayoría.

La sensación es de que los jugadores controlan sus decisiones sin que nadie les discuta.

Creo que el jugador decide relativamente sobre sí mismo. Nunca han logrado juntarse. Lo intentaron Maradona y Cantona, pero no lo consiguieron.

Hay un caso de unión de éxito como el de Uruguay en el que los jugadores reclamaron que los derechos de imagen de la selección tuvieran otro reparto.

Los uruguayos se reunieron y decidieron defender los derechos laborales y económicos que les corresponden. Y defendieron también a los clubes porque hay una empresa que se llevaba la mayor parte del dinero. Quiero decir el 90%. Reclamaron sus derechos y pidieron que se revirtiera el beneficio en los clubes, las instalaciones, los estadios… para que la gente estuviera mejor. Y eso lo lograron también por la participación de jugadores de selección, como Godín y Luis Suárez que pelearon para que cobraran los jugadores más modestos. Y eso es un ejemplo.

En realidad los jugadores tienen el poder y no son conscientes de ello.

Es verdad en parte. Aquí hubo una huelga para que no se jugara en Navidad. Los medios estaban en contra de los jugadores por querer parar el fútbol en Navidad. Y alguien le preguntó a Ronaldo, el brasileño, que contestó con algo maravilloso: “Mire, nosotros somos los que jugamos y si no jugamos no hay fútbol”. Como diciendo, no me amenace porque es una estupidez. Evidentemente creo que no son conscientes de su poder de protagonistas. Creo que les tiran baldes de dinero y entonces aceptan lo que sea. Pero tendrían que ser conscientes pero también todos nosotros y no permitir a gobiernos que nos exploten y nos sometan a injusticias como las que estamos sometidos.

Ahí está el caso de Maradona que siempre fue crítico con el poder.

Saben que la carrera es corta. No es sencillo. Maradona es un ejemplo. Arriesgó todo su prestigio para ponerse a favor de Evo Morales, Hugo Chávez, Correa en Ecuador, de Fidel Castro y Cuba… ha tenido errores como todos nosotros pero ha sido y sigue siendo, quizá ahora no tanto el pobre, una persona incómoda para el poder. Lo contrario de Pelé, que siempre tiene una sonrisa con el poder y Maradona, no.

El tiempo le dio la razón a Maradona en algunas batallas como su denuncia constante de la mafia de la FIFA.

Nunca traicionó su clase. Y nunca la abandonó que es lo primero que suelen hacer los jugadores que muchos provienen de la clase obrera, inclusive de clases marginadas, y se desclasan. Eso ya lo dijo [Frantz] Fanon hace mucho tiempo. El oprimido odia al opresor y a la vez lo imita. Quiere ser como el opresor. A Maradona no le llegaron a desclasar.

En su caso, el Real Madrid le llegó a pedir que no emitiera sus opiniones políticas. ¿Cómo fue aquello?

Le preguntaron a 100 personalidades sobre si pensaban que Felipe González estaba enterado del GAL. Entre esos 100 se equivocaron y me preguntaron a mí. Entonces dije que si era un chiste la pregunta. Cómo no iba a estar enterado de un grupo parapolicial como ese. Es evidente que sí. Entonces indirectamente me dijeron que tuviera cuidado con mis opiniones porque yo representaba al Real Madrid. Y yo dije que no representaba a nadie más que a mí. Y que era libre de decir lo que quería. Pero fue indirecto y pedí que me dieran la orden por escrito. Obviamente si me la daban, iba a ir a todos los medios de comunicación. Y no me la dieron.

Entre las críticas a los futbolistas y entrenadores que opinan de política, la más incomprensible es la reiterada que recibe Guardiola cuando le dicen que un “hombre de fútbol” no debe opinar.

 Te cuestionan si tu pensamiento es distinto al pensamiento dominante del momento. Si piensas distinto a la corriente, entonces no tienes que opinar. Pero si opinas lo que opina todo el mundo, entonces sí puedes opinar

Lo que ellos creen que piensa todo el mundo.

Sí, el pensamiento dominante que ya sabemos cuál es. Si te dicen Venezuela, tienes que decir dictadura. Y si no, pues ya se duda, este de qué va, vete a Cuba a vivir… entonces ¿dónde está la democracia? Si yo opino de una manera y soy amigo de gente que opina que Venezuela es una dictadura y yo opino que no. ¿Por qué me tengo que pelear con mi amigo? Mi amigo opina de una manera y yo de otra. Pero esa democracia no les gusta. Para ellos solo se puede opinar lo que ellos creen que hay que opinar. Y utilizan los medios para eso.

No tiene móvil pero es un hombre muy al día, gran lector de los medios. ¿Cree que las redes sociales son el origen de la polarización del debate y el empobrecimiento de la prensa?

Sí, van a peor. Leí una investigación donde los medios españoles son los menos creíbles de Europa y los segundos menos creíbles del mundo. Por algo es, se va a peor. Me parece perfecto que opinen. Pero no me parece bien que no informen, que oculten cosas, que destaquen otras… No dan noticias, opinan en los titulares. Y eso es atentar contra el derecho a la información.

En el caso concreto de Venezuela, en absoluto la mayoría de gente está informada de lo que ocurre. En absoluto si sigue los medios de mayor difusión. Y eso no me parece bien. Que los medios y los periodistas opinen me parece bien, pero el periodista no puede ser deshonesto. En el caso de Venezuela han puesto fotografías que no correspondían a la información, han manipulado vídeos… han hecho cualquier barbaridad. Han ocultado resultados. Por ejemplo, lo que llaman oposición hicieron un referéndum que nadie controló y se dio por válido y sumaron según ellos 7,5 millones de votos y se dijo que era la mayoría del pueblo venezolano. Ahora el chavismo hizo una votación legal, controlada y supervisada y sacaron 8 millones de votos más o menos y dicen que eso no es la mayoría del pueblo venezolano. Eso es deshonesto. Puedes decir que no te gusta ese Gobierno y estás en contra pero me parece mal ser deshonesto para informar.

¿No le suena? Así funciona la prensa deportiva.

La prensa deportiva fabrica consumidores. Por ejemplo, del juego se habla muy poco, casi no se analiza. No se analiza nada salvo excepciones y siempre hay periodistas que desafiando todo eso, hablan del juego, pero no importa. Lo que importa es si Ronaldo miró mal a fulano, si Messi dijo no sé qué cosa, si Neymar se peleó… lo que sucede alrededor del juego porque de esa manera se fabrican ídolos y se fabrican consumidores.

Ya no interesan mucho los espectadores de fútbol, lo que interesa es infantilizar a la audiencia para vender la camiseta de Messi carísima y no es la camiseta de Messi o vender el reloj del Real Madrid porque así tú también eres campeón de Europa. La prensa deportiva en general utiliza eso para el gran negocio y para anestesiar a la gente. No lo digo yo, lo han dicho algunos de los periodistas que la gente más sigue. Han dicho que si no fuera por eso con el paro… se hubieran, cito textualmente, “incendiado las calles”. Por eso tenemos las dos actitudes, por un lado el gran negocio y por otro lado la anestesia de la gente infantilizando a la gente.

Tiene lógica que si se quiere que el fútbol sea de masas, no se hable del juego que puede que no interese a todo el mundo.

Una vez en un canal que ahora ha mejorado un poco… tenían 10 cámaras para ver un partido y yo ya tiemblo. Porque te ponen un plano desde la Luna y yo pienso, de qué me sirve a mí esa toma, yo quiero ver el partido. O te ponen una toma desde atrás a 50 metros para ver un penalti. Por ejemplo, hay una falta intrascendente en el centro del campo, entonces el tipo te pone la cara del jugador a cámara lenta, los músculos… ¡y el juego sigue! Me desespero. Se lo dije una vez a un realizador. Y me dijo, nosotros queremos que a la señora que no le interesa el juego también le guste. Es decir, le prestan más atención a los que no les interesa el juego que a los que sí les interesa que tal vez sean minoría. Van a la mayoría y dirigen la mirada a otro tipo de cosas.

En Inglaterra no es así. De hecho, apenas hay repeticiones.

Es tratado como un gran negocio. Y eso exige tener la mayor cantidad de gente frente al televisor. Y me decía, si el partido es aburrido… Ya, entonces cuando vas al teatro y la obra es aburrida ¿qué haces? ¿Pones dibujitos y el primer plano del actor? Y me decía, ya pero se me va la gente. Entonces qué defendemos. La información que en ese caso sería transmitir el partido o el negocio. Pues el negocio.

¿Ha influido ese concepto mercantil del fútbol en el cambio de la manera de jugar de equipos y jugadores?

Ha cambiado el juego pero no en ese aspecto. Siempre hubo individualistas, sobre todo los goleadores. Y siempre hubo goleadores despegados del resto de compañeros. Me acuerdo de uno famoso en Argentina que cuando hablo de él me da miedo porque es de la prehistoria. Luis Artime, que jugó en River y en Independiente era muy goleador pero no participaba en el juego. Pero ha cambiado porque el juego interesa cada vez menos. Entonces da igual el juego y en lugar de sacar la pelota jugada lanzo un pelotazo para lo que llaman segunda jugada e intento agarrar el rebote. Porque da lo mismo. Si es gol vale lo mismo que si fuera una buena jugada. Se ha quitado el placer del juego y de ver el juego. Se ha cambiado el riesgo. No se arriesga porque si la pierdo puedo generar un contragolpe. Entonces si tengo que hacer un regate o dar un pase complicado, no lo hago, doy un pelotazo a un compañero rodeado de cuatro adversarios.

Su Real Madrid jugaba con Redondo, Laudrup, Martín Vázquz y Míchel. Todos ofensivos. ¿Eso ya no sucede?

Permíteme que te corrija. En el Barcelona jugaban Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Eto’o o Villa. Era también lo mismo. Eso del doble pivote que decían que sin eso no se podía jugar. Y el Barcelona lo demostró, que sí se puede recuperar la pelota si todos participan en la recuperación. Pero sí, son excepciones.

Se llamaba vagos y figuritas a jugadores como Martín Vázquez y ahora viendo a Bale, la diferencia de compromiso es tremenda en defensa.

Ha cambiado. En el caso del Madrid, Bale no es un jugador que participe en la tenencia de la pelota y Cristiano Ronaldo tampoco. Solo Benzema pero está alejado. Así es complicado para defender pero también para tener la pelota. Por eso al Madrid le vino muy bien, bueno lamentablemente, que se haya lesionado Bale o que no juegue porque al poner a Isco el equipo era más equilibrado, tenía más la pelota, los laterales se soltaban más…

El Madrid es un caso diferente porque es un ejemplo de lo que es el comercio. Como costó 100 millones de euros, tiene que jugar. Pero si el equipo funciona mejor con Isco, por qué tiene que jugar Bale. Cristiano Ronaldo te hace 50 goles y te da de comer y eso no se discute porque mientras él te dé de comer, tú puedes hacer poesía. Pero por qué tiene que jugar Bale. Porque son 100 millones. El negocio impera sobre lo deportivo.

No estoy en contra del negocio pero sí someterse a lo deportivo y no al revés. Y ahora está sometido. Si le preguntas a Zidane o Valverde si esta es la mejor pretemporada te dirán que no. Ellos dirán que prefieren estar en un lugar tranquilo, sin ir de lado a lado jugando partidos. Pero ahí está el negocio del club y eso es lo que digo que está mal.

Luego está el caso del Atlético de Madrid que consigue grandes resultados sin jugar con exceso de brillantez.

Lo que pasa es que lo que hizo Simeone es histórico y hay que reconocérselo. Y yo además de reconocerlo, lo admiro. Porque ha cambiado la historia reciente de un club. No la historia del Atlético de Madrid que era brillante desde hace muchos años, pero sí la reciente. De ser un club resignado, a ser un equipo capaz de jugar de igual a igual en cualquier campo y contra cualquiera. Otra cosa es que yo comparta esa manera de jugar, no la comparto. Pero eso no quita el respeto y admiración que me merece todo lo que ha conseguido.

Hay mucha gente, resultadista, entre comillas porque más resultadista que Guardiola que ganó todo no hay. Son resultadistas y cuestionan a Simeone porque dicen que en las últimas tres temporadas no ganó nada. Dicen que solo vale ganar y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque aunque no ganó nada estuvo compitiendo en el máximo nivel siempre. Se gana o se pierde pero eso no desmerece: no vale solo el que gana.

También vale lo que hizo el Atlético de Madrid. También vale lo que hizo la selección argentina que fue finalista en dos Copas de América y una del Mundo, pero el resultadista extremo en Argentina dice que eso no es un fracaso. Yo que estoy en el otro extremo de ese fútbol digo que eso no es un fracaso, al contrario, es un éxito. En la final, la ganas o la pierdes. Fíjate el Atlético de Madrid que en el último segundo Ramos le mete el gol y le gana en la prorroga.

Pero el juego no es discutido, incluso se dice que solo se puede ganar así.

Bueno, eso es otra cosa. Yo no voy a ver al Atlético de Madrid porque no me gusta. Pero eso es cosa mía, tampoco voy a ver a Schwarzenegger porque no me gusta y es el que más recauda o recaudaba.

El aficionado piensa que es su única posibilidad de competir.

Imaginemos que el juego hubiese sido el de Guardiola y hubiesen ganado, les gustaría y defenderían ese juego. El aficionado quiere ganar en primer lugar. El aficionado, el jugador, yo y cualquiera. Y si ganas, vas escondiendo todo lo demás debajo de la alfombra. Pero como dijo Xavi, si ganas jugando bien, ganas dos veces y si pierdes jugando mal también pierdes dos veces, pero hay gente que tiene otra manera de entender esto.

Yo, cuando era más joven censuraba rotundamente a esa gente que veía el juego de otra manera. Pero tienen todo el derecho. A mí no me gusta y si juega el Manchester City y el Atlético de Madrid no tengo duda, voy a ver al City aunque pierda, pero no voy a cuestionar a quien prefiera ver al Atlético de Madrid y le guste. A mí no y tengo mis argumentos para defender que me gusta jugar de otra forma y también creo que si el Atlético de Madrid jugara de otra forma a lo mejor ganara igual o más, pero eso hay que demostrarlo.

El periodismo defiende que si se juega al ataque con equipos de menor presupuesto se da ventaja al que tiene más presupuesto.

Es el pensamiento dominante en el fútbol. Al no analizarse el juego a un periodista joven no le exigen que entienda el juego entonces le es más fácil entender la lucha, la pelea, el que impide que entender el juego, entender lo otro a los que juegan bien. Porque los equipos y jugadores que juegan bien siempre están bajo sospecha o están bajo la incertidumbre. Cuánto le costó a Iniesta y Xavi ser titulares. Y son, es opinable, dos de los mejores centrocampistas que vi en mi vida. Si, son buenos, pero este lucha más… Les costó mucho teniendo en cuenta la calidad que tienen.

Hay excepciones como el Rayo de Paco Jémez.

El Celta, el Rayo con Jémez que era hermoso verlo jugar y fue la mejor campaña de la historia del Rayo y eso que le cambiaban 14 jugadores cada año y eso no lo resiste nadie.

Siempre discutido Jémez.

Sí porque es otra cosa. A mí me ha pasado. Si eres entrenador y vas a un sitio y dices a mí lo que me importa es ganar, hay que levantar pesas, la preparación física… te ganaste a la mayoría del periodismo. Si vas a un equipo y dices yo quiero jugar bien al fútbol, te dicen esté de qué va, qué se cree que es.

Cuando el Real Madrid cambió a Valdano y Cappa por Capello, la prensa deportiva ensalzaba que el italiano había puesto disciplina e incluso prohibía las migas de pan en el mantel.

España es una sociedad que respeta mucho las jerarquías. Que alguien mande y alguien obedezca. Me acuerdo que me preguntaron en algún medio. ¿Estás enfadado por perder? Y dije, no. Y el titular era Cappa está enfadado y el texto decía que no. Pero como la gente esperaba que estuviera enfadado eso era el titular. El otro día vi un titular que decía: Valverde se enfada con Suárez. Vi el vídeo y era mentira. No se había enfadado pero el título era ese porque necesitamos alguien que mande, fuerte… Del Bosque era contracultural, no levantaba la voz, no hacía aspavientos, no decía nada en la banda porque ya había dicho todo lo que tenía que decir.

Pero hay cosas inamovibles como que Menotti entrenaba al Barça por la tarde porque salían de copas.

En un congreso de entrenadores, 15 o 20 años después de aquello, aparece un entrenador joven del que no voy a decir el nombre y desarrolló toda su exposición diciendo cómo los biorritmos aconsejaban entrenar a la hora de los partidos. Yo dije que eso lo dijo Menotti hace 20 años y todavía están diciendo que era porque salía por las noches. Pero eso queda para siempre. No hay manera de quitarlas. Como lo de que el Tenerife le quitó dos ligas al Real Madrid. Es una historia linda que no es cierta. No es verdad. El Madrid perdió casi todos los partidos previos.

Vivimos de las anécdotas aunque hay veces que son más dañinas. Por ejemplo, se dice que usted fue el culpable del descenso de River Plate pese a que Simeone tuvo más responsabilidad. ¿Quién fue el responsable de ese descenso histórico?

Los dirigentes fueron los responsables. Fueron 114 partidos. Simeone tenía en el primer equipo a Alexis Sánchez, Ortega… Muchos jugadores que se le fueron y Simeone salió campeón y el promedio comenzó a contar la siguiente temporada y salió último. Y luego Astrada y otro que no me acuerdo. Yo dirigí 18 partidos con el 51% de los puntos. Fui el que más puntos sacó de esos 114 partidos pero un periodista dijo que era el responsable y se terminó la historia. Nadie fue a los números. Tampoco me importa, pero eso fue la realidad.

[Fuente: el diario.es]

1/9/2017

La Biblioteca de Babel

Heinz Bude

La sociedad del miedo

Trad. de Alberto Ciria

Herder, 2017, 165págs.2017

La política del miedo como tema central de nuestro tiempo

El miedo, y la gestión social y política del mismo, no es un tema nuevo en las ciencias sociales. Sin embargo, es un factor cuya importancia se ha multiplicado —hasta convertirse en un elemento central de nuestro tiempo— fruto de procesos como la aceleración del desastre medioambiental, la precarización del trabajo, el desmantelamiento de la previsión social, la creciente imprevisibilidad del futuro, la cibervigilancia global, o la anarquía del terror.

Bude analiza esto desde la sociología, mostrando cómo el miedo es un factor que atenaza la subjetividad moderna, sin distinción de clases o territorios, y genera grandes dosis de ansiedad paralizadoras de la capacidad crítica de las personas. Detrás de eso hay, claro es, una gestión política del miedo, convertido en un instrumento de legitimación del poder que lo produce y que se presenta, paradójicamente, como la única instancia salvífica ante la inseguridad. A ese respecto, las causas del y la gestión política posterior al 11-S y al crack de 2007, por ejemplo, nos brindan una gran lección histórica.

Bude va más allá de estas cuestiones, interrogándose, a través de las ciencias del comportamiento de las generaciones, acerca de las condiciones necesarias para inmunizarse contra el miedo y el manejo público del mismo. Lejos de una reacción de repliegue conformista en una individualidad escéptica, su respuesta apunta hacia “una cierta amplitud antropológica” orientada hacia la comprensión del diferente, la explicitación de la ambigüedad como un rasgo inherente a nuestra identidad y la desesperación (entendida como una actitud realista ante el estado actual de las cosas) en tanto que condición necesaria para la esperanza. De lo que cabe inferir que el miedo, al lado de los riesgos que entraña, puede tener también —si en vez de huir de él y delegar su solución, se es capaz de comunicar y manejar— un componente emancipador.

Antonio Giménez Merino

30/9/2017

Juan Madrid

Perros que duermen

Alianza, 2017, 432págs.2017

Contra el olvido impuesto

La última novela de Juan Madrid sumerge al lector en la segunda república, la guerra civil, el franquismo y la lucha antifranquista, pero a partir de un hecho que acontece en el presente, lo que indica claramente la intención de reivindicar la actualidad de seguir ahondando —con las dificultades que se imponen aún hoy a cualquier relato donde no salga ganador el statu quo— en nuestra historia reciente. Precedida de un amplio trabajo de documentación y preparación que hace verosímil la narración, los perros que duermen nos transportan a la España de hambre y de violencia de nuestra larga posguerra, pero también a la de quienes están, todavía hoy, al acecho.

Por eso es interesante dar una ojeada a las numerosas reseñas que han aparecido de este libro, que reflejan la actualidad del tema y la inquietud que provoca entre quienes se han sentido seguros al amparo de la amnesia promovida por la transición. No faltan, en este sentido, quienes acusan al autor —y por extensión a quienes se han ocupado de arrojar luz sobre nuestra historia reciente— de ser un nostálgico de la memoria histórica, falseándola, de moverse por un sentimiento de venganza, o de componer “el típico e inacabable relato de las batallitas y sufrimientos que remiten a la hagiografía del santo comunista que es torturado por defender sus ideas” (Lluís Fernández, La Razón, 18.05.2017). En el otro espectro de la crítica, la de Rafael Calero —un buen conocedor de la obra de Madrid— en Kaos en la Red, 18.06.2017). No creo que haya que agregar más motivos para leer esta apasionante novela.

Antonio Giménez Merino

10/2017

Sophie Hénnaff

La brigada de Anne Capestan (Alfaguara, 2016). Aviso de muerte (Alfaguara, 2017)

Dos novelas negras con humor

Para el lector de novela negra, las dos novelas publicadas hasta ahora por Sophie Hénnaf son una novedad refrescante. La autora combina el género negro con el humor, en dosis bien medidas. El resultado: el lector devora la novela, como tiene que ser.

Traducidas al alimón por M.T. Gallego Urrutia y A, García Gallego. Y es evidente que las traductoras se lo han pasado muy bien haciendo su trabajo, que es excelente.

J.-R. C.

25/9/2017

En la pantalla

La Klau Crítica

Cara a cara sobre el referéndum del 1-O

El programa de televisión, moderado por el periodista Sergi Picazo, vuelve este otoño en un momento decisivo, y lo hace con una conversación sobre lo más candente de la actualidad, desde puntos de vista de izquierdas diferentes, la catalana independentista y la española, entre el diputado de Unidos Podemos Manolo Monereo y el activista de la izquierda independentista Pau Llonch.

6/9/2017

Informaciones

Recomendación: ‘La píldora de Andújar’

http://cadenaser.com/programa/2017/09/09/a_vivir_que_son_dos_dias/1504939348_037258.html

Javier Pérez Andújar habla claro. Ya solo por eso merece la pena escucharle. Con pocas palabras es capaz de poner ante los ojos realidades incómodas, silenciadas... al menos incómodas y silenciadas para y por algunos. No sigue la corriente oficialista, ni utiliza la palabra con mansedumbre impuesta.

En su ‘píldora’ de final de septiembre sobre la cárcel Modelo de Barcelona, nos cuenta la impresión que tuvo al visitarla. Resulta que en la antigua cárcel se ha montado una exposición sobre lo que fue la cárcel. Andújar dice que la Generalitat de Catalunya ha organizado una ‘exposición tan pija que parece un museo de cera’. Y es que la memoria histórica también puede ser pija… además de olvidadiza.

Distintas asociaciones han criticado la exposición de la Modelo porque ha olvidado a las mujeres, y pasado el trapo de la asepsia histórica sobre la lucha obrera y otros represaliados. Esta asepsia, tan preocupante en su pretendida limpieza, ha hecho una excepción. Nos cuenta Andújar que las celdas que se muestran al público están limpias. Pero hay una en la que hay basura: la del Vaquilla. El Vaquilla era pobre y provenía de un barrio pobre (La Mina)… y, por tanto, alguien ha pensado que la basura era un atrezo creíble en el caso del Vaquilla… o bien, que en el caso del Vaquilla lo de la basura no importaba mucho. Curiosas distinciones en una exposición oficial sobre la memoria de La Modelo.

Antonio Madrid Pérez

3/10/2017

Boletín 161

Notas del mes

Ensayo

El extremista discreto

De otras fuentes

La Biblioteca de Babel

En la pantalla

Informaciones

La tragicomedia nacional

La memoria que olvida: entre lo personal y lo colectivo

Y el tribunal europeo de derechos humanos habló: las devoluciones en caliente son ilegales﻿

¿Agencia Tributaria española o catalana?

Fukushima, y Japón, fuera de temporada

Nucleares en septiembre: tic, tac, tic, tac, tic, tac...

Obituario: Toni Domènech

Ensayo

El extremista discreto

De otras fuentes

La Biblioteca de Babel

En la pantalla

Informaciones

Y el tribunal europeo de derechos humanos habló: las devoluciones en caliente son ilegales