
Número 132 de febrero de 2015
Notas del mes
Cuatro reflexiones a propósito de los atentados de París
Por José Luis Gordillo
Grecia y Draghi, ¿dos rupturas?
Por Albert Recio Andreu
Por José María Agüera Lorente
Los tratados internacionales que se avecinan contra los derechos de la clase trabajadora (II): TISA
Por Vidal Aragonés
Por Miguel Muñiz
Sobre victorias, pactos y acción política cotidiana
Por Joan Busca
Por Antonio Antón
Convivencia escolar y moral democrática
Por José Manuel Barreal San Martín
Ensayo
Ideas centrales para un programa municipal
Armando Fernández Steinko/Alternativa Socialista
El extremista discreto
El Lobo Feroz
Edgardo Logiudice
En la pantalla
«Bella Ciao» en la celebración por la victoria de Syriza
De otras fuentes
Pasolini: la cancelación de la poesía y el cine no consumible
Josep Torrell
La universidad pública, un bien común
Vera Sacristán
EE.UU.: Procesos penales por terrorismo son un espejismo
Human Rights Watch
Agustín Moreno
Cuatro reflexiones a propósito de los atentados de París
José Luis Gordillo
1) El retorno del derecho penal de autor
Los execrables atentados de París, del pasado 7 de enero, han sido calificados como el 11 de septiembre europeo. No es poca cosa denominarlos así. Por otra parte, los dirigentes occidentales los han tomado como excusa para profundizar en las medidas de control policial de las poblaciones, así como para proponer reformas de su legislación penal que encaminan los sistema punitivos europeos hacia el “derecho penal de autor”.
El derecho penal de autor es aquel que castiga a las personas por lo que son (por su ideología, religión, identidad étnica, status económico, preferencias sexuales, estilos de vida, hábitos, relaciones de amistad, etc.) y no por lo que hacen. Se legitima presentándose como un derecho preventivo que actúa antes de que se cometan los actos punibles neutralizando riesgos y peligros potenciales. Para ello impone sanciones o medidas de seguridad a personas que todavía no han delinquido, pero que las policías sospechan que pueden hacerlo en el futuro debido a determinados rasgos de su personalidad.
El derecho penal de autor es un viejo conocido de la cultura jurídica europea porque tuvo mucho éxito en los años veinte, treinta y cuarenta del siglo pasado en países como la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, la Unión Soviética de Stalin o la España de Franco (con el antecedente, nada alentador, de la Ley de Vagos y Maleantes de la II República).
Ejemplo característico de ello sería la Ley de Peligrosidad Social, promulgada en España en 1970, que preveía la imposición de medidas de seguridad a vagos habituales, rufianes, proxenetas, homosexuales, prostitutas, productores y traficantes de pornografía, mendigos habituales, ebrios habituales, toxicómanos, quienes protagonizasen actos de insolencia, brutalidad o cinismo, miembros de bandas o pandillas que manifestasen una predisposición delictiva, menores de veintiún años abandonados por su familia o rebeldes a ella y los moralmente pervertidos, entre otros. En 1979, 1983 y 1989 la ley fue objeto de sucesivas reformas mediante las cuales se consiguió la eliminación de varios de estos supuestos, aunque su derogación definitiva no se consiguió hasta 1995. El actual ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, con gusto la volvería a introducir en el ordenamiento jurídico español.
La forma más extrema de derecho penal de autor es el llamado “derecho penal del enemigo” teorizado por Günter Jacobs. Según este penalista alemán, los enemigos serían aquellos individuos que generan la expectativa de un incumplimiento sistemático y permanente de las normas jurídicas. Eso, dice Jacobs, les sitúa fuera del “contrato social” y les coloca en pleno “estado de naturaleza”. En ese inhóspito lugar, sobre todo si se ve con los ojos de Thomas Hobbes, no hay derechos, ni juicios con garantías, ni penas resocializadoras. Lo único que hay es la represión pura y dura porque al enemigo ni agua, ya se sabe. Obviamente, las instituciones encargadas de evaluar qué personas generan dichas expectativas son los gobiernos y sus policías. Los penales de Guantánamo, Bagram, Camp Bondsteel o las decenas de barcos-prisión estadounidenses que surcan los siete mares, son lugares repletos de “enemigos” de esa clase.
2) ¿Terrorismo islamista y bombardeos judeocristianos?
Al cabo de tres días de los atentados de París, todos los grandes periódicos europeos publicaban sesudas reflexiones sobre el islam y su difícil inserción en las sociedades modernas. Eso tuvo que ver con la unánime calificación de los repugnantes asesinatos como actos del terrorismo islamista o yihadista. Pero ¿aumenta una calificación así la eficacia de nuestra comunicación?, ¿la hace más precisa y menos equívoca?, ¿estamos transmitiendo realmente información cuando los caracterizamos con esos adjetivos?
Para pensar en las posibles respuestas podemos hacer un par de experimentos mentales.
El primero sería ampliar todavía más el campo semántico y sustituir islamista o yihadista por religioso. Al fin y al cabo, el islam es una religión que, como todas las religiones, sostiene dogmas de fe. Quienes creen en ellos a pies juntillas son un poco fanáticos, y del fanatismo al crimen sólo hay un paso que es muy fácil dar.
Así pues, todas las personas que sostienen creencias religiosas deberían dejar muy claro que ellas no tienen nada que ver con los crímenes de París, que son decididas defensoras de la libertad de expresión y que se sitúan en primera fila en el combate contra el terrorismo religioso. No hacerlo los convertiría en sospechosos de, al menos, complicidad ideológica con los asesinos de los caricaturistas del Charlie-Hebdo y de los clientes del supermercado kosher. Los ateos, en cambio, estaríamos exentos de esas obligaciones (¡ventajas del ateísmo!).
¿Parece disparatado? Personalmente creo que lo es tanto como hablar de terrorismo islamista o yihadista, culpabilizando con ello a las creencias religiosas practicadas por más de mil millones de personas.
El segundo experimento mental consistiría en promover una nueva convención acerca de la adjetivación de las acciones militares de los ejércitos occidentales y del ejército israelí. Cada vez que se informara de sus bombardeos, asesinatos selectivos o torturas, se debería añadir el calificativo de judeocristianos. Y si alguien afirma que eso no se puede hacer porque en Occidente hace ya mucho tiempo que Dios murió en el imaginario colectivo, pues lo podemos cambiar por agnósticos o ateos ¿También parece disparatado? Sí, lo es, pero de momento ya nos hemos sentido como se han sentido los musulmanes europeos en las últimas semanas.
A los aparatos de propaganda del ejercito israelí (sobre todo después de la última masacre en Gaza que provocó 2.000 muertos) y de los ejércitos de la OTAN les viene muy bien la islamofobia. Con ella consiguen el apoyo social que necesitan para sus intervenciones militares, matanzas, invasiones y ocupaciones en Oriente Medio, Asia Central y África.
A quien también le viene de perlas la islamofobia es a la nueva extrema derecha europea (al Frente Nacional de Marine Le Pen, por ejemplo) la cual, si algo tiene en común, no es ya el antisemitismo, como en los años treinta del siglo XX, sino la fobia a todo lo musulmán. Las versiones gubernamentales sobre la autoría de algunos de los atentados ocurridos en las metrópolis occidentales en los últimos catorce años han contribuido decisivamente al crecimiento de esa nueva xenofobia.
3) Sobre conspiraciones y teorías de la conspiración
En la historia de la humanidad han existido tantas conspiraciones que la mayor parte de los códigos penales incluyen un delito llamado “conspiración para delinquir”. Su definición jurídica es fácil de recordar: hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan entre ellas para cometer un delito y toman la firme decisión de ejecutarlo.
La expresión teoría de la conspiración alcanzó una gran popularidad en los años sesenta en EE.UU. gracias a los esfuerzos que hicieron la CIA y otras agencias gubernamentales para contrarrestar las críticas a la Comisión Warren, esto es, a la comisión creada para establecer la verdad sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Como todo el mundo sabe, dicha comisión concluyó que dicho asesinato fue ideado y ejecutado por una sola persona; en consecuencia, jurídicamente hablando, no se podía aludir a ninguna conspiración al no haber sido planificado y ejecutado por dos o más personas, que era precisamente lo que sugerían los críticos de la Comisión Warren.
La CIA, una organización que sabe bastante de conspiraciones, acompañó el uso de la expresión con una serie de chistes y chascarrillos tendentes a ridiculizar y a presentar como personas psíquicamente desequilibradas a los que querían seguir discutiendo sobre la autoría del magnicidio. Era una manera de zanjar la discusión: el estado había establecido “su” verdad y quien dudara de ella sólo podía ser un loco. Desde entonces, entre las élites de Washington, teoría de la conspiración se convirtió en un lugar común para desacreditar toda acusación de juego sucio, corrupción, acciones ilegales o crímenes cometidos por el gobierno de los EE.UU. o por alguna de las muchas agencias de seguridad a su servicio.
La expresión fue recuperada por George W. Bush poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aprovechando su intervención anual ante la Asamblea General de la ONU, el 10 de noviembre del mismo año, el presidente designado por el Tribunal Supremo debido a los muchos líos registrados en las votaciones en Florida, afirmó de forma muy tajante ante todos los jefes de estado y todas las televisiones del mundo: “¡No toleraremos indignantes teorías de la conspiración concernientes a los ataques del 11 de septiembre!”.
La frase era manifiestamente absurda, pues era evidente que esos atentados no los podía haber cometido una sola persona, sino varias. Dicho de otra forma: el 11-S sólo podía ser el resultado de una conspiración en el sentido jurídico explicado más arriba. De hecho, la misma administración Bush ofreció el 14 de septiembre de 2001, tres días después de los atentados, una versión muy redonda y completa de la conspiración que, en su opinión, había dado origen al 11-S (la protagonizada por Bin Laden y los diecinueve suicidas de Al Qaeda).
En relación con el 11-S o con los atentados de París preguntarse si son o no el resultado de una conspiración es estúpido: es obvio que ésta ha existido porque si no los atentados no se habrían producido. La pregunta relevante sobre ellos es quiénes han sido los conspiradores, quiénes los han perpetrado y quiénes han dado la orden de llevarlos a cabo. Y, por lo demás, toda investigación sobre una conspiración comienza siempre con alguna clase de especulación o teoría.
4) Una regla metódica para analizar y pensar sobre los atentados de París y cualesquiera otros de características similares
Los asesinatos de París han provocado en muchas personas al menos tres tipos de sentimientos. El primero, un profundo asco moral ante actos tan deleznables. El segundo, un sano sentimiento de solidaridad con los familiares de las víctimas. El tercero, un inevitable déjà vu.
Muchos hemos tenido la sensación de que esto ya lo habíamos vivido antes varias veces. La masacre ciega o la matanza indiscriminada, la inmediata reivindicación yihadista, la prueba "evidente" —el DNI perdido— que señala a sus autores, los cuales resultan ser personas estrechamente vigiladas por la policía, el final trágico de los mismos por suicidio o disparos de las fuerzas del orden, la sobreactuación de los dirigentes políticos que convocan manifestaciones para exigir unidad frente al enemigo, la movilización del ejército y las policías, el envío inmediato de tropas para participar en alguna guerra de agresión, reformas legales en caliente (¡claro que en caliente, para poderlas aprobar sin oposición!) que recortan o suspenden derechos fundamentales, el circo mediático promovido por las televisiones globales, etc.
Pues bien, el déjà vu debería, como mínimo, inducirnos a adoptar una simple regla metódica para analizar y pensar acerca de acontecimientos de esta naturaleza. Entre otras cosas, porque es bastante probable que se repitan en el futuro.
Ante acontecimientos así conviene siempre separar analíticamente los hechos luctuosos considerados en sí mismos, de las decisiones políticas que toman los gobiernos aprovechando el momento maccartista generado por el ambiente de conmoción y duelo.
Esas decisiones nunca se pueden concebir como obligadas o determinadas mecánicamente por los atentados. En Europa, por desgracia, tenemos una larga experiencia al respecto y sabemos bien que los gobiernos no reaccionan siempre de la misma manera.
Sin ir más lejos, el 22 de julio de 2011, en Noruega, setenta y siete personas murieron y más de un centenar resultaron heridas como consecuencia de unas bombas que estallaron en Oslo y del ametrallamiento de decenas de jóvenes que asistían en la isla de Utoya a un campamento de las juventudes del Partido Laborista Noruego. El asesino se disfrazó de policía y ordenó a los jóvenes que por razones de seguridad se concentraran en una explanada de la isla. Los chicos, obedientes y respetuosos del principio de autoridad, lo hicieron, y el falso policía los estuvo ametrallando sin piedad durante cuarenta y cinco minutos.
La matanza de Utoya fue reivindicada por el grupo islamista Ansar al-Jihad al-Alani (que se puede traducir como “colaboradores de la yihad global”). La policía noruega, sin embargo, no le dio mucha credibilidad porque en su perspicaz opinión esa matanza sólo podía haber sido obra de grupos “antisistema”. Finalmente se detuvo a Anders Behring Breivik, un fundamentalista cristiano pro-israelí e islamófobo que fue juzgado y condenado como autor solitario de la masacre.
Si Breivik hubiese conseguido matar a tres personas más, estaríamos hablando de una cifra de víctimas cuatro veces superior a la de París. Breivik era representativo de esa nueva extrema derecha de la que hablábamos antes y que, a diferencia del extremismo islámico, está organizada políticamente en casi todos los países de la Unión Europea. Como síntoma trágico de la amenaza que representa esas nuevas formaciones políticas, la matanza de Utoya era muy significativa.
Pues bien, aparte de condenar los hechos, los gobernantes europeos ¿hicieron algo más?, ¿convocaron inmediatamente una cumbre antiterrorista como han hecho ahora?, ¿propusieron crear un registro europeo de todos los militantes de esos partidos?, ¿situaron el combate contra la amenaza parda en el primer lugar de sus prioridades? No, no hicieron nada de eso, pero lo hubieran podido hacer. La gravedad de los sucesos, por tanto, no determina nada. Lo que hacen los gobiernos siempre es el resultado de su libre albedrío y su libre actuación.
Con mucha frecuencia, además, lo que hacen los gobiernos es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para intentar colar reformas que hacía tiempo que pretendían impulsar. Así ocurre con el registro de los pasajeros de los aeropuertos, que tiene que ver con una vieja pelea entre la Comisión y el Parlamento de la UE. Su inconsistencia con lo sucedido es palmaria: ¿para qué quieren un registro de todos los pasajeros de todos los aeropuertos de la UE si el registro de detenidos y condenados por delitos de terrorismo no les ha servido para evitar los atentados de París?
Como hemos leído en la prensa, tanto los hermanos Kouachi como Amedy Coulibaly, presuntos autores de los asesinatos, habían sido vigilados por los servicios antiterroristas franceses hasta poco antes de cometer sus crímenes. Coulibaly, incluso, fue condenado en 2013 por ayudar en la evasión de un salafista argelino, y hasta mayo de 2014 llevaba una pulsera electrónica que permitía controlar todos sus movimientos (El País, 13-1-2015). Tal vez ya es hora de decir que los instrumentos jurídicos y policiales existentes son más que suficientes para combatir ese tipo de amenazas, siempre y cuando se recurra a ellos. Si no se utilizan, no sirven, eso está claro.
Sobre la autoría de los crímenes que desencadenan estas reacciones, lo único que debe importar son los hechos y pruebas fiables que permiten afirmar con veracidad que han sido cometidos y planificados por estos o aquellos sujetos. No debe importar, desde luego, los prejuicios de cada cual ni la “verdad” más conveniente para el poder.
La instantaneidad de los medios de comunicación, su omnipresencia y, a veces, la espectacularidad de algunas “pruebas” machaconamente difundidas, crean la sensación de que al cabo de pocos días ya lo sabemos absolutamente todo sobre el quién, el cómo y el cuándo de los atentados. También de que esa es una “verdad incuestionable” de la que no se puede dudar. Pero eso es sólo un espejismo: como mucho se tiene conocimiento de algunos indicios más o menos racionales que apuntarían a tal o cual hipótesis o, si se prefiere, a esta o aquella teoría de la conspiración.
El caso de los asesinatos de París es paradigmático en ese sentido: las investigaciones policiales, judiciales, parlamentarias y periodísticas apenas han comenzado, y sus conclusiones no se conocerán hasta dentro de meses o años. En cambio, para la mayoría de gobernantes, tertulianos y creadores de opinión ese es ya un caso cerrado.
El hecho de que los gobiernos no esperen al resultado final de dichas investigaciones para tomar decisiones políticas que vulneran los derechos más básicos, es indicativo de su voluntad manipuladora e instrumentalizadora. Y eso ya es suficiente para rechazarlas.
29/1/2015
Grecia y Draghi, ¿dos rupturas?
Cuaderno de estancamiento: 17
Albert Recio Andreu
I
Enero ha traído dos cambios importantes en la política comunitaria, aunque de signo bien distinto. Uno es el anuncio de la masiva compra de activos financieros por parte del Banco Central Europeo. El otro, la victoria electoral de Syriza y el inmediato anuncio por parte del nuevo Gobierno griego de su voluntad de impugnar la política de rescate y la adopción inmediata de medidas que van en esta dirección, como el aumento del salario mínimo, el bloqueo de la privatización de actividades básicas y la readmisión de empleados públicos. Aunque el alcance de las medidas es bien distinto, ambas suponen un cuestionamiento de alguno de los dogmas que la hegemonía neoliberal-alemana había impuesto hasta el momento. Se trata de cuestiones de ámbito y repercusiones diversas, por esto trato de analizarlas por separado, aunque en la reflexión final intentaré buscar alguna conexión.
II
Lo que Draghi ha propuesto es un plan de compra mensual, del orden de 60000 millones de euros, de activos financieros durante 18 meses, que podrían prorrogarse; un total que supera el billón de euros. Supone insuflar una enorme cantidad de dinero en los mercados financieros, comprando tanto títulos públicos como privados. ¿Qué se espera con esta política? Puede pensarse tanto en efectos directos como indirectos.
Entre los primeros, los más claros son que ello facilita la financiación tanto de la deuda pública como de las empresas beneficiadas por las compras de títulos. Esta entrada de dinero tendrá el efecto previsible de seguir bajando el coste de financiación de estados y empresas, lo que en el primer caso puede además permitir aligerar el “servicio de la deuda” (el pago de intereses a los tenedores de deuda pública). Se espera que este abaratamiento permita a estados y empresas aumentar su capacidad de ahorro y la posibilidad de amortizar aceleradamente parte de su deuda. Sin embargo como la política está diseñada para comprar una proporción de títulos parecida a la aportación de cada país ello supone que estas ventajas favorecerán por igual a todos los países, aunque se puede esperar que esta oleada de financiación barata influya sobre el conjunto del mercado financiero y todo el mundo se vea gratificado con una financiación fácil y barata.
Se supone que esta política puede tener también importantes efectos indirectos. De una parte la oleada de dinero que se inyecta a la zona euro debe provocar su depreciación frente a otras divisas. La devaluación favorece las exportaciones a países fuera de la zona euro y ello posiblemente tenga más importancia para los países que producen bienes de nivel intermedio, como es el caso de España, que los que producen bienes de alto nivel, como Alemania, para los que el precio de venta tiene menor importancia. De hecho la alta apreciación del euro ha sido uno de los elementos que ha jugado un papel importante en la desindustrialización experimentada por algunos países. La otra cara de la devaluación es que se encarecen las importaciones y esto tiene un impacto distinto en función de la estructura productiva de cada país y sus posibilidades de adaptación. Si lo que se importa son bienes que el país es capaz de producir por sí mismo, la devaluación puede además reanimar a la industria local. Pero si el país importa bienes que no es capaz de producir por sí mismo la devaluación encarece los suministros y puede acabar por neutralizar el efecto positivo en el lado de las exportaciones. En el caso de España un elemento importante al respecto es la elevada dependencia energética (petróleo, gas, carbón) y de algunas materias primas (metales, soja, cereales), pero, al menos a corto plazo, la caída del precio del petróleo y otras materias primas puede jugar un papel importante en evitar que la devaluación del euro se traduzca en un alza sustancial de costes. Hay que advertir sin embargo que estos movimientos dependen además de lo que hagan el resto de países con su moneda; si todos responden igual que la zona euro devaluando de facto sus monedas acabaríamos igual que al principio.
Pero el mayor efecto que se pretende inducir con esta política es el segundo. Se supone que al aumentar el flujo de dinero en el mercado financiero se reducirá la demanda de financiación por parte del estado y las grandes empresas que cotizan en bolsa y con ello se producirán tres efectos paralelos: a) las grandes empresas aumentarán sus inversiones, b) se favorecerá el crédito al resto de la economía y con ello se promoverá la actividad económica y la inversión y, probablemente c) el menor coste de la deuda pública facilitará el gasto público en actividades que generan actividad. Básicamente no encuentro diferencias sustanciales con anteriores políticas del Banco Central Europeo –como la de financiación masiva a la banca– más que en el volumen de su acción y en el uso de un canal diferente. Es cierto que a veces lo cuantitativo se trastoca en cualitativo y que una oleada tan grande de intervención puede acabar por generar un impacto sobre la economía real. Pero hay buenas razones para indicar que es más probable que todo sea más de lo mismo.
En primer lugar está la cuestión de la financiación pública. Tras la primera intervención masiva del BCE los tipos de interés de la deuda pública bajaron sustancialmente, de hecho hoy llegan a estar cercanos a cero. Se ha conseguido abaratar sustancialmente el coste de la deuda pero, en la mayoría de países, el endeudamiento público relacionado con los déficits no ha dejado de crecer. Y esta situación, en tanto se mantenga el resto de la política actual, frena la expansión del gasto público y da razones a los partidarios de la austeridad neoliberal a seguir imponiendo recortes y reformas estructurales (eufemismo para designar la eliminación de derechos sociales y laborales). Si el gasto público no crece suficientemente se pierde un factor esencial de reanimación económica y al mismo tiempo se siguen infligiendo a la población las mismas sevicias que lleva años soportando. En segundo lugar está el sector privado. Tampoco para las grandes empresas la financiación ha sido un problema en los últimos tiempos. La ingente inyección de liquidez que ha generado el BCE y el resto de grandes bancos centrales les ha permitido encontrar facilidades para financiarse en los mercados financieros internacionales mediante la emisión de todo tipo de bonos (cualquier lector de la prensa económica encuentra casi a diario la noticia de una emisión de este tipo de alguna gran empresa y, de forma creciente, acompañada del comentario que se trata de la más barata que ha obtenido nunca). Pero la inversión es otra cosa; como ya he explicado en anteriores notas, las inversiones no se realizan porque el acceso al dinero es barato sino porque se ven posibilidades factibles de invertirlo con rentabilidad en actividades reales. Y esto es lo que está menos claro dados los excesos de capacidad que aún persisten, los niveles de incertidumbre que generan las diferentes turbulencias de precios y las limitaciones a la expansión del mercado provocadas por el empobrecimiento al que se ha forzado a una parte importante de la población de los países con capacidad de compra. Para las empresas pequeñas las cosas aún son más difíciles tanto porque su acceso al crédito es siempre mucho más azaroso y dependiente de las decisiones del sector financiero como porque, a menudo, se encuentran “aplastadas” por las estructuras oligopolistas que configuran el “capitalismo real”. Sin contar que en un mundo tan financiarizado como el actual la posibilidad de que el dinero inyectado fluya hacia actividades especulativas es tan grande como para poner en duda que estemos realmente ante el esquema modélico en el que la entrada de dinero fresco se traduce directamente en actividad real. Por ejemplo en las grandes ciudades españolas, especialmente Madrid y Barcelona, estamos asistiendo a una entrada masiva de inversiones financieras en activos inmobiliarios (oficinas, locales comerciales, hoteles) que, unida a la eliminación de los últimos restos de política de control de alquileres, está produciendo en determinadas zonas una presión sobre los alquileres empresariales que está liquidando gran parte del tejido tradicionales de comercio local e impiendo el desarrollo de un nuevo sector potencial de artesanado comercial.
Sin duda la acción de Draghi es osada por dos razones: porque se enfrenta a las ideas que defiende el todopoderoso Bundesbank y porque si fracasa deja sin nuevos cartuchos el actual modelo. Al menos, sin nuevos argumentos serios para seguir postulando que es lo único que se puede hacer, aunque hace demasiados años que estamos viviendo una situación en la que la inanidad del poder no tiene costes para quien lo ejerce. Posiblemente, si no funciona, a corto plazo los ortodoxos achacarán a Draghi el fracaso, pero se abriría también la posibilidad de un cuestionamiento más radical de todo el modelo de construcción de la zona euro.
III
El reto griego es sin duda más radical, puesto que impugna una buena parte del núcleo de las políticas de austeridad en dos frentes combinados, el del tratamiento de la deuda y el de las reformas estructurales. Los griegos tienen una buena razón para justificar su punto de vista: la inanidad práctica de las políticas impuestas por la Troika. Se ha impuesto un enorme daño social sin resolver, ni siquiera mejorar, el problema que en teoría se trata de atajar. Como en otros muchos países, los recortes, en lugar de reducir sustancialmente el endeudamiento, han contribuido a aumentarlo.
Los problemas que afrontará el nuevo Gobierno griego son sin embargo de otra índole. Tener buenas razones casi nunca es suficiente. Aceptar el argumento griego implicaría para el resto de Europa entrar a revisar gran parte de su diseño institucional y el enfoque de sus políticas. De entrada revisando el propio tratamiento de la deuda que diera lugar a tratar los problemas financieros de los estados y las personas de forma parecida a como se tratan los problemas empresariales: creando mecanismos de ajuste, que implican quitas de deuda, cuando no se puede pagar. Esta ha sido siempre una línea roja que el sector financiero nunca ha aceptado por razones diversas. Una es el temor a que los estados recurran periódicamente a suspensiones de pagos y hagan totalmente incierto el funcionamiento del sistema financiero. El otro es el hecho que mientras una empresa quebrada puede liquidarse y venderse sus activos, un país no puede liquidarse del mismo modo y por tanto tiene, en este sentido, más posibilidades de obtener ventajas con la quiebra. Por otra parte, el cuestionamiento de las políticas de ajuste bloquea la posibilidad de avanzar en dos de los grandes objetivos de las políticas neoliberales. De una la reconstrucción del mercado laboral como un mero ejército de reserva sin control que posibilita total libertad a los empresarios en el uso de la fuerza de trabajo (de eso va la flexibilidad laboral). De otro cierra al gran capital el acceso a apetecibles áreas de negocio que aún quedan en manos del sector público en algunos países.
En definitiva, el desafío griego, por más moderado que traten de presentarlo sus promotores, se orienta hacia una revisión en profundidad de las políticas europeas, y afecta a intereses muy poderosos: al sector financiero, a las políticas diseñadas por las elites europeas, a los sectores que hacen negocio con las privatizaciones. Lo que hay que esperar en los próximos meses es un ataque feroz a la propuesta griega por varios y complementarios frentes. De hecho ya comenzó con la retirada de nuevas provisiones financieras antes de las elecciones, con la primera tanda de declaraciones de políticos europeos y con el anuncio de salidas de depósitos en bancos griegos. Grecia es pequeña, marginal, la factura griega es perfectamente asumible. Pero lo que se teme es que sea sólo un primer movimiento que podría generar una reacción en cadena y por ello la reacción va a ser contundente y a corto plazo. Para evitar que cualquier éxito del Gobierno Tsipras pueda dar alas a fuerzas políticas parecidas en otros países y generar nuevas expectativas sociales en muchos sitios. El margen de maniobra del Gobierno griego es muy estrecho y deberá escoger muy bien sus maniobras para evitar que le rompan el espinazo y con ello se cierre otra ventana de esperanza en Grecia y en todas partes. Más que estar expectantes con lo que ocurra allí lo que debería hacer la izquierda en otros países es un gran trabajo de explicación a su sociedad de las dificultades del proceso, de las fuerzas e intereses en juego y, al mismo tiempo, de elaboración de propuestas sólidas y comprensibles que ayuden a generar un marco de referencia claro de política alternativa.
IV
Aparentemente hay muchas diferencias entre los problemas que plantean ambas políticas. Pero por debajo subyacen cuestiones comunes que vale la pena destacar. Sobre todo porque ambos reflejan, cuando menos, que está empezando a tomar cuerpo la primera condición para que sea posible un cambio de signo sustancial en las políticas. Y no es otro que el manifiesto fracaso de las políticas dominantes para hacer frente a los problemas que pretenden resolver. Draghi ha optado por esta inversión masiva cuando es evidente que las maniobras anteriores de política monetaria se han mostrado inútiles. Los griegos han votado contra la Troika cuando tras años de sacrificios estos han mostrado que no han servido más que para necesitar un nuevo rescate.
Como síntoma es evidente, como remedio más discutible. En un caso porque hay muchas posibilidades de que tampoco funcione –en los términos previstos–la inyección financiera. En el otro por la dificultad de que Grecia obtenga una reformulación a la carta de las políticas que le han impuestos sus poderosos, en teoría, aliados.
Salir de este problema requiere movimientos sociales más amplios en otros países y mayor densidad de las propuestas políticas. Requiere por ejemplo reconocer que detrás del problema del endeudamiento público está la cuestión básica de la distribución de la renta y el poder entre grupos sociales. El que una minoría social haya conseguido legitimar unos abusivos derechos de propiedad (que incluyen modelos fiscales totalmente injustos en sus sistemas de recaudación y en sus posibilidades de elusión) que generan una persistente dificultad para financiar la provisión colectiva está en la base de los problemas financieros de los estados. De la misma forma que las dinámicas de desarrollo empresarial generadas con la globalización no han hecho sino reforzar los desequilibrios geográficos, de los que el caso griego es un ejemplo palmario. Los desequilibrios, injusticias y desigualdades que han conducido a la crisis actual exigen un cambio institucional profundo, un enfoque diferente para tratar los problemas. Incluidos los que se derivan de la crisis medioambiental. Por esto es tan urgente que la izquierda en todas partes desarrolle proyectos sociales y económicos entendibles, revisables y adaptables para poder quebrar la locura neoliberal. Para que el previsible fracaso de la expansión monetarista dé lugar a un cambio institucional profundo. Para que Grecia no quede aislada y su ejemplo puesto como una nueva advertencia de lo que ocurre cuando no hacemos caso a la autoridad.
La recuperación del empleo ¿representa un cambio de ciclo?
El gobierno ha presentado, es lógico, la mejora de las cifras de empleo como una muestra de la bondad de su política. Por primera vez desde 2008 la situación parece mejorar. Otra cosa es como se entiende esta mejora. Que la actividad se recupere un poco no significa que se haya entrado en una vía sin sobresaltos. Pero la experiencia del ciclo anterior donde la recuperación del empleo en 1995 dio lugar a una fase ininterrumpida de crecimiento abre la tentación de pensar que las cosas se repiten mecánicamente y lleva a olvidar que los procesos no son siempre parecidos. Hubiera sido demasiado pedirle a un Gobierno tan dado al autobombo y tan ignorante como el que preside Rajoy que hubiera realizado esta evaluación crítica. En todo caso me limitaré a evaluar lo que podemos deducir de los datos que proporciona la Encuesta de Población Activa.
En primer lugar están las cifras del paro. En un año se ha reducido en 477 mil personas, una buena cifra pero que a este ritmo implicaría más de diez años de “bonanza” para llegar a cifras manejables. Una buena parte de esta reducción se ha debido a la creación neta de empleo (433 mil) pero otra a la reducción de la población activa (44 mil), lo que indica que el efecto “trabajador desanimado” sigue dominando e indica que aún hay mucha gente que no confía en encontrar empleo. Y de este inmenso colectivo de parados ha seguido moderadamente creciente el porcentaje de “larga duración” (los que llevan más de un año en el paro) y que alcanza el 61,4% de todos los parados, un volumen insoportable de desperdicio social y sufrimiento humano.
Cuando se analizan los datos cualitativos del empleo se observa que la mejora cuantitativa no se ha traducido en una mejora de la calidad, al menos en las variables que permite considerar la E.P.A. El peso del empleo temporal ha crecido ligeramente, del 23,6% al 24,2%. Los empresarios siguen prefiriendo contratar a la gente por esta vía, tanto porque muchas actividades son de temporada, de corta duración, como porque este tipo de contratación les concede ventajas en muchos terrenos. No sólo por los costes de despido, sino por muchas otras razones: no genera antigüedad, permite una presión constante con el espantajo de la renovación etc. Por su parte el empleo a tiempo parcial prácticamente no ha variado en un año y su peso se mantiene en torno al 16,05%. Hay que advertir sin embargo una cuestión que salta a la vista. Hasta el segundo trimestre del año 2014, el peso del empleo a tiempo parcial crecía de forma sostenida. En el tercer trimestre se produjo una fuerte caída, algo habitual cada año puesto que hay, por ejemplo, mucho empleo a tiempo parcial en restauración colectiva (catering en escuelas y centros de trabajo) en comercios y otros servicios que desaparece en verano. Pero en el cuarto trimestre no se ha recuperado el porcentaje como en años anteriores. Es difícil saber si ello responde a un cambio de ciclo o una pequeña variación de la muestra. En todo caso se trata de un tema a seguir. Y en todo caso lo que si resulta sólido es el crecimiento sostenido de la gente con este tipo de empleo que declara que lo que quiere es empleo a tiempo completo y que alcanza un 40,2% de todos los empleados a tiempo parcial. Sin duda estas son dos figuras que indican que no hay un “salto de calidad” en los empleos, pero una evaluación más completa debe considerar otras cuestiones como los salarios.
Cuando se estudia dónde se ha creado empleo se empiezan a tener pistas de lo que hay detrás de la recuperación. La mayor parte de la creación de empleo es de asalariados, mayormente privados, aunque hay algo de crecimiento del empleo público (será por el efecto ciclo electoral o por las presiones de los movimientos sociales). La tasa de asalarización sigue creciendo, estamos en una sociedad capitalista donde la mayor parte de la gente (82,4%) depende de un salario sin contar con los camuflados como autónomos. Por categorías profesionales el mayor crecimiento absoluto (152 mil) y relativo (3,9%) es el de los trabajadores manuales de servicios, lo que es un buen indicador de dónde se crea empleo. Aunque el crecimiento en ambos aspectos es notable en otras muchas categorías laborales, es algo mayor la proporción en empleos manuales. Por sectores, en términos absolutos los mayores crecimientos se producen en la industria (89 mil), la hostelería (87,7 mil), las actividades científicas y profesionales (54,7 mil), la administración pública (52,3 mil) y las actividades artísticas, deportivas y recreativas (47,7 mil) En términos relativos, la hostelería (6,6%) y actividades profesionales (6,5%) destacan como las más dinámicas. Estos datos siempre hay que tomarlos con cuidado, en una estadística elaborada por muestreo (en una muestra que cada trimestre cambia en un 16,66%); cuando más detallada es una tabla estadística mayor es su sensibilidad a cambios en los resultados. Pero creo que la pintura que se puede deducir es bastante real. El turismo sigue siendo el gran dinamizador, aunque ahora no está acompañado de su tradicional pareja de baile, la construcción, porque aún persiste un enorme exceso de capacidad de vivienda vacía en zonas turísticas que va a tardar años en absorberse. En el otro extremo es seguramente la implantación de las nuevas tecnologías y de sus múltiples aplicaciones lo que engrasa el crecimiento de las actividades técnico-profesionales y lo que tiende a generar una estructura ocupacional más polarizada. Pero la representación debe matizarse primero por una cierta recuperación del empleo industrial y segundo por el nuevo crecimiento del empleo relacionado con el sector público. El empleo industrial se ha beneficiado sin duda de la depreciación del euro, de la caída de los salarios y de una pequeña recuperación de la construcción que arrastra detrás de si actividad industrial. O sea que más o menos puede decirse que la nueva coyuntura ha favorecido un poco la actividad tradicional. Y por otro (y esto también explica algo la mejora de la construcción) el sector público ha aflojado la política de recortes y con ello, una vez más, ha creado empleo. Ya se sabe que el ciclo electoral siempre influye, y este año las Administraciones más partidarias de hacer ajustes se han dado cuenta que debían hacer algo para volver a ganar elecciones.
En definitiva, hay una cierta, por otra parte esperable en algún momento del ciclo, recuperación del empleo (que al final vía multiplicador acaba afectando a todos los sectores), pero que en todo caso no permite afirmar que se haya producido un cambio estructural, ni siquiera en términos iniciales, y el país sigue dependiendo de la bonanza del turismo (y soportando sus costes sociales y ambientales), de algunas industrias bajo control foráneo como el automóvil (que interviene además como lobby contra la adopción de una política racional de movilidad) y de un sector público que pese a su insuficiente desarrollo sigue generando empleo. Quizás con un sector público más consistente, con políticas bien orientadas y decisión se podría pensar en hacer un salto hacia una economía más justa y deseable en términos sociales y ambientales, más sólida para enfrentarse a los peligros de la globalización en sus distintas facetas. De momento sólo estamos asistiendo a una mejoría de un enfermo cuyas estructuras vitales no se han alterado. Un país que genera demasiado paro, demasiados malos empleos, demasiadas desigualdades y que es incapaz de garantizar una vida social satisfactoria y un futuro sostenible.
2/2015
El rapto de Europa
José María Agüera Lorente
El veinticinco de enero es la fecha que según dicen los politólogos marcará un nuevo hito en la atribulada historia de este frankensteiniano engendro político que es la Unión Europea. Ese día los griegos han votado para elegir a sus representantes en el parlamento. Es la democracia; la inventaron ellos hace unos dos mil quinientos años en Atenas, Tuve la oportunidad de visitar esta ciudad hace como una década, cuando todos los europeos éramos ricos y parecía sonreírnos la historia. Recuerdo que me pareció una ciudad fea, salvo —claro está— la Acrópolis y el barrio de Plaka, escenario pintoresco plagado de restaurantes típicos, ideal para satisfacer las necesidades de los turistas deseosos siempre de experiencias estéticas con las que deleitar los sentidos y decorar la memoria y —de un tiempo a esta parte— nutrir instagram con imágenes. Si no recuerdo mal, en sus proximidades y a los pies de la colina ennoblecida con las ruinas del Partenón se hallaban los vestigios del ágora, el lugar donde, en la antigüedad, los ciudadanos se reunían a debatir sobre todo aquello referente al gobierno de la polis, o sea, del Estado. Un espacio vacío, público, de nadie y de todos, abierto siempre a la libre expresión de la ciudadanía; una excentricidad para quienes, como los sátrapas de la por entonces enemiga Persia, no concebían una comunidad política que no tuviera por centro un templo o un trono. Entonces, hace veinticinco siglos, como ahora, los griegos se enfrentaron a un momento decisivo de su historia, y que a un tiempo fue determinante para el destino de toda Europa. Mediante su victoria sobre el imperio persa en las denominadas guerras médicas (principios del siglo V a. C.) marcaron la frontera oriental de la civilización europea; ahora, como entonces, lo que ocurra en sus próximas elecciones se entiende trascendental para el devenir inmediato de la unión monetaria (que no plenamente económica) de la así llamada zona euro. La historia tiene estas desconcertantes reiteraciones, como si se empeñara en querer decirnos algo que nosotros, por nuestra fatal torpeza, no terminamos de entender. ¿O acaso sí?
Indaguemos en el inconsciente colectivo plasmado en los símbolos y permítame el lector que le recuerde el mito de Europa (sí, claro, de los antiguos griegos). Así se llamaba una joven hija de un rey fenicio, de cuya extraordinaria belleza se prendó el dios Zeus, tan promiscuo como largo en recursos para satisfacer sus caprichos sexuales. Cuando la princesa se hallaba con su séquito recogiendo flores cerca de la playa el susodicho dios se le aproximó en forma de manso toro, atrayendo a la chica que acabó subiéndose a su lomo. Al instante el animal arrancó en veloz carrera llevándola consigo allende el mar hasta Creta. Allí el dios consumó su deseo lo suficiente como para que Europa le diera tres vástagos. Hasta aquí el mito griego.
¿Qué significa? ¿Por qué el continente tiene el mismo nombre que la protagonista de la historia? ¿Por qué se transformó su poderoso raptor en un toro? Que conste que tratándose de símbolos su exégesis nunca es una ciencia exacta; por eso mismo, tenemos vía libre para la especulación, para la libre asociación de ideas. Decía Carl Gustav Jung (otro europeo, como los griegos fabricantes de mitos, sólo que más rico que ellos, pues nació suizo) que los símbolos forman parte de un abigarrado universo fuera de los límites de la comprensión racional, cuyas raíces se hunden en el suelo nutricio de las experiencias humanas, que son siempre la génesis de todas las expresiones culturales alumbradas por las sociedades que en el mundo han sido, son y serán. Ésta, pues, sería la pasta de la que están hechos los mitos, como también los sueños, cuyas semillas simbólicas viajarían a través del tiempo y del espacio germinando en los espíritus aparentemente más distantes y más distintos. ¿Es posible que el mito del rapto de Europa tenga sentido actualmente más de dos mil quinientos años después, en la situación actual de la Europa del euro, iluminando a los griegos del siglo XXI a dirimir su porvenir?
Le contaré ahora, paciente lector, una historia real del siglo XX que dotó de renovado vigor connotativo al animal divino que raptó a nuestra Europa, el toro. Nos trasladamos al Nueva York de 1987. El mundo financiero se halla en crisis (lo dicho: la historia gusta de repetirse); otro “lunes negro”, el diecinueve de octubre, los mercados tiemblan, particularmente Wall Street, y la ciudad de los rascacielos parece sumirse en un estado depresivo. Entonces, un artista, un tal Arturo di Modica, crea una escultura de bronce de 3200 kg. de peso. Se trata de un toro inmenso en actitud agresiva, de embestida, con sus atributos de macho notablemente muy bien puestos (quienquiera puede constatarlo buscando su imagen en internet). El autor declara que es un regalo a la comunidad para levantar su alicaído ánimo, una representación de su pujanza emprendedora y su fe en el futuro. Toro embistiendo, que así fue bautizada la obra, tuvo su emplazamiento inicial por voluntad del artista frente a la bolsa de Nueva York el 15 de diciembre de 1989. Hoy se encuentra ubicada dos manzanas más abajo y ya es desde hace tiempo el icono del distrito financiero de la ciudad, símbolo —según se lee en distintas reseñas— del éxito, la realización, las ganancias, la agresividad, el optimismo y la prosperidad financiera, valores todos que cimientan la ideología neoliberal que arrasa en la economía global y, particularmente, en nuestra (des)Unión Europea, en cuyo piélago de infortunio naufragan los griegos.
De este modo el mito se torna profecía, el rapto de Europa trasciende su significación originaria —cualquiera que fuese— para proyectar sobre nuestra situación actual la potencia semántica de sus símbolos. Sí, nuestra Europa fue raptada hace ya demasiado tiempo por el toro, que la ha hecho suya para satisfacer su avaricia insondable; ¿podrán los griegos empezar la lucha democrática para liberarla?
25/1/2015
Los tratados internacionales que se avecinan contra los derechos de la clase trabajadora (II): TISA
Vidal Aragonés
Los servicios públicos tienen una justificación desde un punto de vista humanístico: satisfacer necesidades sociales y económicas vitales de una manera asequible y universal. Pretenden también evitar desastres “naturales”, medioambientales, sanitarios y económico-sociales. El origen es el Gran Contrato Social: se entrega paz laboral a cambio de derechos (y entre los mismos los servicios públicos). El pago de impuestos por las rentas de trabajo y algunas cotizaciones empresariales se transforma en salario indirecto que la clase trabajadora ha venido percibiendo a través de sanidad, educación, servicios sociales y todo tipo de servicios gratuitos o subsidiados. Sin duda que fueron la gran conquista del movimiento sindical durante el Siglo XX.
Ahora hemos de entender que la eliminación de los servicios públicos como los hemos conocido (servicios y públicos) tiene un objetivo y tendrá unos determinados efectos. Por un lado las grandes empresas pretenden acceder a nuevos mercados donde obtener multimillonarios beneficios, que serán más grandes cuanto más dificulten o imposibiliten la gestión pública. Ello generará a su vez una degradación sin precedentes de las condiciones laborales de los y las que trabajan en los servicios. El proceso ya ha sido descrito, teorizado y analizado por el compañero David Harvey bajo el concepto “Acumulación por desposesión”, la mercantilización de ámbitos hasta ahora cerrados al mercado.
Las negociaciones de TISA (Acuerdo de Comercio de Servicios) se iniciaron en año 2012 entre EE.UU., Unión Europea y diferentes Estados de Asia, América y Oceanía. Bajo el paraguas de un Acuerdo de inversión y de comercio se construyen derechos a los inversores limitándose garantías y derechos de consumidores y clase trabajadora.
El primer elemento que se ha de analizar sobre el TISA es el denominado Trato Nacional. Ello supone que las Administraciones tengan en consideración a los proveedores de servicios de manera no menos favorables que si fueran del propio país. A su vez quien quiera excluir determinados servicios del trato nacional lo deberá realizar con una identificación concreta.
Ello impide realidades en las que el servicio público se otorga preferencialmente a sociedades de proximidad o en las que parte de sus actividades reviertan en su comunidad, sociedades sin ánimo de lucro o cooperativas. De hecho incluso el extremismo del TISA lleva a que soliciten que no sea legal que en la Dirección de una Cooperativa exija a sus miembros la residencia en la comunidad. También se eliminaría así el apoyo económico (subvención o subsidio) para determinados servicios con gestión pública, debiéndose generar igual situación para proveedores privados con fines lucrativos.
Otro de los elementos definitorios es el denominado Mantenimiento del Estatus Quo y Cláusula del Trinquete. Ello viene a significar que se les exija a los Gobiernos mantener las políticas sobre servicios públicos existentes en el momento de la firma del Acuerdo. Así por ejemplo si existió una concesión privada y en exclusiva no podrá transformarse en la existencia de pluralidad de proveedores de servicios o la recuperación del carácter público en la gestión. Esta nueva realidad es incluso más violenta que la regulación del AGCS (Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, emanado de la Organización Mundial del Comercio) que permitía rescindir el acuerdo compensando, aquí ya no hay posibilidad alguna de cambiar la realidad. De hecho se convierte incluso en una limitación para excluir aquellos servicios públicos que puedan estar sujetos a monopolio público o a derechos exclusivos otorgados a empresas privadas.
De la misma manera, la forma en la que se pretende justificar qué legislación de los Estados supone una limitación contraria al comercio es a través de una pretendida falta de necesidad e irrazonabilidad. Con ello se buscaría que normativas relativas a educación, salud, agua o servicios culturales con garantías de continuidad, regularidad o universalidad fuesen eliminadas. Ello evidentemente es un atentado, como siempre, contra los más débiles en la sociedad: sectores de la clase obrera que necesitan de servicios sanitarios específicos (enfermos crónicos) o educativos especiales (diversidad funcional) que nunca podrán responder a criterios de rentabilidad. De la misma manera para zonas periféricas en las ciudades o en los países, por ejemplo el diseminado ámbito rural donde debe llegar por igual el correo, las nuevas tecnologías o el agua. El denominador común es que hasta ahora se podían imponer unos determinados precios que permitían garantizar el carácter universal del servicio sin necesidad que cada realidad individualizada respondiese al criterio de rentabilidad económica o beneficio. A lo anterior la concepción progresista de servicio público respondía con el carácter universal, la igualdad de derechos ante la desigualdad material.
Si bien el TISA es para el conjunto de servicios, hay algunos sectores en los que los lobbies que trabajan en los mismos están requiriendo con más insistencia su desregulación: actividades financieras y correo postal. Multinacionales como UPS (cuyas actuaciones ilícitas en el estado español han sido declaradas por los tribunales gracias a la incansable resistencia de los trabajadores y trabajadoras de Vallecas) exigen la eliminación de tratos preferentes para el servicio público, eliminación de garantías y obligaciones para el servicio postal, así como a la propia existencia del carácter universal del servicio. La banca, que tanto daño ha hecho en los últimos años, es otro de los lobbies que exigen ahora la eliminación de las obligaciones. También existe una enorme presión por aquellos que quieren controlar nuestros datos médicos.
El TISA afectará a los denominados servicios transfronterizos. Hasta ahora buena parte de los Estados condicionaban el desplazamiento de trabajadores a las denominadas pruebas de necesidades económicas o de mercado, en definitiva requisitos de inexistencia de mano de obra para desplazar trabajo. Con la nueva regulación se prohibirían estas limitaciones pero a su vez no se genera un marco de derechos para los trabajadores y las trabajadoras desplazados. A los mismos les podrá ser de aplicación la normativa del país de origen. A su vez los hará esclavos de una realidad en la que extinguido su contrato laboral finalizará su estancia en el país al que han sido desplazados.
También se solicita la eliminación de las prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud, certificaciones profesionales/comerciales para prestar un servicio específico así como los métodos de evaluación de servicios. Debemos pensar desde la licencia para ser empresa estibadora hasta el título de aptitud para ser estibador portuario. Desde las licencias del taxi hasta los controles de calidad.
La nueva forma regulatoria tan sólo puede ser caracterizada de dictadura liberal jurídica: te desregulo para que nunca más puedas regular. Todas las propuestas que se están discutiendo en el TISA tienen como común denominador limitar el derecho a regular de los Estados o a cualquier sujeto que titularidad normativa.
La construcción del nicho se realiza a través de anunciar la existencia de aranceles como limitación al comercio, pero si analizamos el discurso que se construye podremos observar que realmente su finalidad es eliminar regulación interna de los Estados (garantías y derechos) que nada tiene que ver con el concepto de arancel.
Los efectos que tendrá la firma del TISA serán incalculables pero podemos referirnos a algunos de los mismos. Los servicios públicos históricos pasarán paulatinamente a ser gestionados por empresas privadas y con una tendencia a que sean multinacionales. Ello no sólo generará un deterioro de los servicios sino paulatinamente una degradación de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que los desarrollan. Incluso para el supuesto que se impusiesen cláusulas de subrogación o que existiese sucesión empresarial, ello no evita que los nuevos contratados ya lo sean con inferiores condiciones laborales.
Los servicios dejarán de ser gratuitos (ya muchos no lo eran) y universales para pasar a tener un criterio de rentabilidad. En los servicios en los que se obtienen beneficios no participará el Estado, que tan sólo prestará beneficencia para aquellos sectores que no puedan acceder a los mismos y en ocasiones ni tan sólo ello.
De la misma manera, servicios que nunca han sido públicos o que dejaron de serlos perderán garantías, requisitos de titulación, etc., en un proceso inicial de colapso de los prestadores para degradar las condiciones laborales, para en una segunda fase tan sólo se mantenga la autoexplotación y las grandes empresas. Por supuesto, en un paso más allá en el tiempo los mismos se prestarán con una calidad ínfima. Mención especial será el efecto de los servicios transfronterizos con aplicación de la normativa del país de origen. Ello no sólo convertirá a algunos trabajadores en esclavos sino que provocará una degradación de condiciones de trabajo en el mercado interno.
[Vidal Aragonés es profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB, y abogado laboralista del Col·lectiu Ronda.]
2/2015
El silencio atómico
Miguel Muñiz
Es curioso que entonces la crítica de la presencia del franquismo en todas las instituciones, como no podía ser de otro modo, partía de la obviedad de que estaban tan en evidente declive y desaparición que no merecía la pena insistir en ello. Había tareas más importantes para la inteligencia.
Gregorio Morán, El cura y los mandarines (p. 586), refiriéndose a la presencia del franquismo en todas las instituciones políticas y culturales en el período de la “transición”.
Se trata de algo ya sabido pero que conviene recordar. El 25 de marzo de 2011, cuando sólo habían pasado catorce días desde el inicio de la catástrofe de Fukushima, la consultora ambiental Llorente & Cuenca difundió un documento titulado “La comunicación de la industria nuclear después de Fukushima” [1]; en siete páginas se analizaban variables de lo sucedido, lo que denominaban la “gestión” de la comunicación, y se marcaban pautas a seguir para afrontar el “escenario” que se había producido.
Releer este documento, notable por su crudo lenguaje, es un ejercicio interesante a casi cuatro años de distancia; no porque sea especialmente original en su contenido, sino porque permite interpretar la realidad presente y comprobar cómo las pautas marcadas se han desarrollado hasta sus últimas consecuencias. Como muestra, dos párrafos de su conclusión (las palabras en negrita están en el original).
Esta crisis nuclear aún tiene consecuencias imprevisibles. Pero la toma de decisiones estratégicas de comunicación por parte de los principales actores del sector, en especial de las empresas —a nivel local y global— en sus relaciones con las autoridades, medios de comunicación y sociedad en general, también en lo local y en lo global, resultarán determinantes para su sostenibilidad. Para su supervivencia.
La industria energética necesita ajustar de inmediato su narrativa sobre la legitimidad del negocio, que debe adaptarse a las dramáticas circunstancias actuales, y organizar una transmisión de la misma por canales tradicionales y online hacia sus stakeholders críticos. De no hacerlo, las emociones, el miedo, la presión de los activistas y la natural necesidad de los políticos de responder a las demandas sociales podrán acabar por fijarle un escenario de pesadilla para el futuro de su negocio.
El texto no tiene desperdicio. Dejando a un lado la referencia a los problemas que supone para la industria atómica la remota posibilidad enunciada como “la natural necesidad de los políticos de responder a las demandas sociales”, interesa comprobar cómo se han desarrollado a lo largo de estos cuatro años los planteamientos que formula, y cómo se han traducido en las políticas actuales.
En primer lugar, los defensores de las nucleares han trabajado sistemáticamente. Sólo un ejemplo: los días 9 y 10 de mayo de 2012 se celebró en Madrid el seminario “Crisis communications: facing the challenges”; la segunda sesión, el llamado “Workshop Internacional sobre comunicación de crisis en el sector nuclear”, se centró en el control de la información, en el apoyo global y la cooperación internacional, y en los procedimientos para hacer frente a lo que denominan “información informal”, es decir, las redes sociales y los canales que no se consideran “oficiales” [2]. Esta línea de trabajo se ha venido desarrollando y desplegando de manera continua; basta comprobar los recursos existentes en la Asociación Internacional de Energía Atómica y los encuentros programados a lo largo de 2015 [3].
En segundo lugar, se ha impuesto el silencio atómico. Al revisar 2014, sorprende ver la discreción informativa desarrollada a lo largo del año; el recuento de las notas informativas y las reseñas del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) permite comprobar que de los 34 sucesos que afectan al funcionamiento de las centrales [4], sólo uno ha aparecido en los medios de comunicación de difusión general: el escape de agua radiactiva del 28 de noviembre en la central atómica Ascó 2 (en El Periódico y el diario Ara, ente otros), lo que no es de extrañar dado el historial de la central en temas de dispersión de contaminación radiactiva.
Otros acontecimientos importantes, ocultos tras la confusa jerga desinformativa del CSN, tales como problemas en el presionador de Almaraz 1 (17 de octubre), extrañas anomalías en el control de gases de Ascó 1 (9 de mayo), o la incidencia relacionada con las pruebas que Garoña realiza para su puesta en funcionamiento (5 de noviembre), no pasaron de breves referencias en internet y en algunas webs especializadas.
Ni siquiera las operaciones de carga y descarga de combustible atómico, tan publicitadas y jaleadas en los medios hace un tiempo como fuente de “ocupación laboral”, han conservado su carácter publicitario. Un silencio espeso se ha ido imponiendo en todo lo relacionado con el tema atómico.
En tercer lugar, la información descontextualizada. Es cierto que la catástrofe de Fukushima aparece de vez en cuando en las noticias, pero siempre puntualmente, al hilo de datos que se descubren o que se facilitan (a veces con meses de demora para reducir o anular una posible respuesta social) de manera fragmentada, datos que sirven para distraer de lo que está sucediendo a nivel social, ambiental y de salud, e impedir una visión de conjunto de cómo la peor catástrofe atómica de la historia está transformando Japón, una sociedad que se presentaba como un modelo de capitalismo dinámico [5].
En cuarto lugar, con la desinformación, con la mención de tecnologías para mitigar la devastación continuada, pero sin ofrecer detalles de su eficacia, de su escala, ni informar de su fracaso cuando éste se produce. Es el caso del famoso “muro de hielo” que impediría el vertido continuo de agua radiactiva al océano.
En quinto lugar, el silencio afecta a la manera en que compañías eléctricas, bancos, estamentos universitarios y grupos de presión social y mediática que configuran el llamado “lobby nuclear” han silenciado incluso el discurso económico sobre la energía atómica. En consecuencia, una parte del estamento crítico ha abandonado la esgrima dialéctica que desplegaba sobre costos, inversiones, ocupación, agentes económicos, racionalidad y beneficios; y, por ello, una parte del discurso ecologista, que se había ido situando mayoritariamente en esas coordenadas, también ha quedado mudo.
En sexto lugar, no debe dejar de mencionarse el hecho de que continúa el silencio mediático sobre las líneas de denuncia que, desde el principio, fueron vetadas por el lobby nuclear con el consentimiento de una parte de los críticos: los llamados factores “emocionales” [6]; el riesgo y la angustia asociados a la idea de un “accidente”; la negligencia o la complicidad con las empresas de los organismos supuestamente reguladores o de control (como el CSN en España); la creciente contaminación radiactiva de las personas, el entorno y los alimentos; las enfermedades derivadas; el incremento del cáncer; la angustia que provocan las irracionales cifras vinculadas a los residuos radiactivos; la seguridad técnica de las centrales en funcionamiento; las vinculaciones militares, el estudio de las secuelas de Chernóbil, etc.
Recapitulemos. Existe una “verdad inconveniente”: ¿qué sentido tiene “agobiar” a una parte de la ciudadanía económicamente solvente y medio informada con determinados datos?; una parte de la ciudadanía que intuye el horror sobre el que se ha construido el “bienestar” no puede ser sometida a información que pueda generar angustia. Si son esos sectores sociales los que prestan apoyo económico y legitimidad a los colectivos que proclaman su voluntad de avanzar hacia la sostenibilidad, ¿por qué correr el riesgo de que dichos sectores se aparten por el rechazo a una información saturada de carácter “negativo”?
Todo esto ha llevado a la paradoja de que, estando en medio de la peor catástrofe atómica de la historia, el nivel de denuncia sobre ella se halla en mínimos históricos. Se ha impuesto una narrativa desordenada, limitada a la economía (“costos”), la tecnología (fusión, nuevos reactores, etc.) y con la contaminación radiactiva limitada a Fukushima; se insiste en la mentira sobre la aportación atómica a la “mitigación” del cambio climático. Cuestiones como la seguridad, la contaminación radiactiva de reactores que funcionan “sin problemas”, o los impactos sobre la salud y el medio ambiente de Ascó, Vandellós, Cofrentes, Trillo, Almaraz, están fuera de la agenda.
Además, el reajuste en la distribución social de la renta en favor de las clases dominantes —reajuste que se presenta a la opinión pública bajo la etiqueta “la crisis”— también ha provocado cambios en el mapa de los conflictos sociales. Las amenazas ambientales globales, aquellas que nos interpelan sobre la sostenibilidad del mundo en que vivimos [7], siempre han sido sufridas de manera diferente por ricos y pobres cuando se han afrontado catástrofes [8].
La promoción de una reflexión crítica desde el discurso ecologista tradicional sobre los limites temporales de las pautas de vida y consumo en los países ricos, así como la profundización en el conocimiento y nuevas formas de intervención social, ha eludido sistemáticamente entrar en la cuestión de las desigualdades. En el otro extremo, la renovación del discurso sobre el valor absoluto de “los puestos de trabajo” ha eludido el problema de los límites a la hora de justificar actuaciones [9]. En el fondo de ambos, la lógica económica como única fuente de legitimación, respaldada por la retórica al uso sobre “competitividad”, “emprendimiento”, “flexibilidad” y otros tópicos vacíos.
El silencio atómico se inscribe en esta lógica, en el rechazo al conflicto político en clave energética y su reducción a un “problema tecnológico”, de supuesta ignorancia de las amenazas globales, o de necesaria “reactivación del crecimiento”. Por detrás, los grupos de presión y las empresas eléctricas atómicas imponen el silencio con su enorme capacidad de incidir.
Frente a este silencio, una parte de los críticos de la energía atómica optan, en analogía con la cita que encabeza este artículo, por constatar “la obviedad” del “evidente declive y desaparición que no merecía la pena insistir en ello”, y se apuntan a “tareas más importantes para la inteligencia”.
Esperemos que, como se ha puesto de manifiesto tras 39 años en el caso del franquismo, no se descubra que la presencia actual del lobby atómico en todas las instituciones donde se elabora la política energética no era una “obviedad” que despreciar ante su “evidente declive”, sino que era parte de una calculada estrategia que comienza a rendir sus frutos. El alargamiento a 60 años, de momento, lo tienen prácticamente ganado [10].
Notas
[1] Disponible en http://es.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA/110321-llampc-handoutnuclearfukushima?related=1
[2] La presentación puede seguirse en http://scpro.streamuk.com/uk/player/Default.aspx?g=22cb77d8; la información está disponible en la web del CSN, http://www.csn.es/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=20643&Itemid=791&lang=es; una visión general comentada, en https://comunicaciondecrisisonline.wordpress.com/2012/05/11/conclusiones-del-workshop-hay-que-seguir-mejorando-en-las-crisis/
[3] Véase http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/
[4] La nota de balance de Europa Press menciona 37: http://www.europapress.es/sociedad/noticia-centrales-nucleares-almaraz-asco-vandellos-ii-sumaron-2014-total-28-37-sucesos-nucleares-20150101123654.html
[5] Basta comprobar la distancia que existe entre la política informativa general sobre Japón y la visión detallada que se puede consultar en el excelente blog de seguimiento semanal en castellano “Resúmenes desde Fukushima”, http://resumenesdesdefukushima.blogspot.com.es/, o las crónicas periódicas disponibles en http://www.sirenovablesnuclearno.org/fukushima/fukushima.html
[6] Otro motivo para leer el informe “La comunicación de la industria nuclear después de Fukushima”, en especial la parte en que da instrucciones a la industria para abordar la “crisis”, indicando que había que “llevar el debate al terreno técnico, lejos de las emociones (…)” (p. 1), en http://www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA/110321-llampc-handoutnuclearfukushima
[7] En síntesis, dichas amenazas globales se pueden caracterizar como las provenientes del cambio climático de origen antropogénico, la pérdida de biodiversidad, la dispersión de residuos y sustancias que amenazan la salud y la base biológica de las especies superiores, y el despilfarro de recursos limitados como los combustibles fósiles, el agua y otras sustancias minerales.
[8] La forma en que se han vivido (y se han utilizado políticamente) catástrofes provocadas por el cambio climático en sociedades con fuertes desigualdades sociales, por ejemplo, el huracán Katrina en EE.UU., nos ilustra que, pese a la veracidad de la adjetivación de “amenaza planetaria” o “amenaza sobre la especie humana”, la “especie” no es una categoría uniforme. Véanse la introducción y el cap. 20 del libro de Naomi Klein La doctrina de shock. En este orden de cosas, es evidente que no sería igual el impacto social que tendría un incremento del nivel del mar por el calentamiento global en la cuenca del Indo que en la cuenca del Mississippi.
[9] Resulta significativa, por poner un ejemplo de última hora, la reacción social de los habitantes del municipio de Carboneras ante el engendro urbanístico y ambiental del hotel El Algarrobico realizando una contraacción que cuestiona la denuncia previa emprendida por diversas organizaciones ecologistas. Véase http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-mas-centenar-vecinos-carboneras-reivindican-hotel-algarrobico-sea-legal-20140515134022.html
[10] La p. 203 del documento de registro de la Oferta Publica de Venta de Endesa indica: “(e) Hipótesis asociadas a los criterios de amortización. A partir del 1 de octubre de 2014, Endesa ha reestimado las vidas útiles de las centrales nucleares y los ciclos combinados que pasan a ser de 50 y 40 años, respectivamente, como consecuencia de estudios técnicos y jurídicos realizados internamente”. Ejemplo de una empresa que comunica las regulaciones políticas a los analistas y expertos en función de sus intereses, y sin que el gobierno sea tenido en cuenta.
[Miguel Muñiz es miembro Tanquem les Nuclears-100% EER, y mantiene la página de divulgación energética http://www.sirenovablesnuclearno.org/]
27/1/2015
Sobre victorias, pactos y acción política cotidiana
Comentarios prepolíticos: 22
Joan Busca
La política de nuestro país ha entrado en una nueva etapa con la irrupción de nuevas fuerzas y proyectos en parte emanados del 15-M (aunque soy de los que piensan que el 15-M fue más bien un momento de eclosión de dinámicas que habían tenido su momento fundacional en los movimientos antiglobalización y que tras años de titubeos lograron una primera diana en el 15 M).
Hay algo en común en la nueva izquierda —por más que trate de no aparecer como tal— que en plano estatal representa Podemos y en el local las diversas formaciones promovidas a partir de la aparición de Guanyem. Y es que se ven a sí mismas —lo ven sus activistas— como posibles ganadoras electorales capaces de aplicar su propio programa.
Seguramente es inevitable que cualquier programa rupturista tienda a adoptar este punto de vista, debido al optimismo necesario que sustenta la lucha electoral. Y no hay nada tan motivante como el autoconvencimiento de que se puede ganar (como sucede con las arengas militares o con los gritos de guerra de los entrenadores deportivos). Hay una línea de continuidad entre la propuesta de crear una nueva fuerza política, la convicción de que puede ganar y el convencimiento de que lo que se hacía antes no sirve. Sé que exagero: me consta que, al menos en Guanyem Barcelona, la gente se está preocupando por entender cuáles son los límites de acción del gobierno municipal, cuáles los mecanismos que coartarían las iniciativas más rompedoras, qué cosas se pueden hacer por mera voluntad política y cuáles requieren rodeos, a veces muy largos, para alcanzar el objetivo deseado. Pero en todo caso prevalece la idea de que todo depende de uno mismo.
La visión de esta izquierda es la que, en una visión gramsciana, llamaríamos de “guerra de movimientos”, por más que en este caso estos movimientos se limiten a una movilización electoral. Su posibilidad de éxito está basada sobre toto en el desprestigio de la vieja política tras años de crisis, recortes, corrupción, impunidad e inutilidad. Pero solamente podría darse en el supuesto que hubiera no sólo un sensible desplazamiento del voto, sobre todo el proveniente de las capas medias asalariadas, sino una vuelta masiva, cuanto menos sustancial, de la clase obrera tradicional, la más golpeada por las políticas de austeridad y la menos vinculada a la política tradicional. Si ello no ocurre, si el vuelco no es masivo, esta nueva izquierda se puede encontrar con un panorama poco pensado: por ejemplo el de obtener un buen resultado pero sin capacidad de imponer su proyecto (a Syriza le ha costado dos legislaturas ganar, se ha beneficiado de que la ley electoral griega “regala” 50 escaños a la formación vencedora y aún así ha tenido que realizar un pacto en gran medida anti-natural para formar gobierno). Y, en cambio, es una situación que requiere tener pensadas respuestas, para no improvisar y sobre todo para no generar tal grado de desconcierto en las bases que acabe por dañar al proyecto entero.
Pienso que a pesar de las oportunidades que ofrece la situación actual seguimos estando en una coyuntura de “guerra de posiciones”. Más bien que nos limitamos a defender unas pocas posiciones, pues quien lleva la inicitativa es un potente y extenso “ejército” que controla una amplia variedad de mecanismos —legales, mediáticos, económicos—, aglutina una ingente legión de seguidores con variados dominios técnicos y tiene, además, una impresionante red de aliados globales. Abrir brechas a esta ofensiva, consolidar posiciones y empezar a construir una alternativa requiere de muchas habilidades, esfuerzos, rodeos (que pueden a veces desviar y llevar a donde uno no tenía pensado). Y es en este cotexto donde hay que pensar en que a menudo son necesarios los pactos, la priorización de objetivos. En estas situaciones que al final se acaban dando es mejor ir prevenido de antemano que tener que justificar a posteriori. Por dos razones claras. La primera es porque cuando más pensados se tengan los movimientos más fácil es que resulten adecuados, más ponderada va a ser la toma de decisiones. Y la segunda, porque si las cosas se discuten de antemano es más fácil minimizar la sensación de que los dirigentes traicionan a las bases, fuente de desmovilización y desafección. Se trata no de que una fuerza alternativa deba definir sus posibles alianzas desde el principio, sino de que clarifique cuál es el espacio probable en el que se va a tener que jugar y el tipo de respuestas al mismo que se consideran o no aceptables. Derrotar una hegemonía asentada es siempre muy difícil sin entender que primero es preciso erosionarla. Es lo que aprendí leyendo novela negra, en concreto el Chandler de Cosecha roja. Y es lo que preocupa de las declaraciones de algunos de los líderes de Podemos, por su estúpido ninguneo de Izquierda Unida, pero también por una cierta arrogancia que puede generarles problemas e incomprensión si alguna vez se encuentran en la necesidad de pactar alguna cosa.
Los procesos electorales, como las manifestaciones o las huelgas generales, son “fogonazos”, “movimientos” que cambian las relaciones de fuerza. Pero es patente que alcanzar resultados sustantivos requiere mucho trabajo cotidiano en formas muy diversas: negociaciones, presión mediática (cuando es posible), concreción de propuestas etc. Por eso tienen tan poco “glamour” muchos movimientos sociales que trabajan a fondo las cosas, que tratan de mejorarlas aunque sea marginalmente, pero una parte importante de cuyo trabajo se produce en la trastienda, sin mucha visibilidad, con mucho desgaste, con dilaciones. Sin embargo, cualquier izquierda que quiera transformar el mundo debe estar dispuesta a arremangarse en estas tareas: es uno de los peajes que debe pagar quien quiere transformar la realidad. Algo a menudo difícil de entender en un mundo donde los “media” han convertido el éxito y la actuación bajo los focos (preferiblemente en “prime time”) en una pulsión generalizada. Por ello suele haber “overbooking” de aspirantes a listas electorales o a cabeceras de manifestaciones y, en cambio, padecemos de una carestía endémica allí donde hay menos visibilidad y más rendimiento a largo plazo. No es ninguna crítica moral a nadie, sino simple reconocimiento de lo real con ánimo de ayudar a cambiar las cosas. Si esto que explico es inevitable, quizás lo que haya que hacer es articular mecanismos para que todo el mundo tenga que arremangarse un poco y goce también de oportunidades de reconocimiento y presencia social. Aunque lo que de verdad pretendo destacar es otra cuestión.
Si en los movimientos sociales lo que acaba decantando el éxito o el fracaso de los proyectos es la capacidad de seguir los temas, de incordiar para que se lleven a cabo, o de controlar el cumplimiento de los acuerdos, en el plano de la acción política la batalla se juega en el trabajo cotidiano que se produce tras un buen resultado electoral. Que los candidatos y candidatas sean buenos es importante. Pero si sus equipos de apoyo —la gente que ayuda a que la política se lleve a efecto— fallan, cualquier resultado es inutil. Tan importante es ganar las elecciones como generar equipos de trabajo que sean capaces de traducirlo en política del día a día. De la misma forma que tan importante es defender la participación social en la política como articular buenos mecanismos para que esta proposición sea efectiva. Y por ello una izquierda que pretende transformar cosas debe pensar también, con tranquilidad, cómo articular esta estructura de trabajo en la que de verdad se asan las castañas.
Siempre hay una vía para eludir estos problemas: negarse a reconocerlos. Y mantenerse de forma persistente en la posición de que “o hay ruptura total, o mejor mantenerse fuera”. Es entendible. La cotidianedad mancha. Una política de compromisos, acciones pequeñas y rodeos puede acabar corrompiendo un proyecto. Pero eludir por sistema estos problemas casi siempre conduce al esterilizado mundo de la utopía para pocos, o a un eterno esperar al Godot de la revolución definitiva. En su peor versión, conduce al sectarismo de considerar enemigo principal a quien simplemente se tiene más cerca. De todo ello hay trazos en la política actual de mi ciudad.
A pesar de todo, soy optimista y creo firmemente que es posible hacerlo mejor, desarrollar una estrategia de cambio a largo plazo que no renuncie del necesario compromiso con la realidad del momento, de obtener un plan de ruta que permita saber cuándo un rodeo es necesario y cuándo simplemente nos está desviando de dirección. Y que pueden tenderse puentes entre la acción cotidiana y un compromiso firme con la imperiosa necesidad de construir un sistema social distinto.
30/1/2015
La lógica del populismo
Antonio Antón
La palabra ‘populismo’ no tiene un significado unívoco. Además, bajo su denominación aparecen movimientos populares y tendencias políticas de signo diverso y contradictorio. Analizamos sus fundamentos teóricos, como lógica de acción política, y sus insuficiencias, especialmente su ambigüedad político-ideológica o programática.
Qué es populismo
Populismo, con una definición sencilla (Diccionario María Moliner), es la “doctrina política que pretende defender los intereses de la gente corriente, a veces demagógicamente”. La apelación a las demandas del pueblo, en el sentido de capas populares (la plebe), frente al poder establecido o las élites dominantes, es lo más específico de este pensamiento. Para profundizar en esta idea básica, particularmente en la ambigüedad ideológica de la teoría populista, vamos a analizarla teniendo en cuenta la aportación de Ernesto Laclau, reconocido teórico del populismo de izquierdas, algunas de cuyas ideas influyen en dirigentes de Podemos.
Esta definición no dice nada de su contenido sustantivo, de su orientación y papel político-ideológico. La llamada al pueblo aclara algo de su composición interclasista de distintas capas populares (clases trabajadoras y medias, campesinado, pequeña burguesía propietaria, desempleados o precariado…) frente a las élites dominantes. En ese sentido se pone de parte de las clases subalternas, pero no especifica la relevancia, los contornos y el papel de cada grupo social y su representación dentro del conjunto popular. Pretende modificar el poder, pero tampoco precisa las características sustantivas del tipo de sociedad, economía y estado a construir: reaccionarias y autoritarias o democráticas y progresistas. Al hacer hincapié en el sujeto pueblo frente al poder (oligárquico), se deduce que puede tener un componente emancipador de la dominación. Pero eso la teoría populista no lo explicita al considerarse un enfoque que no entra en el carácter del proyecto transformador.
Sabemos algo del qué (el cambio) y quién sustituye a quién (el pueblo, su nueva representación, a la oligarquía anterior), y muy poco sobre el para qué, más allá de una redistribución del poder, es decir, el contenido sustantivo del cambio. Esta teoría se centra en el “cómo” ganar (polarización, hegemonía) los de abajo a los de arriba, y deja en un segundo plano los demás interrogantes. Los fundamentos de su aportación son de orden procedimental: es a partir de las demandas insatisfechas del pueblo como se opera una unificación de las demandas populares, se construye un discurso y una retórica, y se articula una hegemonía político-cultural para vencer al poder establecido. Esa apelación al pueblo, a considerar la opinión de la ciudadanía, le da un sesgo democrático y antielitista. Luego vienen la necesidad y el carácter de su articulación, no siempre bien resuelta.
Por otro lado, hay que distinguir entre teoría populista, con ese componente de indefinición sustantiva, político-ideológica, sociocultural o programática, y movimientos populares reales e incluso personalidades y teóricos que se consideran populistas. Todos ellos apuestan por la defensa del pueblo frente al poder constituido; pero además, y es lo principal para definirlos, son portadores de un contenido sustantivo: orientación, objetivos, valores éticos, dinámica, tipo de relaciones y alianzas. Y esos componentes pueden ser democráticos o autoritarios, igualitarios o injustos, liberadores o dominadores, emancipadores o de subordinación popular, así como con elementos neutros, intermedios y mixtos.
En el primer plano, teórico, podemos decir que no hay populismo de izquierdas o de derechas, su definición se plantea en el campo de la lógica de la acción política, de los mecanismos de confrontación y acceso al poder. Muchos movimientos populares reales pueden compartir esa lógica. No obstante, su situación socioeconómica o de subordinación política, el sentido de sus demandas y reivindicaciones, sus valores sociales, éticos y democráticos o, en fin, el significado de su práctica sociopolítica, su experiencia, sus aspiraciones y el modelo social y político a conseguir, son los aspectos más fundamentales y definitorios de su carácter. De esa forma existen dinámicas populistas reales de izquierda o de derecha, nacionalistas o estatistas. La cuestión es que existen movimientos, tendencias o personas progresistas, igualitarios y liberadores, o bien reaccionarios, conservadores y autoritarios. Además, se enfrentan al establishment, sin que por ello se les deba clasificar bajo la etiqueta de populismo.
Por tanto, sus categorías centrales, antagonismo de dos bloques, poder (institucionalizado) y pueblo (emergente), y construcción hegemónica del segundo frente al primero mediante la unificación de demandas populares, son importantes pero insuficientes para identificar su posible doble (o variado) carácter: por un lado, el sentido emancipador, igualitario y solidario de un movimiento popular o, por otro, su significado autoritario, regresivo y divisionista. Para ello habría que considerar los componentes sustantivos de los sujetos de determinado proceso político (igualdad, libertad, democracia, solidaridad, laicidad) que son constitutivos de la realidad de los dos campos principales, poder establecido y pueblo, y su interacción.
En la definición de la teoría populista quedan marginados al centrarse en los mecanismos o procedimientos de acceso al poder. No es una técnica neutra para conquistarlo y gestionarlo. Pretende servir a la mayoría popular subordinada frente a la minoría dominante. Pero al no valorar el sentido de cada movimiento popular real, su cultura, sus valores y su orientación programática, así como el tipo de poder al que se enfrenta, no permite juzgar cómo se articula ese pensamiento con el movimiento y se evalúa su trayectoria y significado.
La razón populista como lógica política
La razón populista de Laclau no es propiamente una ideología o una teoría política con una estrategia y un programa definidos. No es una doctrina completa o cerrada como las clásicas provenientes del siglo XIX (liberalismo, socialismo, marxismo, nacionalismo), ni tampoco un proyecto o modelo social y económico, valores éticos e ideales, más allá de impulsar la participación popular y la radicalización de la democracia. Solo propone unos criterios básicos para la acción política: 1) polarización de los de abajo frente a los de arriba; 2) empoderamiento y hegemonía del pueblo frente al poder establecido, y 3) radicalización democrática y participativa (proceso constituyente) contra a la oligarquía. Esos tres ejes, no exclusivos de esta corriente, le dan a esta teoría un perfil “popular”, diferenciado de las minorías oligárquicas actuales y sus políticas antisociales. Pero son insuficientes para determinar su significado político, su orientación programática y su evolución.
De hecho, bajo ese rótulo de populismo se suele incorporar a una gran variedad de movimientos populares y tendencias políticas con contradictorias posiciones políticas e ideológicas, desde el nazismo, el actual neofascismo europeo y el etnopopulismo hasta el populismo latinoamericano y el Partido Comunista Italiano de Togliatti, pasando por sectores críticos de la actual socialdemocracia europea o el ala izquierda del Partido Demócrata estadounidense.
Esa lógica política hay que referirla siempre a cada contexto y sus actores principales. Su sentido y su capacidad interpretativa y articulatoria están vinculados con el carácter del movimiento popular concreto, con su experiencia sociopolítica, su cultura, su por qué y su para qué. En particular, en situaciones como la actual en España, esos mecanismos adquieren un significado preciso, progresista y democratizador. El fenómeno Podemos es diferente del chavismo venezolano, más parecido a la Syriza griega y contrario al francés Frente Nacional de Le Pen. Quedarse en el antagonismo o la apelación al pueblo todavía deja una gran vaguedad que cada actor rellena con su orientación político-ideológica particular, dándole a esos conceptos un significado contradictorio.
Esas tres dicotomías y sus dobles elementos están interrelacionados con la realidad social y la conciencia popular específicas del actual conflicto social y político en esta crisis sistémica. En España ese enfoque, ligado a una experiencia democrática y una cultura de justicia social y derechos humanos del movimiento popular, así como a un talante progresista de las élites asociativas, permite elaborar una determinada orientación política básica. Esta no es de carácter reaccionario y totalitario, como puede ocurrir en otros países, sino de carácter igualitario y democrático, al estar asentada en una dinámica sociopolítica progresiva y alternativa frente a un poder regresivo. La inserción de ese esquema interpretativo y de acción política, con una ciudadanía indignada frente a los recortes sociales, el autoritarismo político y la corrupción institucional, y una ciudadanía activa crítica y progresista, le permite consolidar un talante ideológico emancipador: defensa de las capas populares, sus derechos sociales y sus libertades democráticas frente a la desigualdad y la subordinación promovidas por “este” poder institucional y financiero y su estrategia antisocial y autoritaria. Así ha sido visto por una gran parte de la ciudadanía descontenta.
Esa lógica política al asociarse con la dinámica específica de un movimiento popular progresista y sus demandas sociales y democráticas, bloqueadas por las élites dominantes, da como resultado un impulso hacia un cambio social y político igualitario y liberador; y nítidamente democrático y progresista, aunque tenga diversas lagunas. Junto con el proceso de conformación, exigencia y conquista de estas demandas populares, puede aportar una identificación colectiva, cultural o ideológica, mucho más definida en su significado emancipador que las ideologías convencionales, incluidas algunas supuestamente progresistas o de izquierda. Pero entonces ya se está combinando con el material cultural y relacional existente, conformado por diversos fragmentos y corrientes culturales más o menos eclécticos o coherentes.
Sin embargo, son la situación y la conciencia social de desigualdad e injusticia frente a la gestión regresiva de las élites dominantes, así como la existencia en la sociedad de una amplia cultura de los derechos humanos y la justicia social, una fuerte capacidad expresiva y un amplio tejido asociativo progresista, los factores que condicionan la constitución de este tipo de movimiento cívico y democrático, incluida su articulación política y electoral.
En comparación, este discurso polarizado ha servido para explicar mejor la prepotencia de los adversarios del poder, encauzar una aspiración de defensa ciudadana de los derechos y libertades y estimular el cambio progresista, que los discursos de las izquierdas tradicionales.
Las grandes ideologías de estos dos siglos, incluidas las de las izquierdas, no son suficientes para interpretar la nueva problemática social y política. Menos aún para definir y orientar un proyecto transformador de carácter democrático, igualitario y emancipador. No por ello hay que desechar todo su contenido o no aprender de sus errores. Existen muchos elementos imprescindibles que incorporar en un nuevo discurso, incluidas las mejores ideas y proyectos ilustrados, progresistas y de las izquierdas, bajo los grandes valores e ideales de libertad, igualdad y democracia. No son palabras vacías, sino ideas-fuerza que han estado encarnadas en los mejores movimientos sociales y populares de estos siglos y constituyen componentes fundamentales para las fuerzas alternativas.
La teoría populista de Laclau, que recoge aspectos del marxismo menos ortodoxo (Gramsci y Mariátegui), junto con elementos posmarxistas, así como las aportaciones de otros pensadores, como E. P. Thompson y Ch. Tilly, aportan algunos esquemas interpretativos de la dinámica de la contienda política y el significado de los movimientos sociales y populares. No llegan a conformar una teoría acabada, hoy imposible. Estamos ante una crisis también ideológica o una situación postideológica, pero sin llegar a afirmar la idea conservadora del fin de la historia o la idea posmoderna de la invalidez de los relatos y proyectos colectivos. Se trata de elaborar paradigmas de alcance medio. Teorías sociales que favorezcan la interpretación de los nuevos hechos sociales y faciliten su transformación progresiva.
No obstante, la teoría populista, además de ese límite de reducir su contenido a la lógica de la acción política, tiene otras deficiencias. En particular, relacionado con su contenido ideológico o programático, la creencia de que una lógica o técnica de acción política sea suficiente para orientar la dinámica popular hacia la igualdad y la emancipación. O que con un discurso apropiado, al margen de la situación de la gente, se puede construir el movimiento popular. Infravalora la conveniencia de dar un paso más: la elaboración propiamente teórica, normativa y estratégica, vinculada con las mejores experiencias populares y cívicas, para darle significado e impulsar una acción sociopolítica emancipadora e igualitaria. El paso de las demandas democráticas y populares insatisfechas hasta la conformación de un proyecto transformador y una dinámica emancipadora debe contar con los mejores ideales y valores de la modernidad (igualdad, libertad, laicidad…). Estos, en gran medida, se mantienen en las clases populares europeas a través de la cultura de justicia social, derechos humanos, democracia…, cuyo refuerzo es imprescindible.
Diversidad de la orientación política de los movimientos populares
El significado del proceso de sustitución del poder establecido por el movimiento popular, para la teoría populista, está indefinido ideológicamente, así como el carácter de los dos principales tipos de agentes y si el cambio institucional va en un sentido emancipador e igualitario o en otro opresivo y desigual. La apelación al pueblo no es suficiente para explicar el sentido completo de un movimiento populista y tampoco es un rasgo específico de él. Nos encontramos con que, históricamente, ha habido populismos de “izquierda” y de “derecha”, incluso de izquierda radical y de extrema derecha o, también, nacionalistas y estatistas, autoritarios y emancipadores. Los movimientos populares considerados populistas tienen un rasgo común: una lógica política que consiste en la polarización de los dos bloques, poder y pueblo, la constitución de este en sujeto global de cambio, con plena identificación con sus demandas populares, para la conquista de la hegemonía, cultural y política, frente a la oligarquía o poder establecido.
No obstante, esas dinámicas pueden tener suficientes diferencias sustantivas y ese rasgo común ser muy secundario para su identificación. Dicho de otro modo, el conflicto sociopolítico y la hegemonía de unos actores sociales y políticos no son mecanismos analíticos o normativos específicos de la teoría populista. Son compartidos por otras corrientes de pensamiento, desde el marxismo y el hegelianismo hasta el nacionalismo y el fascismo, pasando por la teoría política progresista y social-liberal. Si Maquiavelo, fundador de las ciencias políticas, ya aportaba elementos para la gestión política y la dominación por parte del príncipe, luego clase dominante y Estado, el populismo pretende ser una doctrina al servicio del pueblo frente al poder instituido. Pero esa idea genérica también es compartida por otras corrientes doctrinales.
Sin embargo, esos mecanismos, en ausencia de la interpretación de la dinámica efectiva y la concreción explícita respecto de una función o un proyecto igualitario, emancipador y democrático, son compatibles con distintos tipos de movimientos sociales y procesos de protesta social. La apelación al pueblo la realizan todo tipo de élites y fracciones del poder para incrementar su legitimidad social o su representatividad parlamentaria. No obstante, no es un indicio suficiente para la evaluación de su sentido reaccionario o emancipador. Tampoco son completamente definitorios otros elementos como el liderazgo o el presidencialismo, utilizados por todo tipo de partidos políticos y grupos sociales, con un impacto mucho más pernicioso cuando se tiene más poder, así como el querer acceder al poder desde una posición subordinada.
Su valoración sustantiva depende de qué tipo de poder se pretende derribar y qué características tiene la fuerza emergente, más allá de poseer una base popular, que también la suelen tener grupos conservadores o reaccionarios, y homogeneizar algunas demandas sociales bloqueadas desde el poder establecido. Con solo esos elementos de identificación, de lógica política, se produce una dispersión del significado de cada movimiento populista real que habría que juzgar por esa orientación de fondo (el qué, por qué y para qué), que precisamente no entra en su definición de populismo (centrada en el cómo) y más allá de su pretensión de disputar el poder.
Sin ánimo de ser exhaustivos, Laclau considera populistas los siguientes movimientos populares: el populismo ruso del siglo XIX, basado en el campesinado frente al zarismo; el PCI en la posguerra mundial, con Togliatti y su propuesta de llevar a cabo las “tareas nacionales de la clase obrera” y constituir un “pueblo”; la Larga Marcha de Mao y el Partido Comunista Chino, en los años treinta, con su “frente antijaponés”, incluida la alianza con el Kuomintang; el peronismo de Argentina, desde la década de los cincuenta; el neofascismo xenófobo del Frente Nacional del francés Le Pen y distintos movimientos similares de extrema derecha aparecidos en Europa en los últimos años.
El concepto de ‘fronteras flotantes’ de este autor tiene sentido para explicar estos casos. Expresa que tanto el poder como el pueblo se construyen políticamente en un contexto determinado y son autónomos de la configuración estricta del poder económico o la estructura social. Supone que incluso una fracción del poder financiero o institucional puede pasar a ser considerado parte del pueblo (o aliado), frente a otra fracción del poder todavía más regresivo. En esta situación no significa que no importe el carácter político-ideológico de una fuerza, sino que la línea de demarcación de amigo-enemigo se fija precisamente por ese significado político o geoestratégico, no por su estatus económico. A esa idea de variación de los límites de cada uno de los dos campos principales podríamos añadir la existencia de sectores “flotantes” o intermedios, que van y vienen o no se definen completamente por ninguno de los dos bandos en conflicto abierto.
Lógica populista e indefinición de su orientación política e ideológica
La teoría populista mantiene una ambigüedad ideológica o la indefinición doctrinal de su orientación política, lo que da lugar a que bajo esa palabra exista una dispersión de distintos movimientos populistas (o populares) en el eje principal del sentido autoritario-regresivo o emancipador-igualitario. Debido a ese cajón de sastre, con dinámicas sustantivas contrapuestas, desechamos cualquier identificación de un movimiento social democrático como el español con esa corriente de pensamiento o bajo su etiqueta, ya que no define lo sustancial del mismo y genera confusión. Su indefinición respecto a valores centrales de libertad, igualdad y democracia, la incapacita para la identificación con su discurso, cuya ambigüedad ideológica deja el campo libre para que su contenido identificador lo rellenen otros o con materiales reaccionarios. Sinteticemos los elementos centrales de la teoría populista de la mano de Ernesto Laclau, que se autodefine como populista de izquierdas.
El populismo como teoría es, sobre todo, una “lógica política”, una forma de construir lo político y acceder al poder. Tiene una base popular, sin especificar su composición interna y el condicionamiento de sus intereses materiales, que se enfrenta a un poder (oligárquico o minoritario), sin definir su carácter. No tiene una orientación ideológica determinada, de izquierdas o de derechas (o de centro).
Lo específico del populismo sería la existencia o la construcción de dos bloques diferenciados, uno el poder establecido, otro el sujeto político popular que se conforma con la unificación de las demandas sociales (insatisfechas por el bloqueo del poder). Se parte de las demandas sociales, inicialmente heterogéneas o “democráticas”, para construir las demandas “populares”, a través de un proceso “equivalencial” de juntar lo común de aquellas e impulsarlas y superarlas en una dimensión global. Básicamente, el populismo son estos dos rasgos encadenados: constitución de dos bloques antagónicos, con claras fronteras (aunque “flotantes”) entre poder y pueblo, y construcción de un sujeto de cambio a través de la identificación y la hegemonía de las demandas populares, con el discurso, el liderazgo y la retórica correspondientes.
No obstante, existe la evidencia histórica de diversas polarizaciones sociopolíticas en dos campos fundamentales contrapuestos, los dos con cierta base popular y con gestión del poder o vocación de ejercerlo. Por tanto, es importante precisar dos cuestiones: 1) los mayores vínculos de cada uno de ellos con los poderosos y fracciones de ellos o con las capas populares; 2) si sus proyectos y tendencias transformadoras van en un sentido progresista en lo socioeconómico y democratizador en lo político o lo contrario, de mayor subordinación popular y autoritarismo del poder. Con esa formulación de pueblo frente a poder, no se terminan de definir los objetivos, los valores y los proyectos de sociedad y sistemas políticos y económicos. El elemento clave para esa teoría es partir de las demandas de abajo, del pueblo, pero no se nos dice cómo se han conformado, a qué intereses y prioridades obedecen y qué función tienen en relación con el avance hacia esos objetivos globales, de menor desigualdad y mayor libertad de los grupos subalternos y dominados.
El paso de necesidades e intereses de las clases trabajadoras (incluidos el precariado y los desempleados) y las clases medias (estancadas o descendentes) a reivindicaciones inmediatas requiere unas mediaciones y una articulación, que solo aparecen en el paso siguiente: de las exigencias básicas y democráticas a su transformación en demandas populares, con una dimensión global y una identidad popular antagónica con el poder o la casta. Esa identidad de antagonismo se asemeja a la conciencia de clase del marxismo que permitía la formación de un conjunto social (clase obrera o trabajadora) diferenciado y opuesto a la clase dominante (burguesía u oligarquía).
Esta teoría populista define un mecanismo o un procedimiento: antagonismo de dos sujetos, el poder popular emergente frente al poder existente. Y luego señala las pautas para la constitución del sujeto (pueblo) para acceder y construir un nuevo poder a través de la hegemonía.
Laclau no es determinista como las versiones ortodoxas o rígidas del marxismo. Para él lo principal es la existencia dentro de la población de esas demandas iniciales insatisfechas, como una cosa dada. Pero las demandas populares, aunque son de la gente corriente, es decir, obedecen a intereses de las capas subalternas, dependen menos de las condiciones materiales del pueblo. En su conformación tiene un papel mucho más fundamental el activismo constructivista o la articulación de una élite que ofrece un discurso y una retórica, por una parte, con suficiente ambigüedad —significante vacío— para englobar el máximo de descontento y exigencias populares y, por otra, que facilite la construcción de la identificación del pueblo frente al poder oligárquico. Así, el dar nombre a las realidades sería fundamental para conseguir hegemonía.
La cuestión es que esa “nominación” debe tener un nexo con la realidad social y la experiencia vivida por la mayoría de la población. Es decir, debe representar o expresar un significado relacionado con la mejora de su situación de desventaja o subordinación o, lo que es lo mismo, debe señalar un camino hacia una mayor emancipación e igualdad.
En resumen, el discurso sobre unos mecanismos políticos (polarización, hegemonía, demandas populares), para evitar ambigüedades que permitan orientaciones, prácticas o significados distintos y contradictorios, debe ir acompañado con ideas críticas, asumidas masivamente, que definan un proyecto transformador democrático, igualitario y solidario. Queda abierta, por tanto, la necesidad de un esfuerzo específico en el campo cultural e ideológico para avanzar en una teoría social crítica y emancipadora que sirva para un cambio social y político de progreso.
[Antonio Antón es profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid]
26/1/2015
Convivencia escolar y moral democrática
José Manuel Barreal San Martín
La escuela es una institución educativa e histórico-social que está inmersa y asentada en relaciones interpersonales entre profesorado, alumnado y familias. Estas relaciones son dinámicas y en función de las características socio-económicas y culturales, resulta indiscutible que se pueden dar, y de hecho se dan, circunstancias más o menos conflictivas, que abocan a situaciones en las que la convivencia entre la comunidad educativa , y no sólo con y entre el alumnado, propicia desavenencias. Así, en los últimos años la convivencia en el aula es preocupación de toda la comunidad educativa, trascendiendo ya a la sociedad en general y siendo el centro de atención de los medios de comunicación de masas y no siempre con el ánimo de una veraz información. Lo cierto es que las formas de relacionarse entre los principales protagonistas —alumnado entre sí, y estos con el profesorado— ha cambiado y no siempre para mejor.
Quien no entienda, desde el colectivo del profesorado, que la institución escolar está inmersa, como no podía ser de otro modo, en el cambio cultural de la globalización neoliberal, perdiendo o cambiando los valores de respeto que antaño tenía la autoridad profesoral y en la que el profesor y la profesora obtenían un consenso de aula, -que algunos entendemos era más de sumisión que de aceptación necesaria del mismo-, tendrá consigo un permanente conflicto que le dificultará las relaciones escolares con el alumnado y, tal vez, con aquellos compañeros y compañeras que analizan, reflexionan y adaptan la esfera educativa al contexto socio-cultural.
Tendremos que admitir que hace unos años la convivencia en el centro escolar, no era noticia como lo es ahora en los medios de comunicación: porque éramos los alumnos y las alumnas quienes sufríamos las inclemencias punitivas del profesorado un día sí y el otro también. Actualmente, la convivencia en los centros escolares está siendo debatida y numerosos estudios, unos más fiables que otros, intentan dar soluciones. Sin embargo, sigue estando enfocada y protagonizada por el alumnado entre sí y por estos hacia el profesorado, no admitiendo en los análisis la posibilidad de que, tal vez, algunos profesores y profesoras puedan ser causantes de determinadas situaciones no deseadas en los centros y en la aulas. Hay profesorado que tiene como principio “sine qua non” que el alumnado es, mientras no se demuestre lo contrario, sospechoso de no estudiar, de no respetar, etc.
El alumnado, presuntamente violento, tiene su responsabilidad, no hay duda. Lo mismo puede ocurrir con aquellos profesores y profesoras que con sus actitudes pueden fomentar la indisciplina. La influencia de estos colectivos, aun siendo minoritarios, en los respectivos centros no favorece la convivencia escolar que luego se reclama.
Al alumnado de nuestros centros escolares le ha tocado desarrollarse, tanto física como intelectualmente, en lo que se ha dado en llamar “generación posmoderna”. Una posmodernidad en la que la escuela está inmersa en un mundo más hostil que pacífico. En una sociedad más generadora de violencia que de diálogo. Más competitiva que solidaria. Una sociedad donde el triunfo del capitalismo en su versión neoliberal, perenniza el presente y propaga la idea de que la vida no vale, sino es aquí y ahora.
Parte de la juventud actual respira la cultura del gran vacío y del narcisismo deprimente, llevándola a sustituir “la construcción de un mundo mejor” por una literatura de evasión, esotérica y de autoayuda. Son jóvenes que conviven con la violencia estructural de la sociedad, que están condenados al trabajo -cuando lo tienen- precario, indecente y si no al desempleo. Ellos y ellas lo saben. Todo influye negativamente en los valores, actitudes y comportamientos de una juventud que en palabras del sociólogo Javier Elzo, se encuentra desprotegida por unos adultos a quienes “les falta tiempo para transmitir valores en la sociedad actual”.
No podemos obviar que las causas extrínsecas al centro no son sólo las generadoras de disfunciones en la convivencia. La propia institución escolar genera también violencia y tiene su propia responsabilidad: la organización del centro, la masificación, ciertas normas impuestas, el currículum, tanto el explícito como el implícito, ciertas formas de evaluación.
Uno de los presupuestos básicos que es generador de violencia dentro del propio sistema escolar es pensar que es posible la estandarización del alumnado, sus capacidades y sus expectativas, con todo lo que de negativo conlleva tal presupuesto.
Las posibles respuestas ante situaciones conflictivas son complejas porque existe una gran diversidad socioescolar; porque se cruzan factores diversos; porque, en definitiva, existen manifestaciones preocupantes de crisis y reajustes económicos, sociales, funcionales, culturales, morales, etcétera. Así, según interpretemos las situaciones y las causas, nos situaremos en posiciones que van desde aquellas que ponen el énfasis en la dimensión psicológica del problema, enfocando su comportamiento y posible solución de manera individual, como programas de intervención en la modificación de la conducta y habilidades sociales (según el respaldo de la teoría psicológica correspondiente), a quienes entendemos que las situaciones y factores ambientales, sociales, familiares, culturales, del propio centro escolar y hasta personales, todos ellos en toda su complejidad, están presentes en los comportamientos, violentos o no, del alumnado, desarrollando, entonces, la llamada perspectiva ecológica-social, que enmarca la convivencia escolar como un modo de organización social, necesario para un buen quehacer y entendimiento entre los protagonistas de la misma, con sus valores, procedimientos y sobre todo en las relaciones entre profesores y alumnado y profesores entre sí. Es necesario, entonces, intentar estructurar una acción educativa que proponga, si no soluciones, al menos algo que vaya más lejos de la propia coyuntura del centro escolar. Para ello, habría que tener presente dos perspectivas subyacentes:
La sistémica que nos ayuda a entender que todo está relacionado, que no podemos fijar el objetivo en un punto concreto del problema, sino que a nuestro alrededor, a derecha e izquierda, existe interactividad, y la perspectiva de la complejidad, que nos informa de que la realidad no es simplificable.
Vaya por delante que huyo de dos mitos, actualmente consolidados en el imaginario del colectivo del profesorado: el mito del consenso, al que opongo el compromiso y la responsabilidad en la coherencia de la acción. Y el mito de que la escuela es un espacio neutro, de igualdad o de compensación de las desigualdades de “cuna". La institución escolar, por los factores expuestos más arriba, es un espacio de lucha social; afirmar lo contrario es enmascarar el problema.
Por eso, en la formación de las personas, en el seno de la institución escolar, debe de primar una escuela despojada de tanto matiz técnico. Una escuela que asuma una perspectiva más social y comprometida. Alejada de los planteamientos rancios que acompañan ciertas propuestas de calidad total o de excelencia y acercarla desde una “moral democrática" (entendiendo la misma como la formación y aportación de herramientas, actitudes, conocimientos y valoraciones éticas), a la educación de personas que desde la participación activa y real en la ciudad, hagan posible un futuro más solidario. Consolidando, a su vez, unas relaciones de convivencia más horizontales y por lo tanto más democráticas. Para ello se precisa el fortalecimiento de hábitos democráticos como el voto, el debate y la participación efectiva del alumnado; la toma de conciencia del compromiso cívico y de la responsabilidad cívica; disposiciones éticas como la responsabilidad, la honestidad, la franqueza, el respeto, etc. Son ejes imprescindibles en la democracia escolar como antesala de la social.
La escuela, a mi entender, debería organizarse anticipando una mejor sociedad, ayudando a las personas susceptibles de ser educadas a reconsiderar sus prácticas y las representaciones que elaboren del mundo que las ha tocado vivir. Así lo entiendo dado que la escuela es un espacio político en el que el profesorado y el alumnado establecen unas relaciones de asimetría que con todos los problemas que conlleva, implica, necesariamente, participar, discrepar, disentir, transformar. En definitiva, aprender a vivir y a compartir el poder o cuestionarlo.
Así, el proceso en una “moral democrática” se sustenta en el reconocimiento de cada persona como autónoma, capaz de interactuar dialógicamente con otras personas, demandando una cultura política rica en participación, compromiso y responsabilidad. Este proceso de “aprendizaje democrático” tiene que estar mediado por la intencionalidad y los significados que el profesorado dé a las experiencias educativas, involucrando una gran cantidad de aprendizajes que son atravesados por la construcción de la autonomía: sólo la acción democrática genera personas democráticas.
Al final la Escuela pública
La formación de una ciudadanía verdaderamente crítica, solidaria y libre no puede quedar en manos de un modelo de escuela burocratizada que responde a lógicas tradicionales de un aparato escolar que funciona con una fuerte discriminación selectiva donde la inercia institucional, que rechaza todo cambio, se apoya en una estructura vertical del poder.
Para comprender los actuales procesos de cambio en las instituciones educativas es ineludible partir de una premisa fundamental: el modelo tradicional de la educación ya ha cumplido su función histórica, y en consecuencia está agotado.
La construcción de un proyecto democrático de educación pública debe partir del análisis de las principales contradicciones que implica enseñar valores democráticos en una sociedad caracterizada por una cultura social postmoderna, donde predomina el individualismo exacerbado, la competencia por bienes escasos, la imagen de que la vida se reduce a la búsqueda del placer inmediato, del “just do it ”.
En la sociedad actual el conformismo social es potenciado por el descreimiento en la participación política de la ciudadanía, desconociéndose la relevancia del análisis histórico, político e ideológico para explicar la naturaleza dialéctica y la interdependencia mutua entre escuela y comunidad.
Es necesario implantar, por esa razón, un nuevo modelo de escuela pública donde la cultura escolar, la ética y la moral democrática sean instrumentos para la transformación de
26/1/2015
Ensayo
Armando Fernández Steinko/Alternativa Socialista
Ideas centrales para un programa municipal
Los programas electorales municipales no suelen distinguir de forma muy clara entre principios políticos generales inspiradores de las propuestas y las propuestas concretas. Esto los convierte muchas veces en listados indiferenciados de reivindicaciones muchas de ellas imposibles de aplicar en muchos municipios o incoherentes entre sí.
La presente propuesta intenta dar directrices generales sobre algunos aspectos centrales para que sirvan de referencia en la elaboración de los programas municipales de cada localidad. Sin embargo, no es posible quedarse en la definición de principios generales: hay que hacer propuestas concretas. El objetivo es, por tanto, que principios y propuestas estén bien engarzadas con el fin de ser lo más convincentes y realistas posible de cara a la ciudadanía. En las manos de los ciudadanos de cada municipio y distrito está la traducción de estos principios generales en programas detallados. Algunos de los puntos
1. FINANCIACION, EMPLEO Y ECONOMIA PRODUCTIVA
1. Los municipios son los espacios más cercanos al ciudadano y a través de ellos recibe el grueso de los servicios sociales a los que tiene derecho, pero también generan identidades facilitando su acercamiento a la esfera pública. En una situación de crisis como la actual, los ayuntamientos son, además, espacios en los que los particularmente necesitados pueden recibir una ayuda más rápida y directa para cubrir sus necesidades más elementales. Sólo es posible asegurar todos estos servicios si los municipios disponen de una financiación suficiente y sostenible. El desplome del capitalismo inmobiliario obliga a un replanteamiento radical de la financiación municipal.
2. Hoy por hoy los ayuntamientos canalizan alrededor del 13% del gasto público, mucho menos que en los demás países europeos. Es imprescindible alcanzar una estructura 50% (Estado), 25% (Comunidades Autónomas), 25% (Ayuntamientos). Esta estructura se debe hacer preferentemente a costa del presupuesto de las Comunidades Autónomas pues hacerlo a costa del Estado volvería imposible unificar las prestaciones en todos los territorios Pero también es necesario reforzar los mecanismos de las comunidades autónomas y del Estado para hacer cumplir la legalidad en los ayuntamientos, evitar que surjan espacios y estructuras caciquiles inmunes al derecho, como las que hemos conocido en muchos municipios de la Costa del Sol. Los ayuntamientos tienen que agotar todos los recursos disponibles para desarrollar políticas tributarias progresivas, particularmente el derecho “sagrado e inviolable” a una vivienda y un medio ambiental saludable, consagrados en la Constitución de 1978 y en la Declaración Universal de Derechos del Hombre.
3. Es imposible garantizar la financiación local y el acceso al crédito de los ayuntamientos sin una banca pública eficiente. Esta posibilidad ha quedado anulada con la privatización del Banco de Crédito Local y de las Cajas de Ahorros durante los gobiernos socialistas. Eso ha dejado a los ayuntamientos en manos de la banca privada y los ha sometido a un férreo control del Gobierno Central. Desde los ayuntamientos hay que reclamar la creación de mecanismos de financiación públicos apoyados en flujos económicos (ingresos y gastos) controlados por las administraciones y no sometidos al negocio bancario.
4. Pero no es suficiente la redistribución: hay que actuar sobre los mecanismos económicos que influyen sobre la conformación de la cuidad. Si estos mecanismos están dominados por un mercado desregulado se generarán desigualdades sociales y territoriales imposibles de reducir con más gasto. Cuando dichos mecanismos están dominados por una economía solidaria basada no sólo en la redistribución sino también en nuevas formas de generar riqueza y empleo, un urbanismo democrático y sostenible puesto al servicio del interés general empezará a ser no sólo posible, sino también sostenible en el tiempo.
5. Los ayuntamientos tienen que generar, por tanto, capacidades productivas propias y empleos de proximidad. Su rica tradición, unida a la alta cualificación de la población, permite abrir en poco tiempo sectores de actividad más intensivos en trabajo que en capital, sectores que contribuyan a la reconversión social y ambiental de la sociedad. Para ello tienen que cambiar las formas de organizar la economía local y acercar los procesos de producción y consumo eliminando intermediarios y, por tanto, costes y beneficiarios privados. La implicación de los ayuntamientos en la actividad productiva permite (primero) financiar de forma más sostenible las competencias que les han sido atribuidas. Segundo, hace más fácil canalizar recursos endógenos —naturales, culturales, humanos, productivos pero que hoy están infrautilizados o destruidos por efecto de la crisis— hacia la creación de empleo local. Tercero: el empleo local permite acercar lugares de trabajo y lugares de residencia y mejorar la calidad de vida y el medioambiente. Cuarto: los circuitos económicos locales son menos vulnerables a los grandes flujos económicos de tipo capitalista que buscan una revalorización a corto plazo. Quinto: generan más puestos de trabajo e introduce formas solidarias y flexibles de actividad productiva convirtiendo al ayuntamiento en un actor activo en el mercado de trabajo. El sector de la energía, de las transformaciones agrícolas, de la restauración de patrimonio inmobiliario o del turismo ofrecen grandes posibilidades de desarrollo local. Hay muchas experiencias exitosas que se deben estudiar y generalizar.
6. La propuesta de “Plan Marshall” para Europa formulada por los sindicatos alemanes y basada en la creación de un fondo financiado con la emisión de deuda a largo plazo cuyos dividendos se pagarían con el impuesto sobre transacciones financieras, es una propuesta interesante de fuertes implicaciones municipales. El objetivo de dicho fondo es la financiación de un proceso de reconversión energética y social en Europa basada en la gestión democrática de recursos orientados a crear puestos de trabajo locales y fiscalizados por órganos ciudadanos participativos. Esta estructura de gestión de las inversiones públicas puede convertirse en una especie de experiencia piloto que puede extenderse a otros espacios de la administración.
2. PLANIFICACION URBANA Y GESTION DE SUELO
1. La burbuja inmobiliaria ha devastado una gran cantidad de espacio urbano. Las tramas urbanas que han ido creándose con los siglos no han sido adaptarlas a las necesidades de los ciudadanos, no se han puesto al servicio de una ciudad sostenible y democrática sino al del mercado inmobiliario. El destrozo y el patrimonio ha sido irreversible en muchos casos de forma que barrios y localidades enteras tienen que ser sometidos a una redefinición general de espacios en función del interés general y del servicio a la ciudadanía. La titularidad de la actividad urbanizadora debe corresponderle a la administración que tienen que garantizar un equilibro de intereses; las leyes urbanísticas, que son competencia de las autonomías, deben ser armonizadas en una ley de urbanismo democrático. Es necesario crear bancos públicos de suelo para luchar contra la especulación y el acaparamiento de suelo, reducir los solares vacíos y darle preferencia a la rehabilitación —sobre todo del tejido con interés histórico— antes que apostar por la extensión periférica de las ciudades. El urbanismo debe ser elevado a la categoría de servicio público tanto local como también estatal.
2. La ciudadanía se crea o destruye todos los días, las ciudades democráticas son aquellas con capacidad de generar ciudadanía constantemente. Para ello es necesario crear espacios urbanos que faciliten un elevado nivel de interacción e integración social. Esto sólo es posible con políticas que fomenten un uso diversificado y mixto del territorio: los usos residencial, administrativo, laboral, comercial, deportivo, de ocio, etc. tienen que coexistir en los mismos espacios urbanos. Este modelo de planificación territorial es el que mejor asegura la comunicación y la participación social, la calidad de vida y un medioambiente saludable. Primero porque refuerzan los vínculos y la comunicación entre todos los ciudadanos por el hecho de compartir un mismo espacio. Segundo porque reduce los desplazamientos y las emisiones multiplicando el número de lugares que los ciudadanos pueden alcanzar a pie o en bicicleta elevando así su calidad de vida. Y tercero porque facilitan la identificación de los vecinos con su ciudad y su barrio incentivando la defensa compartida de lo público.
3. Los espacios urbanos altamente especializados no encajan en la ciudad polifuncional que queremos. Los barrios o polígonos de uso comercial, las calles altamente especializados en bares y ocio nocturno o en usos exclusivamente residenciales, los centros financieros hiperespecializados, los barrios históricos muertos para el disfrute exclusivo de turistas, las “ciudades” monotemáticas como la ciudad de la justicia, los campus universitarios segmentados de la ciudad o los polígonos de uso comercial, no son la línea a seguir: las protestas de los barrios de Chueca en Madrid o de la Barceloneta en Barcelona son sintomáticas en este sentido. Se derivan de una lógica de mercado que tiende a segmentar a la población urbana por clases, y grupos funcionales (trabajadores terciarios, comerciantes, vecinos, etc.). El mercado fomenta esta clase de espacios urbanos especializados basados en operaciones urbanísticas desligadas del conjunto y en edificaciones no incorporados a un diseño global e inclusivo de ciudad. El boom inmobiliario, que ha destrozado tramas urbanas de tipo mediterráneo altamente cohesionadas y generado espacios especializados expulsando a las clases populares de los centros históricos y destruido una gran cantidad de patrimonio arquitectónico y urbano, es el ejemplo que no se debe seguir.
4. Frente a este modelo aquí apostamos por reivindicar el modelo de ciudad mediterráneo, por dejar atrás el modelo anglo-americano. Nuestra propuesta se basa en ciudades compactas con distritos altamente autosuficientes y policéntricos, dotados de usos multifuncionales y núcleos bien comunicados entre sí por medio de transporte público y formas de desplazamiento no basadas en el uso del coche, transiciones suaves entre el campo y la ciudad, con anillos y pasillos verdes que incluyan la creación de huertos municipales de uso público. Para ello hay que desarrollar un urbanismo activo destinado a diversificar el uso del suelo y que cuente con la participación de la ciudadanía. El desarrollo de políticas particularmente activas de apoyo al pequeño comercio destinadas a desincentivar la creación grandes superficies comerciales, el intercalar suelo residencial, espacios productivos, espacios de ocio, parques públicos y centros deportivos, con la creación de equipamientos próximos a los espacios residenciales y comerciales, deben ser prioritarios.
3. PROPIEDAD Y PATRIMONIO
1. La construcción de una cuidad o un pueblo sostenibles no se pude regir por el interés individual de promotores y compradores de pisos. Por el contrario, pasa por tener como referencia el conjunto de la población y del tejido urbano, así como la defensa y la preservación de los recursos colectivos, tanto de los tangibles (suelo, edificios, obras de arte, patrimonio natural) como de los intangibles (culturales, estéticos, la memoria colectiva, las tradiciones y costumbres etc.). Es imposible conseguirlos sin la creación de culturas urbanas que promuevan la identificación de los ciudadanos con sus calles, sus parques, sus tradiciones y sus edificios. Las formas de gestión de la propiedad, y de la propiedad del suelo en particular, tienen que estar en consonancia con estos objetivos. Los intereses particulares no tienen por qué estar enfrentados a los colectivos: más bien se trata de formularlos en consonancia con los intereses de todos, convertir la propiedad excluyente en propiedad incluyente, sea esta pública o privada. Pero en la política de ordenación urbana tiene preferencia siempre el interés público frente al privado. Aquí el suelo ocupa un lugar central: del cambio de las formas de propiedad del suelo y de su municipalización y su gestión depende la posibilidad de hacer un urbanismo sostenible.
2. En España la propiedad del suelo urbano privilegia a los propietarios individuales de forma mucho más marcada, incluso, que en otros países de Europa. Este esquema alimenta la especulación y da un poder muy importante a los propietarios del suelo y a las empresas inmobiliarias. Estos privilegios tienen que ser suprimidos. En los municipios tienen que coexistir muchas personas en muy poco espacio, los recursos son escasos, la propiedad está muy dispersa y segmentada pero todos —las generaciones presentes y futuras— tienen derecho a disfrutar del espacio común, de un medioambiente saludables y de un patrimonio histórico preservado. Hacer un urbanismo democrático exige renegociar continuamente los usos entre todos los afectados pensando siempre en adaptar las formas de propiedad al interés general. Las políticas fiscales son muy efectivas en este sentido: no obligan a realizar expropiaciones masivas pero son altamente disuasivas de ciertas prácticas.
3. Proponemos la creación de un registro de solares desocupados y un impuesto que grave aquellos sin edificar, así como otro impuesto que grave las viviendas desocupadas con el fin de incentivar su uso para atender a la urgente demanda creada tras la crisis. Asimismo proponemos el establecimiento, en todos los Planes Generales de Ordenación Urbana, de una nueva categoría de suelo: el "suelo de equipamiento escolar" y usos públicos similares. Para ello se debería desarrollar un Plan Especial de Equipamiento Escolar en el que el suelo destinado a este y otros usos colectivos quede blindado, es decir, resguardado del mercado y de los intereses excluyentes. Proponemos convertir el IBI en un impuesto progresivo en función de los metros cuadrados de las viviendas y de los barrios en las que éstas están enclavadas. También proponemos fijar las tasas —por ejemplo de recogida de basura— de forma progresiva con el fin de que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios comparables independientemente de sus ingresos.
4. No hay ninguna prueba de que las empresas privadas sean más eficientes en la provisión de servicios públicos básicos. Todo lo contrario: al quedarse con unos beneficios de explotación necesitan sustraer una parte de los rendimientos para el lucro personal de los accionistas. Tenemos que volver a un sistema público de provisión de servicios básicos municipales. El suministro de agua, el saneamiento, la retirada de basuras y la limpieza de las calles, los servicios funerarios, el cuidado de parques y jardines, los destinados a asegurar la movilidad —grúas para la retirada y la custodia de vehículos, aparcamientos etc.— deben ser propiedad de los municipios y estar fuera del alcance del mercado. Es imprescindible remunicipalizar el servicio de aguas y de otros servicios públicos como medida para abaratar su coste y para disminuir la corrupción que favorece la adjudicación de esos servicios a grupos privados que financian el clientelismo municipal de los grandes partidos.
5. El patrimonio histórico de los pueblos y de las ciudades pertenece a las generaciones presentes y futuras. Esto obliga a protegerlo de forma activa y preservarlo de las operaciones urbanísticas que generan plusvalías destruyéndolo. Proponemos el desarrollo de planes especiales de protección de conjuntos históricos que no sólo afecten a edificios aislados sino a conjuntos y tramas urbanas completas. Proponemos la creación de equipos interdisciplinares para la preservación del patrimonio histórico en las gerencias de urbanismo integradas por arquitectos, historiadores del arte, arqueólogos y sociólogos. También proponemos la creación de una fiscalía de patrimonio histórico así como instrumentos de gestión de este patrimonio en los que participen todas las partes: promotores, propietarios radicados en los conjuntos históricos, asociaciones de vecinos y los consejos asesores municipales de patrimonio histórico. Es necesario hacer una revisión inmediata de la política de ruinas y que predomine el criterio de rehabilitación preferente sobre el de demolición inmediata. Todas las actuaciones relacionadas con bienes históricos tienen que estar precedidas por un informe vinculante de impacto cultural.
4. PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD
1. Los Ayuntamientos son los espacios en los que la ciudadanía puede participar de la forma más directa en la gestión de lo público, incluidos los servicios de los que es destinataria. Pero los Ayuntamientos son también los espacios en los que mejor pueden consolidarse las corruptelas y los caciquismos locales. La participación de la ciudadanía en la gestión local permite un mejor control del dinero público, acerca su inversión a la satisfacción de las necesidades de la población y permite establecer prioridades de forma democrática (presupuestos participativos). El control ciudadano puede funcionar como un mecanismo maximizador del uso de recursos -públicos y privados- y previene la corrupción. Además, la participación directa en la gestión municipal es una escuela de democracia con efectos positivos para todo el sistema político del país: cuando los ciudadanos se alejan de sus ayuntamientos se alejan al mismo tiempo de las demás instituciones. Y al revés.
2. Los ciudadanos tienen muchas cosas que proponer para el diseño de una forma de vida mejor en común. Aún cuando no tengan siempre razón y aún cuando siempre haya intereses particulares, la riqueza de puntos de vista facilita la búsqueda de las soluciones más razonables y estables. Es necesario organizar la recogida de estos puntos de vista, vincular a los ciudadanos en la solución de los conflictos y llegar a acuerdos de forma transparente. Lo principal es que la ciudadanía sienta que tiene enfrente a una autoridad que representa el interés general, que este tiene en cuenta su punto de vista, y que no impone soluciones opacas y tecnocráticas que la ignoren.
3. Para participar es necesario dotar a la ciudadanía de medios —locales, sistemas informáticos, información actualizada, tiempo etc.— para que hagan posible dicha participación. Si no se proporcionan estos medios, la participación se reduce a una cuestión simbólica sin consecuencias reales para la gestión municipal, lo cual acaba desincentivando la propia participación.
4. Las próximas elecciones municipales deben ser un hito para avanzar hacia un proceso de refundación constitucional de todo el Estado. El Partido Popular está aprovechando su asfixia económica de los ayuntamiento para socavar la autonomía, las competencias locales y para erosionar la democracia a través de la ley de Racionalización de las Administraciones Locales (LRSAL). Es necesario derogar esta Ley. Las diputaciones y las mancomunidades pueden y deben ser órganos intermedios de apoyo a los ayuntamientos y de gestión y coordinación de recursos, sobre todo cuando los municipios son pequeños o están muy dispersos. Hay que defender estos órganos intermedios también frente a las Comunidades Autónomas que quieren absorber sus competencias en un proceso neocentralizador a nivel autonómico que no debemos perder de vista.
5. Proponemos la introducción del carácter revocatorio de los cargos municipales como paso previo al su extensión a los cargos de índole autonómica y estatal. Proponemos también el establecimiento de procedimientos participativos para fijar el reparto de algunas de las partidas centrales de los presupuestos municipales (“presupuestos participativos”).
5. MEDIOAMBIENTE
1. Los municipios son los espacios en los que los ciudadanos sufren de forma más directa y cotidiana la degradación del medioambiente, pero también donde se pueden beneficiar más de su mejora. La planificación del territorio, del sistema productivo local y de su sistema de transportes deben ponerse al servicio de la minimización de las emisiones y los consumos de energías no renovables. Este criterio general debe regir todas las decisiones de política municipal y el desarrollo urbanístico de localidades y distritos. Tiene que estar íntimamente unido a las políticas de planificación del territorio (ver arriba).
2. Sobre todo en situaciones de grave crisis de empleo como la actual, los huertos urbanos o periurbanos pueden contribuir a mitigar la penuria social. Los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, deberían desarrollar planes agrícolas municipales que permitan proveer a los colegios públicos y los mercados locales con productos frescos producidos por los propios habitantes, que creen trabajo local y mejoren la calidad de los alimentos ingeridos.
3. Los ayuntamientos tienen que tratar los recursos naturales de los que disponen como un bien a preservar para las generaciones futuras. Su preservación puede ser una fuente importante de empleo y, muchas veces, puede conducir a la generación de sistemas energéticos locales (por ejemplo plantas de biomasa alimentadas con masa forestal local) desvinculados de los grandes productores privados de energía. También estos pueden convertirse en generadores importantes de empleo local.
6. SEGURIDAD
1. La izquierda ha pasado de puntillas sobre el tema de la seguridad ciudadana a pesar de que es uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía y a pesar de es muy fácil manipularla con determinados discursos de seguridad. La seguridad ciudadana es una pieza central para garantizar los derechos y libertades de todas las personas, su derecho a la movilidad y el libre tránsito, al descanso y al disfrute de los espacios urbanos comunes sin tener que temer ser agredidos o amenazados por personas extrañas o por miembros de la propia familia: una sociedad insegura es también una sociedad injusta pues las principales víctimas de la inseguridad son las personas con menos recursos, habitantes de las barriadas con las tasas de criminalidad más altas: seguridad y exclusión van íntimamente de la mano. La seguridad ocupa un lugar central, también, en la defensa de los derechos de la mujer a no sufrir agresiones machistas. Hay que hacer una lectura amplia de la seguridad que incluya una cultura no consumista que lleva a muchos jóvenes a desear marcas y objetos comerciales que no pueden ganar con su trabajo.
2. Frente a un modelo autocrático de seguridad, hay que apostar por un modelo democrático de gestión de la seguridad basado en la intervención directa de los ciudadanos. Para ello es necesario incluirlos en la elaboración de mapas de los focos de inseguridad. Hay que crear cuerpos policiales insertados en el tejido de los barrios, encomendarles también la custodia del derecho de todos a un medioambiente saludable y libre de ruidos, recuperar los vigilantes de jardines públicos municipales.
3. Lo importante es que estos agentes tengan una comunicación directa y continua con los vecinos y sus problemas, bien directa, bien a través de los consejos de distrito. Este esquema no sólo es el más barato sino también el más eficiente. La creación de policías locales de barrio permite detectar rápidamente las fuentes de inseguridad, facilita la construcción de un discurso transparente de seguridad no basado en los prejuicios del “malo frente al bueno” y facilita la búsqueda de las soluciones más rápidas y estables a los problemas de seguridad de los barrios. Los agentes deben vestir de forma que expresen su servicio al ciudadano y no como unidades de intervención coercitiva necesitadas de portar armas continuamente. Las fiestas privadas deben financiarse su propios servicios obligatorios de seguridad, pero la seguridad pública debe recaer en manos de agentes públicos financiados con impuestos. Proponemos la creación de juzgados municipales y/o comarcales para asuntos de violencia de género así como un aumento de los juzgados especializados en este tipo de violencia.
4. Muchas veces lo que parecen ser problemas de seguridad no son sino problemas de exclusión y de falta de trabajo. La creación de empleo local, redes directas e institucionales de asistencia y de espacios de solidaridad y comunicación son, por tanto, también políticas de seguridad en el sentido literal de la palabra. Estas redes constituyen formas altamente eficientes de prevenir delitos, identificar a los delincuentes y de promover su reinserción social.
26/1/2015
El extremista discreto
El Lobo Feroz
Torturar fuera de casa
Torturar fuera de casa
En http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2014/dec/30/new-politics-torture/?insrc=hpss#sthash.zQTue2PG.dpuf se puede encontrar una evaluación norteamericana de las torturas de la CIA reveladas en el informe oficial de esta organización al Senado de ese país. Por otra parte una vista aérea de las instalaciones clandestinas de la CIA al Norte de Kabul, de Digitalglobe/ScapeWare3d/Getty Images, da idea de las dimensiones de ese centro de detención y tortura, menos conocido que el de Guantánamo.
El informe al Senado americano confirma lo que ya sabe el lector (si el lector no lo sabe, apaga y vámonos), pero añade cuestiones nuevas. Entre otras que el programa de torturas era realmente amateur pues lo prepararon un par de psicólogos de las Fuerzas Aéreas "sin experiencia relevante" [sic] en la materia, a quienes la CIA pagó 80 millones de dólares. A lo que parece, los funcionarios de la Escuela de las Américas del Tío Sam, que enseñaron a torturar eficientemente a los polis y milicos de las dictaduras latinoamericanas, deben estar jubilados ya.
La pretensión de que torturando se salvan vidas de norteamericanos, la llamada "defensa de necesidad", no se apoya en el informe en datos empíricos. Pero no vale la pena hablar de salvar vidas en relación con los gobiernos norteamericanos: hace mucho tiempo que el tema de las vidas les preocupa muy poco.
Otra información: las actuales autoridades de la CIA se empeñan en afirmar todavía hoy que el método de tortura consistente en hinchar con líquidos o semilíquidos el colon de sus víctimas como si fuera un globo no es una tortura, sino un método de alimentación (parece que esas lumbreras han descubierto que el colon puede digerir alimentos).
Con esas revelaciones ni siquiera podemos llevarnos las manos a la cabeza ante lo que suelen llamar los viernes negros de Obama. Negros: ¿tal vez porque Obama es negro? Pues no: los viernes son el día de la semana en que Obama decide, entre las propuestas que le hacen sus asesores, quiénes han de ser asesinados por medio de sus drones. Los diarios españoles que se preocupan, con razón, por los derechos humanos no hablan, se ignora la razón, de los viernes negros.
La cosa anda entre 1984 y Un mundo feliz. Como siempre últimamente.
El entramado del PP
Según señala El País del 18 de enero, "El PP se define 'absolutamente ajeno' a la corrupción de Gürtel.
¿Habremos de creer que los diversos empresarios que entregaban cantidades millonarias a los tres tesoreros sucesivos del PP lo hacían a cambio de nada? ¿Y que nadie sabía nada? Habría que creer en la transmutabilidad de la realidad. ¿Qué es eso de la transmutabilidad? Pues lo que hacen con la realidad los políticos del PP en sus discursos y declaraciones: negarla e inventarse otra.
En el libro Guiness el PP gana el record de políticos procesados por corrupción. De momento, gana también el de condenados, pero por poco ya que la justicia es muy lenta y además los delitos prescriben (eso lo sabe bien, por otra parte, Jordi Pujol).
El entramado del PP se lo tragan quienes le votan. Aquellos para quienes la corrupción no cuenta. A fin y al cabo, la Justicia sólo hace visible la punta del iceberg. Son todos los que están, pero no están todos los que son.
Esperemos que Rajoy pierda las elecciones y le jubilen con un título, que se lo tiene merecido. Sugerimos Marqués de los Hilillos de Plastilina o bien Barón de las Bárcenas. Eso sería hacer justicia.
Por repartir que no quede
Hay que ver los equilibrios que ha de hacer el nuevo secretario general del Psoe, Sánchez el flamante, cuando le preguntan si echará para atrás la reforma constitucional de Zapatero y Rajoy que antepone el pago de la deuda pública a cualquier otra necesidad, en el más que hipotético supuesto de que llegara a gobernar. Compite en equilibrios con la Cospedal, y ya es decir. Disculpen la chafardería, pero todos esos están tan del lado de los bancos acreedores que la sola idea de reestructurar la deuda externa les parece sacrílega.
Las "estructuras de estado" de la Generalitat catalana
El gobierno de Mas está dispuesto a dedicar el tiempo que le queda a que su Generalitat construya "estructuras de estado". De momento van a convocar plazas de funcionarios para la Hacienda catalana, que así aumentará el personal en un 50%. También abrirán nuevas protoembajadas, "oficinas de representación", en medio mundo. En cambio el dinero para otras cosas hay que sacárselo con fórceps, por decirlo de alguna manera. Así, como los infartos que se producen en Tarragona, Lérida y Gerona no se pueden atender por el comatoso estado —no nos referimos a los pacientes— en que el govern ha dejado la sanidad autonómica, y ante las protestas, van a comprar los aparatos necesarios. Los infartados, nacionalistas y no, agradecerán su munificencia.
Barbarie
Barbarie es Boko Haram, usando como detonador de un explosivo a una niña de diez años. Barbarie es el rey saudí, cortando manos y ordenando latigazos. Barbarie son los jeques de Qatar, por lo mismo, y por el modo en que esclavizan a los trabajadores que construyen su Paraíso (vergüenza para los que exhiben sus iconos). Barbarie es el murodeberlín que separa a los Estados Unidos de México; barbarie el muro israelí antipalestino. Barbarie son las vallas de Melilla, con sus navajas cortantes además.
Y barbarie, en definitiva, son también la reforma del Código Penal español y la ley "de seguridad" que de un modo ilegítimo, orillando trámites, liquidando la seguridad jurídica, el derecho de manifestación constitucionalmente establecido y los principios del humanismo penal que tanto costó actualizar en el siglo XX, pretende imponer ese partido trufado de verdaderos delincuentes, canallas, que ahora usufructúa el gobierno de España.
26 de enero 2015,
en tal día como hoy los franquistas tomaron Barcelona y en opinión del Lobo que suscribe al parecer no se han ido.
26/1/2015
Edgardo Logiudice
El comunismo en las nubes
Miscelánea sobre la miseria de la ideología
Ten piedad de mi, oh Dios, conforme a tu misericordia;
conforme a la multitud de tus piedades
borra mis rebeliones. Salmo 51,1.
La dependencia del capital financiero es algo absolutamente asumido como ineluctable, como sus crisis, más que periódicas, permanentes. Aquí, en la tierra.
En compensación, después de que los más precavidos constatan algunos daños importantes, como la desigualdad extrema, los ideólogos ofrecen una comunidad de bienes en abundancia. Cornucopia en las nubes, la nube. Cloud computing es el nuevo paradigma. Más allá, en el cielo prometido.
Resonancias de la antropología del Marx feuberbachiano.
Si entre los precavidos, Krugman, Obama, Bergoglio, Thomas Piketty apeló a El Capital de Marx que confesó no haber leído, entre los promitentes ha reaparecido Jeremy Rifkin el augur del fin del trabajo. No ha vuelto solo: es una nube tóxica de ideólogos, creyentes de la diosa Tech. Y apelan también a resonancias del Marx de los Grundrisse. El general intellect en las redes y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en el coste marginal cero.
Tanta apelación nominal resulta, cuanto menos sospechosa.
En la misa, borradas las rebeliones por la clemencia, llega la gloria.
La ideología, las ideologías elaboradas, no las espontáneas, habían ya mejorado las religiones, en tanto las dudas que admite el ensayo y el error hicieron ceder al dogma entre los mismos teólogos.
Parece que las ideologías económicas son religiones confundidas en la propaganda: propaganda fide. Propagar las gracias de las tecnologías impolutas ante el capital financiero de los bancos y fondos de inversión.
El "analista internacional" de Clarín, Jorge Castro, Secretario de Planeamiento Estratégico de Menem, reseña un libro de reciente aparición de Martin Wolf dedicado a las experiencias de las crisis financieras. Wolf es el principal comentarista económico del Financial Times. Wolf siempre ha bregado por las reestructuraciones de las deudas. Es de los que creen que para cobrar no hay que ahogar al deudor, así lo dijo en junio en un artículo titulado "Defender a la Argentina de los buitres", pagándoles, claro. Así lo repitió ahora, hace pocos días, apoyando el programa de Podemos, que propone reestructurar la deuda española; ya que parece que las señoras Merkel y Lagarde no creen en la seriedad de los españoles cuando, para registrar el aumento del PIB, incluyeron hace poco los negocios de las drogas y la prostitución, además de la broma de considerar inversión los gastos en armamentos.
Pues bien, este Wolf se ocupa aristotélicamente de la tierra, de la necesidad técnica del capitalismo de crédito; deja el comunismo platónico para los Rifkin. Como la Escuela de Atenas del Raffaello, mientras él señala la tierra el otro le apunta al cielo.
A confiar en la fidelidad de las citas del señor Castro —no tengo más remedio— Wolf diría que la causa fundamental de la crisis financiera internacional de 2007/2008 fue el aumento excepcional del ahorro mundial, y su mayor consecuencia fue el boom de crédito en los países avanzados.
Cosas de la macroeconomía. Ahorro mundial.
Con ingresos del orden de los 2 dólares diarios es probable que esos ahorros no pertenecieran a los 2.600 millones que los ganaban por entonces, según la FAO. Vale decir el 40 por ciento de la población mundial para esa época.
Tampoco parece probable que lo fuesen los que tomaron los préstamos, ya que éstos absorbieron tal cantidad de capital que los prestamistas o quebraron o debieron ser "salvados" con los ahorros públicos. Blomberg Market calculó que la FED cubrió déficit por 700.000 millones de dólares.
Por entonces ya las existencias de capitales especulativos reproducidos sobre la llamada ingeniería financiera estaban muy alejadas de lo que se llama economía real y existían fondos que desde el año 2002 el F.M.I. había bautizado como "buitres".
Pero el exceso de ahorro parece ser el argumento técnico del señor Wolf.
La razón tecnológica cumple ahora el papel de la ineluctable Providencia celestial o el de la fatalidad de las seculares leyes naturales. Una especie de determinismo tecnológico.
En la versión de Castro, Wolf diría que ese exceso de ahorro provocó tres grandes transformaciones de la economía mundial: 1) a conversión del capitalismo en un sistema mundial unificado (caída de la URSS) cuya consecuencia fue la desregulación de la economía y, sobre todo, del sistema financiero, 2) esa integración se aceleró con la revolución tecnológica de la información y, 3) como consecuencia, la emergencia a primer plano de China y Asia: China es la primera exportadora global de capitales a partir de 2001.
El resultado es la desproporción entre ese ahorro en exceso y la inversión.
El resultado de esos cambios significa que la desregulación del sistema financiero internacional es un "fenómeno irreversible tecnológicamente fundado".
Este sistema es un fenomenal creador de crédito y, por lo tanto de riesgo, por ello es "intrínsecamente inestable". Los intentos de regulación crean falsas certidumbres. Es necesario que el capital financiero no esté regulado para que crezca a una tasa más elevada que el aumento del PBI, esto es, la producción, para que haya siempre crédito disponible. De lo contrario el riesgo es el estancamiento.
Claro es que las razones tecnológicas ceden ante la realidad de que la existencia de capitales financieros desregulados como son los que actúan a la sombra de los bancos, aun fomentados por los bancos centrales, desalentado su ahorro para dirigirlos a la producción, producen la generación de capitales tóxicos y fondos buitres. La actual situación de Europa y Japón (y todavía en Estados Unidos), donde los Bancos Centrales bajaron las tasas a cero y hasta cobraron multas a los depósito de ahorros de los bancos, no fueron a parar a producción ni al consumo sino a préstamos a empresas a punto de quebrar o a bonos de países de alto riesgo. Sencillamente pagan intereses muy altos, son más rentables que si se invierten en producción.
Pero eso parece inevitable. Según este planteo el único modo de que la regulación financiera adquiera carácter global es que el sistema financiero crezca menos "y esto es imposible tecnológicamente".
Esa manida imposibilidad tecnológica no parece ir mucho más allá de dos razones más triviales: a) los capitalistas dirigen sus capitales hacia donde son más rentables y, b) ni los estados ni los organismos internacionales pretenden regular aquello que están destinados a gestionar, los créditos. Todos los estados están endeudados. La todavía mayor potencia es la que tiene la deuda más grande. Para gobernar los estados están obligados a gestionar las deudas, tomar los créditos y recaudar para pagarlos y volver a endeudarse.
Un Informe de la Cepal publicado en Mayo de 2014, "La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica", es la historia de la proliferación de mecanismos inventados por los organismos financieros internacionales para garantizar el cobro de los préstamos, a cuyo compás se mueven los gobiernos nacionales.
Ésta parece ser y no otra la "imposibilidad tecnológica" de que el sistema financiero crezca más y nadie lo regule.
Cuando Paul Krugman el 27 de octubre escribió en el New York Times "los mercados prácticamente están suplicando a los gobiernos que se endeuden y gasten, por ejemplo, en infraestructura", está señalando que no es que el sistema financiero crezca porque lo demanda la producción. Ni, mucho menos que exista exceso de ahorro. Más bien parece que hay exceso de capitales que, para seguir creciendo necesita nuevas deudas.
Concebido el capital financiero, su inestabilidad y el azar de sus flujos conforme a la mayor rentabilidad como un dato de la realidad inmodificable, luego pueden plantearse acríticamente augurios y recetas de variada índole.
Frente a la desigualdad extrema (y obscena) Piketty postula una nebulosa política fiscal global tan efectiva como la tasa Tobin y la condena a la usura de la Iglesia Católica en la Edad Media. Un impuesto a los patrimonios, cuando los capitales son más abstractos y anónimos que nunca. Los recaudadores serían, ya que por ahora no se puede arbitrar un gobierno mundial, los estados nacionales, dijo recientemente a Página 12. No ahorró, de paso, decir que sería una tarea nacional y popular. Dado que se trata de partir desde cero y organizar bien las cosas -así lo expresa- su discurso se ajustaría a la comunidad organizada.
Nuestro "analista internacional" de entrecasa no tiene esas preocupaciones por la desigualdad, tampoco por el endeudamiento crónico ni, mucho menos, por el augurio comunista de Rifkin.
Castro pivotea sobre algunos postulados que giran sobre la high tech, la revolución industrial que ella implica fusionando los servicios y la manufactura, la integración de la producción dada la conectividad instantánea y global en la "nube" o cloud computing, el aumento de productividad que de ahí deriva y la lógica fundamental del funcionamiento del sistema capitalista, la competencia.
Claro es que "los capitales necesarios para expandir la producción («reproducción ampliada») no surgen en el capitalismo de recursos propios (cash flow) …en las condiciones del capitalismo globalizado, las grandes firmas de tecnología deben recurrir para su expansión al sistema financiero internacional".
Y a eso hay que acomodarse porque "Este mundo no es una opción, sino la realidad ineludible de nuestra época, y fuera de él no hay nada".
La realidad ineludible es entonces que la diosa Tech está en la nube sostenida en el fenómeno también "irreversible" de la desregulación del capital financiero regido sólo por su rentabilidad. Con lo cual el presunto determinismo tecnológico no hace sino encubrir la apología del capitalismo en su forma actual, bajo la hegemonía del sector financiero.
El fetiche de la innovación tecnológica es el anzuelo con que nos tragamos este discurso fatalista. Y ese fetichismo es cotidiano, está en cada nueva "aplicación".
No hay que desesperar porque en esa nube también está el comunismo. Sólo faltan 35 años, anuncia Jeremy Rifkin, a quien Rodríguez Zapatero pedía consejos, y ahora asesora al Parlamento Europeo, a Hollande y a Merkel.
Abundancia y gratuidad. Lo "procomún colaborativo", el Internet de las Cosas.
El punto de partida de esta construcción "teórica" es lo que da título al libro: La sociedad de coste marginal cero. Coste marginal que ya en el primer capítulo del libro (bien gratuito que está en Internet) se transforma en casi cero.
Estos tiempos de crisis permanentes no parecen apropiados para presuntas utopías comunistas. Eas podría ser la razón por la que no aparecen demasiados reportajes ni opiniones en los medios de finanzas y negocios, a pesar de los conocidos antecedentes de Rifkin en la Tercera Revolución Industrial. Aunque parece que el libro se vende.
Brevemente: vivimos el eclipse del capitalismo. "Lo que está socavando el sistema capitalista es el éxito enorme de los supuestos operativos que lo rigen…Imaginemos un escenario donde la lógica operativa del sistema capitalista supera las expectativas más optimistas y el proceso competitivo conduce a una «productividad extrema » y a lo que los economistas llaman un «bienestar general óptimo»; esto es, un estado final en el que una competencia intensa obliga a la introducción de una tecnología cada vez más sofisticada que fomenta la productividad hasta un nivel óptimo en que el coste marginal de cada unidad adicional puesta a la venta «se aproxima a cero». En otras palabras, el coste de producir cada unidad adicional —si no se tienen en cuenta los costes fijos— es prácticamente nulo y el producto acaba siendo virtualmente gratuito. De suceder esto, el beneficio, el «alma» del capitalismo, se acabaría evaporando".
"…los economistas de hoy vuelven a fijar su atención en el funcionamiento contradictorio del sistema capitalista porque no saben cómo impedir que la economía de mercado se acabe autodestruyendo ante las nuevas tecnologías que acercan la sociedad cada vez más a una era marcada por un coste marginal cercano a cero".
"Aunque el capitalismo está muy lejos de autodestruirse, está claro que cuanto más nos acerca a una sociedad de coste marginal cercano a cero su supremacía otrora incontestada se diluye y abre paso a una manera totalmente nueva de organizar la vida económica en una era caracterizada más por la abundancia que por la escasez."
"El Internet de las cosas ya está aumentando la productividad hasta el punto de que el coste marginal de producir muchos bienes y servicios es casi nulo, y esos bienes y servicios son prácticamente gratuitos. El resultado es que los beneficios empresariales se están empezando a evaporar, los derechos de propiedad pierden fuerza y la economía basada en la escasez deja paso, lentamente, a una economía de la abundancia".
"Está apareciendo un sistema económico nuevo: el procomún colaborativo… Estamos entrando en un mundo que, en parte, se encuentra más allá de los mercados, un mundo en el que aprendemos a convivir en un procomún colaborativo mundial cada vez más interdependiente".
"Entre los próximos veinte y treinta años, los prosumidores, conectados en inmensas redes continentales y mundiales, producirán y compartirán energía verde y productos y servicios físicos, y aprenderán en aulas virtuales, todo ello con un coste marginal cercano a cero que llevará la economía a una era de bienes y servicios casi gratuitos".
"Es una red diseñada para que sea abierta, distribuida y colaborativa, de modo que cualquier persona, en cualquier momento y lugar, tenga la oportunidad de acceder a ella y usar sus datos para crear aplicaciones nuevas con las que administrar su vida diaria con un coste marginal casi nulo".
No existirá más el derecho de propiedad, sino un derecho de acceso.
El nuevo paradigma consiste en microfinanciar el capital social, democratizar la moneda,
humanizar la iniciativa empresarial y replantear el trabajo.
Dijo en una entrevista: "Ser propietario es aburrido, compartir es divertido. Cada persona tiene que ser un pequeño emprendedor, y a través del coste marginal cero que nos proporciona internet, las nuevas tecnologías y la energía limpia, podemos optimizar los recursos del planeta, además siendo respetuosos con el medio ambiente. Hablamos de la tercera revolución industrial, tenemos que potenciar el talento, la creatividad, y las nuevas generaciones, que ya lo han comprendido, son las que van a liderar el proceso".
Así de fácil. Pero el origen de toda esta innovación tecnológica es cualquier cosa menos tecnológico, dice Evgeny Morozov en un artículo publicado en El País el 29 de noviembre con el título de Fetichismo de la innovación. Es probable que, además de fetichismo, hallemos aquí algo de aquella alienación feuerbachiana de encontrar en el cielo la solución de los sufrimientos de la tierra.
Comunismo en la nube. Abajo el infierno de la miseria, la violencia, el analfabetismo, la desnutrición, el fanatismo…Y el reinado de las finanzas.
Panteísmo tecnológico y monoteísmo financiero.
Pero, después de todo a estos señores hay que leerlos, son los que escriben la letra de las músicas que nos hacen bailar.
Hay otras músicas. Ernst Bloch fue el autor de El principio esperanza. También de una obra que no leí, Experimentum Mundi. En ella, decía Virginio Marzocchi en una recopilación de entrevistas a Bloch publicada por Editori Riuniti en 1984, se halla esta frase: Sueños diurnos, sueños con ojos abiertos y la música como lo "utópico por excelencia".
La utopía concreta anticapitalista exige, me parece, los ojos abiertos.
Atentos a los discursos que nos imponen.
Noviembre 2014
26/1/2015
En la pantalla
«Bella Ciao» en la celebración por la victoria de Syriza
26/1/2015
De otras fuentes
Josep Torrell
Pasolini: la cancelación de la poesía y el cine no consumible
A Olvido, por dar ideas
En principio, Nueva York (Pasolini, 2011) no fue un libro, sino una entrevista pensada para circular entre estudiantes de italiano de las principales universidades norteamericanas, pero acabó durmiendo el sueño de los justos en un cajón del Instituto Italiano de Cultura de Nueva York, hasta que alguien lo descubrió. Se editó primero como un CD, comercializado en Italia como Pasolini rilegge a Pasolini, entrevista con Giuseppe Cardillo, a cargo de Luigi Fontanela (Archinto, Milán, 2005), acompañado de un librito de 67 páginas y 22 ilustraciones. En España, Errata naturae le añadió un pequeño texto muy conocido (pero aún inédito en castellano, procedente de Empirismo eretico) y lo sacó como libro (dado el escaso éxito previsible para oír la voz de un autor hablando en italiano). Algunos de los asuntos, sin embargo, son bastante llamativos.
La desaparición de la poesía
El primer asunto es una ausencia. Es invisible porque es inexistente. Es cierto que la entrevista en sí lleva por título “La poesía no se consume”, aunque es un modo de ocultar la realidad, porque la única vez que Pier Paolo Pasolini se refiere a la poesía es… al terminar la entrevista. La entrevista de Luigi Fontanella empieza aludiendo al trabajo cinematográfico de Pasolini y de ahí pasa a las cuestiones relativas a su compromiso con las barriadas obreras de Roma y su jerga particular. Es sorprendente que esto sea así en una grabación destinada «fundamentalmente a profesores y estudiantes de Literatura Italiana de las universales italianas» (pág. 51) cuando, en principio, Pasolini es un poeta.
Pasolini publicó sus primeros libros en editoras nacionales en 1952, como experto en literatura, aunque era conocido en círculos reducidos como poeta en dialecto friulano. Es cierto que su primer éxito fue Ragazzi di vita, que era una novela ambientada en las borgate romanas (que rodeaban por completo el centro de Roma, pero que nadie osaba mirar). Pero casi sin solución de continuidad en 1957 publicó Las cenizas de Gramsci, su primer libro de poesía importante, que agotó sus existencias (mil quinientos ejemplares) en poco más de una semana. Dentro del panorama italiano este libro fue una fascinación absoluta.
Después del fracaso del neorrealismo literario —que no cinematográfico— casi todos los poetas de la postguerra estaban dominados por la neo-vanguardia (que después dio en el neo-experimentalismo). Fue entonces cuando apareció Las cenizas de Gramsci. La novedad que plantea este libro (y su autor) es la forma absolutamente moderna de afirmarse dentro de la propia lírica italiana. Pasolini adopta como base de su poemario la terzina (el terceto o terza rima, la agrupación de estrofas en tres versos), característica de Dante, empleada por Giovanni Pascoli a finales del siglo XIX, y que ya nadie usaba. Por supuesto, menos aún los nuevos poetas.
Pero Pasolini hacía algo más. Por ejemplo, jugaba con la acentuación, creando una cadencia rítmica que contrarrestaba la ausencia de rima (y que permite camuflar un decasílabo entre los endecasílabos). Las rimas de Las cenizas de Gramsci suelen ser asonantes (pero no consonantes); los endecasílabos son incompletos (en parte, por el falseamiento que opera con los acentos); el verso de cierre desaparece (a diferencia de Dante y Pascoli), etc. De esta forma, Pasolini crea una fuerte tensión entre acentuación y rima, que tiene poco que ver con la poesía tradicional.
Por lo demás, la lengua poética que empleaba Pasolini era un léxico muy particular. Era una lengua casi coloquial, cotidiana, pero trufada de palabras procedentes de un italiano altamente literario y elitista. Con esto, el efecto que producía era de una insólita extrañeza, al mezclar lo más áulico con lo más sucio; aunque Pasolini, estudioso de la jerga, había confesado ya sus fuentes (Pasolini, 1995, p.29): el subproletariado de las borgate empleaba con tono irónico y despectivo algunas voces del italiano culto, que es lo que Pasolini emplea como procedimiento poético —en vez de irónico—. En su conjunto, el lenguaje poético revelaba una aparente simplicidad que escondía un trabajo muy complejo.
Esto es particularmente evidente en el uso de los adjetivos que hace Pasolini. Tiene que ver con la mezcla estilística de la que hablaba Eric Auberbach (y que en Pasolini se convierte en contaminación estilística). Se trata de acompañar el nombre con un adjetivo que lo degrada (impuro aire, paz mortal, odiada pureza).
Pero es que, además, hacía un uso intensivo de las figuras retóricas. En particular, del oxímoron y el enjambement (o encabalgamiento).
El oxímoron, piedra de toque de toda la poesía pasoliniana, consiste en colocar dos términos contradictorios entre sí (contradictio in terminis) en una misma oración. Las poesías de Pasolini abundan en este procedimiento, por lo menos hasta Poesía en forma de rosa: impura castidad, humildes y violentos, pura y corrupta, calmada furia, estupenda y mísera ciudad, quema el fresco sol, impura virtud, heroico y ridículo, otoñal mayo, rudo esplendor, hielo tibio, puerco y espléndido, oscura luz, etcétera.
El encabalgamiento —repudiado en la métrica francesa clásica— consiste en separar, en dos versos distintos, la unidad sintáctica de la frase: o bien nombre y complemento, o bien verbo y complemente verbal. Esto causa un efecto no poético (o antipoético) al leer a Pasolini traducido: cuando más fiel es la traducción, más tiene el lector la sensación de que está mal traducido, porque han desaparecido lo que daba solidez al original (acentuación, métrica, palabras, etc.). Pero Pasolini usa también en encabalgamiento entre estrofas, y no sólo entre versos de una misma estrofa.
A todo esto —terceto, acentuación, rimas consonante o asonante, mezcla de lenguajes, uso de los adjetivos, oxímoron, encabalgamientos, etc.— había que sumar el contenido explícito del libro.
En 1956 había tenido lugar el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. En él, el secretario general Nikita Kruschev (o Jhruschov, como se dice ahora) leyó el «informe secreto» —aunque se publicó en cientos de miles de copias: era un informe pero para ser leído en las células— en el que acusaba a Stalin de los crímenes cometidos contra personas inocentes y se hacía la autocrítica del partido por haber caído en el «culto a la personalidad». El impacto sobre los militantes comunista fue brutal. Sobre todo para los occidentales: porque este informe les hacía cómplices de la muerte de infinidad de comunistas que habían sido vilmente asesinados.
En este clima de crisis, Las cenizas de Gramsci aparecía como una propuesta de diálogo, pero no con Stalin, sino con Gramsci. Una propuesta hecha por «un marxista que vota por el PCI», es decir, por un independiente: algo que en aquellos tempos era desacostumbrado. Un independiente que, sin embargo, discutía abiertamente la política comunista: «habéis, cegados por el hacer, servido / al pueblo no en su corazón, / sino en sus banderas» (Pasolini, 1957, p.95).
Pero esta vinculación con el partido comunista venía a través de su principal protagonista: el subproletariado de las barriadas romanas, que era también el protagonista de su ciclo novelístico y de sus primeras políticas. Era un personaje colectivo nuevo y escandaloso. En toda la literatura italiano sólo el milanés Giovanni Testori y Pasolini pusieron su mirada sobre el mundo de las barracas.
Pasolini había conocido este mundo subproletariado en sus noches romanas buscando satisfacer su deseo. El poeta se nombraba a sí mismo «diverso» es decir: homosexual. De libro en libro, Pasolini fue definiendo el derecho a la diferencia. Política y diversidad fueron los polos de su desgarro, y en un libro de ensayos acertó a definir las dos contradicciones que recorrían su obra: pasión e ideología.
Todo esto junto hizo que Las cenizas de Gramsci fuera un aldabonazo en los círculos literarios y políticos italianos, y explica la meteórica rapidez con que se agotó la primera edición. Posteriormente publicó tres libros más de poesía en italiano —La religión de mi tiempo (1961), Poesía en forma de rosa (1964) y Transhumanar y organizar (1971)— en que desarrollaba más claramente los motivos políticos y sexuales, que solo estaban apuntados en Las cenizas de Gramsci.
Esto le valió a Pasolini el apelativo de poeta civil, probablemente el primer poeta italiano del que se decía esto. (En Italia, a diferencia de aquí, no había habido ni un equivalente de la generación del 1927, ni algo parecido a lo que la historia literaria en España ha llamado «los poetas de la república».) Poeta civil —como matizaba Moravia— «no quiere decir poeta oficial, celebrativo y retórico, como han sido en Italia en la segunda mitad del siglo XIX Carducci y D’Annunzio; sino poeta que ve el país natal como no lo ven ni pueden verlo justamente los poderosos de este país» (Moravia, 1983, página 17). Es decir, un poeta de oposición. Con el sólo precedente, quizás, de Bertolt Brecht.
Por lo demás, la confrontación con el conjunto de la obra pasoliniana permite ver la forma que subyace a todos los libros y a los poemas sueltos publicados en periódicos y revistas de muy diversa índole. Ésta es la del diario, que le consiente comentar a la vez hechos muy íntimos junto con hechos públicos, relacionados con él o directamente socio-políticos. Esta forma se ponía en evidencia ya en los propios títulos de algunas de sus primeras colecciones: Diarii (1945) o Dal diario (1947-1949) o Roma 1950. Diario (1960), que fue el primer libró de poesía que publicó en una editorial importante.
La forma diario puede hacer pensar en cierta improvisación o imperfección por parte de Pasolini. Nada más alejado de la realidad. De hecho, la poesía de Pasolini –y en general todo lo que hacía– estaba revisada hasta la saciedad. Un poema esperaba dos años antes de ser publicado… incluso los destinados a la prensa (sic). A través de este lapso de tiempo, el poema estaba en su mesa de trabajo y, cada cierto tiempo, lo leía y lo alteraba. La obra de Pasolini es una de las más pensadas de la cultura italiana. La situación del rodaje del evangelio —en el cual Pasolini sentía «una desesperada necesidad de ser sincero»— le llevó al extremo de tener «conatos de vómito como los neuróticos» (Pasolini, 2001, tomo II, p.2775), lo cual es sólo un ejemplo extremo (por vivirlo en público), que se solía reproducir en privado, en su mesa de trabajo.
Decía Giovanni Raboni (Moravia, 1983, p.91) que Pasolini «tiene siempre bajo estrecho control, en sus versos, el desarrollo lógico y la eficacia demostrativa, ejemplar, pedagógica del discurso». El resultado es un dispositivo que apunta directamente a la perfectibilidad. El problema es, claro está, por qué aparecen estos versos sin fisuras. La razón es bastante simple: Pasolini se sabe diverso, es decir, homosexual y, por lo tanto, atacable en la raíz misma de su pulsión, en su deseo. La reacción ante este sentirse débil o atacable, es un mecanismo de autodefensa: la poesía es tan pensada en todos sus aspectos, que quien la ataca queda preso en ella.
Sin embargo —volviendo a Nueva York—, Giuseppe Cardillo no formuló ninguna pregunta acerca de la poesía. Algo lo suficientemente extraño como para preguntarse qué hay detrás.
En 1969, en los Estados Unidos, no estaba traducido —y sigue sin estar— ninguno de los libros de poesía de Pasolini. Sólo hay cuatro antologías, pero no libros completos. Sus traductores, con una salvedad, son todos poetas: Jack Hirschman, Norman Macafee y Mary Di Michele. Sólo cuatro antologías en cincuenta años plantean un problema gravísimo, y es que la traducción de Pasolini aparece como un problema.
En realidad, Fernando Bandini en su introducción a Tutte le poesie escribía ya que «las hipérbaton, las anástrofes y las mixturae verborum, son la cruz de los traductores franceses del Pasolini poeta» (Bandini, 2003). La lengua poética de Pasolini es un auténtico ornatus straniante para los traductores franceses (y europeos en general).
Pero para los norteamericanos hay un problema añadido que les inhibe. Uno de los anclajes en la realidad típico de la poesía de Pasolini son los toponímicos. Pero los nombres de lugares están cargados de sentido, porque indican una borgate o un barrio popular del centro de Roma, un barrio residencial, etc. Casi cada poema de Pasolini contiene dos o más de estos nombres propios. Para un traductor norteamericano esto es un verdadero problema. Cuando se trata de un caso, se puede consultar a alguien; pero cuando se trata de esta avalancha, se convierte en simplemente intraducible: el número de notas se parecería al de una edición crítica. Servirse de otros medios supondría hacer trizas el poema. Este es, sin embargo, un problema interno a la propia obra de Pasolini.
El otro sería evidentemente un factor externo: el cine. Desde El evangelio según San Mateo (1964) y su éxito de público en todo el mundo donde se estrenó, Pasolini pasó a ser un hombre de cine y su fama estuvo directamente relacionada con esto. Este aspecto canceló los demás aspectos de su actividad. El primer indicio —o uno de los primeros— es precisamente la entrevista grabada que constituye Nueva York.
En ese momento, en 1969, esto empezaba a ser una ola que se extendía por todas partes. Incluida Italia. Cuando Pasolini publicó Transhumanar y organizar no hubo ningún periódico italiano que publicase ni una reseña. En cambio, la película El Decamerón (1971), del mismo año, recibió una amplia cobertura y críticas elogiosas en casi toda la prensa (aunque suponemos que la Produzioni Europee Associati —nombre italiano de la United Artist— debió tener parte en ello). Pasolini tuvo que reseñarse él mismo el libro de poemas y publicar la nota en el periódico Il Giorno del 3 de junio de 1971. En España, como en otras partes, la fama de Pasolini cineasta dejó en el olvido al crítico literario, al novelista, al crítico del consumismo, al autor teatral y, por supuesto, también al poeta civil.
A cuarenta años de la muerte, sigue habiendo dos Pasolini: el Pasolini que es esencialmente un poeta civil y un crítico feroz del consumismo, que es el Pasolini que se lee fundamentalmente en Italia; y un Pasolini cineasta que se ve en otros países. Dacia Maraini estuvo en Barcelona para presentar la película Io sono nata viaggiando (2012). Al hablar con gente del Proyecto Pasolini, la que fue compañera de Moravia estalló en un grito: «¡Olvidaros del cine! ¡Pasolini es un poeta!».
El cine no consumible
La entrevista de Pasolini con Giuseppe Cardillo arroja cierta luz, además, sobre las películas del período 1966-1970. El punto de partida es la constatación de «la crisis del marxismo». Esta expresión está tan socorrida que conviene aclarar de qué se está hablando. La clase obrera industrial —que en los años cincuenta había protagonizado luchas tenaces por sus derechos— a lo largo de la década siguiente parecía haber cambiado sus objetivos, acomodándose al incipiente consumismo. La crisis del marxismo radicaba en que esta clase trabajadora pareciera estar desistiendo de su empeño revolucionario. Como dijo en 1966 el filósofo Georg Lukács: «nadie se convierte al socialismo por obra de la perspectiva de poseer un automóvil, sobre todo si ya lo posee dentro del sistema capitalista».
Esta sensación de crisis preocupa a Pasolini y le obliga a repensar su cine, sobre todo después del éxito de El evangelio según san Mateo. Entonces hará una serie de películas que van a diferenciarse de las primeras (que fueron vistas, por el espectador italiano, como la continuación de sus novelas ambientadas en las borgate romanas).
En 1966 rueda —sin cobrar nada— Pajarracos y pajaritos. La película parece no haberse entendido, en particular el último episodio, el del cuervo. Pajarracos y pajaritos planteaba el estado de la cuestión explícitamente en las intervenciones del cuervo, que, huelga decirlo, es un intelectual con las mismas preocupaciones que Pasolini.
En el episodio final trataba de mostrar un resquicio de esperanza: una película es demasiado costosa para permitirse el lujo de ser derrotista. Esto lo hacía mediante un misterio cristiano, como es el de la eucaristía. En la medida en que Ninetto y Toto se comen al cuervo (es decir: comulgan con él) algo del ideario político del cuervo (el marxismo revolucionario) pasará a ellos (los comulgantes). Pero es bastante evidente que la trasposición de un misterio cristiano —sin embargo, conocido por todos los espectadores— a un discurso marxista no era tan fácil de hacer, sobre todo por un público cada vez más acostumbrado a un cine claro y liso, concebido como mero entretenimiento.
Después rodará Edipo rey de la fortuna (1967), Teorema (1968), Porcile (1969) y Medea (1969). «Estas películas —dice en Nueva York— representan parábolas que expresan una ideología, un pensamiento, un problema, plantean un problema» (pág. 86). Es decir, funcionaban como Pajarracos y pajaritos: parábolas que requerían del espectador una participación activa. La crisis vino con Porcile: la mayoría de la crítica reunida en el festival de Venecia la trató de desagradable e incomprensible.
En su conversación con Giuseppe Cardillo, Pasolini trata de explicar porqué sus últimas películas parecen incomprensibles. A propósito de Teorema, dice:
«Simplemente es un ensayo, mi parábola no es didascálica [didáctica, n.del e,], ésta es la cuestión. Es decir, en lugar de escribir un ensayo sobre el final del marxismo en Italia a finales de los años cincuenta, y habría podido escribirlo, yo he traducido este ensayo ideológico en términos poéticos. Y he creado una parábola. Pero con esto no he querido ser didáctico, he querido plantear problemas igual que los habría planteado en un ensayo. Un ensayo escrito por mí no habría sido una obra didascálica, habría sido una obra problemática. Y dicha problematicidad, de hecho, está presente en la película, que no presupone soluciones, que no enseña nada; plantea problemas, hace consideraciones, hace observaciones. Y, efectivamente, deja un problema sin resolver» (pág. 88).
El problema es que este tipo de cine ya no era consumible. Los estándares de consumo habían llegado al cine. Las películas concebidas como ensayos no eran entonces ya del agrado del público. Es en este momento, hacía el final de la entrevista, cuando Pasolini hace una intervención que empieza por la poesía y acaba por el cine:
«La poesía no se consume. Los sociólogos se equivocan en este punto, tienen que revisar sus ideas. Dicen que el sistema se lo come todo, que lo asimila todo. No es cierto, hay cosas que el sistema no puede asimilar, no puede digerir. Una de ellas, por ejemplo, es precisamente la poesía: en mi opinión, es inconsumible. Uno puede leer miles de veces un libro de poemas y no consumirlo. La consumición la sufre el libro, pero no la poesía» (pág. 98).
Y añade: «Lo mismo vale para el cine: haré cine cada vez más difícil, más árido, más complicado, y quizá incluso más provocador para que sea lo menos consumible posible» (pág. 99).
Este motivo («lo menos consumible posible») entronca con el discurso mantenido en los diálogos con los lectores de Vie nuove (1960-1965) y Tempo illustrato (1968-1979) (Pasolini, 1992), y que desarrollará en los artículos recogidos en Escritos corsarios (Pasolini, 2009) y Cartas Luteranas (Pasolini, 1997).
Se suele olvidar también que Pasolini es un hombre público —desde 1955, con la publicación de Ragazzi di vita— y que por tanto es entrevistado con suma frecuencia. Para Pasolini vale igual una entrevista que un artículo, sólo que en la entrevista la iniciativa corresponde a otro. Releyendo algunas de estas entrevistas está claro que existe un Pasolini distinto: alguien que utiliza las entrevistas para decir cosas que, en cambio, no entran en su obra escrita.
Este último Pasolini es, sin embargo, también el que le ha salvado. Es el Pasolini político, el crítico feroz del consumismo como destructor de identidades, el Pasolini que en uno de sus últimos poemas grita «¡Viva la lucha comunista por los bienes necesarios!» (Pasolini, 1975, pág. 246).
Este es el Pasolini que se lee en casi todo el mundo. El Pasolini que tiende sus redes hacia el pasado, rescatando todos los demás Pasolini. Que a la luz de su crítica al desarrollismo permite entender lo que a veces parecía oscuro. «La luce è frutto di un buio seme»: la luz es el fruto de una semilla oscura, decía Pasolini al final de un poema de Las cenizas de Gransci.
17/09/2014
Bibliografía citada
Bandini, F. (2003) «Il ‘sogno di una cosa’ chiamata poesia», en Pier Paolo Pasolini: Tutte le poesía. Milán (Mondadori).
Maninno, V. (1982) Invito a la lettura di Pasolini. Milán: Mursia.
Moravia, A. (1983) Pier Paolo Pasolini. Una vita futura. Roma: Fondo Pier Paolo Pasolini.
Pasolini, P.P. (1975) La nuova gioventù. Turín: Einaudi.
– (1957) La ceneri di Gramsci. Milan: Garzanti. Hay dos versiones en Visor libros, una de ellas de Antonio Colinas.
– (1992) I dialogui. Roma: Riuniti. Hay dos selecciones en castellano: Las bellas banderas (1982. Barcelona: Planeta) y El caos (1981. Barcelona: Crítica).
– (1995) Interviste corsare, sulla politica e sulla vida 1955-1975. Roma (Atlantide).
– (1996, 2ª) Bestemmia. Tutte le poesie. Milan: Garzani.
– (1997) Cartas Luteranas. Madrid: Trotta.
– (2001) «Confessione Tecniche» en Per el cinema: Milan (Mondadori); antes en Uccellacci e Uccellini. Milan (Garzani, 1996).
– (2009) Escritos corsarios. Madrid: Ediciones de Oriente y el Mediterráneo.
– (2011) Nueva York. Madrid: Errata naturae.
Santato G. (2012) Pier Paolo Pasolini. L’opera poetica, narrativa, cinematografica, teatrales e saggistica. Roma: Carroci.
[Fuente: rrevista Viento Sur nº 137, diciembre de 2014]
24/12/2014
Vera Sacristán
La universidad pública, un bien común
Las universidades públicas reciben en promedio de su comunidad autónoma algo menos del 69% de sus ingresos corrientes (datos del MEC, año 2012). Este porcentaje tiene gran variabilidad: desde el 58% en Cataluña hasta más del 80% en el País Vasco, la Rioja o Canarias. Los precios y tasas que pagan los estudiantes y sus familias constituyen el 20% de los ingresos corrientes de las universidades, con una variabilidad incluso mayor: por debajo del 10% en las universidades de La Laguna, País Vasco o Cádiz, y hasta el 36% en la de Barcelona o el 37% en la Rey Juan Carlos de Madrid.
Desde el año 2009, la evolución de esas cifras puede calificarse de “histórica”. En algunas comunidades autónomas los recortes se acercan al 40% en términos reales, una vez descontada la inflación, lo que nos retrotrae a más de veinte años atrás. Según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), cursar algunas carreras cuesta hoy hasta 3 o 4 veces lo que costaba en 2007, justo antes de las últimas reformas universitarias.
Llama la atención que la mayor parte de países europeos sigan una política distinta o incluso opuesta a la española. Y no se trata sólo de los consabidos países nórdicos, donde los estudios universitarios son gratuitos, sino de países y regiones más próximos a nosotros, donde la matrícula es gratuita (Austria o Escocia, entre muchos otros) o requiere tan sólo el pago de una tasa fija (300€ por año en Alemania, 183€ en Francia, por ejemplo). Mientras esto ocurre en Europa, los precios públicos en España llegan a alcanzar los 2.600€ por curso de grado, y los 4.000€ por curso de máster. Además, la inmensa mayoría de países europeos ofrecen o bien becas-salario para compensar la pérdida de ingresos de los jóvenes que optan por estudiar en vez de trabajar (modelo nórdico), o bien desgravaciones fiscales y subsidios para las familias que mantienen a los hijos que estudian en la universidad (modelo centroeuropeo), algo inexistente en España.
Cabe preguntarse si lo que ocurre en nuestro país no es más que el resultado inevitable de una situación económico-financiera adversa. Sin embargo, quienes defienden estas nuevas políticas de financiación universitaria no suelen hacerlo en términos coyunturales, sino con argumentos de fondo. El principal es el de considerar que, puesto que obtener un título universitario permite acceder a trabajos y niveles de renta superiores, quien estudia en la universidad debe pagarse los estudios, pues va a obtener de ellos un beneficio personal. Y es cierto que lo va a obtener. Lo que no es tan claro es que deba pagar por ello a priori, esto es, mientras estudia. Intentaré argumentar por qué es mejor que lo haga a posteriori, mediante un sistema de impuestos progresivo, que permita que devuelva a la sociedad, incluso con creces, lo que de ella ha recibido.
También se aduce que no es justo que paguen lo mismo los ricos que los pobres. Como si no nos costara exactamente lo mismo a todos, ricos y pobres, comprar un kilo de arroz o un televisor. De nuevo, la redistribución de la riqueza conviene hacerla mediante el sistema impositivo, no en el sistema de precios.
Otro argumento frecuente es el de considerar que, puesto que a la universidad acceden mayoritariamente jóvenes de clases medias y altas, no es justo que los contribuyentes les paguen los estudios. Efectivamente, sabemos que a nuestras universidades acceden mucho más los hijos de directivos, profesionales y, en general, trabajadores de oficina, servicios y administración, mientras que los hijos de trabajadores obreros están infrarrepresentados ya que sólo son un 27% de la población universitaria mientras que sus padres conforman el 48% de la población de 40 a 60 años. Pero esto no debería inducirnos a una aceptación resignada de los hechos, sino a actuar para que la situación cambie. Un motivo que explica la baja presencia de estudiantes de origen humilde en nuestras universidades es su necesidad de trabajar y aportar ingresos a sus familias. En estas condiciones, el aumento del precio de la matrícula es un elemento disuasorio añadido.
Por último hay quien piensa que la respuesta a todas estas cuestiones está en mantener precios elevados como los actuales y ofrecer becas o créditos a quienes no puedan permitirse pagarlos. Las becas o, peor aún, los créditos, no resuelven el problema. Aparte de la escasez de sus importes y número, las becas generan incertidumbre ya que un estudiante no sabe a priori si la obtendrá. De los créditos, para qué hablar, en un país en el que las hipotecas son causa de problemas tan graves. ¿En qué condiciones entraría en el mercado de trabajo un recién titulado obligado a devolver un crédito por los estudios cursados? ¿Cómo afrontaría el inicio de una vida personal y familiar independiente? Conocemos demasiado bien las dificultades generadas por el sistema de créditos al estudio en los países que los han implantado, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido: endeudamiento no sostenible, disminución drástica de la movilidad estudiantil, retracción de la demanda universitaria por parte de sectores específicos (mujeres y adultos), burbuja crediticia y, finalmente, abandono de los estudios al producirse la crisis financiera y reducirse la concesión de créditos y las expectativas laborales.
Debemos, en cambio, preguntarnos por qué los países de nuestro entorno están optando por una política tan distinta: financiación pública de la universidad, matrículas gratuitas o simbólicas, y ayudas en forma de becas-salario, desgravaciones fiscales y subsidios. Este es el modelo mayoritario en Europa porque promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Y la igualdad no es sólo una cuestión de justicia social sino también de eficacia, ya que permite que los mejores accedan a los estudios, y que el país no desperdicie su talento por causas económicas. En otras palabras, frente al beneficio personal que se extrae del estudio, la mayoría de países valoran el beneficio colectivo que obtiene el conjunto de la sociedad. Un beneficio cultural, científico, técnico y profesional que ayuda al bienestar y al progreso del país. Un beneficio económico gracias a quienes, tras haber pasado por la universidad, desarrollan actividades útiles y rentables para empresas e instituciones, tanto privadas como públicas. Y, finalmente, un retorno de la inversión pública a través de los impuestos.
No es posible tratar de financiación universitaria sin mencionar la investigación, puesto que en nuestro país las universidades públicas son su agente principal. La disminución de la financiación de la investigación en España ha sido drástica en estos últimos años (superior al 40%) y nos aleja todavía más de los objetivos declarados en solemnes reuniones de ministros de la UE. Se está hipotecando el futuro de la investigación española y con ello las posibilidades de un cambio de modelo económico del país. Para que la investigación revierta positivamente en la sociedad, se suele argumentar que lo mejor es que sean las empresas las que la orienten y las que la financien. ¿Es eso lo que más conviene a la ciudadanía? Que las empresas (y otras instituciones, no necesariamente con ánimo de lucro) financien parte de la investigación puede ser positivo, pero es imprescindible que la administración pública lo haga en una proporción suficiente. Suficiente para garantizar el avance de la investigación básica, sin la cual no hay investigación aplicada posible. Suficiente para garantizar la independencia y la objetividad de la investigación. Suficiente también para asegurar que se obtengan avances científicos que ayuden a resolver los problemas de la población, con independencia de su rentabilidad económica inmediata.
En conclusión, la actividad docente e investigadora de las universidades públicas beneficia al conjunto de la sociedad. Es un bien común y, por ello, corresponde al poder público garantizar su financiación.
[Fuente; El País, 22.12.2014]
2/2015
Human Rights Watch
EE.UU.: Procesos penales por terrorismo son un espejismo
El Departamento de Justicia de EE.UU. y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) han dirigido abusivas “operaciones encubiertas” contra musulmanes estadounidenses basándose en razones de identidad religiosa y étnica, dijeron Human Rights Watch y el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en un informe publicado hoy. Muchos de los más de 500 casos relacionados con delitos de terrorismo procesados en los tribunales federales de Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001 han alienado precisamente a las comunidades con las cuales el gobierno dice querer trabajar para prevenir delitos de terrorismo.
El informe de 214 páginas, “Illusion of Justice: Human Rights Abuses in US Terrorism Prosecutions” (“Justicia Manipulada: violaciones de los derechos humanos en el procesamiento de casos de terrorismo en EE.UU.”), examina 27 casos federales de terrorismo desde el inicio de las investigaciones hasta la sentencia y las condiciones en reclusión posteriores a la condena. El informe documenta el significativo costo humano de algunas prácticas antiterroristas, como operaciones encubiertas excesivamente agresivas y condiciones de detención innecesariamente restrictivas.
“El gobierno de Estados Unidos dice que mantiene a sus ciudadanos a salvo mediante la prevención y la persecución del terrorismo dentro del país”, dijo Andrea Prasow, subdirectora en Washington de Human Rights Watch y una de las autoras del informe. “Pero si uno echa un vistazo más de cerca se da cuenta de que muchas de estas personas nunca habrían cometido un delito si no fuera porque las fuerzas del orden las alentaron, presionaron y a veces incluso pagaron para que cometieran actos terroristas”.
Muchos procesos se han centrado correctamente en personas involucradas en la planificación o financiación de ataques terroristas, halló el informe. Pero muchos otros se han enfocado en personas que aparentemente no tenían ninguna vinculación con complots terroristas o financiación de atentados en el momento en que el gobierno comenzó su investigación. Además, muchos de los casos implican violaciones del debido proceso y condiciones abusivas de confinamiento que han resultado en condenas de cárcel excesivamente largas.
El informe se basa en más de 215 entrevistas a personas acusadas o condenadas por delitos relacionados con el terrorismo, incluyendo a miembros de sus familias, sus comunidades, abogados penales defensores, jueces, fiscales federales actuales y anteriores, funcionarios gubernamentales, académicos y otros expertos.
En algunos casos, el FBI pudo haber convertido en terroristas a personas que cumplían con la ley, al infundirles la idea de que participaran en una acción terrorista o incitarlos a actuar. Múltiples estudios han encontrado que casi el 50 por ciento de las condenas federales por casos de contraterrorismo desde el 11 de septiembre de 2001 resultaron de casos basados en informantes. Casi el 30 por ciento fueron operaciones encubiertas en las que el informante jugó un papel activo en la trama subyacente.
En el caso de los “Cuatro de Newburgh”, por ejemplo, que fueron acusados de planificar atentados contra sinagogas y una base militar de EE.UU., un juez dijo que el Gobierno “ideó el delito, suministró los medios y eliminó todos los obstáculos pertinentes” y, de paso, en el proceso convirtió en terrorista a un hombre “cuya bufonería es positivamente propia de Shakespeare en su alcance”.
El FBI a menudo enfocó sus supuestas investigaciones en personas particularmente vulnerables, como personas con discapacidades intelectuales y mentales e indigentes. El gobierno, a menudo actuando a través de informantes, desarrollaba activamente la trama, persuadía y, a veces, incluso presionaba a los blancos para que participaran y les proporcionaba los recursos para llevarla a cabo.
“El gobierno de EE.UU. debería dejar de tratar a los musulmanes estadounidenses como terroristas latentes”, dijo Prasow. “Probar la inducción (que podría ser una defensa en estos procesos) es tan difícil en el derecho estadounidense, que es casi imposible que una persona acusada de terrorismo pueda demostrarlo. Si a esto le añadimos unas autoridades del orden que se aprovechan de los particularmente vulnerables, como las personas con discapacidad mental o intelectual y los más pobres, acabamos con una receta perfecta para que se cometan abusos desenfrenados de derechos humanos”.
Rezwan Ferdaus, por ejemplo, se declaró culpable de intentar explotar un edificio federal y fue condenado a 17 años de prisión. A pesar de que un agente del FBI incluso le dijo al padre de Ferdaus que su hijo “obviamente” tenía problemas de salud mental, el FBI lo convirtió en un blanco para una operación encubierta, enviando a un informante a la mezquita de Ferdaus. Juntos, el informante del FBI y Ferdaus esbozaron un plan para atacar el Pentágono y el Capitolio de EE.UU.: el FBI proporcionó armamento falso y financió los viajes de Ferdaus. Sin embargo, Ferdaus comenzó a deteriorarse mental y físicamente conforme la trama falsa se desarrollaba. Ferdaus llegó a sufrir una depresión y convulsiones tan graves que su padre renunció a su trabajo para cuidarlo.
EE.UU. también ha hecho un uso excesivamente amplio de los cargos de apoyo material al terrorismo, penalizando comportamientos que no tenían una intención demostrada de fomentar el terrorismo. Los tribunales han aceptado tácticas procesales que podrían violar los derechos a un juicio justo, como la introducción de pruebas obtenidas mediante coacción, la utilización de evidencia clasificada que no puede disputarse de manera justa y el uso de pruebas llamativas sobre actos terroristas en los que los acusados no desempeñaron ningún papel, así como también la invocación del secreto gubernamental para limitar las objeciones a las órdenes de vigilancia.
Ahmed Omar Abu Ali es un ciudadano de EE.UU. que denunció haber sido azotado y amenazado con la amputación cuando estuvo detenido sin cargos en Arabia Saudita, después de una redada tras los atentados contra instalaciones occidentales en la capital saudí de Riad en 2003. Ali asegura que los interrogadores sauditas no se detuvieron hasta que proporcionó una confesión, que él asegura fue falsa. A continuación, cuando Ali fue a juicio en Virginia, el juez rechazó las acusaciones de tortura de Ali y admitió su confesión como prueba. Fue declarado culpable de conspiración, provisión de apoyo material a terroristas y conspiración para asesinar al presidente. Fue condenado a cadena perpetua, sentencia que está sirviendo en régimen de aislamiento en una prisión federal de máxima seguridad en Florence, Colorado.
EE.UU. ha utilizado en los casos de terrorismo condiciones de reclusión duras y en ocasiones abusivas, que a menudo parecen excesivas en comparación con los riesgos de seguridad que planteaban. Entre ellas se destacan el confinamiento prolongado en solitario y las severas restricciones a la comunicación durante la prisión preventiva. Esto posiblemente impidió la capacidad de los acusados de contribuir a su propia defensa y pudo influir sobre su decisión de declararse culpables. Los jueces han impuesto condenas excesivamente largas y algunos prisioneros sufren condiciones muy crueles después de la condena, como confinamiento solitario prolongado y severas restricciones al contacto con la familia u otras personas, a veces sin explicación o posibilidad de recurso.
Nueve meses después de su arresto por cargos de apoyo material al terrorismo y a pesar de negarse a un acuerdo con la fiscalía, Uzair Paracha fue transferido a un duro régimen de confinamiento en solitario. Medidas Administrativas Especiales (SAMs por sus siglas en inglés) –restricciones a su contacto con los demás en nombre de la seguridad nacional— hicieron que Paracha sólo pudiera hablar con los guardias de la prisión.
“Uno podía pasarse días o semanas enteras sin decir nada más que ‘Por favor, apaguen las luces’, ‘¿Puedo hacer una llamada a mi abogado? ¿Pueden darme papel higiénico o una cuchilla de afeitar? etc.’, o simplemente darles las gracias por apagar las luces”, escribió a los investigadores del informe de Human Rights Watch y Columbia. Después de ser declarado culpable, sus SAMs fueron modificadas para que pudiera comunicarse con otros reclusos. “Afronté la parte más dura de las SAMs a pesar de ser inocente bajo la ley estadounidense”, escribió.
Estos abusos han tenido un impacto negativo en las comunidades musulmanas estadounidenses. Las tácticas del gobierno para identificar a los sospechosos de terrorismo, a veces antes de que el blanco incluso haya demostrado ninguna intención de usar la violencia, han socavado los esfuerzos paralelos para construir relaciones con los líderes de la comunidad musulmana estadounidense y grupos que podrían ser fuentes importantes de información para prevenir ataques terroristas.
En algunas comunidades, estas prácticas han reprimido la interacción con las autoridades. Algunos miembros de la comunidad musulmana aseguraron que el temor a la vigilancia del gobierno y la infiltración de informantes ha hecho que tengan que medir lo que dicen, con quiénes hablan y con qué frecuencia asisten a los servicios.
“Lejos de proteger a los estadounidenses, incluidos los musulmanes estadounidenses, de la amenaza del terrorismo, las políticas documentadas en este informe han desviado la aplicación de la ley de perseguir amenazas reales”, señaló Prasow. “Es posible proteger los derechos de las personas y también procesar a los terroristas. De hecho, esto aumentaría las posibilidades de capturar a los verdaderos criminales”.
[Fuente: Human Rights Watch]
25/1/2015
Agustín Moreno
Grecia ya no tiene miedo
Antes de Cristo los griegos inventaron la tragedia. A principios del siglo XXI la troika la reinventó para ellos y desde hace seis años están viviendo una sin precedentes. Desde que estalló la crisis de 2008, Grecia ha sufrido una brutal transferencia de plusvalía de los trabajadores y de las clases medias a la élite financiera. Es un país en bancarrota con un pueblo viviendo una pesadilla: han sido engañados, robados, saqueados y ahora amenazados. Han soportado la violencia policial y la fascista, con el resultado de asesinatos de jóvenes y militantes. Han respondido con muchas manifestaciones y un sin fin de huelgas generales. Ahora los griegos han votado sin miedo y Syriza ha ganado ampliamente las elecciones.
Grecia ha sido esquilmada por la especulación financiera y empresarial y por unas élites corruptas y clientelares. Dice Márkaris en La espada de Damocles (Ed. Tusquets 2012) que en la fiesta de las olimpiadas de 2004 está uno de los orígenes de la crisis: el presupuesto era 2.400 millones de euros y se gastaron casi cinco veces más (11.500). Lo cierto es que 2007 aparece un déficit público del 12%, cuando el gobierno mentía al decir que era del 2,7%. Afrontar esta crisis con rescates y una estrategia de austeridad ha tenido brutales consecuencias.
Así, Grecia ha perdido un cuarto de su riqueza con la crisis y con las políticas neoliberales de austeridad. La pobreza alcanza a un tercio de la población y se ha creado una situación de auténtica crisis humanitaria; los parados son el 26%, la mayoría sin ninguna prestación, y el paro juvenil supera el 50%. La pérdida salarial ha sido enorme, de más de 25%, así como la reducción de las pensiones en un 40%; ha habido salvajes subidas de impuestos indirectos. Se ha producido la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos (cierre de hospitales…), el despido de muchas decenas de miles de empleados públicos, desahucios de familias. Los suicidios por desesperación social hacen que sea el país con la mayor tasa de Europa. El paisaje de desesperanza lo forman trabajadores y clases medias empobrecidas, niños que pasan hambre, personas viviendo en las calles, pobreza energética y jóvenes huyendo en masa al exilio laboral. Es tan grande la violencia que ha sufrido el pueblo griego que hoy tenía poco que perder.
La falacia de la recuperación griega que esgrimía el gobierno de Samarás es puro humo. Como no era suficiente baza electoral, se han volcado en la campaña del miedo. La preocupación de las élites a perder el poder les lleva a desencadenar una campaña como la que les dio resultado en 2012 e impidió el triunfo de Syriza. Desde la UE, el BCE, el FMI, Merkel… y hasta nuestro patético presidente de Gobierno han amenazado, advertido y acudido en auxilio de la Nueva Democracia. La derecha ha utilizado, incluso, el recuerdo de la guerra civil (1946-49) desencadenada por el reparto de Yalta. Amenazaban con todos los males del apocalipsis. Pero como ya apuntaban las encuestas, esta vez no iba a funcionar la creación de un clima de terror entre la ciudadanía.
Los términos de la cuestión este 25 de enero eran: seguir con el desastroso memorándum de austeridad, defendido por la derecha (Nueva Democracia) y la socialdemocracia (PASOK), o apostar por otra alternativa. Y ésta es Syriza, la izquierda griega, parecida a Izquierda Unida en su diseño, pero con el tirón electoral de Podemos, capaz de dar cauce a la indignación popular de manera democrática y pacífica. Y se empieza a unir una voluntad de cambio progresista frente a la austeridad y los rescates; frente a la estafa de una deuda contraída por los bancos y endosada a la ciudadanía. Y Alexis Tsipras propone que se cancele la inmensa mayoría del valor nominal de la deuda, imponiendo una moratoria a la devolución, para poder dedicar los recursos restantes al crecimiento. Es puro sentido común: si no se reestructura una deuda de un volumen del 175% del PIB, se hace impagable en las condiciones actuales y seguirá llevando el país a la desesperación y a la miseria.
Las medidas a corto plazo que propone Syriza se concretan en el “Programa de Salónica”, concreto, y cuantificado, que se basa en cuatro pilares: a) un programa que encare la crisis humanitaria para proceder a un rescate ciudadano; b) medidas inmediatas para revivir la economía; c) un plan nacional para volver al trabajo; d) reformas para la transformación institucional y democrática de la administración pública. Este es el reto inmediato del Gobierno de salvación nacional que ha anunciado.
Pero las repercusiones de las elecciones griegas van más allá de la formación de un nuevo Gobierno en el país. Las tiene para la Unión Europea y las tiene también para España. La Unión Europea intentará chantajear a Grecia y al nuevo Gobierno para que no se abra una dinámica de renegociación de la deuda, actitud que sería inmoral desde el punto de vista democrático. Como dice Tsipras “Syriza no es solo una esperanza para Grecia y los griegos, no es la gran amenaza para Europa, sino más bien la voz de la razón”. A la izquierda en España le viene muy bien el triunfo de Syriza como referente, pero también Syriza necesita la victoria de la izquierda en España durante 2015, para fortalecer su voz y su posición ante la Unión Europea y demostrar que hay alternativas a la austeridad. Urge, por tanto, impulsar una Conferencia Europea sobre la Deuda, porque el problema no es solo griego, sino europeo, para reestructurar una deuda que impide el desarrollo y la recuperación económica y social de los países del sur de Europa.
Grecia ha votado contra el “dictak” de la troika y ha sabido distinguir la verdad de la mentira. Ha ganado Syriza a pesar de trampas, como haber dejado fuera del censo electoral a más de 100.000 jóvenes para que no pudieran votar, pero sobre todo a pesar de la intimidación. Las elecciones griegas demuestran que cuando la dignidad de un pueblo y sus esperanzas están por encima del nivel del miedo, el cambio está servido. Recuperar la soberanía y dejar atrás la tragedia que está viviendo el pueblo griego no va a ser fácil. Para ello se necesita que esa mayoría de las urnas se transforme en una mayoría social movilizada. Porque ahora empieza lo más difícil: vencer los obstáculos existentes, pero también puede comenzar lo mejor. Si se hacen las cosas bien: se abrirá una nueva etapa histórica de renacimiento de la democracia en Grecia y la oportunidad de recomenzar un proyecto europeo al servicio de la ciudadanía.
[Fuente; Cuarto Poder, 26.01.2015]
26/1/2015