Grecia: imperialismo frente a democracia

Consejo de redacción de mientras tanto

Ha bastado el anuncio de elecciones en Grecia para que el Fondo Monetario Internacional y Alemania se hayan apresurado a establecer un castigo preventivo pensado claramente en clave electoral. Se castiga al país porque se teme que las urnas entreguen el poder a un partido, Syriza, que desafía la lógica de las políticas imperantes.

Una vez más, se pone de manifiesto la existencia de un conflicto directo entre capitalismo y democracia, entre los intereses del gran capital y los de la mayoría de la población. En las sociedades capitalistas desarrolladas se han alcanzado realmente espacios de libertad política relevantes, en gran medida por la acción constante de los movimientos sociales de base, pero este espacio de libertad tiene un límite: no poner en entredicho las reglas del juego que garantizan el poder capitalista. O, en el caso que nos ocupa, ni siquiera eso. Se trata de no tocar los intereses de los acreedores financieros que se han enriquecido con políticas que empobrecen a amplios sectores sociales y que desarbolan los derechos colectivos.

El Fondo Monetario Internacional es la organización que mejor define este orden imperial impuesto por el capital financiero. No se trata de un superimperialismo global totalmente integrado. El capitalismo global pervive en una combinación inestable de competencia y cooperación (competencia, por ejemplo, visible en el mercado energético). El FMI representa una de estas instancias de cooperación del capitalismo financiero orientado a imponer un orden mundial en el que los intereses de este sector prevalecen sobre las políticas nacionales. Y cuenta con el apoyo particular de los países situados en la cúpula de la jerarquía mundial, tradicionalmente Estados Unidos y ahora Alemania. Las élites alemanas han conseguido imponer sus intereses en el diseño de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y de las políticas elaboradas para responder a la crisis desencadenada a partir de 2008. Se trata de un modelo socialmente retrógrado y económicamente fallido, cuyo único logro ha sido el de ir sembrando la ruina (y el endeudamiento creciente) de los países en los que se aplican sus recetas, de las que el caso griego es el ejemplo más desarrollado. La cultura imperial de estas élites ha tenido, además, consecuencias funestas en otros aspectos cuando se considera el papel que jugaron en el inicio del conflicto yugoslavo y actualmente en la crisis ucraniana. Ellos, con sus políticas financieras y su política exterior, son los grandes desestabilizadores de Europa, los mayores promotores de una serie de desastres a los que no se ve fin. Cuentan, sin duda, con la animosa colaboración de las élites locales en cada país, que, al menos a corto plazo, consideran que estas políticas ruinosas refuerzan sus intereses. Otra prueba de ello la tenemos en la negociación en total secretismo del TTIP (que, por lo que se conoce, incluye la creación de mecanismos que garantizan una enorme capacidad de control de las grandes transnacionales sobre las políticas públicas), que ya ha recibido el apoyo local de PP, PSOE, UPyD y CiU antes de haberlo podido leer. No es casualidad que, a medida que el desastre económico se propaga, se vayan introduciendo nuevos recortes a las libertades políticas con objeto de evitar que la protesta organizada pueda tener éxito. Un orden económico injusto y desolador requiere un sistema de gobierno autoritario.

Todos los imperios están abocados a poner en práctica respuestas parecidas. Una de ellas es el temor a la caída de las fichas de dominó, a que la pérdida de una pieza arrastre la de otras. Grecia es hoy la pieza en peligro, y, según cómo evolucione, puede generar un proceso que dinamite el actual marco institucional global. Cuando menos, puede poner en peligro el euro y sus políticas asociadas. Por esto la respuesta es la habitual. Aplicar toda la brutalidad posible para impedir que caiga la ficha, para alertar a posibles seguidores, para mantener en el poder a los títeres que aceptan las reglas del juego. Es también una constante de la historia del capitalismo: cuando la democracia altera al poder establecido, este se decanta por el autoritarismo y se restringe o elimina la democracia. Por esto hoy Grecia somos todos, porque de lo que ocurra en Grecia depende también nuestra suerte. Depende también que se empiece a resquebrajar la hegemonía del ortocapitalismo financiero o se abran nuevas perspectivas de avance democrático. Grecia es hoy el pequeño país donde se dirime un proceso histórico. El neoliberalismo inició su andadura política tras el golpe de estado en Chile; ojalá Grecia sea el inicio de su ocaso definitivo, el inicio de una nueva fase de democracia global y de una gestión económica verdaderamente a escala humana.

31/12/2014

El fin de la crisis o la crisis sin fin

Cuaderno de estancamiento: 16

Albert Recio Andreu

El BOE ha decretado el fin de la crisis. Pero ya se sabe que éste es solo un medio gubernamental, en el que se pretende constreñir la realidad a la voluntad del Gobierno de turno. Y el actual Gobierno tiene mucha voluntad de meter como sea a la sociedad en sus viejos y herrumbrosos moldes. O simplemente no ha podido escaparse del síndrome Zapatero, el que provocó que el anterior Gobierno decretara que no había crisis o que ya se veían los brotes verdes mientras el país se caía a pedazos.

La repuesta al optimismo gubernamental puede hacerse siguiendo diferentes vías. La más habitual es constatar la contradicción existente entre los pretendidos buenos datos macroeconómicos y los que ofrecen los indicadores de bienestar social; entre lo mejor que les va a las grandes empresas y la vida cotidiana de la mayoría de la población. Es la respuesta que se encuentra en muchos espacios de izquierda, que suscribo completamente y sobre la que hay poco que insistir. Seguimos con tasas de paro más elevadas que las que se encontró el PP al llegar al poder, y gran parte de la reducción reciente del desempleo proviene de dos factores igualmente indeseables: la reducción de la población activa —gente que ha desesperado de buscar empleo o que se ha marchado del país— y la proliferación de empleos a tiempo parcial. Ha caído el porcentaje de las personas que reciben prestaciones sociales como resultado de los recortes y de la insuficiencia de las políticas públicas. Han caído los salarios y aumentado estrepitosamente las desigualdades. Ni siquiera los desahucios han cesado de crecer. El aumento en los precios de servicios básicos y los recortes en servicios y prestaciones públicas han empeorado las condiciones de vida de mucha gente. Hay indicios de que la malnutrición y las enfermedades mentales, asociadas ambas a la situación económica, están en fase de crecimiento... Un Gobierno responsable sólo podría decretar el final de la crisis cuando se hubieran eliminado todos estos efectos, cuando la mayoría de la población hubiera recuperado sus niveles de bienestar y seguridad económica esenciales, de la misma forma que ningún médico afirma que una enfermedad está curada cuando le baja algunas décimas la fiebre a un paciente, sino cuando el conjunto de variables de referencia indican que la situación evoluciona claramente hacia el restablecimiento de la vida normal. Todo esto lo sabemos la mayoría de personas, sumidas en unos niveles de incertidumbre y de sufrimiento social insoportables, y cuyo final está lejos de percibirse.

Pero, pese a ser certera, esta contraposición entre los datos macroeconómicos y la vida real pierde de vista otros elementos que, a mi juicio, cuestionan aún más la bondad del análisis oficial. Cuando abordamos el análisis de la crisis actual, existen diferentes planos. Uno, el esencial, es explicar qué factores de la dinámica de la economía capitalista actual permiten entender y explicar mejor la situación. Otro, de interés más local, es entender por qué la misma dinámica genera efectos diferentes en países distintos y, más en concreto, por qué la situación es mucho peor en unos países que en otros. Sobre todo, por qué es peor en el sur de Europa en general y en España en particular. He tratado de dar respuesta a esta segunda cuestión en diferentes trabajos, especialmente en el publicado en el n. º 9, de 2010, de la Revista de Economía Crítica (www.revistaeconomiacritica.org) y en los trabajos desarrollados con Josep Banyuls incluidos en el libro colectivo sobre la crisis coordinado por Steffen Lehndorf (del que pronto esperamos publicar una versión española). Creo que los elementos que consideramos en estos trabajos son una guía útil para valorar hasta qué punto estamos saliendo de la crisis y, sobre todo, si España ha realizado transformaciones de calado que, cuando menos, le permitan abandonar su posición de furgón de cola.

Cuando se discute la situación concreta de un país, los posicionamientos suelen oscilar entre dos posiciones extremas: la de los que consideran que todos los problemas son producto de las malas políticas locales, algo que en el momento actual es habitual en la mayor parte de los analistas conservadores (incluida buena parte de la intelligentsia cercana al PSOE, según la cual lo que nos pasa es culpa de lo mal que lo hacemos, de las regulaciones del mercado laboral, de la corrupción de las élites, etc.), o la de los que, por el contrario, basan su análisis en la dependencia exterior, en el papel que desempeñan el euro y la Unión Europea, en los diktats de las instituciones internacionales, un punto de vista que actualmente es más habitual entre la izquierda que considera el tema de la deuda externa o el del euro como el factor explicativo central de nuestros problemas. Mi punto de vista es intermedio. Por una parte, es innegable que el capitalismo global está organizado en capas jerárquicas en que unos países tienen mayor peso que otros, en que los organismos internacionales imponen reglas de juego que tienen efectos asimétricos, que estas mismas reglas se aplican de forma discriminatoria según de qué país se trate y que el marco de las políticas locales es cada vez más estrecho. Pero también es cierto que este margen existe, que las políticas locales, y especialmente las élites económicas y políticas de cada país, influyen en las propias agendas de la política local, y ello tiene el efecto de reforzar o debilitar la posición de cada país en el marco internacional. Esto es lo que permite explicar la existencia de situaciones sociales sustancialmente diferentes en países situados en un plano jerárquico parecido (por ejemplo, los países nórdicos frente a Estados Unidos) o lo que permite entender por qué países con problemas parecidos son capaces de adoptar estrategias divergentes (Latinoamérica es hoy un campo rico para explorar este hecho).

En el caso español, la forma en que se llega a la crisis es tanto el resultado impuesto por nuestra posición en la división social del trabajo como de las estrategias articuladas por nuestras élites económicas, algo que se pone de relieve cuando se constata que, mientras en el país han proliferado los problemas, las grandes empresas se han consolidado como grandes grupos empresariales globales.

Partiendo de esta premisa, consideraba que los problemas centrales de la economía española eran, lo que la hacía más vulnerable, en primer lugar, su posicionamiento productivo, su escala de especialización y, en el último período de crecimiento, su elevadísima dependencia de la construcción (en su doble variante de vivienda y obras públicas). En segundo lugar, las limitaciones de un sector público subdesarrollado incapaz de generar las cotas de empleo, de bienestar y de activación económica característicos de la mayoría de los países capitalistas europeos. Y en tercer lugar el elevado nivel de desigualdad, con sus efectos colaterales sobre el bienestar y la productividad. Además de todo ello, y fuera del análisis convencional, estaba la cuestión del deterioro ambiental, un deterioro que no sólo tiene efectos a largo plazo sino que genera costes a corto plazo derivado tanto de la dependencia de recursos foráneos como de los efectos del deterioro ambiental sobre los gastos en sanidad, desastres naturales, etc.

Evadirse de las condiciones que habían generado la crisis implicaba, por tanto, alterar estas condiciones, avanzar en la construcción de estructuras diferentes que pudieran dotar a nuestra sociedad de una posición más equilibrada, sostenible y resistente, más socialmente inclusiva. Significaba fundamentalmente alterar la estructura de la producción y el consumo, reformar y amplificar el sector público, reducir los diferentes niveles de desigualdad y orientar la actividad económica en un sentido ecológico. De hecho, hay fuertes interrelaciones entre todos estos aspectos: las desigualdades promueven un modelo de consumo relacional que refuerza las actividades más depredadoras. La única forma de avanzar con fuerza en el cambio de la estructura productiva y la sostenibilidad es con políticas públicas ambiciosas que promuevan, por ejemplo, un cambio de modelo energético, de transporte, de urbanismo. El desarrollo de servicios públicos bien diseñados genera empleos, bienestar y cohesión social...

Lo que ha ocurrido ha sido, en cambio, inacción en unos casos —el de las políticas de cambio estructural— y empeoramiento en otros. Cuando analizamos la economía desde un punto de vista convencional, fácilmente advertimos que en algunos casos hay un deterioro creciente de la situación —el de la deuda pública— y que en otros la mejora es circunstancial —el de la balanza de pagos—. Gran parte de la mejoría experimentada en el sector exterior lo ha sido porque la caída del consumo ha frenado las importaciones y ha permitido mejorar la cobertura exterior sin eliminar el déficit. Ha bastado un pequeño repunte de la economía en 2014 para que éste vuelva a aumentar. No hay ningún misterio en ello: la balanza comercial da cuenta de la especialización productiva de cada país, y en el caso español el déficit persistente indica que, debido a un largo proceso de desindustrialización e insuficiencia tecnológica por un lado, y a un modelo de consumo y producción que exige un determinado tipo de suministros por otro, el país es sistemáticamente incapaz de cubrir sus demandas. El resultado es un persistente desequilibrio exterior (sólo paliado cuando la economía se colapsa) que genera en el otro lado endeudamiento exterior. Luchar contra la deuda exige, entre otras cosas, cambiar la composición de la producción y el consumo. Y no vale sólo con fijarse en lo de que “hay que ser competitivos y exportar más”, porque la realidad está llena de paradojas. Por ejemplo, uno de los sectores de mayor “éxito” exportador ha sido el cárnico, pero su crecimiento ha propiciado un fuerte aumento de las importaciones de cereales y grasas vegetales, que constituyen un elemento básico en el desarrollo de la ganadería industrial (sin contar el elevado consumo energético del proceso y sus efectos negativos en materia de contaminación).

No deja de ser incluso patético que, cuando se analiza cuáles son los sectores que más han contribuido al incipiente crecimiento reciente, aparecen como fundamentales los viejos sectores relacionados con el turismo y el inmobiliario. Aunque en este último caso se trata de un renacimiento diferente del período anterior, en aquel momento lo que generaba actividad era la construcción desaforada de viviendas y urbanizaciones que acabaron en colapso. Ahora la actividad se reanima porque los grandes especuladores inmobiliarios han entrado a comprar todo lo que está en venta (empezando por una parte del patrimonio público); es mera transacción coyuntural. Todo ello sería menos dramático si fuera visible que se han adoptado medidas para cambiar el modelo, pero ni en el plano del consumo ni en el de la producción se han adoptado medidas sustanciales para alterarlo. Más bien, en algunas iniciativas (como la de la ley de costas, o la promoción del fracking), para continuarlo, y por tanto hay que prever que los problemas estructurales sigan protagonizando la generación de los mismos problemas que hemos conocido en el pasado reciente.

Por otra parte, las políticas públicas han debilitado el sector público en lugar de reforzarlo, y en muchos campos (sanidad, suministro de agua, etc.) han reforzado el poder de los oligopolios privados. España sigue estando en la banda baja de la actividad pública y la recaudación fiscal. Los déficits públicos fueron sobre todo resultado del desplome de los ingresos públicos al principio de la crisis. En el último período éstos han vuelto a subir ligeramente por efecto de las políticas fiscales introducidas por el PP, pero ha bastado la llegada de un nuevo ciclo electoral para promover una nueva reforma fiscal que debilita más los ingresos públicos (así como todas las maniobras realizadas sobre los ingresos de la Seguridad Social, especialmente con la introducción de nuevos sistemas de incentivos a las empresas que el Gobierno ha dejado de financiar y que, por tanto, se traducen en una caída de dotaciones al sistema) [1]. La política de austeridad justificada por la necesidad de reducir el endeudamiento no ha hecho sino aumentarlo. No ha constituido ni siquiera una política de matar moscas a cañonazos, más bien para ayudar a que las moscas proliferen.

Ni el déficit exterior a corto plazo, ni los problemas del presupuesto público, ni la deuda ni el deterioro ambiental han mejorado. La economía española en su conjunto es mucho más débil que en el pasado, y todo ello a costa de empeorar gravemente las desigualdades y el bienestar social. El balance económico negativo es la otra cara del nefasto balance social de cinco años de políticas neoliberales sostenidas.

Salir de la situación exige encarar dos tipos de acciones complementarias. Unas, dirigidas a romper con las constricciones que impone el marco internacional, con el euro y la política monetaria europea en primer lugar; en este sentido, lo que ocurra en Grecia (y Grecia es nuestro más claro referente de adónde nos lleva la política dominante) va a ser nuestro campo de referencia esencial a corto plazo. Las otras, a intervenir localmente en aquellos espacios donde es posible desarrollar una iniciativa propia: reforma fiscal, reorganización del sector público, políticas sectoriales, reorganización del modelo de consumo. Campos donde hay intereses asentados y enemigos peligrosos, pero donde hay que batirse con ideas y firmeza para alterar un campo económico que solo garantiza más sufrimiento e ineficacia social.

Problemas con la sobrecualificación

Uno de los lugares comunes en el balance de la política reciente es que España está desperdiciando a la población juvenil más preparada de la historia. Una de nuestras injusticias más flagrantes es contar con una cualificación a la que no damos salida adecuada. Entiendo perfectamente el drama privado de la gente que ha estudiado, con unas expectativas profesionales, a menudo con una vocación manifiesta (la que ha disfrutado estudiando, no la que simplemente ha pasado exámenes para obtener una acreditación), el de la gente que se encuentra con una vida profesional permanentemente precarizada (como la que sobrevive en nuestras universidades, en muchos medios de comunicación, en centros de investigación). Realmente han sido víctimas de una situación inmerecida y pueden aducir que se les ha tomado el pelo. Pero, a mi entender, la situación exige otra lectura. Sobre todo si queremos construir un mundo donde realmente todos puedan vivir decentemente, realizar proyectos vitales interesantes y participar plenamente en la vida social.

En primer lugar es discutible la propia definición de la cualificación, la que elabora la teoría del capital humano, relacionada con el número de años de educación o el nivel educativo alcanzado. Si calificarse es obtener aptitudes para hacer algo es dudoso que podamos clasificar a la gente sobre una única escala de saberes. La mayoría de estudios y de aprendizajes son especializados. El que los alcanza puede acabar siendo experto en un área de actividad pero esto no lo hace superior en el resto de actividades. La gente con estudios universitarios suele ser más eficaz en una serie de actividades según su especialidad (razonamiento matemático, control del lenguaje...) pero puede ser perfectamente infracualificada en otras, tanto las que están fuera de su nivel de especialidad como las que se adquieren en otros espacios (destreza manual, capacidad de relación personal, etc.). Clasificar a la población exclusivamente según su nivel de educación alcanzado (cuando además es evidente que las posibilidades de acceso a la educación superior siguen siendo muy desiguales en función del origen social) es otra forma de generar una imagen social favorable al mantenimiento de castas, clases y desigualdad.

En segundo lugar es improbable que ninguna sociedad pueda garantizar a todo el mundo que tendrá derecho a elegir y acceder al tipo de estudios que desee y que posteriormente podrá trabajar el resto de su vida laboral en esta actividad. Puestos en el caso límite de una sociedad igualitaria que garantizara a todo el mundo el acceso a educación superior (algo que por otras cuestiones podría ser razonable) resulta evidente que de cumplirse que todo el mundo trabajara de aquello que ha estudiado dejarían de cubrirse numerosas actividades básicas para la vida social y consideradas individualmente indeseables. El discurso de la sobrecualificación de la gente con estudios ignora además la importancia social, de aprendizaje, que existe en la mayoría de estos empleos. Ignora la necesidad básica de estos empleos y por tanto la necesidad de articular de otra forma la relación entre la elección individual en el sistema educativo y la actividad laboral posterior. Una forma indeseable es la de imponer una selección rígida de acceso a los estudios, fuente de tantas injusticias como la de dejar a la gente abandonada tras superarlos.

En tercer lugar se reduce el papel de la educación a las necesidades de la actividad capitalista. Es como si para lo único que sirve la cultura es para trabajar por un salario, por una carrera profesional. Se trata en suma de aceptar acríticamente un modelo social asentado en la jerarquía y la desigualdad. Los estudios más críticos sobre economía y sociología de la educación ya han mostrado, incluso en algunos trabajos estadísticos, que lo que más buscan las empresas de la gente educada no es tanto sus conocimientos específicos, lo que han aprendido, como sus comportamientos relacionales: sus ganas de hacer carrera, de promocionarse en suma de integrarse adecuadamente en los esquemas de funcionamiento empresarial. Durante bastantes años fui docente de economía en la facultad de Derecho y trabajé con alumnos a los que cualquier referencia matemática asustaba (es una experiencia compartida con multitud de colegas), posteriormente me he encontrado con bastantes de ellos trabajando en banca. Sus conocimientos son lo de menos, lo que les ha dado el empleo es su actitud. En cambio si consideramos el funcionamiento de una sociedad verdaderamente democrática, participativa donde todo el mundo es capaz de participar en un debate político serio, resulta evidente que es necesario generar una población culta, con independencia de su actividad laboral. De hecho todos los que tenemos larga experiencia activista hemos conocido a montones de trabajadores y trabajadoras de este tipo, gente interesada por el conocimiento del mundo, y que a menudo son los que muestran mayor capacidad de intervención social. Por esto creo que hay que construir un mundo donde el acceso a la cultura y la actividad laboral sean espacios diferentes. Lo que sin duda exige no sólo garantizar el acceso a la cultura, sino también definir las actividades laborales de otra forma.

En cuarto lugar el discurso de la sobrecualificación de unos es también el de subcualificación de otros. Un discurso que legitima malas condiciones de empleo, paro, marginación por una carencia de educación, de la que las más de las veces el individuo no es culpable. Es la construcción de un nuevo tipo de estigma que al mismo tiempo impide reconocer la cualificación real, la complejidad, la necesidad de aprendizaje y dedicación que exigen muchas actividades aparentemente simples por no letradas. Las desigualdades salariales y de todo tipo que afectan a las mujeres nacen precisamente de este desprecio y subvaloración de muchas de las actividades en las que se emplean y se asocian a la actividad doméstico familiar. Actividades que son realmente mucho más cualificadas de lo que se supone, como lo muestra la dificultad de muchos varones “subcualificados” en estos menesteres para alcanzar un nivel de pericia mínimamente aceptable. Todo el discurso de la cualificación y el talento está contaminado por la voluntad de recrear el clasismo por otra vía y de legitimar las inaceptables desigualdades del mundo capitalista

Y quinto, hay un riesgo político en que el discurso y la visión estrecha de la sobrecualificación acabe orientando a las política de la nueva izquierda, en la medida que muchos de sus principales activistas forman parte del grupo social que se ha visto atrapado entre la trampa de la carrera profesional y la experiencia de la precariedad laboral y el cierre de políticas públicas que generaban empleos decentes. El fin de la precariedad en estos campos no vendrá provocada por un mero relanzamiento de los gastos en i+d sino de una reconfiguración de los modelos de organización social que atañe a un espacio más amplio. Si contemplan su precariedad como parte del modelo social impuesto por la contrarrevolución neoliberal y si perciben la necesidad de un modelo social que garantice a todo el mundo acceso a la cultura, a una vida laboral y social digna, en lugar de una trampa puede abrirse una oportunidad.

 

Nota

[1] Anteriormente cuando el Gobierno aprobaba algún descuento en las contribuciones sociales, a cambio aportaba del presupuesto público la cantidad que se dejaba de ingresar de las empresas. En los dos últimos años el PP ha dejado de realizar buena parte de estas contribuciones generando con ello una creciente debilidad financiera que seguramente servirá para justificar nuevos recortes en las pensiones. Hace bastantes años que se sabe que estos descuentos constituyem una forma muy cara y poco eficaz de fomentar la creación de empleo, constituyen sobre todo una transferencia de rentas hacia el mundo empresarial, que se añade al injusto sistema fiscal.

29/12/2014

División de poderes ahora

Juan-Ramón Capella

Eso de la división de los poderes del Estado, el invento de Montesquieu, seguramente le dice poco a una ciudadanía asombrada por el número de delincuentes infiltrados en los partidos "constitucionalistas" —como se autodenominan a sí mismos, valga el pleonasmo— y en los medios económico-políticos. Le dice poco porque además la ciudadanía tiende a ver los cambios constitucionales necesarios en el universo electoral.

Pero la división de poderes es un invento que evita la concentración del poder. Esto es: el Estado es un instrumento ingobernable, o casi; pero la división de poderes debería estar ahí para impedir que su poder se concentre en un solo sujeto; para evitar a los Franco, Hitler y demás, y a los pequeños francos o los sinvergüenzas de plastilina.

En España no hay división de poderes. No hay verdadera división de poderes. Ya es muy débil la separación entre el ejecutivo y el legislativo debido a que la "moción de censura constructiva" de la Constitución del 78 impide que el parlamento pueda ir más allá de las palabras en el control del gobierno. Esa "moción de censura constructiva" está ahí para impedirlo. En el actual régimen español son los gobiernos los que controlan al parlamento y no al revés. Los santísimos padres de la constitución querían un ejecutivo fuerte, y eligieron ese método, invento del coronel de los servicios secretos norteamericanos que redactó la constitución de la República Federal Alemana —la constitución del "patriotismo constitucional" de Habermas— y lo introdujeron en la constitución española ahora caduca, necesitada de reparaciones urgentes para que no se vengan abajo las libertades y para reintroducir la decencia en la vida pública.

Tampoco hay división de poderes porque no existe en el régimen actual un poder judicial independiente.

El poder judicial en España no es independiente por las siguientes razones:

1. Porque la composición de su órgano de gobierno lo determinan los otros dos poderes, con predominio del poder ejecutivo. Tenemos así un órgano de gobierno del poder judicial no independiente por estar telecontrolado políticamente.

En números anteriores de mientras tanto e. se expuso la necesidad de derivar el poder judicial directamente de la soberanía popular, de la ciudadanía, y se propusieron varias técnicas para conseguirlo. No hay que echarlas en saco roto porque nadie ha propuesto otras.

2. El poder judicial no es independiente ni está completo porque la Fiscalía depende en último término del poder ejecutivo. La garantía de su independencia será un día su integración completa en el poder judicial, que es lo que además desean los fiscales para poder ejercer su trabajo sin condicionamientos políticos.

3. El poder judicial no es independiente porque en España carece de órganos como una verdadera policía judicial, autónoma respecto del poder ejecutivo; porque carece de funcionarios de Hacienda y otros técnicos del Estado adscritos permanentemente a su servicio, sin que puedan ser desplazados de él por el poder ejecutivo, como ocurre desvergonzadamente en la actualidad en varios procedimientos de trascendencia política.

4. El poder judicial no es independiente porque los otros dos poderes del Estado le niegan los medios materiales para que pueda desarrollar sus funciones con la debida efectividad. En los últimos días han sido publicadas fotografías reveladoras de que la carencia de medios del poder judicial es escandalosamente superior a cuanto habíamos podido imaginar, que no era poco.

Que a pesar de muchas buenas prácticas y muchos sacrificios del personal de la administración de justicia —lo que incluye a muchísimos magistrados, secretarios, oficiales y agentes judiciales— y del ministerio fiscal, no pueda decirse que en España hay un verdadero poder judicial independiente —como en Francia o Gran Bretaña, para entendernos, o siquiera como en Usa— resulta verdaderamente execrable e intolerable. Sobre todo cuando sobre estos cuerpos funcionariales recae la tarea de encontrar a los culpables de tanta colusión política, cuando han de investigar y castigar a delincuentes entramados e insertos en tres grandes partidos —ante todo el PP, el del gobierno, el PSOE y CiU—, además de examinar su financiación irregular, y casos que pueden afectar a destacadas personalidades políticas o institucionales.

La independencia del poder judicial es también muy importante frente al cuarto poder. Los medios de masas crean opinión pública, pero no son ellos precisamente la soberanía popular sino, cada vez más, la voz de poderes extrademocráticos o incluso antidemocráticos, la voz del capital o de los sumisos al capital. El personal del poder judicial ha de estar protegido frente a todo eso, y parte de su protección residiría en su independencia.

Sin la independencia jueces y magistrados, principalmente, pueden verse en la indeseable situación de tener que convertirse en héroes, por ser capaces de resistirse al poder para proteger a la ciudadanía, o en mártires ignorados por ésta, linchados o decalificados mediática e injustificablemente.

Un poder judicial verdaderamente independiente puede ser una institución democrática, y por eso debemos defenderlo y conseguirlo. Aunque sepamos que la defensa de la democracia exige también del soberano popular no limitarse al empleo de medios institucionales. La ciudadanía no puede chuparse el dedo y seguir actuando como si sus derechos y libertades estuvieran suficientemente defendidos por funcionarios públicos.

22/12/2014

Por un cambio de modelo asistencial

Josep Torrell

Hace cuarenta años, con el fin del franquismo, se empezaron a crear las primeras residencias para minusválidos (que antes eran relegadas a instituciones religiosas). Con el tiempo transcurrido se constata la inviabilidad del proyecto, pero al mismo tiempo es evidente el creciente número de los afectados por accidentes y enfermedades que definimos como causa de la diversidad funcional. Además de las enfermedades degenerativas y los accidentes, en los últimos años, por los mismos males intrínsecos de nuestra sociedad, está creciendo enormemente el número de los afectados por ictus.

Hoy, por un lado, las residencias no sirven ya, porque son una causa de malestar moral, psíquico y material a los residentes. Y, por otro, hay escasez objetiva de centros asistenciales ante la demanda creciente y la política de bloqueo de nuevas iniciativas por parte de la Generalitat de Catalunya.

En el norte de Europa hace ya tiempo que cambiaron el modelo, y, con Suecia a la cabeza, empezaron el modelo de los pisos asistidos, sin ninguna autoridad sobrepuesta a las existentes, tan solo las que rigen para el conjunto de los demás ciudadanos. Pisos asistidos que han ido acabando paulatinamente con las residencias, al cambiar totalmente las preferencias y la demanda de los afectados.

Las cosas están cambiando incluso aquí. En Barcelona hay la experiencia piloto de los Modelos Independientes de Convivencia (MIC), pero son privados y muy caros. Son pisos para una o dos personas, completamente equipados y que disponen de los servicios colectivos necesarios (así como los servicios médicos).

En un principio, intentaron que esta experiencia contara con subvención de la Generalitat, pero la respuesta fue totalmente negativa: por la política de recortes, pero también —y mucho más importante— porque esto planteaba un peligroso precedente de apoyo a un modelo que es contrario al de las residencias y al entramado que estas representan.

Las residencias no son una solución. Una residencia es una institución, y las instituciones están formadas por dirigentes y dirigidos. Dirigentes que tienen casi todo el poder, y dirigidos que no tienen casi poder real para resistirse a los dirigentes. Esto favorece la vulneración de los derechos democráticos de los dirigidos por la acción de los dirigentes. Para los diversos funcionales recluidos en una residencia, existe una autoridad añadida que afecta a su vida y a sus ingresos. Aunque también es cierto que estos usuarios viven acoquinados y con pánico cerval ante el poder de la dirección del centro y ante la indefensión que la vida les ha provocado.

Es evidente que estamos en plena política de recortes y apropiación de fondos públicos con fines privados. Es, digámoslo claro, un mal momento para plantear un cambio radical de la política pública en sanidad y modelos asistenciales. Pero, a pesar de ello, es preciso luchar por lo que es necesario. Y la progresiva substitución de las residencias por Pisos Asistidos y Democráticos es una necesidad urgente.

Luchar por este cambio de modelo no es cosa fácil; pero es urgente y necesario que salga a la luz pública. Urgente, para que todos sepan cuáles son las necesidades de un colectivo invisible pero en constante aumento. Necesario para poder proponer algunas medidas que vayan claramente en el sentido de un cambio de modelo asistencial.

Hay que conseguir del estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que cambien de modelo y apuesten por los Pisos Asistidos Democráticos, con precio político para las pensiones y las pagas no contributivas, y sin los dirigentes que actualmente martirizan al residente.

Simultáneamente, habrá que conseguir también, y a todos los niveles, unas partidas presupuestarias para esos Pisos Asistidos Democráticos.

Mientras tanto, hay que reformar el sistema de control de la Generalitat de Cataluña (el llamado «sistema catalán», gracias al cual se ha creado una autentica red de impunidad y de clientelismo), para que tenga auténtico poder sobre las residencias concertadas, su presupuesto, su quehacer y su dirección.

Sin embargo, habrá algunos casos en que la tutela de la sanidad será inevitable (enfermedades específicas, degenerativas y terminales). En estos casos, hay que cambiar las leyes para que entretanto ninguna residencia (pública, concertada o privada) pueda discriminar a los enfermos que no quiere por su elevado coste (enfermedades terminales, por ejemplo).

Hay que conseguir que las reivindicaciones de la diversidad funcional sean aceptadas como un derecho de ciudadanía y que los Pisos Asistidos Democráticos marquen —como ha sucedido en otros países— el principio del fin de las residencias tal como las conocemos ahora.

Hay que empezar a abrir el debate sobre esta cuestión para poder alcanzar un modelo satisfactorio y justo.

 

Nota: Una primera versión de este papel circuló entre alguna gente de la jornada de debate de Guanyem Barcelona, el 30 de noviembre. Su intención es simplemente abrir un debate sobre el tema. Quizás estos pisos reciban otro nombre; el nombre no importa. Lo que importa es el modelo.

10/12/2014

Los tratados internacionales que se avecinan contra los derechos de la clase trabajadora (I): el TTIP

Vidal Aragonés

El contexto de negociación, los orígenes del TTIP y su nuevo modelo de relaciones laborales

Uno de los argumentos clásicos durante la última etapa a la hora de justificar los recortes de derechos laborales es la necesidad de acabar con los efectos sociales de la crisis y de crear empleo. Nada más lejos de la realidad. El proceso de creación del TTIP (por sus siglas en inglés, correspondientes a Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) es anterior a la crisis y responde, desde el punto de vista económico y laboral, a dos elementos: por un lado, la clásica política de aumentar los beneficios de los grandes capitales a través de incrementar el nivel de explotación de la clase trabajadora, y por otro (y ante el contexto de hundimiento de buena parte de la economía especulativa) la entrada de las multinacionales en sectores de la economía productiva en los que hasta ahora su nivel de participación era reducido, esencialmente los servicios públicos.

La crisis del modelo de producción de la globalización neoliberal se transforma en acción política de la burguesía para conseguir mantener su tasa de beneficios a través de reducir los costes laborales: menos salarios, reducción de las indemnizaciones por extinción del contrato, facilidades para modificar todas las condiciones de trabajo, etc., etc. En una primera fase, esto ha venido de la mano de la destrucción de puestos de trabajo para reducir en buena parte una generación histórica de trabajadores entre los que sectores importantes gozaban de condiciones dignas. En su estrategia, ahora ya no optan por aumentar los niveles de desempleo (del actual 20-25%), sino por transformar el empleo de calidad que queda en empleo precario. Tres puestos de trabajo dignos los querrán transformar en cuatro de precarios, aumentando así sus beneficios y situando el desempleo en niveles del 15% en la próxima década.

El contenido y la significación del TTIP con afectación directa e indirecta sobre las relaciones laborales

Desde el punto de vista de los derechos laborales, podríamos hablar de tres elementos esenciales que definen al TTIP: opacidad, intervención privada en la regulación y privatización del órgano de resolución de controversias.

La propia Comisión Europea define en su web al TTIP de la siguiente forma: "El TTIP tiene por objetivo eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea (suprimir aranceles y normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios. Eliminar estas barreras supondrá crecimiento económico, creación de puestos de trabajo y disminución de los precios."

Una vez visto el contenido, debemos analizar la afectación concreta. En primer lugar, realmente el TTIP no habla de aranceles, sino del conjunto de garantías y controles que intervienen en la exportación e importación de una mercancía; es decir, eliminar controles administrativos y garantías sobre los productos. En segundo lugar, cuando se refiere a la obligación de estándares comunes de los derechos laborales, no se define si hablamos de mínimos o de máximos, pero encontramos una simple referencia al concepto de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y no a los convenios de esta organización internacional. Asimismo, no se establece en los documentos ninguna cláusula de intangibilidad o no regresividad que obligara a mantener unos mínimos derechos. En un contexto en el cual estados de la Unión Europea reducen derechos y con un movimiento sindical mayoritario que no opta por la movilización, nos puede abocar a una pérdida de derechos laborales. Si observamos la media de convenios de la OIT ratificados por el Reino de España, 133, están muy lejos de los 14 de los EE.UU. Esto tendría un claro efecto sobre la normativa interna, en una tendencia a la baja en la aplicación del TTIP, transformando así el mandato de creación de normativa común en pérdida de derechos.

Debemos tener en cuenta que, como ya intentó el primer borrador de Directiva Bolkestein, se facilita la posibilidad de aplicar las normas del país de origen si la empresa no tiene sede donde presta servicios y hace un simple desplazamiento de personal. Esto implicaría que las normativas aplicables no serían las de estados de la Unión Europea sino el derecho laboral de los estados de EE.UU., en la mayor parte de los cuales no hay salario mínimo, derecho a negociación colectiva o derecho de huelga.

No lo abordamos en este artículo porque se trata en otro capítulo, pero uno de los grandes objetivos del TTIP es que los servicios públicos sean totalmente privatizados (TISA es la hoja de ruta), lo que podrían conseguir a través de la Garantía del Mínimo Coste. Debemos recordar que, parcialmente, esto ya se ha incorporado a la normativa de entes locales vigente en Estado español.

Acuerdos de inversión y el ISDS: la privatización y privación de justicia

Hablamos de opacidad por ser secretos buena parte de los documentos del proceso de negociación (como, por ejemplo, la Nota de la Comisión de 26 de mayo de 2014 ya filtrada), si bien hay otros que se han hecho públicos, como la nota informativa de la Comisión Europea de noviembre de 2013, donde se definen nuevas líneas de actuación relativas a acuerdos de inversión: por un lado, "aclarar y mejorar las normas de protección de la inversión", y por otro “mejorar el funcionamiento del sistema de solución de controversias". Esto viene a significar que la nueva normativa podrá desarrollar el concepto de "expropiación indirecta". En la práctica, implicaría que habría que compensar económicamente a un inversor de un sector o actividad en el que se aumentaran los derechos laborales o los impuestos o en el que simplemente se optara por recuperar la titularidad o gestión pública. Estas tres situaciones tendrían la consideración de daño a la inversión que debería ser indemnizado por el Estado.

El nuevo sistema de solución de controversias, el otro gran elemento del TTIP, es el ISDS (Solución de Controversias entre Inversores y Estados). Vendría a ser un tribunal de arbitraje formado por tres juristas privados, haciendo uno de ellos de “juez”. Este organismo está pensado para que las empresas puedan emprender acciones legales contra un Estado si consideran que sus intereses comerciales han sido perjudicados. Indudablemente, esto no solo rompe con cualquier concepción del Estado de Derecho sino que resta soberanía incluso a los aparatos del estado de los Estado-nación. Las resoluciones, laudos, serían no recurribles y ejecutables. Hasta ahora hemos conocido los tribunales públicos que emanan de un aparato del Estado burgués, que, más allá de su naturaleza de clase, de la normativa existente y de la correlación de fuerzas del movimiento obrero, en algunas ocasiones permiten resoluciones progresistas como mecanismo para minorar el conflicto capital-trabajo. Con el ISDS la normativa tiene un origen privado, con la intervención directa de los lobbies, los tribunales no tienen jueces públicos sino juristas privados y no se permite ni el recurso. Además, deberíamos ser conscientes de que aquí las partes son multinacionales y Estados, y los auténticos perjudicados son la clase trabajadora y las naciones sin Estado que ni siquiera pueden comparecer en el procedimiento para defender sus intereses.

Con el ISDS ya no hablamos de golpe de Estado contra los derechos sociales sino contra la propia democracia burguesa; quien legisla y emite resolución son los representantes de la burguesía para garantizar que cuando se municipalice, se nacionalice, se aumenten los impuestos o se conquisten derechos laborales, les haya que compensar económicamente.

Las justificaciones del TTIP

Las justificaciones del TTIP, que encontramos en el informe realizado por el Centre for Economic Policy Research de Londres, son dos ideas muy simples: el incremento del PIB y la creación de empleo.

El incremento del 0,5% del PIB lo sitúan en la eliminación de lo que denominan aranceles a las mercancías, y que fijan entre el 10 y el 20% de su coste. No solo no es correcto el dato de que los aranceles suponen el porcentaje sobre el coste que dicen, sino que por rebajar o eliminar los mismos no se aumenta el PIB (esto último siempre depende de la demanda y no de la desregulación normativa). El incremento del PIB lo sitúan en los sectores del metal (12%) y alimentos procesados (9%) por la eliminación de controles de seguridad y alimentarios. El eliminar garantías y controles y rebajar salarios tiene un efecto de caída de la demanda en los territorios donde se aplica, por lo que el primer efecto es la caída del consumo en los estados de la Unión Europea. El disminuir controles no supone aumentar la demanda sino rebajar costes. Ello a su vez tiene un efecto de destrucción de empleo que provoca esa caída de consumo. Asimismo, la llegada de productos a un coste inferior supone una disminución de la producción interna.

En cuanto a la creación de empleo, en el caso de España la sitúan en 144.000 puestos de trabajo. Pero debemos explicar que la tendencia será a eliminar puestos de trabajo y a transformar empleo de calidad en precario. Todos los tratados llamados “de libre comercio” han tenido efectos en el conjunto del planeta, cuantificando ya los primeros estudios la pérdida de un millón de puestos de trabajo como consecuencia del TTIP (Tufts University). A continuación, en el caso concreto del Estado español explicaremos el porqué.

Los efectos del TTIP en el Estado español

El TTIP puede convertirse en uno de los grandes ataques no ya contra la soberanía de los pueblos (que bajo el capitalismo no existe) sino contra el Estado de Derecho como lo hemos conocido en las últimas décadas. A la vez, y como ya hemos adelantado, el objeto que se persigue es encontrar nuevos mercados para las burguesías internacionales a través de la eliminación de garantías de todo tipo, la degradación de las condiciones laborales y asegurarse la gestión privada de los históricos servicios públicos.

En el terreno de lo concreto, y analizado el carácter periférico de la economía española (construcción, turismo, automóvil y agroalimentaria), encontraremos que algunas zonas que tienen el automóvil y el metal como principales actividades (Barcelona, Valencia, Valladolid, Pontevedra) verán una caída de sus producciones por llegar a los mercados vehículos y productos estadounidenses fabricados con menos derechos laborales. Asimismo, el efecto indirecto será una permanente presión sobre los salarios dignos de los sectores del automóvil y el metal, algo que también podría ocurrir en otros sectores, como la alimentación por la llegada de productos a bajo precio fruto de la falta de derechos laborales y la alteración genética de los mismos. Tan solo debemos observar el efecto de la eliminación de un millón de puestos de trabajo en la agricultura y la alimentación en México en los veinte años de vigencia del NAFTA.

Ahora ya no hablamos de deslocalización de actividades, sino de un proceso de degradación interna de las condiciones laborales por el que las pequeñas y medianas empresas no pueden asumir las caídas de costes, cuestión que provocará la destrucción de empleo. En ese camino, los trabajadores y trabajadoras de las grandes empresas verán degradadas sus condiciones laborales.

No han sido objeto de análisis en este artículo los efectos de las propuestas del documento secreto de 26 de mayo de 2014, pero su desarrollo es un puro expolio y robo de los servicios públicos a manos de las multinacionales. Imponer el mejor precio como criterio principal en la gestión del servicio público es un regalo para las grandes empresas privadas, al tiempo que implicará un proceso sin precedentes de degradación de las condiciones laborales. Únicamente tenemos que ver las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de Telefónica hace veinte años y las de las contratas privadas del sector de la telefonía en la actualidad. También deberíamos ver la calidad de los servicios de ahora y los que teníamos con titularidad pública. Es por eso que quieren garantizar la imposibilidad de remunicipalizaciones y nacionalizaciones.

Más allá de las dificultades para conocer todo lo que se discute entre EE.UU. y la Comisión Europea, el TTIP, CETA y TISA son los mecanismos a través de los cuales nos roban servicios públicos y degradan condiciones laborales como camino para mantener las tasas de beneficios de las multinacionales. Pero, sobre todo, son la nueva táctica y estrategia en que la desposesión se desarrolla a través de mecanismos casi sin posibilidad de participación pública y donde generan un sujeto antagónico con dificultades de identificación.

Ahora ya no hablamos de modelos económicos dentro del capitalismo, hablamos de un modelo único con una única posibilidad de gestión, empobreciendo a las clases trabajadoras y terminando con expresiones de democracias formales. Pensar que hay algún tipo de libertad en el paraguas de la Unión Europea es una utopía reaccionaria y mantenerse en el capitalismo como modelo económico es asumir el sufrimiento social.

  

[Vidal Aragonés es profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB, y abogado laboralista del Col·lectiu Ronda.]

30/12/2014

El blindaje nuclear

Miguel Muñiz

Escrito desde el recuerdo afectuoso a Ladis, de quién tanto aprendimos, y desde el camino compartido de acuerdos y desacuerdos, llevados siempre con cariño y humor.

* * *

Los primeros síntomas del final del sistema energético tal como lo conocemos hoy, de los cambios sociales y ambientales que dicho final está provocando, y de los posicionamientos para mantener las desigualdades en que se basa, se perciben con claridad creciente. La energía atómica no es ajena a todo ello, a la recomposición de poderes que conlleva, y a la necesidad de renovar el blindaje político en el que se ha desarrollado, y que la ha mantenido, durante más de 70 años.

Los primeros días de diciembre, y con menos de 24 horas de diferencia, se reunieron en el Congreso de los Diputados, la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, el día 2; y la propia Comisión [1] el día 3. La importancia de ambas reuniones está a la altura de la discreción con la se que han realizado.

La Ponencia encargada de las relaciones con el CSN se reúne “a puerta cerrada”, esto es, solo se puede conocer qué personas participan [2] pero no el contenido de lo que se trata, una práctica política que no está contemplada en la normativa que regula el funcionamiento de las Subcomisiones [3]. Tan solo en un discreto apartado de la web del Congreso, en el que aparece el listado total de Subcomisiones, se puede leer un texto anexo que, dado que estamos tratando de energía atómica, merece la pena reproducir en su totalidad:

Subcomisiones y Ponencias. Son órganos de estudio y propuesta que se constituyen en el seno de las Comisiones. Así como estas últimas actúan en muchos casos como órganos de preparación de las decisiones de la Cámara, las ponencias, a su vez, hacen lo mismo respecto a las Comisiones. Tienen una importancia considerable, ya que es donde se efectúa el estudio más detenido de los diversos asuntos sometidos a la consideración de las Comisiones. Las ponencias se forman para cada asunto, actúan a puerta cerrada, y se integran normalmente por una pluralidad de miembros, que representan entre los distintos grupos parlamentarios [las negritas son mías].

El carácter secreto (que no otra cosa encubre el eufemismo “a puerta cerrada”) del funcionamiento de la Ponencia merece una breve reflexión. A destacar que un órgano al que se le reconoce “una importancia considerable” para la adopción de políticas, no esté sujeto a un criterio mínimo de transparencia; y que la totalidad de las fuerzas políticas que participan en el Congreso asuman esta realidad como algo “normal”. Basta mencionar Fukushima, tema sobre el que volveremos más adelante, para captar las implicaciones de la combinación entre funcionamiento secreto y tema atómico.

El secreto es, además, un componente que añade entidad y “responsabilidad” a la labor de los representantes elegidos por sufragio universal; el acta de la Comisión del día 3, recoge en diversas ocasiones, de manera explícita, el “agradecimiento” y la “satisfacción” que ha provocado en algunos de los diputados las explicaciones dadas por los técnicos del CSN presentes en la misma, ya que no lo pueden hacer constar en documentos de la propia reunión del día 2 por su carácter de “a puerta cerrada”. El secreto es una moneda de cambio valiosa en el actual sistema político ¿cuántas veces no hemos escuchado la respuesta de que “hay que estar ahí para disponer de información” como justificante de la contradicción entre los principios de determinadas entidades y su presencia en ámbitos o situaciones cuestionables? El problema está en que la información es inútil si no se puede trasladar a la sociedad, lo que parece ser el caso que estamos tratando.

Existe, además, otro nivel de secreto que no conviene perder de vista. Durante la reunión de la Comisión, algunos de los diputados solicitaron informaciones por escrito al compareciente sobre aspectos de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos de muy alta peligrosidad en Villar de Cañas; pues bien, la respuesta del compareciente, el señor Fernando Martí Scharfhausen, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), fue comprometerse a facilitar dicha información siempre que los servicios jurídicos del CSN no dictaminasen que la información podía vulnerar acuerdos de “confidencialidad” de las empresas afectadas.

Nos encontramos, pues, ante un nivel de secreto en el que un organismo teóricamente público, el CSN, acerca de cuya “independencia” el compareciente realiza contundentes declaraciones de principios en diversos momentos de la sesión, está subordinado a los intereses de las empresas privadas contratadas para realizar una obra. Hasta el punto de que ni siquiera los “representantes de la voluntad popular”, que ya han asumido la necesidad de la existencia de un determinado nivel de secreto, están por encima de las políticas de las empresas que realizan obras que, curiosamente, son de carácter público.

Esta es la realidad del mundo en el que se mueve la energía atómica, un mundo en el que el presidente del CSN, respondiendo a un parlamentario, puede declarar que:

Ha hecho usted una observación interesante sobre Japón, sobre la alineación indeseada entre Gobierno, sector y regulador. Esto está en el informe. Japón ha cambiado radicalmente el modelo y ha tomado el de la RNC americana, del cual somos una brillante copia adaptada. El modelo americano es el que nosotros hemos cogido, que en algunas partes es idéntico y en otras está adaptado a nuestra situación nacional y a nuestras peculiaridades [...].

Y puede decir eso porque sabe que nadie le contestará que el secreto, el triple nivel de secreto en que se mueve la energía atómica en la sede de la “soberanía popular”, es el caldo de cultivo de la “alineación indeseada” (léase corrupción) entre el Gobierno (léase, el yacimiento de políticos que serán contratados en cuanto dejen el “Gobierno”), el “sector” (léase, las empresas eléctricas que se forran de dinero público gracias a los políticos) y el “regulador” (léase, el organismo “público” que, teóricamente, tendría que vigilar la actuación de políticos y empresas), o sea, el propio CSN.

La reunión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, del día 3, trataba sólo de la presentación del informe 2013 del CSN; de la explicación del desarrollo del pleno del CSN sobre Garoña, y de la información sobre el aumento detectado en la presión del gas radiactivo en el sarcófago de Vandellòs I (Tarragona). La realidad es que se dedicó la mayor parte del tiempo a tratar de la situación del proyecto del ATC, y a un tema que sobrevoló el debate: la ampliación del funcionamiento de las centrales atómicas de 40 a 60 años. Por sus implicaciones en el blindaje nuclear destacaremos este último aspecto.

Resulta evidente la relación entre el alargamiento del funcionamiento de las centrales atómicas y el caso de Garoña: la mejor concreción de las directrices contenidas en el informe 2014 del World Energy Outlook (WEO2014), de la Agencia Internacional de la Energía [4], sería que la central atómica más vieja, deteriorada y peligrosa de España consiguiese una autorización para funcionar, como mínimo, hasta el 2032. Por eso, el señor Guillermo Mariscal Anaya, representante del Partido Popular en la Comisión, se deshace en elogios del citado informe y lo cita con detalle en su, por lo demás, previsible intervención.

Alargar el funcionamiento de las centrales atómicas a 60 años implica considerar cinco factores estrechamente relacionados: 1) la política energética; 2) las condiciones de seguridad; 3) los intereses y beneficios de las empresas eléctricas (calificadas eufemísticamente como “operadores” por el CSN y algunos de los miembros de la Comisión); 4) el incremento del volumen de residuos radioactivos de los que hacerse cargo, y 5) los impactos ambientales y sociales en el territorio a lo largo del tiempo.

El quinto factor, el más importante a nuestro juicio, no se menciona en el acta; el cuarto (los residuos) sólo se trata en base al conflicto ATC-ATI: la inexistencia de una solución viable a largo plazo, combinada con la certeza de que será necesario disponer de una combinación de cementerio atómico centralizado (ATC), y cementerios propios de cada central (ATI), si se quiere un mínimo control sobre una basura radioactiva con la que nadie sabe qué hacer, y que será peligrosa durante centenares de miles de años.

Son los tres primeros factores los que marcan la pauta de actuación a corto plazo y están relacionados. Cuando se habla de “política energética nuclear” aparece inevitablemente lo que se denomina el “interés nacional” o el “interés general”, que se circunscribe casi exclusivamente al interés de las empresas eléctricas, lo que tiene consecuencias en la seguridad de funcionamiento de los reactores, y lo que nos lleva a las agencias o entidades encargadas de su control (eufemísticamente denominadas “organismos reguladores”), es decir, nuevamente al CSN.

Por lo tanto, a través del alargamiento de Garoña, se entró al debate del alargamiento a 60 años. Unos ejemplos de preguntas y respuestas:

¿Ha participado el CSN en la reforma del reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, que permite una autorización a medida para Garoña? Respuesta del ponente: “Por obligación legal el consejo tiene que participar en todo lo que sea preceptivo y que envía el Gobierno […] Los servicios técnicos hacen un informe, los servicios jurídicos lo supervisan, el pleno hace la votación final —casi siempre salen los temas por unanimidad— y se envía al ministerio”. ¿Qué opinión tiene el CSN sobre un alargamiento del funcionamiento a 60 años? Respuesta: “Sobre los cuarenta o sesenta años, no opinamos. Solamente opinamos en el pleno del consejo para que sea seguro lo que nos propone el Gobierno o el regulador. Pero no podemos entrar en dinámicas de política energética, como han pedido otros”.

¿Y sobre la exigencia de la empresa de una autorización de funcionamiento de Garoña de 17 años, lo que contraviene toda la normativa sobre la seguridad de las centrales atómicas? Respuesta: “Es muy conocida Garoña y es un proceso ordinario. […] para nosotros lo ordinario y lo normal es estar vigilando y estar pendiente. Con respecto a la RPS, en las revisiones periódicas de seguridad se elige una central y se miran los diez años anteriores y las incidencias. La orientación es cada diez años. No hay una confrontación entre los diez o diecisiete. No, las RPS serán cada diez, ocho, seis años o lo que decida el pleno”.

¿Ha recibido el CSN presiones del gobierno? Respuesta: “En ningún momento he recibido presiones”. Repetida tres veces.

Aunque solo sea por seguir este juego de asunción de responsabilidades genéricas y traspaso de responsabilidades concretas, ya es recomendable leer el acta.

Otro aspecto a destacar: el plan estratégico 2011-2016 del CSN, planteaba la redacción de un “Plan de comunicación”, para informar a la sociedad sobre el estado de las plantas atómicas, y de un “Código ético”. En 2011, con el foco informativo centrado en Fukushima, urgía recurrir a las grandes palabras; pero esta sesión se celebra a finales de 2014, con la información sobre Fukushima bien controlada y, por tanto, ya no hay prisas. Cuando los diputados plantean los retrasos y las paradojas que dicha situación supone, el presidente del CSN llega a irritarse y exigir que no se le den prisas. Se trata de un trabajo que hay que “hacerlo bien” y se ha “encargado un estudio que todavía no ha llegado”; en el CSN “Estamos trabajando para que el acceso a la información sea implementado de forma efectiva”. Declara. Respuesta que, dicho sea de paso, revela una verdad ya que la comunicación actual no deja de ser un simulacro y una burla a la sociedad de un organismo pagado por todos. En resumen, en 2015 puede haber “Plan de Comunicación” y “Código ético”... o no, ya que en ningún momento se formula nada similar a una disculpa por el retraso, ni aparece un calendario para realizarlos.

En todo caso son de agradecer la ausencia de recursos retóricos tipo “demandas del mercado”, “pruebas del mercado”, u otros giros mentirosos al uso. La energía atómica aparece tratada como lo que es: una cuestión política en que la voluntad de las empresas es determinante. En eso las declaraciones del señor Martí Scharfhausen son claras: “El debate que existe entre el sector y el Ministerio de Industria de pasar de los cuarenta a los sesenta años es un debate de política, de mix energético, y el consejo no puede entrar en la gestión de ese debate”.

Una prueba más de que son el “interés general” o el “interés nacional” (es decir, de entidades y personas que se benefician del negocio atómico) los que exigen mantener funcionando 60 años las centrales, lo tenemos en Cataluña. Inmersa desde hace tres años en una intensa campaña “nacional”, descubrimos que el asunto ha sido zanjado de manera sumaria, sin ninguna referencia al tan cacareado “derecho a decidir” que justificó buena parte de la campaña; de manera discreta, el denominado Consell Assessor para la Transició Nacional publicó, en el mes de octubre del 2014, el informe número 9 sobre “Abastecimiento de agua y energía” [5], que en su página 111 dice:

[...] En los EE.UU., más del 50% de las centrales nucleares de la misma tecnología que las centrales catalanas ya disponen de autorización de funcionamiento de 20 años adicionales a los 40 años por los cuales fueron diseñadas. Es posible prever, pues, que (…) las centrales nucleares catalanas podrían disfrutar de una extensión de vida de 20 años más, cuestión fundamental para que el sistema eléctrico catalán sea un sistema económicamente competitivo.

Mientras se guarda un discreto silencio se trabaja intensamente en el blindaje de la energía nuclear. En la reunión secreta de la Ponencia, el día 2, la participación del señor Antonio Cornadó Quibus, presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, y cuya intervención se puede leer en internet, planteó sin tapujos la exigencia de incremento del funcionamiento a 60 años, el papel público en el mantenimiento del negocio (“Una mezcla adecuada de iniciativa privada y pública que garantiza el equilibrio y la responsabilidad en todos los aspectos relacionados con nuestra actividad.”) y la pauta con la que funcionan (“Al mismo tiempo, la actividad de la industria es un sólido argumento para mejorar la imagen pública de la energía nuclear, ya que constituye, y puede presentarse, fundamentalmente, como una actividad industrial, lejos de la controversia y el debate.”) [6]

La gravedad de la situación ambiental y energética exige una respuesta social al secreto y a la pretensión de dar “normalidad” a lo que es una amenaza irreversible y una fuente de sufrimiento y muerte cotidiana.

 

Notas

[1] Se recomienda leer el acta de la Comisión, disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-709.PDF

[2] El listado de personas que participan en las reuniones de la Ponencia puede consultarse en http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=309102&idSesion=14&fecha=02/12/2014&codOrgano=309 a este listado se suman los representantes de las fuerzas políticas que son miembros de la Comisión http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/SubPon?_piref73_1339276_73_1339269_1339269.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=309102&idLegislatura=10 con algún cambio como puede comprobarse en la lectura del acta.

[3] Toda la información relacionada con este asunto aparece reseñada en la página web http://quehacenlosdiputados.net/ , concretamente en http://blog.quehacenlosdiputados.net/por-que-no-se-puede-conocer-la-labor-de-la-subcomision-de-redes-sociales/

[4] Véase http://www.mientrastanto.org/boletin-130/notas/intereses-inconfesables-la-valoracion-de-la-energia-atomica-en-los-informe-weo

[5] Véase http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_9_castella.pdf

[6] Véase http://www.foronuclear.org/es/noticias/ultimas-noticias/foro-nuclear-subraya-la-importancia-de-la-energia-nuclear-en-el-congreso-de-los-diputados

 

[Miguel Muñiz es miembro Tanquem les Nuclears-100% EER, y mantiene la página de divulgación energética http://www.sirenovablesnuclearno.org/]

27/12/2014

El escándalo fiscal de “LuxLeaks”

Miguel Ángel Mayo

“Es imposible ganar sin que otros pierdan”

Publio Siro

 

El ámbito fiscal está cobrando más transparencia. Quiero decir, transparencia desde el punto de vista de que cada día está más claro quiénes son los únicos que realmente pagan sus impuestos; e incluso me atrevería a afirmar quiénes son los que pagan sus impuestos y los de otros muchos que no pagan, para nada, la parte que les corresponde.

En lo que se refiere a los dos grandes impuestos recaudatorios, IVA e IRPF, la tan estudiada Reforma Fiscal del gobierno español recoge para el año 2015 dos premisas: 1) no desciende el IVA, gravando con su tipo general todos los consumos al ya conocido 21%; y 2), se reducen de 7 a 5 los tramos de IRPF, gravando de forma inmisericorde a las rentas medias, en su mayoría trabajadoras. A partir de 35.200 € de base imponible, todos los españoles tendrán que pagar el 39% de impuestos, tarifa que pasará a ser del 47% para bases imponibles superiores a 60.000 €.

Como vemos, estamos viviendo en España y en Europa unas presiones fiscales aterradoras, vía renta y vía consumo; y aun así, todas las recetas económicas convencionales nos señalan la necesidad de políticas de austeridad y recortes del gasto público. ¿Vivimos por encima de nuestras posibilidades o hay alguien que no paga su factura fiscal? La pregunta es insoslayable, ya que la estructura económica que está prevaleciendo en Europa está favoreciendo a las grandes multinacionales, es decir, empresas que se pueden permitir negociar a su favor con proveedores, consumidores, trabajadores e incluso con gobiernos. Tal es su poder de negociación que hasta llegan a negociar “los impuestos que van a pagar”, como premisa anterior a establecerse en un determinado país u otro. En este artículo analizaré un caso de estricta actualidad que es fruto de estas prácticas de ingeniería fiscal y de dicho poder de negociación de las grandes empresas: el caso de “LuxLeaks”.

El “Tax Ruling”

El Tax Ruling es un mecanismo que permite a una empresa solicitar de antemano cómo serán tratadas sus ganancias en ese país. Con ello, no sólo se garantiza conocer a priori a cuanto ascenderán sus impuestos, sino que incluso obtiene garantías legales de las autoridades fiscales de ese país respecto a la cuantía de dichos impuestos.

En principio, esta práctica no tendría nada de extraño, dado que podría consistir simplemente en una consulta inicial para conocer la tributación en ese país y decidir así la estrategia empresarial de localizarse o no en el mismo. El problema aparece cuando esta consulta se convierte en negociaciones directas de las multinacionales con los estados en cuestión para no sólo garantizarse un trato beneficioso en sus impuestos, sino también asegurarse ese trato preferente mediante contrato. Y, a tenor de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y de las noticias aparecidas el pasado 5 de noviembre por no menos de cuarenta medios de comunicación de todo el mundo, este parece ser el caso del mayor escándalo fiscal acaecido dentro de la Unión Europea y conocido como “Las fugas de Luxemburgo” o “LuxLeaks”.

Las claves de “LuxLeaks”

Podemos decir que los acuerdos fiscales secretos que ha revelado “LuxLeaks” están removiendo los planteamientos fiscales europeos. Máxime cuando el actual jefe político de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, elegido presidente de la Comisión en pasado mes de noviembre, fue ministro de Finanzas y primer ministro de Luxemburgo entre 1995 y 2013. Es decir, bajo su legislación se formó el marco legislativo que ha permitido a las empresas del caso “LuxLeaks” ahorrarse millones de euros en impuestos.

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, de apenas seis meses para el montante de la información tratada, es el resultado de la desencriptación de más de 28.000 páginas de documentos confidenciales. En estos documentos se pone de relieve que el Gran Ducado firmó cerca de 548 acuerdos fiscales secretos con 340 multinacionales con el objetivo de hacerles pagar un impuesto mínimo (entre las empresas beneficiadas, se citan Apple, Amazon, Ikea, Pepsi o la aseguradora francesa Axa).

Todo parece indicar la existencia de un próspero negocio de bienvenida a estas importantes empresas para que los beneficios obtenidos en otros territorios, especialmente en el resto de países de la Unión Europea, pagaran un impuesto mínimo en ese pequeño país. De manera que las multinacionales fueron capaces de crear legalmente filiales en Luxemburgo gravadas a tipos de menos del 1%, mientras que el impuesto de sociedades en el resto de países de la UE ronda el 25-30%. Una cantidad, claro está, negociada de antemano y que además estaba garantizada legalmente mediante un contrato secreto negociado por una empresa de auditoría.

Sin duda, descifrar las claves de “LuxLeaks” y entender los entresijos de su ingeniería fiscal para favorecer a las multinacionales, debería ayudarnos de una vez por todas a sentar las bases para una armonización fiscal entre los países de la Unión Europea.

¿Tributación en Luxemburgo?

De acuerdo con los resultados de la investigación, Luxemburgo es un pequeño paraíso fiscal que ofrece a las multinacionales una caja de herramientas con el fin de optimizar legalmente sus actividades. La “tasa nominal” del impuesto de sociedades en Luxemburgo es del 29,22%, si bien este porcentaje sigue siendo muy teórico y puede reducirse a cero (o casi) a través de un arsenal de lagunas fiscales y exenciones de todo tipo. Por ejemplo, el sistema fiscal es particularmente favorable para las empresas matrices y sus filiales, por lo que se permite a las multinacionales optimizar sus “precios de transferencia”. ¿En qué consiste esta práctica? Pues consiste en facturarse entre las empresas filiales bienes y servicios, de manera que se reduzca al mínimo el beneficio obtenido en los países con altos impuestos, a la vez que se inflan los resultados obtenidos en aquellos países en los que la tributación es más baja.

Así, en una economía donde los activos intangibles —tales como royalties sobre patentes o explotación de marcas— están sobrevaloradas por las multinacionales (siempre desde el punto de vista de la optimización fiscal) Luxemburgo ofrece una fiscalidad inmejorable.

Podemos decir además que muchas compañías, como Apple, también han ubicado sus operaciones en Luxemburgo debido a los bajos tipos de IVA, con el resultado de que los títulos de música y las películas compradas en iTunes llenan las arcas de las autoridades fiscales del Gran Ducado.

No hay que ser un lince para ver que, mediante estos mecanismos, se reducen drásticamente los impuestos a pagar en los países donde realmente se obtienen las ganancias. Con el consecuente empobrecimiento fiscal de esos países y la sobrecarga fiscal a aquellos ciudadanos que deban pagar tanto sus impuestos como los que no se pagan con estas técnicas de elusión.

Y es que en el caso de “LuxLeaks” estamos hablando de auténticos “acuerdos fiscales secretos” que permiten a muchas de estas grandes empresas implementar agresivas estrategias de optimización fiscal que privan a otros Estados de la UE de miles de millones en ingresos fiscales.

Hay que tomar medidas

Las autoridades de Luxemburgo han reiterado la supuesta legalidad de sus prácticas. En una conferencia de prensa, el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, aseguró que todo lo relacionado con “LuxLeaks” era “compatible con el derecho internacional”; y el ministro de Finanzas, Pierre Gremegna, añadió que era “compatible con las normas de la UE y los de la OCDE”. El mismo Gramegna remarcó en una entrevista con el medio francés Le Monde que la actividad de “decisiones anticipadas” y no “contratos" (como él niega) es parte de la “herencia” de Luxemburgo.

Por su parte, Alemania, a través de su ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble, criticó los subterfugios que emplean algunas empresas para pagar menos. Aunque fuera de forma indirecta, Schäuble atacó al Gran Ducado en una comparecencia ante el pleno del Bundestag (cámara baja) para explicar el acuerdo suscrito recientemente por Alemania y otros cincuenta países, entre ellos España, para compartir información fiscal de manera automática.

El Reino Unido ha ido más allá, llevando ante el Parlamento británico al responsable de la Auditoría de PwC UK, Kevin Nicholson (empresa Auditora que participó en los contratos suscritos con Luxemburgo en el caso “LuxLeaks”), quien ha tenido que comparecer ante la Comisión de Cuentas Públicas para dar explicaciones sobre los acuerdos fiscales con Luxemburgo, desvelados por “LuxLeaks”.

Dentro del Parlamento Europeo, el grupo Verde ha propuesto la creación de una comisión de investigación para investigar a fondo el asunto y, en su caso, depurar todas las responsabilidades políticas. Actualmente tienen sobre la mesa 163 firmas de eurodiputados; y si los grupos que apoyan la investigación consiguen 188 firmas, algo que esperan lograr en enero, será la Conferencia de Presidentes la que examine la propuesta y decida definitivamente si crea la comisión.

Descifrar “LuxLeaks” ha sido posible por el trabajo de un ex empleado de PricewaterhouseCoopers (PwC), la firma de auditoría que negoció en nombre de multinacionales tales acuerdos confidenciales. Y es que no nos podemos mantener impasibles mientras la riqueza de unos pocos se consigue con la pérdida de muchos, máxime cuando esta riqueza, para más inri, no revierte en el país ni en los ciudadanos que la crean.

 

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto-e y coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha)]

27/12/2014

Sentidos y significados políticos

El Lobo Feroz

Instituciones y discursos

El inteligente discurso regio en la Navidad de 2014 no puede hacer olvidar que fue Franco quien restauró la Monarquía y quien eligió la Dinastía. Cierto que es preferible un monarca con luces a uno que funcione con los faros apagados. Cierto también que la institución monárquica vuelve a echar inesperadas raíces, un poco por filibusterismo institucional y otro poco porque aquí las lealtades suelen ser producto del agradecimiento de los estómagos. Pero, a pesar de todo, el París que nos queda a quienes no comulgamos con ruedas de molino, como suele decirse, es que esta monarquía no ha pasado la prueba del algodón, o sea, la aprobación explícita de la soberanía popular. Y este París sólo nos lo podrían quitar las urnas.

¡Qué burrada, tener que arrastrar unos y otros esta reliquia de la Guerra Civil!

Los nuevos convecinos

Muchos españoles parecen creer que los trabajadores magrebíes, africanos, chinos, europeos orientales o latinoamericanos están de paso en nuestro país. La diferencia cultural, en realidad un elemento ideológico, es para esos españoles más fuerte que la comprensión de que estos convecinos nuestros son los albañiles, agricultores, chatarreros, médicos, encargados de bares y restaurantes, cuidadores y otras cosas, nuestros. Son como los convecinos con quienes no nos hablamos o nos hablamos muy poco —aunque eso, claro está, depende de las posiciones y las convenciones de clase, y no siempre para bien—. Sin embargo, basta mirar a nuestro alrededor, observar lo que ha ocurrido en Alemania, en Francia, en Bélgica, etc., para comprender que los hijos de esos chatarreros, cuidadores, albañiles, obreros agrícolas o lo que sean crecerán y se convertirán en trabajadores españoles como los demás. En trabajadores o en parados como los demás. Son nuestros compatriotas, en acto ya o en potencia, que diría Aristóteles.

Pues bien, estos nuevos compatriotas tienen nacionalidades diversas —cuando consiguen un papel que lo diga sellado por alguna autoridad de donde sea—. Pese a estar avecindados en este país, en sus pueblos y ciudades, carecen, por causa de su nacionalidad, de la condición de ciudadanos, lo que a su vez les priva de derechos políticos y precariza todos los demás.

Si somos políticamente demócratas, esto es, si creemos que todo el mundo ha de tener cuando menos los mismos derechos, o, pragmáticamente, si se quiere evitar explosiones sociales extrapolíticas, entonces es preciso que todo el mundo comprenda que esos compatriotas inmigrados han de tener derechos políticos.

Y para eso no hay que exigirles que abandonen su nacionalidad, si quieren conservarla. Basta vincular la ciudadanía a la nacionalidad o bien a la vecindad.

Lo que no puede ser es que sigan trabajando en España sin tener plenos derechos sociales, sin tener derechos políticos. A quienes no quieran verlo hoy sus hijos se lo harán ver mañana.

(Dicho sea de pasada, el escaso interés que muestran los sindicatos por este tipo de trabajadores alimenta una bomba de relojería más, que, como las otras que también alimentan, puede estallarles en la cara.)

Derecho a decidir

El independentismo catalán funciona muy bien a través de la ambigüedad semántica. Ya lo hizo —y muchos picaron— con lo del "Estado español" para evitar la palabra "España". "Llueve en todo el Estado español", decían los partes meteorológicos de TV3; y nosotros imaginábamos mojados todos los juzgados con sus expedientes, todos los cuarteles y cuartelillos, todos los despachos de la administración pública, cuando en realidad donde llovía era en la Península —lo de la Península, claro, es una concesión, pero no esperen más de mí—.

Esto de la semántica viene a cuento por lo del "Derecho a decidir". ¿Quién puede estar en contra del derecho a decidir? ¿Es que no lo tenemos? ¿Es que nos lo quieren quitar? El personal pica y se apresta a la defensa. "¡Queremos el derecho a decidir!", seguro de que defiende lo más obvio.

Pero no defiende lo obvio: pues las instituciones que gobiernan Cataluña han convertido el 'derecho a decidir' en grito en favor del "derecho de secesión". Y muchos de los que se han tragado el anzuelo del "Derecho a decidir" no están defendiendo la secesión, sino simplemente decidir, o una institucionalización política federal, o simplemente lo que hay, pero decidido por ellos.

No podemos confundir el "derecho a decidir" con el derecho a la libre determinación, que es otra cosa. Cada cosa tiene su nombre. El derecho de autodeterminación es el que tienen los pueblos colonizados para liberarse de sus colonizadores. No es éste el caso de Cataluña. Cataluña podría tener un derecho a la libre determinación. Una comunidad, en asuntos que sólo la afectan a ella misma, puede tener ese derecho. Tampoco es éste exactamente el caso de Cataluña, pues la independencia es asunto que afecta también al resto de España (y no sólo al Estado español, dicho sea de paso). Por eso es preciso que el conjunto de España, de los españoles, le conceda a Cataluña, a los ciudadanos de Cataluña, el derecho a la libre determinación, para que, si quieren, puedan ejercerlo.

Se puede estar a favor de un estado federal que reconozca a los federados el derecho a la libre determinación —como es el caso de lo que defiende este Lobo—, siempre, claro es, con algunas condiciones inapelables: que la secesión, en su caso, sea una decisión tomada por una mayoría ciudadana cualificada, mediante métodos claros y al margen de toda sospecha, con neutralidad institucional y con la condición de no limitar los derechos que los ciudadanos ya poseen o deberían poseer (por ejemplo, el de expresarse en cada caso en la lengua que prefieran). Esto sería derecho a la libre determinación blanco y en botella y no mercancía tarada.

26/12/2014

14 de diciembre, Japón vota de espaldas a Fukushima

Miguel Muñiz

La relación entre elecciones y meteorología en Japón va camino de convertirse en tema de estudio. El 16 de diciembre de 2012, durante las elecciones en las que Shinzo Abe, y su partido PLD, obtuvieron la mayoría, la nieve fue protagonista de la jornada; las elecciones para gobernador de Tokio, el 9 de febrero de 2014, se realizaron en medio de una de las mayores tempestades de nieve de las últimas décadas; y las últimas elecciones generales anticipadas también han venido marcadas por fuertes nevadas que cubrieron amplias zonas del país.

Varios comentaristas políticos han señalado la relación entre nieve y abstención, apuntamos la contribución de los dos fenómenos para que las políticas neoliberales se mantengan. Uno de los éxitos del actual sistema de poder ha sido desanimar políticamente a amplios sectores sociales con el mensaje de que, se vote lo que se vote, las políticas no cambiarán. La nieve ayuda.

La abstención fue del 36,4% en las elecciones de 2012; considerada entonces como un máximo histórico, pasó al 53,9% en las elecciones a gobernador de Tokio de 2013, y se ha situado en 2014 en el 46,7%, la máxima abstención desde la segunda guerra mundial en unas elecciones de ámbito estatal. Una parte de la sociedad se muestra desconcertada y las críticas no encuentran formato político amplio, un fenómeno similar al de otros muchos países. En Japón ayuda una normativa que dificulta la consolidación de candidaturas. Basta observar que cuatro de los partidos (y tres de ellos eran nuevos) que obtuvieron representación en 2012 no se presentaban en 2014 y que, en cambio, se presentaban otros tres que no existían en 2012.

Las cifras. El 14 de diciembre, el PDL pasó de 294 a 291 escaños, manteniendo una cómoda mayoría, especialmente si se valora su alianza con el partido Komeito, que pasó de 31 a 35 escaños. El PDJ (Partido Democrático Japonés), pese a aumentar su representación de 62 a 73 escaños, no superó su condición de partido minoritario, aunque gobernó Japón en el período anterior a 2012. El partido socialdemócrata mantiene los dos escaños que ya tenía en 2012. Los tres nuevos partidos obtienen en conjunto 45 escaños. La excepción es el Partido Comunista, que pasa de 8 a 21 escaños. Parece haber sido el catalizador del voto de descontento que decidió movilizarse, pero que no por ello deja de tener un papel casi testimonial.

El motivo oficial de la convocatoria anticipada estaba relacionado con la economía, pues el conjunto de medidas liberalizadoras lanzadas por el PDL en 2012 (denominadas “Abenomics”, en homenaje al apellido del primer ministro) no acababan de producir la reacción de crecimiento económico esperado. Parecía haberse desatado una pugna entre la política general del PDL y los poderosos intereses económicos que controlan el Ministerio de Finanzas y que exigían nuevas medidas, la excusa concreta para justificar estas elecciones ha sido la necesidad de que el gobierno consolide sus apoyos populares para retrasar un incremento de impuestos (especialmente del IVA) de octubre de 2015 hasta abril de 2017.

Pero tras el motivo oficial se pueden vislumbrar otros, motivos que se ha eludido cuidadosamente tratar durante la campaña: el relanzamiento de la política atómica, el apoyo patriótico a la negación de los crímenes cometidos durante la guerra mundial (un tema que aún genera controversia 69 años después del final de la guerra, especialmente en el tema de la distinción entre “esclavas sexuales” o “prostitutas” para la denominación de las mujeres que mantuvieron relaciones forzadas con las tropas de ocupación japonesas en Filipinas y Corea) y el cambio en la Constitución, que, bajo la fórmula de que Japón acepta la defensa colectiva de sus aliados, cambia el carácter institucional pacifista del Estado desde su proclamación en 1947. El capítulo segundo de dicha Constitución contiene no solo una renuncia explícita a declarar la guerra, sino que el artículo 9 implica renunciar a disponer de fuerzas armadas operativas en el exterior del país [1]. En internet se difundieron imágenes en que una persona, con traje de ejecutivo se suicidaba quemándose en plena calle Shinjuku, en el centro de Tokio, para protestar contra dicho cambio constitucional. Pero sólo en internet, ni un solo medio de información japonés se hizo eco.

Y esta es la clave de las elecciones, el silencio. Tres temas de importancia social y política han sido eliminados de la agenda de debate electoral, que se ha centrado exclusivamente en aspectos económicos. En términos de política atómica, las elecciones del 14 de diciembre significan la constatación del éxito absoluto de la estrategia informativa destinada a convertir la catástrofe nuclear de Fukushima en un accidente industrial cualquiera. El 31 de diciembre hará 1.387 días desde que se inició: la fuga de agua radiactiva al Pacífico prosigue a un ritmo de 400 toneladas diarias de promedio, la situación en el interior de los reactores destruidos continúa sin conocerse y se producen reacciones incontroladas de todo tipo, y las denuncias e informaciones de carácter científico sobre la gravedad de la situación son sistemáticamente silenciadas [2], al igual que los datos sobre impactos sanitarios, ambientales y sociales [3].

Planeando sobre todo ello, está la aprobación de la Ley de Secretos de Estado del 6 de diciembre de 2013; una ley que ha hecho que los medios de información más importantes hayan comenzado a autocensurarse. La ley establece condenas de prisión de un mínimo de 10 años para los funcionarios que filtren secretos, y que los periodistas que publiquen informaciones obtenidas de manera “inapropiada” pueden ser condenados a un máximo de 5 años. Una ley que el PDL considera necesaria para la colaboración en materia de espionaje y terrorismo con otros países. Por ello, muchos periodistas no interrogan a los cargos políticos, sino que se limitan reproducir lo que dice el gobierno. El 26 de enero de 2014, Katsuto Momii, director general de NHK (la empresa pública de radiodifusión de Japón), acabado de nombrar para el cargo durante tres años por el gobierno Abe, se declaró públicamente defensor de la ley, con una frase que se ha hecho famosa: «Mientras el gobierno diga “derecha”, nosotros no podemos decir “izquierda”», y opinó que los medios de comunicación debían apoyarlo en los conflictos territoriales con China y Corea del Sur [4]. El 10 de diciembre, cuatro días antes de las elecciones, se produjeron protestas en todo Japón por la entrada en vigor de dicha ley. Y ello en un país que ya ha visto como su calificación dentro de la lista de países con libertad de información elaborada por Periodistas sin Fronteras bajaba en 2013 del lugar 22 al 53 [5]. Así se mantendrán las cosas hasta que una parte de ese 46,7% de abstención decida movilizarse.

Pese a todo, el gobierno japonés no se atreve aún a abordar la puesta en marcha de los reactores atómicos parados, pues teme despertar un rechazo social que ha logrado adormecer. Pero, a efectos informativos y guiándonos por los patrones de lo conseguido en Fukushima, en el resto del mundo el programa del “renacimiento nuclear” podría ser abordado en el punto en que se suspendió en 2011, si no fuese por la imposibilidad material de disponer de los recursos materiales y energéticos necesarios para llevarlo a cabo.

 

Notas

[1] Para detalles véase http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_9_de_la_Constituci%C3%B3n_de_Jap%C3%B3n y también https://ddd.uab.cat/pub/asiademica/asiademica_a2014m1n3/Asiademica_a2014n3p33.pdf y http://www.eumed.net/rev/japon/04/joac.htm, en que se muestran como la rotunda declaración constitucional ha sido eludida de diversas maneras y con distintos subterfugios.

[2] Un ejemplo: http://fukushima-diary.com/2014/12/kyodo-news-censored-finnish-doctors-criticism-fukushima-report-unscear-unscear-dissolved/

[3] Solo insistir en el seguimiento realizado desde el recomendable blog http://resumenesdesdefukushima.blogspot.com.es/

[4] Véase http://variety.com/2014/biz/news/new-nhk-boss-katsuo-momii-stokes-controversy-1201072002/

[5] Véase http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html

 

[Miguel Muñiz es miembro de Tanquem Les Nuclears–100% EER, y mantiene la página de divulgación energética http://www.sirenovablesnuclearno.org. Este artículo no se hubiese podido redactar sin la valiosa información de Keiko N. y Masuji K., ciudadanos de origen japonés residentes en España.]

27/12/2014

Participación, organización y las nuevas políticas de izquierdas

Comentarios prepolíticos: 21

Joan Busca

I

La irrupción de Podemos, la configuración de diferentes alternativas municipales en muchas ciudades y el descrédito social del Partido Socialista han generado una oleada de un cierto optimismo. Por primera vez hay alguna posibilidad, desde el anterior periodo constitucional, a alterar el mapa político y abrir alguna brecha en el férreo esquema diseñado en 1977. Una posibilidad que requiere una participación social sostenida, tanto en las diferentes acometidas electorales como en el periodo posterior. Por esto las cuestiones de participación y organización constituyen un elemento clave y sobre el que cualquier proyecto serio está obligado a reflexionar.

Si hemos llegado a la situación actual es, precisamente porque la crisis ha posibilitado la irrupción de procesos de movilización como el 15-M, las diferentes “mareas”..., en los que se han puesto de manifiesto tanto las limitaciones democráticas del régimen político dominante, como una latente demanda social a favor de más participación directa. Unos movimientos que sólo pueden reforzarse con procesos y mecanismos que garanticen su continuidad.

Y precisamente en este campo es donde se adivinan más carencias en la configuración de estos nuevos proyectos políticos. Carencias que ya estaban presentes en el 15-M y sobre las cuales no parece haberse reflexionado mucho. Que en la situación actual surjan oleadas participativas como respuesta a coyunturas concretas es bastante probable. Antes del 15-M ya experimentamos situaciones parecidas, especialmente en el período pre-referéndum de la OTAN y frente a las dos guerras del Golfo. Además de un sinfín de estallidos locales. Pero que esto se traduzca en un proceso sociopolítico sostenido en el tiempo es mucho más difícil. El surgimiento de Podemos o los diversos Guanyem, al menos el de Barcelona, son una muestra de que alguno de los impulsores de movidas anteriores (acciones contra las cumbres mundiales, V de Vivienda, 15 M) han acabado entendiendo que hay que intervenir en otras arenas para alcanzar un nivel de eficacia. Pero no está claro que las respuestas que hasta ahora han adoptado sean suficientes para construir una organización social suficientemente densa. 

No pienso referirme tanto a los problemas de organización interna de estas organizaciones (algo comenté en mi nota anterior), sino sobre todo a la cuestión crucial de cómo se piensa la organización de la base social a la que se aspira a representar y con la que se pretende interactuar. 

II

La participación es siempre una cuestión compleja. Participar de verdad requiere tanto condiciones formales —derechos políticos, procedimientos— como condiciones materiales (recursos de diverso tipo). De los primeros hay mayor conocimiento y es en buena medida donde la nueva izquierda ha centrado sus propuestas: elecciones en listas abiertas, trasparencia informativa, posibilidades de voto virtual, referéndums y presupuestos participativos. Aunque a menudo hay en ello cierta ingenuidad y desconocimiento de los límites (por ejemplo quién tiene derecho a participar en una consulta sobre un tema local, cómo adoptar decisiones sobre cosas complejas) es cierto que sobre esto se han producido avances que permiten introducir cambios en los procesos políticos en un sentido democratizador. 

Donde las cosas están más débiles es en la reflexión sobre las condiciones materiales de la participación. Una de las cuestiones clave es el tiempo, cualquier actividad participativa no sólo requiere una cierta cantidad de tiempo sino que a menuda lo requiere en pautas temporales específicas, por ejemplo el horario de una asamblea o de cualquier reunión. Y ahí hay ya un problema puesto que la disponibilidad de tiempo está casi tan desigualmente repartida como la renta. La gente con largas jornadas laborales, con elevadas cargas de trabajo doméstico, con horarios variables o con horarios socialmente “atípicos” tiene menos posibilidad de participar que el resto. Y estas situaciones se encuentran más habitualmente entre las mujeres y la gente empleada en los sectores más flexibles, de bajos salarios. La otra cuestión clave son los recursos culturales, los que permiten a unas u otras personas participar con conocimiento de causa en los debates. No es que confíe mucho en las capacidades de la gente educada, en un mundo donde el aprendizaje está tan fragmentado y codificado y donde no suele fomentarse una visión clara de la complejidad de muchos aspectos. En todo caso lo que es evidente es que la desigualdades sociales se reflejan en desigualdades en los conocimientos, el lenguaje y por tanto condicionan la capacidad de participación de mucha gente. Ello se combina además con un tercer recurso que es el de estatus. No es sólo una cuestión de conocimiento sino también de autoafirmación del derecho a participar; cuanto mayor es el estatus social (real o autootorgado) mayor es la posibilidad de que la gente participe efectivamente. Algo visible en muchos procesos sociales, empezando por el menor ejercicio de voz que en muchas organizaciones experimentan las mujeres. O visible, por ejemplo, en las diferencias de participación en las ampas de colegios de clase media (donde muchos padres y madres se sienten cualificados para opinar) frente a los de clase obrera. 

Pensar en formas universales de participación, en ciudadanos abstractos que van a participar espontáneamente en cualquier proceso político, que van a hacer uso permanente de los instrumentos informáticos que permiten “votar”, constituye ignorar la estructura social de la participación y la propia experiencia acumulada en los últimos años. En todos los países los porcentajes de participación política son menores cuando menos ingresos y estatus existe. Una parte de la dictadura neoliberal se ha sostenido en muchos países sobre esta carencia de participación política de las principales víctimas de la misma. Y precisamente uno de los retos que debe plantearse cualquier proyecto alternativo es cómo configurar procesos, cómo alterar los recursos que permitan una participación real de todo el mundo y en especial de la gente más necesitada de cambios radicales en la sociedad.

Y por esto la mera apelación a la ciudadanía en general, la introducción de mecanismos de participación formal suena a mera retórica bienintencionada sin propuestas sustantivas de cambio. 

III

La reflexión anterior obliga a considerar el tema de la organización como una cuestión crucial. En un doble sentido. El de la organización política en sentido estricto (y su relación con los grupos sociales que pretende defender, representar, movilizar) y el de la propia organización social. 

Y en este campo hay que partir de los fracasos de la izquierda tradicional, en la que imperó un modelo de organización donde por un lado se organizaba una estructura partidista altamente centralizada (y que se consideraba la vanguardia en el sentido que integraba funciones diversas: representación política, elaboración teórica, organización de la acción...) y por otra una miríada de organizaciones menores, en el sentido jerárquico, a las que se encargaba la intervención en espacios concretos y a la que casi siempre se tutelaba. Este modelo me parece obsoleto en todos sus aspectos. De una parte la acumulación de tareas que debe desarrollar la organización de vanguardia (y que de facto se exige a sus líderes) tiende a colapsar por incapacidad material de desarrollarlas todas y sobre todo porque existe una permanente interferencia entre el debate político (qué hacer, por dónde andar) y el problema del poder en sentido estricto. Por otra porque ello ha conducido a un modelo de control sobre las organizaciones sociales que ha acabado en muchos casos por esterilizarlas. Hay muchas evidencias en este sentido, pongo dos en las que he tenido ocasión de participar. De un lado los debates sindicales donde la cuestión del liderazgo ha impedido a menudo debates serenos sobre las políticas sindicales más eficaces. Del otro, el movimiento vecinal que de forma sistemática ha padecido intentos por parte del poder (en muchos casos con éxito) de convertirlo en mero apéndice de la administración municipal. 

El modelo que ofrece la nueva izquierda adolece, a mi entender, de una reflexión seria sobre todo ello. De una parte al tratar de presentarse como representación de un movimiento social está colocándose en la misma línea de error de los viejos partidos. De otra al carecer de una fuerte reflexión sobre las limitaciones materiales de la participación no es capaz de ofrecer propuestas viables de trabajo a largo plazo. La experiencia del 15-M debería haber servido para iniciar esta reflexión. Tras el fin del movimiento de las plazas (difícil de sostener mucho tiempo) se optó por recrearlo a nivel local sin que esta organización, salvo casos contados, acabara cuajando en nada sustancialmente sólido (en el peor de los casos simplemente interfirió en procesos locales, aunque por fortuna los activistas han resultado en la mayor parte de casos más sensatos y han acabado optando por opciones más realistas). Una organización partidista basada simplemente en círculos organizados esporádicamente para debatir las propuestas desde arriba difícilmente puede consolidarse como algo alternativo. Una organización local separada del resto del tejido social tiene todos los números para caer en los mismos vicios de las peores experiencias del pasado. Una política participativa exige un activismo integrado en el conjunto de actividades sociales. 

Hasta hoy las experiencias más sólidas y persistentes de organización se han basado en su arraigo espacial. Bien sea en el espacio de la empresa capitalista bien en el espacio local. El primero ha sido en gran parte destruido por las políticas de reorganización empresarial desarrolladas a partir de mitad de los 1970, aunque no hay que despreciar los restos que aún persisten. En el espacio local ha habido más recorrido allí donde ha sido posible sortear las presiones que emanan del poder. Y es quizás allí donde primero hay que pensar en qué modelo de construcción es posible y deseable. 

Hay algo de la experiencia que podemos ofrecer. La organización social que mejor funciona es la que se basa en la autonomía de la organización (cualquier persona de la comunidad puede participar en la Asociación de Vecinos, los espacios culturales están abiertos a todos los que quieran aportar, cada entidad se configura en función de su propia especialización...) y en la creación de redes de amistad, solidaridad, acción común que incluyen no sólo actividades “políticas” (reivindicaciones, movilizaciones...) sino también comunitarias en sentido amplio (fiestas, servicios colectivos, actividades culturales). Estas últimas son importantes como fuentes de generación de empatía, sentido de colectividad y también porque permiten a mucha gente no politizada, o incluso minorizada socialmente, desarrollar protagonismo y visibilidad social. La gente politizada juega un papel crucial siempre que respete la autonomía y no trate de imponer su proyecto. La autonomía real entre organizaciones sociales y políticas es crucial, aunque pueden existir espacios de confluencia en muchos casos. Donde la nueva izquierda se juega el futuro es en esta capacidad de construcción de malla social capaz de empujar socialmente, de recrear nuevas formas de relación social, de incorporar a mucha más gente a experiencias reales de participación. Y por ello debe adoptar formas de participación interna y formas de acción acorde con esta situación. 

Este modelo de estructuras locales en parte reticulares, en parte de conglomerados (a veces las redes se concentran, a veces centralizan algunas actividades, a veces las relaciones son más laxas) no sólo vale a escala local. Es también importante en el plano más general de funciones como la elaboración teórico-programática, donde es importante contar con buen trabajo intelectual, con un debate apartado de la lucha por el poder, con los diferentes conocimientos expertos desarrollados en organizaciones y movimientos específicos. Y con la propia experiencia organizativa de estos mismos movimientos. Siempre he creído que la derecha nos lleva adelanto en esto. Y que la autonomía relativa de, pongamos por caso, la CEOE, la miríada de institutos de opinión, la Conferencia Episcopal, las organizaciones en defensa de la familia, los medios de comunicación, construyen una voz polifónica que genera una potente hegemonía cultural. Pensar que con un mero discurso mediático simplista va a subvertir esta hegemonía resulta ingenuo. La densidad de medios de creación de hegemonía del capital y la derecha exige una construcción asimismo más compleja de espacios, iniciativas y propuestas de intervención. Una verdadera organización de izquierdas debe adoptar un modelo en el que la interlocución con esta retícula social sea permanente, lo que incluye sin duda momentos de conflicto y momentos de cooperación (la crítica es a menudo otra forma de colaboración, aunque a mucha gente le cuesta entenderlo). Una coyuntura favorable puede perderse por muchas razones. Un proyecto social mejor construido tiene más oportunidades de generar buenas coyunturas.

 

Nota

Esta nota está redactada a partir de las impresiones que me genera el seguimiento de los procesos de Podemos, Guanyem y, en menor medida, de la CUP. En esta misma línea me parecen útiles las reflexiones de Jaime Pastor y Manolo Garí en los n.º 158 y 159 de la revista digital Viento Sur (www.vientosur.info) sobre el proceso de Podemos.

29/12/2014

Ensayo

Edgardo Logiudice

El populismo democrático de Ernesto Laclau

Metamorfosis de la tutela en emancipación

La figura y sus circunstancias

La figura del cientista político Ernesto Laclau exhibe un fuerte relieve democrático-popular. A dúo con Chantal Mouffe, de cuya obra la suya es inseparable, ha insistido en el sintagma democracia radical, por un lado y en una reivindicación del término populista, oponiéndose a su valoración negativa, por otro. 

La suya no ha sido una elaboración oportunista sino resultado de muchos años de elaboración académica construyendo una especie de corpus teórico. Un conjunto de hipótesis que aspiran a una coherencia interna sobre interpretaciones del concepto de hegemonía gramsciano, de elaboraciones de Freud y del objeto a de Jacques Lacan, entre otras. No ha dudado en reclamarse postmarxista, según sus palabras no como un rechazo al marxismo sino que, habiéndose éste desintegrado, él creyó haberse quedado con los mejores fragmentos. En La Razón populista su análisis es enteramente discursivo y culmina otorgándole a los mecanismos de la retórica el rol de "anatomía del cuerpo social".

Cualquiera sea la opinión sobre su concepción metodológica su trabajo de investigación en la legitimación del populismo no ha sido improvisado ni realizado ad hoc de los movimientos políticos emergentes. Tampoco este profesor de Essex de no fácil lectura parece haber sido el inspirador de los líderes sudamericanos que surgieron en esos procesos.

Los cambios políticos apoyados en la actividad de los movimientos sociales, movimientos sociales en verdad heterogéneos —premisa de las demandas, puntos de partida del análisis antes de cualquier sujeto preconsituido, en la construcción laclausiana— tuvieron, antes o después de sus logros, en el marco de la democracia representativa electoral, un marcado relieve de apoyo popular, en el sentido común de la expresión.

La reacción de los sectores políticos desplazados, total o parcialmente, de la parte más visible del aparato institucional y los voceros académicos y periodísticos del liberalismo económico, fue arremeter con la carga negativa que la bibliografía adjudicó al término populista. Bibliografía que inventarió Laclau y cuya carga centraba su fuego en la irracionalidad y la marginalidad desde un posicionamiento generalmente elitista.

Hallar un estudioso de origen sudamericano, con una historia política vinculada a una izquierda nacional y popular como había sido enunciada la de Abelardo Ramos, en el que el trotskismo se asociaba al peronismo, discípulo del Gino Germani pionero de los estudios sobre el tema, doctorado en Oxford y académico en Gran Bretaña que postulaba la racionalidad del populismo, no podía menos que seducir.

Y así fue. Laclau fue reclamado por intelectuales proclamados de izquierda, por políticos profesionales, por asesores de estos políticos y hasta por algunos de los líderes. Y quizá, sobre todo, por el periodismo ávido de entrevistas. Aun del periodismo opositor a los nuevos gobiernos. Conocieran o no su labor y sus argumentos.

En las entrevistas el cientista tiene que intervenir políticamente. Para el gran público y para muchos políticos profesionales no es fácil exponer el objeto a ni la función política de la metáfora y la metonimia.

El Laclau político, en Buenos Aires, rinde homenaje a Jorge Abelardo Ramos: "el pensador político argentino de mayor envergadura que el país haya producido en la segunda mitad del siglo XX".

Se entusiasma con un reverdecer de medidas estatales que parecen terminar con un ciclo de desmantelamiento y apoya decididamente la gestión de los gobiernos. La apelación discursiva a sentidas demandas de los sectores largamente excluidos y oprimidos parece realmente el triunfo de un renovado populismo encarnado en los nuevos gobiernos. Algunos de los cuales hasta apelan a un socialismo de los nuevos tiempos y de raigambre autóctona.

La vulgata

Pero el reclamado es el profesor de Essex, no el político. Duchos profesionales no necesitaban sus enseñanzas. Como dijo el propio Laclau de Kirchner, ya habían realizado el "milagro". Algunos con muchos votos y otros con pocos habían contenido, en sus gestos y discursos, las demandas más variadas. Y no sólo de los sectores excluidos. A lo sumo anhelaban alguna legitimación académica.

El académico se ve obligado a generar su propia vulgata de modo que los organizadores políticos puedan expresarla en su función legitimadora. El argumento no es negar el carácter populista, es aceptar el mote afirmando que se trata de un modo más de producir política que de alguna manera todos comparten.

La mayor parte de las entrevistas provino de medios de comunicación proclives a mirar con buenos ojos a los nuevos gobiernos que se anunciaron como nuevos modelos frente al neoliberalismo. Le demandan respuestas sobre la evaluación de la acción de los nuevos gestores arribados al poder político y Laclau responde con más afecto y creencias, elementos rescatados como premisas en sus investigaciones, que con resultados. En el elenco de éstos destaca la iniciativa gubernamental de algunas nacionalizaciones, la desvinculación con el Fondo Monetario Internacional y la instalación de algunos planes de ayuda social como un nuevo modelo, contrapuesto al comúnmente denominado neoliberal.

Fiel a su concepción postmarxista y a su manifestada "insatisfacción básica con las perspectivas sociológicas", y por supuesto económicas, de esos resultados se conforma con nombrarlos sin siquiera describirlos y, menos aun, explicar cómo se lograron y cuáles son los alcances de esos logros.

A esto asocia él su versión abreviada del populismo, al que estos fenómenos así tratados le sirven de ejemplos. El nuevo modelo respondería así a su paradigma.

Su paradigma populista en esa versión es bastante sencillo en su expresión periodística.

"La especificidad del populismo como forma política es que es un discurso dicotomizante que divide la sociedad en dos campos opuestos, que constituye al «pueblo» sobre la base de interpelar a los de abajo contra el poder institucional constituido".

"Ha habido una heterogeneización progresiva de la estructura social. De modo que finalmente la construcción de un modelo de cambio requiere que esa estructura heterogénea sea articulada políticamente de una manera central".

"En un determinado momento, hay una gran cantidad de demandas insatisfechas a nivel de la base y un sistema institucional que es incapaz de vehiculizarlas". "Las demandas insatisfechas comienzan a crear una identidad. Allí ya hay una situación semipopulista".

"Cuando alguien empieza a interpelar a esa gente para una movilización en contra del sistema, estamos ante una situación populista".

"Las masas, cuando son marginales, necesitan ser dotadas de un lenguaje, y ese lenguaje muchas veces viene desde el poder político. Si esas masas no se pueden movilizar sino a través de la intervención de partidos populistas, estos partidos juegan un rol democratizante, porque lanza a las masas a la arena histórica".

En suma. Dada la heterogeneidad que caracteriza la sociedad actual existen innumerables y distintas demandas. Cuando estas demandas no son satisfechas es necesario un discurso que las articule. Las masas marginales no tienen ese discurso

Ese discurso es populista cuando escindiendo la sociedad en dos campos alguien apela a los de abajo. El discurso de los partidos populistas es democrático porque lanza a las masas a la arena histórica, constituyéndolas en pueblo.

De vez en cuando se intercala alguna referencia al significante vacío en su función articuladora de las demandas, sin mayor explicación, precisamente, de su significado. Su sola mención sugiere la existencia de un fundamento más profundo, lo que lo constituye precisamente en un vacío tal que cada escucha o lector lo llena a su modo.

De allí que en Argentina, la presidenta le haya atribuido "generar un pensamiento desde lo crítico y totalmente controversial y contradictorio con lo que le interesa a los sectores dominantes". Y en España Íñigo Errejón "pensar los desafíos de la sedimentación de la irrupción plebeya y constituyente en los estados latinoamericanos y para atreverse en el sur de Europa con los retos de cómo convertir el descontento y sufrimiento de mayorías en nuevas hegemonías populares".

Este es el discurso de radicalidad democrática de quien sostiene que "Cuando la gente se siente muy afectada por un proceso de desintegración social, finalmente lo que necesita es algún tipo de orden. Qué orden prevalecerá es una consideración secundaria".

El discurso de quien en el año 2004, cuando ya tenía escrito su La razón populista, afirmó: "España ha dado un enorme paso adelante en las últimas elecciones con la elección de José Luis Rodríguez Zapatero".

El discurso de quien apreció así el papel de Podemos, en noviembre de 2013: "El problema de los indignados, en España y otros países, es que colocan un énfasis casi exclusivo en actuar fuera de los márgenes del Estado, y esto no les permite avanzar en un proyecto político. Si sólo se da la dimensión horizontal, si ésta no se combina con la dimensión vertical, la protesta social termina por disgregarse; a largo plazo, por sí misma, la movilización social desestructurada no puede converger en un proyecto político de transformación social […] fuera del Estado, no hay posibilidades de cambio a largo plazo. Se trata de ir hacia un Estado popular, que incluya a las masas".

De la representación al caudillo

No es posible detenerse acá en toda la construcción discursiva de Ernesto Laclau, pero parece pertinente demorarnos algo en su —como él dice— "peculiar" concepción de la democracia.

Establecidas las diferencias singulares como presupuesto inexplicado, salvo por la emergencia de la muy genérica globalización, la consecuencia no puede ser otra que la imposibilidad de comunidad.

Laclau asume sin discusión la vieja cuestión de la imposibilidad de la democracia directa en grandes comunidades como los modernos Estados nación. Con lo cual también asume acríticamente lo ya dado, el sistema de la democracia representativa electoral en el que opera este modo de producción de lo político.

Pero no es cierto, dice, que el representante pueda o deba transmitir fielmente la voluntad de los representados. Porque el representante siempre debe agregarle, para dar credibilidad a la voluntad representada, que es siempre la de un grupo sectorial, el plus de demostrar que esa voluntad es compatible con el interés de toda la comunidad y no sólo de un grupo.

De aquí surge que la representación es un proceso o movimiento de ida y vuelta, hay dos dimensiones en toda representación.

Pero de esto Laclau infiere que "el representado depende del representante para la constitución de su propia identidad".

Y esto es así cuanto menor sea el grado de integración del grupo representado.

Así en "el caso de sectores marginales con un bajo grado de integración en el marco estable de una comunidad […] no estaríamos tratando con una voluntad a ser representada, sino más bien con la constitución de esa voluntad mediante el proceso mismo de representación. La tarea del representante, no obstante, es democrática, ya que sin su intervención no habría una incorporación de esos sectores marginales a la esfera pública […] en ese caso su tarea consistiría no tanto en transmitir una voluntad, sino más bien en proveer un punto de identificación que constituirá como actores históricos a los sectores que está conduciendo".

"La representación se convierte en el medio de homogeneización de lo que […] denominamos una masa heterogénea". Cita a Hanna Fenichel Pitkin, quien para él ha hecho el mejor tratamiento de la noción de representación, que afirmó que "la verdadera representación es el carisma". Tenemos pues que la representación "que va del representante a los representados" encarna en el conductor carismático.

Y afirma: "En una situación de desorden radical se necesita algún tipo de orden". Para ello es necesario proceder a alguna identificación y "representar al orden como tal".

"La identificación siempre va a proceder a través de esta investidura ontológica". El orden investido en el cuerpo del líder.

En suma, frente a una situación de desorden radical es necesario encorsetar a la masa heterogénea por medio de un representante que no representa sino que conduce.

Y esto es democrático porque frente a la institucionalidad establecida todos los excluidos son iguales y, además, fueron constituidos graciosamente en pueblo por el conductor que los identifica.

No extraña entonces la repulsa de Laclau al "que se vayan todos".

Lo que extraña es que su radicalidad democrática manifestada más de una vez se transforme en la necesidad del orden. Del orden estatal , los Estados nación que son las "grandes comunidades".

Grandes comunidades construidas a través de la ilusión de las metáforas y metonimias que articulan una masa heterogénea como si fuera homogénea. Es verdad, el Estado no es más que ilusión de comunidad; comunidad que, dice Laclau, no se construye nunca plenamente.

Pero se organiza "desde arriba". El Pueblo es un concepto que encarna en la materialidad, el cuerpo del líder carismático. Tutor y conductor que encarna la democracia.

Democracia encarnada. Populismo de la encarnación. Populismo sin pueblos. Pueblos retóricos. Metafóricos.

Mera forma de ponerle nombre a realidades, me parece. A las pedestres realidades de las miserias con que se construye la política del orden establecido. De la resignación a gestionar la deuda. Donde jamás se ha convocado o querido movilizar a las grandes masas heterogéneas para enfrentar a los verdaderos poderes dominantes que siguen saqueando el trabajo y los recursos naturales. Jamás se enfrentó a las trasnacionales de los agronegocios ni a los grandes grupos financieros. 

Soberbia de un poder que ya no decide más que manteniendo enmascarada la exclusión. La mentada inclusión consistió en desarmar el poco poder de autodeterminación que habían logrado los movimientos sociales después de haber obtenido jaquear a las castas comisionistas del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Para después seguir pagando por adelantado y sin chistar, como hicieron Lula y Kirchner.

Nada que signifique que estos líderes manejaran la retórica para constituir a los excluidos en un pueblo, más allá de lo que lo lograra la gastada democracia representativa electoral.

El populismo de Laclau no la ha superado y su apología no ha resultado una buena enseñanza.

Diciembre de 2014

26/12/2014

Demetrio Velasco

La fascistización de la política institucional y el control oligárquico y represivo de la cultura política y social

Introducción

El creciente despotismo de las oligarquías económicas y de las fuerzas reaccionarias están generando un progresivo vaciamiento de las instituciones democráticas. Sus exigencias de cambiar la legalidad que defiende los derechos del individualismo propietarista, cuando ya no está a la altura de sus ambiciones, o, cuando esta se mantiene, de utilizarla para frenar o impedir el ejercicio de los derechos y libertades públicas del constitucionalismo moderno (derechos sociales, laborales, etc.), reflejan un ejercicio fascista de la fuerza y del poder ilegítimos, democráticamente hablando. El término “fascismo social”, tal como lo utiliza B. De Sousa Santos, y al que ya nos hemos referido en otros textos, creo que sirve para describir lo que está ocurriendo. Recordemos que “no se trata, como en los años treinta y cuarenta, de un régimen político sino de un régimen social y de civilización ... un fascismo social que no sacrifica la democracia ante las exigencias del capitalismo sino que la fomenta hasta el punto de que no resulte necesario, ni siquiera conveniente, sacrificarla para promover el capitalismo”, y señala como formas de esta sociabilidad fascista las siguientes: el fascismo del apartheid social, como segregación social de los excluidos; el fascismo del estado paralelo; el paraestatal; el fascismo territorial; el populista; el de la inseguridad; el financiero... [1]

La ausencia de participación ciudadana y un ejercicio del poder político que se siente cada vez más ajeno a las necesidades y expectativas de dicha ciudadanía, ponen en cuestión el principio de la representatividad política y pervierten el ejercicio del poder democrático. Este proceso se traduce, como en los regímenes “fascistas”, en una legalidad cada vez más carente de legitimidad y, por tanto, más lastrada por el uso ilegítimo de la fuerza. El cambio de los programas de los partidos, de los presidentes de gobierno, e incluso del mismo ordenamiento jurídico constitucional, se hacen sin la adecuada legitimación democrática.

El control oligárquico de los MMCCSS y de la opinión pública se traduce en manipulación de la información, denigración de quienes discrepan, e imposibidad de crear una moral pública capaz de regenerar la vida política..

La legitimación que hace el discurso hegemónico neoliberal de la creciente desigualdad social, usando la libertad como antinómica de la igualdad y asociándola a una manipulación de los instintos básicos del miedo y de la inseguridad, pervierten la necesaria cohesión social y minan la imprescindible solidaridad para afrontar democráticamente la crisis. El éxito de este discurso se refleja en que acabamos prefiriendo ser explotados a estar desempleados; en que aceptamos con resignación la cínica argumentación de que los ricos serán más emprendedores si pagan menos impuestos, mientras que los pobres serán menos holgazanes si reciben menos subsidios; en que contagiados de un miedo difuso y confuso acabamos siendo cómplices de un “golpe de estado silencioso”..

La presencia del fascismo social no solo nos obliga a reflexionar sobre la crisis de lo político y sus manifestaciones más relevantes, sino, también, y de forma especial sobre el enigma de la “servidumbre voluntaria”, que es la razón última y fundamental de la que se alimenta dicho fascismo.

La galopante deslegitimación de lo político

Hace apenas unos meses, en el número que dedicábamos a “la reinvención de la política”, escribía un artículo sobre la creciente deslegitimación de la política. No podía imaginar, entonces, que la deriva fascistizante de nuestras sociedades fuera tan rápida y tan profunda, como la que es. Se ha recalcado mucho y, quizás con razón, que la crisis económica que padecemos no ha tenido precedentes en nuestra historia occidental, desde la segunda guerra mundial. Pero, creo que no es exagerado decir algo que no se dice tanto, y es que tampoco hemos visto a nuestras sociedades doblegarse a dicha deriva de fascismo social como lo están haciendo ahora. A pesar de los significativos brotes de indignación y de rechazo que protagonizan algunas minorías ante las llamadas eufemísticamente “políticas de ajuste”, creo que se está configurando un proceso de servidumbre voluntaria de gran calado social, que, a su vez, es terreno abonado para que el fascismo se reafirme cínicamente en la imposición de sus programas con una insolencia inusitada. Hace unas pocas semanas, Newt Gingrich, el senador republicano, que fue presidente de la Cámara de Representantes y que, a pesar de una vida tan poco ejemplar como la suya ( se ha convertido en un altavoz más del catolicismo neoconservador!), y si la maquinaria electoral le es favorable, podría llegar a ser candidato a presidente de USA, declaraba obsoleta la prohibición del trabajo infantil. Los sondeos de opinión le daban un significativo apoyo popular [2]. También, entre nosotros, algunos políticos están proponiendo, para atajar la crisis y sus manifestaciones más sangrantes, políticas de ajuste y de recortes de los derechos sociales, que bien podrían hacernos temer que caminamos hacia aquella sociedad dickensiana del siglo XIX en la que los niños eran salvajemente explotados. Un lúcido analista de lo que no está ocurriendo escribía recientemente un texto de referencia kafkiana, que mucho me temo que no es solamente un recurso literario. “Han ganado. Aquí, allá y acullá. Ya nos han vencido, sometido, conquistado. José K. cree que los nuevos amos del universo están convencidos de que lo moderno es volver al siglo XIX y lo antiguo, los avances del siglo XX... Están a punto de lograr, por ejemplo, según ve nuestro hombre, que se haga cierto un sucedido nunca visto a lo largo de la historia: que lleguemos a creer moderno lo que ocurría dos siglos antes y antiguo lo que pasó en el siguiente. Un contradiós. Pero José K. lo ve aquí y allá el siglo XXI. Nos llevan al XIX y abominan del XX. Cuánto mejor aquellos años en que no había regulaciones de sueldos, edades, horarios o contratos” [3].

¿Qué nos está pasando? Hace apenas un par de años, al comienzo de la crisis, se decía que el capitalismo debía ser reformado, el sistema financiero controlado y algunas de las manifestaciones más perversas del origen de la crisis, como la especulación gangsteril y criminal de las elites financieras, los paraísos fiscales, el fraude fiscal y laboral, la economía sumergida, extirpadas. Hoy, apenas se incide en la urgencia de tales medidas. Ya no es necesario ni “refundar el capitalismo”, ni frenar las ambiciones ilimitadas de capital financiero, ni mucho menos aún, pedir responsabilidades a quienes han sido los causantes directos de la crisis. Lo urgente, según proclaman los voceros del sistema, es que la gente tome conciencia de que debe hacerse responsable de una situación insostenible y empezar a pagar la factura de haber vivido alegremente por encima de sus posibilidades. Y, a los más pobres del sistema, si se quejan de su mala suerte, no queda más remedio que tratar de mentalizarlos y, si, a pesar de todo, se resisten y muestran demasiado ostensivamente su indignación, pasar a criminalizarlos, como ha ocurrido tradicionalmente en las sociedades liberales. Por eso, cuando se toman las primeras medidas de ajuste, congelando el salario mínimo interprofesional o bajando las pensiones, y se dice que habrá que apretarse mucho más el cinturón, se pretende abonar el terreno para que los planes fascistoides del desigualitarismo social puedan ser aplicados de forma plausible sin excesivas resistencias.

Son numerosos los analistas sociales que coinciden en el alarmante diagnóstico de que estamos padeciendo “un golpe de estado” que pervierte lo político y lo introduce en el terreno de la peste parda del fascismo social. N. Birnbaum, el prestigioso académico conservador, convertido por mor de su lucidez en conciencia crítica de la sociedad norteamericana, titula así uno de sus numerosos artículos que reinciden en las mismas cuestiones: Golpe de Estado en Estados Unidos, dice lo siguiente:

Se ha escrito mucho sobre la crisis de Estados Unidos. Se ha aludido a la complacencia y el fracaso de nuestras élites, a la ignorante furia de un segmento de la ciudadanía espiritualmente plebeyo, a la impotencia intelectual y política de buena parte del resto, a la ausencia de una conexión entre una intelligentsia crítica y los movimientos sociales que en el pasado aportaron sus ideas a la esfera pública, al quebrantamiento de la propia esfera pública y a la consiguiente atomización de la nación. Esos diagnósticos son correctos. Lo que a veces se pasa por alto en nuestra situación es el factor propósito: lo que ha sufrido la democracia estadounidense ha sido un golpe de Estado encubierto. Sus autores ocupan los puestos más altos de los negocios y las finanzas, sus leales servidores dirigen las universidades, los medios de comunicación y gran parte de la cultura, e igualmente monopolizan el conocimiento profesional científico y técnico. [4].

En estas páginas quisiera describir, aunque sea someramente, algunos de los rasgos de este fascismo social que padecemos. Advierto al lector de que doy por supuestos los recientes números de la revista que hemos dedicado a la cuestión de la crisis económica, a sus efectos y las alternativas a la misma, especialmente, el último, que lleva por título “la crisis y el sistema económico neoliberal”. Ahora, se trata de abundar en los argumentos que nos sitúan ante un proceso global y local de fascistización de nuestras sociedades, que no es fruto de un ciego determinismo, sino la plasmación de un proyecto laboriosamente construido.

El fascismo financiero

La convicción de que las elites, entre ellas, las financieras y económicas, las mismas que, aunque tienen nombres y apellidos, se suelen llamar anónimamente como “los mercados”, son las que están decidiendo el destino de la humanidad y determinando las políticas de los gobiernos elegidos democráticamente e imponiéndoles dichas políticas en contra de la voluntad de los pueblos que los han elegido, no es fruto de una “teoría conspiratoria” de la historia, sino que está fundada en datos y hechos contrastados. Europa ha visto, en los últimos meses, cómo estas elites han obligado a los parlamentos a cambiar las constituciones democráticas, han impuesto gobiernos claramente tecnócratas con el objetivo de garantizar sus propios objetivos y prioridades.

En un artículo del año pasado, titulado “El fascismo financiero”, dice B. De Sousa Santos que le sorprende la rabiosa actualidad de su diagnóstico realizado hace ya más de doce años, sobre el emergente “fascismo social” y que, precisamente, el fascismo financiero, una de las que entonces identificaba como las cinco formas de socialización fascista, era la más virulenta y agresiva de todas. “El fascismo financiero es quizás el más virulento. Es el que impera en los mercados financieros de valores y divisas, la especulación financiera global. Es todo un conjunto que hoy se designa como “economía de casino”. Esta forma de fascismo social es la más pluralista en la medida que los movimientos financieros son el producto de decisiones de inversores individuales o institucionales esparcidos por todo el mundo y, además, sin nada en común fuera de su deseo de rentabilizar sus activos. Por ser el más pluralista es también el más agresivo debido a que su espacio-tiempo es el más refractario a cualquier intervención democrática . Significativa es, a este respecto, la respuesta del agente de bolsa de valores cuando le preguntaron qué era para él largo plazo: “Para mí largo plazo son los próximos diez minutos". Este espacio-tiempo virtualmente instantáneo y global, combinado con la lógica del beneficio especulativo que lo apoya, le otorga un inmenso poder discrecional al capital financiero, prácticamente incontrolable a pesar de ser lo suficientemente poderoso como para sacudir, en cuestión de segundos, la economía real o la estabilidad política de cualquier país.” Se refiere, a continuación, al enorme poder de las Agencias de Calificación (Moody's, Standard and Poor's, Fitch Investors Services), que se han hecho tan conocidas por todos y que con su arbitrariedad determinan los efectos más perversos de la especulación financiera. Y concluye con una afirmación tremenda que me parece confirmar la rápida deriva fascista de nuestras sociedades. “Escribía esto hace doce años pensando en los países del llamado Tercer Mundo. Ni siquiera podía imaginar que hoy lo fuera a recuperar pensando en los países de la Unión Europea” [5].

En efecto, son muchos los indicadores que nos señalan que caminamos hacia la “tercermundialización” de los países “desarrollados”, que se ven, ahora, sometidos a planes de ajustes estructurales, como los aplicados en las últimas décadas en los países en vías de desarrollo. La presente crisis económica global es el escenario de una guerra que los grandes poderes del fascismo financiero están librando para hacerse con el control de la gobernanza económica global, aunque para ello haya que hacer retroceder a países desarrollados hasta situaciones propias del capitalismo salvaje del siglo XIX. Con el objetivo prioritario de sanear las economías se sigue utilizando la cuestión de la deuda de los países como una trampa para que la dinámica de los ajustes y de la austeridad fiscal se convierta en un círculo vicioso, del que solamente se puede salir generando sociedades socialmente empobrecidas y escandalosamente desigualitarias. En efecto, los recortes masivos en el gasto social y en las políticas públicas (salud, educación servicios sociales), juntamente con una liberalización del comercio y una privatización de los bienes públicos, se reflejan en una pauperización de las clases medias y en un enriquecimiento desorbitado de las oligarquías financieras. Es sabido que tanto la Reserva federal, como el BCE han prestado cantidades ingentes a los bancos en dificultades a unos tipos increíblemente bajos (o, 1%) y, luego, los mercados prestan a los gobiernos a intereses 600 u 800 veces más [6]. Si se aceptara financiar las deudas de los gobiernos, e incluso a los particulares, con el criterio que se aplica a la banca, no sería necesario esquilmar a las poblaciones. No es demagógico afirmar, como lo hacen algunos autores, que esta forma de fascismo social que practica el poder financiero global es una forma “crimen económico contra la humanidad” y de “genocidio social” [7]. Es sabido que gran parte de las hambrunas que padecen cientos de millones de personas no son sólo fruto de pertinaces sequías!

En efecto, una expresión macabra de este fascismo social que se traduce en genocidio es la forma en que la especulación financiera juega con los productos de primera necesidad, como la industria agroalimentaria, provocando las escandalosas hambrunas que asolan a buena parte del planeta.

El resultado fue tan espectacular como ignorado por políticos y ciudadanos: en sólo cinco años, las posiciones de los fondos en el mercado de materias primas pasó de 13.000 a 317.000 millones de dólares. Esa tremenda multiplicación especulativa buscaba, por supuesto, que los precios de esos productos básicos se disparasen, para obtener pingües beneficios con los astronómicos márgenes entre lo que se paga a los agricultores (fijado de antemano e invariable) y lo que se acaba cobrando a los consumidores. Y así fue. Según los cálculos de la Unctad, en la primera década del siglo los precios medios del trigo, el maíz y el arroz prácticamente se triplicaron… produciendo decenas de miles de millones de beneficios a los especuladores bursátiles, con los que compensaron sus pérdidas en las temerarias operaciones de las hipotecas subprime, los activos basura y los CDS. Entretanto, en 2008 estallaban revueltas del hambre en una treintena de países del Tercer Mundo, donde la mayoría de la población tiene que gastar en alimentos el 70% de sus ingresos y no puede costear ni la menor subida de precios; simplemente ha de pasar hambre. Ni siquiera la actual crisis económica global ha frenado ese encarecimiento de los productos de primera necesidad, pues el año pasado los precios de los cereales aumentaron en más del 60%. “El mercado de los alimentos se ha convertido en un casino”, declaró Joerg Mayer, de la Unctad, a The Guardian. “Y por una única razón: hacer que Wall Street gane todavía más dinero [8].

Decía en el texto del número dedicado a la reinvención de la política:

El carácter fascista del actual proceso de globalización, que refleja la voluntad de lo que convencionalmente llamamos “los mercados” de apropiarse de todo lo que pueda ser ventajoso en la lucha por dominar el mundo, tiene, hoy, expresiones escandalosas como las de la “privatización de África” o el ejercicio de la piratería inmaterial por el mundo entero. E. Dussel ha descrito bien este proceso de “inclusión excluyente” guiado por el espíritu fascista del “ego conquiro, ergo sum.

Expresión de este fascismo es también la explotación irracional de la naturaleza y del medio ambiente hasta cometer un permanente ecocidio...Ingenierías genéticas y geopolíticas puestas al servicio dela ambición y la codicia ponen en peligro el futuro de la humanidad. Todo ello justificado por una “legalidad” neoliberal (lex mercatoria) que los estados aplican defendiendo los derechos propietaristas.” Cada día que pasa, los hechos avalan este diagnóstico. La ambición sin límites y el deseo de apropiarse el mundo entero que refleja este fascismo financiero no nos debería llevar sólo a reflexionar sobre la perversión antropológica y social que el individualismo propietarista provoca, sino a hacerlo sobre algo más explícito desde la perspectiva estratégica de dicho fascismo. El objetivo de un gobierno económico global, con un banco central global, una moneda global, una policía económica global, no es fruto de una imaginación proclive a pensar en teorías conspiratorias de la historia. Son muchos los hechos y documentos que así lo acreditan.

Hace ya décadas que las élites mundiales vienen reuniéndose con el objetivo de forjar este “nuevo orden mundial”. Davos, Bilderberg, Maniatan, La Trilateral, FMI, BM, G-20, Agencias de calificación, bancos, etc., son algunos de los nombres que nos dicen que los denominados “mercados” no son tan anónimos como se pretende hacer creer, y que las cosas no suceden por casualidad. Nada tiene que ver con teorías conspiratorias de la historia dar credibilidad a lo que se dice en textos como “2010-2030: el futuro según la fundación Rockefeller”, en el que se analiza un documento de dicha fundación que promueve lo que decimos [9], o el extenso y documentado escrito de A. Gavin Marshall, que el lector puede encontrar en la red, y que en cuatro capítulos diferentes describe el proyecto estratégico de dicho gobierno global [10].

La reforma de la constitución

Si el poder fáctico de los poderes financieros (como es el caso de los bancos centrales, del BCE y de los organismos multilaterales de la gobernanza económica global) goza ya de un estatuto jurídico que lo hace independiente de la política y que le permite pervertir la naturaleza y función de las instituciones democráticas, hay una forma de fascismo financiero que se está estableciendo en el corazón mismo de nuestras sociedades y es el que obliga a reformar las constituciones democráticas para garantizar las prioridades del sistema económico neoliberal.

Dejando, ahora, de lado la necesidad de una reforma razonable de la constitución, que deberá abordarse con un amplio consenso y con la voluntad de afrontar las relevantes cuestiones que la reclaman (cuestión territorial, ley electoral, laicidad, etc), no parece que la reforma realizada ni la forma de hacerlo respondan a esta necesidad.

La reforma del art. 115 de la CE por imperativo de “los señores del mercado” es una de las manifestaciones de este fascismo financiero. Cuando el pago de la deuda pública (cuyo origen y naturaleza ha generado en no pocos casos la razonable doctrina jurídica de la “deuda odiosa”, según la cual la deuda contraída en contra de los intereses generales de la sociedad es ilegítima y no debe pagarse) se convierte, por mandato constitucional, en la “prioridad absoluta” para los gobiernos, por encima de cualquier otro derecho básico de la ciudadanía, como el derecho a la educación, a la sanidad, etc., sin dejarles la oportunidad de reflexionar sobre lo que en cada momento y contexto es más razonable y justo, podemos decir que la constitución ha dejado de ser el instrumento garantista, por excelencia, de los derechos y libertades, para convertirse en un artefacto y en una potencial amenaza para los mismos. Es sabido que cuestiones como las del déficit público o la estabilidad presupuestaria, han sido histórica e ideológicamente, y seguirán siéndolo, objeto de controversia. Hoy son prestigiosos catedráticos de economía, entre ellos algunos premios Nobel, quienes vienen reiterando que orientar la política económica a la prioridad absoluta de reducir el déficit estrangula toda posibilidad de crecimiento económico y, como consecuencia, genera aún más paro. ¿Por qué se sigue en este equivocado empeño? Parece que lo que de verdad interesa es que los grandes acreedores tengan prioridad absoluta a la hora de cobrarse el pago de la deuda, aunque esta sea fruto de una codicia y de un abuso manifiestos [11].

No parece, pues, de recibo que el texto constitucional nos obligue a aceptar que el “déficit cero”, un teologúmenon economicista neoliberal, es un referente normativo para quien debe ejercer la compleja tarea de la política. Creo que no conviene olvidar lo que escribe J. Estefanía, al respecto. “En el extremo, un sistema no fracasa si no puede ayudar a sus bancos, tiene un déficit alto, no paga su deuda o no retorna en el corto plazo a los equilibrios macroeconómicos (que son objetivos intermedios). Lo hace si no puede asegurar el bienestar de sus ciudadanos, si los hijos de estos no pueden vivir mejor que sus padres y se rompe la cadena del progreso” [12].

El hecho de que haya sido un gobierno socialista el que se ha plegado a esta exigencia de reforma constitucional no hace sino confirmar el carácter fascistizante de la ideología neoliberal. No es una cuestión de la ciencia económica la que está debatiéndose, sino la oportunidad de una medida necesaria para conseguir los objetivos de desmantelamiento del “estado social y democrático de derecho”. El presidente español, tras su encuentro con los poderes fácticos, a su vuelta de Bruselas, parecía ser un remedo del personaje de los hermanos Marx, dispuesto a defender los principios que les gusten a otros, aunque ello suponga olvidarse de las prioridades socialdemócratas. Hasta casi las vísperas de la reforma, tanto él como su vicepresidente Rubalcaba, calificaban a dicha reforma, promovida por el líder de la oposición, como dañina e ilegítima.

La forma en que se ha llevado a cabo la reforma ha sido, también, una expresión antidemocrática más. Es verdad que se ha respetado la legalidad, pero no podemos olvidar que la emergencia de numerosos autoritarismos y fascismos se ha dado respetando la legalidad. La legitimidad del cambio constitucional necesita del refrendo de la voluntad popular del sujeto soberano y constituyente, que es el pueblo español. Tampoco sirve el argumento de que, poco a poco, lo van teniendo que hacer los demás Estados. Como decía el clásico, “la rabia no se cura mordiendo a todo el mundo.”

La reforma de la constitución es sólo la medida plásticamente más radical de la instrumentación de la legalidad para seguir profundizando en una sociedad en la que los derechos sociales y laborales se ven cada vez más cuestionados y, por eso, hay que desmantelar toda aquella legalidad que hasta ahora ha podido jugar un papel garantista de dichos derechos. Los ajustes, reformas y amenazas de más ajustes y reformas, tienen como objetivo el hacernos creer que la democracia social es inviable y que la democracia, sin más, no es ya el mejor de los regímenes deseables [13].

El gobierno de los tecnócratas

Otro de los ejemplos más recientes y plásticos del fascismo financiero es el de la imposición de reputados tecnócratas al frente de los gobiernos democráticos, con el pretexto de que, si no se hace así, las consecuencias para los países en cuestión serán catastróficas. Obviamente, los tecnócratas convertidos en gobernantes son personajes que han forjado su biografía en los bancos, instituciones y clubs, que deciden en la sombra, el comportamiento de “los mercados” y el destino de los pueblos. Grecia e Italia han sido los dos países en los que el ensayo de fascismo financiero ha tenido su expresión tecnocrática.

En este proceso de tecnocratización de la política hay dos aspectos que conviene resaltar para descubrir su significado antidemocrático y antipolítico. El primero se refiere a la convicción ideológica de que hay individuos que, supuesta su singular idoneidad técnica para resolver problemas, están por ello capacitados para gobernar una sociedad política. Se confunde el conocimiento instrumental de los medios con la idoneidad política y moral de saberlos aplicar en cada contexto concreto con el objetivo de alcanzar el mayor bienestar humano. Como recuerda Dahl, “en muchísimas cuestiones, los juicios instrumentales dependen de supuestos que no son estrictamente técni­cos, ni científicos, ni siquiera rigurosos, por lo que los tecnócratas deben ser gobernados y no gobernantes. La máxima de Clemenceau de que "la guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los generales" es válida” [14].

Además de que los buenos especialistas en algo muy concreto, suelen ser bárbaros en otras muchas especialidades relevantes para la vida humana, como decía Ortega, la experiencia histórica nos enseña que los tecnócratas han generado regímenes autoritarios, que, por definición, “carecen de gobernantes dotados del conocimiento y de la virtud requeridos para justificar su papel de tutores… Los filósofos no tienen que ser reyes, y viceversa. En su mejor expresión, sólo la concepción democrática, nunca la del tutelaje, puede brindar la esperanza de que, al participar en el gobierno de sí mismos, todos los integrantes de un pueblo, y no únicamente unos pocos, aprendan a actuar en forma moralmente responsable como seres humanos” [15].

No deberíamos olvidar que la economía no es una ciencia exacta, sino ciencia social inscrita en el ámbito de la política, a no ser que nos resignemos a convertir nuestras sociedades con mercado en sociedades de mercado. Aunque mucho me temo que esta perversión hace ya tiempo que se ha dado por consumada para muchos, y que uno de sus efectos más perversos es el de la confusión de la razón del ser humano que le capacita para ser sujeto político con la razón instrumental del tecnócrata.

En segundo lugar, refiriéndonos al actual fascismo social-tecnocrático, hay demasiados datos sobre las biografías de los tecnócratas que han sido impuestos como gobernantes de países como Grecia e Italia, para concluir que, tanto Lucas Demetrios Papademos, como Mario Monti, lejos de ser los filósofos reyes, son los hombres que las oligarquías financieras y políticas necesitan para llevar adelante sus proyectos de fascismo social [16]. La construcción de un gobierno económico mundial controlado por las oligarquías y plutocracias exige de fieles guardianes de la ortodoxia y disciplina neoliberales y nadie mejor para aplicarlas que quienes se han ganado la confianza con un curriculum indiscutible. La selección de los ministros de economía y de finanzas de los gobiernos de nuestras sociedades quiere dejar explícita esta filiación neoliberal de los mismos, como una garantía de que serán los interlocutores más adecuados de “los mercados” [17]. Como dice R. Argullol, “la oscura paradoja está servida: hundida la honestidad de la clase política, juzgada corrupta en una mayoría alarmante de países, se ofrece la tarea de salvación a los corruptores, a los que trabajan al servicio de los corruptores. Atrapada en este círculo vicioso no es posible la supervivencia de las democracias” [18].

La justificación del tecnocratismo se hace vaciando de contenido no solamente las instituciones democráticas, sino también deslegitimando a la política y a sus representantes desde un discurso ideológico netamente fascistoide. Mientras escribo estas páginas, oigo decir al portavoz de la agencia Fitch Investors Services que “en Sanidad y en Enseñanza hay mucho que recortar todavía, ya que absorben una parte muy grande del presupuesto y, por tanto, es lógico aplicarse a la tarea del ajuste con urgencia.”. Está claro que, para mensajeros como este, la salud y la educación son mercancías devaluadas que hay que situarlas en el lugar que les corresponde, lo mismo que a la población sobrante que no pueda pagárselas.

El control de los medios recomunicación social y de la OP

Una de las cosas que más sorprende en la actual crisis es la recepción acrítica de la ideología neoliberal, a pesar de que ha dado y sigue dado numerosas muestras fehacientes de su fracaso. Si bien, al comienzo de la crisis, hubo voces políticas relevantes que hablaron de la necesidad de “refundar el sistema capitalista” y de atajar sus principales perversiones, pronto estas voces fueron acalladas o se silenciaron voluntariamente, para pasar, una vez más, a la legitimación más insolente de las tesis neoliberales. Creo en la pertinencia de subrayar algo que decía al hablar de la deslegitimación de las instituciones políticas. El neoliberalismo actual ejerce una forma de razón cínica que resulta de la conjunción de las tres lógicas antipolíticas de la historia: la del sofista, la del burgués y la del dogmático. Y sorprende, especialmente, la postura de la mayoría de los economistas que han preferido mantenerse fieles a su estatuto de economistas canónicos, sostenidos y financiados por los grandes poderes económicos y mediáticos, que ejercer el siempre difícil arte del pensamiento crítico. El minoritario número de los economistas críticos apenas si tienen eco en la opinión pública. Pero, basta leer lo que escriben para tomar conciencia de que su silenciamiento no se debe a la debilidad de su pensamiento, sino a una estrategia de control y dominio de la opinión pública y de los medios de comunicación social por parte de quienes los pueden manipular e instrumentalizar.

Como pregunta con fina ironía el catedrático Juan Torres, uno de los economistas críticos que intenta, contra viento y marea, hacer oír su voz, tras describir la vergonzosa trayectoria de los economistas clásicos (refiere cuatro ejemplos de famosos economistas que han errado en sus informes y que sin embargo han sido premiados y contratados de nuevo por los bancos e instituciones), “cómo es posible que los economistas que más destrozos hacen en la economía y los que más se equivocan a la hora de explicarla y adoptar soluciones sean los favoritos de los bancos y de las grandes empresas, los que reciben su financiación generosa y los que tienen más audiencia en los medios de comunicación que controlan los poderosos.” Y contesta diciendo: “¿No será que lo que quieren es disponer de economistas incapaces de aclarar lo que pasa de verdad y más dispuestos a confundir a la gente? ¿no será que no les interesa que predominen los economistas que puedan hacer que la economía en su conjunto vaya bien sino solo los que consigan que sus bolsillos estén cada vez más repletos? No sé lo que piensan ustedes pero esto último es lo que yo creo desde hace tiempo a la vista de lo que veo a mi alrededor” [19]. Obviamente, lo que dice el profesor Torres no es fruto de una ocurrencia motivada por los celos, sino que como lo acreditan otros economistas críticos como él, incluidos premios Nobel de la talla de Krugman o Stieglitz, se sigue repitiendo la ya larga historia de los “consejeros de tiranos” dispuestos a legitimar con su pluma el poder de quienes, además de pagarlos como a mercenarios, los premia con la buena fama de grandes consejeros. 

Quienes conocemos el sistema de evaluación académica de los méritos profesionales, especialmente en el ámbito de la investigación de las Ciencias Sociales, y la economía es una de ellas, no nos sorprende el que los economistas críticos tengan tanta dificultad en hacer llegar a la opinión pública sus trabajos. El control monopólico de las publicaciones “más prestigiosas y científicas” (según un método que puntúa a la revistas más citadas por artículos publicados en las revistas más prestigiosas!) impide a quienes no forman el círculo viciado de autores que se leen unos a otros, se citan unos a otros y desconocen lo que publican quienes no pertenecen a su círculo, hacer llegar su opinión, por más valiosa que sea, al coto vedado de las mencionadas publicaciones. Ni qué decir tiene que estas cuentan con un apoyo incondicional de los grandes poderes económicos y que todo lo que en ellas se publica debe alimentar el caudal de las teorías económicas dominantes [20]. Y sorprende, especialmente, la postura de la mayoría de los economistas que han preferido mantenerse fieles a su estatuto de economistas canónicos, sostenidos y financiados por los grandes poderes económicos y mediáticos, que ejercer el siempre difícil arte del pensamiento crítico. El minoritario número de los economistas críticos apenas si tienen eco en la opinión pública. Pero, basta leer lo que escriben para tomar conciencia de que su silenciamiento no se debe a la debilidad de su pensamiento, sino a una estrategia de control y dominio de la opinión pública y de los medios de comunicación social por parte de quienes los pueden manipular e instrumentalizar.

En este sentido, es lamentable constatar cómo la opinión pública de nuestras sociedades, que, por definición, debería caracterizarse por ejercitar críticamente la libertad, expresando libremente las convicciones y opiniones que cada cual tiene, sin que puedan ser censuradas o controladas por quienes monopolizan el poder y la riqueza, se sigue conformando desde unos medios de comunicación social controlados e incluso manipulados por las oligarquías dominantes. Con la mayoría de los MMCCSS más importantes ocurre lo mismo. Difícilmente se prestan a ser altavoz de aquellas opiniones que cuestionan los intereses de dichas minorías dominantes.

Es, pues, imprescindible deslegitimar la posición ideológica de los economistas que, bajo pretexto de ser los prestigiados analistas oficiales, “venden como supuestas verdades científicas lo que son visiones del mundo e intereses particulares”, que legitiman el “artero apelar a la "austeridad" para constitucionalizar el límite a los déficits” [21].

También es importante reflexionar sobre el papel que la educación universitaria, en este momento configurada por el llamado Plan de Bolonia, ha tenido y sigue teniendo en la formación del imaginario que hace plausibe el fascismo social. Por fin, en el ámbito académico se normaliza el discurso ideológico funcionalista que vehicula el neoliberalismo más economicista. Desde aquel Libro Blanco sobre la Educación y la Formación, titulado Enseñar y aprender. Hacia la Sociedad del Conocimiento, que la Comisión Europea presentaba en los años noventa [22], hasta el actual “proceso de bolonización”, se han dado muchos y decisivos pasos para convertir a la Universidad en un instrumento al servicio de un mercado cada vez más desregulado y competitivo. Los buques insignia de las universidades son, sin duda alguna, las Escuelas de Negocios en las que se forman los líderes que el sistema exige. Personalmente, me asombra ver cómo, también entre nosotros, se extiende el modelo norteamericano de legitimación ética y religiosa del neoconservadurismo neoliberal. A la lectura de autores como Novack o Berger, en su justificación católica del capitalismo, hay que añadir la de quienes buscan legitimar el funcionamiento y la tarea de la Business School desde los Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola.

La creciente desigualdad y el éxito de las obsesiones neoliberales

A finales del año pasado dedicábamos un número 244 de Iglesia Viva al tema de las desigualdades que es uno de los retos más graves a los que se encuentra nuestro mundo, ya que en él nos va la quiebra de lo humano. Al abordar, de nuevo, la cuestión en el contexto del “fascismo social”, creo que es necesario resaltar que la desigualdad no solo es una consecuencia indeseada del ejercicio del pluralismo y de la competencia democráticos, sino el efecto inevitable de un ejercicio totalitario de dominación de unas minorías privilegiadas sobre la inmensa mayoría de la población mundial.

No voy a volver, ahora, como es obvio a repetir lo dicho en el citado número [23], pero no cabe duda de que resaltar la enorme sima que separa a las minorías oligárquicas y plutocráticas es cada vez mayor y de que esta no es un accidente del fatalismo histórico, sino el producto necesario de un proyecto consciente, es referirnos al núcleo del fascismo social.

El proyecto de fascismo social que, ahora, está ofreciendo sus frutos tiene ya un viejo recorrido. Como ya hemos dicho, no nos referimos al de los estados fascistas del la primera mitad del siglo pasado, frente al que, por cierto, se elevaron algunas de las voces neoliberales más representativas del nuevo fascismo social. Me refiero a Hayek y su Camino de servidumbre, que, ya en 1944, ponía las bases de un sistema político-económico en el que para afirmar la libertad se debía desterrar toda veleidad igualitaria,

como la postulada por los partidarios de afirmar los derechos sociales y el irreemplazable papel del Estado social para garantizarlos. Este liberalismo no es, pues, el de las ideas progresistas que presidieron el gradual derrumbamiento de las jerarquías sociales tradicionales, sino el que ha generado y legitimado las nuevas jerarquías nacidas de un ejercicio ilimitado de los derechos económicos y políticos, gracias a las oportunidades de las llamadas sociedades de libre mercado.

Dice G. Duménil que el neoliberalismo ha conseguido en esta crisis lo que no pudo lograr en la de los años 70, en los que la SD tenía todavía un peso significativo. Ahora, ha sido capaz de gestionar la crisis imponiendo un “nuevo orden social” más desigualitario, reforzando a las clases capitalistas en alianza con la clase de gerentes (cuadros) y debilitando a las clases populares [24]. Dice G. Parker, refiriéndose a USA, algo que puede ser extrapolable a otros lugares como España, que así como en los años 70 la crisis no llegó a cuestionar el contrato social no escrito entre trabajadores, negocios y gobiernos, entre élites y masas y se garantizó una distribución relativa del crecimiento (la proporción del sueldo de los ejecutivos respecto de los operarios más bajos era de 40 a 1), hoy la proporción es de 400 a 1). Añade que la desigualdad es la enfermedad que subyace a todo lo demás y que, como un gas inodoro, invade todo y mina la democracia. La evidencia de las cifras (desde 1979-2006) muestra que mientras las clases medias ven crecer su renta un 21% y las más pobres un 11%, las más ricas, que son el 1%, crecen el 256% [25]. En el caso español, “las cifras de la oficina estadística europea (Eurostat), que llegan hasta 2010, comparan el 20% de los más ricos con el 20% de los más pobres. El año pasado la desigualdad alcanzó el nivel más alto desde 1995 y en 2009, último que permite comparar entre los países de la Europa de los Veintisiete, solo Letonia, Lituania y Rumanía superaban a España en disparidad de rentas. La brecha entre ricos y pobres se dispara al nivel más alto en 30 años La desigualdad en España se sitúa por encima de la media de la OCDE - El organismo pide más impuestos para los ricos y empleo cualificado” [26].

A pesar de la evidencia de los hechos y de las estadísticas, que una y otra vez demuestran la deriva desigualitaria que el actual modelo económico genera, se sigue ejerciendo esa forma de razón cínica e insolente que pretende legitimar al neoliberalismo. El problema más grave de esta mentalidad de las élites es que al no sentirse castigadas por las instituciones democráticas hacen verdad lo que decía Tolstoy: “no hay condiciones de vida a las que un hombre no pueda acostumbrarse, sobre todo, si ve que son aceptadas a su alrededor.” Mientras las cosas sigan así, será imposible buscar soluciones comunes a problemas que no se viven como tales. Corporativismo propietarista, privatización creciente de todo lo que suponga una carga para los intereses de los más ricos (educación, sanidad, cultura) y configuración territorial conforme al criterio de “barrios exclusivos”, son algunas de las manifestaciones de esta creciente desigualdad.

Hay un hecho especialmente sangrante de este neoliberalismo elitista y excluyente que es el de la retirada de ayudas a la cooperación al desarrollo. Es conocida la ideología que ha movido a buena parte de la filantropía corporatista que, por definición, no podía ser desinteresada. La crisis actual nos da razón de su verdadero rostro. Y lo peor de todo es ver cómo esta mentalidad corporatista nos contagia a todos [27].

Otra manifestación escandalosa de la desigualdad es la forma en que se ejerce, entre nosotros, el fraude fiscal y se mantiene el oscuro mundo de la economía sumergida. Es inadmisible que en momentos tan críticos como los que vivimos, los poderes económicos y políticos ni siquiera se refieran a estas cuestiones, como ocurrió con el discurso programático de Rajoy. Hay un reciente documento, elaborado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, y titulado “Reducir el fraude fiscal y la economía sumergida. Una medida vital e imprescindible para superar la crisis”, que muestra cómo se pueden“incrementar los ingresos fiscales, impulsar el crecimiento económico, crear puestos de trabajo y reducir el desempleo. alcanzar la estabilidad presupuestaria y reducir el déficit público. Todo ello, sin necesidad de aumentar los impuestos y exigir nuevos sacrificios a los españoles” [28].

Últimamente, hemos sido testigos de cómo algunos multimillonarios han reconocido que no contribuyen como debieran al erario público y uno no puede menos que asombrarse ante el ejercicio de razón cínica que esto supone, no sólo por quienes así hablan, sino por parte de los políticos y responsables de esta situación, y que recordar las líneas con las que concluye Rousseau su “Discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad ante los hombres” (1754):

Va manifiestamente contra la ley de la naturaleza de cualquier forma que se la defina, el que un niño mande a un anciano, el que un imbécil guíe a un hombre sabio y el que un puñado de gentes rebose de superfluidades mientras la multitud hambrienta carece de lo necesario.

Las políticas del miedo y el enigma de la servidumbre voluntaria

Una de las claves de la crisis de legitimidad de lo político está en la pésima calidad del consenso democrático sobre el que se supone que éste debe basarse. En efecto, cuando la ciudadanía deja de sentirse representada o, peor, aún, se siente ninguneada por quienes teóricamente son sus representantes, es probable que acabe optando por fórmulas antisistema, como la de los populismo de extrema derecha o la de los radicalismos de extrema izquierda. “Lo que ocurre en la escena política expresa lo que dicen las encuestas de opinión política en todos los países: los ciudadanos no se sienten representados por sus gobiernos (en una proporción de 2/3 en el ámbito mundial, según Naciones Unidas), tienen una pésima opinión de la honestidad y sentido del servicio público de los políticos y votan más en contra de lo que temen que a favor de lo que esperan.” Es obvio que, como dice el mismo Castells, son muchas las razones que en tiempos oscuros, como los que nos toca vivir, empujan al ciudadano corriente al mantener una actitud de temor.

Pero, como me preguntaba el presidente Pujol, sinceramente preocupado, en una conversación reciente, ¿de dónde viene esa desconfianza de la gente con relación a los políticos? Le respondo a él y le respondo a usted, si es que le preocupa el tema, en base a los datos que he ido analizando en los últimos años. Hay que partir de los temas que se repiten en la expresión de esa desconfianza, en los distintos países europeos. Se habla de inseguridad personal, de delincuencia, de violencia, de pérdida de identidad nacional (amenazada por la invasión de los inmigrantes y la supranacionalidad de la Unión Europea), de un trabajo en peligro y una seguridad social sin futuro, de un mundo dominado por las multinacionales, de una vida alienada por la tecnología, de unos gobiernos dominados por burocracias arrogantes, en Bruselas o en Washington, de un superpoder americano sin control, de una Unión Europea pusilánime en el mundo y tecnocrática en Europa, de unos mercados financieros en donde nuestros ahorros se pueden evaporar sin saber por qué, de unos medios de comunicación dominados por el sensacionalismo, de unos políticos venales, serviles y mentirosos. Si lo digo así de mezclado es porque así de mezclado está en la cabeza de la gente. Ese brebaje de miedo y confusión viene en envases diversos según ideologías: desde el populismo del miedo del votante obrero ex comunista hasta el radicalismo antisistema del joven que constata que no hay sitio para él en este mundo globalizado sin que a nadie que él conoce le hayan consultado por dónde íbamos [29].

Es este contexto de miedo confuso y difuso, en el que está sumida gran parte de la ciudadanía, el que facilita una de las manifestaciones más crueles del fascismo social, como es el de la política y economía del miedo. Desde siempre atizar el miedo y la inseguridad de la gente ha sido una forma convencional de lograr el consenso degradado de la ciudadanía ante los poderes que lo gobiernan. El fascismo social lo hace de una forma extrema [30].

El fascismo como sistema de dominación que se ejerce en todos los ámbitos de la realidad social, desde el familiar hasta el global, se refleja de forma especialmente agresiva en la forma en que utiliza la fuerza o la amenaza de la misma en dichos ámbitos, para asegurar su control y dominio sobre las sociedades. En este sentido, es obvia la conocida estrategia de los llamados “estados de seguridad interior” que pasa por utilizar el poder de los Estados para reprimir las reacciones de contestación y protesta que su objetivo de gobierno económico global pueda provocar. Ante las previsibles reacciones de las clases populares, de los jóvenes, de las clases medias degradadas, que ve cómo sus expectativas son todavía peores que la realidad que están experimentando, los Estados deben estar preparados para imponer el orden y el control social , así para proteger el poder de las elites. Son numerosos los informes, las comisiones y las agencias de seguridad que así lo acreditan [31].

No es, pues, extraño que, ante la insolente ostentación de poder de las elites, que rompen sin pudor las bases del contrato social, y la incapacidad de las instituciones teóricamente nacidas para defender a la ciudadanía y garantizar que dicho contrato se cumple, como partidos y sindicatos, la sociedad entre en la espiral del miedo y del silencio [32].

Pero, como decía el clásico, nunca nadie ha podido mantener de forma permanente una situación de dominio basado en la fuerza, sin contar con alguna forma de consentimiento de los dominados, aunque, como ya hemos dicho, las razones de este consentimiento sean de escasa calidad humana. Me refiero a la actitud de resignación y de sumisión que históricamente se ha denominado como “servidumbre voluntaria”.

Al comenzar estas páginas, me preguntaba ¿qué nos está pasando, cuando aceptamos situaciones de dominación social cuyo nivel de arbitrariedad e injusticia son tan manifiestos?. ¿Cómo podemos resignarnos ante un fascismo social como el que hemos descrito? Reflexionar sobre la servidumbre voluntaria creo que es, en nuestros días, una de las prioridades que debemos establecer, tanto en el plano personal como en el colectivo. Pero, para ello, debemos clarificar el significado y alcance de esta reflexión.

En primer lugar, debemos saber reflexionar, adecuadamente, saliendo al paso de quienes, por entender que se trata de un oximoron, es decir, algo contradictorio en sí mismo, ya que la servidumbre no puede ser voluntaria, creen que solamente deberíamos reflexionar sobre la dominación que sí que es voluntaria. La servidumbre voluntaria sería un diabólico artificio que utilizan los amos para justificarse y ocultar la violencia que ellos ejercen sobre los demás. En segundo lugar, debemos evitar otra forma perversa de entender la servidumbre voluntaria, que consiste en considerarla como un efecto de la inevitabilidad de la dominación de unos hombres sobre otros, entre otras razones, porque la mayoría de estos es incapaz de regirse por si misma. Así lo habrían pensado buena parte de los filósofos más relevantes de la tradición política occidental. Hobbes y Hegel han sido los ejemplos paradigmáticos.

Sobre la Servidumbre Voluntaria

Creo que hay que recuperar el sentido original de la obra de E. de La Boëtie, que lleva precisamente el título de “servidumbre voluntaria” [33], y que, en mi opinión, refleja una de las primeras obras del pensamiento libertario que ha inspirado una corriente crítica y subversiva frente a las convencionales formas de pensarla y ha proporcionado un rico horizonte para repensar la cuestión clave de la libertad humana y de sus muchas y profundas hipotecas.

En primer lugar, creo que hay que resaltar cómo desde el inicio del texto, La Boétie se refiere a la servidumbre voluntaria como un hecho escandaloso, monstruoso y, a la vez, profundamente enigmático, sobre el que hay que atreverse a pensar. Para él, el escándalo y el enigma está en que la sujeción y esclavitud de la mayoría a la dominación de la tiranía no tiene su causa más importante en la voluntad externa del tirano, sino que es el siervo quien se somete voluntariamente al amo y es el agente principal de su propia servidumbre.

Por ahora no deseo sino comprender, si es posible, cómo puede ocurrir que tantos hombres, tantas aldeas, tantas ciudades, tantas naciones, sufran de cuando en cuando un tirano solo, que no tiene más poder que el que se da él mismo; que no tiene más poder que su causar daño, y en tanto que aquellos han de querer sufrirle; y que no sabría hacerles mal alguno, sino en cuanto prefieren mejor sufrirle que contradecirle. Hecho extraordinario y, sin embargo, tan común —y por esta razón hay que dolerse más y sorprenderse menos— es ver un millón de hombres servir miserablemente, teniendo el cuello bajo el yugo, no constreñidos por una fuerza muy grande, sino que en cierto modo (parecen) encantados y prendados por el solo nombre de UNO, del cual no deben ni respetar el poder, puesto que está solo, ni amar las cualidades, puesto que es, en su opinión inhumano y salvaje [34].

Además, la servidumbre voluntaria a la que nos referimos no es una cuestión individual, sino que tiene una dimensión política, ya que se trata de un fenómeno colectivo que lo produce la suma de las múltiples libertades que deciden obedecer y servir a un tirano. Tiene pues una relación intrínseca con el origen y la naturaleza del poder vinculándolo necesariamente a la enigmática cuestión de la libertad humana. No se trata, pues, solamente, ni siquiera principalmente, de reflexionar sobre los recursos que tiene el amo para doblegar al siervo, sino de entender por qué este, considerado además como pueblo, se convierte en artífice de su propia degradación.

Pero, ¡Dios mío! ¿Qué puede ser? ¿Cómo diremos que se llama? ¿Qué desgracia, o qué vicio, o, más bien, qué desgraciado vicio es este de ver a un número infinito no obedecer sino servir; no ser gobernados, sino tiranizados, no teniendo bienes, parientes, ni hijos, ni la misma vida que sea de ellos? Sufrir el pillaje, las concupiscencias, las crueldades, no de un ejército, no de una banda de bárbaros, contra el cual y ante la cual podrían derramar su sangre y dejar la vida, ¡sino de uno solo!, y no de un Hércules o un Sansón, sino de un homúnculo, y, con frecuencia, del más vil y afeminado de la nación; no acostumbrado al polvo de las batallas y ni siquiera, a duras penas, a la arena de los torneos; que no puede por su escasa fuerza mandar a sus hombres, sino además incapaz totalmente de servir vilmente a la más pequeña mujercilla. ¿Llamaremos a esto ruindad? ¿Diremos que los que le sirven son cobardes y viles? Si dos, si tres, si cuatro no se defienden de uno, tal vez resulte extraño, mas n o obstante, posible, y bien se podrá decir, con razón, que es falta de corazón o de valor. Pero si ciento, si mil sufren a uno sólo, ¿no se dirá que no quieren porque no se atreven a capturarle, y que no es cobardía, sino más bien desprecio y desdén? Más, si se ve, no a ciento, ni a mil hombres, sino a cien campos, mil ciudades, un millón de hombres no atacar a uno solo del cual el mejor trato de todos los recibidos es el ser considerado como siervo y esclavo: ¿cómo podremos llamar a esto? ¿Es villanía?... Por consiguiente ¿qué monstruoso vicio es éste que no merece ni siquiera el título de cobardía? ¿Quién encuentra un nombre más villano? ¿Qué naturaleza no desaprueba esta situación que hasta la lengua rehúsa denominarla? [35].

Estos textos que tan plásticamente reflejan el escándalo de la servidumbre voluntaria, no buscan su explicación en las armas del tirano, sino en la actitud autodestructora y liberticida de quienes a él se someten. Esta es, en mi opinión, la lección fundamental que debemos aprender, si queremos entender adecuadamente el porqué del fascismo social de nuestros días. La explicación última de la perversión de nuestras sociedades democráticas y de la deriva suicida de sus instituciones no está sólo ni principalmente en los enemigos de la democracia y en los que corrompen las instituciones publicas convirtiéndolas en instrumentos de sus intereses particulares, sino en todos aquellos que más que decepcionados de las elites que nos gobiernan y explotan, estamos decepcionados de nosotros mismos, de nuestra capacidad para dejar de comportarnos como gusanos. Este es el escándalo, no el mero consenso, sino la aceptación como soporte activo e incluso fanático. “Son, pues, los mismos pueblos los que se dejan o, más bien, se hacen someter, pues, cesando de servir, serían por esto mismo libres. Es el pueblo el que se esclaviza, el que se corta el cuello, ya que, teniendo en sus manos el elegir estar sujeto o libre, abandona su independencia y toma el yugo, consiente en su mal o, más bien, lo persigue” [36].

No cabe duda de que, en el actual proceso de fascismo social, la dificultad mayor para hacer una crítica radical a la idolatría del mercado, que promueve el neliberalismo con su ariete clave del fascismo financiero, está en la fascinación ante el poder del imperio global que, como ocurre siempre en estos casos, va acompañado del miedo cuasireverencial a su poder. Miedo a quedar excluido de un mundo que no sólo no podemos controlar, sino que con su opacidad y su complejidad nos induce a permanecer pasivos y paralizados. Solamente si nos resignamos a “estar sujetos”, renunciando a “ser sujetos” humanos, podemos dejarnos engullir en el proceso cosificador que Marx analizaba como el “fetichismo de la mercancía”. No somos cosas pero acabamos consumiéndonos como tales.

Pero La Boëtie no escribe, para llamar a la resignación o al abandono autodestructivo, sino a hacer la lectura política de la servidumbre voluntaria. Lo primero que hay que recalcar es que la servidumbre no es compatible con la política, si entendemos esta última como una construcción de la libertad y a su servicio. Cuando y donde los hombres son domesticados como perros no existe política. Y no existen ni política ni libertad cuando no se garantiza a cada ser humano la posibilidad de ser sujeto de su propia historia y de serlo cono otros que son los iguales, los socios, los amigos. La servidumbre, como la dominación, son algo antinatural. . “No hay duda de que somos todos libres, porque todos somos compañeros, y no puede caber en la mente de nadie que la naturaleza haya colocado a algunos en esclavitud, habiéndonos colocado a todos en comunidad” [37].

Quizá, alguien pueda pensar que ésta forma de entender la actual situación de dominación y de servidumbre voluntaria podría generar una especie de voluntarismo estéril, por no valorar adecuadamente el espesor de las complejas estructuras de dominación que reflejan la “voluntad externa del tirano”. Obviamente, no se trata de olvidar la evidencia de la dominación, pero no creo que, ahora, el voluntarismo sea el mayor riesgo de nuestras sociedades.

En nuestras manos está hacernos cargo de nuestra subjetividad que, cuando la afirmamos con otros seres humanos, es una tarea política. Los poderes de la dominación son agentes externos que nos seguirán sometiendo todo lo que esté en sus manos, incluso cuando nos quieran hacer creer que es para nuestra liberación. Pero, nuestra es la respuesta genuina a la servidumbre voluntaria, la emancipación. La cuestión de las estrategias emancipatorias es el gran reto en el que siempre estaremos emplazados.

 

Notas

31/3/2012

La Biblioteca de Babel

Boaventura de Sousa Santos y Maria Paula Meneses (eds.)

Epistemologías del Sur (perspectivas)

Trad. de Antonio Aguiló

Akal, 2014, 544págs.2014

 

De reciente aparición, esta recopilación editada por Ramón Grosfoguel para la serie poscolonial de la colección Cuestiones de antagonismo de Akal, agrupa un amplio abanico de autores que lejos de suponer un marco teórico o metodológico colectivo, son congregados en virtud del criterio de lectura y ámbito crítico de las epistemologías del Sur. La noción —ampliamente extendida por Boaventura de Sousa Santos— refiere la diversidad epistémica del mundo, con el Sur como una metáfora de los grupos que hacen frente a los daños e impactos causados por el capitalismo en su relación colonial con el mundo exigiendo el reconocimiento y la validación de sus procesos de producción y valoración epistémicos.

Los autores incluidos en la selección (Quijano, Ramose, Moosa, Dussel, Visvanathan o los mismos Santos, Meneses y Grosfoguel) no comparten —precisamente— una posición política o una plataforma teorética común, pero sus aportaciones pueden ser consideradas perspectivas de lo que Santos y Meneses llaman epistemologías del Sur.

La obra contiene diecisiete capítulos divididos en cuatro partes. La primera de ellas, de la colonialidad a la descolonialidad, trata el modo en que la dominación epistemológica se tradujo en jerarquías entre conocimientos. La segunda aborda la dicotomía tradición-modernidad producida por la diferencia epistemológica; la tercera parte profundiza en los lugares y contextos que subyacen a la construcción del conocimiento moderno-hegemónico y lo que ello supone para los saberes subalternizados y la cuarta, las reinvenciones de los lugares, es decir, las oportunidades de la reinvención social. En suma, el criterio de la obra coloca las perspectivas de las epistemologías del Sur en una gama que va desde el hecho colonial hasta la reinvención del Occidente, un trayecto reconocible en la obra de Santos, sobre todo, una vez ha llegado a su madurez.

Miguel Mandujano

30/12/2015

Michelle Alexander

El color de la justicia

La nueva segregación racial en Estados Unidos

Capitán Swing, 2014, 391págs.2014

 

Este estudio de Michelle Alexander, abogada vinculada al movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos y profesora de las universidades de Stanford y Ohio, es un análisis detallado, completo, crítico y vibrante del fenómeno del encarcelamiento masivo de afroamericanos en EEUU a raíz de la llamada 'guerra contra las drogas'. Un ejercicio excelente de sociología e historia jurídicas cuya pretensión es demostrar que para la población negra norteamericana el sistema de control penal estadounidense equivale al sistema legal y social de segregación racial o apartheid vigente en los estados del Sur de los Estados Unidos entre el final del período de la Reconstrucción (1877) y la supresión de las leyes segregacionistas en la década de los sesenta del siglo pasado (el llamado 'sistema de Jim Crow'). Tal tesis se puede defender porque el sistema de control penal tiene efectos similares y desempeña una función social en muchos aspectos parecida a los propios de la discriminación racial legal anterior al surgimiento del movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King. 

En efecto, dadas las enormes proporciones de hombres jóvenes afroamericanos sujetos a control penal y las consecuencias legales que ese sometimiento a control penal tiene en EE.UU., se puede decir que existe hoy en ese país una política encubierta de marginalización o exclusión social en parte orientada por criterios raciales (el otro criterio esencial para caracterizar esta política es su clasismo, su profundo odio/ desprecio a los pobres). La siguiente cita de la autora será suficientemente ilustrativa en cuanto a lo primero: “En algunos estados, los hombres negros ingresan en prisión por delitos de drogas en proporciones que son entre veinte y cincuenta veces más altas que las de los hombres blancos. Y en las principales ciudades asoladas por la guerra contra las drogas, hasta el 80% de los jóvenes afroamericanos tiene antecedentes penales (…). Si se mantienen las tendencias actuales, uno de cada tres jóvenes afroamericanos cumplirá condena, y en algunas ciudades más de la mitad de todos los adultos negros jóvenes está en la actualidad bajo control correccional: en cárcel o en prisión, en libertad provisional o condicional” [datos de 2012]. Recuérdese que en los EE.UU. los jueces pueden imponer —y, a veces, están obligados a imponer— penas superiores a cinco años de prisión por la mera posesión para consumo propio de unos pocos gramos de crack.

Y, en cuanto a lo segundo, las consecuencias legales del control penal, basta tomar consciencia de las draconianas medidas que acompañan casi automáticamente a una condena penal en los EE.UU.: privación del derecho de sufragio activo y pasivo en toda clase de convocatorias electorales; privación del derecho a acceder a la vivienda pública; privación del permiso de conducir —en un país donde es muy difícil prescindir del coche si se quiere trabajar—; privación del derecho a acceder a los cupos de alimentos para familias pobres; obligación de marcar la casilla de antecedentes penales en los formularios de solicitud de empleo, cuya presentación es paso previo para poder lograr una entrevista de trabajo; prohibición de formar parte de un jurado. De este modo, para muchos afroamericanos rige un verdadero régimen de apartheid que les cierra cualquier posibilidad de reinserción social o de ciudadanía política, al igual que en los tiempos del sistema de Jim Crow. 

En definitiva, la política de dureza represiva, sobre todo la desplegada en el marco de la guerra contra las drogas, y la discriminación legal de los convictos y ex convictos han resucitado hasta cierto punto la vieja segregación racial legalizada, que ahora ya no es exclusiva de los estados del Sur. El efecto de esa política ha sido amplificado hasta el punto de afectar a toda la comunidad afroamericana pobre o de clase trabajadora por la acción combinada de las fuerzas del orden y los medios de comunicación de masas. Aquí los factores clasistas y el individualismo neoliberal juegan un importante papel. Las fuerzas del orden, desde las policías militarizadas hasta los fiscales, ordenan y practican redadas continuas para cazar el mayor número posible de consumidores y pequeños traficantes de drogas. Cualquier excusa sirve, por lo demás, pues el Tribunal Supremo ha dejado en la práctica vía libre a la policía para llevar a cabo registros cuando le plazca (por ejemplo, es perfectamente válido parar un vehículo por llevar un faro roto o por un mínimo exceso de velocidad, ordenar al conductor que salga del vehículo y registrarlo; si al registrar al individuo o su coche, se le encuentran unos pocos gramos de crack o marihuana puede ser detenido, conducido a comisaría, juzgado y finalmente condenado a varios años de prisión sin mayores dificultades). Naturalmente, la policía no realiza redadas sistemáticas en busca de drogas en los barrios acomodados de las ciudades o en las pequeñas poblaciones del campo norteamericano, abrumadoramente habitadas por blancos, no vayan a incomodarse los ciudadanos decentes y/ o los blancos anglos, con mayores recursos económicos y políticos para quejarse. Así que el objeto casi exclusivo de las redadas y las pesquisas policiales son los barrios pobres y degradados de las grandes ciudades, donde se concentra la inmensa mayoría de la población negra estadounidense por una serie de razones históricas que se explican en el libro de Alexander. A continuación, los medios de comunicación de masas se encargan de dar la máxima difusión a estas acciones policiales sin aportar el menor matiz crítico. Luego reproducen en buena parte de sus productos de ficción el estereotipo del negro violento, vago, 'colocado', en suma, agresivo y/ o irresponsable. Al cual seguidamente contraponen de vez en cuando el estereotipo del negro decente o exitoso gracias a su fuerza de carácter, moralidad y esfuerzo individuales (por ejemplo: el presidente Obama). Este último estereotipo es más relevante de lo que pudiera parecer a primera vista porque uno de los objetivos esenciales de la política gubernamental y mediática en EE.UU. es insertar en los cerebros de la gente la idea de que la pobreza y la marginación social y sus secuelas son en exclusiva un problema de responsabilidad individual, de culpa personal. De esta manera, el cuestionamiento de la dureza punitiva y de la guerra contra las drogas, la necesidad de políticas sociales públicas, las transformaciones socioeconómicas asociadas a la globalización y las responsabilidades colectivas en el mantenimiento de un orden generador de desigualdad, pobreza e inadaptación social quedan eliminadas del discurso público dominante.

La imagen de la población negra asociada a las políticas de encarcelamiento masivo en el contexto de la guerra contra las drogas desempeña, en consecuencia, una importante función de apaciguamiento de los potenciales descontentos con el sistema social imperante. Los blancos pobres o de clase media intermedia o baja pueden tener la compensación psicológica de ser superiores a alguien por muy mal que estén (no sólo a los afroamericanos, también a los hispanos, como no olvida Alexander) y los afroamericanos tienden a interiorizar como culpa personal o, incluso, como un defecto moral característico de los negros pobres la condena en masa en la guerra contra las drogas.

El ensayo de Alexander contiene hacia su final una interesante reflexión crítica del actual movimiento por los derechos civiles. Es una crítica fundamentada en la experiencia, pues proviene de una persona formada en ese movimiento. Desde la segunda mitad de los años setenta, en que pasaron a un plano muy secundario las movilizaciones ciudadanas, la estrategia del movimiento por los derechos civiles ha girado en torno a dos ejes: la promoción y defensa de las políticas de acción afirmativa y la lucha legal en los tribunales. Continuar con ambas cosas es necesario, pero resulta contraproducente si se convierte en la única herramienta del movimiento por los derechos civiles, como, según Alexander, ocurre hoy en día. Y esto es así porque hacerlo supone olvidar que el prejuicio racial se halla combinado en EE.UU. con el prejuicio clasista, sufrido también por los blancos pobres, que la acción colectiva es tan necesaria como el trabajo elitista de los abogados y los lobbistas de derechos humanos y que el capitalismo contemporáneo es, esencialmente, injusto. 

No me resisto a concluir esta reseña sin indicar una opinión muy personal de quien la escribe acerca de los méritos del libro de Alexander. Si se desea dar a conocer en las facultades de derecho la literatura jurídica anglosajona más provechosa en el plano político e intelectual, son libros como el de Michelle Alexander los que deberían recomendarse, en lugar de las obras de Rawls o, no digamos ya, Sandel.

Ramón Campderrich Bravo

30/12/2014

Paul Preston

El final de la guerra

Debate, 2014, 414págs.2014

 

Con un enfoque historiográfico similar al adoptado por Ángel Viñas y Fernando Hernández Sánchez en su excelente libro sobre las semanas finales de la II República [1], el último ensayo del hispanista inglés Paul Preston analiza con detalle el desmoronamiento sin lucha del régimen republicano español en los meses de febrero y marzo de 1939. La principal tesis de Preston viene a ser la siguiente: la guerra civil acabó como comenzó, con un golpe de estado militar cuyos cabecillas entregaron sin resistencia alguna a Franco lo que restaba del territorio leal, desbaratando definitivamente de ese modo los planes del presidente Juan Negrín para salvar de la represión franquista decenas de miles de españoles. El presidente del gobierno tenía la intención de prolongar la resistencia militar durante unos meses más, con el objeto de organizar la huida de aquellos españoles concentrados en la zona centro-sur respecto de los cuales cabía temer las despiadadas represalias franquistas. También tenía la esperanza, ésta más vana a la vista de los acuerdos de Múnich, de conseguir enlazar la guerra civil con una guerra europea, la cual habría llevado al posicionamiento de Francia y Gran Bretaña (y quizás de la URSS y, en un futuro más lejano, de los EE.UU.) junto a los republicanos españoles frente a los rebeldes, Alemania e Italia. Por último, la visión de Negrín de que convenía continuar la lucha durante algún tiempo se inspiraba en un prurito de honor: un acuerdo de paz avalado internacionalmente debía poner fin a la guerra civil y a la presencia de la República en España, no una vergonzosa rendición incondicional ante los militares facciosos y los nazi-fascistas. Por supuesto, ni Negrín ni nadie, tras la exitosa invasión nazi de los Sudetes y la caída de Cataluña, se hacía ilusiones en cuanto a la posibilidad de evitar la derrota. Pero incluso a principios de febrero de 1939 aún contaban los gobernantes republicanos con bazas con que sortear una entrega sin coste alguno para los "nacionales" de la zona todavía controlada por la República: recursos en hombres y dinero de cierta entidad, el reconocimiento diplomático internacional como único gobierno legítimo por parte de las grandes potencias, excepción hecha de Alemania e Italia, y el apoyo material, si bien menguante, de la URSS y México. Negrín esperaba jugar estas bazas para ganar tiempo y llevar adelante sus planes.

Sin embargo, diversos sucesos acontecidos en febrero y marzo de 1939 dieron al traste con los planes negrinistas y ninguno de ellos fue protagonizado por Franco. La cobardía y vanidad del jefe del estado, Don Manuel Azaña, la actitud ignominiosa de los gobiernos británico y francés —no así de los gobiernos de Roosevelt y Cárdenas—, quienes aprovecharon la negativa de Azaña de regresar a España y su posterior dimisión para reconocer oficialmente el gobierno franquista en detrimento del republicano [2] y la ingenuidad, ceguera, egocentrismo y anticomunismo de buena parte de los militares profesionales republicanos, de los líderes de la agrupación socialista madrileña y de las organizaciones anarcosindicalistas condujeron a la República a un triste final en marzo de 1939. El tiro de gracia lo perpetraron cuatro hombres, sobre todo: el coronel Segismundo Casado, jefe del Ejército del Centro, el intelectual socialista Julián Besteiro, el líder anarcosindicalista Cipriano Mera y el contraalmirante Miguel Buiza, jefe de la Armada (con la que Negrín contaba para proteger la huida de miles de personas comprometidas cuya ejecución entendía segura). Estos hombres prepararon un golpe de estado, en cuya planificación participaron casi todos los mandos clave del ejército no comunistas, incluida su máxima figura, el general Miaja. En la madrugada del 6 de marzo dieron su golpe de estado y después de una patética miniguerra civil entre republicanos entre el 7 y el 12 de marzo, pasaron a controlar toda la zona centro-sur. Horas antes de dar Casado el golpe de estado, Buiza había partido con la flota hacia Orán, dejando en la estacada a Negrín y los suyos [3]. Milagrosamente, Negrín y los miembros de su gabinete que le acompañaban pudieron huir en los últimos instantes por vía aérea.

El propósito de los golpistas, al menos de Casado, Besteiro y los socialistas de Madrid, era desactivar lo más rápidamente posible el conflicto, confiando en la supuesta generosidad de Franco y sus generales. Este motivo era especialmente fuerte entre los militares de carrera, a fin de cuentas profesionales de las armas como los vencedores. Los anarquistas favorables al golpe querían vengarse de los comunistas, por los hechos de la primavera de 1937. Los socialistas de Madrid no soportaban a Negrín. Las excusas dadas por la mayoría de los golpistas del 6 de marzo en sus diarios de posguerra para justificar su acción fueron la imposibilidad de continuar la guerra y el riesgo de un golpe de estado comunista en la zona centro-sur. Ambas tesis, con especial énfasis respecto a la segunda, son rechazadas por Preston, quien estima correcta en lo esencial la valoración de la situación realizada por Negrín. Según el autor británico, todavía era posible continuar la resistencia durante un poco más de tiempo y arrancar de los vencedores y de las potencias occidentales garantías de una limitación de la represión subsiguiente a la victoria franquista o, al menos, organizar la expatriación de los miles de ciudadanos que más tarde serían asesinados en España. En cuanto a un presunto golpe comunista, considera Preston con razón que la idea carece de sentido (asumir la responsabilidad exclusiva de la gestión de la derrota no resultaba nada atractivo; la URSS rechazaba una idea así; los comunistas no tenían capacidad para controlar la zona centro-sur y eran conscientes de ello...). Los golpistas del 6 de marzo, habiendo destruido la escasa capacidad de hacer la guerra que le quedaba al aparato estatal republicano, rindieron un tercio del territorio español a Franco (unas diez provincias, más de diez millones de españoles y un ejército de unos quinientos mil efectivos, aunque mal armados) sin obtener nada a cambio. El 27/28 de marzo las tropas franquistas tomaron Madrid y el 31 de marzo llegaron a Alicante, en cuyo puerto decenas de miles de personas quedaron atrapadas a la espera de algún pasaje de barco (aunque, de todos modos, el reconocimiento diplomático de Francia y Gran Bretaña y la huida de la flota de Buiza hacían casi imposible la venida de barcos de transporte a los puertos levantinos; no obstante, alguno lo consiguió). Entre el 7 de marzo y el 27 de marzo, los casadistas no hicieron el más mínimo esfuerzo por evacuar la gente que quería abandonar el país.

Dos lecciones relevantes se pueden extraer del libro de Preston, más allá de su intrínseco interés historiográfico. En primer lugar, el contraste que puede darse entre la realidad (o, si se prefiere, su descripción derivada de la observación racional y equilibrada de la misma) y la percepción —deformada— de la realidad y sus fatales consecuencias. Los militares casadistas, Besteiro y muchos dirigentes frentepopulistas fueron incapaces de comprender la naturaleza de la guerra civil española y la psicología de los golpistas del 17-18 de julio del 36. A pesar de los desmanes ocurridos en los territorios "liberados" por los franquistas, de la aprobación durante la guerra de duras leyes represivas, como la Ley de Responsabilidades Políticas de 1938, y de la alianza de los "nacionales" con el nazi-fascismo, minusvaloraron la voluntad deletérea del régimen franquista, su ferocidad. Muchos creyeron que sus peores enemigos estaban dentro del Frente Popular y que si deponían pacíficamente las armas ante Franco, éste respetaría sus vidas, bienes y libertad de movimientos (¡Casado hasta había prometido que Franco incorporaría a los oficiales republicanos en el ejército franquista respetando rango y antigüedad!). Bien es cierto que muchas de esas personas se dejaron engañar por la "Quinta Columna".

En segundo lugar, la personalidad de los individuos con poder no debe dejar de tomarse en consideración en la investigación de los procesos sociales. En muchas ocasiones, decisiones trascendentales están determinadas por las motivaciones más absurdas o mezquinas, dado lo dramático del contexto. El peso de la egolatría, los odios personales, la presunción, el deseo de venganza, los prejuicios, la credulidad, factores psicológicos en último término, es mayor de lo que pudiera parecer a primera vista a la hora de explicar el devenir histórico.

 

Ramón Campderrich Bravo

30/12/2014

En la pantalla

Fort Apache

Podemos y el populismo

 

El populismo es un fenómeno político clave para entender el surgimiento de gobiernos transformadores en América Latina durante la última década o el fenómeno político de “Podemos” en España.

Ernesto Laclau, consideró el populismo como una lógica de articulación de las identidades colectivas: la esencia del populismo estriba en ser “un modo de construir lo político”. Así, para entenderlo habría que preguntarse a qué realidad social y política se refiere.

Aún aceptando la vaguedad del término, se caracterizaría por su transversalidad, su antielitismo y el papel catalizador de un liderazgo.

En Fort Apache, con una mesa de nivel, ahondaremos en la base teórica que sustenta proyectos políticos como Podemos, el kirchnerismo o el chavismo.

En Fort Apache nos preguntamos qué es el populismo y analizamos los distintos proyectos políticos que lo toman como referencia.


15/12/2014

De otras fuentes

Andreu Espasa

Podemos, Catalunya y el cambio de tablero político

La anécdota es bastante conocida. El viernes 5 de septiembre, pocos días antes de morir, Emilio Botín cena con un grupo de periodistas en un restaurante de Milán. En un momento de la velada, el patriarca de la banca española les confiesa sus preocupaciones: Podemos y Cataluña. La elección de los dos fantasmas no sorprendió a nadie. Para la oligarquía financiera, la perspectiva de una victoria electoral de Podemos resulta un peligro obvio. Si Pablo Iglesias intenta aplicar su programa, el conflicto entre España y el Banco Central Europeo promete ser duro, permanente y de resultado incierto. En cuanto a Cataluña, si hay que juzgar el proceso soberanista por las reacciones que ha provocado entre las empresas del IBEX-35, sólo se puede llegar a la conclusión de que la opción independentista es una eventualidad temida y rechazada por la práctica totalidad de los representantes del gran capital español, tanto en Madrid como en Barcelona.

Aunque les cueste reconocerlo, es muy probable que algunos dirigentes de la izquierda no independentista tengan, por motivos diferentes, unos temores bien parecidos a los de Botín. Según las encuestas, Podemos está devorando su espacio electoral. El proceso soberanista catalán, además, les ha provocado pocas alegrías y más de un disgusto. Las posiciones consistentemente erráticas que estos dirigentes han mantenido sobre la consulta del pasado 9 de noviembre reflejan un debate interno muy intenso y bastante mal llevado. Para no caer en etiquetas ideológicamente sobrecargadas o simplemente ofensivas, diremos que, a grandes rasgos, este debate se dividía entre entusiastas y escépticos.

Para los entusiastas, las impresionantes movilizaciones nacionalistas de los últimos años tenían que provocar un cambio profundo en los tradicionales posicionamientos de la izquierda sobre la cuestión nacional. Ya no bastaba con defender el derecho a la autodeterminación, una mejor financiación autonómica y la promoción oficial del catalán mientras éste estuviera en peligro de minorización lingüística. Ahora tocaba sumar fuerzas para proclamar cuanto antes un Estado propio para Cataluña, concretamente una República Catalana que podría acabar —o no— confederada con el resto de España en régimen de concierto económico, siempre que se diera la inverosímil coincidencia de un mismo ritmo movilizador por parte del movimiento republicano español. Si Madrid no se ponía las pilas inmediatamente, adiós, muy buenas y si te he visto, no me acuerdo. En cualquier caso, aseguraban los entusiastas, al resto de España también le convenía la independencia de Cataluña. La inmensa convulsión política y socioeconómica derivada de la secesión de un territorio tan importante encendería la mecha de una revuelta republicana en todo el Estado. La insurrección pondría fin a la monarquía y, de paso, liquidaría el sistema de dominación oligárquica de Botín y compañía. Entre los más entusiastas de todos, no faltaba quienes creían que, gracias a las ansias independentistas de los catalanes, se podría acabar desencadenar, por contagio desestabilizador, una especie de revolución democrática a escala europea. Por encima de varios matices, los entusiastas solían coincidir en que las movilizaciones convocadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) debían contar con el apoyo de todos los demócratas y progresistas en razón de un imperativo histórico de imperdonable desobediencia: era el pueblo quien ya estaba en la calle desafiando la legitimidad del Estado posfranquista. Ser de izquierdas y mantenerse al margen de una movilización de estas características sólo se podía explicar como la lamentable consecuencia de una mentalidad penosamente inclinada al sectarismo infantil o la autocomplacencia derrotista.

Por contraste, los escépticos parecían vivir en otro planeta. En vez de participar de la euforia sentimental propia de los frentes patrióticos, se amargaban por la obscena coincidencia entre la proliferación de banderas en los balcones y de parados removiendo la basura. Sin dejar de defender el derecho a la autodeterminación, los escépticos criticaban los pactos y las fotos con el presidente catalán Artur Mas, así como el papel de la ANC como el escudo con el que el gobierno catalán conseguía apaciguar hábilmente la protesta social contra los recortes y las privatizaciones. Los entusiastas creían que se estaba abriendo una gran oportunidad para hundir a la monarquía borbónica. Los escépticos, en cambio, lamentaban que se estaba desaprovechando la ocasión para denunciar el capitalismo en uno de los momentos más vulnerables de su historia. En vez de ver a un pueblo movilizado, creían presenciar una revuelta de clases medias con escasa sensibilidad social. ¿Cómo explicar, si no, que el proceso soberanista no hubiera ido acompañado de una tregua social que incluyera, por ejemplo, una moratoria contra los desalojos en Cataluña?

Más allá de valoraciones estratégicas y de respuestas sentimentales, mucha gente de izquierdas todavía tiene dudas razonables sobre la auténtica viabilidad del proyecto independentista. Mientras en La Moncloa no se instale un interlocutor dispuesto a pactar una consulta sobre el futuro político de Catalunya, la alternativa, la declaración unilateral de independencia, implica un grado de incertidumbre y unos costes sociales difícilmente aceptables para la mayoría de los catalanes. ¿A qué aliados se puede recurrir contra un Estado miembro de la OTAN y de la UE? ¿Alguien se imagina los líderes de CiU o de ERC arriesgándose a explorar una alianza con Rusia, China e Irán para conseguir algún tipo de reconocimiento internacional? Y, en caso de que finalmente se lograra la independencia unilateral, ¿a qué clase social le tocaría pagar las consecuencias del ajuste económico de los primeros años de aislamiento? Los escépticos tampoco ven claro el presunto beneficio de la independencia más allá del Ebro. Sin Cataluña, la fuerza electoral de la derecha posfranquista española quedaría proporcionalmente —y, quizás, irremediablemente—­ fortalecida.

El debate se arrastra desde hace más de dos años. Honestamente, nadie puede sentirse ganador. Más que un debate, de hecho, parece tratarse de una triste confirmación de aquel lamento hiperbólico que el escritor Sánchez Ferlosio le espetó a un entrevistador hace unos diez años: “Nunca se convence a nadie de nada.” Algunos dirigentes de la izquierda transformadora han pretendido resolver el cisma a base de malabarismos retóricos, tan esforzados como estériles. Obviamente, para la izquierda independentista de toda la vida, se trata, desde el principio, de un debate radicalmente absurdo. Ya hace tiempo que han decretado una conveniente síntesis panglossiana que supera toda contradicción y que se suele resumir con la rutinaria consigna: “la lucha por los derechos sociales y los derechos nacionales es inseparable”. Para el resto, la irrupción de Podemos en el escenario político puede representar una vía útil para superar las divisiones y los agrios debates de los últimos años. Los entusiastas con el proceso pueden ver una oportunidad para lograr un referéndum pacífico y pactado con el resto de España, que, en caso de victoria del sí, daría lugar a una independencia real, con reconocimientos internacionales, empezando por Madrid. A los escépticos, ahora repentinamente ilusionados, Podemos les ayuda a recuperar la esperanza en un proyecto de ruptura democrática que movilice electoralmente el grueso de las clases populares y que, en el camino, no tenga que hacer distinciones entre la mafia de fuera y la del propio entorno.

No hay duda de que, antes de que Podemos logre convertirse en el principal partido rupturista en Catalunya, sus enemigos intentarán explotar sus posibles contradicciones en la cuestión nacional. Se le criticará la ambigüedad. Se le acusará alternativamente de proindependentista y de mera sucursal regional de los politólogos de Somosaguas. Se le repetirá que es imposible pretender reunir el cinturón rojo y la realidad comarcal en un proyecto de país coherente. Probablemente, la mejor manera de no empantanarse en este debate recurrente y de poder construir amplias alianzas democráticas —con movimientos sociales y con otros actores políticos como Guanyem, Procés Constituent, IU-EUiA, etc.— consiste en seguir haciendo como hasta ahora: defender el derecho a decidir, sin acercarse a CiU y sin dejar de impulsar su propia agenda política y condicionar la de los demás. O, como se suele decir ahora, sin dejar de “ocupar la centralidad del tablero.” También puede ser bueno aprender de las mejores tácticas del movimiento independentista catalán de los últimos años, adaptándolas a los objetivos de una nueva mayoría rupturista: Primero, democracia, soberanía y derechos sociales para todos, y después ya veremos.

 

[Andreu Espasa es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja como profesor de lengua y cultura catalanas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este artículo ha sido publicado en catalán en el blog del autor (filodoxiablog.blogspot.com.es) y, en castellano, en rebelion.org]

28/12/2014

Foro de webs

Cicuta mediática

 

www.revistamongolia.com/tags/cicuta-mediatica

Análisis semanal de la revista Mongolia a los grandes titulares de la prensa.

20/12/2014