La “confesión” catártica de Jordi Pujol sobre sus cuentas en el extranjero sólo ha sorprendido en Catalunya a sus fieles seguidores. Pero que las prácticas de Pujol y los suyos tenían grandes líneas de sombra era conocido desde hace tiempo, aunque el tratamiento de los medios de comunicación locales (habitualmente bien untados desde la Generalitat) nunca ha permitido formar una opinión sólida sobre los mismos. La propia declaración y la posterior estrategia de defensa adoptada por la familia Pujol constituyen en sí mismas un nuevo intento de “camuflaje” para evitar que se entre en el núcleo de la cuestión. La increible historia de la herencia y la presión para que se bloquee la investigación sobre las cuentas andorranas no tiene otra finalidad que tratar de eludir las responsabilidades penales y evitar que se relacione el enriquecimiento familiar con el modelo de gestión política de los gobiernos de CiU. Pujol, un personaje siempre con ínfulas mesiánicas, ha tratado una vez más de presentar “su” sacrificio para salvar el resto.

A lo largo de muchos años de gobierno la gestión de CiU ha estado salpicada de numerosos “affaires”, que han afectado particularmente a los espacios controlados por Unió Democrática (caso turismo, caso Pallerols, gastos de formación, informes falsos en el Departament de Treball), casos todos ellos que han acabado con condenas formales, aunque en bastantes casos la habilidad negociadora de CiU haya obtenido indultos para que sus responsables no acabaran en la cárcel. Y han afectado también al entorno directo de Jordi Pujol, a su familia y a sus colaboradores íntimos.

Los primeros años del mandato de Pujol estuvieron marcados por el proceso Banca Catalana. Los fiscales Jimenez Villarejo y Mena detectaron numerosas irregularidades y desvíos de fondos pero no pudieron avanzar en el proceso por el bloqueo explícito del gobierno de Felipe González (vía fiscal general), temeroso de la reacción de un poderoso aliado potencial. Pujol había conseguido movilizar a sus bases y presentar el caso Banca Catalana como un ataque a Catalunya (y éstas se movilizaron de tal forma que llegaron a ocupar el Parlament).

Después, seguiría una retahila de casos que afectaron a personas tán cercanas como el coordinador del govern, Lluis Prenafeta, el conseller de Obras Públicas Josep Maria Cullell (implicado en un caso de corrupción urbanística para favorecer a su cuñado), el de Sanidad, el intímo amigo de los hijos de Pujol Jaume Roma (dimitido tras conocerse que constructores que trabajaban para la Generalitat habían construído su chalet de lujo), el de Industria Antoni Subirá, cuñado de Pujol (acusado de apoyar los intereses de un promotor amigo, aunque este caso nunca llego a prosperar), el otrora poderoso conseller de economía Macià Alavedra (del que siempre circularon rumores hasta que fue detenido y que está imputado junto con Lluis Prenafeta en el “affaire” Pretoria de especulación inmobiliaria en varios municipios catalanes).

El mismo entorno familiar de Pujol ya había sido objeto de diversas especulaciones y debates como el caso del súbito crecimiento de la empresa de jardinería de su esposa, Marta Ferrusola, las operaciones de intermediación del mayor de sus hijos, Jordi Pujol Ferrusola (asociado en alguna de las mismas a otro conocido lobbista, Didac Fábregas, un viejo lider de la extrema izquierda local que ha acabado apareciendo en la deshonrosa lista Falciani de tenedores de cuentas en Suiza), la venta de la consultora Europraxis (de la que Jordi Pujol Ferrusola era copropietario) al grupo electrónico Indra (que “milagrosamente” provocó que Indra quintuplicara sus contratos con la Generalitat), o las presiones para legalizar un parque eólico asesorado por una empresa de otro de los miembros del clan familiar, Pere Pujol Ferrusola. La familia y su entorno íntimo siempre ha estado en el filo de la navaja, aunque ellos y sus afines habían conseguido capear el temporal con la justificación que eran meros bulos para atacar su defensa acérrima de los intereses de Catalunya. Un entorno en el que también aparecen en numerosos casos empresas de la familia Sumarroca (Comsa, Emte, Teyco) beneficiarias de importantes y dudosos contratos. Y sin contar que el propio abogado defensor de Pujol durante muchos años, Josep Piqué Vidal, acabó en la cárcel acusado de graves delitos de corrupción.

Las denuncias han arreciado en los últimos tiempos, afectando tanto al hijo mayor de la saga Jordi Pujol Ferrusola (denuncia de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos de obras) como al aspirante a heredero político Oriol Pujol Ferrusola (implicado en el caso de concesiones de empresas de ITV). Y es bastante posible que esta ofensiva policial y judicial tenga que ver con el proceso soberanista. El Gobierno ha utilizado una arma poderosa para desprestigiar a CiU porque sabía que tenía una buena base de ataque. Si antes no se utilizó (ni por PSOE, ni por PP) no era por desconocimiento sino simplemente porque CiU era un aliado fiel en muchas situaciones compromentidas, especialmente cuando se trataba de apoyar medidas económicas liberales o reformas laborales antisociales. La lógica mafiosa que impera en parte de la política española no da lugar a sorpresas: tolerancia con los desmanes del aliado, batacazo cuando se porta indebidamente (Pujol no parece haber aprendido la lección de Noriega o de Sadam Hussein). Pero aunque el “tirar de la manta” pueda responder a vendettas personales o políticas, lo cierto es que denota algo que siempre se sospechó pero que ahora parece más claro: que el clan Pujol también utilizó su gestión para el enriquecimiento propio. Hay bastantes indicios de que en el clan familiar se fijó la idea de que su “sacrificio” por Catalunya bien merecía una compensación. Es lo que tienen los mesias autoproclamados: se sienten superiores en todo y con derecho a lo que no tienen los demas mortales. La realidad los ha bajado a la tierra y su caída posiblemente acabará arrastrando al propio Artur Mas. Puesto que no solo es conocido que él (o Felip Puig) formaron parte de ese entorno íntimo tejido en torno a los hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola, sino que hay claros indicios de que su fallecido padre era el gestor de los intereses de la familia en el exterior (él mismo se acogió a la amnistía fiscal del PP).

El drama puede concebirse con dos lógicas diferentes. Una, la que menos daño político puede hacer a CiU, es la de explicarlo como un mero “affaire” personal. La familia Pujol, o algunos de sus miembros, deslumbrados por su relevancia social, habrían “caído” en algunos comportamientos inadecuados. Sería sobre todo un problema moral-político individual que, una vez reconocido y “purgado”, permitiría volver a la política cotidiana de siempre. Hay sin embargo otra lectura, a mi entender más adecuada, que relaciona directamente la corrupción general con el marco de la acción política. CiU ha sido un paradigma de gestión neoliberal en la que los intereses privados de grupos capitalistas toman el control de la gestión pública o simplemente la condicionan. De hecho el modelo ha tenido aplicación general en nuestro país con gobiernos de PSOE o de PP, pero es en Catalunya donde algunos de estos experimentos están mucho más avanzados. Por ejemplo en la organización sanitaria, donde no sólo se ha consolidado un modelo de gestión público-privada sino donde se invirtió una enorme cantidad de recursos públicos en la salvación de inviables grupos privados como el Hospital General de Catalunya o La Alianza (ambos actualmente en manos del grupo IDC, propiedad de la empresa británica de capital riesgo CVC, y que figuran como los principales beneficiarios de las actividades que transfieren los hospitales públicos). O el modelo de doble circuito escolar. O la privatizada gestión pública del agua (que da al grupo Agbar, propiedad de la francesa Suez, el control de gran parte del ciclo del agua). O la gestión del juego (curiosamente el máximo beneficiario del recorte fiscal al juego es el grupo Inverama, implicado hace años en otro oscuro affaire relacionado con la gestión de la loteria catalana). Toda la política de CiU ha estado siempre al servicio de los intereses privados por encima de los colectivos. Dando apoyo a políticas fiscales y laborales gravemente dañinas para el conjunto (la cultura fiscal de CiU es corresponsable de los problemas fiscales que afectan tanto a España como a Catalunya). Sin contar que tanto Convergència Democràtica de Catalunya (caso Palau) como Unió Democràtica de Catalunya están imputadas en procesos por financiación ilegal. La política de enriquecimiento personal del clan Pujol simplemente es una parte de una forma de ver el mundo que concibe el lucro privado como el único motor de la acción y orienta las políticas a la obtención de este objetivo. En este contexto no es extraño que quienes protagonizan estas políticas acaben confundiendo lo individual con lo político y se dediquen alegremente a sacar tajada de su poder.

La catarsis pujoliana no puede acabar en una mera representación dramática (que suele acabar con exculpación final). Es un caso que por su gravedad pone al descubierto la lógica de una gestión pública en beneficio de una minoría. Y por ello la ciudadanía de Catalunya tiene derecho a exgir un proceso judicial que vaya hasta el fondo y un proceso político que ponga en cuestión las lógicas políticas que han favorecido estos comportamientos. En lo primero, la cuestión judicial, diversas entidades catalanas (las asociaciones vecinales FAVB y COFAVC y el observatorio de derechos sociales DESC) ya han anunciado su voluntad de personarse en el tema, aunque lo preferible es que el marco se amplíe a otras muchas entidades. En lo segundo es necesaria una recomposición de la izquierda, como la que ya se está intentando a escala municipal, que rompa por fin la antisocial lógica de las políticas de CiU (y a menudo de sus extensiones sociovergentes). O sea, pasar de la mera representación politica a un proceso real de profundización democrática.

31/8/2014

Represión penal y derecho de manifestación

Antonio Baylos

Ha tenido gran resonancia mediática la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ha enjuiciado los delitos contra las Instituciones del Estado, de atentado, asociación ilícita y una falta de daños a propósito de los sucesos de junio del 2011 en el que el movimiento 15-M convocó una concentración ante el Parlament de Catalunya con la consigna “Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades” en donde se produjeron incidentes con los parlamentarios que iban a entrar en el recinto, impidiendo la entrada a los coches del presidente del gobierno catalán y profiriendo insultos contra los diputados y diputadas. La acusación la han ejercido no sólo el Ministerio Fiscal, sino el gobierno y el parlamento catalán, además de esa plataforma que se hace llamar sindicato —y a la que paradójicamente nadie le ha negado esa cualidad— Manos Limpias.

El fallo absolutorio de los acusados, con la excepción del que arruinó la ropa y el bolso de la diputada socialista Montserrat Tura con un spray, condenado por una falta de daños, ha sido recibido por el Partido Popular con el rudo aturdimiento y la zafiedad autoritaria a la que nos tiene acostumbrados. Su valoración política negativa de la sentencia —que define ampliamente el derecho de manifestación, en sentido opuesto a lo que el Gobierno y el PP diseñan y promueven— se escuda en elementos jurídicos enunciados de manera contundente: no se ajusta a derecho. Derecho que se concibe, a la manera del fiscal soviético Vichinsky como la voluntad del grupo dominante. Con rapidez ejecutiva, el gobierno ha ordenado al Ministerio Fiscal que recurra y éste se muestra “indignado” con la sentencia o al menos eso se hace decir al fiscal general, Torres-Dulce. El Gobierno de la Generalitat y el Parlament, con el voto favorable de CiU, PP, Ciutadans y PSOE, también recurrirán. El PSOE, en su línea de indecisión, ha manifestado que “respeta” todas las decisiones judiciales, sin añadir nada más, aunque cada uno de los candidatos a las primarias se han manifestado en sentido divergente, y de los grupos parlamentarios, es Izquierda Plural la que con mayor claridad ha explicado que se trata de un fallo judicial que pone severos límites a la criminalización de la protesta, de manera que la interpretación que en ella se realiza de los derechos de reunión y manifestación conforme a la constitución debería ser incorporada a la práctica de los responsables gubernativos. En la vertiente social, por el contrario, la sentencia ha sido saludada como extremadamente positiva por los sindicatos, los colectivos de abogados críticos, y naturalmente, los movimientos sociales.

Los medios de comunicación oficialistas han recogido, en lo esencial, el mensaje, aunque, como era previsible, la constatación del mismo les haya parecido muy peligroso (“delirante”, lo ha definido el periódico global, antes de lanzar un ultimátum solemne, que sin embargo suena más bien ridículo, como pronunciado por un personaje de Arniches: “Por ahí no se puede pasar”. De paso han arremetido contra el ponente de la sentencia, Ramón Sáez, señalándole ideológicamente como el enemigo interno).

El mensaje —tan subversivo— consiste en que la protesta ciudadana expresada en la presencia masiva en las calles, es una forma de participación política que no puede considerarse delictiva. El derecho de manifestación y de reunión es un potente vector de intervención ciudadana en la política. En el caso concreto, no se trataba de tomar el Parlamento catalán, sino de un bloqueo pacífico como forma de reaccionar frente a una decisión política de recortar de forma drástica prestaciones sociales fundamentales.

Pero más allá de la repercusión política y mediática, la SAN de 7 de julio de 2014 es un texto jurídico de gran interés. Una primera y extensa parte de la Sentencia está dedicada a la legalidad de la prueba. Son páginas que hablan de aspectos centrales en la configuración del poder público, su capacidad de intervención y de control sobre las personas y la identificación de las mismas en relación con la formalización en el proceso penal y su contención dentro de los límites y garantías constitucionalmente previstos. En esta materia hay en la sentencia —que está muy bien escrita, lo que lamentablemente no suele ser común en la prosa judicial— una reflexión sumamente original —y erudita— sobre la fisonomía del delincuente y su identificación, el tratamiento de la imagen en esos procesos de “reportaje fotográfico fisonómico”, en un desarrollo que reconstruye el marco constitucional de este aspecto con numerosas citas de jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con esta orientación, sólidamente fundada, los magistrados de la AN van analizando los acontecimientos del bloqueo al Parlament y concluyen la imposibilidad en todas las ocasiones de establecer un nexo directo entre actos de violencia punibles y la identidad de los propios acusados. La recomposición que se efectúa mediante la práctica de la prueba así lo atestigua. Y en consecuencia el relato que efectúa la Audiencia Nacional difiere sustancialmente del que ha hecho la policía – dado que el Juez de Instrucción dio por bueno sin contraste con las partes ese material identificatorio. Y ello al margen de las precisiones que va desgranando la descripción de los hechos de esta sentencia sobre la repercusión de la protesta en la actividad del Parlamento —que no tuvo que suspender la sesión, sino que cambió el orden del día de la misma— o sobre la inactividad de la Policía que no previno un dispositivo de seguridad para proteger la entrada de los diputados a la única puerta que había dejado abierta, donde se concentraron asimismo los manifestantes.

Una segunda parte se dedica a examinar la relación entre el ejercicio de los derechos fundamentales y la represión penal. Parte de una afirmación muy clara, la de que los límites de un derecho fundamental se encuentran en la Constitución, y no en el Código Penal, y que en consecuencia el juez penal tiene en estos casos que comprender necesariamente cuál es el contenido esencial del derecho. “Los tipos penales no pueden interpretarse y aplicarse de manera contraria a los derechos fundamentales, por lo que debe excluirse del ámbito de intervención penal la conducta amparada por el contenido constitucionalmente protegido”.

La Audiencia Nacional mantiene una visión funcional e histórica de este contenido esencial. La función de los derechos fundamentales varía con el paso del tiempo, como es evidente, y no cumple por tanto los mismos fines ni despliega su eficacia de la misma manera en un momento histórico determinado que en la actualidad. Para calibrar esta funcionalidad actual, contextualizada en nuestros días, del derecho de manifestación, el tribunal se vale de un nexo muy sintomático entre el clásico derecho de libertad de expresión y su exteriorización a través de la presencia colectiva de personas en el espacio público, en las calles, lo que en definitiva se conoce como derecho de manifestación o de reunión en lugares públicos.

La sentencia enlaza reunión y expresión como derechos fundamentales con protección mutuamente reduplicada, consciente que “para muchos sectores sociales la reunión y la manifestación es el único medio por el que expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, el único espacio en el que puede ejercer su libertad de palabra. De ahí su importancia en la sociedad democrática”. El pluralismo social como valor superior de nuestro ordenamiento, obliga al Estado a “garantizar la visibilidad de las distintas opiniones presentes en la sociedad, sobre todo de las voces silenciadas —más cuando soportan mensajes sobre violaciones graves de derechos humanos básicos— frente a las voces habitualmente sobrerrepresentadas, si se quiere un debate público “sin inhibiciones, de forma vigorosa y abierta”, como señalaba el juez Brennan, del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Por consiguiente, libertad de expresión y libertad de reunión y de manifestación son cauces de la democracia participativa, y deben estar especialmente protegidos para que desplieguen su eficacia en una nueva situación en la que la opinión pública es más opaca y más manipulable. Por eso —y se trata del párrafo de la sentencia más comentado— “cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar”.

Hay por tanto una compenetración entre la libre expresión y la reunión de los ciudadanos para hacer presente sus propuestas como forma de participación política. En el caso concreto, el contenido de la reunión se inscribía claramente en objetivos constitucionalmente garantizados por el pluralismo político, aunque su forma de expresión “era problemática” tanto en la forma de presentarla como en su desarrollo al no permitir nuestro sistema jurídico un cuestionamiento formal de las decisiones del Parlamento ni desde luego interrumpir su actividad. “La protesta se iba a desarrollar bajo dos formas de acción colectiva. Por un lado, la manifestación frente a la institución donde se iban a tomar determinadas decisiones, mediante la presencia de ciudadanos que querían hacer visible su indignación y oposición a las políticas de recorte del gasto social. De otro lado, la confrontación con los diputados, personalmente, para hacerles llegar el malestar ciudadano y su propia responsabilidad por el voto que iban a emitir”.

En este punto la Sentencia permite una aplicación directa a los casos de incriminación penal de los piquetes de huelga, puesto que textualmente utiliza el término de piquete para explicar los acontecimientos sobrevenidos en la puerta del Parlamento y la define didácticamente como una figura de protesta social. En el caso de la huelga, el piquete forma parte del contenido esencial del derecho de huelga, y en él se acumulan este derecho y el de libre expresión colectiva junto con el derecho de información. Su desarrollo debe ser naturalmente pacífico, pero sin olvidar que la huelga es un acto de rechazo de la disciplina empresarial y de la obligación de trabajar que se lleva a cabo como presión en un contexto de enfrentamiento colectivo con el poder privado del empresario o contra el diseño político del poder público en materia social y laboral. Por tanto la aceptación del trabajo por los no huelguistas implica la apertura inmediata de una situación de enfrentamiento con el objetivo central de la huelga.

Hay por tanto momentos en los que, como señala didácticamente la SAN de 7 de julio 2014 comentada, se pueden producir “conductas que expresan un exceso o abuso del derecho, que no acaba por desnaturalizarlo o desfigurarlo, porque se encuentran íntimamente relacionadas con el ejercicio del mismo, en atención a su contenido y finalidad, inscritas en la razón de ser constitucional del derecho (STc 104/2011, Fj 6)”, pero que no por ello pueden ser consideradas de tal desvalor social que sean incriminadas penalmente. Son espacios —“terrenos intermedios”— de los que el juez no puede apropiarse desde la norma penal, porque resulta necesario diferenciar el abuso en el ejercicio del derecho de su relevancia penal y, para ello, “atender a las circunstancias de los hechos y a la intensidad del exceso, así como la vinculación o distancia de la conducta respecto al contenido y fines del derecho”. Por eso, y es cita de una sentencia del TC, el juez no puede “reaccionar desproporcionadamente frente al acto de expresión, ni siquiera en el caso de que no constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en cuestión y aun cuando esté previsto legítimamente como delito en el precepto penal” (STc 110/2000, Fj 5).

Por otra parte, la capacidad de intervención del poder público que se reconoce en la Ley reguladora del derecho de reunión, debería haber obligado a la Consejería de Gobernación a “pautar” la protesta, levantar un perímetro, establecer un cordón de seguridad. El resultado de encontronazos entre diputados y manifestantes se debió fundamentalmente a esta imprevisión del poder público.

En efecto, “la mayoría de las conductas probadas que se atribuyen en la sentencia a alguno de los acusados consistieron en participar en la manifestación, permaneciendo en el lugar —acotado por la autoridad gubernativa, mediante el cierre de las puertas de acceso al parque que rodea la sede del Parlament, y delimitado en concreto por la acción de los agentes que intervenían secuencialmente, desplazando a los grupos de manifestantes— y encontrándose con alguno de los parlamentarios”, lo que se inscribe en el contenido constitucional del derecho. Otras acciones identificadas con un cierto significado de exceso o abuso del derecho de manifestación consistían en ponerse delante de los diputados con los brazos abiertos o caminar detrás de ellos con los brazos en alto, al tiempo que se coreaban las consignas sobre el recorte presupuestario o la falta de legitimidad de la representación que ostentaban. Aunque formalmente podrían definirse como actitudes coactivas, carecen a juicio de la sala de entidad material suficiente para integrar el tipo.

En último término, hay que tener en cuenta —como admite el propio voto particular del magistrado Grande-Marlaska, al solicitar un indulto inmediato para los que a su juicio deberían ser condenados— que la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones superaban los cinco años de cárcel para cada uno de los manifestantes. “La sanción penal que no tuviera en cuenta que los acusados cuyos actos analizamos ejercían un derecho fundamental, enviaría un mensaje de desincentivación de la participación democrática directa de los ciudadanos en las cosas comunes y del ejercicio de la crítica política”. Se trata de acciones de escasa lesividad ante las cuales la prohibición de exceso del derecho penal aconseja una interpretación estricta del tipo penal ante una acción íntimamente relacionada, por su contenido y fines, con el ámbito constitucionalmente protegido del derecho fundamental, dejando fuera de lo prohibido conductas “que carecen de la capacidad suficiente como para comprometer el bien jurídico, ya que no tenían idoneidad para impedir a los diputados la asistencia a la reunión del Parlament o para coartar, siquiera influir, su libertad de opinión o de voto”.

En resumen, y como se ha dicho, se trata de un texto judicial extremadamente rico, de fuerte contenido liberal-democrático, por su convincente construcción de las libertades de reunión y de expresión y su conexión con la opinión pública y la participación política, que contiene además consideraciones muy valiosas en el tema de la apreciación de la sanción penal en situaciones de conflicto y de áspera confrontación de intereses como las que se da en los piquetes de huelga. Un verdadero leader case, cuya lectura se recomienda vivamente.

4/8/2014

Ataques al derecho de huelga

Vidal Aragonés

En los últimos tres años, y en un contexto de crisis económica y ataques sin precedentes a los derechos sociales, hemos sido testigos de amplias movilizaciones, incluidas tres huelgas generales. Anunciamos hace ya algún tiempo que posiblemente, ante una perspectiva de luchas importantes cualitativa y cuantitativamente, en el próximo periodo recibiríamos duros ataques al derecho de huelga, que está siendo amenazado a través de la criminalización o minimizado a través de potenciales cambios normativos.

En los últimos dos años, más de trescientos trabajadores y trabajadoras han sufrido que el aparato del Estado les iniciara procedimientos penales con origen en sus acciones derivadas del ejercicio del derecho de huelga. Al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo ha empezado a elaborar un borrador de lo que podría ser una modificación de la principal expresión del derecho colectivo social. Estos son los dos ámbitos generales en los que se desarrolla el ataque al referido derecho fundamental, si bien el día a día del hostigamiento empresarial y la especial represión que ejercen un buen número de empresas ante procesos de movilización es el principal sujeto de conculcación del derecho a huelga.

La mayoría de los procedimientos judiciales contra trabajadores y trabajadoras se han desarrollado en base al artículo 315 del Código Penal, cuyo contenido es heredero directo de la Dictadura, habiendo sido incorporado casi intacto del antiguo artículo 296 del Código Penal, que a su vez tiene su origen en la Ley de Reforma de 19 de julio de 1976, respuesta al mayor proceso de movilizaciones que ha conocido el Estado español. La norma penal vigente impone penas de seis meses a tres años (y mayor cuando se entiende que ha existido fuerza, violencia, intimidación; en estos casos se ingresa directamente en prisión aunque no existan antecedentes penales). Pero, sin duda, donde se observa el carácter político y de clase del tipo penal es en la comparativa con el propio delito de coacciones: las coacciones en general tienen una pena de seis meses a tres años; la coacción actuando en grupo o coordinadamente para iniciar o continuar la huelga, de tres a cuatro años.

Con la actuación punitiva contra huelguistas y la inacción penal contra el esquirolaje y otras formas de vulneración del derecho a huelga ya se reduce la potencialidad de movilización, pero el aparato del Estado no ha dejado de pensar más y más posibilidades de laminar uno de los dos derechos fundamentales laborales. Así, desde el pasado invierno, el Ministerio de Trabajo cuenta con un borrador de lo que podría convertirse en una modificación de la normativa reguladora del derecho a huelga. Entre las nuevas medidas encontraríamos: el control de la legalidad sobre las huelgas previamente a su ejecución, la limitación del tiempo de duración de las huelgas, el aumento y fijación concreta de la determinación de servicios mínimos, así como una intervención del Ministerio Fiscal ante la desatención de los mismos.

Los parámetros en que se mueve el Estado supondrían aún más dificultades para el desarrollo de huelgas, así como su limitación a través de instrumentos legales y un incremento de su criminalización con actuaciones expresas del Ministerio Fiscal.

Curiosamente, el argumentario que se utiliza para los cambios viene precedido de la denominación de “Ley de Servicios Mínimos” y del permanente cacareo que insiste en el incumplimiento de los mismos. En el terreno de la práctica, quien incumple los servicios mínimos son la Autoridad Laboral y un buen número de empresas, tal y como señalan centenares de sentencias que cada año dictan el orden contencioso administrativo y el orden social.

29/8/2014

Terror ante las elecciones municipales

J.-R. Capella

El pánico que le ha entrado a la dirección del Partido Popular ante la evidencia de que la protesta en calles y plazas tiene traducción política ha tocado las fibras sensibles últimas de su espíritu antidemocrático.

¿Conclusión? Hay que cambiar las reglas de juego como sea: el Partido Popular no quiere perder alcaldías importantes: ¿qué ocurriría si nuevas autoridades empiezan a levantar las alfombras de sus instituciones, o tratan de averiguar qué hay escondido detrás de sus muebles?

Lo que se le ha ocurrido a SinPrincipios Rajoy es tirar por la ventana, justamente, el principio de proporcionalidad electoral definido por la constitución del 78. Y hacerlo con un anzuelo en el que pueden picar los peces más tontos, pues habla nada menos que de Elección directa de Alcaldes.

Rajoy pretende un fraude. Instaurar un sistema complicado en virtud del cual si la lista de partido más votada obtiene el 40% de los votos y el 5% más que la lista siguiente, en vez de aplicarse el criterio constitucional de la proporcionalidad obtenga automáticamente el 51% de las concejalías, o sea la mayoría absoluta del consistorio. El resto se repartiría según criterios proporcionales.

Esta propuesta, que el PP puede aprobar en el Parlamento gracias a su mayoría absoluta, significa una gigantesca trampa para tratar de conservar el poder tras las próximas elecciones municipales.

Son bien conscientes de su trampa. Afirman que están legitimados por los votos... que obtuvieron antes de gobernar el país y destrozarlo.

Obviamente no podemos admitir un sistema electoral tramposo ni permitir el ejercicio de electos por esta vía. Este otoño el tema de la legislación sobre elecciones municipales ha de estar en el primer plano de la acción política.

Y tambien en el mismo plano la unificación política de la verdadera alternativa para impedir el triunfo de los partidos del sistema en el ámbito municipal.

28/8/2014

Nubes de verano: La austeridad neoliberal amenaza con más sufrimiento

Cuaderno de Estancamiento: 12

Albert Recio Andreu

Hace un año, cuando inicié este cuaderno la crisis se daba oficialmente por superada. En nuestro país el Gobierno de Rajoy se aferraba a esta hipótesis como la mejor oportunidad para salvar el próximo ciclo electoral. Entonces argumenté que si bien era posible que tuviera lugar un cierto crecimiento económico, puesto que la economía nunca es estática y se producen continuas oscilaciones en la actividad (estacionales, ciclos de corto plazo) ni podía pensarse que estuvieramos frente a un proceso vigoroso de solución de los problemas más graves, ni que pudieramos considerarnos a salvo de nuevos sobresaltos y fuertes recaídas. Argumenté que las políticas dominantes no habían encarado ninguno de los problemas estructurales que habían generado la primera gran crisis del Siglo XXI y que, por tanto, las causas endémicas de los problemas seguían ahí. Y las políticas neoliberales impuestas por la troika constituían más una fuente de nuevos peligros que de soluciones efectivas.

A lo largo de este año la economía española ha experimentado un moderado crecimiento económico y una cierta recuperación del empleo, pero se trata de datos que deben tomarse con mucha cautela y que en algunos casos simplemente camuflan una realidad dramática. Analizando la Encuesta de Población Activa se observa que en el último año (2º trimestre del 2013 a 2º del 2014) más de la mitad de la reducción del paro (425.000 parados menos) se debe a gente que ya no busca empleo (232.000 desanimados, personas que no buscan o que han marchado del país), que casi el 40% de los empleos creados lo son a tiempo parcial (una forma de subempleo encubierto) y que casi la totalidad de los empleos asalariados creados son empleos temporales. Un cuadro de débil e insuficiente creación de empleo, de muy baja calidad.

Hay incluso algunas cuestiones que llaman a la perplejidad (lo comenta Carlos Diez en El País del 29 de agosto): no cuadran los datos del empleo con los de la productividad, y posiblemente el crecimiento del consumo privado está más vinculado al turismo que al consumo local. Ya se sabe que la contabilidad es una actividad sumamente imprecisa. Pero otros datos son inequívocamente negativos: tras años de políticas de recortes, el déficit público no ha dejado de aumentar; tras años de asegurar que la competitividad exterior era la base de nuestra alternativa y de aplicar una devaluación competitiva, o sea una caída de salarios reales, para hacerla efectiva, el sector exterior vuelve a ser un foco de preocupación. Y no vale justificar la situación alegando que el problema es la debilidad de nuestros socios europeos, pues esta debilidad no es otra cosa que el resultado de las políticas adoptadas a escala europea y apoyadas por la mayoría de nuestras élites económicas.

Lo más vistoso es el frenazo de la actividad en bastantes países europeos, empezando por la “economía guía alemana” y siguiendo por países como Francia o Italia. Tantos años de indicarnos que Alemania era el modelo a seguir de expansión económica en base a las exportaciones y ahora resulta que la pretendida recuperación se atasca allí. Era algo bastante probable: un crecimiento sostenido de las exportaciones sólo puede sostenerse bien a costa de depredar los mercados de los competidores o bien en un proceso generalizado de crecimiento en el que algunos países consiguen sacar una “tajada” importante (aunque también en este caso el crecimiento de las exportaciones de un país sea a costa del resto, su impacto se nota menos). En una economía de bajo crecimiento estancada, el crecimiento de las exportaciones encuentra pronto límites. Como Alemania ha propugnado políticas de ajuste en muchos países, obligando a recortar su actividad, y ha mantenido un superávit comercial insensato, ha acabado por agotar los mercados donde colocar su producción y su economía ha acabado por experimentar un frenazo. No parece sin embargo que, al menos de momento, ello genere una reflexión seria en las altas instancias económicas. Merkel y sus asesores siguen proclamando austeridad. Y cuentan con muchos aliados entre las élites de los países afectados, como lo muestra la última crisis del gobierno francés que ha supuesto un reforzamiento del sector liberal.

También el sector financiero ha vuelto a dar algunos sobresaltos. La quiebra del banco portugués Espirito Santo (en un país que ha sido un verdadero conejillo de indias de las políticas de ajuste financiero y fiscal) y de la española Gowex, o de la estadounidense Cynk, quizás no sean en sí mismas muy importantes a escala global (aunque Gowex ha conseguido cargarse de paso el Mercado Alternativo Bursátil, una de las innovaciones financieras de nuestro país diseñada para permitir nuevas formas de financiación a empresas medianas), pero lo que ponen de relieve es la continuidad de las mismas prácticas que llevan años desestabilizando la actividad económica: cuentas falseadas, permisividad de los reguladores, complicidad y/o ineficacia de los auditores... Y es que el no haber reestructurado en serio y acotado sustancialmente al sector financiero ha permitido perpetuar una prácticas depredadoras altamente costosas socialmente. La última crisis argentina, por ejemplo, sirve para poner en evidencia el impacto que pueden tener los “fondos oportunistas”, un papel que puede acrecentarse en los próximos años porque la mayoría de grandes bancos ha efectuado ventas masivas de créditos en teoría incobrables (y ha menudo amortizados en las cuentas bancarias) a estos corsarios financieros. El mismo FMI ha advertido de nuevos riesgos de burbuja en Reino Unido. Y es que un sector financiero demasiado grande y demasiado poderoso sigue constituyendo una auténtica espada de Damocles sobre el conjunto de la sociedad.

Hace más de cincuenta años hubo un diagnóstico bastante compartido entre economistas keynesianos (Keynes, Robinson, Kalecki) y marxistas (Sweezy, Baran) sobre las causas del desempleo masivo y el estancamiento económico. Una economía basada en la empresa privada no tenía capacidad de garantizar por sí misma el pleno empleo porque descansa en decisiones individuales de las empresas sobre rentabilidad, decisiones que se toman en contextos de elevada incertidumbre y donde a menudo las decisiones individuales pueden dar lugar a efectos imprevistos por los propios actores. La reducción de salarios es un buen ejemplo de estos impactos imprevistos. Cualquier empresario estará a favor de reducir salarios con el objeto de abaratar costes (lo que despues podrá traducir bien en mayores ganancias, bien en una reducción de sus precios de venta para ganar nuevos mercados). Si un solo empresario consigue abaratar salarios, el resultado puede ser el esperado, pero si todos lo hacen a la vez es bastante probable que se acabe provocando una caída general de la demanda de bienes de consumo. La globalización, al ampliar el tamaño de los mercados a los que vender, ha llevado a olvidar este efecto agregado de las caídas de salarios: los gobiernos, sus asesores, y los grandes empresarios han propugnado recortes salariales con la esperanza de aumentar su competitividad, vender menos en el mercado interno y más en el exterior. Esta es la idea básica de la política alemana (o china) exportada como modelo al resto de Europa, pero al final el resultado es una atonía general de la demanda. Si ésta se traduce en una nueva ronda de recortes salariales (para hacer frente a la nueva recesión) o simplemente genera una caída de la inversión (con menos demanda, las empresas se retraen) la nueva recesión está servida. Los sabios alemanes, y sus adláteres en todas partes, hace años que abandonaron el keynesianismo y son tan responsables del paro como los grandes políticos y empresarios.

La respuesta keynesiana a este diagnóstico era clara: sin la intervención consciente del Sector Público no había forma de garantizar el pleno empleo. Una intervención basada en un amplio papel de la política fiscal (gasto público e ingresos públicos), un fuerte control del sistema financiero (siempre una fuente de sobresaltos) y una política distributiva y redistributiva adecuada, no sólo para garantizar la demanda sino también para garantizar la ciudadanía social. También de esto ha olvidado hace tiempo la mayoría de líderes económicos. La intervención permanente y masiva del sector público era demasiado peligrosa para los intereses de las elites económicas. Uno de los resultados empíricamente demostrados es que, en la fase de gestión keynesiana del capitalismo, la distribución de la renta en los países capitalistas desarrollados llegó a ser mucho más igualitaria de lo que nunca, antes o después, haya sido.

La contrarrevolución neoliberal de los años setenta fue el punto final de un capitalismo “regulado” y basado en una política económica orientada al pleno empleo. Desde entonces se ha perdido de vista la posibilidad de realizar una intervención pública “fuerte” en campos considerados prerrogativa básica del capital. Lo ocurrido con el sistema financiero y con los derechos laborales es posiblemente del ejemplo más claro de estas políticas. La gran coartada es que si se regula demasiado se bloquean los “incentivos” para la toma de buenas decisiones económicas. Una coartada que pasa por alto que los efectos de estas políticas son nefastos para el bienestar de millones de personas en campos como el empleo, las condiciones de vida y trabajo, la vivienda etc.

La pérdida del papel central de la política fiscal y la prevalencia de la política monetaria es otro de los grandes cambios de los últimos años. Una política monetaria cuya gestión está en manos de tecno-políticos habitualmente mucho mejor conectados con los grandes grupos financieros que con el resto de la sociedad. Una política monetaria que, desde la crisis japonesa de los años 1990s, se ha mostrado totalmente incapaz de generar dinámicas de pleno empleo allí donde la economía capitalista ha entrado en una gran recesión. Y sin embargo, la receta de recortar el gasto público, de frenar la política fiscal, ha constituido la respuesta propugnada por las grandes instituciones internacionales para responder a las crisis. El resultado es conocido: cada gran recorte de gasto público, sobre todo en políticas sociales (el gasto militar suele tener otra consideración), ha generado un nuevo aumento de las desigualdades y el bienestar general.

Con estas mimbres se han diseñado las políticas de los últimos años: recortes salariales, de derechos sociales, de gasto público. Una política monetaria expansiva más diseñada para mantener a flote a los grupos financieros y los mercados especulativos que a la gente. La colectivización de la deuda privada y la focalización de la crítica en la deuda pública. Y el resultado es conocido: seguimos en situaciones de paro masivo, de estancamiento, de enorme incertidumbre.

Seguimos bajo el dominio de unas políticas diseñadas para garantizar una distribución de la renta extraordinariamente favorable a las grandes elites económicas, para garantizar el control oligárquico de la economía y evitar los riesgos que para las elites significa su democratización. Con menos sector público, más desigualdades y un incontrolado sector financiero están sentadas las bases para persistir en una economía de desempleo y precariedad de masas, necesidades básicas insatisfechas.

III

La vuelta a una gestión keynesiana de la economía, al pacto social con el que sueñan los socialdemocratas de buena fe (algunos hay), no parece probable ante un capitalismo fortalecido tras años de gestión neoliberal y que, además, ha salido victorioso de su confrontación con el viejo enemigo comunista. Sin amplios movimientos sociales, las elites no tienen ninguna intención de renegociar las reglas del juego. Y mientras el nivel de conflicto sea tolerable van a preferir un capitalismo semiestancado a una alternativa radical.

El problema para la izquierda no es sólo la de generar estos movimientos sociales en pro de una democratización económica que es a fin de cuentas lo que significa más control público de la economía, derechos sociales mejor garantizados y una distribución más igualitaria de la renta. El problema está también en otros terrenos.

Por una parte está la cuestión ecológica, Para la mayoría de pensamiento económico anterior a 1970 el crecimiento económico, la ampliación de la producción en aras de promover el bienestar, era un objetivo deseable e indiscutible. Hoy sabemos bastante bien los efectos ambientales y las limitaciones materiales al crecimiento y nos enfrentamos a la necesidad de reorganizar nuestra organización económica en el sentido de garantizar bienestar a todo el mundo y sostenibilidad ecológica. A nadie estraña que esto requiera cambios sustanciales en las formas de producir y de vivir, de organizar la actividad económica y la vida social. Cambios que requieren de movilización social en sentidos diferentes de los convencionales y que a menudo son difíciles de asimilar por mucha gente. Elaborar propuestas que integren demandas sociales y ecológicas en un verdadero proyecto de reestructuración socio-ecológica es hoy urgente para salir racionalmente de la trampa en la que nos ha metido el capitalismo neoliberal. Exige generar los mecanismos sociales de elaboración, experimentación que ahora existen sólo en términos precarios.

A corto plazo, hay un peligro más inmediato. El tratar de resolver los problemas actuales con atajos simplistas. Ante la ausencia de un proyecto definido y la urgencia de la situación, existe en bastantes sectores de la izquierda una tendencia a elaborar propuestas relativamente simples y a confundir un programa de acción con una mera suma de proposiciones. Éstas tienen a menudo los mismos inconvenientes de muchas de las políticas de la derecha: no exploran los procesos, las limitaciones que generan (estoy pensando en una buena lista de propuestas simplistas habituales en tiempos recientes, del tipo “reducción de la jornada laboral para acabar con el paro” “renta básica para aumentar el poder de negociación individual”, “impago de la deuda”, ...) y tampoco la forma de convertir las propuestas en en políticas. Salir del capitalismo neoliberal no será fácil ni en el plano intelectual (hay una enorme masa de neoliberalismo acumulado en los centros de pensamiento económico), ni en el político, ni en el social. Y por ello estamos emplazados a trabajar con una visión más autocrítica, abierta y reflexiva sobre nuestras propias alternativas.

Al menos, podemos empezar mostrando cómo todo el andamiaje del milagro alemán, una vez más, está demostrando sus propias incongruencias.

29/8/2014

La energía nuclear civil, tan peligrosa como la militar: 3

Emisiones de CO2 de las nucleares de Cataluña

Miguel Muñiz

El Foro Nuclear (FN), conocido como el "Foro de la Industria Nuclear española", es una agrupación de 31 empresas que representan la casi totalidad del tejido nuclear del estado. Cada año, el FN publica el informe "Resultados y perspectivas nucleares" [1], un repaso del estado de esta tecnología en clave propagandística; en uno de los apartados de dicho anuario, titulado "Opinión pública en España", se incluye una encuesta, realizada por la multinacional de investigaciones de mercados IPSOS [2], sobre el grado de aceptación de la energía nuclear [3].

El rigor de la encuesta es discutible; no hay datos para conocer la dimensión o el ámbito de la muestra. Pero lo que importa es que en la edición 2012 la encuesta apunta una renovación de la estrategia pro-nuclear: además de constatar, como no podía ser menos, que la aceptación de las nucleares mejora en relación al 2011; recupera una vieja variable de manipulación de respuestas. El texto dice:

«Se observa que, por tercera vez en ocho años, la energía nuclear se encuentra por debajo del 50% en los “en contra” y también es la tercera vez en que los “a favor” superan el 30%. Además, al conocer la producción de electricidad de origen nuclear (20%), el rechazo disminuye hasta el 50%, el tercer resultado menos negativo desde los últimos ocho años. Y sube la aceptación hasta el 43%, es decir, los indecisos se definen “a favor”.»

«Al informar al encuestado que la producción de energía eléctrica en centrales nuclear es “limpia”, no emite gases de efecto invernadero, el rechazo disminuye en 2012 hasta el 35%, mientras que el apoyo alcanza el 60%» (las negritas son mías)

El primer párrafo es una repetición de la mentira habitual por la que la energía nuclear es imprescindible en el "mix" energético. Pero el segundo recupera una de las falacias clásicas del "renacimiento nuclear": la valoración positiva de una tecnología "que no emite gases de efecto invernadero". A lo que se lee, parece que la industria apuesta por volver al "renacimiento".

La falacia de una nuclear "limpia de emisiones de CO2", u otros gases de efecto invernadero, fue la más repetida en el período 2001 a 2011, algunas webs nucleares mostraban entonces un logotipo donde se podía leer: "Fiable, segura y no emite CO2 "; cuando Fukushima volvió a echar por tierra el mito de la seguridad, el logotipo desapareció, pero sólo era cuestión de tiempo que la falacia volviese [4]. Una mentira continuamente repetida se convierte en una verdad socialmente aceptada, y urge ganar partidarios aprovechando el conflicto del cambio climático.

La elaboración del combustible nuclear es larga y compleja. Sin combustible un reactor es un artefacto inútil, y es en su fabricación, una cadena de producción gigante de la que el reactor es tan sólo una pieza, donde se emiten cantidades importantes de CO2. Estas cantidades dependen de muchas variables, sujetas a criterios muy diversos, y a una serie de intereses fácilmente comprensibles. Como muestra el excelente análisis comparativo, hecho en 2008 por el profesor Benjamin K. Sovacool, que descarta 84 estudios de emisiones de CO2, de un total de 103, por problemas de fecha, accesibilidad o metodología [5].

Pero se puede realizar un cálculo aproximado de emisiones. Con los datos de materiales y consumo de energía que suministra la página de calculadoras del WISE-NIRS [6], y los valores de emisiones mínimos recopilados por Storm & Smith, que recoge Sovacool en su síntesis. Para el transporte se pueden aplicar los índices del Boletín Informativo del ANAVE (Asociación de Navieros Españoles) [7] que abordan las emisiones de ferrocarriles, barcos y camiones.
Planteado bajo una hipótesis de mínimos, el cálculo de emisiones conducirá a un resultado de mínimos. Mínimos sí, pero suficientes para rebatir la mentira de la "nuclear que no emite gases de efecto invernadero", aunque la repetición de dicha mentira no acabará por muchos datos que se den.

En cada recarga, las nucleares de Cataluña suelen cambiar 64 de los 157 elementos combustibles del reactor. Estos 64 elementos contienen unas 28,8 toneladas de óxido de uranio “fresco” [8]. La fabricación de dicho combustible implica un mínimo de seis etapas de consumo energético y emisiones de CO2 asociadas; los cálculos se harán sobre las magnitudes energéticas necesarias para obtener los materiales y sobre los desplazamientos necesarios. Las seis etapas serían:

La extracción del mineral, el triturado y la conversión en "pastel amarillo";
El transporte del "pastel amarillo" hasta las fábricas de conversión y "enriquecimiento";
La conversión, el "enriquecimiento" del uranio y la fabricación del óxido de uranio;
El transporte del óxido de uranio en la fábrica de elementos combustibles;
La fabricación de los elementos combustibles y, finalmente,
El transporte de los elementos combustibles hasta la central nuclear correspondiente.

El mineral con el que se fabrica el combustible nuclear lo gestiona ENUSA (Empresa Nacional del Uranio SA). Según el Foro Nuclear, las necesidades “(...) se cubren actualmente en un 35% por empresas mineras de Canadá y Australia (Cameco, BHP-P y Río Tinto), otro 35% por mineras africanas (Nufcor, en Sudáfrica; Cominak, en Níger, y Río Tinto, en Namibia) y el 30% restante por la empresa Tenex, de la antigua URSS” [9] .

La dureza de la roca y la riqueza del mineral determinan las emisiones de la primera etapa: la extracción; cuanto menor sea la concentración de uranio más toneladas de rocas habrá que remover y procesar para obtener la cantidad necesaria; cuanto más dura la roca, mayor energía fósil para trabajarla, y más emisiones. En los yacimientos mencionados por el FN la concentración va desde un 0,98% en el caso de Canadá, hasta el 0,06% en el caso del Kazajstán.

La situación geográfica de los yacimientos determina el volumen de emisiones del transporte. En este cálculo se parte de una hipótesis ideal: el uranio de una recarga completa proviene de la mina COMINAK, en Níger, la más cercana a las plantas de procesamiento europeas. La concentración de uranio en esta mina es de un 0,335%, lo que significa que se debe remover una tonelada de mineral para obtener 3,35 kilogramos de uranio, pero como la roca es una mezcla de varios minerales, en realidad se deben remover unas 380.000 toneladas de rocas para obtener las 212,3 toneladas de mineral de uranio que se precisan para fabricar el combustible de una recarga.

Resulta fácil imaginar la maquinaria necesaria, una maquinaria que consume gasóleo, gasolina o electricidad de origen fósil (carbón, gas o derivados del petróleo) y emite CO2 y otros gases de efecto invernadero: martillos neumáticos, excavadoras, tractores y camiones; molinos para triturar el mineral; máquinas de remover y mezclar, para extraer, moler y transformar (incluyendo la disolución con ácidos). El resultado de todo ello son 244 toneladas de "pastel amarillo" (U3O8, un óxido de uranio), que es la materia prima del combustible nuclear, y el vertido a la atmósfera de un mínimo de 177,5 toneladas de CO2 [10], que deberían contabilizarse como las primeras emisiones de la central nuclear.

Una vez fabricado, el "pastel amarillo" irá a las fábricas de combustible. El Foro Nuclear informa que: “(...) los servicios de enriquecimiento se garantizan, en parte, mediante la participación del 11,11%, que ENUSA tiene en la planta de difusión gaseosa de EURODIF, situada en Francia. Siguiendo la política de diversificación de contratos de suministro de uranio enriquecido, los aprovisionamientos de ENUSA, en el área de conversión de uranio natural a UF6, se realizan mediante contratos con los principales convertidores mundiales: Converdyn (USA), Cameco (Canadá), BNFL (Reino Unido), Comurhex (Francia) y Tenex (Rusia).

En lo que respecta a los servicios de enriquecimiento, se mantienen contratos con Tenex (Rusia), USEC (USA), Urenco (UE) y Eurodif (Francia).”

Las 244 toneladas de "pastel amarillo" viajarán desde COMINAK hasta el puerto de Cotonou, en Benin, en unos 7 camiones de 35 toneladas, en un recorrido de 1.926 kilómetros, lo que significa la emisión de unas 267,6 toneladas más de CO2. En Cotonou serán embarcadas con destino a las plantas de fabricación de combustible de los países industrializados. En este análisis, dado que se parte de los cálculos de emisión más favorables a las nucleares, el material se trasladará al Reino Unido. La distancia al puerto de Liverpool es de unos 8.328 kilómetros, lo que añadirá unas 34,3 toneladas más de CO2 a la contabilidad. Desde Liverpool otros 7 camiones trasladarán el "pastel amarillo" a la factoría de Springfields (ex-BNFL, ahora Westinghouse), en Preston, Lancashire, a 67 kilómetros, lo que añadirá 9,3 toneladas más.

Ahora bien, el único tipo de uranio (isótopo) aprovechable para fabricar combustible, el Uranio 235 (U235), tan sólo constituye el 0,71% del uranio mineral, por lo tanto, en cada 3,35 kilogramos de "pastel amarillo", sólo habrá 23,78 gramos de uranio combustible. Este uranio, el uranio útil, hay que separarlo del que no sirve y aumentar su concentración ("enriquecerlo"). Para ello se pueden usar dos procedimientos: la difusión gaseosa o la centrifugación. El consumo energético (y las emisiones) de la difusión gaseosa es más alto que el de la centrifugación, por tanto, se calcularán las emisiones de esta segunda tecnología.

Así, en Springfields se hace la primera conversión, transformando el "pastel amarillo" en otro compuesto llamado tetrafluoruro de uranio (UF4) que, posteriormente, se transformará en 304,5 toneladas de un peligroso material llamado hexafluoruro de uranio (UF6). Para simplificar el proceso se considera que las dos operaciones se realizan dentro de la misma fábrica, lo que no siempre es así. La conversión de las 244 toneladas de "pastel amarillo", en 304,5 toneladas de UF6, consume unos 84,5 Gwh de energía, y genera un mínimo de 204,5 toneladas de CO2.

Para proceder al "enriquecimiento", la concentración del U235, las 304,5 toneladas de HF6 deben trasladarse a otra fábrica, a la factoría de Urenco, en Capenhurst, a 107 kilómetros de Springfields. El transporte de este material requerirá unos 9 viajes de camión, que emitirán 28,3 toneladas más de CO2.

En Capenhurst, el enriquecimiento de la fracción de uranio 235 por centrifugación producirá 37,9 toneladas de UF6 "enriquecido", proceso que consumirá 289 Gwh de energía que emitirán un mínimo de 818 toneladas de CO2. Y a partir de esas 37,9 toneladas de UF6 resultantes se fabricarán las 28,8 toneladas de óxido de uranio (UO2) que contiene una recarga, en un proceso que consumirá 26,7 Gwh de energía y emitirá 15,5 toneladas de CO2 más. Finalmente se ha conseguido fabricar el combustible que permite hacer funcionar un reactor nuclear, pero el proceso no ha terminado aquí.

El óxido de uranio tiene forma de "pellets", pequeños cilindros que deben llenar las barras de los elementos combustibles. Estos se fabrican en Juzbado (Salamanca). Por tanto, las 28,8 toneladas de UO2 se deben transportar desde Capenhurst al puerto de Liverpool, a 38 kilómetros, emitiendo 0,1 toneladas de CO2. Allí un barco las llevará hasta el puerto de Bilbao, en un viaje de 1.563 kilómetros, que emitirá a 0,8 toneladas de CO2 y, desde Bilbao un camión llevará el UO2 hasta la fábrica de Juzbado, a 431 kilómetros, añadiendo 1,0 tonelada más de CO2 a la cuenta.

En el año 2012, la factoría de Juzbado produjo 918 unidades de elementos combustibles. De los datos de emisión recogidos en su "Declaración ambiental", se deduce que fabricar cada elemento combustible ha supuesto una emisión de 4,83 toneladas de CO2, es decir, unas 309,2 toneladas para los 64 elementos de una recarga.

Y ya sólo queda el viaje desde Juzbado hasta la central nuclear correspondiente. Por seguridad los transportes no llevan los 64 elementos combustibles en un único viaje, sino que lo dividen en un transporte de 40 elementos, y otro de 24. Llevarlos a Ascó, distante 726 kilómetros, significa emitir 1,8 toneladas de CO2; y en el caso de Vandellòs2, a 776 kilómetros, se emiten 1,9 toneladas.

Sumando todas las cantidades, una recarga de combustible implica un mínimo de emisiones de 1.863,4 toneladas de gases de efecto invernadero, en el caso de Ascó, y de 1.863,5 toneladas en el caso de Vandellós 2.

Y aún faltaría contabilizar las emisiones que generan los equipos auxiliares de la central nuclear, el mantenimiento en condiciones de refrigeración del combustible gastado, el traslado al depósito nuclear de El Cabril (Córdoba) de los residuos de funcionamiento, y toda una serie de actividades que añadirían más gases de efecto invernadero, pero que harían interminable este artículo.

En un artículo anterior [11] se calculó que una recarga de combustible de un reactor nuclear de los que funcionan en Cataluña generaba 310 toneladas de uranio empobrecido, con el que se podían fabricar un mínimo de un millón de proyectiles de penetración, radioactivos y tóxicos, de 30 milímetros de calibre, o un mínimo de 70.000 proyectiles de 120 milímetros. A esto hemos de añadir que también genera un mínimo de 1.863 toneladas de CO2.
Porque la energía nuclear no es segura, no es fiable, y sí emite CO2.

Notas:

[1] Ver, página 31 de http://www.foronuclear.org/images/stories/recursos/publicaciones/2012/Informe_resultados_y_perspectivas_nucleares2011.pdf

en general http://www.foronuclear.org/publications2/theme/nuclear-energy/resultados-y-perspectivas-nucleares
[2] Sobre la rama en España de la multinacional IPSOS, la quinta más grande del mundo en 2011, y sus clientes, se puede consultar su presentación http://www.ipsos.es/about_us , interesante http://www. ipsos.es / health_care y http://www.ipsos.es/donde

[3] En 24 años de existencia como organismo autónomo, tan sólo en una ocasión el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha dedicado uno de sus "barómetros" de opinión pública a preguntar sobre la energía nuclear; fue en mayo de 2011, dos meses después de iniciarse la catástrofe de Fukushima (se puede obtener en http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=11324). El CIS ha hecho estudios de opinión sobre nucleares pero, al tratarse de contratos privados, los resultados no se conocen.

[4] En noviembre de 2000, en el curso de la 6ª reunión de la Conferencia Of Parts (COP) firmantes del Convenio Marco sobre el Cambio Climático, se produjo el primer intento del "lobby" nuclear de que la energía nuclear fuera considerada dentro del catálogo del Protocolo de Kyoto, como energía a promover para detener el efecto invernadero. La propuesta se fue reiterando cada reunión de las COP.

[5] Se trata de un estudio que sintetiza de manera muy acertada y comprensible todas las variables que determinan las emisiones de CO2. " Valuing the Greenhouse gas emisiones from nuclear power: A critical survey" de Benjamin K. Sovacool. 2008. Energy Governance Program, Centro donde Asia and Globalisation, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, 469C Bukit Timah Road, Singapore. Resumen completo en castellano http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/nuclearcat/Sovacoolnuclearcast.pdf

[6] Ver http://www.wise-uranium.org/calc.html

[7] Ver ANAVE, n º 471 - Febrero 2008, Cambio climático y transporte marítimo. Posición conjunta de ECSA e ICS http://www.anave.es/Vinc% 20noticias/Trib% 20Prof% 20febr% 2008.pdf

[8] Los datos que permiten obtener las cifras de cálculo se encuentran detallados en:
http://www.mientrastanto.org/sites/default/files/pdfs/2631.pdf y en el punto [10]

[9] Apartado de "consultas al experto" y pregunta 122 del documento "Cuestiones sobre la energía" de la web. http://www.foronuclear.org/

[10] Para aquellas personas interesadas en verificar los cálculos ver: http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/nuclearcatalunya/articles/baseemisionesco2nuclearcatalunacast.pdf
[11] Ver. http://www.mientrastanto.org/sites/default/files/pdfs/2631.pdf

[Miguel Muñiz es miembro Tanquem les Nuclears - 100% EER, y mantiene la página de divulgación energética http://www.sirenovablesnuclearno.org/ ]

26/8/2014

El caso del cómic culinario Oishinbo, un síntoma del estado de la democracia en Japón

Keiko N., Masuji K., Miguel Muñiz

“Oishinbo” (aproximadamente traducido como "El Gourmet") es una serie de cómics sobre cocina japonesa. Escritos por Tetsu Kariya, y dibujados por Akira Hanasaki, la serie narra las aventuras del periodista gastronómico Shiro Yamaoka y su compañera (y posteriormente esposa), Yuko Kurita. Originalmente publicada entre 1983 y 2008, el éxito propició su continuidad en febrero de 2009, en la revista Big Comic Spirits. La serie ha recibido múltiples premios, y ha inspirado una adaptación para TV de 136 episodios en dibujos animados. La tirada de cada volumen es de unos 1,2 millones de copias, el total de edición de toda la serie se calcula en más de 130 millones de ejemplares.

El 28 de abril pasado, el número 22/23 de revista publicó un capítulo titulado "La verdad de Fukushima"; en ese capítulo, los personajes se veían expuestos a la radiación nuclear de una de las plantas de Fukushima. Después de la exposición, empezaban a notar que les sangraba la nariz y que sufrían agotamiento; uno de los personajes, basado en un popular antiguo alcalde del pueblo de Futaba, en la prefectura de Fukushima, les confirma que es algo que sucede a menudo, el personaje dice: "A mí también me sangra por la nariz. No participé en la última elección para alcalde porque no aguantaba más la fatiga intensa. En Fukushima hay muchos que tienen los mismos síntomas, pero no hablan... ", en la historia también aparecían referencias a la censura informativa sobre los acontecimientos relacionados con la catástrofe.
La polémica no tardó en estallar; se inició cuando algunos habitantes de la zona escribieron en internet que lo que se ponía en el cómic no era verdad. Los editores declararon al diario The Japan Times que el capítulo se basaba en un reportaje realizado por un equipo dirigido por el propio guionista, Tetsu Kariya, en una visita a Fukushima, y en las entrevistas mantenidas con personas de la zona, incluido el alcalde de Futaba, que el propio Kariya había sufrido los síntomas que describía el episodio, y que en el mismo episodio se habían incorporado otros personajes, que matizaban las opiniones de lo que les pasaba a los protagonistas.

Pero las declaraciones no evitaron que la polémica fuese creciendo; personas de Fukushima se implicaron denunciando que ellas también se sentían cansadas y les sangraba la nariz, y los periódicos comenzaron a llamar a los hoteles de la prefectura para descubrir si habían tenido cancelaciones de reservas a causa del cómic (?).

El 4 de mayo, el autor, Tetsu Kariya, cuelga un comentario en su blog:

Yo no pensaba que mi manga," Oishinbo. La Verdad de Fukushima episodio 22”, causaría un revuelo tan grande. Debería refutar a quienes critican mi manga pero “La Verdad de Fukushima” continuará en los episodios 23 y 24. Ahí contaré cosas de manera aún más franca y libre, en el 23 y especialmente en el 24. Así que quienes critican la hemorragia nasal podrán perder cabeza. Es posible que las personas que me han apoyado se alejen de mí.

No entiendo por qué la gente critica la verdad que he recogido con datos en Fukushima durante estos dos años. Explico las cosas tal como son. ¿La gente quiere que yo me cierre los ojos ante la verdad y explique algo, una mentira es buena para alguien?

Si escribiera "Fukushima es seguro", "Fukushima está bien" o "Fukushima revive hacia adelante" todo el mundo podría estar contento. Pero este episodio de "Oishinbo" se subtitula "La verdad de Fukushima". ¿Como qué no cuento la verdad? Odio el autoengaño. La sociedad japonesa de hoy está rodeada por la atmósfera de odiar la verdad incómoda y de desear mentiras, sólo para sentirse bien.

Después de estas declaraciones, Tetsu Kariya, que reside habitualmente en Australia, fue acusado de traidor en publicaciones japonesas de extrema derecha.

El 7 de mayo, el ayuntamiento de Futaba critica a la editorial, diciendo que el cómic provoca daños al difundir rumores sin fundamento; el 8 de mayo, el vice-ministro de Medio Ambiente manifiesta que "este tipo de expresión (el cómic) es lamentable, mientras que mucha gente vive en Fukushima"; el 8 de mayo, el propio Ministerio de Medio Ambiente emite una declaración diciendo que verter sangre por la nariz no tiene ninguna relación con el accidente, y citando un informe de la UNSCEAR (Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica) asegura que la radiación después por el accidente de Fukushima no ha causado ningún efecto determinante, así que no se puede considerar que la hemorragia nasal sea debida a la exposición a la radiación por el accidente de Fukushima Daiichi.

El 12 de mayo, se publicó el episodio 23, en el que se entraba en el tema de los efectos que puede provocar la incineración de escombros contaminados por todo Japón, cosa que se viene haciendo como muestra de solidaridad con las víctimas. En la ciudad de Osaka (unos 800 km al sur de Fukushima) donde se quemaron parte de los escombros, unas 800 personas, de una muestra de 1000, se quejaron de molestias en los ojos, en la garganta, expulsión de pieles y de sangre por la nariz, etc.

Más tarde se descubrió que el 9 de mayo, tres días antes de la publicación de este episodio, la prefectura y la ciudad de Osaka habían envíado cartas a la editorial pidiendo que se borrara o modificara el contenido del cómic. La intensidad de la polémica se incrementó.

El mismo día 12 comenzó una escalada de declaraciones: el ministro de Ciencia y Tecnología, declaró que el cómic no tiene ningún fundamento científico, y que daña los sentimientos de las personas que viven en Fukushima; el jefe de gabinete insiste: "No hay ninguna relación entre la sangre de la nariz y la exposición a radiación. Debemos transmitir a la gente información científicamente correcta."; y el gobernador de Fukushima insistió: "Es bastante lamentable que este cómic propague daños por rumores sin fundamento, justo cuando nosotros intentamos reactivar nuestra prefectura...".

El 14 de mayo, Sinjiro Koizumi, miembro de Cámara de Representante de PLD e hijo del ex-Primer Ministro Junichiro Koizumi, que se volvió contrario a la energía nuclear a raíz de Fukushima, comenta: "A mí, me extraña este cómic, porque yo he visitado muchas veces Fukushima, pero nunca he sangrado por la nariz; además, vuelvo muy animado, sin ningún sentimiento de fatiga... ".

Vista la situación, la editorial emitió un comunicado el 16 de mayo suspendiendo temporalmente la publicación, aunque manifestando que ello se debía a un acuerdo previo al que había llegado con los autores con anterioridad a la publicación de los últimos episodios.

Finalmente, el 17 de mayo, llegó una primera insinuación de amenaza: el Primer Ministro Abe visitó Fukushima y declaró, "hay que tratar la información que pueda causar daños por rumores sin fundamento con toda la fuerza como estado".

La editorial reaccionó, en el siguiente número incluyó 10 páginas de texto, algo inédito en una revista de cómic, con las opiniones de 16 personas (8 contrarias a la energía nuclear y 8 favorables) sobre el tema; además las 10 páginas se colgaron en internet [1]. Desde ese momento, el autor del cómic dejó de hacer declaraciones. A los pocos días la polémica desapareció de los medios de comunicación o, tal vez, la posibilidad de que el tema se alargara demasiado se valoró como contraproducente. Está pendiente el reinicio de la serie en los próximos meses.

En el episodio 24, el protagonista decía que la gente que vive en Fukushima debería ser valiente y no seguir viviendo allí, sino que debería huir. Esto explica, en parte, la reacción de las instituciones.

El gobierno lleva tiempo recomendando que las personas vuelvan a Fukushima, ya que el umbral de contaminación, que es de 20 mSv/año (20 veces más alto que el que se acepta a nivel internacional), permite que la gente pueda vivir en gran parte de la jefatura sin correr riesgos. Y ha aplicado diversas medidas de presión para forzar el retorno.

El 14 de julio, el diario Kobe Shimbun publicó las declaraciones de un médico que, en una conferencia académica, explicaba que aproximadamente la mitad de los refugiados de Fukushima han experimentado derrame de sangre por la nariz [2]. Pese a que oficialmente el tema se da por cerrado, la cuestión sigue preocupando.

El volumen de la polémica, y el nivel político de las personas implicadas, hacen del episodio “Oishinbo” todo un síntoma de la fragilidad de la libertad de expresión ante el poder de los grupos de presión de la industria nuclear, y del desconcierto social y el frágil equilibrio en que se mueve la sociedad japonesa.

Notas:

[1] http://spi-net.jp/spi20140519/spi20140519.pdf

[2] http://www.kobe-np.co.jp/news/iryou/201407/0007142183.shtml

[Keiko N. y Masuji K. son ciudadanos de origen japonés residentes en España; Miguel Muñiz es miembro de Tanquem les Nuclears - 100% EER, y mantiene la página de divulgación energética http://www.sirenovablesnuclearno.org ]

26/8/2014

Ciudadanía activa: análisis del conflicto social

Luis Enrique Alonso

El capitalismo provoca todavía una sensación de indignación y lo seguirá haciendo, en este sentido se mantendrá la línea de continuidad que ha unido el siglo XIX con el XX y el XXI, una línea de resistencia y crítica.

Göran Therborn, From Marxism to Postmarxism?, 2008

Un nuevo ciclo de movilizaciones sociales se ha producido en el espacio de las economías occidentales como protesta y resistencia de las políticas de choque neoliberales impuestas por las élites financieras e institucionales globales. Antonio Antón, en el libro Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica (Madrid, Sequitur, 2013, 272 págs.), traza un mapa minucioso de esta dialéctica entre las acciones económicas disciplinarias y las reacciones cívicas y sociales de defensa del proyecto más igualitario y justo de la modernidad. El análisis se especifica y desarrolla, además, para el caso español, donde las especiales circunstancias de su historia, su modelo financiero y su posición subordinada en la semiperiferia europea han profundizado y disparado los costes humanos asociados a las políticas de austeridad y recorte de los gastos (y los derechos) sociales.

Estamos entonces ante un análisis completo y complejo del conflicto social en la España de la crisis del siglo XXI, donde se estudian a fondo las causas, los actores y las nuevas estrategias de las luchas contemporáneas, tanto desde una dimensión genealógica como desde una perspectiva sistémica. Esa exhaustividad es una de las grandes aportaciones de la obra, donde se describen y relacionan con solvencia, desde una perspectiva integral, temas y dinámicas de acción colectiva que tradicionalmente se han ido abordando de manera aislada e incluso fragmentada y donde la habitual división académica de las ciencias sociales tampoco ha contribuido demasiado a integrar y cohesionar el estudio completo de la dialéctica del conflicto social. Así, en el libro de Antón nos encontramos sólidos puentes explicativos entre el estudio de la desigualdad social inducida por la economía neoliberal, la nueva estructura social, el lugar del trabajo y su capacidad de movilización en este contexto y su relación con las nuevas formas colectivas de indignación y reivindicación. La sociología del trabajo, del Estado del bienestar, de la estratificación y la desigualdad, y de los nuevos movimientos sociales se fusionan así en una síntesis explicativa que traspasa con creces los habituales enfoques temáticos de las sociologías disciplinarias.

La estructura del libro es clara y sigue un patrón completo. Se analiza, en primer lugar, la naturaleza de la nueva gobernanza neoliberal y sus efectos, se estudian, a continuación, las formas de movilización que han tomado las respuestas a este nuevo modelo de control (el 15M, el movimiento indignado, las mareas en defensa de los servicios públicos), la incapacidad de la política institucional y especialmente del discurso socialdemócrata —degradado, bloqueado y subordinado a los poderes económicos— de recoger las demandas sociales de la ciudadanía activa y, por fin, se indagan las potencialidades de un pensamiento social crítico y emancipador capaz de analizar las perversiones e injusticias de los modelos de gestión que presentándose como únicos, necesarios, técnicos y sin alternativa posible en realidad materializan los intereses de sectores muy minoritarios de las élites globales.

De esta manera nos encontramos, como marco de referencia, con un panorama devastador en lo que se refiere al recorte de derechos sociales, el incremento de la desigualdad, la desestabilización del trabajo y, en general, a la desestructuración programada y forzada del Estado del bienestar y sus efectos equitativos. El largo ciclo neoliberal, reforzado paradójicamente por las supuestas políticas anticrisis —más de lo mismo para supuestamente solucionar lo que estas mismas políticas habían generado— ha supuesto una remercantilización extensa y profunda de todas las naciones europeas. Pero para los países del sur y especialmente para España, los costes sociales de estas políticas privatizadoras y recortadoras han sido espectaculares y descorazonadores. Antonio Antón aquí hace un recuento completo tanto de las medidas regresivas que se han tomado en el Estado español y de sus inquietantes efectos (desigualdad, exclusión, desestabilización, recorte de pensiones y severo endurecimiento de las condiciones de cotización y obtención de las mismas, etc.); efectos que no sólo son cuantitativos, sino que, como se demuestra por ejemplo en el epígrafe dedicado a la educación y su cambio de modelo jurídico, toman un auténtico rango cualitativo, pues institucionalizan y normalizan la insolidaridad, la desigualdad estructural, el acceso diferencial según capacidad económica a los servicios.

Tiende a cristalizarse así un modelo de políticas sociales que lejos de ser “plural” es antidistributivo y pretotalitario, al subordinar la diversidad (y la necesidad social) a los objetivos de máxima rentabilidad (intensiva y extensiva) del sector privado. Lo que ha sido presentado como una cuestión técnica o incluso de “sostenibilidad” del régimen de bienestar es en realidad un conflicto distributivo, una estrategia política sistemática y consciente de desposesión de los recursos públicos generados por las mayorías sociales por parte de unas minorías financieras globalmente asentadas y políticamente apoyadas por instituciones (los Estados nacionales y la Unión Europea fundamentalmente) que convierten en leyes y directivas lo que son intereses evidentes de las nuevas clases hegemónicas.

Lógicamente estas políticas han provocado reacciones de protesta y han abierto nuevas líneas de confrontación simbólica generando múltiples prácticas de lucha, así como un nuevo discurso de la movilización social asociada a un conjunto de vocabularios de motivos para la acción. La deslegitimación social provocada por las políticas neoliberales regresivas y antipopulares ha generado, según el libro que nos ocupa, un triple nivel de oposición, desde una fuerte desafección, desconfianza y retraimiento de amplias capas de población hacia la política institucional y las prácticas dominantes de las entidades económico-financieras, hasta redes de activismo organizado, ya sean herederas del movimiento sindical clásico o de la nueva cultura de la protesta derivada de la precarización y la desestructuración social actual. Pero quizás lo más importante es la creación de un tercer nivel, esto es un amplio frente de ciudadanía crítica y activa que sin estar especialmente organizada ha sido capaz de generar dinámicas de acción colectiva fuertemente confrontadas a la desregulación y la privatización; acciones expresivas como las ocupaciones del 15M o las mareas ciudadanas, más con efectos instrumentales y generativos de cultura política alternativa. Los elementos teóricos de la teoría de los movimientos sociales y los ciclos de protesta (oportunidad política, marcos cognitivos, contenido de las acciones, cultura sociopolítica de referencia) son utilizados por Antón como tipo ideal para desentrañar los elementos específicos de la movilización indignada que ha explorado los límites y déficits de legitimidad de las políticas neoliberales y, en general, de esta postdemocracia que aunque formalmente dotada de los mecanismos de visualización de las democracias clásicas (derechos humanos individuales, competición electoral, sufragio universal), cada vez contiene menos contenidos de representatividad, rendición de cuentas, respeto a los derechos sociales y transparencia.

Paralelamente, gran parte de la desestructuración y descomposición actual de lo social y su red institucional tiene como origen el ataque al estatuto normativo del empleo logrado por el pacto keynesiano y por el derecho laboral garantista derivado del corporatismo implícito o explícito del gran acuerdo social de la segunda postguerra mundial. En el tardío e incompleto fordismo español una interminable sucesión de reformas laborales —todas justificadas con el mismo subterfugio ideológico: son para facilitar el empleo— han ido degradando, fragmentando y precarizando estructuralmente el mercado de trabajo español. Los efectos aterrorizantes y disciplinarios de estas reformas han sido inocultables, pero en la crisis y con la hegemonía electoral del neoconservadurismo más descarnado las medidas antilaborales se hicieron sistemáticas y totales (tocando la negociación colectiva, las garantías y alcance de la negociación colectiva, los deslizamientos salariales, la facilitación sin límites del despido, etc.). Y esta enésima reforma laboral hecha a la medida de los intereses del empresariado más recalcitrante, suponía una vuelta de tuerca definitiva contra la mínima estabilidad laboral real y el avance sin cortapisas hacia la institucionalización de un mundo laboral turbulento, desigual, autoritario y depresivo.

Antonio Antón en el libro estudia este ataque jurídico y también propagandístico contra el trabajo y sus agentes sociales —las maniobras de descrédito sindical han sido feroces y han encontrado terreno abonado en la deslegitimación de la política institucional—, pero también la respuesta social protagonizada por el mundo del trabajo: dos huelgas generales y una amplia gama de movilizaciones que van desde la defensa del Estado del bienestar a la reivindicación de un estatuto digno para el trabajo. Es un tiempo decisivo para el sindicalismo en concreto —y su capacidad de desburocratizarse y acercarse a las bases sociales y sus demandas—, pero también en general para el mundo del trabajo y sus posibilidades reales para acumular un capital cívico que le permita un cierto empoderamiento efectivo, justo en una época donde todas las estrategias neoliberales tienen por objetivo limitar y descomponer la capacidad de acción y agregación de intereses del mundo laboral. La defensa del Estado del bienestar y las políticas públicas abren la vía de un sindicalismo de sociedad capaz de vincularse con otros sujetos, movimientos y acciones cívicas, mucho más allá del sindicalismo corporativo o de planta, cada vez con más peligro de caer en el más descarnado particularismo o quedar encerrado en el discurso de la racionalidad mercantil y sus imposiciones.

En el contexto de la crisis financiera, la política institucional de los partidos ha demostrado su ineficacia para defender a la población de las estrategias depredadoras de las élites económicas, bien al contrario, ha dado muestras de un servilismo y una defensa máxima a los poderes fácticos globales y sus políticas de ajuste y austeridad. El sentimiento de desafección política y de impotencia e inutilidad de la democracia representativa tradicional se ha hecho general y, en esta quiebra, tanto el bipartidismo como la socialdemocracia han quedado especialmente heridos. En el libro que comentamos se visualiza muy bien esta situación de bloqueo institucional, donde el perdedor máximo, tanto por responsabilidad como por los efectos contextuales del endurecimiento del relato del “realismo” económico, han sido el discurso socialista instituido y degradado en su propia falta de plantear alternativas atractivas al pensamiento único neoliberal.

Un nuevo ciclo sociopolítico asociado a la crisis parece que deja sin espacio el difícil ejercicio de equilibrio inestable de la última socialdemocracia entre su subordinación a los poderes económicos y su intento de mantener minimizado (y tratando de aumentar los derechos no económicos) un Estado del bienestar jibarizado, pero no operando abiertamente en la lógica neoliberal. La crisis no ha dejado lugar a ambivalencias y la huida de las bases sociales de un proyecto socialista como el de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando definitivamente rompió su ambivalencia y empezó a tomar medidas antipopulares y de austeridad, parece que va a ser una tendencia difícil de reconducir y las múltiples torpezas y desatinos en esta gestión han ayudado a debilitar a la ya exangüe socialdemocracia realmente existente. Apelar cuando se ejerce la oposición a un cierto radicalismo verbal distributivo, proponiendo políticas que luego nunca se ejecutan cuando se está en el gobierno (para no poner en riesgo su supervivencia frente a los poderes económicos) ya no sirve demasiado como recurso de atracción de la ciudadanía hacia las posiciones socialistas europeas. La teoría clásica de la necesaria convergencia entre los nuevos movimientos sociales y la socialdemocracia está, hoy más que nunca, puesta en entredicho y en este libro se estudian a fondo los errores, razones latentes y manifiestas, y lógicas perversas que han llevado a esta penosa situación. Si la socialdemocracia imaginaria actual no consigue pronto ser una socialdemocracia real, en una situación como la que vivimos, sus días de apoyo popular parecen estar contados.

Justamente ante este panorama se hace más necesario que nunca un conocimiento reflexivo y crítico de la presente realidad política y social. En el texto se argumenta primero la conveniencia de una crítica racional y constructiva de los tópicos discursivos que ha impuesto el neoliberalismo programático y que se han materializado en gran parte de las políticas convencionales y la gran mayoría de los medios de comunicación. Demostrar con rigor, como se hace aquí, que las consecuencias y los efectos colaterales de las soluciones liberales nos ponen al borde del colapso social a corto plazo y pueden tener efectos irreversibles a largo plazo sobre la justicia y equidad constitutivas de nuestra estructura social, es un ejercicio de inteligencia social tan imprescindible como poco habitual y es toda una lección de honestidad intelectual en un mundo donde los ruidos de la neolengua partidista, la jerga tecnoeconómica y el griterío de las tertulias televisadas invitan a todo lo contrario.

El momento de hegemonía real del pensamiento conservador exige una teoría social crítica capaz de dar respuesta desde el rigor analítico, pero también desde el compromiso normativo a un conjunto de desafíos civilizatorios. Ni el cinismo postmoderno, ni el misoneísmo —o aversión a las novedades— habitual del marxismo dogmático sirven demasiado en esta coyuntura, pues de lo que se trata es de armar un pensamiento útil, práctico y estratégico capaz de plantear un nuevo contrato social que disolviendo todo fatalismo —y los peligros de un amenazante populismo de derechas ultraconservador y xenófobo— sea capaz de articular un bloque sociopolítico alternativo donde los sujetos débiles y frágiles (jóvenes, excluidos, mujeres, parados, precarizados, empobrecidos, inmigrantes y un larguísimo etcétera) queden en primera línea de interés de un nuevo paradigma del bienestar capaz de hacernos salir de la crisis por un lugar mínimamente redistributivo. Las condiciones de este nuevo contrato son inciertas y difíciles —dado el poder disciplinario y sacrificial del bloque hegemónico y su discurso mercantilizador— pero si no se piensa, se plantea y se difunde desde el pensamiento social y sus razones prácticas de resistencia, las posibilidades de cambio social progresista serán literalmente inexistentes.

Ciudadanía activa, de esta forma, es una magnífica obra sobre el conflicto social en la España actual, un conflicto estudiado en sus dimensiones más diversas y complejas. Obra necesaria justo cuando la sociología del conflicto ha tendido o bien a disolverse en conceptos mucho más abstractos (riesgo, contingencia, liquidez, etc.) o a fragmentarse en sociologías específicas adaptadas a campos de conocimiento académicos más preocupadas por el rendimiento promocional de sus propuestas que por su capacidad de dar cuenta de esa totalidad concreta estructurada que es el marco generativo de la movilización social contemporánea.

Escrito desde una perspectiva abiertamente pluralista, este libro de Antonio Antón integra tanto la dimensión accionalista y de agencia de la realidad social actual, como sus prerrequisitos sistémicos y estructurales. Pero sobre todo es una herramienta de primer orden para conocer elementos esenciales del conflicto social en España tanto desde el punto de vista de sus actores (tradicionales, nuevos y novísimos) como desde la crisis de funcionamiento de sus instituciones (políticas sociales, sistema de partidos, marco jurídico laboral, etc.). Dado el penoso estado del debate público en nuestro país —envenenado entre los argumentarios de los partidos y el ruido reaccionario de las tertulias mediáticas— la lectura de un libro como este supone un inmenso placer intelectual y renueva con honores la promesa de la sociología crítica de que el primer paso para la transformación social es el conocimiento racional y sistemático de la misma, empezando por los poderes que la constituyen.

[L. E. Alonso es Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido Vicedecano de la Facultad de Ciencias económicas y Empresariales y Director del Departamento de Sociología]

26/8/2014

El extremista discreto

El Lobo Feroz

Esto se desmorona

La Otan quiere Ucrania. La Merkel quiere Ucrania y la Unión Europea, por consiguiente, quiere Ucrania. Resulta que nosotros queremos Ucrania.

(Pueden ser cosas de la edad, pero cada vez que el Lobo quiere escribir Ucrania el ordenador se empeña en escribir Ucracia. ¿Ucracia? Tal vez el ordenador sabe más que él.)

En Ucracia mandaba un déspota pro-ruso electo: lo sustituyeron tras unos tiros de esos de quién ha sido por un neo-nazi pro-occidental. Ahora el gobierno está en manos de neonazis, pero son nuestros neo-nazis.

El gobierno ruso, naturalmente, no contaba con que le echaran de Crimea. En Crimea son pro-rusos (con razón: los alemanes les han invadido varias veces), incluso prosoviéticos. Ahora Crimea se ha integrado democráticamente en la federación rusa.

Otras zonas pro-rusas de Ucracia quieren hacer lo mismo: la máquina ocidental de crear conciencia falsa trata a esas gentes, claro, de terroristas. Los gobiernos occidentales le dicen al gobierno ruso que no intervenga si no quiere ser sancionado. El gobierno ruso interviene ayudando a los pro-rusos, según dicen los occidentales. Los occidentales imponen sanciones a Rusia. Rusia impone sanciones a la Unión Europea. Total:

Las frutas y verduras de Murcia pagan el pato. La Unión Europea aportará aportará aportará y tal vez aporte algo: algo previamente esquilmado via impuestos a los rutilantes ciudadanos europeos

Esto de la Unión Europea es un buen negocio, sí señor. Pero no para nosotros.

Rusia envía unos camiones cargados de ayuda humanitaria a las zonas en que los pro-rusos se defienden de los neonazis. El gobierno ucracio no permite su entrada en el país (ya no se sabe bien en cuál), pero los camiones entran y empiezan a repartir la ayuda. El Gobierno de Moscú insiste en que la población necesita ayuda urgentemente porque carece de agua y electricidad desde hace semanas.

(¿Alguien más se acuerda finalmente de la población?)

La democrática y occidental Lituania toma una vela en este entierro y considera el paso de los camiones, mira por dónde, un incidente merecedor de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Lituania, tomad nota. Los camiones se van. Los lituanos reaparecerán, y si no, al tiempo. Políticamente son como los neoliberales polacos, pero en su propio estilo.

(continuará, si hace al caso)

En realidad la política internacional es muy sencilla. Algunos ejemplos:

Tú armas a Bin Laden para que dirija a los talibanes para que echen a los soviéticos de Afganistán. Y echan a los soviéticos de Afganistán. Ahora que tienes talibanes allí en vez de soviéticos, lo lógico es bombardearles.

Tú armas a Saddam Hussein para que entre en guerra con los ayatollahs de Irán. Le das hasta gases —que has fabricado tú— para que pueda gasear a placer a los iraníes. Pero la guerra entre Iraq e Iran no hace más reforzar a los ayatollahs de Irán... Aunque si un objetivo político era tener un casus belli permanente para seguir fabricando armas a costa del erario público americano, la cosa ha salido bien.

E incluso ha salido mejor porque Saddam Hussein invade Kuwait y pasa a ser el enemigo ansioso del petróleo kuwaití. Los norteamericanos quieren el petróleo kuwaití y el iraquí, de modo que tienen un par de guerras allí. Guerras asimétricas: Estados Unidos pone las armas y la población de Iraq pone los muertos.

Luego está el caso de Siria: se monta la de Dios sobre un estado autoritario pero donde hay paz y orden. Ese estado no es como el de la prooccidentalísima Arabia (donde cortan manos, etc.). Los jeques de Arabia Saudí, los de algún emirato y algunas democracias europeas, quieren "poner orden" en la parte del norte de África que los americanos aún no consideran suya. Una buena guerra en Siria. Muy tarde, muy tarde, los occidentales advierten que han estado echándole una mano a la Yihad, que ha aparecido un Califato peor que Al Qaeda, y piden bombardeos a los americanos.

Los americanos, claro, bombardean. El Assad se lo agradece.

Entretanto Israel desbarata una vez más la posibilidad de un estado palestino unificado. A bombazos, claro. Envuelto en la Shohah, después del Holocausto, el estado de Israel puede hacer lo que quiera. La población europea ¿siente vergüenza?

Los bombazos hacen estragos sobre las poblaciones afgana, palestina, iraquí, libia, siria, ucrania... Los muertos los contará, si puede, la Cruz Roja. Como hizo en Serbia y en Kosovo. ¿Nos acordamos además del África subsahariana?

Hoy cientos y cientos de miles, millones de personas corren a campos de refugiados que ya no son refugios para nadie. No tienen discotecas allí. Nadie puede comprar crema Nivea.

Un día de éstos, Otan mediante, nos va a llover a nosotros. A nuestros paisanos. Por supuesto, nadie, ni nosotros, se lo merece. Pero parece que a estos ingenieros del orden mundial no les acaban de salir bien los trucos de la política. ¿En qué estarán pensando?

28/8/2014

La Biblioteca de Babel

Jordi Mir Garcia y Víctor Ríos (eds.)

Francisco Fernández Buey: Filosofar desde abajo

Los Libros de la Catarata, 2014, 167págs.2014

Actualidad de Francisco Fernández Buey

El pasado mes de agosto se cumplieron dos años de la muerte de Francisco (Paco) Fernández Buey. Dos años durante los cuales me he preguntado en más de una ocasión qué hubiera escrito él sobre la actual situación que vive nuestra sociedad. Lo digo también porque no estoy seguro de que pudo hacerse una idea sistemática de la crisis socioeconómica que vivimos; o, cuando menos, de su fase más dura, que empezó en agosto de 2011 con el diktat del Banco Central Europeo al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Si bien intentó estar al corriente de los debates de la izquierda, sus problemas de salud (y la muerte de su esposa, Neus Porta, acaecida en el verano de 2011) le impidieron leer y escribir con regularidad y sosiego. Desde luego, fue una lástima no poder contar con su punto de vista, ya que hablamos de un intelectual que nos legó un nutrido corpus de libros y artículos que abarcaban problemas y cuestiones de estricta actualidad política. Es por eso por lo que conviene tener presente la reciente antología de escritos de Paco Fernández que han preparado Jordi Mir y Víctor Ríos. En sus páginas, el lector encontrará una serie de escritos sobre algunas de las cuestiones que siempre le interesaron: el papel de los movimientos sociales en la transformación de la sociedad, el ecosocialismo como antídoto a la grave crisis ecológica que padecemos, la aspiración a construir una Universidad realmente democrática e inclusiva, el significado del término utopía, el encuentro entre culturas diferentes, la visión de la política como “ética de lo colectivo”, el estudio de la figura de Antonio Gramsci, la necesidad de conectar las humanidades con las ciencias sociales y naturales, etc. Materiales políticos que los dos editores contextualizan e insertan en la trayectoria intelectual de Paco Fernández en una excelente introducción y gracias a una eficaz cronología de su vida.

En definitiva, esta antología cumple con su objetivo de introducir al lector en el pensamiento de Fernández Buey, por lo que merece ser leída y difundida ampliamente. En un momento como el actual, en el que no faltan los publicistas seductores y falsamente incendiarios, merece la pena volver a dialogar con el pensamiento pausado, riguroso, elegante y auténticamente radical de Paco Fernández.

Giaime Pala

31/8/2014

Nicholas Shaxson

Las islas del tesoro. Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo

Fondo de Cultura Económico de Argentina, 2014, 520págs.2014

El corazón del orden económico neoliberal

N. Shaxson, escritor, investigador y miembro de Chatham House y de Tax Justice Network, ofrece una visión muy aguda y documentada de la función que cumplen los paraísos fiscales (o las "jurisdicciones confidenciales" como prefiere denominarlos) en el capitalismo neoliberal. Para Shaxson, los paraísos fiscales son los lugares que "procuran atraer negocios ofreciendo instalaciones políticamente estables que ayudan a personas o entidades a eludir reglas, leyes y regulaciones establecidas en otras jurisdicciones". No son una excrecencia indeseada o una anomalía pintoresca del capitalismo de casino: son su mismo "centro".

A traves de ellos se procesa más de la mitad del comercio internacional, se concecta la élite financiera con el submundo criminal y los servicios de inteligencia con los órganos directivos de las empresas multinacionales, se compra a los dirigentes políticos, se financia a los partidos políticos "fiables" y se socava la soberanía presupuestaria de los estados. Entre los asuntos más interesantes explicados por Shaxson —y son muchos, pues el libro está repleto de datos y reflexiones de gran interés— se encuentra el funcionamiento político de los paraísos fiscales. Éstos son, en su inmensa mayoría, ex-colonias que dependen políticamente de sus antiguas metrópolis; dicho con otras palabras: existen porque los dirigentes políticos de las grandes potencias quieren que existan.

Shaxson lo explica todo de manera muy pedagógica y amena. El libro se lee como una novela. Al pasar la última página, el lector despierto entiende enseguida que sólo alguna clase de movimiento internacionalista puede enfrentarse con éxito a los paraísos fiscales. Los soberanistas de toda clase de naciones, y no digamos ya los que además se proclaman de izquierdas, harían bien en leérselo con calma y con un lápiz rojo para subrayar.

José Luis Gordillo

26/8/2014

Martí Caussa y Ricard Martínez (eds.)

Historia de la LCR

La LCR ya tiene quien le escriba

La primera vez que tuve contacto con la Liga Comunista Revolucionaria fue en 1979 a través de Francisco Ortega, secretario de la construcción de CCOO de Igualada, trabajador combativo, alegre y exento de dobleces. Se presentó una tarde en el local del sindicato y sonriente me dijo: «Me he hecho del partido de Marx». Aunque era ingenioso, no era para reírse: Paco no hacía bromas con esto. Había que esperar a lo que venía después. Hacía un tiempo que nos había pedido a algunos un buen texto de Marx. Le aconsejamos el Manifiesto comunista. Lo leyó, lo releyó y le convenció. Como secretario de la construcción, iba a menudo a Barcelona, y sus planteamientos coincidieron con los de la izquierda sindical. Un día uno de ellos se acercó y le vendió el Combate. Paco quedó perplejo: era «la liga de la que hablaba Marx.» De inmediato pidió la incorporación y vino contento a decírnoslo: había descubierto que existía, que compartía su política y había pedido el ingreso. Le contamos que en lo de Marx se equivocaba, pero no le disuadimos de meterse en la LCR al ver que su conversión tenía algo de irreversible.

Desde entonces, Paco Ortega fue organizando pacientemente la LCR: un par o tres de obreros, otro par de feministas y algunos más. Al principio, la dirección del sindicato solía reírse de él. Pero pronto empezó a ver con cierta preocupación la aceptación que tenía Combate entre los cuadros sindicales.

También las feministas eran admirables. Una de las cosas que recuerdo fue un acto feminista que puso que manifiesto que a algunos dirigentes sindicales se les escapaba de vez en cuando una bofetada hacia sus mujeres. En aquella época, en las demás organizaciones locales —incluida la misma LCR— la situación era la misma (o peor), y fueron las feministas de la LCR las primeras en llamar la atención sobre un tema que era totalmente tabú. También en esto, Paco Ortega fue un modelo de coherencia personal y política. Paco había aprendido que lo personal era político. No lo dijo nunca: pero se lo impuso como enseña militante.

En 1981 me trasladé a Barcelona y seguí militando en el Comité Antinuclear de Cataluña. Allí había uno del MC y otro de LCR, con los que nos llevábamos bien. Después de la intentona de golpe de estado, la organización estaba quedándose en cuadro. Al finalizar las reuniones íbamos a comer algo y a seguir discutiendo (pero ahora directamente de política). De allí salían convocatorias para conferencias, actos o manifestaciones. Al final de una de las conferencias, fuimos con tres de LCR (Quim, Maribel y Ramón «Marc») a cenar. La discusión se eternizó: no porque estuviésemos en desacuerdo, sino por todo lo contrario. A partir de entonces en este tipo de encuentros informales solían venir gentes de la LCR. Nos hicimos amigos sin tener en cuenta el lugar donde estaba cada cual. Lo característico de ellos —en comparación con los demás partidos— era que nunca hubo prevenciones sino un debate franco. Cuando había divergencias, «Marc» solía expresarlas así: «aquí la LCR tal vez discreparía» (¡como si ellos no fueran miembros de la LCR!).

Pasaron los años. Con el tiempo casi todos habían ido dejando la organización y no sólo la suya: el CANC había desaparecido en la marea pacifista de la campaña por el referéndum de la OTAN. La tercera ocasión que coincidí con la LCR fue ya con el partido como tal. Desde el inicio de la Campaña contra la Guerra del Golfo (1991) las movilizaciones fueron en gran medida un mérito del esfuerzo militante de la LCR y del MCC. Una buena dosis de confianza en la figura de Octavi Pellissa hizo posible que el Centre de Treball i Documentació jugara un papel de puente con Iniciativa per Catalunya, inicialmente reticente (aunque algunos dirigentes ya habían tomado partido unilateralmente por la Campaña contra la guerra). Fue también la LCR —cuando el gobierno dejó claro que en el Golfo no morían españoles: sólo iraquíes— a través de una compañera de la dirección, quien llamó al CTD muy nerviosa y advirtió que mucha gente no había recogido carteles para la cadena humana y que algunos colectivos ya ni se habían reunido. Era el declive de la campaña.

El 23 de octubre de 1991, en el momento más álgido de la campaña anticomunista, se celebró la conferencia (realmente masiva) La democracia de mercado, ¿único mundo posible? Parecía un acto del PSUC de quince años antes (por la mesa y por una parte de los asistentes), aunque los organizadores fueron LCR y MCC, que dieron toda la confianza al CTD para organizarla, y se abstuvieron de aparecer como organizadores.

¿Qué pinta todo esto en la reseña de un libro? Depende. Para mí, mucho. Si no hubiese tenido estas experiencias con la LCR y con sus militantes, no habría ido a la presentación y no me habría sentido con el deber de hacer una reseña. Pero con estos recuerdos vivos, sentía la necesidad de transmitir a otros que LCR fue otra cosa.

El libro es lo que cualquiera puede esperar. Es el primer libro sobre la historia de la Liga, emprendido por un colectivo de sus exmilitantes. Antes no existía; ahora está aquí. Lo que se espera es una historia de conjunto. Es decir, una crónica de escisiones, de unificaciones, de congresos y de cambios de estrategia. También, aunque subrepticiamente, la autocrítica de algunos posicionamientos. Todo lo demás, suele venir después. El valor de un primer libro está en cómo se enfrenta a un segundo. Como dijo «Marc»: «ahora necesitamos un libro de LCR en Cataluña». Tal vez en este segundo libro se cuenten con algo más de veracidad cómo vivían sus militantes (en una organización en permanente fiasco económico), cómo se hacía para que «toda la militancia debía trabajar en un movimiento social» (lo que les hacía mucho más permeables que los de los partidos que no contaban con esa cláusula), o cómo se hizo este feminismo para adentro: cómo se asumió que la compañera era un sujeto político a todos los efectos, etcétera.

La lectura de un libro interesa por lo que nos descubre y por lo que nos corrobora. Por ejemplo, vale la pena citar el capítulo «Una organización revolucionaria y democrática», que es un muy buen ejemplo de historia política que aporta datos de afiliación a la LCR en la democracia, además de resaltar algunos puntos que ya habían sido analizados por los otros.

O la página número 73, que contiene una fotografía vertical de una manifestación de LCR. A diferencia de las demás fotografías, esta no corresponde a la prensa militante de la LCR. La fotografía es buena y se percibe las caras de los manifestantes. Y por las caras, se deduce la edad. Más que jóvenes se podría decir que eran adolescentes. Y esta es la característica fundamental de la LCR: su extremada juventud. Esto fue así desde sus inicios, y de ahí su vehemencia y fervor revolucionario. Su propaganda encontraba fácilmente eco entre los sectores más jóvenes que oían su mensaje y veían su práctica. El acuerdo de fortalecer la Juventud Comunista Revolucionaria no era más que aceptar (consciente o inconscientemente) su papel de vanguardia de una juventud asqueada por el capitalismo y sus dirigentes. Hace nada, una joven militante anarquista, viendo un cortejo de Revolta Global me preguntó: «Y estos, ¿quiénes son? Ya tienen una edad, pero están en todas partes». Le dije: estos son aquellos jóvenes, que han envejecido un poco.

La aparición de la Historia de la Liga Comunista Revolucionaria es algo bastante a contracorriente en el panorama de la literatura actual y es quizás un indicio de que la historia reciente de este país vuelve a ser examinada y reescrita desde el punto de vista de quienes no se resignan a perder otra batalla.

Josep Torrell

4/8/2014

Jorge Riechmann

¡Peligro! Hombres trabajando. El trabajo en la era de la crisis ecológico-social

Los Libros de la Catarata, 2013, 208págs.2013

Breve apología del buen trabajo

En 1880, Paul Lafargue escribió un opúsculo titulado El derecho a la pereza, en donde, contrariamente a lo que su título invita a pensar, más que propugnar la abolición del trabajo proponía una nueva manera de entenderlo. Lo que el yerno de Karl Marx criticaba era la explotación capitalista del trabajo, aquella que propugna la ética burguesa y que lo convierte en un sufrimiento, en un dolor parecido al que provocaba el patibulario tripalium, antiguo instrumento de tortura cuyo nombre derivó con el paso del tiempo en el sustantivo que hoy conocemos. Lafargue también proponía, como más tarde haría Keynes, una jornada de trabajo de tres horas diarias argumentando que eran suficientes para la subsistencia humana. Tomás Moro, en su libro Utopía, proponía seis y Bertrand Russell consideraba que bastaba con cuatro. Estos datos, que sorprenderán a más de uno, los recoge Jorge Riechmann en su reciente libro publicado por Catarata ¡Peligro! Hombres trabajando. El trabajo en la era de la crisis ecológico-social.

Posiblemente, no existe en la actualidad ningún término politico-económico que refleje tan bien la ambivalente condición humana como la noción de trabajo. Y en el libro de Riechmann encontramos el porqué. Junto con la naturaleza y el capital, el trabajo es considerado por la economía clásica como uno de los tres factores de producción capitalista. Ahora bien, sólo el trabajo y la naturaleza son factores productivos en sí mismos, es decir, que solos o combinados entre sí son capaces de producir y crear. El capital, mal que les pese a algunos, precisa de la combinación con los otros dos para llegar a ser productivo. Paradójicamente, su productividad también puede resultar sumamente destructiva si se combina con el trabajo de forma descontrolada, como sucede ahora en lo que da en llamar con acierto “mundo postfosilista”, esto es, un mundo lleno en el que la naturaleza —a diferencia del trabajo y el capital— se agota irremediablemente sin que exista ninguna posibilidad de reproducirla. Pero, volviendo a nuestro tema, ¿qué es lo que hace que el trabajo sea hoy un concepto tan ambiguo? ¿Por qué unos lo ven como algo bueno y necesario mientras que otros lo consideran una nueva forma de esclavitud que tiene que ser abolida cuanto antes? El autor no ignora los 12,3 millones de trabajadores forzosos que según la OIT existen en la actualidad en todo el mundo. Como tampoco la división clasista y sexual del trabajo que devino con la industrialización y la consiguiente implementación de salarios ligados al tiempo de trabajo empleado por cada trabajador. Su esfuerzo, por el contrario, se concentra en subrayar aquellos aspectos del trabajo que favorecen el cumplimiento humano y la sustentabilidad de la vida en el planeta. Habla de trabajo productivo, pero también de trabajo reproductivo, y de la importancia que este tiene para la pervivencia del sistema; ese trabajo sistemáticamente ignorado, silenciado y menospreciado, pero tan indispensable para la vida humana y que se ocupa de los cuidados (cuidado del hogar, de las personas, de las relaciones afectivas, etc.) y que tan injustamente viene desempeñando la mujer. Como nos advierte: “Preservar y cuidar lo que hay tendrá en general más importancia que producir y crear lo que no hay.” Quizás, si se comprende el trabajo en las tres dimensiones básicas que propone E. F. Schumacher en su libro “El buen trabajo” (producción, autorrealización y socialización), es más fácil entender por qué es una palabra tan ambigua: porque lo determinante es cómo producir, cómo autorrealizarse y cómo socializarse. Tampoco hay que huir del trabajo manual, sino recuperarlo y revalorizarlo culturalmente para construir una nueva ética del trabajo que sea más igualitaria y ecológicamente sustentable. Todo esto es lo que defiende Riechmann.

¡Peligro! Hombres trabajando está dividido en dos partes muy bien diferenciadas. La primera corresponde a la introducción del libro en la que Riechmann aborda todas las cuestiones sobre el trabajo a las que se ha hecho referencia aquí. La segunda está conformada por una extensa selección de artículos recopilados por el autor con la colaboración de Carmen Madorrán y María Echavarría, que extrañamente solo están agrupados por tema. Dado que no tienen un orden cronológico, no responden a un criterio temporal, ni tampoco están reunidos por subtemas, la recopilación de textos resulta bastante prescindible, puesto que lo más sustancial y revelador del libro se encuentra en la parte introductoria. Por lo demás, Riechmann hace bueno el dicho de Gracián de “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”. Su introducción es un pequeño trabajo de orfebrería donde uno puede encontrar multitud de datos, citas y reflexiones personales que invitan a replantearse muchas cosas del orden actual que hacen que su lectura sea muy recomendable; más, si cabe, en los tiempos que corren.

En el contexto actual, en un país con seis millones de desempleados y en donde trabajar no garantiza la subsistencia de muchas familias, es importante recuperar, como hace Riechmann, una idea de trabajo común que nos ayude a reformular una nueva ética, desligada de los intereses burgueses. Una nueva ética del trabajo que promueva la igualdad, la sustentabilidad ecológica y donde los de abajo sean sus principales protagonistas. El reto no es pequeño, pero es esperanzador y nos alienta a unir esfuerzos y a reivindicar el Jeito, ese esfuerzo por hacer las cosas bien y por cumplir con nuestras obligaciones para con los demás que nos permita autoconstruirnos como sociedades decentes y como personas que valgan la pena.

Sebastià Sala López

23/8/2014

Luciano Canfora

1914

El Viejo Topo, 2014, 139págs.2014

La editorial El Viejo Topo ha tenido el gran acierto de aprovechar el primer centenario del comienzo en julio/agosto de 1914 [1] de la primera guerra mundial para publicar la versión castellana de un opúsculo sobre este asunto escrito por el conocido ensayista italiano Luciano Canfora. El libro en cuestión, titulado precisamente 1914, es la trascripción de la intervención de Canfora en un programa radiofónico de divulgación científica llamado Alle 8 della sera. El autor italiano desarrolla en su breve obra una excelente síntesis de las causas del inicio de la Gran Guerra, así como de su generalización y enconamiento. No brilla por su originalidad su pequeño ensayo, pero ahí está su principal mérito: su falta de pretensiones académicas. El profesor de la Universidad de Bari ha demostrado una vez más su virtuosismo al ser capaz de elaborar un magnífico resumen de las principales tesis sobre las cuales existe, en líneas generales, un cierto acuerdo entre los historiadores especializados en la materia. Eso sí, en el libro acompaña la exposición de dichas tesis con una serie de interesantes reflexiones en torno a las mismas. (Casi) ninguna cuestión importante relativa a los orígenes de la guerra del 14 y a las razones de su prolongación y magnitud está ausente del relato 'canforiano': la rivalidad imperial global entre las grandes potencias; el conflicto de intereses en los Balcanes; el papel de los intelectuales y la propaganda patriótica; las nefastas secuelas de la diplomacia secreta y la tendencia al automatismo en el funcionamiento de las alianzas militares; la actitud de los partidos socialistas ante la guerra; la inflexibilidad e incompatibilidad de los respectivos objetivos de guerra de los contendientes; la violación de la neutralidad belga; el porqué de la entrada de los EE.UU. en la guerra… Quizás el autor haya olvidado analizar una única cuestión de gran relevancia: la función de la revolución tecnológica (y, por tanto, de la evolución de la tecnología militar) en la prolongación y letalidad de la primera guerra mundial.

No obstante la maestría de Canfora a la hora de aproximarse a las temáticas anteriormente enumeradas, no se deben dejar inadvertidas algunas pequeñas deficiencias de su narración, a la vista de las más recientes y recomendables aportaciones historiográficas: hay en el texto del italiano una clara infravaloración del carácter explosivo del nacionalismo irredentista serbio y de la implicación de parte del ejército y los servicios de espionaje serbios en la organización del atentado de Sarajevo, el pretexto invocado por Austria-Hungría para arrojar a conciencia un ultimátum a Serbia imposible de aceptar por esta última (como los norteamericanos en 1999); se exagera el heroísmo belga y sus efectos en el plano militar [2]; no parece correcto afirmar que el SPD alemán compartiera los objetivos de guerra de los pangermanistas y del alto mando alemán; tampoco parece verosímil atribuir la declaración de guerra de los EE.UU. a Alemania en abril de 1917 a un pretendido temor por parte del gobierno norteamericano a una inminente victoria de las potencias centrales que condujese indefectiblemente al dominio alemán sobre Europa continental (de hecho, las metas estadounidenses eran mucho más complejas y ambiciosas de lo que deja traslucir la obra aquí reseñada). Pero estas debilidades quedan sobradamente compensadas por las ya aludidas reflexiones generales del autor y por las ideas que se desprenden de esas reflexiones, de las cuales me gustaría destacar dos. En primer lugar, 1914 es el año trascendental por excelencia del denominado siglo XX “corto” (1914-1991), pues dio lugar a un conflicto bélico que constituye el hecho histórico instituyente de una nueva época, aunque sólo sea porque está en el origen de los fascismos y de la Revolución rusa, fenómenos sin los cuales el siglo XX resulta ininteligible —esta apreciación, bastante común en realidad, no significa que Canfora acepte la tesis de la guerra civil europea de los treinta años de Ernst Nolte—. En segundo lugar, la guerra, si bien retrospectivamente se presenta como el producto de una concatenación ineluctable de hechos y, por consiguiente, de todo punto inevitable, fue fruto de decisiones, esto es, dependió de una elección entre opciones diversas. No es cierto que la guerra fuese ineludible. Por lo que respecta a los gobiernos, no se vieron impulsados al tomar las armas por una suerte de fuerza irresistible, sin alternativa posible. Optaron por ella porque creyeron que era el único modo de alcanzar sus objetivos político-económicos imperiales. Por lo que a los partidos socialistas o equivalentes respecta, en cuyas manos estaba la posibilidad de movilizar contra la guerra amplios sectores de la población a nivel transnacional con alguna perspectiva de éxito, éstos, con las honrosas excepciones de los socialistas italianos y rusos, asumieron la apuesta bélica de los gobiernos por temor a ser tildados de antipatriotas (ejemplo éste paradigmático del recurso al nacionalismo como instrumento de neutralización de las tensiones sociales internas a disposición de los poderosos¾ y por su excesiva acomodación al statu quo político-social imperante ¾especialmente, en el caso del SPD alemán).

En suma, quienes estén interesados en la génesis de la primera guerra mundial, pero no tengan tiempo para leerse los voluminosos y detalladísimos títulos últimamente aparecidos sobre el tema [3], pueden acudir a 1914, cuyas escasas ciento treinta y nueve páginas les proporcionarán una visión bastante completa de los comienzos de la Gran Guerra.

Notas

[1] Dependiendo de si se toma en consideración la primera de las declaraciones de guerra en cascada de 1914 (la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia el día 28 de julio) o la declaraciones de guerra entre las grandes potencias (Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia y la propia Austria-Hungría) realizadas a principios de agosto.

[2] Podría ser que Canfora tuviera una mayor indulgencia hacia el nacionalismo de los pequeños estados o naciones en comparación con el propio de los países grandes, pero lo cierto es que en numerosas ocasiones el primero es mucho más irracional y brutal que último. El nacionalismo serbio de 1914 es un buen ejemplo de ello. Otro, actual, el genocida sionismo israelí.

[3] Son dignas de mención las siguientes obras: Ch. Clark, Sonámbulos. Cómo Europa fue a la guerra en 1914, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Barcelona, 2014 (798 pp.); M. MacMillan, 1914. De la paz a la guerra, Turner, Madrid, 2013 (849 pp.).

Ramón Campderrich Bravo

19/8/2014

Pau Casanellas

Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, 1968-1977

Los Libros de la Catarata, 2014, 320págs.2014

Los asesinos (a sueldo) de Franco

Que la historia, como tantas veces se repite, la escriben los vencedores, es falso; la escriben todos, vencedores y vencidos. Pero los primeros, además, la publican, la publicitan y la difunden hasta esculpirla en piedra, convertida en dogma, canonizada en medios de comunicación, discursos políticos y consensos de Estado. Las vencidas (siempre las mujeres perdieron más que los hombres) también han escrito, por siglos, sus vivencias y pensamientos, pero su historia se ha de leer en los muros de los calabozos, en las cartas del exilio, en la piel curtida por el trabajo y el llanto por los que nunca regresarán. Conviene, por tanto, escoger muy bien la fuente antes de leer el pasado, pues el que ilustra los suplementos dominicales de los periódicos, que se expone en aniversarios institucionales o es televisado en prime time, recurre, las más de las veces, a la versión ganadora; mientras el otro, el incómodo, permanece deliberadamente arrinconado, esperando que algún investigador sin afán de cátedra ni sillón de tertuliano se interese por esa realidad.

Pienso en ello mientras termino de leer Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, 1968-1977, de Pau Casanellas. Un libro que no va a gustar a los apologetas de ese tardofranquismo edulcorado, de telenovela, de abuelito con voz aflautada vestido de capitán en la cubierta del Azor. Esos años en los que jóvenes visionarios, azules por fuera, aunque demócratas por dentro, preparaban el desembarco de la monarquía parlamentaria en la España del SEAT 600. Como tampoco gustará a los que desde el supuesto distanciamiento con los anteriores, critican a una determinada oposición de notables por coaligarse con los restos del franquismo para alumbrar una democracia descafeinada, y al hacerlo, consciente o inconscientemente —no sé qué sería peor— se alían con los primeros en la tarea de menospreciar a la verdadera oposición. Casanellas va a molestar a muchos y a contentar a muy pocos —lo sabe y no lo evita, lo que le honra—, y su determinación aporta un valor añadido a una obra rigurosa, rica en detalles y de lectura amena, pese a lo ingrato de la materia a tratar.

Y es que Morir matando rezuma la sangre de los condenados a muerte, de los asesinados extrajudicialmente, ya sea por las Fuerzas de Orden Público, como a manos de grupos parapoliciales de ultraderecha, pero también las personas muertas y heridas por organizaciones y grupos armados de oposición. Sin embargo, violenta no es sinónimo de escabrosa o sensacionalista. No es esta una recopilación de crímenes políticos de diverso signo, al estilo de algunos ensayos de carácter periodístico que hace años llenaron un vacio y ayudaron a despertar conciencias, pero que hoy resultan superados. La de Casanellas es una obra de investigación —y las fuentes inéditas consultadas arrojan mucha luz sobre episodios oscuros—, pero, sobre todo, de interpretación, bajo el prisma de la cual lo que se ha venido en denominar “La Transición” adquiere nuevos matices.

El hilo rojo que recorre el libro se empieza a tejer a mediados de los sesenta, cuando la resistencia armada de viejo signo está prácticamente finiquitada bajo las balas de la Guardia Civil —en 1965 muere O Piloto, considerado el último maquis—, pero en paralelo se empieza a formar una nueva corriente de oposición armada, que salvo episodios poco conocidos y de escaso recorrido como el que constituyó el DRIL, tuvo en Euskadi y ETA a su principal escenario y actores, aunque no los únicos. Bajo el influjo anticolonial de inspiración tercermundista, esta organización cometió sus primeros dos atentados mortales en 1968, los cuales dieron pie a la réplica estatal en forma de intensificación de la represión contra la subversión armada a través de nuevos mecanismos y la recuperación de otros en desuso. De esta manera empieza una carrera desesperada por acabar con la organización abertzale y sus homólogas, pero que lejos de desincentivar la protesta operó en sentido contrario, concitando la solidaridad de amplios sectores de población, como quedó demostrado —entre otras ocasiones— con motivo del juicio de Burgos, convertido en un “proceso al franquismo” gracias a la estrategia de denuncia adoptada por los acusados y sus abogados.

En esta vuelta atrás hacia los postulados de mano de hierro, el franquismo recurrió a diversas figuras jurídicas oficiales y tácticas ilegales no declaradas, de las que el autor da buena cuenta en el terreno normativo (Decreto ley sobre represión del bandidaje y el terrorismo, estados de excepción, etc.), pero, sobre todo, en lo tocante a su efecto directo sobre la población. En este punto la contraposición de la abundante documentación oficial (Dirección General de Seguridad, la Jefatura Superior de Policía, Gobiernos Civiles, etc.), consultada —no sin dificultad— en diversos archivos, con los testimonios de los miembros de la oposición que sufrieron en sus carnes la represión, nos permite llegar a hacernos una idea del impacto que estas medidas tuvieron más allá de la frialdad de unas cifras, por otra parte, muy abultadas.

Cualquiera de entre el centenar de víctimas de procesos judiciales irregulares o abusos policiales merecería aparecer en esta breve nota para ilustrar lo erróneo de la presunta bondad del tardofranquismo, pero el caso de Cipriano Martos es de un sadismo ejemplar. Detenido en Reus en septiembre de 1973 por la Guardia Civil, los agentes que interrogaban a este militante del FRAP le obligaron a beber el contenido de un cóctel molotov; la ingesta le destrozó el esófago pero no lo mató y tuvo tiempo de ser trasladado al hospital para que le practicasen un lavado de estómago, tras el cual, por segunda vez, los guardias se lo llevaron al cuartel y le obligaron nuevamente a beber el líquido inflamable que acabó con su vida. La tortura, que no quepa ninguna duda, fue habitual en esos años.

Para el entonces director de la Guardia Civil, ETA era “como un dolor de cabeza que le ha surgido a España” y “el remedio es una aspirina adecuada”. Los mismos diagnóstico y tratamiento se aplicaron, como relata pormenorizadamente Morir matando, contra el resto de organizaciones armadas de oposición y, en general, contra todos aquellos que de una u otra forma se considerase que atentaban contra el statu quo vigente. Bien por parte de agentes uniformados (Policía Armada, Cuerpo General de Policía, y Guardia Civil) o del Ejército —sobre el que recayó con peso específico la tarea judicial—; bien a cargo de unidades especiales de inteligencia creadas ex profeso para la lucha contra la subversión, primero universitaria y más tarde, armada. Si los primeros lo mismo defenestraban a estudiantes (Enrique Ruano) que aplicaban la “ley de fugas” (Eustakio Mendizabal, Txikia) y, en general, tiraban de la reglamentaria a la mínima ocasión; los segundos, bajo diversos nombres (Organización Contrasubversiva Nacional, Servicio Central de Documentación, Gabinete de enlace…), se encargaron de redactar y poner en práctica planes (Udaberri) e informes (Libro rojo de la subversión) en los que pretendían analizar las causas de la situación a la que se enfrentaban, al tiempo que insistían en la necesidad de difundir mensajes favorables al régimen en los medios de comunicación para avanzar hacia la “reversión” de la desafección generalizada. Complementando a estas tareas, los servicios de inteligencia fueron también la pantalla para desarrollar acciones de contrainsurgencia en el sur de Francia: un “oasis etarra” que, a tenor de las informaciones proporcionadas por Casanellas, se demuestra que no fue tal.

La intensificación de las acciones armadas contra la perpetuación de la dictadura, enmarcada en un contexto de amplio rechazo social al franquismo sin Franco, forzó al aparato de seguridad del Estado a emplearse a fondo, recurriendo —a medida que las opciones legales resultaban cada vez más inútiles y contestadas— a la acción de elementos parapoliciales de ultraderecha. Estos grupos de mercenarios, siempre en estrecha colaboración con las autoridades, no fueron algo específico de la Transición, pero fue en esa época cuando sus acciones tuvieron más eco, y su persistencia bajo nuevas siglas hasta bien entrados los años ochenta constituyó uno de los más hediondos legados de la política represiva de la dictadura. Otro, la Audiencia Nacional, continuador natural del Tribunal de Orden Público, tendría al menos el atenuante de no ser una figura única en su género, dado que en esos mismos años en Francia, Italia o Alemania del Oeste se crearon otros tribunales similares al amparo de la legislación de excepción que se instauró en el mundo occidental.

Morir matando no aborda la evolución de estos y otros fenómenos en democracia, al dar por concluido el franquismo a nivel legal con las elecciones legislativas de junio de 1977. Una pena, que pide a gritos la continuación de la obra, al menos durante el lustro siguiente, igualmente sangriento aunque menos estudiado. Sin embargo, conocedores de las trabas que se imponen a todo el que pretenda explorar las cloacas del Estado, no podemos más que alegrarnos de que el autor haya publicado los resultados de su investigación antes de verse paralizado por el peso de la burocracia y el silencio administrativo.

En una época en que mientras se limita sistemáticamente el acceso a la documentación oficial, se reelaboran los discursos sobre el pasado (de cara a la justificación del presente), libros como éste son más necesarios que nunca, si no queremos acabar creyendo que “los asesinos de Franco” fueron aquellos que no lograron acabar con su vida y su obra, tal como sarcástica y torticeramente dejó escrito un conocido periodista a sueldo de un poderoso grupo de comunicación. No, los asesinos de Franco fueron otros: los que en su nombre y a sueldo mataban y torturaban en pos de la perpetuación de la dictadura. Y éstos no fracasaron del todo. No lo olvidemos.

César Lorenzo Rubio

13/8/2014

Juan Mayorga

Teatro 1989-2014

Ediciones La uÑa RoTa, 2014, 769págs.2014

Teatro de Juan Mayorga

Se nos ha dicho muchas veces que el teatro era para los atenienses un lugar de educación cívica, donde se exponían cuestiones cruciales para su sociedad. El paso del tiempo dificulta que aquellas reliquias literarias puedan conseguir esos efectos hoy. Al menos cuando predominan las ideas de distracción y de espectáculo.

Pero el teatro de Juan Mayorga tiene la virtud desgraciadamente muy rara de interpelarnos en nuestro propio tiempo. No reúne a los espectadores para aburrirles. En todo caso para despertarles, para poner alerta la conciencia. Un teatro en el sentido más estricto de la palabra, en el que nuestra aceptación de fingir creer lo que se finge hacer compensa con largueza.

La reunión en un solo volumen de la principal obra dramática de Mayorga en los últimos veincicinco años es no solamente un acierto sino un verdadero acontecimiento. Este teatro, además de ser representado, puede ser leído. Y desde estas páginas lo recomendamos muy calurosamente a los lectores de mientras tanto con la seguridad de que tal recomendación, de ser seguida, será agradecida.

Obras como El chico de la última fila, La paz perpetua, Hamelín, Cartas de amor a Stalin son, entre otros muchos, verdaderos modelos de dramaturgia a la altura de los tiempos.

El volumen lleva una cubierta muy hermosa e intencionada de Daniel Montero Galán, un prólogo brevísimo de Claire Spooner y un texto a modo de epílogo del propio Mayorga, "Mi padre lee en voz alta".

Y nada tiene desperdicio.

J.-R. C.

20/8/2014

En la pantalla

Cosima Dannoritzer

La tragedia electrónica

Cada año, en los países desarrollados se producen hasta 50 millones de toneladas de residuos electrónicos, el 75% de los cuales desaparece de los circuitos oficiales de reciclaje. Su destino habitual son vertederos africanos o asiáticos donde contaminan el agua, la tierra y el aire y envenenan a miles de personas. Un dato que no debería extrañarnos que siguiera creciendo, ya que, solo en 2013, se vendieron 50 millones de televisores de pantalla plana, 300 millones de ordenadores y 2.000 millones de teléfonos móviles y smartphones en todo el mundo.

25/8/2014

Max Mönch

Las huellas de la guerra

Documental de La Noche Temática sobre los agentes químicos devastadores usados en guerras por ejércitos como el de Estados Unidos. Los ataques militares tienen consecuencias alarmantes en el ecosistema. Los residuos radiactivos contaminan los campos, millones de toneladas de munición yacen en nuestros océanos, agentes químicos contaminan nuestros campos, el 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono...; las huellas militares son enormes. Desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy, la naturaleza está en la línea de fuego.

26/8/2014

Irène Bénéfice y Olivier Toscier

El Trading de Alta Frecuencia

El trading de alta frecuencia o HFT ha saltado a la actualidad a raíz del Flash Crash de mayo de 2010, donde el Índice Dow Jones se dejó un 9% en sólo 5 minutos. Las máquinas y programas informáticos se están haciendo con el control de los mercados.

20/8/2014

Mijaíl Romm

El fascismo cotidiano

Mijaíl Romm, discípulo de Serguéi Eisenstein, logra hacer este magnífico documental basándose en materiales fílmicos provenientes de los archivos nazis y usando un magistral dominio del montaje. El fascismo cotidiano se presenta como un documento histórico dividido en una serie de capítulos, en los cuales se analiza el surgimiento del fascismo en Alemania como consecuencia de la gran crisis del capitalismo a finales de los años veinte y el auge del nazismo apoyado por el capital financiero alemán. Romm analiza mediante en un relato ameno e impactante, y muy irónico, el carácter populista del fascismo y el efecto de la propaganda vulgar y ordinaria en la psicología de masas, que llegó a extremos tales de hacer del ser humano simples máquinas de matar. Un documental que nos lleva desde el nacimiento del nazismo hasta su derrota gracias al pueblo soviético, que libró duras batallas contra el fascismo, pero que sobre todo dirige su atención sobre el enemigo, sobre el enemigo pasado y sobre el enemigo futuro de los pueblos y los trabajadores.

27/8/2014

De otras fuentes

Albert Sáez

'Caso Pujol,' ¿Y cómo empezó todo?

Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, está en el ojo del huracán. La explosión del caso Pujol se mira y remira por unos y por otros solo en relación con el independentismo catalán. Pero tiene mucho que ver también, o sobre todo, con la corrupción y la revuelta popular contra la casta de la transición. El notario López Burniol cita a menudo una frase atribuida a Azaña en la que identificaba todos los males de España con un puñado de familias cuyos negocios acampan en las laderas del Boletín Oficial del Estado. Según el republicano, llevan siglos siendo las mismas. Su penúltima operación de surfismo político aconteció durante la transición. Bancos, compañías energéticas, constructoras de obra civil, un par de editores de prensa y unos pocos más sobrevivieron a la dictadura en el campo empresarial y aún hoy —impulsados por las privatizaciones del último Felipe González y las liberalizaciones del primer Aznar— copan las juntas de accionistas y los consejos de administración de una serie de empresas convertidas en multinacionales que han sufrido la crisis con mucha menor intensidad que las pequeñas y medianas empresas gracias al control que ejercen sobre el BOE, también en democracia. Lo explica magníficamente César Molinas en su último libro.

Para entender las relaciones de estas familias con el poder franquista es muy recomendable ver la película La escopeta nacional, donde un genial Saza interpreta a un industrial —catalán, por supuesto— que pretende conseguir que un ministro publique un decreto obligando a implantar el portero electrónico en todos los edificios de viviendas en España y aspira a que los únicos homologados por el Gobierno sean los de su fábrica. El hombre se gasta una fortuna en sufragar una cacería en honor del ministro que, finalmente, le pide un porcentaje en la nueva empresa además de beneficiarse a su secretaria.

La transición fue tan modélica que la sobrevivieron casi todos los políticos franquistas —excepto los más significados— y la totalidad de los jueces, los fiscales, los policías y… los empresarios como el de La escopeta nacional. Cuando pasan cosas como las de Pujol, o como Gürtel o como Pretoria o como Filesa o como Pallerols, siempre me viene este asunto a la memoria. Jamás critico a quienes hicieron la transición. Saldarla sin tiros merece el silencio sobre todo lo demás. Pero los actos —todos— tienen consecuencias aunque respondan a nobles propósitos. Del franquismo, la transición se quedó con el jefe del Estado pero también con las élites de funcionarios y de empresarios que garantizaron la continuidad de una determinada manera de hacer las cosas a favor de unos determinados intereses.

Los mismos que iban a las cacerías pronto aprendieron el carácter lampedusiano de la transición. Para ello contaron con la ingenuidad de la nueva clase política. Atemorizados por el poso franquista de la sociedad española, el consenso de la transición partió de tres premisas fundamentales: no había que pasar cuentas con el pasado, los partidos democráticos debían ser pocos y fuertes como lo había sido la Falange y la democracia no podía costar un duro a los ciudadanos, en apariencia. La crisis ha puesto en evidencia esas tres claudicaciones que las nuevas generaciones ya no toleran, sobretodo cuando toman formas hipertróficas en asuntos como el rescate de Bankia y las autopistas radiales de Madrid, el sobrecoste del AVE, el fraude de los ERE en Andalucía, las comisiones de Bárcenas y la trama de los hijos de Pujol.

La casta y el consenso constitucional

Los trapos sucios de la transición se escondieron tras el eufemismo de los pactos de Estado, el consenso constitucional. Fernando Abril Martorell en nombre de Suárez, Alfonso Guerra en el de Felipe González y Miquel Roca en el de Pujol amañaron lo fundamental: evitar la restauración de la legalidad de la Segunda República —y por lo tanto no juzgar ni a quienes la subvirtieron ni a quienes titularizaron el botín—; garantizar un sistema nuevo de partidos sin la Falange, pero también con el PCE y Esquerra Republicana marginalizados para reforzar la operación de amnesia; y, en tercer lugar, crear un método de financiación de los partidos políticos que evitara la sensación que la democracia era más cara que la dictadura. Así es como se crearon las condiciones para lo que después aflora. Los mismos que pagaban mordidas a la dictadura pasaron a sacar a los nuevos partidos de sus apuros financieros derivados de un deficitario sistema de financiación pública. Que la UCD se acomodara a este pacto resulta del todo previsible. El partido de Suárez representaba a los funcionarios, empresarios y ciudadanos españoles que no querían demoler al franquismo sino sobrevivirlo. ¿Cuándo sucumbieron al trato partidos de tradición democrática con dirigentes encarcelados o exiliados por el franquismo? No fue cosa de un día sino un proceso lento e imperceptible.

Pujol obtuvo en 1980 una victoria inesperada en las elecciones catalanas. Comunistas y socialistas habían arrasado en las elecciones de 1977 y 1979. Los mismos que hoy se movilizan por tierra, mar y aire para frenar al independentismo vieron en Pujol el muro de contención contra un gobierno de socialistas y comunistas en la Catalunya autonómica. De manera que el exdirigente de Banca Catalana —persona de fiar para las elites madrileñas y barcelonesas susceptible de ser domesticado— recibió todo tipo de ayudas, lícitas e ilícitas. La más llamativa —vista con la perspectiva del tiempo— fue el manguerazo que recibió de la patronal catalana la Esquerra Republicana de Heribert Barrera, furibundo anticomunista al que por ello perdonaron su independentismo que meses antes le había dejado fuera de la legalidad constitucional. Esos hijos de exbancarios catalanes que ahora se rasgan las vestiduras escribiendo un día sí y otro también que el independentismo lo inventó Pujol en TV3 y en la escuela deberían preguntar en su casa quién y por qué pagó a Barrera la campaña electoral de 1980. Tras ese primer escarceo, Pujol ya formaba parte del sistema y, por lo tanto, cuando un par de años después algunos damnificados de aquella derrota le buscaron con malas artes las cosquillas por su vida anterior de banquero recibió la preceptiva protección. Esos experiodistas que ahora escriben día sí y día también que los hijos de Pujol robaban a manos llenas ante el silencio de la prensa que se atreven a llamar subvencionada deberían explicar cómo y por qué dejaron de investigar el caso cinco minutos antes de pasar a dirigir la televisión de Pujol para luego arruinar el diario de Prenafeta. En esa operación estaba ya metido el hombre que le ha hecho la declaración de la renta a Pujol mientras ha defraudado: Joan Antoni Sánchez Carreté, entre muchas otras cosas dirigente del Partido del Trabajo que amparó a ERC en sus listas en las elecciones generales de 1977. Félix Martínez ha explicado que ha sido uno de los cerebros de la confesión del expresident.

La definitiva incorporación de Pujol al sistema de trabajo de las elites postfranquistas —catalanas y españolas— llegó tras la operación Roca. Un asunto del que el expresident destronado se mantuvo aparentemente distante pero que no dejaba de ser un intento de reproducir a escala española la alianza de intereses que él había liderado en Catalunya. El preámbulo de la operación Roca fue nombrar a Pujol "español del año" en 1985 por el diario ABC (título que aún no le ha retirado) como único bastión frente a la hegemonía de los socialistas aún no plenamente domesticados. El asunto salió mal y la manera de tapar el agujero no es ajena a lo que ahora se destapa: el secretario general del Partido Reformista Democrático —hoy presidente del Real Madrid— había comprado a precio de saldo una empresa llamada Construcciones Padrós, radicada en Badalona y en la órbita de Banca Catalana, y que en pocos años pasó a ser una de las principales contratistas de la obra pública licitada por la Generalitat. Así el exsecretario general amasó suficiente fortuna para recuperar los avales personales con que se financió la campaña del PRD. Y se abrió la veda en una administración de nuevo cuño como era aquella Generalitat de Catalunya que pasó a ser una copia a escala local de aquella administración y aquellos empresarios que sobrevivieron al franquismo, fueran catalanes o españoles. Poco después, Pujol entendió que el control de la caja podía conllevar el control del partido. Cuando Miquel Roca, envalentonado, alzó el partido contra el fundador para forzar su entrada en el Gobierno español, Pujol decidió cortarle las alas y montar un sistema alternativo. Para ello se sirvió de dos alfiles: Josep Antoni Duran i Lleida a cuya sombra se montó la trama de Pallerols (ya juzgada) y Lluís Prenafeta al frente del clan Pujol, capitaneado por la esposa y el primogénito. Ahí empezó todo, no por ninguna herencia.

La ingenuidad del PSOE y la OTAN

Fue también por esas fechas cuando el PSOE perdió la ingenuidad. Las primeras campañas las financió con fondos procedentes del SPD (“Ni flick ni flock”, ¿recuerdan?) y con los fondos públicos previstos para los partidos con representación. Pero en 1986 llegó el referéndum de la OTAN. Y la ley no tenía previsto sufragar el gasto. Fue en ese momento cuando se montó la trama Filesa (ya juzgada). Las empresas “del sistema” querían ayudar a Felipe González a ganar el referéndum e idearon la manera de financiar la campaña con la facturación de estudios inexistentes, todo legal en la cuenta de resultados de las compañías e ilegal en la contabilidad de los partidos. La historia se repite una y otra vez, formalmente son los políticos los que cometen ilegalidades pero son las empresas las que se llevan los beneficios.

Faltaba un tercero en discordia para asegurarse la plena impunidad. El PP de Aznar, ausente como ERC del consenso constitucional, entró en esta dinámica cuando el nuevo líder de la derecha decidió poner al frente de las finanzas a su mentor político, Álvaro Lapuerta, imputado en el caso Bárcenas y heredero de la saga Naseiro-Sanchis, exculpados en un caso de financiación ilegal por el mismo sistema que ahora pretende librarse Pujol querellándose contra la banca andorrana: la eliminación de las pruebas por estar contaminadas en su origen. Con Lapuerta, Aznar logró que el PP dejase de ser la sectorial política de la CEOE que quitaba y ponía candidatos como explica en su primer volumen de memorias. Por eso el editor de Logroño siguió al frente de la financiación del PP hasta pasar el bastón de mando a su número 2: Luis Bárcenas. El resto ya está explicado.

Así las cosas, a principios de los años 90 del siglo pasado en España los pactos de Estado que garantizaron una transición pacífica ya tenían a todos los partidos con posibilidades de gobernar —y los únicos que han gobernado de hecho— conchabados en un sistema amparado por la jefatura del Estado, con partidos fuertes pero mal financiados y con una omertá basada en el chiste del dentista. Cuando aparecía un escándalo vinculado a la financiación de los partidos, se decían unos a otros: “¿Verdad que no nos haremos daño? En esas condiciones, España —incluida Catalunya— vivieron dos épocas doradas de inversión pública —con sus correspondientes comisiones—: los fastos de 1992 y la burbuja inmobiliaria a partir del 2000. Se hicieron autovías, edificios públicos, autopistas, carreteras, escuelas, universidades, miles de kilómetros de Alta Velocidad, aeropuertos, puertos… Todos construidos por las mismas empresas que hicieron los pantanos de Franco y alguna reciente incorporación. Y todos sobrefinanciados por la Unión Europea y por los pelotazos inmobiliarios. La mejor manera de entenderlo es revisitar la serie de televisión Crematorio.

La crisis se llevó el agua del dinero fácil y apareció el lodo de la corrupción. Noos, Gürtel, ERE, Palau, Pretoria, Mercuri, Pujol… Siempre la misma historia: manejos en el BOE (concursos, recalificaciones, concesiones, reglamentos, homologaciones) pagados a través de empresas fantasmas dirigidas por los menos escrupulosos que se llevan un porcentaje de la mordida y con el resto pagan los festejos electorales. La primera reacción para surfear esta nueva contrariedad fue generar en el mapa político alternativas a los partidos de la transición pero low cost, gracias a las redes sociales: así Unión Progreso y Democracia (fundada por una exdirigente socialista) y Ciutadans (fundado por el hijo de un expresidente de la Caixa y primo del penúltimo presidente de Catalunya Banc) se dedicaron durante la crisis a expandir la idea que la corrupción era cosa de los políticos mientras que los empresarios eran como las esposas de Urdangarín y Torres: firmaban pero no sabían nada. En su discurso entretienen al personal con los excesos en las dietas —que existen—, con los excesos en los cuadros de los exministros —que existen—, con los excesos en los coches oficiales —que existen—, con los excesos de cargos de confianza —que existen—, pero los picos de oro de la antipolítica nunca hablan de los excesos de obra pública, de gasto farmacéutico o de los seguros de vida de las concesionarias de las autopistas. Esa labor ha quedado para Podemos, y en menor medida IU y Esquerra.

Finalmente, la bomba ha estallado por el lado de Pujol. Su apoyo al desafío independentista le ha expulsado del pacto de Estado —ya no sirve como muro de contención de ERC ni asegura la unidad de mercado— y una vez proscrito todos se han acordado de los pagos que hicieron a su entorno, antes roja que rota. La memoria es selectiva. Pero todo no empezó en el 2012, sino en 1976.

[A. Sáez es Director adjunto de El Periódico. Fuente: El Periódico]

18/8/2014

Agustín Moreno

Antisistema a mucha honra

El epíteto de antisistema se utiliza últimamente mucho como arma arrojadiza. El tema no es nuevo y es un invento de las doctrinas policiales que lo vienen usando desde hace más de una década. Al principio no tuvo mucha fortuna y se tiraba más de agitadores profesionales, extremistas, anarquistas y otros adjetivos con intención descalificadora. Empezaron aplicándoselo a los activistas antiglobalización o altermundistas que se manifestaban en Seattle, en Génova y en medio mundo. Aquí en España, la derecha lo utilizó contra IU y Julio Anguita. Ahora vemos que disparan contra Podemos y sus dirigentes. Llaman antisistema a toda forma de resistencia social, porque se trata de criminalizar la disidencia, la protesta pacífica y hasta el legítimo derecho a intentar mejorar las cosas.

Si nos atenemos a la literalidad del término, antisistema es la persona o grupo disconforme con el (des)orden establecido y que trata de cambiarlo por medio de reivindicaciones y acciones. Analizaremos primero de qué sistema hablamos. Lo hacemos del sistema capitalista que es el que condena a 600 millones de personas a pasar hambre en el mundo. Es el que crea un abismo de desigualdad entre el 1% de la población rica y el otro 99%, hasta el punto de que tan solo 83 ricos tiene la misma riqueza que 3.500 millones de personas. Es aquel capaz de recortar los salarios y los derechos laborales de los trabajadores para mantener su tasa de ganancia. Incluso, en determinadas situaciones, no duda en limitar o suprimir las libertades democráticas para defender los privilegios y el poder de las oligarquías. Y suele mantener, como parte del paisaje, unos niveles de corrupción y de impunidad de la misma escandalosos.

Se puede seguir abundando mucho más, pero no hace falta, para concluir que es un sistema profundamente injusto con las personas y depredador con el planeta. En fin, que sin necesidad de recurrir ni a Marx ni a Piketty, este sistema es malo, incluso rematadamente malo, que no asegura para todo el mundo ni pan, ni trabajo, ni techo. Así las cosas, “no es tan malo ser antisistema”, como decían Paco Fernández Buey y Jordi Mir, ni debería de ser peyorativo el término.

Por otro lado veamos algunos ejemplos de quienes han sido antisistema. Si hacemos un poco de historia, uno de los más relevantes fue Jesús de Nazaret; creo que sobran las explicaciones. Otros que entrarían en esa consideración serían Tomas Moro, Bartolomé de las Casas, Thomas Müntzer, los liberales que lucharon contra las monarquías absolutas, los revolucionarios franceses y tantos otros. Lo sería Rosa Parks, la mujer negra que sentándose en el prohibido asiento de un autobús se levantó contra el racismo en Estados Unidos. Podríamos hablar de alguien más próximo en el tiempo y muy agasajado con motivo de su muerte, me refiero a Nelson Mandela ¡qué no dijeron los defensores del apartheid de él! Y entre nosotros del indomable Marcelino Camacho, una de las pocas figuras íntegras de la transición.

Pero ¿qué tienen en común unos y otros? Veamos. Antisistema es el que distingue lo legal de lo justo, que muchas veces no coinciden, porque si hubieran sido sinónimos ya se hubiera acabado con la esclavitud, con la explotación laboral, con la pena de muerte o con la desigualdad de la mujer, por ejemplo. Los antisistema son gente con convicciones morales, que defienden una sociedad más justa, más igualitaria, más libre y habitable. Una utopía basada en la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Aquí y ahora en España, las mareas, la PAH, las ONG de ayuda a los inmigrantes, son algunos ejemplos más, que hay que agradecer y proteger.

Los antisistema suelen estar con los perdedores. Pero, como los hechos demuestran, muchas veces aquellos que aparecían como perdedores en un tiempo determinado, resultaba que fueron los que empujaron la rueda de la historia. La mayoría de los derechos conquistados eran considerados utópicos por el poder del momento, desde la libertad a los derechos humanos, los derechos de los pueblos y un largo etcétera.

Si los antisistema son los que defienden otro mundo posible, entonces son los que van a la raíz de las cosas y por eso piensan radicalmente. Son los que defienden la utopía de una globalización alternativa, los que pretenden unir la ética con la política y fomentar la participación de la ciudadanía en los asuntos de todos.

Los que defienden el sistema “como el mejor de los mundos posibles” porque contiene sus privilegios pueden aceptar a los utópicos. La única condición es que no se empeñen en llevar a la práctica sus ideas. Si lo hacen, pasan a llamarles antisistema, es decir, utópicos peligrosos no reconciliados con la realidad existente. Y los poderosos pasan de darles palmaditas condescendientes en la espalda a su demonización. Los que privatizan la sanidad y cierran escuelas no son antisistema. Los que expolian lo público, los que defienden este sistema depredador, los que se aprovechan de él, los que niegan su democratización, son los que representan la expresión más fiel y descarnada del capitalismo neoliberal globalizado.

Son antisistema los utópicos, los revolucionarios, los anticapitalistas. Aquellos que luchan por la liberación de las naciones frente al imperialismo, por la democracia en la política y en la economía, en la sociedad y en la cultura, en la toma de decisiones. Si son la resistencia social ante la barbarie, es lógico que los que aspiran a una sociedad mejor para todos y a la construcción de un mundo a la medida del ser humano digan: ¿antisistema?, a mucha honra.

[Fuente: Cuarto Poder]

20/8/2014

Rafael Poch

Guerra fría: entre la nostalgia y el futuro

El Imperio del Caos en busca del Nobel de la estupidez, o cómo la aventura occidental en Ucrania contribuye a una nueva bipolaridad. Este bien podría ser el título para un análisis de las relaciones internacionales tras unos acontecimientos que vienen a resucitar ecos de aquella guerra fría que mantuvo en vilo al mundo surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Próximos al 25.º aniversario de la caída del muro de Berlín, se suceden los análisis –y ficciones– sobre aquella época; relatos que pueden servir también para comprender mejor el mundo actual

En 1987 llegué a Moscú procedente de Berlín con una idea muy alemana según la cual las responsabilidades de la guerra fría se repartían por igual entre ambos contendientes, el Este y el Oeste. El contacto con una URSS agotada por el esfuerzo que suponía mantener el pulso bipolar y la constatación de que el comunismo no sólo era reformable sino que se autodesmantelaba, con aquel Gorbachov que ofrecía desarme radical y predicaba una nueva civilización, me hizo cambiar el acento.

En la guerra fría ni las bombas A y H, ni el bombardero o submarino estratégico (es decir, capaz de portarlas y lanzarlas a miles de kilómetros), ni el misil intercontinental, ni la multiplicidad de cabezas nucleares en un misil, ni la doctrina del primer golpe, ni la militarización del espacio, ni tantas otras cosas, fueron iniciativa de la URSS. Moscú siempre llegó a todas esas locuras como respuesta a la tecnología de su adversario. La experiencia china confirmó el diagnóstico: por más que comprenda el desagrado y la antipatía que los regímenes de países como Rusia o China puedan provocar en el público, ya tengo muy pocas dudas acerca de que la política exterior de esos dos países es mucho menos agresiva y mucho más cooperativa y razonable que la del Imperio del Caos (Samir Amin), es decir, la tríada formada por Estados Unidos, las potencias europeas y Japón.

Es verdad que China depende cada vez más de materias primas y recursos lejanos, pero el hecho es que, hoy por hoy, su ejército no es adecuado para aventuras exteriores ni está orientado para ello. China tiene casi el mismo arsenal nuclear que tenía en los años ochenta (equivalente al del Reino Unido y sin gran preocupación por su modernización) y es el único país que mantiene en su doctrina una promesa de no usar nunca esas armas si no es atacada. A quienes miran el mundo desde el maniqueísmo democracia/dictadura, recordarles que el ejército chino está claramente subordinado a la esfera política, cosa mucho más discutible si hablamos del complejo militar-industrial y de lo que el Pentágono representa en el sistema de EE.UU.

El programa del caos
Hace años que Immanuel Wallerstein aventuró que el mundo que sucedería al bipolar sería aún más caótico. Ucrania sugiere que entramos de lleno en la fase multipolar de los imperios combatientes, fase superior de la estupidez humana en el siglo XXI. En Occidente, el Imperio del Caos (ahí están sus obras a la vista; Iraq, Afganistán, Libia y Siria), continúa dispuesto a seguir afirmándose militarmente. En Europa, la Unión Europea se confirma como su fiel compañero y pese a la crisis que merma sus presupuestos militares, busca ampliar su presencia en África y Europa Oriental, mientras Alemania sale del armario reivindicando abiertamente el control militar de recursos globales y una política exterior más activa que aún no ha decidido la intensidad de sus relaciones con Rusia y Estados Unidos, que Washington plantea como incompatibles.

El único programa que este Imperio del Caos ofrece a los imperios emergentes de Oriente, los BRICS, Rusia y China, es la "completa sumisión", explica Samir Amin, pero ni Rusia ni China aceptan ese programa.

En Ucrania Rusia ha dicho basta. Estaba dispuesta a convivir con una Ucrania neutral, pero no con un protectorado occidental enfocado contra ella, algo que rompe a ese país por la mitad y le empuja al conflicto interno. Vía la anunciada privatización del sector energético ucraniano, los grifos de las venas por las que fluye el grueso de la exportación energética rusa quedarán en manos de Estados Unidos (empresas como Chevron están en ello), y la inequívoca perspectiva de ingreso en la OTAN convierte el cerco militar en tierra ancestral rusa en un agravio insoportable.

Líneas rojas
La rebelión de Rusia supone un vuelco en la conducta de ese país durante más de veinte años, siempre cediendo tras la violación de líneas rojas permanentemente marcadas por Moscú y traspasadas sin ceremonias por Euroatlántida. Ese vuelco es visto como un desafío intolerable que hay que castigar ejemplarmente, pero para Moscú no tiene vuelta atrás, sin arriesgarse a un desmoronamiento del régimen de Putin. "Lo importante no es Ucrania en sí, sino el desafío que el vuelco supone", dice Fedor Lukianov.

La revisión de los resultados de la guerra fría es inadmisible en Occidente. Aquel resultado que Gorbachov imaginó como un acuerdo entre caballeros con miras a construir una seguridad continental integrada en Europa (Carta de París, noviembre de 1990), fue convertido por Euroatlántida en una fullera y arrolladora ofensiva sobre el terreno liberado por uno de los dos gángsters en beneficio del otro. Los dirigentes rusos estaban entonces demasiado entretenidos en llenarse los bolsillos con la privatización y saqueo del patrimonio soviético. Una mezcla de ingenuidad, desbarajuste, choriceo y espíritu matón. Occidente considera ahora inadmisible revisar aquel excepcional conglomerado y quiere escarmentar a Rusia. Pero ¿cómo hacerlo sin empujarla en brazos de China?

Lo de Ucrania apenas está empezando y China ya asoma como ganadora. Su presidente Xi Jinping se paseó en invierno por Europa, inspeccionando el panorama del subimperio occidental; Holanda, Francia, Berlín, Bruselas, un rosario de viejas capitales coloniales unidas, en una orquesta cada vez más desafinada, alrededor del propósito de contrarrestar a los viejos y nuevos imperios emergentes.

Los intentos de que China condene a Rusia por Crimea han sido vanos. Pekín se ha abstenido en la poco entusiasta condena de Rusia en la ONU y ha expresado cierta prudente comprensión hacia la actitud de Moscú. "China no tiene intereses privados en la cuestión de Ucrania", dijo Xi en Berlín. La crisis de ese país "deriva de una historia muy compleja y de realidades actuales", matizó. Hay similitudes.

Si la Rusia de Putin no es la de Yeltsin y Gorbachov, tampoco la actual China de Xi Jinping es la de Deng Xiaoping. La doctrina china, explicó Xi en un acto celebrado en marzo en la Körber Stiftung de Berlín, sigue siendo el rechazo a convertirse en potencia hegemónica. China no quiere tratar a los demás de la forma en que ella misma fue tratada por las potencias occidentales y Japón hasta Mao. Pero Pekín -y esa es la novedad- también está marcando líneas rojas en el Mar de la China y advierte contra el cerco del que ella misma es objeto, mientras el Imperio del Caos pregona el traslado del grueso de sus armadas hacia Oriente. "No queremos ser hegemónicos, pero tampoco nos dejaremos colonizar ni arrollar por otras potencias como ocurrió en el pasado", respondió Xi a una pregunta sobre su incrementado presupuesto militar.

Como a Rusia, Estados Unidos acecha a China en sus propias barbas. El regreso al conflicto y la tensión en Europa no le viene mal a Pekín. Resta energía al escenario asiático. Aunque Europa no puede pasarse sin el gas ruso, la mera insinuación de represalias contra Moscú en el frente energético, empuja a Rusia hacia China.

Mirar a Oriente
Las relaciones de Moscú y Pekín son de enorme desconfianza, pero las comunes presiones y agravios euroatlánticos sobre ambos países ya han desembocado en un importante acuerdo sobre el precio y las infraestructuras del gas que China necesita. Hace tiempo que Moscú, crecientemente desengañado de Europa y embarcado en un planteamiento ideológiconeocon-eslavo-ortodoxo (en la Duma rusa hay tantos ultraderechistas como en la Rada de Ucrania), mira más hacia Oriente, pero eso no impide que el Kremlin tenga un enorme interés en alcanzar un entendimiento con Alemania. En Asia, la mirada de Moscú va más allá de China e incluye a adversarios de Pekín en la región, en primer lugar Japón y Corea del Sur, socios y aliados militares de Washington. Moscú tienta con ofertas y proyectos energéticos a Tokio y Seúl, pero Washington presiona para que eso no prospere. El problema es que al disuadir a Japón y Corea del Sur de cualquier negocio energético con Moscú mientras azuza el patio ucraniano, EE.UU. aún estrecha más la alianza entre Rusia y China: convierte lo que podía ser una difusa deriva rusa hacia Oriente, estratégicamente diversificada, en una unilateral y concreta deriva hacia China, es decir algo que consolida un bloque.

El cálculo de Pekín es el 2020: el pulso con Estados Unidos ya será para entonces militar. Seguramente en Pekín se considera que el Imperio del Caos no les dejará en paz sin mediar una crisis militar. El recurso militar de China -el potencial en el que está invirtiendo su defensa- es cegar a la armada del Imperio del Caos atacando todo el sistema espacial de satélites sin los cuales el principal ejército del mundo ya no puede vencer en una de esas guerras de ordenador con centenares de miles de víctimas en el adversario y cero víctimas en el propio campo a las que está acostumbrado. Para cuando eso llegue, el suministro energético, que hoy le llega a China por vulnerables vías marítimas controladas por el adversario, estará garantizado continentalmente vía Rusia. Pero tampoco Pekín quiere un bloque con Moscú. El sueño de los dirigentes chinos es un acuerdo de convivencia con Estados Unidos en Asia Oriental que conjure al mismo tiempo las tentaciones de Japón y Corea del Sur por hacerse con el arma nuclear.

A la Unión Europea y a Alemania todo esto le viene grande. Bruselas anuncia una estrategia para "disminuir su dependencia energética de Rusia". Con ello contribuirá a lo mismo: a crear una especie de nuevo mundo bipolar, Euroatlántida contra Eurasia. Ese no es el escenario de Rusia, ni de China, ni de los BRICS en general, pero, por lo visto, es el único programa que maneja el Imperio del Caos.

Sería mucho mejor que se abriera paso un orden internacional basado en el consenso multipolar -arbitrado por una ONU reformada y más representativa de la correlación de fuerzas global- enfocado a la resolución de los retos del siglo (calentamiento global, recursos, superpoblación, desigualdad...), pero por desgracia la humanidad persevera en su prehistoria y la estupidez de la formación de nuevos bloques enfrentados es lo que se está abriendo paso. Teniendo en cuenta los retos del siglo, un verdadero premio Nobel a la estupidez.

[Fuente: La Vanguardia, 16 de Julio 2014]

30/8/2014

Andreu Espasa

¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la Unión Europea con ilusión?

Hace un par de años, un amigo estadounidense que estaba trabajando de profesor universitario en Madrid me contó una interesante conversación con sus estudiantes. «Les pregunté si entendían que sus vidas se veían profundamente afectadas por miembros de una comisión en Bélgica que nadie había votado. Y me contestaron que no, que no lo habían pensado de esa manera.» El profesor no era ningún radical. Cuando hablábamos de política estadounidense, tendía a mostrarse satisfecho con la Administración Obama como un mal menor respecto al sadismo extremista del Partido Republicano. En cambio, los resultados económicos y políticos del proyecto europeísta le inquietaban, especialmente la degradación de las democracias europeas como consecuencia de la progresiva pérdida de soberanía. También le desconcertaba la aparente inconsciencia con la que la gente de su alrededor vivía todo este proceso: «¿Por qué centran su ira exclusivamente en contra de los políticos y los banqueros españoles y nunca protestan contra la Unión Europea?».

La respuesta no era fácil. Para empezar, la generalización resultaba un poco injusta. Desde principios de los noventa, Izquierda Unida, la tercera fuerza política estatal, había mantenido una posición muy crítica con la deriva neoliberal de la UE. También le tuve que recordar que España es el país de la Unión Europea donde el entusiasmo por el proyecto europeísta había ido cayendo de forma más notable. En 2004, un 63% de los encuestados tenían una imagen positiva de la Unión Europea. Ocho años más tarde, sólo un 22% mantenían esta opinión. Probablemente, uno de los factores que explica el éxito del nuevo partido de izquierdas, Podemos, es justamente su habilidad para conectar políticamente con el euroescepticismo popular. En la última noche electoral, Pablo Iglesias usó un lenguaje insólito para este tipo de ocasiones: «No queremos ser una colonia de Alemania.»

El hecho de darle la razón y de enmarcarla en un contexto vagamente justificador no convenció a mi amigo. Lo que decía le sonaba a excusas. Por mi parte, habría sido más útil y honesto intentar alimentar su curiosidad contándole algunas de las ilusiones y las esperanzas que el proyecto europeísta había sido capaz de generar, incluso entre militantes de izquierdas contrarios al Tratado de Maastricht (1992) y al fallido proyecto de Constitución Europea (2004). Habría podido seguir su ejemplo y recurrir al uso de la anécdota. Al fin y al cabo, para saber qué se piensa realmente sobre Europa, es francamente difícil encontrar algo de interés en los calculados discursos electorales de la mayoría de líderes políticos.

He aquí algunos ejemplos anecdóticos. En el otoño de 2010, un respetable militante del antifranquismo me soltó: «Yo lo que quiero es que los alemanes nos traguen. Que nos anexionen. Es muy sencillo. Sólo hace falta que hagan lo mismo que con la Alemania del Este». Esta era la conclusión, brutalmente sincera, a la que él había llegado tras constatar que la unión monetaria sólo funcionaría con una auténtica unión política. Para rematar, añadió: «En este tema, en el fondo, no hay debate. No puede haberlo. Es políticamente inviable —es suicida, de hecho— reclamar, desde la izquierda, que se empiecen a dar pasos atrás en el actual proceso de integración europea. Nos acusarían de freaks. Nos lincharían. Olvídate».

Unos años antes, en la primavera de 2003, en una clase de doctorado de Historia Contemporánea, escuché a un estudiante —aplicado y muy progresista— aventurar una hipótesis comparativa sobre la historia económica reciente de México y España: «Actualmente somos mucho más ricos que México. Hace sólo treinta años no era así. Esto es gracias a la Unión Europea. Nosotros tenemos la suerte de tener un vecino fuerte, Alemania, visiblemente acomplejado por su pasado militarista y nazi y que ahora, para compensar, tiene un impulso expansionista moderado, persuasivo... incluso benévolo.» Otro compañero le interrumpió y le preguntó si se daba cuenta de que, según su argumentación, Alemania habría renunciado a seguir sus propios intereses nacionales. «No, no, claro que no», le contestó, «los alemanes se enriquecen más que nosotros, es cierto, pero su modelo de crecimiento no va en contra del nuestro. No practican un modelo mercantilista puro y duro con la intención de empobrecer al vecino. Fíjate en los fondos de cohesión regional. Y mira cómo comparten generosamente su moneda con un país como el nuestro, que hasta hace bien poco les estábamos exportando trabajadores inmigrantes. Además, hablando de inmigración, hay que tener en cuenta que ahora hemos pasado a funcionar como un Estado fronterizo con el Tercer Mundo. Y hay que reconocer que nos pagan bien el trabajo sucio. México, en cambio, tiene que sufrir a los Estados Unidos… un vecino poderoso, insolidario y muy ideológico, con un elevado sentimiento de superioridad moral, convencido de que no debe nada a nadie».

Un último ejemplo me lo dio un compañero de los años de instituto, que durante un cierto tiempo orbitó alrededor de un grupúsculo político de raíz trotskista. Era a finales de los noventa. La peseta tenía los días contados y la popularidad de las instituciones europeas pasaba por uno de sus mejores momentos. Entre los que lamentaban los efectos geopolíticos de la caída de la Unión Soviética, no faltaba quien depositara sus esperanzas en un posible relevo europeo: «Bueno, al menos me tendrás que conceder que la Unión Europea puede representar un contrapoder a la hegemonía estadounidense. Sólo por eso, ya vale la pena celebrar su existencia y confiar en que, con el tiempo, acabará haciendo frente a los excesos imperialistas de Estados Unidos en Oriente Medio y en América Latina».

Los tres comentarios provenían de compañeros muy capaces. Hoy en día pueden parecer ideas algo extravagantes. En aquel momento podían pasar por opiniones respetables o, como mínimo, por racionalizaciones hechas con buena fe. Tampoco sería justo pensar que el europeísmo de izquierdas se haya basado sólo en ilusiones sin fundamento. En determinadas ocasiones, la izquierda y los movimientos sociales han querido ver a Europa como un terreno útil para torcer la voluntad de los ocupantes de La Moncloa. Esta estrategia ha funcionado parcialmente, sobre todo en algunos conflictos medioambientales. Las directivas europeas contra el uso del mercurio —a pesar de ser menos restrictivas de lo que recomienda la OMS y la FAO y a pesar, también, de los reiterados incumplimientos de los gobiernos españoles— son un buen ejemplo de ello.

Ahora bien, haciendo balance, es evidente que la perspectiva que da el paso del tiempo ha ido destruyendo la mayoría de ilusiones europeístas entre la gente de izquierdas. La gestión de la crisis española a nivel europeo —rescate bancario, imposición de políticas procíclicas de austeridad fiscal, contrarreformas laborales, “inhibición” del BCE ante la crisis de la deuda, etc.— ha acabado definitivamente con la imagen de una dominación benévola desde Berlín. Los sueños de una unificación política europea inspirada en el modelo de reunificación alemana parecen cada vez menos probables. Tampoco está claro que, desde una óptica progresista, se trate de una opción política deseable. Para los trabajadores de la antigua República Democrática Alemana, el proceso de unión monetaria y política con Alemania occidental no fue precisamente un gran ejemplo de fraternidad desinteresada. Por otra parte, la idea de que el proyecto europeísta pueda representar un desafío geopolítico a la actual posición hegemónica de los Estados Unidos no se corresponde con los hechos. Sólo hay que ver el papel de la Unión Europea en Ucrania y en Gaza. O las negociaciones para un tratado de libre comercio entre Washington y Bruselas. No es casualidad que el mapa de la UE y de la OTAN en Europa sea prácticamente idéntico. Tampoco lo es que la Asamblea Parlamentaria de la OTAN tenga su sede en Bruselas y que, en su composición, haya una cuota reservada para miembros del Parlamento Europeo.

Los resultados de las últimas elecciones europeas han dibujado un escenario que permite pensar en un amplio frente democrático y de izquierdas como alternativa de gobierno en Madrid. Incluso hay quien dice que las próximas elecciones municipales se podrían acabar interpretando como un inesperado plebiscito sobre el actual régimen político. Por el contrario, no parece muy probable que se acabe articulando una hipotética mayoría progresista e influyente en el Parlamento Europeo o que la inminente victoria de Syriza en Grecia sea capaz de forzar un giro en las decisiones del Consejo Europeo. Este contexto obliga a replantearse algunos de los principios dominantes en el europeísmo crítico de izquierdas. ¿La Unión Europea sigue siendo un campo de batalla útil para el cambio social? ¿Es posible reformar las instituciones europeas desde dentro? ¿En cuánto tiempo? La discusión no debería estar basada en clichés periodísticos sobre “eurofans” y “eurófobos”. Más bien se trataría de intentar alcanzar un nuevo consenso de izquierdas sobre la UE que estuviera menos condicionado por las ilusiones del pasado y más fundamentado en un análisis realista del presente. Mientras no exista un auténtico sentimiento de solidaridad nacional a escala europea, no tiene sentido proponer, siempre y en cualquier circunstancia, “Más Europa”, así, en abstracto, como solución a todos los problemas de la UE. Mientras la práctica totalidad de los gobiernos europeos —así como los principales partidos de la oposición— se mantengan fieles a la ortodoxia neoliberal, tampoco se puede continuar cultivando un optimismo ingenuo sobre la posibilidad de instaurar una “Europa Social y de los Trabajadores”. Lo que ahora necesitamos es un programa político sobre Europa que se entienda y que sea, al mismo tiempo, ambicioso y de mínimos, selectivo y concreto, lejos de consignas vacías y pretenciosas. Un programa, en definitiva, que pueda ser útil para volver a situar el vínculo entre democracia, derechos sociales y soberanía popular en el centro de un proyecto emancipador y realista.

[Fuente: Rebelión]

27/8/2014

Juan Francisco Martín Seco

La levedad de la recuperación

Como se acercan tiempos de elecciones anda el Gobierno empeñado en vender la recuperación de la economía y para ello nos ofrece un dato incontestable: que el PIB ha dejado por el momento la senda negativa y se adentra en tasas de crecimiento moderadamente aceptables. Pero en Economía no todo se reduce al PIB —variable convencional y relativa hasta el punto de que ahora, tras la última modificación, pueda incrementarse por el simple avance de la prostitución y la droga— y mucho menos a que esta variable presente durante algunos trimestres tasas positivas.

Desde luego, es evidente que los millones de ciudadanos que a lo largo de estos años se han incorporado al ejército de parados no se han reintegrado a sus puestos de trabajo, ni los funcionarios han recuperado el poder adquisitivo perdido, ni los jubilados su derecho a que sus pensiones evolucionen al menos al mismo ritmo que lo hace la inflación; ni los salarios, ni la sanidad, ni la educación, ni el gasto en dependencia, etc., han recobrado los niveles que tenían con anterioridad a los recortes. Todo hace pensar que muchas de esas cosas se han ido para no volver y que tendrá que pasar una temporada muy larga para que otras retornen a las cotas anteriores a la crisis.

Pero, es más, desde una perspectiva puramente macroeconómica son muchas las incertidumbres que se ciernen sobre la economía española como para afirmar que hemos salido de la crisis o que ha llegado la recuperación. Incluso cabría afirmar que los desequilibrios y las amenazas continúan intactos, de modo que en cualquier momento pueden invertir de nuevo la tendencia.

Pervive sin duda nuestro gran pecado que es el de habernos endeudado en una moneda que, si bien en teoría era la nuestra, el euro, no controlamos, lo que origina la mayor de las incertidumbres, al encontrarnos al albur de los mercados internacionales y a expensas de que el Banco Central Europeo quiera auxiliarnos. El stock de endeudamiento exterior que desencadenó la tormenta y nos hundió en el abismo se mantiene a los mismos niveles, aproximadamente el 100% del PIB. Tan solo ha cambiado la composición, disminuyendo la deuda privada a costa de incrementar sustancialmente la pública, lo que nos hace más vulnerables si cabe a las presiones y caprichos de los flujos financieros internacionales.

Pero también subsiste la causa del endeudamiento exterior, la debilidad de nuestra balanza de pagos. Durante todo este tiempo en el que la actividad económica se encontraba en coma, el Gobierno, empeñado en presentar la mejor imagen posible de la realidad, colocaba en primer plano el comportamiento del sector exterior, el cual ciertamente se había modificado de manera sustancial, ya que de un déficit de la balanza por cuenta corriente insoportable del 10% del PIB habíamos pasado al equilibrio y en los últimos meses a un saldo positivo.

Algunos, aun a riesgo de ser tildados de agoreros, señalamos hace tiempo que esta evolución positiva tenía mucho de espejismo ya que se debía en buena medida precisamente a las dificultades por las que pasaba la actividad económica, la baja demanda reducía la importaciones y la dificultad de vender en los mercados nacionales forzaba a los empresarios a la exportación; pero que bastaba que se invirtiese el ciclo económico para que la balanza de pagos cambiase también de signo, convirtiéndose, como ha venido siendo habitual, en el factor estrangulador del crecimiento.

Hace unos días la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) ha advertido en el último número de Cuadernos de Información Económica de que la caída de las exportaciones y el aumento de las importaciones, y su consiguiente impacto en el déficit por cuenta corriente, pueden poner en peligro la recuperación económica, dado que volvería a aparecer la tendencia creciente de la deuda. Era algo que cabía esperar.

A pesar de los enormes sacrificios padecidos por la sociedad española, poco o nada se ha ganado en competitividad exterior. En el ámbito de la Eurozona —puesto que esa misma política austericida se ha querido aplicar a todos los países—, todos quieren robar un trozo de pastel al vecino, con lo que al final apenas se producen cambios en la posición relativa del comercio exterior. Ahora bien, lo que sí se deprime en su conjunto es la economía de la zona euro y cambia la distribución de la renta (en contra de los salarios) en los distintos Estados.

Fuera de la Eurozona tampoco se gana competitividad porque la continua apreciación del euro frente a las otras monedas ha compensado con creces todos los esfuerzos deflacionistas. Ciertamente, la política del Banco Central Europeo, siempre fiel a los intereses de las fuerzas más conservadoras de Alemania, no ha ayudado, pero a medida que su política va siendo más agresiva y heterodoxa se va confirmando también la sospecha de que, a pesar de todos los cañones de que dispone, le va a resultar difícil lograr la depreciación del euro, mientras Alemania se empecine en mantener un superávit por cuenta corriente del 6 o del 7%.

[Fuente: República.com, julio de 2014]

25/8/2014

Daniel Ripa e Iván G. Fernández

Entrevista a Gerardo Iglesias

Gerardo Iglesias (La Cerezal, Mieres, 1945) se afilió a los 15 años al PCE, al entrar a trabajar en la mina del Pozo Fondón en la cuenca del Nalón. Sindicalista en el antifranquismo, fue detenido por primera vez en la huelgona minera de 1962. Encarcelado y torturado en reiteradas ocasiones, llegaría a coordinar CCOO y el PC en Asturies, desde donde saltaría a la secretaría general del PCE de la mano de Santiago Carrillo. Al poco se enfrentó a éste y emprendió un intento de renovación, que culminó con la fundación de Izquierda Unida en 1986, de la que fue su ideólogo y primer coordinador general. Diputado en el Congreso, renunció a sus cargos en 1988 y volvió a Asturies. Le ofrecieron encabezar la candidatura autonómica, pero exigió que programa y candidatura se decidieran en asambleas abiertas a la ciudadanía. No funcionó y la Izquierda Unida asturiana, encabezada por el entonces ortodoxo Gaspar Llamazares, le mandó a paseo. Los suyos, nunca le perdonaron que quisiera disolver el PCE en IU: "me excomulgaron", recuerda. Actualmente su salud es delicada tras un accidente laboral que sufrió en la mina, a la que volvió en 1990 tras abandonar la política, aunque sigue conservando esa magnífica oratoria de cuando estaba en la primera línea del partido.

* * *

Usted ha afirmado que la publicación de su libro Por qué estorba la memoria y la irrupción de Podemos le hicieron romper un silencio de 20 años. Y es que su caso fue ejemplar, dejó la política y volvió a la mina. ¿Echa de menos que más políticos hubieran seguido su camino?

No soy quien para decir a cada cual qué camino tomar, ni pretendo ofrecer como modelo el que yo tomé. Lo que echo de menos es que no existan mecanismos para expulsar de la vida política a los ladrones, a los que incumplen sus promesas descaradamente, a los que influyen y se dejan influir a conveniencia, y para que paguen sus fechorías penalmente. Echo de menos normas exigentes que obliguen a la rotación de cargos en las instituciones del Estado, en partidos, sindicatos y en todos los puestos de representación social.

Hoy vemos cómo crecen los aforamientos de facto y la impunidad. Parece que nadie paga por sus actos.

Sí que paga alguien: los ciudadanos que cometen pequeños delitos y no tienen un amigo en el poder. Donde nadie paga es entre los de cuello blanco y si en algún caso los jueces obran en justicia, el diligente Gallardón tira de indulto rápidamente. En el caso Nóos, el fiscal no sólo recurre contra el juez que instruye el caso, sino que quiere sentar a éste en el banquillo, para que no cunda el ejemplo...

¿Por qué hubo tanta prisa en aforar al padre del rey? ¿Qué temían?

¡Es tan sumamente descarado! Yo viví en Madrid casi diez años y todo el mundo hablaba -eso sí, en voz baja- del petróleo, sus amigos árabes y unas cuantas cosas más; incluso del 23-F. Evidentemente había un pacto tácito para no tocar al rey. Pero llegó un momento en que las cosas se les fueron tanto de las manos -no sólo a la Casa Real, sino al propio sistema- que se resquebrajó todo y empezaron a aparecer cosas. ¿Y por qué se blinda al rey? Algo tendrá que esconder. Algo que, además, puede afectar al poder. ¡Incluso han aforado a la niña que es Princesa de Asturias! No confían que la monarquía se sostenga con el apoyo popular.

¿Con la Transición heredamos la impunidad y las elites del franquismo?

El régimen de impunidad se asienta en la inmodélica Transición. Se transita de dictadura a democracia conservando el viejo edificio y la cultura franquistas, judicatura, policía, ejército y el tinglado financiero-empresarial montado a la sombra del caudillo. Todo permanece intacto. Al edificio franquista entran nuevos valores pero, como está cargado de mugre, lo nuevo se corrompe. Ya en la etapa de Felipe González la corrupción era institucionalizada. No hubo ruptura democrática y la Transición pactada se hizo a golpe de amenazas. ¡Y más que amenazas! Por otra parte, las contrarreformas del Gobierno del PP nos conducen a la frontera del franquismo y la democracia es cada vez más papel mojado. La Troika nos pone la soga al cuello y el Gobierno da más vueltas de tuerca.

Hay un intento de las élites de generar una segunda Transición. ¿Puede funcionar y que Felipe VI consolide la monarquía?

La aparición de Podemos es un puñetazo en el estómago del sistema bipartidista, del que es puntal la Casa Real. Con la caída libre de PP y PSOE, temen que cambie la correlación de fuerzas en el Parlamento. Además, tras la abdicación, el juez Castro confirmó la imputación de la hija del Rey. Pero la segunda Transición de la que hablan los gobernantes no tiene nada que ver con el cambio político que necesita este país. El sistema está podrido y no hay ninguna institución que no esté tocada: Familia Real, patronal, grandes partidos y ni siquiera los sindicatos, aunque CCOO sale mejor parada. Ya no sirven parches: necesitamos la apertura de un proceso constituyente.

En relación a la memoria histórica, sigue vigente el discurso de "no remover el pasado"...

Cuando escribí el libro ¿Por qué estorba la memoria?, me entrevisté con muchos familiares de víctimas y es impresionante. Te sientas con un familiar que ha vivido una tragedia tremenda y que va a contar su historia, y allí están sus hijos, que de repente dicen: "Pero papá, nosotros no sabíamos nada de esto". Han pasado 60 años y no nos damos cuenta de hasta qué punto sigue vigente el miedo. Hay que explicar lo que significó el fascismo, poco conocido por las nuevas generaciones.

Todo esto explica que España aún esté plagada de símbolos fascistas. Y que sea la justicia argentina y no la española la que tome cartas en el asunto, con la oposición de nuestro poder político que obstaculiza la instrucción. Es una vergüenza para España. La querella argentina tuvo que ser impulsada por asociaciones civiles, mientras los partidos no se mojaron. No podemos borrar nuestra historia y hay que escribir un relato compartido de lo que fue aquello.

El PCE aceptó la monarquía cuando usted estaba en su dirección. ¿Se equivocaron?

A mí me tocó votar a favor de la monarquía y de la bandera. Fue en una reunión del Comité Central del PCE, donde esa cuestión no estaba en el orden del día. Parece ser que Carrillo recibió una llamada de Suárez. Santiago llegó con una declaración ya preparada que nos leyó. Al parecer los militares iban a venir a sacarnos de allí, no se sabía si para fusilarnos o para qué. Entonces, todos en un silencio absoluto, votamos sí a la monarquía y a la bandera. Entre paréntesis, creo que aquello ya estaba pactado por Carrillo.

Hemos de aceptar que las fuerzas de la oposición al régimen no reunieron la capacidad para provocar la ruptura, porque ni si quiera estaban unidas. Primero se creó la Junta Democrática, donde no estaba ni el PSOE ni otras fuerzas importantes. Después se creó la Platajunta, donde estaban todos, pero con una perspectiva de negociación. En aquellas circunstancias -y con un enorme deseo de que cesara la represión, salieran los presos, volvieran los exiliados...- se aceptó.

Lo que es inaceptable es que 35 años después el Estado democrático no haya condenado el golpe del 18 de julio de 1936 ni la dictadura. En la llamada ley de la Memoria Histórica, se dice "nos sumamos a la condena del Consejo de Europa que condena la dictadura franquista", en plan vergonzante y a la defensiva. No se han anulado las sentencias de los Consejos de Guerra y los guerrilleros de la primera resistencia siguen apareciendo como bandoleros. Y desde el punto de vista humanitario, es sangrante que montes y cunetas estén llenos de cadáveres.

Es curiosa la evolución de Felipe González: asesor de Carlos Slim, consejero delegado de Gas Natural.

González es la expresión más clara de para quiénes gobierna el bipartidismo. Y de ahí se explican las puertas giratorias: salen del Gobierno y entran en Gas Natural y otras grandes empresas, que les pagan, según el propio Felipe, por no hacer nada, hasta el punto de aburrirse. Sí, sí. Es lo que dijo, que iba a dejar Gas Natural porque "es muy aburrido". Me parece tremendo que se burle de esa manera de los ciudadanos. Algo sí que hará, influir, que para eso está. La casta no guarda ni las formas. Y en el PSOE no veo síntomas de renovación, aun manda Felipe aunque parezca increíble [el propio Pedro Sánchez le ha considerado su referente]. Además, la defensa tan cerrada de la institución monárquica y ese do de pecho de Rubalcaba en sus últimos días... Aunque no es fervor monárquico; sino defensa del bipartidismo. Pero lo tienen complicado porque Podemos abre nuevas perspectivas para el cambio. Y les tiene preocupados. No es causal la campaña tan carroñera contra ellos y, particularmente, contra Pablo Iglesias.

Cayo Lara dice que "no es justo hablar de la casta" y que no creía en ella.

Es absolutamente cierto que existe la casta. Quien no se sienta parte del establishmentde los mercados no tiene por qué sentirse aludido. Es más explícito que clase política y así lo percibe la sociedad. ¿Cuántos ciudadanos ven a los diputados por su barrio? Es una clase especial separada del resto de la ciudadanía.

Hay mucha gente que dice que Podemos les recuerda al espíritu del 1982.

Las situaciones son muy distintas. En aquel momento quien dirige el proceso son los franquistas y los poderes fácticos: el búnker, los militares... Hoy la situación es diferente, aunque no faltan campañas de criminalización. A Pablo Iglesias le han relacionado con el chavismo y con ETA. Y yo echo en falta que IU no haya salido al paso con fuerza denunciando la campaña contra Podemos. Porque es importantísimo que Podemos se consolide. Esa fuerza no se crea en un despacho entre cuatro personas, sino que emerge del flujo social. Me recuerda cuando, al calor de la revolución industrial, irrumpió el movimiento obrero a la vida política, hasta entonces en manos de oligarquías. Y cambiaron la manera de hacer política. Estamos en un cambio de época.

Usted fundó IU aunque ya no milite en ella, ¿la IU que usted quiso construir en 1986 se corresponde con la actual?

No. Si leemos los documentos de aquel momento sobre la "política de convergencia", la voluntad era crear un "movimiento social y político", diferenciado de los partidos tradicionales en crisis. La vocación originaria de IU se acercaba bastante a lo que representa Podemos, aunque la inercia de lo tradicional tuvo mucha fuerza. Ahora valoran como algo positivo que acudieron a las elecciones europeas con 12 organizaciones, pero eso se puede construir entre 47 personas en 7 locales. Y eso es a lo que estuvo aferrada IU hasta ahora.

Por ejemplo, Gaspar Llamazares, que fue coordinador general de IU, formó su grupo dentro de IU, Izquierda Abierta, pero luego llegó a Asturias y lo eligieron a dedo como candidato al Congreso. ¡Menuda Izquierda Abierta! Por otra parte, he leído una valoración de la dirección de IU sobre las elecciones europeas en la que ven a Podemos como algo pasajero y se dan por satisfechos porque suben sustancialmente. ¡Pero es que si en medio de la marea de descontento no sucediera eso, estarían en vías de desaparición! Podemos pone de manifiesto su incapacidad para atraer a esa nueva izquierda emergente. Desearía infinitamente que IU fuera consciente de lo que está sucediendo en este país y soltara lastre para poder compartir con Podemos y otras fuerzas la configuración de una nueva alternativa. Porque IU nació para eso, aunque sus últimos movimientos son esperanzadores, si no quedan sólo en promocionar nuevos valores.

¿Se refiere a la llegada de Alberto Garzón a la portavocía de IU?

Siempre he visto a Garzón como una inyección de aire fresco. Aunque, siendo sincero, hubo momentos en que tuve la impresión de que la inercia de lo tradicional le estaba quitando espontaneidad. Falta saber si es portavoz de un pensamiento mayoritario en la renovación de IU o no.

Lara dice también que "hay una parte del discurso de Podemos que nosotros nunca vamos a hacer porque no forman parte de nuestro ADN" y critica el "no somos ni de izquierdas ni de derechas". ¿Lo comparte?

IU arrastra conceptos del pasado, heredados del PCE. Hace 100 años las fronteras ideológicas estaban muy delimitadas. Hoy la frontera se refleja más por el programa que por la identificación con una doctrina. El PSOE dice que es de izquierdas, pero no su política. Es también importante presentar una imagen de coherencia. Si se quiere acabar con el bipartidismo casa mal gobernar en Andalucía con un PSOE corrompido hasta las cejas y en Extremadura con el PP. ¿Syriza habría tenido este resultado si hubiera aceptado entrar en el Gobierno con los restos del Pasok y Nueva Democracia?

Al crear IU usted propuso disolver el PCE.

IU nació con una vocación a la que no supo responder más adelante. Además, le tomó gusto a las instituciones parlamentarias, alejándose de los movimientos sociales. La gente coge un apego al puesto tremendo, al coche oficial y las dietas. Sigo pensando como en el 86, un PCE organizado dentro de IU no ayuda a su renovación y acercamiento a las fuerzas emergentes. Los candidatos a elecciones y dirección no pueden ser elegidos en recinto cerrado, cuando no a dedo, por un aparato que mueve todas las teclas, mientras que la militancia es un cero a la izquierda. Pero no basta con que los afiliados participen en el gobierno del partido, sino que tiene que estar fiscalizado por la sociedad civil y han de intervenir otros sujetos sociales. Los partidos del futuro, o como se llamen, no pueden condicionar el pensamiento de los militantes. ¿Qué es eso de que en el Parlamento el líder del partido levanta el brazo y todos voten sin reflexionar? Hay pavor a poner en solfa a los aparatos.

A mí se me excomulgó por querer disolver el PCE, pero no soy ningún renegado. Si mañana se presentara una situación como la que se vivía cuando tenía 15 años y hubiera que plantar cara a la dictadura, volvería al PCE. Pero 40 años de anticomunismo feroz en nuestro país hacen que esas siglas estén lastradas para la sociedad en la que tenemos que apoyarnos para construir la nueva alternativa de izquierdas. El mayor honor que se puede rendir a los hombres y mujeres del PCE que dieron su vida por la libertad es contribuir a que cristalice una alternativa, sin aferrarse a siglas. Si se es de izquierdas, hay que contribuir desinteresadamente. Lo demás es retórica del pasado.

En un documento de IU dice ser "el eje del proyecto alternativo". ¿Contribuye esa atribución a la convergencia? No son momentos de competir. Tampoco es el momento de aferrarse al cargo, sino de abrir paso a gente joven que interprete mejor la situación actual. La juventud no pasaba de la política, sino de los partidos tradicionales. Lo tradicional puede ayudar, pero ni pilotar ni hegemonizar lo nuevo.

¿Es necesario un frente de izquierdas?

No veo un frente de izquierdas clásico entre IU y Podemos. Podemos es muy heterogéneo y no todos los que les apoyan se sienten encantados con IU. Sí veo que trabajen juntos en los movimientos sociales. Y que en ayuntamientos pequeños fueran hacia candidaturas unitarias, donde elijan los vecinos, a miembros de IU, de Podemos o de ninguno. ¿La izquierda no quiere gobernar para el pueblo? Que el pueblo decida la candidatura en base a un programa, pero no que dos siglas se reúnan en un despacho y se repartan puestos mientras el pueblo no se entera de nada.

Por otra parte, he visto una postura muy respetuosa de Podemos hacia IU, pero he visto actitudes de IU que no me parece que ayuden mucho. Si vamos a hacer una reunión, no me convoquen como un invitado periférico, sentémonos y convoquemos conjuntamente: así se hace convergencia, no competencia.

Vive en Oviedo, ¿las fuerzas rupturistas pueden ganar en Oviedo (Podemos, 14.6%; IU, 9%, en las europeas) y en Asturias (Podemos 13.7%, IU, 12.9%) donde gobiernan PP y PSOE, respectivamente, desde hace dos décadas?

En Oviedo, si se buscara una forma de entendimiento sin tutelaje de nadie, una forma democrática y participativa, la alcaldía podría cambiar de manos. El PSOE está de capa caída y el alcalde es de un partido, el PP, que está llevando al país a las fronteras del franquismo. En Asturias, además, está el fenómeno de Foro y Álvarez Cascos, a quienes les votó mucha gente, incluida gente de izquierdas que buscaba regeneración. Pero Foro está en descenso y Podemos puede entrar en ese territorio. Y el PSOE, aunque salva algo los muebles, está débil. Si Podemos e IU encuentran fórmulas inteligentes y abiertas de entendimiento, pueden dar la sorpresa.

Usted fue secretario general de CCOO en Asturias y miembro de su dirección estatal, ¿no cree necesaria una regeneración de los sindicatos?

Estoy sorprendido por la indiferencia de los sindicatos hacia lo que está pasando. CCOO nació como un sindicalismo socio-político nuevo, pero terminó siendo un sindicato clásico, con gran aparato y muchos liberados. Son parte de la crisis del sistema, como los partidos. Pero da la impresión de que no va con ellos la cosa. El PSOE no renueva nada, pero hace alusiones a la necesidad de cambios. Los sindicatos ni eso.

Tengo grabada una imagen lapidaria. Cientos de manifestantes en las calles de Madrid, demandando referéndum sobre república o monarquía y los dos secretarios generales reunidos en Moncloa con Rajoy. Algunos movimientos sociales, como la PAH, cubren el vacío que han dejado. Por otra parte, algún dirigente de izquierdas dijo sobre ellos que "las críticas hay que hacerlas a puerta cerrada". Pero es que no es democrático lavar los trapos sucios en casa y contribuye a la desafección social. Las malas prácticas hay que denunciarlas públicamente y llevar a la calle el debate.

[Fuente: diario Público]

4/8/2014

Àngel Ferrero

Dos, tres... muchos Tonkín

El 10 de agosto se cumplen 50 años de la entrada en vigor de la llamada “resolución del golfo de Tonkín”. Nadie se acuerda ya de aquel incidente, aunque todo el mundo conoce la guerra que desencadenó.

El 2 de agosto de 1964, el destructor de la Armada estadounidense USS Maddox informó de un enfrentamiento con tres embarcaciones norvietnamitas en el Golfo de Tonkín, frente a las costas de Vietnam, donde se encontraba realizando tareas de vigilancia. La guerrilla norvietnamita, con el apoyo de la URSS y China, trataba de liberar a Vietnam del imperialismo estadounidense, después de haber expulsado con éxito del país a los franceses. EE.UU., que apoyaba a Vietnam del Sur, temía que la victoria del Viet Cong produjese un efecto dominó en la región. Dos días después de aquel incidente, el Maddox comunicó que había sido atacado por torpedos norvietnamitas. Hanoi desmintió la información. En cuestión de horas, el Presidente de EE.UU., Lyndon B. Johnson, ordenó ataques aéreos contra bases norvietnamitas en represalia y compareció luego en televisión para recabar el apoyo del pueblo estadounidense. El 6 de agosto, el Secretario de Defensa Robert McNamara testificó públicamente para aportar pruebas del suceso. Al día siguiente, el Congreso estadounidense aprobaba una resolución que permitía al presidente Johnson emplear la fuerza militar sin necesidad de una declaración formal de guerra. Sólos dos congresistas, los demócratas Ernest Gruening (Alaska) y Wayne Morse (Oregón), votaron en contra de aquella resolución.“Creo que esta resolución es un error histórico”, declaró Morse. No se equivocaba: 58.220 soldados estadounidenses muertos, más de un millón —la cifra exacta se desconoce— de vietnamitas, laosianos y camboyanos fallecidos y un número aún mayor de heridos y mutilados de guerra, a los que aún hay que sumar las consecuencias del Agente Naranja en la salud de muchísimos vietnamitas y soldados estadounidenses y los daños medioambientales causados por el uso de defoliantes por parte del ejército estadounidense. En 2005 se desclasificó un informe de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) que revelaba que el ataque al Maddox del 4 de agosto nunca se produjo. La confirmación de lo que muchos sospechaban –a saber, que nunca hubo un casus belli que justificase legalmente aquella guerra– tardó cuarenta años en llegar.

El patrón le sonará al lector. Recordemos algunos casos. En 1990 una enfermera de Kuwait comparecía ante un comité del Congreso estadounidenses para denunciar, entre lágrimas, cómo el ejército iraquí había entrado en su hospital y sacado a los bebés de las incubadoras para arrojarlos al suelo y dejarlos morir allí. Seis congresistas declararon que su testimonio era suficiente para apoyar una intervención militar contra Irak, que el Senado aprobó finalmente con 52 votos a favor y 47 en contra. Un año después de terminada la Guerra del Golfo se reveló que el testimonio era falso: la enfermera era en realidad la hija de Saud al-Sabah, el embajador de Kuwait en Washington, que pertenecía a la familia real kuwaití y que ni siquiera vivía en el país durante la invasión iraquí.

En 1991 Lituania mantenía un pulso con la Unión Soviética para lograr su independencia. En marzo, el corresponsal de La Vanguardia en Berlín, Rafael Poch-de-Feliu, nos recordaba la historia de Audrius Butkevicius, hombre clave en aquel proceso. Butkevicus fue nombrado en 1990 por el gobierno lituano “Director del Departamento de Defensa del país”, una especie de ministro de Defensa. El 13 de enero de 1991, en medio de un clima enrarecido, las tropas rusas llegaron a la torre de televisión para desalojarla. Grupos de lituanos acudieron al lugar en respuesta. Entonces, como recuerda Poch, se produjeron disparos de francotiradores. La prensa acusó al KGB. Según el jefe del operativo ruso, Mijaíl Golovatov, en declaraciones a Die Presse el 3 de septiembre de 2011, sus tropas ni siquiera se encontraban estacionadas allí aquel día y, en cualquier caso, “las tropas especiales del KGB no llevaban munición real en sus armas, sólo en los bolsillos, como reserva”. Como señala Poch, “hubo que esperar más de diez años para que el propio Butkevicius explicara que fueron sus hombres, armados con fusiles de caza, quienes dispararon a la muchedumbre desde las azoteas.” En una entrevista con la revista Obzor publicada en el 2000, Butkevicius afirmaba: “No puedo justificar mi acción ante los familiares de las víctimas, pero sí ante la historia, porque aquellos muertos infligieron un doble golpe violento contra dos bastiones esenciales del poder soviético: el ejército y el KGB. Así fue como los desacreditamos. Lo digo claramente: fui yo el que planeó todo lo que ocurrió. […] Sí, yo programé la manera de poner en dificultades al ejército ruso, en una situación tan incómoda que obligara a cada oficial ruso a avergonzarse.”

El 24 de marzo de 1999 comenzaban los bombardeos sobre de Yugoslavia de la OTAN que marcaron el inicio de la Guerra de Kosovo. La ofensiva de la Alianza atlántica se justificó como una respuesta al rechazo de Yugoslavia a los Acuerdos de Rambouillet, un mes después de un confuso intercambio de disparos entre la policía yugoslava y milicianos del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK) en el que fallecieron 46 personas y que llegó a conocerse como “la masacre de Račak”. Los rebeldes kosovares sostenían que las víctimas eran civiles, aunque un estudio forense conducido por investigadores bielorrusos concluyó que 37 de los 46 fallecidos tenía restos de pólvora en las manos (es decir, que habían disparado armas de fuego) y que todos los cadáveres habían recibido los disparos a distancia, esto es, en combate, por lo que no podía tratarse más que de milicianos del UÇK. Otros investigadores encontraron además indicios de que la UÇK, aprovechando la presencia de la OSCE en la zona, había recogido los cadáveres del bosque por la noche, los había vestido con ropa civil y arrojado a la fosa común para fabricar las pruebas de una masacre que arrastrase a la OTAN a un conflicto que por si sola no podían ganar. No fue la única mentira de aquel conflicto. El ministro de Defensa alemán, Rudolf Scharping, habló en televisión de la existencia de un “campo de concentración” en Priština. En realidad éste nunca existió, como tampoco el “Plan herradura” para la expulsión sistemática de los albano-kosovares. Terminada la guerra, Norma Walker, una diplomática estadounidense que participó en la Misión de la OSCE para Kosovo, declaró significativamente en un documental de la ARD titulado “It began with a lie” que “hasta el comienzo de los bombardeos de la OTAN no hubo ninguna crisis humanitaria”. Los bombardeos de la OTAN —por su falta de base legal considerados una agresión por sus críticos— acabaron con la vida de cientos de serbios y montenegrinos, y el uranio empobrecido utilizado en algunos de los proyectiles sigue contaminando amplias zonas de Serbia, aumentando la incidencia de cáncer entre su población.

De nuevo Irak: el 5 de febrero de 2003, Colin Powell presentaba en el Consejo de Seguridad de la ONU las pruebas de la existencia de un programa de armas de destrucción masiva del régimen de Saddam Hussein, a quien Washington también acusó de dar cobijo a terroristas de Al Qaeda. Nada de ello resultó ser cierto, pero sirvió para justificar la invasión de Irak, un conflicto que ha dejado un reguero de muertos que se cuenta por millares, desestabilizado por completo la región y cuyo fin está más lejos que nunca. El ataque con armas químicas en la ciudad siria de Ghouta el 21 de agosto del año pasado –cuya autoría sigue desconociéndose– fue utilizado por los gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido como argumento para una intervención militar que no terminó produciéndose por el voto en contra del parlamento británico. Y así llegamos hasta Ucrania, con el caso de los francotiradores del Maidán —en una conversación telefónica filtrada a la Red entre la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, y el ministro de Exteriores de Estonia, Umar Paets, este último mencionaba que tanto los manifestantes como los policías fallecidos en aquella jornada fueron abatidos por los mismos francotiradores— y el derribo del avión MH17 de Malaysian Airlines el 17 de julio en Shajtarsk, dos sucesos de los que seguimos sin conocer con exactitud los detalles —la investigación de los francotiradores estaba en manos de una fiscalía controlada por Svoboda, un partido neofascista y rabiosamente rusófobo—, pero de los que se acusa respectivamente al gobierno de Víktor Yanukóvich y los milicianos de la República Popular de Donetsk.

La lista es larga. Salvo en casos muy contados —como las guerras revolucionarias o las guerras de liberación— los Estados recurren a la fuerza armada por motivos poco altruistas, como el control o la apropiación directa de recursos naturales y rutas de transporte, o con fines de expansión territorial. Como obviamente la población de ningún país aceptará jamás ir a la guerra con semejantes premisas, los gobiernos han de elaborar discursos que justifiquen sus aventuras militares y, como la historia demuestra, en muchas ocasiones no dudan en recurrir a fabricaciones. No sólo las hubo después, sino, por supuesto, antes de Tonkín: desde la misteriosa explosión que hundió al USS Maine en el puerto de La Habana y que sirvió de pretexto a EE.UU. para declarar la guerra a España en 1898 hasta el ataque a la estación de radio de Gleiwitz en 1939, asaltada por un grupo de soldados alemanes vestidos con uniforme polaco que emitieron un mensaje anti-alemán en polaco e intentar justificar, así, la posterior invasión nazi.

Que la verdad es la primera víctima de la guerra es una afirmación banal, por conocida. Lo que debería centrar nuestra atención en este aniversario es por qué los periodistas siguen sin mostrar la debida cautela antes de atribuir un suceso, sin disponer de todas las pruebas, y, de las que tienen, sin contrastarlas debidamente. Obviamente, en muchos casos no hay más que los intereses materiales de los accionistas a los que pertenece un determinado medio, que buscan orientar a la opinión pública en uno u otro sentido y crear un clima de opinión que les sea favorable. Pero hay otros motivos, como la lógica de la competencia en un entorno digital que empuja a los medios a la inmediatez, los recortes presupuestarios y la precariedad de los trabajadores —¿cuántos free-lance pueden permitirse redactar con el tiempo suficiente, y no digamos ya comprobar todas las fuentes?— e incluso las ansias de protagonismo personal de algunos periodistas, más interesados en dar la noticia primero que en comprobar su veracidad. ¿Cuántos Tonkín harán falta para cambiarlo?

[Fuente: Sin Permiso]

10/8/2014

Foro de webs

Sentit Crític

www.sentitcritic.cat

Mientrastanto.e saluda la aparición de Crític, un nuevo medio digital en lengua catalana especializado en periodismo de investigación, periodismo reposado y análisis crítico que aparecerá en la segunda quincena de septiembre de 2014. Reproducimos a continuación los objetivos que se proponen sus impulsores tal y como figuran en el blog “Sentit Crític”, que acompañará la nueva publicación.

***

Què serà CRÍTIC?

CRÍTIC l’impulsa una cooperativa de periodistes formada per Roger Palà, Sergi Picazo i Joan Vila, amb el suport i participació d’una xarxa de periodistes i col·laboradors. Editarem cada setmana un reportatge en profunditat sobre un tema d’actualitat política, econòmica i social. També publicarem continguts diaris d’opinió i anàlisi i una entrevista setmanal. Puntualment editarem revistes monogràfiques en paper sobre temes de gran interès social. Una aposta pel periodisme amb #sentitcrític, que es finançarà mitjançant la subscripció.

Per què ho fem?

Ens adrecem a una comunitat interessada en el periodisme d’investigació. Creiem en el periodisme incòmode, el que aborda els temes amb profunditat, context i dades, contrastant les fonts i sense caure en el pamflet. Apostem pel periodisme reposat o slow journalism: menjar poc i pair bé. Volem defugir el fast food informatiu i el “periodisme de tuits”. També volem visualitzar i potenciar veus crítiques en l’àmbit de l’anàlisi i l’opinió, amb l’objectiu de trencar amb l’univers autoreferencial dels “opinòlegs” i tertulians. Creiem que un millor periodisme vol dir uns millors ciutadans, més ben informats i més lliures a l’hora de prendre decisions.

Què farem a CRÍTIC?

Un reportatge d’investigació setmanal. Prioritzarem el periodisme de dades, el fact checking i l’anàlisi de l’activitat d’administracions i grans corporacions privades. Política, economia i societat seran els grans eixos, posant el focus als Països Catalans i a l’Estat espanyol. Aquest contingut serà, en un primer moment, exclusiu per a subscriptors, i posteriorment s’obrirà a tota la comunitat.

Una altra mirada al dia a dia. No tenim ni la capacitat ni la necessitat d’estar pendents de l’última hora i l’actualitat. Això ja ho fan molts altres mitjans. Per això a CRÍTIC prenem el compromís de publicar cada dia de dilluns a divendres un únic contingut d’actualitat. Una anàlisi en alguns dels nostres blocs temàtics o de col·laboradors, un article d’opinió d’un tema clau, una entrevista en profunditat… Aquests continguts seran en obert per a tota la comunitat.

Avantatges exclusius per a subscriptors. CRÍTIC es finançarà principalment gràcies als subscriptors. Tots ells tindran accés als continguts abans que siguin publicats en obert, els seus comentaris seran destacats entre els de tota la comunitat i rebran de forma periòdica la *Selecció Crític*, un recull d’articles i reportatges bàsics de la premsa nacional i internacional. Tots els subscriptors podran participar en el debat sobre CRÍTIC a través d’un bloc col·lectiu obert a aportacions autocrítiques, d’enquestes sobre els continguts i de trobades periòdiques de subscriptors. Proposarem al subscriptor participar en entrevistes d’autoria col·lectiva per a la web de CRÍTIC.

Monogràfic CRÍTIC: El Procés. Som digitals, però també som uns fans del paper. CRÍTIC publicarà periòdicament monogràfics en paper sobre temes de gran rellevància. El primer es titularà *El Procés* i serà una anàlisi en profunditat de totes les derivades obertes amb el procés sobiranista. L’objectiu és publicar, si la capacitat del projecte ho permet, com a mínim un monogràfic a l’any.

Què inclou la subscripció a CRÍTIC?

A CRÍTIC hi haurà dues modalitats de subscripció: semestral (30 euros) i anual (52 euros). Durant els 40 dies de micromecenatge, la subscripció semestral costarà 25 euros i l’anual, 40. Totes les subscripcions inclouen els següents avantatges:

Accés en exclusiva als reportatges d’investigació abans de la seva publicació en obert.
Enviament periòdic de la Selecció CRÍTIC, un recull d’enllaços a articles i reportatges de premsa nacional i internacional.
Reconeixement en la comunitat. Els teus comentaris apareixeran destacats respecte la resta d’aportacions.
Participació en les trobades de subscriptors fora de la xarxa.
Participació a FemCRÍTIC, blog col·lectiu sobre periodisme en què periodistes i subscriptors comentarem i analitzarem els continguts de CRÍTIC i aportarem reflexions sobre el present i el futur de l’ofici.
Monogràfic CRÍTIC en paper (només amb la subscripció anual).

18/8/2014

Organization and Environment

oae.sagepub.com

Organization & Environment, una reconocida revista internacional caracterizada por enfatizar el vínculo entre la gestión de las organizaciones y las múltiples vertientes de la cuestión medioambiental, publica trimestralmente artículos e investigaciones de expertos que establecen nuevas y relevantes cotas en el ámbito del pensamiento riguroso en torno a las complejas y relevantes dimensiones de la sostenibilidad —incluyendo un equilibrio adecuado entre los retos sociales, naturales y económicos—, la responsabilidad social corporativa, la ética y el gobierno corporativo responsable, y las estrategias de negocio. Esta investigación proporciona un recurso fundamental para el desarrollo de una política organizativa, una puesta en práctica y una evaluación más eficaces en relación con el medio ambiente.

20/8/2014

Boletín 127

Notas del mes

El extremista discreto

La Biblioteca de Babel

En la pantalla

De otras fuentes

Foro de webs

Caso Pujol: interés privado y gestión pública

Represión penal y derecho de manifestación

Ataques al derecho de huelga

Terror ante las elecciones municipales﻿

Nubes de verano: La austeridad neoliberal amenaza con más sufrimiento

La energía nuclear civil, tan peligrosa como la militar: 3

El caso del cómic culinario Oishinbo, un síntoma del estado de la democracia en Japón

Ciudadanía activa: análisis del conflicto social

El extremista discreto

La Biblioteca de Babel

En la pantalla

De otras fuentes

La casta y el consenso constitucional

La ingenuidad del PSOE y la OTAN

Foro de webs

Terror ante las elecciones municipales